Esto me lleva a plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál y cómo debe ser el modelo consensuado y compartido con el que podremos dar respuesta a todas las demandas existentes y futuras, y con el que queremos abarcar al mundo, país, región, pueblo, etc. en este futuro neo y post pandemia? Es necesario consensuar un modelo entre todos los agentes implicados y de ahí recoger grandes líneas de trabajo que vean su refrendo en una Agenda 2030, con objeto de establecer un nuevo desarrollo digital y sostenible, atendiendo al severo toque de atención que hemos recibido de todos los actores externos y que se han dejado al descubierto nuestras dejaciones, carencias e irresponsabilidades en el medio en el que vivimos. Nuestro planeta ha comenzado un proceso en el que pide auxilio para sanar las tremendas heridas de las que ha sido objeto de forma consciente o inconsciente y no debemos demorar su implantación, porque tal vez, si nos confiamos, cuando comencemos sea demasiado tarde. Para ello hay que tener en cuenta las variables específicas de cada agente, como por ejemplo:

Estos puntos a desarrollar también se podrían asimilar de forma transversal en áreas como la industria, el turismo, la agricultura, donde el paradigma digital llevado a las políticas públicas podría ser el eje conductor de esta transformación, incluyendo temas medioambientales como el desarrollo de energías alternativas. Y estos a su vez se podrían ver enlazados con temas como la etnografía, cultura, deporte, empleo, desarrollo y fomento de la economía, etc. Todo bajo un paraguas que nos acerque a un mundo más sostenible y accesible para todos.

Por todo ello, la mayor transformación y la mayor urgencia recae en la Administración Pública. No nos podemos permitir ir por detrás de lo que se vive y se demanda en la sociedad. Hay que adecuar y responder de una forma legal, rápida eficaz y coherente, a todas las circunstancias que se conforman el día a día de la sociedad a la que quiere servir. Para ello nos debemos esforzar para lograr que esta puesta a punto se lleve a cabo, dejando atrás estereotipos ya desfasados, y convertirnos en el eje central que dirija a esta nueva era y que lidere este avance. No sin olvidarnos de la colaboración de la empresa privada tan necesaria para llevar a cabo este proceso y vital en importantes áreas.

El punto de partida y de cohesión entre todos los agentes implicados es sin duda la digitalización de la sociedad actual en todo lo que a ella se refiere. Prueba de ello es la utilización de manera natural y paulatina de los medios digitales disponibles en el día a día de las personas, en respuesta a su propia demanda y que conlleva la introducción de nuevos paradigmas digitales. Es ante esta demanda donde la Administración Pública debe responder y estar a la altura de lo que esperan y necesitan la ciudadanía, actualizando y creando nuevas, fuertes y flexibles estructuras digitales, necesarias para el sostenimiento del entramado social (público y privado) por el que se regule un normal y sano funcionamiento, reflejo de una administración profesional y responsable.

En los sectores públicos de un mismo rango no se entendería el aplicar políticas y normativas diferentes de forma sectorial. Tampoco se comprendería que un gobierno aplique distintas políticas digitales en el ámbito de una misma administración. La gran diferencia es quién produce los impulsos y el liderazgo de los mismos y cómo se afrontan. En las grandes organizaciones ya está interiorizado la necesidad de crear, adaptar e incorporar los paradigmas digitales a todos sus procesos y así obtener la transformación digital adecuada para los servicios que se realizan en dichas corporaciones. Han invertido mucho, han reestructurado sus departamentos y entre otros creando la figura de los CIO (chief information officer, con voz en los consejos de administración). Sin embargo la Administración Pública carece de una política digital, ni un único gobierno digital, sigue pensando en una administración del siglo XIX, utilizando una informática y la comunicación propia del siglo XX y desaprovechando ese importante canal por el que llevar a cabo una verdadera transformación digital de los servicios públicos. Con el consiguiente e importante retraso social y empresarial que conlleva no integrar los paradigmas digitales en las políticas públicas, obstaculizando la creación de un gobierno digital único y la de la figura del CIO en los Consejos de Gobierno.

Esta crisis ha puesto de manifiesto las importantes anomalías existentes entre la Administración Pública y la sociedad actual, que requiere que esta se adecue a sus demandas. Así, mientras unos sólo refieren procedimientos administrativos, otros hablan de hechos vitales regulables. Mientras los primeros establecen los certificados digitales, los segundos requieren identidad digital. Mientras la administración se mueve por carpeta electrónica, la población requiere de la carpeta ciudadana, y que esta a su vez vincule historiales médicos, portafolio académico, situaciones laborales… Mientras el mundo se rige por pagos telemáticos de forma habitual, la Administración no logra obtener una pasarela de pago. Mientras los organismos públicos siguen hablando de documentos de transparencia, el mundo trabaja con lo que denomina gobierno del dato (B.I., blockchain…). Mientras en la Administración hablamos de alfabetización en tecnologías de la información, en el mundo se habla de las competencias digitales de los profesionales.

Durante las dos últimas décadas hemos estado debatiendo una y otra vez diversos modelos de Administración, pero seguimos sin aplicar dicha transformación ni cambiar su estructura y funcionamiento con procedimientos administrativos desfasados y basados en funcionalidades de siglos anteriores y ya vetustos. Urge ese cambio de paradigma sin demora para poder cumplir las demandas que hoy nos pide la ciudadanía y nos impone esta crisis. Este momento de alarma mundial pone de manifiesto todas esas carencias, especialmente en los sistemas en los que no ha existido una evolución en los últimos 20 años.

Sin duda la Administración debe reorientar sus políticas digitales con un gobierno digital único en una reestructuración de sus múltiples departamentos y unidades administrativas en las áreas de informática y comunicación, la creación de la figura del CIO, junto con una Estrategia Digital asentada en una Agenda Digital cuyo objetivo sea lograr una transformación digital real de los servicios, basada en los hechos vitales de la ciudadanía.

Estos elementos son los que posibilitarán abordar con éxito los retos que tenemos por delante en la década de los treinta en las diversas materias cuya responsabilidad principal recae en el Gobierno, y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030 con la implantación de un modelo nuevo consensuado y compartido entre todos los agentes sociales, que permita cohesionar, coordinar y colaborar para poder abordar y responder ante las necesidades que este tiempo nos demanda.