Por fin algo de sentido común, el actual gobierno del Ayuntamiento de Murcia hará una inversión de 1.770.000 euros para acondicionar un total de 58 colegios públicos en obras de mantenimiento y mejoras (aulas, aseos, fachadas, nuevos comedores, etc.). Una de las obras que considero debe resaltarse por encima de todas es la retirada de cubiertas de amianto.

El uso de amianto fue absolutamente prohibido en España en diciembre de 2001. El amianto es considerado por la OMS como un cocarcinógeno, es decir, un agente externo físico, químico o biológico capaz de producir cáncer.

El anterior gobierno del Ayuntamiento de Murcia, del PP, dejó varios centros con amianto, CEIP Pablo Gil Castillo de Sangonera la Seca; CEIP Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos; CEIP Carolina Codorniú de Churra; CEIP Contraparada de Javalí Nuevo; y CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas, además de la Guardería Pública de San Basilio.

En cambio, se invirtió gran cantidad de dinero en unos apartados a los que se dieron prioridad con respecto a los del amianto, enumeremos algunos de ellos:

- Restauración de fachadas y reparación de cubiertas en la Ermita de El Pilar: 155.590,54 €

- Proyecto para la remodelación de la Plaza Preciosa de Murcia: 300.000 €

- Proyecto para la remodelación de la Plaza Ceballos en Murcia: 250.000 €

- Suministro de placas de denominación de calles del viario público de Murcia: 1.200.000 €

- Proyecto básico y de ejecución de ampliación del CIMM (Centro de Iniciativas Municipales de Murcia): 350.000 €

- Renovación de la web municipal: 165.300 €

- Servicio de diseño, montaje y desmontaje para el espectáculo audiovisual del Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular de Murcia de 2021 a 2023: 700.000 €

- Suministro en régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en fiestas de primavera, feria de Murcia, Navidad y Reyes Magos: 1.385.953,12 €

- Contrato de suministro de placas de denominación de valles del Viario Público de Murcia: 900.000 €.

¿Qué tipo de políticos tenemos en la Región de Murcia que son capaces de decidir que es más importante un contrato de suministros de placas por valor de 900.000 euros que invertir ese dinero público en erradicar el problema del amianto al que se exponen alumnado y profesorado?

Podríamos extender esa manera de proceder al deterioro en el tiempo del Mar Menor por una política ineficaz e irresponsable o la falta de bomberos, prefiriendo pagar horas extra y no cubrir la plantilla que se necesita, una manera de precarizar el servicio que pone en riesgo los montes murcianos y a los ciudadanos de esta Región. Mientras media España está ardiendo y se han desalojado varios municipios por alto riesgo, este colectivo sigue a la espera de que la administración cumpla con el compromiso adquirido de aumentar en un 20% la plantilla, esperemos que no lo haga después de otro hecho consumado.

Qué decir sobre el cierre de consultorios periféricos en la Región en los que la Atención Primaria desaparece obligando a los ciudadanos a desplazarse a otras pedanías o localidades, viéndose obligados a utilizar un transporte público precario y muy deficiente.

Tanto la comunidad como ayuntamientos recaudan dinero público a través de los impuestos ciudadanos para posteriormente darle un uso sensato y razonable, así debería ser en principio.

Queda claro que la manera de proceder de los políticos no se ajusta a la del bien común y está repercutiendo negativamente de manera muy importante en esta sociedad por políticas irresponsables, esto solo puede suceder con políticos no cualificados para el cargo y que se rigen por un orden de prioridades que se aleja muy mucho de las necesidades de la sociedad murciana.

No es de recibo que el orden de prioridades pase por un gasto de 1.200.000 euros en un suministro de placas del viario público y se deje como pendiente centros de enseñanza con amianto, un cuerpo de bomberos precario, una sanidad cada vez más deficiente o un transporte público obsoleto.

La hostelería y empresas del sector turísticos serán las primeras beneficiadas con 30 millones de euros; éste sería su segundo rescate. El primero se dotó con 15 millones de euros.

La previsión es que el dinero de esta segunda ayuda llegue a los bolsillos de los beneficiarios a finales de julio.

No entraremos a juzgar ni valorar el rescate, pero sí que defenderemos que este tipo de situaciones requieren de transparencia y, sobre todo, honradez.

España podrá obtener, de la Comisión Europea, para hacer frente al impacto económico del coronavirus, hasta 140.446 millones de euros del fondo de recuperación. La financiación que obtendría España se dividiría en dos: unos 70.000 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido y el resto, otros 70.000 millones, en forma de préstamos que posteriormente tendríamos que devolver.

Como siempre, el dinero que se deba devolver de las 'ayudas' recibidas de la Unión Europea (UE) saldrá de nuestros bolsillos. Que menos que la balanza económica para el pago de estos préstamos no recaiga única y exclusivamente sobre los ciudadanos.

Lo justo sería que los hosteleros declarasen la actividad económica real y no la ficticia para que las arcas públicas recibieran lo que les corresponde.

La mayoría de los hosteleros están dejando por los suelos al sector, pero es cierto que no todos son iguales y, también, habrá quienes lo hagan conforme la ley manda, respetando el convenio, los contratos, las categorías…

Este sector se nutre principalmente de gente joven, quienes tristemente ven cómo en el día a día se abusa de ellos. Por miedo o desconocimiento, acaban aceptando unas condiciones laborales que no se ajustan a convenio, ni aun siendo éste de 2009 y, al igual que los contratos que firman, son vulneradas.

¿Cuántas empresas del sector hacen contratos de 20 horas semanales pero imponen jornadas de trabajo de 40 o 50 horas declarando solo sobre las 20 contratadas? En esos casos, el resto se paga en B, dinero que no llega a Hacienda ni a la Seguridad Social.

Otro 'proceder habitual' es el de las categorías como tapadera para pagar menos. Se les contrata como ayudantes de cocina o camareros, pero las funciones que realizan no son de ayudantes, son de cocineros o camareros, eso sí, el pago se realiza con respecto a la categoría contratada, eso quiere decir que cobra como ayudante pero realiza otro tipo de tareas de mayor responsabilidad.

Esta manera de actuar repercute directamente en las prestaciones por desempleo de los trabajadores, y cuando son enviados a un ERTE  la prestación a cobrar es sobre la base de cotización, que es la suma de los conceptos salariales por las horas legalmente contratadas. Las personas afectadas por este modo de proceder se habrán encontrado con pagos miserables que no se ajustan a la realidad.

Ante todos estos abusos es lógico que los trabajadores de la hostelería en la Región de Murcia busquen otros sectores de actividad para trabajar: personas que tenían la hostelería como primera o segunda actividad, exploran una vida laboral más digna y donde se respeten sus derechos.

La pandemia ha sido el detonante para evidenciar el alcance de la soberbia y la ambición de los empresarios, dejando claro las repercusiones de sus abusos. ¿Cómo va a volver un trabajador donde no es respetado y abusan de él? Sueldos bajos, jornadas interminables y no declaradas, ausencia de contratos, categorías que no se ajustan a la realidad y un largo etcétera, con una respuesta común a todas las quejas: “Lo tomas o lo dejas. Hay cien como tú esperando”.

Que en la actualidad, y con el paro que hay, los restaurantes y bares en la Región de Murcia no encuentren camareros o cocineros para trabajar, es consecuencia de los abusos laborales mantenidos en el tiempo y que tratan de seguir perpetuando bajo el roído argumento de que “la hostelería es así”.

¿Qué hace la administración para evitar que el fraude en este sector? Nada. Tanto Inspección de Trabajo como Hacienda deberían fiscalizar esta forma de proceder, hay mecanismos para evitar los fraudes y eludir obligaciones.

No faltan personas para trabajar en hostelería, faltan derechos para las personas que trabajan en hostelería.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística informa que en la Región Murciana el 4,01% de las personas ocupadas o que trabajaron en el último año fueron víctimas de un accidente laboral, mientras que la media nacional es de un 3,7%.

Son varias las situaciones y causas que podrían incidir en que haya un porcentaje más de accidentes de trabajo con respecto al resto del estado.

Podríamos empezar por las mutuas

Ante un accidente de trabajo, ya sea por molestias al realizar una acción durante las tareas asignadas o lesión, acudimos a la mutua.

En la mutua puede suceder que nos den la baja, que nos deriven a la seguridad social, aludiendo que es artrosis o cualquier otra patología que no tiene nada que ver con lo laboral, o recetarnos medicación para aliviar las molestias, en estos casos sin baja.

En la mayoría de los casos el informe que nos entrega el doctor no hace referencia a la patología, el apartado del diagnóstico refleja las molestias que tenemos pero no que las provoca. Expongamos un hecho real como ejemplo, el diagnóstico que recoge el informe es el de dolor articular en zona de codo de una limpiadora, por lo que salimos de la consulta sin la patología que provoca ese dolor articular. Una limpiadora realiza durante toda su jornada laboral movimientos repetitivos, ¿que conlleva ese tipo de acciones?, pues que pueda lesionarse el manguito rotador (la unión del brazo con él hombro), contraer epicondilitis en zona de codo, túnel carpiano (muñeca), etc. Si no omitiese la patología causante de dicho dolor, en el caso al que estamos haciendo referencia, esta podría ser perfectamente epicondilitis, la mutua se vería obligada a iniciar una investigación para determinar si es una enfermedad profesional, ya que esta patología o cualquiera de las que hemos mencionado anteriormente están contempladas como enfermedades profesionales.

Ya sea por acción u omisión, ocultar un dato vital como es el de la patología y solo contemplando el efecto, da que pensar que pueda haber un trasfondo.

En cuanto al pago de la incapacidad temporal, si es por una contingencia profesional, la mutua ha de pagar el 75% de la base reguladora calculada del trabajador. ¡Y desde el primer día!

En los casos de salir de la consulta (sin baja) con la receta de la medicación para aliviar las molestias, según el tipo de medicación recetada esta puede mermar las facultades de atención, concentración, reflejos, en algunos casos aconsejan no conducir vehículos ni manejar maquinaria, etc…, aun y así la vuelta a la actividad es inmediata.

Incorporarse con una disminución de nuestras facultades implicará un riesgo importante de un posible accidente de trabajo.

Para tratar la epicondilitis se pueden utilizar analgésicos para calmar el dolor. Pero lo primero que se sugiere para poder tratarla es dejar de hacer la actividad que esté produciendo la afección

Desfachatez en el primer eslabón de la cadena.

Seguir con la Seguridad Social

En la mayoría de los casos la/el trabajadora/o son remitidos por la mutua a los médicos de familia. De esa manera la mutua se quita de encima un paciente del cual debería hacerse cargo.

La segunda parte del proceso podría reconducir una situación que repercute injustamente sobre las/os trabajadoras/es y las arcas públicas de la sanidad. Los facultativos del SPS de atención primaria y/o hospitalaria que, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tengan conocimiento de la existencia o de la sospecha de una enfermedad profesional que pudiera ser calificada como tal, debe comunicarlo a la Mutua, al INSS a través del organismo competente de la correspondiente Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma o de la Inspección Médica.

Notificarlo es vital, no solo para que cada estamento asuma sus obligaciones, sino porque al no hacerlo va a repercutir al resto de la plantilla ya que al seguir ocultando la existencia de una enfermedad profesional no se tomarán las medidas oportunas para evitar que se sigan dañando más trabajadoras/es.

Incapacidad temporal y alta de oficio por inspección médica

La Inspección Médica (dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social) valorará a la/el trabajadora/o para proponerlo para una prórroga de una duración según su criterio, o para tramitar su alta, con lo cual y con ésta segunda opción la/el trabajadora/o deberá reincorporarse a su puesto de trabajo, y en algunos casos esta alta médica se produce sin que el trabajadora/o esté totalmente recuperado. Esta situación implica que más allá de no poder física o psíquicamente realizar su actividad laboral por la patología, puede agravarse.

En los casos de tener clara la patología diagnosticada, la cual puede estar en el listado de enfermedad profesional y teniendo conocimiento la Inspección Médica de las tareas que realiza la/el paciente, no se entiende que no inicie un proceso de investigación para determinar si dicha persona ha contraído una enfermedad profesional y responsabilizar a quien corresponda.

El segundo eslabón de la cadena nos falla.

Inspección de trabajo

En ocasiones cuesta creer alguna de las resoluciones de la Inspección de Trabajo. Cómo puede ser que se denuncie el incumplimiento de la Ley de Prevención en concreto su artículo 14  “el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Hacemos referencia a una empresa que tiene tres ritmos de trabajo en su cadena de producción y se solicita a Inspección que se evalúen los tres ritmos, ya que algunas evaluaciones realizadas en uno de sus ritmos se detectan riesgos muy importantes, los niveles de riesgos oscilan entre puntuación 5 y 6, esto quiere decir que “Se requiere el diseño de la tarea, es necesario realizar actividades de investigación”, el de puntuación 7 “Se requieren cambios urgentes, en el puesto o tarea”.

Hasta en tres ocasiones se tuvo que denunciar esta situación ya que la Inspección de Trabajo desviaba el tiro en otra dirección. Finalmente, este despropósito se puso en conocimiento de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) un mes después se obtiene esta respuesta “Se observa, no obstante, que el actuante no valora la evaluación de riesgos ergonómicos realizada por la empresa por lo que se dan instrucciones a la Inspección Provincial de Trabajo y seguridad Social de Murcia para que realice las actuaciones que procedan”

Era tan evidente, aun y así posterior a la comunicación del Ministerio, la Inspección de Murcia realizó un cuarto informe efectuando el siguiente requerimiento: “En el plazo máximo de cuatro meses se habrá iniciado la realización de dichas evaluaciones de riesgos, siendo consciente el actuante del elevado número de trabajadores afectados”.  

Increíble, le da a la empresa 4 meses para que inicie el proceso, pero no pone fecha de finalización, por lo tanto la empresa tiene todo el tiempo del mundo para cerrar el tema de las diferentes evaluaciones, lo que quiere decir que durante ese tiempo sin fin es muy posible que se vayan contrayendo lesiones.

Otro eslabón que no está a la altura.

Servicio de prevención

Para que el mecanismo de la vigilancia de la salud funcione adecuadamente se debe cumplir que los reconocimientos médicos se hagan en función de las exposiciones, y que todas estas estén adecuadamente reflejadas en la evaluación de riesgos. Cualquier fallo en esta cadena, contribuye al ocultamiento de las enfermedades profesionales.

¿Un Servicio al servicio de quién?

Agentes sociales

Ante la negativa de los agentes sociales de Correos y Telégrafos a constituir el Comité Provincial de Seguridad y Salud en Murcia,  y en base al artículo 22 del Convenio Colectivo del que son firmante y artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se denunció ante Inspección de Trabajo el incumplimiento de ambos artículos. Inspección realizó requerimiento para que se constituyera dicho Comité. La empresa instó a las organizaciones sindicales (CCOO, CSIF y Sindicato Libre) con más representación para que designaran los miembros que formarían el Comité Provincial de Seguridad y Salud, los sindicatos por acción u omisión optaron por no formalizarlo. Ante esta actitud irresponsable se presentó demanda ante el juzgado por incumplimiento de requerimiento, finalmente la sentencia “declara la obligación de constitución inmediata del Comité Provincial de Seguridad y Salud…”

Entre un trámite y otro, pasaron 3 años hasta constituirlo, durante ese tiempo las/os trabajadoras/es de Correos estuvieron totalmente desprotegidas/os con respecto a la Seguridad y Salud en la empresa.

Unos Agentes Sociales infractores de normas que por su actitud dejan claro, que les importa un bledo la Seguridad y Salud de las personas.

Queda claro que todos reman en la misma dirección y la prioridad pasa por no dejar constancia de ninguna enfermedad profesional. Da la sensación de ser una campaña orquestada, de la que se benefician las empresas, ya que ante la omisión de una enfermedad profesional estas pueden seguir actuando sin ningún tipo de medida sobre la producción y al no reflejarse ninguna enfermedad queda como un aval que garantiza que la prevención es correcta, la realidad nos dice todo lo contrario.

Justicia

Por todo lo expuesto, no cabe duda de que como último reducto,  para reconducir estas maniobras crueles y sin escrúpulos, la única que tiene facultades es la justicia. Aunque en ocasiones nos genere serias dudas.

Cinco ciudadanos se querellaron en 2016 contra tres magistrados del TSJ de Murcia por un supuesto delito de prevaricación.

De acuerdo con los querellantes los magistrados “de manera conjunta han llegado al acuerdo expreso o tácito de dictar sentencias cuya única intención es que no se concedan incapacidades permanentes en Murcia”. Y para ello, afirman, “quebrantan, de manera consciente y reiterada, las competencias que le otorga la legislación laboral procedimental para poder proceder a su revocación, infringiendo de manera evidente la legislación que les vincula y obliga”.

Confiemos en que sea unos casos aislados porque una ley injusta es la más cruel de las violencias.

Esto es lo que celebramos el día 28 de abril. Pese a la pandemia, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social, murieron 595 durante la jornada de trabajo, 53 más que en el 2019. Entre los accidentes mortales se incluyen 21 reconocidos por coronavirus, que restados a los 53, nos dice que hubo 32 accidentes mortales más que en el 2019.

Es incomprensible que haya un aumento de fallecimientos a pesar de la caída del empleo por cierre, por ERTE o teletrabajo.

Un laberinto mortal, con un entramado lleno de intereses que, finalmente y como siempre, acaban perjudicando al eslabón más débil de este sistema laboral.

Un entramado formado por empresas, Servicios de Prevención, Mutuas, Comité de Salud, Seguridad Social e Inspección de Trabajo.

Los/as empresarios/as tiene un objetivo claro, producir más y más sin tener presente los riesgos a los que nos exponen: un Servicio de Prevención a disposición de la empresa que no realiza en la mayoría de los casos las evaluaciones que detectan los riesgos reales a los que estamos expuestos/as como, por ejemplo, evaluaciones ergonómicas, en ellas se reflejarían todos los riesgos por las acciones a las que nos vemos obligados por el empresario, o la Psicosocial por el estrés laboral, debido a la presión a la que nos vemos sometidos/as durante la jornada laboral; unas Mutuas que intentan derivarnos a la Seguridad Social, de esa manera no queda constancia de los accidentes de trabajo y no se señala al empresario como causante de dichas lesiones o enfermedades profesionales; la Seguridad Social, consciente en la mayoría de los casos que se le presentan de que las causas por las que acude él trabajador/a están asociadas a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, aun así lo aceptan como enfermedades comunes y no se molestan en iniciar ningún proceso que reinvierta la situación, permitiendo, con esta actitud, que recaiga la prestación sobre las arcas públicas y que el índice de absentismo laboral no se asocie a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; Inspección de Trabajo solo se dedica a sancionar administrativamente, sanciones económicas tan bajas que al empresario le sale más a cuenta seguir incumpliendo cualquier normativa y no verse obligado a corregir los riesgos causantes de lesiones o enfermedades, ya que eso implicaría un cambio sustancial sobre la producción y, seguramente, un aumento de la plantilla. Punto aparte son aquellos Comités de Salud que, a través de Delegados/as de Prevención en connivencia con el servicio de prevención y la misma empresa, obvian la existencia de riesgos laborales que deberían estar reflejados en los planes de prevención, dificultando así el reconocimiento de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, como pasa, con los colectivos de limpieza de edificios, carteros/as, limpieza viaria, Ayuda a Domicilio, etc.

¿Qué implica no tener reconocida ninguna enfermedad profesional? En primer lugar, determina que la prevención en la empresa es la adecuada y, como segundo, que cualquier lesión o enfermedad contraída por el trabajador/a no sea asociada al ámbito laboral.

Pongamos un ejemplo, en limpieza de edificios la mayoría de los riesgos son clasificados como medio/importante o medio-alto /intolerable lo que implica que una intervención y posterior análisis son necesarios y se requiere el rediseño de la tarea. Antes de llevar a cabo estas evaluaciones ergonómicas han llegado a pasar décadas, con lo que muchas de las personas habrán contraído lesiones por las tareas realizadas. Como no hay reconocida ninguna enfermedad profesional estas lesiones quedan en un limbo por el que finalmente se deriva a la Seguridad Social pasando a ser consideradas como enfermedad común.

A las personas afectadas, ante esta desprotección perversa, solo les queda acudir a la Justicia, esta no garantiza que pueda reinvertirse la situación, pero existe esa posibilidad, como así lo recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 11 de febrero de 2020, (STSJC 109/2020 – ECLI: ES:TSJCANT:2020:109): una trabajadora de limpieza de edificios demanda a la Mutua Universal-Mugenat, el INSS a la TGSS y la empresa, Ferrovial Servicios S.A. al considerar estas que el Síndrome del túnel carpiano que padece es enfermedad común.

El fallo de dicha sentencia, basado en que las tareas que llevan a cabo las personas que trabajan en limpieza de edificios exigen “movimientos de extensión y flexión de las muñeca forzados, continuados o sostenidos, con la sobrecarga de muñeca que ello implica y con la intensidad y repetición necesarias para generar la citada patología”, establece que dicha enfermedad se debe considerar enfermedad profesional.

Esta trabajadora se vio obligada a denunciar después de que el INSS decidiera, ante la determinacion de contingencia presentada, que se trataba de una enfermedad común.

Mutua, INSS y empresas tienen claro sus objetivos y no son otros que disfrazar una manera de proceder, sin escrúpulos, dejando desprotegidas en todos los aspectos de seguridad y salud a las trabajadoras. Mientras los servicios de prevención miran hacia otro lado, convirtiéndose en cómplices por acción u omisión

¿Eso es lo que celebramos el día 28 de abril?

La agroecología se presenta como la solución a los problemas del Mar Menor y del Campo de Cartagena. Esta ciencia supera los numerosos errores de la agroindustria al estar basada en un equilibrio entre la estabilidad ambiental, la equidad social, y la viabilidad económica a largo plazo.

Estos días la agroindustria (presentada ante la sociedad con otro término más amable: los agricultores) ha comenzado una campaña de desinformación, culminada con la patética campaña de su Fundación Ingenio sobre la desaparición de las marineras si se protege el Mar Menor. El motivo es el amago de PSOE, PP y Ciudadanos de limitar el uso de abonos en la franja más cercana a la costa del Mar Menor, aún cuando la línea legislativa de la Asamblea va hacia la desprotección del medio ambiente. Qué impunidad tiene el lobby agrario para atreverse a realizar esta desmesurada campaña ante un decreto inútil. Cuál sería la reacción si de verdad el Gobierno regional buscara soluciones para detener el desastre hacia el que va el Mar Menor.

La comunidad científica es unánime al advertir las causas del colapso del Mar Menor. Ecologistas en Acción, señala: “El desarrollo incontrolado de dos sectores, el agroindustrial y el urbanoturístico, desde los años setenta, ha puesto a este valioso ecosistema al borde del abismo. Además de otros importantes impactos derivados de la actividad humana, el factor que está provocando el rápido deterioro de la laguna salada es el exceso de nutrientes, principalmente de origen agrícola. Ni las múltiples figuras de protección ambiental del Mar Menor, ni la alarma social, han conseguido que Gobierno regional modifique el modelo agrario en el Campo de Cartagena, ni que todas las administraciones implicadas se coordinen para una gestión conjunta que consiga resolver la situación”.

La agroecología es la solución para compatibilizar la agricultura y el Mar Menor, puesto que el colapso del segundo es una consecuencia del desequilibrio del primero. Ésta es una disciplina científica que supera los fallidos conceptos agroindustriales, que entienden el campo de cultivo como un sistema aislado, como si un cultivo funcionara de forma similar a una máquina de hacer tornillos dentro de una nave. Para la agroecología el sistema agrario debe ser entendido como un ecosistema: un conjunto de interacciones biológicas, físicas, químicas, ecológicas y culturales.

Un concepto clave es el de sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre la estabilidad ambiental, la equidad social, y la viabilidad económica a largo plazo. De forma que la agroecología propone la construcción de fincas heterogéneas integradas en el medio donde se encuentran. Así se tiende a un equilibrio natural entre plagas y depredadores, ajustado con el uso mínimo de fitosanitarios orgánicos.

Para la agroindustria el suelo es sólo un soporte inerte para la planta. La nutrición la realiza con abonos químicos, siempre excesivos que, en el caso del Campo de Cartagena, terminan en el acuífero y posteriormente en la laguna. Para la agroecología, como en los sistemas naturales, el suelo es un sistema vivo, fundamental en la nutrición de las plantas. Su manejo correcto y el uso de abonos orgánicos equilibrarían el ecosistema y evitarían la contaminación del Mar Menor.

Los factores sociales son claves en la agricultura, el sistema agroindustrial condena a los jornaleros a vidas de miseria y expulsa del mercado a los pequeños agricultores. Pero la agroecología tiene como uno de sus pilares la equidad social. Son clave la consecución de condiciones laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras, así como un sistema de distribución y venta descentralizado. Para ello impulsa el consumo de productos locales que incentiven el desarrollo local y la venta a través de canales cortos de distribución como mercados o cooperativas de consumo. Los agricultores y agricultoras deben tener poder en la venta de sus productos y hacerlo de la forma más ventajosa para ellos y para los consumidores.

La agroecología es una ciencia vanguardista que deja atrás los criterios reduccionistas y produccionistas de la agroindustria, que están causando irreversibles problemas ambientales y sociales. Los pasos más urgentes para la recuperación del Mar Menor y la sostenibilidad del Campo de Cartagena son la eliminación del regadío ilegal, el fomento del secano y la conversión de los cultivos a la agroecología.

La crisis del COVID-19 ha debilitado el sentido común que construyen los medios de comunicación: se derrumba la concepción de un Estado que no tiene que intervenir la economía, se derrumba la concepción de una sociedad formada por la agregación de personas movidas por su interés propio, se derrumba la concepción de nosotras como personas independientes. Este debilitamiento va a propiciar el avance de posiciones que en otras circunstancias habría costado años. Está en nuestra mano que esos avances sean hacia un escenario de más derechos y libertades o hacia un escenario de represión y miedo. La CGT actúa desde cada centro de trabajo reconfigurando las relaciones de poder y construyendo con ello una sociedad mejor, y se moviliza en la calle para visibilizar nuestro derecho a una vida digna.

A las irrenunciables aspiraciones de una sistema productivo que no nos vea como piezas desechables, el consenso científico mundial ha añadido las catastróficas consecuencias de continuar bajo este sistema capitalista. El cambio climático como gran advertencia global pero muchas otras a nivel local como puede ser la destrucción del Mar Menor, nos señalan la posibilidad real de ver nosotros mismos el colapso de nuestras tierras y ciudades. CGT exige una transición rápida a un modelo agroecológico de la agricultura y la ganadería, un plan de reconversión industrial, la reducción radical del gasto energético y una nueva forma de consumo basada la fabricación y reutilización local.

En el nuevo sistema productivo, las y los trabajadores iremos adquiriendo el control de la organización del trabajo para garantizar que el mundo laboral no sea un estamento aislado del resto de la sociedad. Sino que se integre con el resto de actividades sociales necesarias como la crianza, los cuidados, todo lo que se llama la reproducción de la vida, así como los espacios de desarrollo comunitario y personal. Esto quiere decir, por ejemplo, que la conciliación de nuestras vidas laborales y familiares se alcanza más bien reduciendo drásticamente la jornada laboral que construyendo guarderías públicas.

La clase empresarial ya está trabajando para ganar el relato de la reconstrucción post-COVID-19. Se presentan como las únicas personas capacitadas para salvarnos, pero la realidad es tozuda: han sido sus recetas económicas las que han provocado que esta crisis sea más profunda. Ahora es el tiempo de las y los trabajadores, creadores de la riqueza del país, aplastados bajo el despotismo empresarial. Traeremos la democracia al mundo del trabajo, regido todavía por criterios autoritarios, y haremos efectivo el Derecho a la igualdad de todas las personas.

La CGT se manifiesta el martes 30 de junio en la Plaza de la Universidad en Murcia a las 20:00 aprovechando la ventana de oportunidad de la crisis para avanzar hacia una sociedad con más derechos y libertades.

*Julián Cuevas es secretario del sindicato CGT en Murcia