La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), con el apoyo de colectivos de la comunidad educativa murciana, ha interpuesto una demanda contra la Consejería de Educación ante lo que consideran medidas insuficientes de seguridad sanitarias propuestas en relación a la reapertura de los centros educativos de cara al próximo curso.

La demanda, que ha sido planteada con carácter abierto y cuenta con un total de 40 apoyos entre los integrantes comunidad educativa de la Región, ha sido entregada en los juzgados de lo Social de Murcia y Cartagena. Entre los firmantes se encuentra la recién creada plataforma Docentes Unidos, que agrupa a más de 3.500 profesores del territorio.

A través de la demanda, el colectivo educativo murciano reclaman medidas cautelares que avalen la seguridad e integridad del personal docente y del alumnado ante el creciente riesgo de contagio que supone la evolución y el desarrollo de la pandemia, explican los promotores de la iniciativa a elDiario.es de la Región de Murcia.

Desde AIDMUR se exige al Gobierno regional la garantía de cumplimiento de la distancia de seguridad mínima interpersonal en las aulas, así como una mayor y mejor evaluación de los riesgos laborales ante los que se encuentran expuestos los asistentes a colegios e institutos. Además, solicitan que se dote de equipos de protección individual (EPI) avaladas con un nivel adecuado de protección sanitaria.

Sergio Ramos, abogado de Asociación de Interinos, señala que la Consejería de Educación ha cometido un delito y que se están vulnerando derechos fundamentales  por “falta de prevención de riesgos laborales, infringiendo no sólo lo dispuesto en la ley, sino también las directrices de las autoridades sanitarias”. Ramos considera que se ha optado por un procedimiento de medidas cautelares debido a la urgencia de resolución necesaria: “Los docentes tienen que incorporarse a las aulas y aún no tienen garantizada la seguridad en ellas; con este procedimiento el juez debe resolver de manera urgente”.

Sara Henarejos, secretaria de la asociación AIDMUR, explica que “la demanda se basa, sobre todo, en el aspecto de los riesgos laborales ante la propuesta de medidas por parte de la Consejería, que en nada garantizan la seguridad sanitaria de los asistentes a los centros”. Henarejos apunta que no es la primera vez que Esperanza Moreno -la consejera murciana de Educación- se niega a ampliar las plantillas de los centros educativos: “En 2012 fueron los primeros en despedir a 3.300 docentes y nunca han manifestado la más mínima intención de recuperarlos”. La consejera, en su opinión, “ha vuelto a ignorar a la comunidad educativa en sus recomendaciones de contratar más profesorado y habilitar espacios; así como los derechos a la seguridad de docentes, alumnos y trabajadores de los centros educativos”.

De esta manera, la secretaria de AIDMUR lamenta que sean los docentes los que tengan que exigir en los tribunales lo que la Consejería de Educación debería garantizar. “Si Esperanza Moreno no se ve capacitada para hacer su trabajo, alguien debería invitarle a marcharse y poner en su lugar a una persona que no haga peligrar nuestra salud ni la de nuestros alumnos”. 

Movilizaciones en la comunidad educativa

Con esta demanda, AIDMUR se une a la numerosa corriente de movilizaciones del sector educativo murciano debido a las condiciones establecidas para la próxima vuelta al cole. Junto a la asociación, plataformas y colectivos de madres, padres y profesores como AMPAS Unidas, Docentes Unidos, o la Federación de Padres y Madres de Alumnos de la Región de Murcia reclaman una mejora de los planes y protocolos a tener en cuenta de cara a la recuperación de la actividad en las aulas.

El miércoles 26 de agosto la plataforma AMPAS Murcianas Unidas entregaba en la Consejería de Educación una petición alojada en change.org para una vuelta segura a los centros educativos. El documento, que contaba con un total de 11.000 firmas, forma parte de una campaña realizada por familias y profesores de todas las comunidades autónomas difundida en redes sociales bajo la etiqueta #VueltaSegura.

Otra de las campañas que figuran en la movilización #VueltaSegura es la petición dirigida al Ministerio de Educación, originada por la profesora y usuaria de Twitter 'Maestra Enfurecida', que ya ha recogido más de 230.000 firmas procedentes de todo el país.

Más de 15.000 usuarios la siguen en su perfil de Twitter, y 230.000 personas se han adherido a su última batalla, garantizar que se reabran los colegios este curso, pero que se haga bajo unas condiciones de seguridad para toda la comunidad educativa. La 'Maestra Enfurecida' es conocida en la redes sociales por su ciberactivismo para salvaguardar a la escuela pública de todos los males que la acechan. “Están dinamitando la pública, es una campaña de acoso y derribo”, considera esta docente murciana, que en el primer 'fregado' que se metió fue en su campaña contra el veto parental, herramienta con la que se pretendía exigir autorización para que los alumnos pudieran participar en algunas actividades complementarias referentes a la educación afectivo sexual.

#VueltaSegura es la etiqueta de la nueva iniciativa de recogida de firmas, que se ha hecho viral, y que ha conseguido aglutinar el apoyo de miles de profesores de todas las comunidades autónomas, uniendo sus fuerzas para exigir al Ministerio de Educación una reapertura digna y segura del futuro curso lectivo.

La campaña, que cuenta ya con más de 230.000 firmas, ha dado lugar a un “innovador” movimiento a través del cual numerosas familias y grupos de docentes se sienten identificados y exigen a los gobiernos central y autonómicos un cambio en las pautas en las que se enfoca la nueva vuelta al cole.

Las firmas serán presentadas este miércoles por varios profesores procedentes de la Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid (ADEPeM) en representación de la tuitera murciana, precursora principal del movimiento; pero la recogida de apoyos seguirá abierta. Así, se entregarán 24 horas antes de la celebración de la Conferencia Sectorial en la que Sanidad y Educación tratarán con las comunidades autónomas la reorganización de la nueva apertura de los centros educativos. “Nos encontramos en un momento clave, se trata de presionar al Gobierno poniendo de manifiesto la cantidad de personas que no están de acuerdo con las propuestas realizadas”, explica a elDiario.es Región de Murcia.

“Los profesores y trabajadores de los centros escolares que hemos tenido acceso a los protocolos anti-COVID que se están manejando estamos preocupados”, se lamenta la tuitera. Lo único que se les va a exigir a las escuelas, continúa, es que usen mascarillas y gel hidroalcohólico, “pero todo lo demás va a seguir exactamente igual”. Es decir, “ni las van a dotar de más medios, ni de espacios, ni de personal; han tenido meses para planificarlo y ya hemos visto en las instrucciones que nos han llegado a los centros que no son más que un 'apañaos' cómo podáis con lo que tenéis”, explica Maestra Enfurecida.

“Los Gobiernos centrales y autonómicos saben perfectamente que la única forma segura de volver a las aulas es bajando la ratio de alumnos por clase y contratando más profesores”, repite tajante. “No hay otra forma posible de mantener la distancia de seguridad en clase si no dividimos los grupos en diferentes espacios y se contrata más profesorado para atenderlos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se están comportando de manera tan irresponsable?”, se pregunta. 

“Estamos movilizando un tipo de lucha que, en tiempos de pandemia, se ha convertido en la más efectiva: hoy las diferentes mareas, blanca, verde, etc. se han reinventado, convirtiéndose un solo tipo: la marea digital. Ahora hace más daño lo que se dice en redes sociales y medios de comunicación, que en una concentración pública”, expone la ‘Maestra Enfurecida’, activista integrante también del colectivo ciudadano murciano Docentes Unidos, agrupación en lucha por la garantía de seguridad de la escuela pública ante el incremento y desarrollo de la pandemia en la Región.

“La pretensión principal de la campaña se basa en poner en conocimiento general que la vuelta a las aulas presentada por los gobiernos no es segura, algo en lo que todos tienen algo de culpa: aunque se hayan transferido las competencias a las comunidades, el Ministerio podría obligarlas legalmente a bajar las ratios o tomar otras medidas”, expone.

Reclaman reducir las ratios, contratar a más docentes e invertir en más medios “para poder incrementar así las medidas de seguridad y limpieza” ante la situación actual de pandemia. 

La repercusión de lo que empezó como una iniciativa personal ha acabado convirtiéndose en una lucha colectiva fuera de toda expectativa, llegando a otras comunidades autónomas como Canarias, Galicia, Andalucía o el País Vasco, entre otras, y trayendo a colación movimientos similares por parte de grupos de padres y docentes.

“La campaña ha ido cogiendo más fuerza y acogida con el paso del tiempo, terminando por convertirse en una lucha trasversal en la que mucha gente se interesa y se mueve. Ante la ausencia de propuestas gubernamentales, se ha hecho más urgente la necesidad de esta petición”, apunta la Maestra Enfurecida.

Gran parte de los impulsores de otros movimientos ciudadanos con similitud están entregando sus firmas esta semana en sus respectivas comunidades. En la Región de Murcia, la plataforma AMPAS Unidas entregará también mañana (por este miércoles) en la Consejería de Educación sus más de 11.000 firmas recogidas en apelación a una vuelta al cole segura e igualitaria.

Desde la Plataforma por la Escuela Pública, la Federación de Padres y Madres de alumnos de la Región de Murcia (FapaRM), y el colectivo Docentes Unidos se descarta la convocatoria de huelgas anunciadas por parte de los sindicatos de cara al inicio del próximo curso escolar. “La prioridad es establecer un consenso con la Consejería, de modo que los estudiantes puedan volver a clase de manera presencial, pero con las garantías de seguridad que se necesitan”, expone Francisca López, presidenta de FapaRM.

El caldeado ambiente que ha dejado tras de sí la propuesta de un nuevo plan de reincorporación a colegios e institutos ha provocado la movilización de toda la comunidad educativa de la Región de Murcia, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que los estudiantes volverán a las aulas de cara al próximo curso.

De esta manera, la Federación de Enseñanza de CCOO ha lanzado un comunicado en el que asegura que la mayor parte de su afiliación considera la huelga como el instrumento de lucha pertinente para presionar a la Consejería. Así lo establece en un escrito en el que apunta que “CCOO trabajará para plantear un escenario de huelgas y movilizaciones continuadas hasta alcanzar las condiciones que el sindicato considera adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y la equidad del sistema educativo”.

Por su parte, desde las asociaciones de madres, padres y profesores, se apuesta por el establecimiento de una mesa de trabajo mediante la que se pueda llegar a un acuerdo con la Administración y establecer así un escenario seguro, que permita a todos los estudiantes el derecho a una educación digna.

Así lo exponen fuentes de la plataforma Docentes Unidos, que admiten haber establecido un período de propuesta que podría prolongarse hasta el próximo inicio del curso, ya que por parte de los docentes del colectivo se prima la puesta en marcha de soluciones sobre la realización de movilizaciones por parte del profesorado. “Desarrollando algunos cambios podría darse una vuelta al cole segura; debemos luchar por la presencialidad en las aulas y la conciliación con las familias”, explican.

“No sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar dentro de unos días, por lo que llegado el momento de la incorporación estudiaremos las propuestas a realizar en función de las circunstancias”, añaden desde Docentes Unidos.

Fuentes consultadas del colectivo AMPAS Unidas admiten que, aunque existe una preocupación evidente entre los padres ante el posible peligro que supone la vuelta a los centros lectivos, “todas las plataformas y asociaciones vamos hacia el mismo camino, el de la vuelta segura a las aulas, con conciliación”. Por otra parte, exponen que la semipresencialidad podría favorecer la brecha entre aquellos alumnos con más o menos recursos, y lo que se debe hacer es garantizar una educación “pública, digna e igual para todos”.

De la misma manera lo aclara Francisca López, presidenta de la FapaRM, que expone que aunque sí existe una clara mayoría general entre aquellos que apoyan la convocatoria de una huelga, “no todos los integrantes de la plataforma tienen claro que sea la medida precisa”.

La presidenta añade que ya que no nos encontramos en un escenario social que permita la realización de movilizaciones, desde la Federación sí se está valorando el desarrollo de una serie de campañas en redes sociales, o la celebración de concentraciones pequeñas con aforo limitado. “Sin embargo aún nos mantenemos a la espera de futuras negociaciones y acuerdos con la Consejería, ya que el próximo 27 de agosto (este jueves) se celebrará una reunión entre el ministerio y las comunidades”.

“A día de hoy no se contempla la convocatoria de huelgas o manifestaciones generales. Estamos de acuerdo en la lucha por unos acuerdos que permitan la celebración de una vuelta a clase presencial ya que estos meses han supuesto un esfuerzo brutal para las familias que han tenido que hacerse cargo de sus hijos durante el día a día”, apunta Francisca.

Propuestas para la reapertura de centros

Entre las medidas propuestas por la Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia para el inicio del próximo curso, se expone la necesidad de una reducción de ratios de alumnado que posibiliten el cumplimiento de las normas sanitarias según las condiciones de la pandemia. Para ello, se considera imprescindible la recuperación de los 3.300 puestos de trabajo perdidos por la educación pública tras los recortes.

Se plantea, además, la búsqueda de espacios alternativos en los centros educativos y la práctica del mayor número posible de actividades al aire libre. La coordinación con centros de salud para la realización de labores de prevención, así como el fomento de hábitos de vida saludables entre los alumnos son otras de las estrategias planteadas por la Plataforma.

Así mismo se expone como necesaria la dotación de material de protección adecuado, visado y regulado por los servicios sanitarios, para trabajadores y alumnos, y la garantía de seguimiento de los 6 puntos clave para la reducción del riesgo de contagio por la COVID-19: formación, protección, distancia en las aulas, higiene, ventilación adecuada y reducción del tiempo de exposición.

Al rechazo de la comunidad de docentes murcianos, de colectivos como la Marea Verde o los sindicatos, se ha unido este viernes el de los representantes de los padres y madres de la Región de Murcia. Tampoco a ellos ha complacido el nuevo plan de la Consejería de Educación para la vuelta al colegio este próximo curso y que propone la semipresencialidad en las aulas. Una causa ante la que se han unido la Federación Regional de Madres y Padres (FapaRM), que aglutina a un total de 450 AMPAS,  y la Plataforma AMPAS Murcianas Unidas, que integra en su seno un conjunto de 60 asociaciones de madres y padres con el objetivo de exigir más personal y recursos educativos de cara a la reapertura del próximo curso lectivo frente a la situación epidemiológica, el avance del virus y la proliferación de rebrotes de casos de COVID-19 en la Región durante las últimas semanas.

Desde la Federación Regional de Madres y Padres, órgano de coordinación y centralización de las necesidades de las AMPAS de la Región ante la Administración educativa, han apuntado que los planteamientos ofrecidos por la consejera de Educación, Esperanza Moreno, “no son suficientes ni adecuados”. Así lo exponen en un comunicado en el que se reafirman en la lucha para defender la equidad, el derecho a la educación, los de los menores, y el derecho a su salud. “La escuela pública es el lugar de compensación de desigualdades y la Consejería debe velar por los alumnos de la Región, ningún alumno debe quedar atrás”, completa el mensaje de la Federación.

La presentación del nuevo plan de reapertura ha suscitado polémica ante el rechazo manifestado por gran parte de la comunidad educativa. Así lo exponía este jueves también la Plataforma por la Escuela Pública-Marea Verde en un comunicado en el que se aseguraba que “las medidas adoptadas se han tomado de espaldas a colectivos representativos de alumnos, padres y docentes”.

De este modo, asociaciones y plataformas como Docentes Unidos o la Federación de Enseñanza de CCOO ponen de manifiesto que los planes propuestos desde la Consejería de Educación no garantizan de modo alguno unas condiciones de higiene sanitaria dignas, indispensables para el comienzo del nuevo año lectivo, y explican que, junto a las propuestas de no presencialidad planteadas, se hace necesaria la puesta en marcha de nuevas medidas de conciliación que permitan a las familias sobrellevar estas circunstancias, desencadenadas por la pandemia.

Los integrantes de la Marea Verde apuestan por una vuelta presencial a las aulas, ya que “resulta completamente necesario, especialmente para el alumnado más vulnerable y que más está sufriendo las condiciones de la pandemia”. Para ello, se exige la consolidación de unas ratios de alumnos más bajas que aseguren el mantenimiento de la distancia de seguridad, la contratación de más profesorado y el aumento de los espacios disponibles en los centros educativos.

Nacho Tornel, de la Federación de Enseñanza de CCOO, expone en conversación con elDiario.es Región de Murcia que “estas medidas no sólo desvían la responsabilidad del problema hacia las familias, sino que además no muestran un compromiso firme y rotundo por parte del equipo de Gobierno  por una vuelta segura a los centros: la Consejería habla de aforos cuando son las ratios de niños por aula lo que se debe tener en cuenta para que los espacios acondicionados en los centros puedan utilizarse con las medidas de distanciamiento e higiene que se requieren”.

Por su parte, fuentes del colectivo Docentes Unidos entrevistadas por eldiario.es afirman que “lo que va a producir la semipresencialidad, o la educación telemática, es acentuar la diferencia entre alumnos con más y menos recursos, y en estas circunstancias debe primar la garantía de una educación para todos. Además, debemos tener en cuenta posibles problemas derivados de la no presencialidad para  alumnos de ciertas edades, como el efecto que produce la falta de socialización”.

Segundo escenario de planificación educativa              

La Comunidad baraja la puesta en marcha de un nuevo plan de asistencia semipresencial para la vuelta al cole el próximo curso 2020-2021, tal y como exponía este jueves Esperanza Moreno, consejera de Educación y Cultura.

Se trata de un sistema de reducción de aforos con el que -según este departamento- se rebajarán artificialmente las ratios de asistentes, “reduciendo el riesgo de contagio, y dando lugar a espacios más desahogados y con mayor garantía sanitaria y de seguridad”. La planificación propuesta supone una distinción entre alumnos en la que prima “la flexibilización de horarios y la reducción asistencial de alumnos los centros educativos”.

Así, en el caso de alumnos de primer ciclo de Infantil, se mantendrá la presencialidad completa por tratarse de aforos reducidos, mientras que para aquellos de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º de ESO, la actividad presencial se dará únicamente cuatro días a la semana en los grupos que sobrepasen los 20 o 24 asistentes respectivamente.

Por su parte, el alumnado de 3º y 4º de ESO recibirá una atención educativa semipresencial, cuya asistencia al centro se dará en días alternos, caso similar a lo que podría ocurrir con los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, a excepción de la FP Básica, cuya actividad lectiva será como la de 1º y 2º de ESO.

Los casos de centros de Educación Especial y las aulas abiertas especializadas no se verán afectadas por estas medidas, dada la ratio reducida de sus unidades.

Además, se ponen a disposición de centros y familias diferentes medidas de apoyo como la mejora de instalaciones y equipos de material higiénico-sanitario, y la dotación de nuevas becas comedor, que llegarían a unos 10.000 alumnos.

El alumnado de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena, adjunta a la Universidad de Murcia, puso en marcha durante el pasado mes de marzo una campaña de firmas mediante la cual pretendía persuadir a la UMU y a la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma para ser trasladados a la Universidad Politécnica de Cartagena. A través de la propuesta, prolongada hasta día de hoy en redes sociales bajo el lema ‘Escuela de Enfermería en la UPCT YA’, los estudiantes plantean la petición de adjudicación a la UPCT, institución con la que la escuela comparte territorio y “desde la que se ha recibido, escuchado y apoyado al estudiantado de enfermería como si se tratase de sus propios alumnos”.

Tal y como explicaron los estudiantes en un comunicado emitido durante el pasado junio, el objetivo principal de la propuesta consiste en “superar la actual adscripción de la escuela con la UMU, animándola a facilitar un traspaso que permitiese seguir avanzando hacia un modelo de integración que respondiese a las actuales demandas de la escuela y a su relación con el entorno más próximo”.

A través de esta iniciativa, los alumnos reclaman la recuperación de unas condiciones “dignas” para el centro, que desde hace casi una década sostiene que se encuentra en un estado de “precariedad arquitectónica y administrativa” ante una situación “más propia de un país del tercer mundo que de uno perteneciente a la Unión Europea”, apuntan fuentes de la Escuela entrevistadas por eldiario.es de la Región de Murcia.

“El techo de las aulas y de los aseos se encuentra en proceso de descomposición, lo que podría llegar a perjudicar a la salud respiratoria de los asistentes. Si la escuela se mantiene abierta, debe ser bajo unas condiciones dignas para alumnos y profesores”, relatan las mismas fuentes consultadas.

En el mes de julio, el estudiantado se reunió en asamblea y acordó una petición oficial de adscripción a la UPCT. La propuesta contaba con el apoyo de la coalición municipal cartagenera Unidas Podemos-IU-Equo, así como de los grupos políticos Vox y Movimiento Ciudadano. Según afirma la coalición, son muchos los posibles beneficios que obtendrían tanto el alumnado de la escuela como la UPCT, ya que los estudiantes se encontrarían en pleno derecho de acceso a los servicios e instalaciones de la Politécnica, mientras que ésta tendría la oportunidad de diversificar su oferta de estudios, permitiendo el aumento de la financiación autonómica, la creación de nuevos convenios con empresas del sector sanitario y el desarrollo de nuevas relaciones de cooperación entre Hospitales Universitarios como el Santa María del Rosell y el Santa Lucía.

La iniciativa, que fue transmitida por la Delegación de Estudiantes a la directora general de Universidades de la Comunidad Autónoma, se rechazó en pleno por la mayoría del Gobierno, que sostenía que la decisión última en lo que respecta al cambio de adscripción corresponde a la UPCT, institución que hasta la fecha no ha manifestado aceptación alguna acerca del cambio.

Luis Javier Lozano, vicerrector de Profesorado de la UPCT, expone que “la Politécnica no puede decidir nada respecto al tema, ya que la administración de la Escuela de Enfermería corresponde a la Consejería de Universidades, y es ella la que debe determinar su adscripción; por otro lado, su adjudicación a la UMU es lógica, ya que se trata de la única universidad pública de la Región que contiene títulos en materia sanitaria”.

Por su parte, desde la Universidad de Murcia apuntan que “somos conscientes de las deficiencias arquitectónicas y de plantilla que presenta la Escuela, y estamos agilizando las gestiones todo lo posible para mejorarlas. Además, nos parece una petición inviable ya que en función del reparto de titulaciones establecido para las universidades, la Politécnica no puede asumir titulaciones de ámbito sanitario”.

Traslados constantes

La Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena se encuentra desde hace años en una situación de inestabilidad  administrativa. El centro, adscrito a la UMU pero dependiente de la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma, comenzó su trayectoria ubicado en la Plaza San Agustín de Cartagena desde su creación en el año 1996, sin embargo posteriormente tuvo que ser trasladado a un aulario emplazado junto al aparcamiento del Hospital Santa María del Rosell, cuyas instalaciones ya presentaban unas dimensiones muy reducidas.

En el año 2016, la Comunidad Autónoma se comprometió con los estudiantes a construir un edificio dedicado a la escuela ubicado en el patio del antiguo colegio Antonio Arévalo, cerca de la UNED, pero los planes quedaron en el aire tras el relevo en la presidencia del Ejecutivo Autonómico en la primavera de 2017.

Ese mismo año, el alumnado de la titulación fue trasladado al antiguo edificio del Ayuntamiento, en Sor Francisca Armendáriz, gracias a un convenio establecido con la UPCT que una vez finalizado por las obras de construcción de una residencia universitaria, supuso el regreso de los estudiantes al centro hospitalario donde se encontraban anteriormente.

El pasado curso, que comenzó en el Rosell, las limitaciones de espacio se hicieron más determinantes, conllevando incluso la suspensión de clases teóricas y prácticas. Así, durante el mes de noviembre, los 230 integrantes de la titulación fueron trasladados al antiguo Cuartel de Antiguones, sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPCT. Se trata del tercer cambio producido en los últimos cuatro años, razón principal de descontento del alumnado, que lleva años luchando por la mejora y estabilización de unas instalaciones.

Una nueva fuga de 17 migrantes en cuarentena dentro del pabellón de Cabezo Baeza -Cartagena- se convierte en la cuarta fuga producida este verano en la Región de Murcia, donde la cifra total de migrantes sin localizar alcanza ya los 87, razón por la cual el Ejecutivo autonómico reclama responsabilidad al Gobierno central ante la falta de medios y recursos de custodia ante la magnitud del colectivo migrante.

El primero de estos episodios tuvo lugar a finales de julio, cuando 100 de los 256 argelinos alojados en tiendas de campaña habilitadas por Cruz Roja en la dársena de Escombreras sortearon la vigilancia de la Policía Nacional de los muelles de la diputación cartagenera donde estaban custodiados.

Los migrantes, de origen argelino, se encontraban a la espera de la determinación de un nuevo alojamiento donde poder guardar cuarentena, sometidos a altas temperaturas con falta de medios y espacio. Horas después, la mayor parte de ellos fueron localizados. El resto de los que permanecían varados en Escombreras fueron trasladados a diferentes espacios de la Región: 100 fueron llevados al Pabellón de Cabezo Beaza, 30 a la residencia de la Universidad Politécnica de Cartagena y el resto fueron al hotel Cenajo, en Moratalla.

El sábado 1 de agosto, en torno a la 1 de la madrugada, 59 de los trasladados al Pabellón de Cabezo Beaza lograron eludir la seguridad de la instalación deportiva del pabellón. Fuentes cercanas al caso explicaron que dichos inmigrantes serían los mismos que ya lo hicieron cuando estaban custodiados en el puerto de Cartagena. Todos ellos dieron negativo en la prueba PCR, pero debían estar aislados por haber tenido contacto con positivos en COVID en su llegada a las costas en patera.

Por otra parte, el pasado lunes 3 de agosto fueron 8 los inmigrantes escapados provenientes del mismo pabellón. Durante la huída, los vigilantes de seguridad privada del Cabezo Beaza escucharon ruidos y comprobaron que uno de ellos se estaba fugando por los conductos del aire, y cuando fueron a hacer el recuento de asistentes se dieron cuenta de que faltaban 8.

“Ola migratoria casi sin antecedentes”

La continua llegada de migrantes durante las últimas semanas a las costas de la Región, fue calificada por el delegado del Gobierno de la Región, José Vélez, como “una ola migratoria casi sin antecedentes”, dando lugar a un episodio de enfrentamiento entre el Ejecutivo de la Comunidad con la Delegación del Gobierno, que llegó incluso a los tribunales.

El fondo del asunto consistió en quién tenía la responsabilidad de dar refugio a los inmigrantes que llegaban a la Región y habían estado en contacto con positivos por COVID durante el trayecto en patera. Los responsables de Delegación consideraban que su responsabilidad se extendía solo hasta las primeras 72 horas de su llegada. Tras este periodo, la competencia debía pasar a la dirección general de Salud Pública de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, desde la Consejería de Salud se presentó una resolución ejecutiva para asignar dicha responsabilidad a la Delegación autonómica. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia llegó a avalar a la Consejería tras desoír el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en la que se pedía suspender dicha resolución ejecutiva interpuesta por el director General de Salud.

José Vélez aseguró que “la resolución del TSJ, en ningún caso implica pronunciamiento alguno sobre si considera que la Delegación del Gobierno tenga que dar solución habitacional a los migrantes en cuarentena”, y pidió al gobierno regional que “se dejen de jueguecitos políticos y se pongan a trabajar de verdad”.

Por su parte, desde el Partido Popular y el Ayuntamiento de Cartagena, se llegó a pedir la rescisión del cargo de Vélez ante su “incapacidad” de hacer frente al problema de la migración. Finalmente, el Ejecutivo autonómico aceptó lo defendido por la Delegación, dando alojamiento a los inmigrantes en cuarentena.

La Policía Nacional detuvo a un traductor de Cruz Roja, acusado de un delito contra la autoridad por empujar a un miembro de la Guardia Civil del pabellón Cabezo Beaza, una vez los migrantes se habían escapado, según publica el periódico La Verdad. El joven quedó en libertad este jueves tras prestar declaración en la Comisaría. Ahora, debe ser citado por el juzgado para comparecer allí. Según fuentes de la Policía, cuenta La Verdad, el traductor dificultó la actuación desplegada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para localizar a los inmigrantes. En concreto, se habría negado a facilitar datos relativos a la identidad personal de los huidos y, en medio de una discusión con las autoridades, habría acabado por empujar al responsable del operativo de la Benemérita en presencia de varias personas.

En 2009 el juez murciano Fernando Ferrín Calamita fue inhabilitado durante diez años por obstaculizar el proceso de adopción de una menor al ser la adoptante y su progenitora una pareja homosexual. La Fiscalía fundamentó en su día la pena por cinco resoluciones del exmagistrado, que revelaron una actitud prevaricadora y una condición homófoba. En 2019 se cumplió el tiempo de inhabilitación y el Tribunal Supremo impidió la vuelta de Calamita cuestionando su “rehabilitación” y achacándole “una auténtica compulsión homófoba”. Once años después el exmagistrado, que no parece haber escarmentado tras su cese, ha vuelto ser objeto de críticas tras asegurar en una publicación de Facebook –que ya ha eliminado– que la pareja adoptante se ha divorciado y ha entregado a la menor a los servicios sociales. Una realidad negada por sus madres, que tachan los hechos descritos por el exjuez de “totalmente falsos”: “Estamos cansadas de que esta persona nos siga molestando”. “No hemos abandonado a nuesta hija, vive en casa con sus madres”, han sentenciado en declaraciones a este medio.

El caso comienza en 2006, cuando Vanesa de las Heras inicia los trámites de adopción de la hija biológica de su pareja, Susana Meseguer, procedimiento por el cual constaría como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. Durante ese año el exjuez, encargado de llevar el caso, se encontraba ejerciendo al frente del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, órgano especializado en asuntos de familia, donde decidió tramitar el asunto por su propia mano.

En la querella interpuesta por de las Heras contra Calamita a comienzos de 2008, se expusieron ocho posibles causas de delito de prevaricación del exmagistrado, a quien acusaban de dictar “resoluciones inauditas únicamente porque se trataba de una pareja de homosexuales”. Ante las acusaciones, el Consejo General del Poder Judicial decidió en febrero del mismo año suspender su actividad como juez. En diciembre de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo condenó a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por ralentizar de forma malintencionada la adopción de la menor. La condena, que apreciaba el agravante de desprecio hacia la orientación sexual de la adoptante, incluía entonces una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas.

Ferrín Calamita, que seguía defendiendo sus acciones en el proceso de adopción, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la condena de la instancia judicial murciana [Fe de errores]*, pero el tiro le salió por la culata y a finales de 2009 le elevaron la pena inhabilitante a diez años, considerándolo responsable de un delito de prevaricación judicial no continuado e imponiéndole una multa de 720 euros adicionales a los 6.000 ya establecidos.

La petición de un examen sobre la madre biológica, el nombramiento de un defensor judicial de la niña no exigido por la ley, o la realización de una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres, fueron algunas de las resoluciones del exjuez que supusieron una contradicción grave contra el ordenamiento jurídico y revelaron una clara condición homófoba por parte de Calamita, según el informe emitido por la Fiscalía en 2009.

'Víctima de la cristofobia'

La decáda sabática no voluntaria le dio tiempo a Ferrín Calamita para publicar en 2012 el libro Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España, en el que se identifica como católico, defiende la postura de sus acciones en la obstaculización de la adopción de la menor, y niega que antepusiera sus creencias en el proceso de adopción.

El exmagistrado encontró durante el proceso judicial aliados en el sector ultraconservador español. En 2007 HazteOír encabezó una plataforma 'pro Ferrín Calamita' formada por el Centro Jurídico Tomás Moro, la asociación ProJusticia, el diario Ya y el diario Hispanidad.com.

En 2012, unos cuarenta juristas de Madrid, según el propio exjuez narra en una entrevista concedida a Religión en libertad, pidieron su indulto a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno del PP. El propio Calamita aseguraba no tener “muchas esperanzas” en que saliera adelante, y así fue: a comienzo de 2013 se rechazó la petición. En la misma entrevista, Calamita aseguró que el “colectivo de las lesbianas tiene mucha fuerza”: “Hay muchos intereses de por medio, ideológicos y económicos. Todo parte del mayo francés de 1968. Grandes multinacionales y Bancos financian el lobby”. De hecho, HazteOír hizo al poco tiempo su propia recogida de firmas para intentar que el jurista murciano volviera a la carera judicial, rozando las 30.000, una iniciativa que tampoco fructificó.

Carta a Candela

Ahora, la publicación y viralización en redes sociales de una 'carta' escrita por el exmagistrado hacia Candela, la niña adoptada, vuelve a traer a colación la problemática historia que envolvió su proceso de adopción.

En la misiva –eliminada de su página de Facebook pero recogida íntegramente por el medio regional La Opinión de Murcia–, Ferrín Calamita se dirige a la menor exponiendo una serie de hechos falsos que componen la segunda parte de un discurso por el que años atrás fue juzgado y relegado de su cargo de juez. “Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales”, sostiene el exjurista en un relato de los hechos nada corroborado por las madres, quienes confirman que la niña se encuentra en casa.

“El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia”, prosigue el escrito que confirma el intento de justificación de los actos que cometió en el pasado y que ha terminado publicándose en numerosos medios de comunicación digitales de extrema derecha.

“Todo lo que dice en la carta es un bulo con el que Calamita pretende seguir haciendo daño a una familia que se encuentra ya muy cansada”, explican fuentes cercanas a la familia entrevistadas por elDiario.es de la Región de Murcia. “Candela ya es adolescente, y cualquier día puede llegar a sus oídos todo lo que esta persona cuenta sobre su situación familiar”.

[Fe de errores]*: La sentencia que condenó a Ferrín Calamita a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por el TSJ de Murcia fue recurrida no solo por la defensa, sino también por la propia acusación particular y el Ministerio Fiscal, quienes apuntaron la posible “prevaricación” en las acciones de Calamita durante el proceso de adopción de la menor, delito por el que finalmente el Tribunal Supremo condenó al exmagistrado.

Asociaciones antirracistas murcianas han presentado una denuncia por presuntos delitos de odio y discriminación contra las agrupaciones vecinales que protestaron, a comienzos de julio, contra el alojamiento en sus barrios de migrantes llegados en pateras que debían pasar la cuarentena preventiva por COVID-19. El escrito ha sido presentado ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Las increpaciones vecinales, entre las que se escucharon insultos racistas, tuvieron lugar durante el pasado 2 de julio en el pueblo de Los Nietos -Cartagena-, y los días 3 y 6 del mismo mes en el barrio de San Antón -Murcia-, previa convocatoria por parte de las entidades denunciadas a través de las redes sociales. Para ello, hicieron pública la localización del inmueble, detallando la calle y el número donde se encontraba el mismo.

El escrito está dirigido contra la Asociación de Vecinos del pueblo cartagenero Los Nietos y a la Junta Municipal Distrito Norte de Murcia -en la que se encuentra el barrio de San Antón-, a los que acusan de haber alentado el “insulto, insitigación y acoso” entre los vecinos locales contra el colectivo de migrantes que se encontraba en aislamiento por posible contagio de coronavirus. “Esto va contra el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas, y contra el derecho a la privacidad del paciente, entre otros derechos fundamentales”, señalan las denunciantes en el escrito presentado, que reclaman la investigación de estos hechos por poder constituir un “delito de odio”.

De hecho, los seis migrantes que habían sido alojados en Los Nietos, tuvieron que ser trasladado tras las presiones vecinales. “No somos racistas, son personas como nosotros, pero son posibles 'COVID'”, manifestaba una de las vecinas durante la concentración. Otra persona presente increpaba a los migrantes: “Perros, maricones, hijos de la gran puta, ojalá reviente el autobús con vosotros dentro”. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Nani Vergara, trató de excusar la conducta de parte del vecindario en declaraciones a la agencia EFE, aduciendo que la presión ejercida para que los migrantes fueran expulsados de la localidad no tenía que ver con motivos “racistas”, sino con el temor a que “pudieran poner en riesgo la vida de los vecinos del pueblo”.

La denuncia ha sido interpuesta por las agrupaciones Convivir sin Racismo, Onda de Murcia, Mujeres Kasofor, Emplead@s de Hogar de Murcia, Ivoirien de Murcia, Yospora para la Ayuda al Inmigrante y Afromurcia en Movimiento, y la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (FAAM).

Las asociaciones antirracistas consideran que “el modo de entrada al país de estas personas, así como su situación administrativa irregular” supuso para los vecinos que protestaron un importante elemento diferenciador, ya que “muchas personas desde el mes de marzo de 2020 han tenido que realizar cuarentenas sin sufrir este acoso domiciliario”.

“El objetivo de la denuncia ante la Fiscalía va más allá de la mera reivindicación antirracista; a través de ella se pretende divulgar públicamente que hay colectivos que se proponen denunciar estos actos que día a día se cometen en la Región de Murcia”, expone Sandra Martínez, portavoz de la Asociación Convivir Sin Racismo.

“Detrás de este documento existe un enorme trabajo colectivo que aúna las diferentes mochilas de cadauna de las agrupaciones que trabajan por un propósito común con el que todos nos podamos sentir representados”, explica Sara María Cutiopala, portavoz de la Asociación de Emplead@s del Hogar de Murcia.

El colectivo pone de manifiesto la “inactividad” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la “falta de condena de las personas que perpetraron los hechos”, además de lamentar el “descrédito hacia los medios de comunicación que, por su parte, han contribuido de forma lamentable a la creación de este clima”.

“Se han violado muchos de los derechos fundamentales de estas personas, como la exposición de menores, la divulgación de información privada referente a enfermedades o la instigación al odio” afirma Belinda Salmerón, miembro de las asociaciones Afromurcia y CNAAE, integrantes en el colectivo de denuncia.

Mambaye Sane, portavoz de la Asociación Mujeres Kasofor y representante de la FAAM, expone que “es importante denunciar lo que está pasando, ya que si no se hubiese dado lugar a los acontecimientos de Los Nietos probablemente no habría pasado nada días después en San Antón”.

El bar Plaza Cool Beat, uno de los dos locales donde se originó el brote de COVID-19 en Lorca -Región de Murcia-, gestionó el servicio de cocina y catering a un local contiguo el sábado 25 de julio, el mismo día que les confirmaron los primeros positivos entre clientes y empleados. En un vídeo difundido por la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca (Hostelor), se aprecia como detrás de las mesas dispuestas, el Plaza mantiene su persiana parcialmente abierta para que los empleados puedan acceder a las bebidas del establecimiento. El fin de semana anterior -18 y 19 de julio-, días en los que la Consejería de Salud de Murcia sitúa el origen del foco de contagio en el Plaza, también sirvió catering y las fuentes citadas han señalado que las personas empleadas en ambas ocasiones fueron las mismas: “También estuvieron expuestas al coronavirus”. El Gobierno regional barajó hace dos días hacer retroceder a la fase 1 al municipio lorquino junto con Mazarrón tras la escalada de contagios, pero finalmente descartaron la medida.

Tanto el Plaza Cool Beat como La Confitería –el segundo establecimiento cerrado por positivos en coronavirus- son propiedad del empresario y presidente de Hostelor, Jesús Avellaneda. En un mensaje distribuido a través de WhatsApp tras conocerse la decisión de precintar sus locales -ambos en el casco histórico-, Avellaneda señaló que la primera sospecha de contagio de uno de los trabajadores se produjo el viernes 24 de julio.

El empresario asegura que el establecimiento estaba cerrado desde el día 20, “de acuerdo a la planificación anual en el calendario de la empresa”. Las fuentes consultadas han negado a este medio que ese fuera el motivo para cerrar los locales hace diez días: “Los establecimientos iban a permanecer abiertos hasta el 31 de julio, así consta en los contratos de los empleados. Cerraban en agosto pero adelantó la fecha por lo que se le venía encima con el coronavirus”.

Salud ordena cerrar los locales cuatro días después del primer positivo

La Consejería de Salud dictó orden de cierre tanto del bar Plaza como La Confitería el miércoles 29 de julio, cuatro días después de confirmarse los primeros positivos, cuando se detectaron diez personas con coronavirus relacionadas con ambos establecimientos, de los 17 positivos por COVID-19 registrados hasta ese día. Las mismas fuentes han apuntado que los primeros contagios se produjeron entre los trabajadores del Plaza durante la noche del pasado sábado 18 de julio. Fue en ese fin de semana cuando los trabajadores “empezaron a caer como moscas”, han añadido.

Por su parte, el presidente de Hostelor añade en su comunicado que adoptaron todas las medidas de seguridad y preventivas, y considera que los contagios están “en cualquier parte de la ciudad estando este virus latente”, por lo que “no se debe criminalizar sea cual sea el sector y sea cual sea la persona”. Esta redacción se ha puesto en contacto con Avellaneda, que ha rechazado hacer declaraciones y se ha remitido al comunicado enviado a los medios.

Críticas por la gestión y test masivos para los lorquinos

María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, exigió hace unos días al Gobierno autonómico que dé explicaciones “urgentes y claras” sobre la situación del brote de COVID-19 aparecido en Lorca. La diputada denunció que, a pesar de que el primer positivo se conoció el sábado 25 de julio, el lunes 27 “aún seguían abiertos locales del mismo grupo, en el que según parece habrían trabajado algunos de los trabajadores contagiados”. Marín asegurí que “si se hubiera actuado a tiempo, cerrando los locales desde el primer síntoma y rastreando los contactos de los infectados, tal ver se hubiese podido contener el brote sin las medidas drásticas que ahora se adoptan y que supondrán un duro golpe a la economía lorquina”.

Sobre los motivos que han llevado a mantener estos locales con actividad a pesar de que al menos ya se conocía un primer positivo este fin de semana, la portavoz de Podemos señaló que “el gobierno de López Miras y el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, han ocultado la información de la que disponían”.

El grupo municipal de IU-Verdes ha reclamado la realización de test masivos en el municipio de Lorca tras la detección del brote de coronavirus vinculado al ocio nocturno con, al menos, una decena de casos. Su edil Gloria Martín ha demandado “que se pongan a disposición todos los medios necesarios para realizar las pruebas que sean necesarias”, incluyendo un segundo test a las personas con resultado negativo que, por precaución, deberían mantenerse “en aislamiento”.

Martín ha pedido al Gobierno regional que aplique el “modelo Ordizia” para controlar el brote de coronavirus en el municipio, por el cual se cerraron los establecimientos afectados del municipio guipuzcoano donde se detectó un rebrote con 74 positivos vinculado a una zona de bares y pubs. La edil también ha pedido la limitación del aforo en establecimientos de ocio, que se prohíba el consumo en las barras y se establezca su cierre a partir de las 23:30 horas. Así, denuncia que la Región tiene una de las peores ratios de España de enfermeros por cada 1.000 habitantes y que en los últimos presupuestos autonómicos se ha recortado en 74 millones el gasto farmacéutico en Sanidad.

A principios de esta semana, el pasado 20 de julio, se empezaron a derribar los muros de la Cárcel Vieja de la capital murciana por las obras de rehabilitación de la Fase I. La prisión, situada en el centro de Murcia, ha estado cerrada a cal y canto durante 39 años, y fue un centro de represión y tortura durante la dictadura franquista. A los pocos días, el 23 de julio, el Ministerio de Cultura admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia Huermur con el correspondiente expediente de expoliación, mediante el cual el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma tendrán que dar las explicaciones pertinentes al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Fuentes de Huermur exponen que la asociación ha tenido que interponer esta denuncia ante “la pasividad de la Consejería de Cultura y los desmanes del Ayuntamiento de Murcia, empeñado en destruir los muros y elementos más significativos del inmueble penitenciario” que se convertirá en “un espacio luminoso, abierto y participativo, respetuoso con el pasado y proyectándose hacia el futuro”, en palabras del alcalde, José Ballesta.

El edificio, que ostenta a día de hoy una protección provisional como BIC desde 1998, cuenta además con dos informes favorables de entidades consultivas, uno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y otro del ICOMOS. Además, está catalogado como Elemento Singular caracterizado por su disposición arquitectónica en planta de cruz, creando un conjunto de estancias separadas junto a patios ajardinados.

Sergio Pacheco, presidente de la asociación, explicó a elDiario.es que “Murcia no se merece perder ni un solo elemento más del patrimonio y de su Historia bajo la piqueta del Ayuntamiento”, y manifestó que Huermur espera que el Ministerio de Cultura llegue al “fondo del asunto”.

Por su parte, Diego Jiménez, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia, señaló que, una vez derribados los muros, desde la asociación reivindican la dedicación de “un amplio espacio memorialista en el espectro de las obras previstas para la Fase II”.

“Punto de referencia del sistema penitenciario de origen franquista”

Desde la Asociación de Memoria Histórica se remarcó la importancia de dotar de contenido a ese que llaman “espacio para la memoria” y que deberá ocupar un lugar de relevancia dentro de las nuevas instalaciones de la Prisión Provincial ya que, tras el derribo y remodelación de ésta “resultará esencial para el público y las nuevas generaciones recordar y conocer que fue un lugar de represión y tortura, punto de referencia del sistema penitenciario de origen franquista”.

Así lo expone Teresa Franco, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, que explica que “desde el grupo socialista estamos luchando para que se respete la función que cumple la Cárcel como edificio de recuerdo de memoria histórica y democrática, pero de momento debemos esperar a ver qué dictamina el Ministerio de Cultura”.

“Con esta demolición, retransmitida en directo por los canales oficiales del Ayuntamiento, se demuestra el nulo interés que tiene el alcalde por defender nuestro patrimonio. Es otro insulto más a la memoria de aquellos que padecieron en el franquismo por defender la libertad y la democracia”, recalca por otra parte Victor Peñalver, historiador e investigador murciano.

Por otra parte, desde el Área de Cultura y Patrimonio de IU-Verdes Murcia lamentan que haya tenido que ser el Ministerio de Cultura quien investigue el presunto expolio de la Cárcel Vieja e intente preservar el patrimonio del municipio. Manuela Écija, responsable del área, recuerda que IU apoya las medidas contra el derribo de los muros y apela al gobierno municipal a su musealización y reparación.

“Es lamentable que el Patrimonio de nuestro municipio tenga que ser intervenido porque las personas responsables de su recuperación y puesta en valor no son capaces de ver más allá de luces, macetas, cemento y gastrobares”, subraya la responsable de cultura, crítica con la política urbanística de la capital murciana.

“Emblema cultural de carácter polivalente”

La rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia, cuyos orígenes se remontan a 1406, aunque como la actual prisión se inauguró en 1929, se está desarrollando en función de las directrices del proyecto ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Murcia.

Los trámites de reconstrucción comenzaron el pasado 1 de junio y tienen por objetivo la regeneración urbana de una zona histórica deteriorada, así como la recreación de un espacio público orientado a la memoria histórica y la cultura de la Región.

Mediante las obras a realizar, para las que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 1,9 millones y un plazo de tiempo de ejecución de 12 meses, se derribarán en total cinco muros del busto arquitectónico: el lateral, cuya orientación da al Hospital de La Vega y cuatro muretes interiores que dan a los patios de la Cárcel Vieja.

El nuevo plan de arquitectura 'Muros etéreos', llevado a cabo por la firma IH-Arquitectos, se centra en la construcción de una miscelánea cuya intención es la de preservar la memoria histórica de la Región al tiempo que integra el renovado centro carcelario en el corazón de la ciudad.

El proyecto ganador mantenía como propósito primario conservar lo máximo posible la estructura inicial de la Cárcel, ya que el planteamiento definitivo debía mantener una línea lo más proteccionista posible.

'Muros Etéreos', en cooperación paralela con el Ayuntamiento de Murcia, planifica una intervención que permitirá rehabilitar una superficie total de 1.321 metros cuadrados, distribuidos en 642 m2 de la planta baja y 679 m2 de la primera.

De este modo, tendrá lugar una reinterpretación del edificio de acceso principal, ubicado entre la Plaza Circular y Primo de Rivera, así como de los patios de su entorno, que serán incorporados al trazado urbano de la Región.

El plan de remodelación cuenta con el apoyo del Comité de Expertos en Materia Cultural, que define la Cárcel Vieja como “emblema cultural de carácter polivalente”, coincidiendo en que la estructura arquitectónica y espacial del edificio, su singularidad e historia, demandan la creación de un espacio de fusión de influencias y culturas, abierto y no especializado en ninguna doctrina.

La Asamblea Regional vota el miércoles 22 de julio el texto integral de la nueva Ley de Protección Integral del Mar Menor, cuyas medidas imponen restricciones en el campo y limitaciones en la construcción de invernaderos y explotaciones ganaderas.

La ley, que cuenta ya con 70 propuestas aprobadas por los diferentes grupos políticos, ha sufrido importantes cambios estructurales cuya eficacia y funcionamiento podrán ser comprobados con el paso del tiempo ya que, tal y como expone el Instituto Español de Oceanografía (EOI) en un informe publicado el pasado miércoles 15 de julio, el proceso de “recuperación de la laguna será largo y complejo” ya que, aunque se eliminen todas las entradas de nutrientes del territorio, su liberación desde los fondos y aguas subterráneas continuará aún durante décadas.

Desde la confederación medioambiental Ecologistas en Acción anuncian que se trata de una reforma puramente cosmética, que supone la puesta en marcha de medidas poco ambiciosas que de nada contribuirán a la recuperación de la laguna salada. “La ley contiene cambios mínimos que no van a suponer realmente una mejora sustancial del ecosistema. No va a ser un freno lo suficientemente eficaz a las aportaciones de nutrientes desde el sector agroindustrial, que es el que está asfixiando el Mar Menor”.

Una de las propuestas más debatidas entre los partidos políticos implicados ha sido la ampliación de la franja libre de fertilizantes en torno al Mar Menor, que pasará de 500 a 1.500 metros. Sin embargo, la ley supone el empleo de fertilizantes por parte de la agricultura ecológica, sostenible o de precisión, siempre y cuando se encuentre a más de 500 metros, no se empleen más de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año, y se reserve un 20% del suelo para sistemas de retención de nutrientes.

Ramón Pagán, portavoz de la Plataforma Pacto por el Mar Menor añade que “aunque la reforma final de la ley ha supuesto una notable mejoría respecto a la original, las reformas propuestas para los puntos clave, como la imposición de una franja libre de fertilizantes, la reducción significativa del aporte de abono o la regulación del uso de fertilizantes en toda la cuenca vertiente del Mar Menor, se quedan cortas”.

Por su parte, Pedro García, portavoz de la Asociación de Naturistas del Sureste (ANSE), añade que “habrá que esperar a que, al contrario que ha ocurrido con normativas anteriores o ya existentes, estas nuevas declaraciones se cumplan. Hay que recordar que ninguna de las administraciones competentes han sido capaces de hacer cumplir la normativa en el pasado, por lo que es razonable que existan dudas de que ahora sí ocurra”.

Desde la Asociación sostienen que “hay que tomar otras muchas medidas reales sobre el terreno que aún están pendientes, como la reducción efectiva del regadío ilegal, la recuperación del dominio público hidráulico, la naturalización de grandes espacios y creación de filtros verdes en torno a diferentes humedales de la ribera interior de la laguna, entre otros”.

Moratoria urbanística

La moratoria de los nuevos procesos urbanísticos pasa de los cinco a los tres años, gracias al pacto desarrollado entre los partidos políticos PP, PSOE y Ciudadanos. Así, el plan de Ordenación Territorial del Mar Menor contempla ahora como territorio de actuación las zonas 1 y 2 de la vertiente del Mar Menor, así como La Manga, y propone la restitución de algunos regadíos por estados naturales compatibles con el uso forestal.

La ley incluye ahora que la suspensión de autorizaciones de interés público en el área afectada no será aplicable caso de actuaciones de interés regional, proyectos de interés turístico o proyectos estratégicos en los que se acredite la no afección al Mar Menor.

Por otra parte, en lo que respecta a los puertos deportivos, deberán presentar un estudio de afecciones a la dinámica litoral.

Además, las actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el ámbito de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea requerirán de un informe de la Consejería para garantizar que se mantengan los estilos arquitectónicos tradicionales.

Informe del EOI

Un informe elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), expone que para iniciar el proceso de recuperación del Mar Menor se deben mejorar las técnicas de fertilización agrícola y otras soluciones basadas en la naturaleza, impidiendo la entrada de sedimentos y nutrientes con medidas de prevención.

El informe de evolución y estado actual del mar Menor en relación al proceso de eutrofización y sus causas solicitado al IEO por la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO en el marco del seguimiento de las estrategias marinas, cuenta con la participación de 20 autores del Instituto Español de Oceanografía, junto a otros ocho procedentes de la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Cartagena y del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, entre otros.

En éste se expone que una de las causas principales de la eutrofización del Mar Menor consiste en el aporte de nutrientes y materia orgánica, así como la contaminación metálica y química, las obras costeras y de puertos, los dragados y el mantenimiento de playas.

Además, se abordan las causas y consecuencias de la crisis ecológica que sufre el Mar Menor, y se analizan los posibles efectos adyacentes para el Mar Mediterráneo, la dinámica de recuperación de la laguna y las posibles soluciones a la catástrofe.

El estudio concluye que el proceso de recuperación de la laguna será largo y complejo, ya que, aunque se eliminen todas las entradas de nutrientes del territorio, su liberación desde los fondos y aguas subterráneas continuarán largo tiempo.

Algunas de las soluciones propuestas por el Instituto Español de Oceanografía consisten en recuperar los cauces, reducir la erosión, incrementar la cobertura vegetal, proteger y recuperar los humedales periféricos, y construir humedales artificiales en combinación con otros sistemas de filtrado de nutrientes.

El estudio del IEO apunta que la eficacia de las actuaciones se podrá medir mediante el estado real de los hábitats, comunidades y especies de la laguna del Mar Menor, así como los de la franja adyacente del Mediterráneo, los humedales litorales de la laguna y otros espacios protegidos asociados al Mar Menor. 

El observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó el pasado lunes 13 de julio datos que arrojan un incremento del 4,3 % en el número de víctimas de casos de violencia sexista registrado en los juzgados de la Región durante el primer trimestre de este año, en relación al mismo período de tiempo durante el pasado año 2019.

Tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la tasa de víctimas por violencia de género a instancias del poder judicial en España ha sido de 14,4 por cada 10.000 mujeres, siendo las Islas Baleares la comunidad con mayor porcentaje de denuncias, seguida de Murcia, Canarias, Andalucía y Madrid.

Los territorios con un índice más bajo en lo que respecta a casos denunciados de violencia de género son Aragón, Galicia, Extremadura y Castilla y León.

Desde la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género se expone que esta cifra corresponde al número de mujeres que se han atrevido a denunciar su situación de vulnerabilidad en los juzgados, lo que concluye que los servicios de atención a víctimas, así como la impulsión de la campaña “Si la oyes, llama” por parte de la Institución, han desarrollado una buena labor en base a las circunstancias.

Los datos arrojados corresponden al período de tiempo en que tuvo lugar la declaración del estado de alarma, primer lapso de tiempo en situación de colapso sanitario, que dio lugar al consiguiente confinamiento de la población, decretado el pasado 13 de marzo en la Región de Murcia. Se trata de unas circunstancias determinantes, que han afectado en gran medida al estado general de la población, y al ritmo de ejecución de los trámites administrativos y judiciales.

“Coacción a las víctimas”

Maria José García Méndez, directora general de Mujer y Diversidad de Género, explica que “el número de llamadas que hemos estado recibiendo en nuestros dispositivos de emergencia por violencia de género durante este período ha disminuido bruscamente. La coacción a las víctimas por parte de su agresor se ha incrementado, imposibilitando en algunos casos ejercer su derecho a denunciar”.

Sin embargo, aunque el número de víctimas por casos de violencia de género declaradas en los juzgados de la Región de Murcia ha sufrido una variación del 4,3%, la cantidad de denuncias registradas, así como el de órdenes de protección solicitadas, no ha experimentado apenas alteraciones en relación con aquellas contabilizadas en el mismo período de tiempo durante el año pasado, siendo esta alteración de un 0,5%.

Expertos en la materia apuntan que el estado de reclusión familiar al que ha sido sometida la población española ha incrementado y agudizado el número e intensidad de episodios de violencia sexista a los que cotidianamente están expuestos los ciudadanos, que se verán reflejados paulatinamente en los juzgados en función del avance de la “nueva normalidad”.

“Mayor incidencia post-COVID”

Gloria Alarcón García, profesora de la Universidad de Murcia, Doctora en derecho y Vicesecretaria general de Economía e Igualdad, expone que “donde hay mayor incidencia de casos de acoso y violencia de género es en el post-COVID, es decir, una vez que las mujeres han dejado de estar confinadas, sus agresores han arremetido contra ellas. El confinamiento ha significado, para el agresor, el mejor de los escenarios posibles”.

Por otro lado, la variación de los procesos de denuncia y atención a víctimas en los juzgados durante estas circunstancias ha he hecho más compleja la situación. La atención telefónica y por videoconferencia, así como el aumento de la probabilidad de sufrir problemas técnicos, han derivado, en muchos casos, en la ralentización de los tiempos de trabajo.

Ascensión Garriga Puerto, psicóloga clínica, apunta que “la utilización de recursos de protección a víctimas de violencia de género de tipo online (whatsapp, correo electrónico…) ha aumentado en un 400%, lo que significa que este tipo de medidas han funcionado de manera oportuna en función de las circunstancias en las que nos hemos encontrado.”

La difusión y puesta en marcha  del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del COVID-19 en el que se han desarrollado una serie de medidas estratégicas para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias del confinamiento en la vida de las víctimas de violencia de género, ha impulsado la implicación social general en la detección de casos y el apoyo a las víctimas en la Región de Murcia.

Así, mediante la procuración de números específicos de atención telefónica 24h, la puesta en funcionamiento de aplicaciones digitales para la escucha y asesoramiento profesional y policial a las víctimas, y el desarrollo de recursos asistenciales gestionados y organizados por la CARM durante el estado de alarma, se ha pretendido mostrar a las damnificadas el compromiso de apoyo y protección por parte de las Instituciones.

La aprobación en el congreso de un Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género el pasado 29 de abril en España contó con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, dos de las fuerzas con mayor porcentaje de voto en la Región de Murcia en las pasadas elecciones generales. La formación de extrema derecha se sitúa en contra de la utilización de recursos públicos para proteger a las víctimas de violencia de género, argumentando que se trata de “propaganda feminista marxista” o que “es lamentable que con 25.000 fallecidos y en la debacle económica estemos hablando de violencia de género”.

Ascensión Garriga Puerto señala que las “políticas que visibilicen la violencia de género y protegen que las mujeres que la sufren, a sus hijos e hijas, son imprescindibles para conseguir erradicarla y así poder avanzar a una verdadera igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

Tras la publicación el pasado viernes 10 de julio de la guía de prevención de medidas higiénico-sanitarias para la reapertura de centros formativos frente a la COVID-19, plataformas y asociaciones educativas, así como profesionales de la docencia, denuncian la carencia de un plan específico para encarar la posibilidad de contagio en los centros.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la Región Murciana (Marea Verde), en la que participan sindicatos, partidos de la oposición, asociaciones de padres y estudiantes, y otros colectivos relacionados con la educación, amenaza con la convocatoria de protestas y manifestaciones ante la falta de recursos materiales y profesionales para atender al alumnado y a las familias más vulnerables.

“El comienzo de curso va acercándose, y nuestra Región y nuestro sistema educativo afrontan el nuevo curso escolar sin un plan específico para hacer efectivas las estrategias necesarias y reclamadas por los expertos de cara a evitar nuevos contagios”, exponen desde la plataforma en un comunicado.

Por su parte, Ginés Ruíz Maciá, concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, ha mostrado su apoyo a las apelaciones de la Marea Verde a través de una publicación en su perfil de Facebook. “Estamos a mitad de julio y aún no hay compromisos ni propuestas claras respecto al inicio del curso. El Gobierno Regional no puede hacer como si no pasara nada”, expone el edil.

Además, el anuncio de contratación de 500 docentes de refuerzo para el inicio del curso, realizado por Esperanza Moreno, consejera de Educación, durante la presentación de los datos de escolarización para el curso 2020-2021, tampoco contenta a asociaciones y plataformas ya que resulta una cifra insuficiente a la hora de repartirla entre los centros.

El objetivo de la contratación de estos nuevos profesionales será el de apoyar en las tareas de cumplimiento del protocolo elaborado ante el coronavirus, como las entradas y salidas de los centros, la dotación de información a los familiares, la adquisición de material higiénico-sanitario, entre otros.

Nacho Tornel, responsable de la Federación de Educación de CCOO, explica que “en la repartición tocaríamos a 0,61 profesores por centro. Además, ya existe una norma que expone que en los colegios cuando la ratio media supera los 23 alumnos se concede automáticamente un maestro de apoyo y sólo con eso ya te salen 500 profesores más”.

Descontento y dimisiones de equipos directos de IES

Por otra parte, existe un estado de indignación general entre los equipos directivos de los centros educativos de la Región de Murcia debido a esta escasez de medidas propuestas. Algunos de estos directores asumen como inviable la guía, ya que deja en sus manos la responsabilidad de diseñar y gestionar los planes de contingencia a llevar a cabo en colegios e institutos. De este modo Cristóbal Berrocal, director del IES de Beniajan, pedanía murciana, solicitaba el pasado martes 7 de julio el cese como responsable del centro ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en función de lo publicado en la guía.

Así lo exponía Berrocal en un mensaje difundido por toda la comunidad educativa, en el que advertía que la idéntica dotación de recursos frente a cursos anteriores, así como la ausencia de medidas organizativas, fueron el motivo del abandono del cargo.

Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación Estatal de Directores de Instituto, apunta que “la guía es tan minuciosa que choca con la realidad organizativa diaria de un centro de secundaria; no nos sentimos seguros de garantizar la mayoría de estas prevenciones: entradas, salidas y recreos escalonados, circulación espaciada en el interior del centro y otras medidas que en la actualidad de un instituto resultan inviables”.

Durante la jornada del pasado lunes 13 de julio tuvo lugar una reunión entre la Comisión Regional de Directores de Secundaria y la Consejería de Educación para tratar las quejas que se han producido durante la última semana por parte de los equipos. Fuentes de la Consejería de exponen que “se están convocando reuniones con la Federación de padres y madres, y directivos tanto de primaria como de secundaria, para perfilar algunas de las medidas y adecuarlas a las características de cada centro”.

La llegada de pateras desde las costas africanas a las playas murcianas en las últimas semanas se ha convertido en un foco de preocupación para las administraciones y las entidades humanitarias que trabajan en su acogida. Agrupaciones vecinales de los barrios de Los Nietos y San Antón protestaban durante la semana pasada por el traslado de inmigrantes en cuarentena a sus barrios, donde residirían en una serie de pisos tutelados por la Institución humanitaria Cruz Roja.

El colectivo migrante de origen argelino, que arribó las costas de Cartagena en patera el pasado fin de semana, constaba de 108 personas, 8 de las cuales resultaron positivo en coronavirus tras haberles efectuado las pruebas PCR pertinentes, según fuentes del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud.

Debido a las protestas ejercidas por algunos vecinos del barrio de Los Nietos, estos inmigrantes tuvieron que ser trasladados al barrio de San Antón, Murcia, donde tuvo lugar otra manifestación en rechazo al grupo. Se trata, dicen algunos de los tradicionales del barrio, de una manzana antigua donde residen numerosos ancianos en situación de riesgo, y existe un enorme miedo al contagio por parte de los residentes hacia los recién llegados.

Las manifestaciones del  barrio murciano de San Antón tuvieron lugar durante los pasados días 3 y 6 de este mes, y sucedían al coreo vecinal de “No somos racistas”. Así, un coche de control policial se apostaba frente al piso migrante, con el objetivo de garantizar el control de la situación en sendas agrupaciones: los vecinos protestantes y los propios argelinos, que observaban la situación desde el balcón del piso en el que se encontraban.

Fuentes de la Delegación del Gobierno afirman que “nuestras exigencias han sido que no se generase ningún tipo de crispación ni de alarma utilizando a colectivos inmigrantes para ello. Desde la Delegación condenamos todo tipo de actos cometidos en favor de la xenofobia o el racismo”.

“No todos pensamos igual”, apuntaba una vecina del barrio de San Antón entrevistada por eldiario.es. “Creo que sí existe un condicionante racista en todo esto. Veo al día decenas y decenas de personas paseando por el barrio sin mascarilla y sin saber si están contagiados, y se tiene más miedo a aquellos que se sabe que no lo están por ser de otro color”.

Existe, además, otra vivienda tutelada ubicada en el barrio de La Fama, donde las ONGs Cepaim y Cruz roja, entre otras, acobijaron a otra agrupación con el objetivo de garantizar su seguridad, y la de toda la población murciana, a efectos de la situación de pandemia en la que actualmente nos encontramos.

Finalmente, ante la presión ejercida por las agrupaciones vecinales, el consejero de Salud Manuel Villegas García anunciaba el pasado martes 7 de julio que El Albergue del Valle había sido elegido por la Delegación del Gobierno como el lugar de emplazamiento definitivo para el colectivo argelino.

Así, previa desinfección y preparación de las instalaciones, durante la jornada del pasado miércoles 8 de julio ya se acogía en el albergue a la primera quincena de argelinos llegados a las costas de la Región, con el objetivo de que allí puedan, de un modo aislado y seguro, cumplir una cuarentena obligatoria tras haber estado en contacto con casos positivos en coronavirus.

Juan Guirao y Sandra Martínez, coportavoces de la plataforma de apoyo “Convivir Sin Racismo”, explican su desacuerdo hacia la alarma social creada por las protestas. “Siempre se apunta con el dedo a los colectivos más vulnerables, la gente tiene que ser consciente de la otra parte que no se ve. Estas personas son mucho más seguras que las que vienen en avión, están más controladas sanitariamente, y no han venido por placer”. “El trayecto de pateras hacia el levante español, especialmente hacia Murcia, lleva funcionando muchos años, y eso la COVID no lo para, al contrario, lo incrementa”, apuntan los entrevistados. “Si a ciertos discursos ya establecidos en la sociedad sumas el miedo y la inseguridad que ha generado la pandemia, es casi seguro el aumento del rechazo al migrante, pero no a cualquier migrante: a los pobres, miserables, vulnerables y personas en riesgo de exclusión social”.

Recuerdan, así, la campaña 'No soy un virus', en la que se denunciaba la relación entre los brotes de COVID-19 con episodios de racismo contra la población china y de origen asiático en todo el mundo.

Orden de criterios para el seguimiento del inmigrante

La Consejería de Salud emitió el pasado viernes 3 de julio una Orden en la que establecen los criterios específicos para el seguimiento epidemiológico y la atención sanitaria de los inmigrantes llegados de forma irregular a la Región de Murcia y, en especial, en los supuestos de acceso mediante embarcación a las zonas costeras. La Orden, recogida este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), incluye la aplicación de una serie de medidas de control en el acceso irregular al territorio, así como de carácter sanitario.

El protocolo explica que ante la llegada de una o varias pateras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, los servicios de Sanidad Exterior en el control de la inmigración irregular, lo pondrán en conocimiento de la autoridad sanitaria regional a través del Centro de Coordinación de Urgencias-061. Este servicio organizará la movilización de los recursos sanitarios precisos para prestar la asistencia pertinente.

Además, se adoptarán las medidas de prevención y distanciamiento entre personas, y se proporcionará mascarillas u otros elementos de protección a quienes carezcan de ellos.

El seguimiento epidemiológico de los casos confirmados de COVID-19 se llevará a cabo por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. En el caso de menores no acompañados, se notificará su llegada a las autoridades con competencia en la materia de para que asuman las medidas de confinamiento o aislamiento previstas.

Continúa patente la problemática que supone el estado del vertedero de Abanilla, ubicado en la Región de Murcia. Debido a la acumulación de lixiviados, componentes hipercontaminantes originados por la cantidad de basura acumulada y resultantes de los procesos de percolación de los fluidos de la balsa, se ha dado lugar a la aparición de pestilencias en la zona que afecta a vecinos de las poblaciones cercanas. Además, la aparición de roturas en el interior del vertedero ha conllevado la filtración del agua, contaminando los cultivos más próximos y perjudicando la salud y el bienestar de los habitantes de alrededor, según aseguran fuentes locales del municipio de Abanilla.

Ante ello, la Plataforma Interregional a favor de la salud medioambiental de la Vega del Segura (Vertivega) remitió un escrito de denuncia a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia en el que se acusa a la Comunidad del emprendimiento tardío de los correspondientes trabajos de sellado, gestión, tratamiento y eliminación de los lixiviados existentes en las operaciones de revegetación, conservación y mantenimiento del centro de residuos.

“La dejación y falta de cumplimiento en la ejecución desde hace muchos meses por parte de la Administración ha generado numerosos problemas e importantes riesgos en el vertedero, generando cada día más hedor, olores más nauseabundos e insoportables para los vecinos”, expone el documento remitido el pasado 18 de junio por la Plataforma.

Las obras a realizar en el vertedero, para las que se aprobó este año una cuantía de 1,4 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad, consisten en el recubrimiento con tierra vegetal y revegetación de los vasos y zonas con residuos, previo vaciado de los contaminantes que se encuentran en el agua.

Ante la urgencia del vaciado y sellado del vaso 1-2, Vertivega denuncia la inacción e incumplimiento prolongado de la administración regional en las labores de restauración y sellado de los vasos de residuos del vertedero, calificando de “límite y peligrosa” la situación actual de la balsa.

Desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia explican que la administración regional está actuando de manera progresiva para la restauración y el sellado definitivo del vertedero.“ No hay demora, ni inacción, señalan, ”y por tanto no hay molestias ocasionadas por ello. No existe ningún lixiviado, ni filtraciones en la balsa que se está vaciando actualmente dentro del programa de la Comunidad“.

Ante ello, José Manuel Lorente, presidente de la Plataforma Vertivega, discrepa señalando que “esto se está eternizando y no puede ser, tenemos que ponernos en la piel de la gente que vive allí y a la que se está perjudicando en su salud y cultivos”, explica. “Tanto en 2018 como en 2019 se aprobaron unos presupuestos y no se hizo prácticamente nada, ahora en 2020 se han aprobado otra vez, pero a este ritmo el problema podría alargarse mucho más”.

Por su parte, fuentes locales del municipio de Abanilla sostienen la obviedad del problema, anotando que esta hipercontaminación se encuentra invadiendo la pedanía de Los Carrillos, secando a su paso “higueras, oliveras, y otros centros por donde pasan los lixiviados procedentes de la balsa”.

Pedro Luengo, activista de Ecologistas en Acción, añade que “esto es un ejemplo de libro de cómo una mala gestión ejercida durante años por la Administración ha generado, además de un agujero en las arcas públicas, un grave impacto ambiental en un espacio natural protegido a nivel internacional como es el LIC de la sierra de Abanilla”. 

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó el pasado lunes 29 de junio el nuevo macroproyecto de reconstrucción urbana y medioambiental 'Murcia Río II', sin embargo son muchas las voces que apuntan que las obras planteadas por el Ayuntamiento no contribuyen de ninguna manera a la conservación de la biodiversidad del ecosistema fluvial. “Tienen un carácter excesivamente arquitectónico, cuyo propósito es casi meramente de jardinería”¸ advierte Pepa Velasco, profesora de ecología de la Universidad de Murcia.

La primera fase de este proyecto se realizó en convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y contaba con el apoyo del Instituto de Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (UMU). La entidad institución educativa desarrolló un informe en el que se detallaba textualmente que el objetivo de la revegetación del Segura debía ir encaminado a naturalizar la orilla del río en la medida de lo posible, y potenciar las diversas funciones que cumplen las riberas.

“Desde la Universidad de Murcia se aconsejó el cultivo de una serie de especies determinadas, pero no hicieron caso. La perspectiva actual de la obra es la de un parque urbano en el que prima el sentido estético frente al medioambiental”, afirma la experta ecóloga.

En la misma línea se manifestó Ginés Ruiz Maciá, concejal y portavoz de Podemos en el municipio, a través de un tuit en el que ironizaba las intenciones planteadas por el gobierno: “Esas terrazas de hormigón que salen en el momento en que descuidas un poco las podas”.

Ni permisos ni circunstancias adecuadas

Aunque las obras que inauguran el plan Murcia Río II ya han comenzado, el gobierno municipal deberá esperar para poder convertir esta polémica apuesta arquitectónica en realidad ya que la segunda fase del proyecto aún no cuenta con la autorización de la CHS. Fuentes técnicas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aseguran que no daría permiso para “algunas de las obras anunciadas; después de la última DANA hay que estudiar mucho lo que se hace en el río. Recuperar el cauce del Segura es una buena idea, pero están haciendo cosas deslavazadas que no siguen las recomendaciones de Europa ni del sentido común”.

Por otro lado, la inauguración de la segunda parte del proyecto ha sorprendido a otros integrantes de la oposición, que plantean su inconformismo en el desarrollo del plan debido a las desfavorables circunstancias socioeconómicas en las que se encuentra Murcia tras el paso de la Covid-19 por la Región. “Parece que el alcalde no se entera de lo que está pasando a su alrededor. No es el momento, si das una vuelta por la ciudad, ves a comerciantes, hosteleros, y empresarios del turismo muy preocupados; el próximo presupuesto a aprobar debe de ser mucho más social que este tipo de proyectos”, apunta Antonio Benito, concejal del PSOE en el municipio.

Naturalización o cimentación

Activistas y expertos en la materia reprochan al gobierno municipal la mala gestión y el enfoque con los que se está planteando este proyecto, que podría significar una gran oportunidad de transformación medioambiental para la Región de Murcia.

Félix Picazo Mota, doctor en Biodiversidad del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) explica que “la hidrología, geomorfología y físicoquímica del agua, bosque de ribera y organismos acuáticos están gravemente alterados debido a la intensa actividad humana. Para que el río Segura pueda funcionar como refugio de biodiversidad se requiere de una restauración menos enfocada al ocio humano”.

Por su parte, asociaciones medioambientales y conservacionistas como Ecologistas en Acción o Huermur, mantienen también un punto de vista reprobatorio respecto al enfoque tomado por el gobierno. Fuentes de Ecologistas en Acción entrevistadas por eldiario.es de la Región de Murcia exponen que “la gestión gubernamental desarrollada no es efectiva; es una forma de urbanización blanda de la huerta y del río, más que una iniciativa de recuperación ambiental”. “Es como comparar un campo de golf con un espacio natural protegido: también es verde, tiene árboles, pero no cumple una funcionalidad ambiental como tal”, explican desde la plataforma ecologista.

Sergio Pacheco, presidente de Huermur, plantea por su parte que “esta nueva fase del proyecto no aporta nada nuevo al río Segura, es un simple ajardinamiento que, como ya hemos visto en todas las actuaciones anteriores, se limita al asfaltado de la mota del río. Debemos tener en cuenta, además, que se avecina un tiempo de crisis económica y hay que elegir muy bien los proyectos públicos en los que se va a invertir”.

La mayor propuesta de transformación arquitectónica de la última década

A partir del pasado julio de 2019, Murcia Río ya era una realidad para los murcianos. Tras un año de trabajo a manos de la firma Gestaser, Obras y Servicios SL, la apuesta planteada por el gobierno municipal vio la luz con el objetivo de recuperar e integrar los meandros en el río y poblaciones próximas, así como de implantar un moderno equipamiento sociocultural que pusiera a disposición de los ciudadanos un punto de dotaciones y servicios mediante la construcción de aseos, zonas de descanso y centros de restauración.

Murcia Río II supone ahora la segunda fase de un conjunto de proyectos cuyos objetivos principales son la recuperación del espacio natural, el paisaje, la cultura, la agricultura y la biodiversidad de la Región. La iniciativa contempla como principales ejes de actuación la construcción de múltiples y novedosas zonas de uso público entre las que destacan espacios verdes, parques metropolitanos, accesos al río y pasarelas de conexión peatonal, entre otros.

“Murcia Río II se extenderá a lo largo de 27 kilómetros de cauce fluvial, recorriendo 14 pedanías, desde la Contraparada hasta Alquerías y El Raal, y supondrá la creación de nuevas zonas de ocio, deporte y cultura en todo su recorrido”, expuso Ballesta durante el evento de inauguración de la segunda parte del proyecto.