Cuando se decidió embovedar el Guiniguada en su tramo final, a finales de los años sesenta, el objetivo era satisfacer una demanda viaria de la ciudad para muchos automóviles.

El contexto lo determinaban dos componentes: la primacía de una movilidad basada en el uso masivo del coche particular, y la escasa valoración de espacios considerados inútiles e insalubres, como los cauces intermitentes, es decir, los barrancos, y los humedales: no importaba sacrificar su funcionalidad natural para el territorio que, a pesar de ser bien conocida, no era suficientemente apreciada.

Así eran entonces las cosas, era lo habitual. Desde una perspectiva técnica, había voces que discutían estos planteamientos y planteaban otros enfoques, pero se encontraban en minoría.

De este modo surgió la idea de cubrir el Guiniguada a su llegada a Las Palmas para construir encima el tramo de una autovía de gran capacidad. No era un proyecto sencillo, tenía su complejidad, pero la ingeniería lo resolvió y la obra ha funcionado bien durante más de cincuenta años, la vida útil con la que se proyectan muchas obras públicas.

Quizás ahora una obra así no se habría planteado, pues no es sólo ya que aquellas premisas  no son las predominantes, sino que la función viaria para la que fue concebida ha dejado de ser una necesidad objetiva, porque se ha resuelto de otra forma, con los túneles de San José y la Circunvalación, por ejemplo.

Y por eso ahora es oportuno plantearse revertir esta obra, es decir, desmantelar el embovedado del barranco y la losa que lo cubre y abrir el cauce hasta su encuentro con el mar.

Debemos acostumbrarnos a la idea de que las grandes obras públicas deben ser desmanteladas cuando ya han cumplido su función y existen otras alternativas más eficaces y causan impactos perjudiciales sobre el territorio que no compensan las ventajas de su función.

Por eso se demolió, acertadamente, el scalextric de la Avenida Marítima, o en Madrid el de Atocha y el viaducto de Cuatro Caminos.

Con la misma lógica puede plantearse también la demolición de otras obras públicas de cierta envergadura, como carreteras, presas, diques, puertos, etcétera. Es más, podríamos pensar en un equilibrio de resultante cero: por cada nueva obra que sea necesaria, habría que ver cuáles otras se deberían levantar como compensación para alcanzar un saldo razonable en términos de consumo de suelo y recursos e impacto ambiental.

Cubrir el Guiniguada fue la tarea técnica difícil. Abrirlo será más fácil, aunque naturalmente tendrá también su complejidad técnica y su coste.

Los cauces intermitentes tienen su función y constituyen valiosos ecosistemas, pues aportan al mar sedimentos y nutrientes que necesitan el resto de la costa y muchas especies que existen sobre el mismo cauce y en el mar.

Y ahora el Guiniguada, en su encuentro con el mar, se enfrenta a nuevas solicitaciones, porque con el cambio climático el nivel del mar está subiendo aceleradamente, y los episodios extremos de  escorrentía y temporales marítimos son cada vez más frecuentes y severos en esta costa orientada al norte. Y desde luego, un cauce abierto estará siempre mejor adaptado para enfrentarlos.

Las afecciones que el levantamiento de la tapa del barranco puedan producir sobre el tráfico vial no serán importantes, y pueden resolverse con otras alternativas, mientras que el cauce abierto podrá soportar numerosos usos adaptados y compatibles con la escorrentía ocasional para cada periodo de recurrencia, de tal manera que los daños que se produzcan puedan repararse en plazos y a costes razonables.

La idea de descubrir el barranco tampoco tiene por qué comprometer el trazado de la metroguagua, que, por cierto, se ha planteado ganando al mar una franja de terrenos entre Lady Harimaguada y el Guiniguada, para un uso prohibido por la Ley de Costas que sólo pudo exceptuarse nada menos que mediante autorización del Consejo de Ministros. En este escenario de emergencia climática ¿de verdad no había otras alternativas posibles?; ¿se sometió el proyecto a evaluación ambiental como exige la normativa, analizando diversas alternativas?

 El Guiniguada es un elemento geográfico esencial en la configuración urbanística, emocional y simbólica de Las Palmas desde su nacimiento, prácticamente ausente desde que se cubrió, así que por estos motivos también es imperativo recuperar su cauce abierto y devolverle su aspecto de auténtico barranco.

Ya es poco viable la recuperación paisajística y funcional del amplio y hermoso humedal que existió en la desembocadura del barranco, y que sedujo a los castellanos cuando fundaron la ciudad, pero, sin lugar a dudas, es técnicamente factible abrir el cauce y diseñar su encuentro con el mar de una forma digna y funcional, adaptada a los efectos del calentamiento global.

Por lo demás, esta idea no es nueva: hace más de veinticinco años el arquitecto-urbanista José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno, siempre tan sensible con los valores naturales del territorio, la condensó en propuestas concretas para todo el barranco, incluyendo la apertura por completo de su tramo final al llegar al mar, el más singular y activo del cauce.

Las ideas y objetivos que justifican el concurso “Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias”, que convoca el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aun siendo discutibles algunos de sus condicionantes, pueden mantenerse sin necesidad de exigir que el cauce se mantenga cubierto. Muy al contrario, un debate técnico, político y ciudadano sobre los usos que caben actualmente en este espacio es una oportunidad extraordinaria que lo enriquecería enormemente si no se descarta taxativamente, como hacen las bases de la convocatoria, la perspectiva de abrir el cauce del barranco.

El deslinde del dominio público marítimo terrestre realizado en la zona tras la promulgación de la Ley de Costas de 1988 se aprobó en 1992, e incluyó a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, de manera que en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, la antigua propiedad privada se transformaría en concesión administrativa como “compensación” por la pérdida de propiedad sobre los terrenos afectados.

En 2007 se formalizó la concesión a la que tenía derecho Riu sobre el hotel Tres Islas, que era obligada para Costas, no discrecional.

Por acuerdo entre ambas partes, en dicho acto se autorizó la realización de obras de remodelación del hotel, y se otorgó la concesión por un plazo improrrogable de 30 años, al renunciar Riu a los 30 años adicionales a los que tenía derecho, pues entonces entendió que en ese plazo amortizaría las obras a realizar y podría hacer un plan para recolocar a todo el personal en otros hoteles Riu en Fuerteventura.

Por tanto, en principio la concesión debe extinguirse en 2037.

La concesión se ha venido gestionando hasta ahora por Costas, y hace poco inició un expediente de caducidad de la concesión por incumplimientos importantes de las cláusulas que la regulan.

Si se acredita la existencia de las causas tasadas para incoar y declarar la caducidad de una concesión, es obligado hacerlo para la Administración competente, sea del Estado o de la Comunidad Autónoma, porque la declaración de caducidad, tras la tramitación del expediente, no es una facultad discrecional sino obligada.

En este caso ha trascendido la propuesta de resolución de Costas (de 27/02/23) para declarar la caducidad de la concesión, y se trata de una resolución muy bien motivada y consistente, que refleja una instrucción muy rigurosa del expediente, en el que se detallan y acreditan las causas tasadas de caducidad que justifican su incoación, y cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado.

La propuesta se concreta en declarar la caducidad de la concesión, que se extinguiría inmediatamente, y en ordenar a Riu la demolición de todas las instalaciones del hotel, que es una facultad legal de la Administración competente, la que sea, al extinguirse cualquier concesión, sea por simple vencimiento del plazo o por extinción anticipada por caducidad u otras razones.

La polémica surge porque el Real Decreto 713/2022, que entró en vigor el 1/1/23, formalizó la transferencia a Canarias de las funciones de otorgamiento de concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias 2018, que con base en las competencias exclusivas de la Administración canaria en materia de ordenación y gestión territorial, y por tanto del litoral, establece que dichas competencias exclusivas incluyen el otorgamiento de … concesiones, sin concretar más, y en consecuencia la Administración canaria entiende que Costas debe pasarle el expediente de esta concesión y que le corresponde la resolución del expediente de caducidad iniciado por Costas.

En cuanto a las funciones que se traspasan, el Real Decreto 713/2022 se refiere únicamente a las concesiones del artículo 64 de la Ley de Costas, es decir las ordinarias y discrecionales para nuevos usos e instalaciones sobre el dominio público marítimo terrestre, que claramente suponen ejercicio de las competencias exclusivas de la Administración canaria en materia de ordenación y gestión territorial, que son las que en el Estatuto de Autonomía justifican el traspaso de las funciones relativas a dichas concesiones.

Costas entiende que el Real Decreto 713/2022 se refiere sólo a las concesiones del artículo 64de la Ley de Costas porque las  derivadas de su disposición transitoria primera nada tienen que ver con el ejercicio de las facultades de la Administración autonómica en materia de ordenación y gestión territorial, sino que solo tratan de reconocer los derechos de los particulares para transformar la anterior propiedad privada en concesión administrativa, sea cual fuera el uso preexistente, incluso los prohibidos por la Ley de Costas, como es un hotel, entre otros.

Estas concesiones no son discrecionales sino obligadas tras la aprobación de un deslinde, y no requieren de los exigentes requisitos técnicos que regulan las concesiones ordinarias.

Por su parte, la Administración canaria mantiene que el Estatuto de Autonomía tiene rango superior a un real decreto, y como aquel se refiere a concesiones, sin especificar más, entiende que incluye también a las concesiones derivadas de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas (y se supone que también las derivadas del artículo 13.bis.2 LC, la disposición transitoria 4ª y la adicional 11ª), aunque nada tengan que ver con las competencias exclusivas de ordenación y gestión territorial que en el Estatuto de Autonomía justifican el traspaso de las funciones sobre concesiones.

Si bien es muy razonable la posición de Costas en cuanto al otorgamiento de las concesiones de la disposición transitoria primera tras la aprobación de un deslinde, aquel se produce tras una fase de información pública y audiencia a la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, y el título concesional incluye todas las cláusulas generales y las particulares que la Administración entienda que deben regular la concesión, de manera que una vez otorgada se trata de una concesión más, y por tanto no debería haber inconveniente en que su gestión la realice la Administración canaria, como las demás.

En este momento la cuestión respecto de la concesión del hotel Tres Islas se plantea en estos términos: la Administración canaria considera que una vez otorgada la concesión, Costas le debió pasar el expediente tal y como estaba (igual que hizo con las concesiones ordinarias del artículo 64 de la Ley de Costas), para encargarse de su gestión a partir del 1 de enero de 2023, y Costas entiende que no, que este expediente, al ser de una concesión derivada de la disposición transitoria 1ª, debe permanecer en sus manos, como de hecho ocurre con este tipo de concesiones en Cataluña y Andalucía, que cuentan con decretos de traspaso de estas funciones idénticos al de Canarias, desde 2008 y 2011, respectivamente.

El conflicto entre ambas administraciones debe ser planteado formalmente, y resuelto, por el órgano que corresponda, que determinará si el expediente de la concesión, y por tanto el de caducidad incoado al hotel Tres Islas debe ser resuelto por la Administración canaria o por Costas.

Mientras tanto, la Administración canaria no conoce el expediente de esta concesión porque no lo tiene, al no habérselo pasado Costas aún, y por tanto todas las contundentes afirmaciones de altos cargos del Gobierno canario sobre que el hotel Tres Islas no será demolido, anticipando a ciegas una decisión que quizás ni siquiera le corresponderá, no sólo son impertinentes, imprudentes y temerarias, sino que más que expresar un criterio fundamentado sobre el asunto, parecen una reacción servil hacia los intereses del concesionario, poniendo su interés particular por encima del cumplimiento de la legalidad y los intereses generales. Parece mentira que esto sea defendido por dirigentes socialistas.

Esa es la única novedad de las recientes transferencias de Costas a Canarias, porque la Ley de Costas (LC) sigue siendo la misma, y por tanto lo que hasta ahora no podía otorgar Costas del Estado porque lo impide la LC, tampoco puede hacerlo en adelante la Administración Canaria.

Es curioso que quienes han hecho publicas sus observaciones sobre esta transferencia, no hayan señalado que quizás gracias al mejor conocimiento de la costa de las islas y al mayor interés de la Administración Canaria por defender y asegurar su integridad, esas funciones puedan suponer una oportunidad para reforzar y mejorar la protección, preservación y recuperación de los sistemas naturales de nuestro litoral: playas, rasas, saladares, dunas, etc.…, sino al contrario, temen, o celebran, que quizás a partir de ahora se abrirá la mano para acentuar su explotación económica y comercial, y por tanto la presión de uso sobre ellos.

Esa percepción se apoya en la idea de que la Administración Canaria se inclinará más por la explotación que por la protección, conservación y recuperación, y que por tanto será más sensible a las presiones de los poderes económicos locales, y cederá ante ellas a la hora de autorizar usos e instalaciones que aumentarán la presión sobre la costa, contraviniendo incluso los límites de la LC, y confiando en que si sus actos no son recurridos, al final serán firmes y en la práctica será posible sortear las fuertes restricciones que la LC impone a las facultades discrecionales de la Administración para otorgar los títulos de ocupación y uso del dpmt.

Lo preocupante es que hasta la fecha la Administración Canaria no ha dado señales de desmarcarse de dicha visión.

La cuestión es que la capacidad para otorgar y gestionar los títulos de ocupación del dpmt, si bien tiene su importancia, no es la determinante para detener y revertir, en la medida de lo posible, el proceso de ocupación, y muchas veces de destrucción, de nuestro patrimonio natural litoral, desarrollado en las islas desde hace décadas, si es que ese fuera un objetivo de la Administración Canaria.

La costa canaria, igual que la del resto de España y del mundo, ha sufrido desde antes incluso del proceso urbanístico desarrollista de los años 60-70, un modelo de ocupación y una presión de usos que han desnaturalizado y deteriorado notablemente la calidad y la integridad de muchos tramos litorales, lo que desde los años 80 la comunidad científica especialista considera no solo inapropiados e insostenibles, sino incompatibles con los retos que plantean los efectos del calentamiento global sobre el litoral.

El ejercicio de las facultades decisorias y ejecutivas en materia de planificación territorial y urbanística es el que tiene la potencia necesaria y el que proporciona la capacidad para transformar el modelo de ocupación y usos del litoral de forma gradual y selectiva, y es más, son las que hacen posible hacer frente a los efectos del calentamiento global sobre la costa, que son bien conocidos y están perfectamente descritos desde hace tiempo.

Estas competencias las ostenta la Administración Canaria de forma íntegra y exclusiva desde hace más de 35 años, pero hasta ahora apenas ha desplegado ningún instrumento de planificación del territorio y del litoral para tratar de modificar y revertir aquel modelo de ocupación y uso abusivos de las zonas costeras, y ni siquiera ha tomado en consideración en ningún instrumento territorial o urbanístico la información y conocimientos de los que ya dispone para hacer frente a los efectos del calentamiento global sobre la costa, como los mapas de riesgo de inundación, que son públicos desde 2014, o los trabajos elaborados por la propia Administración Canaria desde hace más de 10 años.

Por tanto, el litoral canario está como está porque así lo ha decidido la propia Administración Canaria, al haber sido pasiva y complaciente con el resultado del modelo de ocupación y usos de la costa que las islas han sufrido hasta ahora, y no a causa de que no tuviera las competencias necesarias para tratar de hacer algo distinto, y algo más, por la integridad de la costa.

Ahora bien, es difícil que la Administración Canaria en solitario pueda abordar por sí sola la tarea de protección y recuperación de la costa, porque ello requiere un importante esfuerzo inversor en materias que son responsabilidad y competencia de Costas del Estado.

Y a la inversa, sin tener la capacidad de planificación territorial y urbanística, Costas del Estado apenas puede hacer nada en solitario, actuando solo sobre la estrecha franja del dpmt, y menos aún sin la colaboración de la Administración Canaria.

Hace 34 años, cuando se promulgó la LC, la capacidad de las Administraciones para trabajar en beneficio del interés general en la costa se vio muy reforzada, no solo por los potentes preceptos protectores que contiene, sino por los mecanismos que establece para asegurar la colaboración entre la Administración Canaria y la de Costas del Estado para la protección y recuperación de la costa.

Para empezar, la facultad para otorgar títulos de ocupación sobre el dpmt, que es la función ahora transferida a Canarias, aún dentro de las severas restricciones que la LC impone a la Administración otorgante, está condicionada y sometida a las limitaciones adicionales que el planeamiento territorial y urbanístico pueda establecer para los distintos tramos de costa (Art. 74.4 LC), es decir, que desde hace 34 años la Administración Canaria ha podido reforzar, si hubiera querido, la protección de la costa, endureciendo los criterios para su ocupación y uso establecidos en la LC, al menos en algunos tramos sensibles, pero no ha considerado oportuno hacerlo en ningún lugar.

La Administración Canaria puede convenir con la del Estado la financiación y ejecución de acciones en la costa en desarrollo de la planificación territorial y urbanística autonómica (Arts. 82 y 83 LC), especialmente las declaradas de interés general, de competencia de Costas del Estado, que son cualesquiera de las que tengan por objeto la protección, defensa, conservación y uso del dpmt (Art. 111 LC), es decir que abarcan una amplísima gama de acciones, a financiar por Costas del Estado, que ambas Administraciones podrían convenir.

La DA 3ª LC declara la utilidad pública de la expropiación, por Costas del Estado, de espacios de la zona de protección, e incluso su posible integración en el dpmt (Art. 4.8 LC).

Y la DT 9ª.6 del Reglamento de Costas permite que Costas del Estado pueda financiar las indemnizaciones derivadas de la revisión del planeamiento que la Administración Canaria pueda decidir a fin de adaptar la ordenación, en la medida de lo posible, a las determinaciones que la LC (Art. 25) y su Reglamento (Arts. 46 a 48) establece para la zona de protección, que son, todas ellas, imprescindibles para la satisfacción del interés general y para racionalizar y aliviar la presión de uso sobre los sistemas naturales litorales.

Desde hace 34 años todos estos mecanismos de colaboración para transformar el litoral canario, recuperar parte de la naturalidad que ha perdido, adaptarlo para mejorar su libre acceso y uso público común, y poder enfrentar los retos del calentamiento global, han estado a disposición de las Administraciones Canaria y del Estado, pero desgraciadamente apenas los han utilizado.

Ahora, la Administración Canaria debería acreditar no solo que va a hacer un uso correcto, estricto y escrupuloso de la transferencia de funciones recibida, sino más importante aún es que se decida a desplegar de una vez todo el potencial que encierra su capacidad de planificación y ordenación de la costa, buscando y exigiendo la colaboración y el compromiso de Costas del Estado para mejorar y transformar un litoral que hasta ahora ha sido objeto de un modelo de ocupación y usos poco racional, y a veces abusivo, en muchos de sus mejores espacios, y para poder hacer frente a los retos que plantean los efectos del calentamiento global sobre la costa.

Este título parece ser la apuesta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en relación con la concesión del CC El Muelle, que se extinguirá dentro de pocos años.

Las concesiones administrativas sobre suelo de dominio público portuario, o marítimo-terrestre, tienen la “ventaja”, a diferencia de los usos sobre propiedad privada, de que pueden ser perfectamente reversibles una vez extinguido el plazo concesional otorgado, pues a partir de ese momento el concesionario no tiene ningún derecho a mantener la concesión, y la Administración puede disponer de los usos, y del propio inmueble que se hubiera construido, como estime oportuno, y es más, si decidiera que sea demolido, ni siquiera tiene que asumir ese coste, que debe ser realizado por el concesionario al que se le extinguió el plazo otorgado.

En definitiva, una vez vencido el plazo concesional el reloj se pone a cero, y la Administración tiene total libertad para decidir sobre el uso a dar al terreno de dominio público, y a lo edificado sobre él, es decir, puede incluso demolerlo para construir algo totalmente diferente.

Esto constituye una excelente oportunidad para enmendar, corregir o reorientar decisiones anteriores que se han demostrado como discutibles, poco oportunas, o de escaso éxito, o simplemente decisiones que quizás en su momento tuvieron su sentido, pero que al pasar el tiempo han cambiado las circunstancias y mas tarde se reconocen usos alternativos mejores y mas adaptados a las circunstancias y necesidades del momento.

Dentro de unos años se extingue, por simple vencimiento de su plazo, la concesión otorgada a principios de este siglo para la construcción del CC El Muelle en el Puerto de Las Palmas, así que es un buen momento para repensar mejor cuál es el destino mas adecuado que debe darse a ese espacio, una vez desaparezcan el título y los derechos que existen sobre el mismo.

Al tratarse de suelo de dominio público portuario, es a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a quien corresponde llevar la iniciativa y el liderazgo en este tema, pero al tratarse de un espacio que está situado en el ámbito puerto-ciudad, lo mas razonable es que el destino a dar a esa importante pieza del Istmo sea fruto de la colaboración y el acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, con la necesaria participación de la ciudadanía y de los operadores portuarios involucrados en ese ámbito portuario, de manera que ya todos ellos deberían estar trabajando conjuntamente para dar a ese espacio el mejor uso posible para el interés general, aprovechando así la oportunidad que representa para ello el próximo vencimiento del título concesional del CC El Muelle.

Pero no. Lejos de ejercer su rol de liderazgo en la ordenación del suelo de dominio público portuario para la mejor satisfacción de los intereses generales, y más aún en una pieza tan valiosa y sensible para el puerto y la ciudad, la Autoridad Portuaria se limita, burocraticamente, a dar curso a la pretensión del concesionario para prolongar durante 20 años más su uso actual, mediante la prórroga del título vigente.

La Autoridad Portuaria sabe perfectamente que la normativa que regula esa concesión (las Leyes de Puertos de 1992 y 1997) no permite la prórroga de la misma, porque su objeto no se encuentra directamente vinculado con la explotación portuaria, sino que se trata de usos complementarios propios de los espacios puerto-ciudad del dominio público portuario.

Pero no solo no tiene el valor de expresarlo así ante el concesionario, sino que eleva su solicitud a informe de Puertos del Estado con propuesta favorable a la prórroga, a sabiendas de que ya en una ocasión anterior este órgano informó desfavorablemente, y de que el Tribunal Supremo dictó en 2009 una sentencia sobre este mismo Centro Comercial, expresando que “No cabe sostener que la construcción y subsiguiente explotación de un centro comercial (Area de Actividades Terciarias ”El Muelle“ (Fase I) por el mero hecho de ubicarse en zona portuaria calificada como de dominio público pueda ser considerada como explotación portuaria en los términos de la Ley de Puertos de 1992”.

Es una lástima que la Autoridad Portuaria solo vea por el ojo de los intereses del particular que explota el CC El Muelle para seguir con más de lo mismo, y no aproveche ahora esta oportunidad para hacer algo que no hizo hace más de 20 años, es decir, liderar un proceso de trabajo con el Ayuntamiento, la ciudadanía y los operadores portuarios, para encontrar entre todos el mejor uso y la mejor configuración arquitectónica para ese espacio del Istmo tan valioso y apreciado por todos, con la vista puesta en la satisfacción del conjunto de intereses generales involucrados.

Son estas funciones las que desde 2006 las CCAA litorales han decidido incluir en sus estatutos de autonomía, y deben serles transferidas por la AGE según la negociación que entre ambas partes debe realizarse, proceso que ahora va a comenzar en Canarias.

La zona mas sensible y valiosa de la costa es el dpmt, que incluye el mar territorial, las playas, dunas y cordones litorales, los humedales costeros, los acantilados, las rasas litorales... y que pertenece a todas las personas, habiten o no en las CCAA litorales, de modo que debería tener un tratamiento homogéneo a lo largo de toda la costa española, en aras de asegurar su integridad y que pueda ser disfrutada por todos en igualdad de condiciones. Y eso justifica, además de la mera titularidad, las competencias y funciones de la AGE en la costa.

La costa es una franja del territorio muy dinámica y frágil, que actualmente es la mas expuesta a los efectos del calentamiento global, por lo que está sometida a cada vez más intensas transformaciones físicas.

Su gestión es muy compleja, pues sobre ella confluyen las funciones y competencias de varias Administraciones (Costas, Administración Hidráulica, CCAA, municipios...) y multitud de actores públicos y privados, y por esa razón su gestión se debe realizar desde una visión integral y de amplia perspectiva temporal y espacial.

Consecuente con esta idea, la UE dictó la Recomendación 413/2002 sobre Gestión Integral de la Zonas Costeras (GIZC), que lamentablemente no ha llegado a ser Directiva de obligado cumplimiento, como se pretendía, a causa de la presión de los intereses desarrollistas, económicos y comerciales, de los actores privados en los estados de la UE.

En lo esencial, la GIZC consiste en el compromiso por una gestión integrada y participada por todos los actores presentes, públicos y privados, concertada entre todos ellos, y en la integración de todas las políticas sectoriales y territoriales que influyen en la costa, pues los sistemas litorales son gobernados por procesos que tienen su origen en el interior del territorio y en el mar, y que se proyectan sobre un periodo temporal muy amplio.

Para ello es imprescindible contar con una completa visión sobre el estado físico de la costa y los mecanismos de funcionamiento de los sistemas litorales naturales, con un diagnóstico de su situación actual, y con una previsión sobre su evolución en el futuro, para abrir un debate entre todos los actores involucrados para encontrar las respuestas más eficaces ante los retos que se plantean.

El objetivo es alcanzar un marco consensuado para que las acciones a realizar por cada una de las Administraciones competentes sean coherentes y conceptualmente sólidas en sí mismas, y compatibles y complementarias con las de los demás.

De acuerdo con esta visión, cada Administración mantendría y ejercería plenamente sus competencias específicas, pero colaborarían y se coordinarían para alcanzar objetivos comunes de interés general para toda la ciudadanía, actuando con conocimiento de sus respectivos planes sectoriales, e integrándolos en los objetivos concretos de cada una.

Desde esta perspectiva, apenas tiene interés que ninguna Administración trate de concentrar o acumular más competencias sobre la costa, sino que lo esencial sería avanzar hasta formalizar los mecanismos e instrumentos necesarios para asegurar la colaboración entre todas y la integración de sus respectivas políticas.

Sin embargo, las CCAA litorales, y ahora la Canaria, no marchan en esa dirección marcada por la Recomendación GIZC 413/2002, sino que solo parecen interesadas en absorber cada vez mas funciones y competencias, sin que eso por sí mismo aporte nada ni añada valor alguno para una mejor gestión de la costa, lo cual es decepcionante y expresivo de su pobre y miope visión sobre la complejidad e importancia de la gestión de la costa, y de los retos a los que se enfrenta a causa de los efectos del calentamiento global.

La experiencia de la gestión autonómica canaria en el ejercicio de sus competencias sobre la costa en los últimos 25 años no invita al optimismo, pues ha hecho lo posible por ignorar, rebajar o entorpecer la aplicación de las principales determinaciones protectoras de la Ley de Costas.

Así, la Administración canaria se ha opuesto explícitamente a los deslindes del dpmt más ambiciosos, ha sido tolerante con las infracciones y complaciente con los intereses urbanísticos privados en la gestión de la zona de protección, y aunque se ha visto obligada a incluir las mínimas determinaciones exigidas por la Ley de Costas en los instrumentos de planificación territorial y urbanística, nunca ha tratado de incluir elementos para la progresiva y gradual adaptación de la costa a los retos del cambio climático, ni ha tenido en cuenta, en ningún momento, los mapas de inundación elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2014, en cumplimiento del RD 903/2010 que traspone la Directiva de Inundaciones de la UE.

Pese al triunfalismo con el que algunos celebran el inicio de las negociaciones para formalizar las transferencias en materia de costas, los precedentes conocidos no son alentadores en lo que a la defensa del patrimonio natural del litoral se refiere, pues la Administración canaria hasta ahora se ha mostrado sumisa ante la presión de los intereses económicos y clientelares de los actores privados presentes en la costa, de manera que no hay motivos para celebrar que ahora pueda seguir haciendo más de lo mismo con las nuevas funciones que va a asumir.  

1. La anchura de la zona de protección

En este caso el “problema” surge porque Costas inició la modificación de un deslinde aprobado en 2002, y ahora las obras del hotel se desarrollan sobre la zona de protección según el nuevo deslinde, no sobre la asociada al anterior. Esa es la primera anomalía, ¿cómo es posible que con la misma Ley de Costas, vigente desde el 28 de julio 1988, haya que modificar ahora un deslinde aprobado en 2002?. Eso significa que entonces Costas no lo hizo correctamente.

La segunda es que la anchura de la zona protección en donde se construye el hotel es de 20 m en lugar de 100 m, lo cual solo puede significar que en julio de 1988 la zona ya estaba consolidada como urbana de hecho, que no es el caso, o que tenía Plan Parcial aprobado antes del 1 de enero de 1988. Si este es el caso, ¿no son 32 años tiempo mas que suficiente para que el urbanizador hubiera cumplido ya sus obligaciones?. Los plazos de ejecución de los planes parciales no son eternos, y en este caso, como lamentablemente en otros muchos puntos del litoral, la Administración Autonómica no ha sido diligente para caducar el plan parcial y revisar la anchura de protección hasta los 100 m, o incluso aumentarla hasta 200 m, pues la Ley de Costas la habilita expresamente para hacerlo en casos justificados. En estos 32 años el Gobierno de Canarias, y en ejercicio de esa facultad que tiene, nunca ha entendido necesario aumentar la anchura de la zona protección en ningún lugar de nuestro litoral, pese a que es evidente que muchos tramos lo merecen por su elevado valor natural (La Tejita, por ejemplo).

Todo ello denota escaso compromiso con la defensa del litoral.

2. El planeamiento urbanístico

El planeamiento urbanístico está sujeto a procesos de información y participación públicas que permiten corregir y orientar sus determinaciones hacia alternativas mas comprometidas con los valores del territorio. En el caso de La Tejita, como en otros muchos, no era ningún secreto que se estaba planteando la construcción de edificaciones cerca de la orilla, pero la Consejería competente nunca apreció que esto podría ser un problema en un lugar como este, ni nadie más expresó nada al respecto. La conclusión es que la ciudadanía organizada, además de estar siempre presta a movilizarse y encadenarse a las máquinas en caso necesario, también debería estar atenta a los instrumentos urbanísticos, territoriales y de evaluación ambiental, y tener personas preparadas que los analicen, los discutan, escriban alegaciones, se personen en los procedimientos, y se movilicen también durante su tramitación.

En julio de 1988 muchos tramos del litoral estaban ya urbanizados, con edificaciones dentro de los 20 m de la zona de protección, y a partir de entonces quedaron en un régimen equivalente al de fuera de ordenación urbanística al tratarse de usos prohibidos en esa zona. Han pasado ya 32 años, y toda esa línea edificatoria sigue con su proceso de obsolescencia y envejecimiento, cada vez mas cutre y mas amenazada por la invasión del mar, sin que la Administración Autonómica, a través de sus instrumentos territoriales y urbanísticos, haya tratado de acomodar dicha franja litoral a las determinaciones de la Ley de Costas, no solo por razones de aliviar la presión urbana sobre la orilla, o por dotar una franja con equipamientos al servicio de los usuarios de la costa, que es a lo que está destinada esa zona de protección, sino simplemente para liberarla de los crecientes y riesgos ciertos de inundación marina, como consecuencia del calentamiento global.

Se hace evidente, por tanto, la falta de interés por trabajar por un litoral mas natural, despejado de edificaciones e infraestructuras, y por adaptarlo, a través de los instrumentos que están para eso, con cierta perspectiva y visión de futuro, no solo a la normativa aplicable desde hace 32 años, sino a los riesgos derivados del cambio cambio climático.

3. La gestión integrada de la costa

La Ley de Costas es legislación básica ambiental que obliga a todas las Administraciones, no solo a cumplirla sino a hacerla cumplir en la zona que le corresponde a cada una: el Gobierno central se encarga de la gestión de la zona de dominio público marítimo-terrestre, y el Gobierno autonómico de la gestión de la zona de protección adyacente.

Pero la línea que divide ambas zonas es virtual, no física, la costa es una y está sometida a procesos naturales y amenazas que no conocen ni hacen caso de esa línea imaginaria que los humanos hemos establecido para intervenir en el territorio con mayor eficacia, y por tanto la gestión de la costa debe responder a un modelo de acción integrado sobre ambas zonas.

En el caso de La Tejita se ha puesto de manifiesto la falta de coordinación, de respuesta y de acción común, y convergente, de las distintas Administraciones, ofreciendo un espectáculo deplorable de inhibición, reproches, silencios y respuestas poco claras o contradictorias.

La gestión integrada de las zonas costeras es una recomendación de la UE que lamentablemente aún no se ha traducido en Directiva de obligado cumplimiento, pero la grave amenaza a la que está expuesta la costa exige que al menos en España, y en Canarias, las Administraciones activen de inmediato los mecanismos necesarios para asegurar que no solo ellas sino todos los actores concernidos se involucren de forma eficaz y coordinada en la gestión de la costa, pues vivimos de ella, es uno de nuestros espacios preferidos del territorio, y está fuera de dudas que constituye un patrimonio natural inapreciable e insustituible.

Las Administraciones deben asumir que están obligadas por igual a satisfacer el interés general en la gestión de la costa, y de forma inmediata deben ponerse a trabajar conjunta y coordinadamente para ejercer las competencias que les corresponden como si no existiera esa línea imaginaria que divide el espacio costero pero que no separa dos territorios ajenos uno del otro.

Las fórmulas para hacerlo no están establecidas formalmente, pero quizás mejor así, las Administraciones deben ser lo suficientemente responsables para decidir la mejor forma de hacerlo en cada lugar concreto, y los ciudadanos debemos exigirles que no trabajen unas a espaldas de las otras.

En la administración pública, un organigrama es funcional y eficaz si se configura de forma jerárquica, con una serie de puestos con responsabilidad graduada de acuerdo con las exigencias especialistas de las distintas funciones del organismo, que sin perjuicio de las necesidades de coordinación entre todas las unidades para no perder la unidad de acción del conjunto bajo la dirección de los órganos superiores, todas deben mantener una esfera competencial que sea tangente, y no secante, respecto de las demás, con objeto de que no haya interferencias disfuncionales entre ellas.

Además, los responsables de cada unidad organizativa, cualquiera que sea su nivel jerárquico, función y especialidad, están revestidos de la cualidad de empleados públicos, a la que han accedido mediante sistemas que acreditan su solvencia profesional, que asegura su estabilidad laboral y garantiza su independencia, con obligación de sujetarse a las normas legales y procedimientos vigentes, manteniendo lealtad a la institución en la que prestan servicio.

Por esa razón la estructura organizativa de las administraciones públicas es bastante estable, y no está condicionada a las circunstancias y características personales de los empleados públicos en cada momento, sino al revés, son estos quienes deben acomodarse a los requerimientos técnicos y funciones específicas de cada puesto.

En consecuencia, con las mismas normas, con la misma estructura organizativa, y con las mismas personas en los diferentes niveles de responsabilidad funcional, los órganos superiores que dirigen el aparato administrativo pueden realizar su acción y su gestión de formas completamente diferentes unos de otros, e incluso diametralmente opuestas, según su orientación política e ideológica.

Por lo tanto, los gestores públicos no tienen por qué modificar la estructura organizativa, ni sustituir a los empleados públicos, ni muchas veces siquiera modificar la normativa reguladora, para poder llevar a efecto las políticas que sean implícitas a su visión y objetivos políticos, sino que les basta con desplegar su capacidad y habilidad para ejercer sus funciones de alta dirección, que se concretan en fijar objetivos, hacerlos públicos entre todo el personal, en  involucrarlo y motivarlo para su consecución, y en coordinar y dirigir de forma integral todas las unidades y equipos, a fin de asegurar una adecuada fluidez y coherencia en el funcionamiento del organismo.

Como es natural, la acción y gestión de las instituciones públicas debe sujetarse a las normas que regulan la actividad en cuestión, y eso implica respetar unos plazos y determinadas garantías técnicas, formales y procedimentales, que es lo que constituye el grueso del trabajo técnico de los empleados públicos, que es algo completamente independiente de las facultades discrecionales de decisión que corresponden a los órganos superiores, y esa separación de funciones entre los empleados públicos y los órganos superiores, debe mantenerse siempre de forma escrupulosa, para asegurar un funcionamiento adecuado de cada institución.

La fluidez, agilidad y eficacia del engranaje de la maquinaria administrativa que gobierna todo el proceso hasta las resoluciones en las que cristalizan las facultades de decisión de los órganos de superiores, depende de su capacidad y habilidad, y de la forma en que estos dirijan esa maquinaria, y así como unos sufrirán por los rozamientos internos originados por su escasa capacidad de gestión interna, otros podrán conseguir una gran fluidez de la misma maquinaria gracias a su mejor capacidad para dirigirla y motivarla correctamente.

En la Autoridad Portuaria, los actuales órganos superiores pertenecen claramente al primer grupo.

Pero lo mas grave es que parece que les sobra, o mejor dicho les molesta, una estructura organizativa funcional y racional, con empleados públicos de alto nivel de responsabilidad técnica y funcional, especialistas e independientes, que sigan con rigor las normas que gobiernan la actividad del organismo, y ello es así porque los órganos superiores de la administración portuaria se muestran prestos a plegarse ante la presión de determinados grupos empresariales, que siempre tienen prisas y demandan que sus intereses particulares sean atendidos, no solo a su conveniencia, sino con celeridad, y prescindiendo, si fuera necesario, de las formalidades y requerimientos exigidos por las normas aplicables.

Por esa razón los órganos superiores de la Administración Portuaria han sido complacientes con los repugnantes ataques personales que se han dirigido contra algunos de los responsables técnicos de la administración portuaria, no de forma directa y abierta, claro está, sino de manera cobarde, empleando métodos mafiosos de intimidación y coacción, e incluso utilizando a la prensa, a veces con la ruin colaboración de los propios órganos de la Administración Portuaria (naturalmente de forma oculta), para erosionar su imagen y profesionalidad, y así amedrentarlos y neutralizarlos.

El nuevo modelo organizativo adoptado por la Autoridad Portuaria responde a su apuesta por eliminar los necesarios niveles de responsabilidad técnica intermedia, y consecuentemente rompe con los principios básicos de los modelos organizativos de la Administración Pública.

En primer lugar, separa por completo las funciones que corresponden a sus dos órganos de alta dirección, Presidencia y Dirección, de manera que se establece una bicefalia que impide una acción coordinada e integral en la gestión del organismo, porque a cada uno se les asigna, de forma absurda e incomprensible, funciones básicas de la entidad sin conexión entre ambos órganos.

En segundo lugar, rompe con el principio de reservar a la alta dirección las funciones que les son propias, para dedicarlas directamente a la pura y dura gestión ordinaria, del día a día, de unidades dispersas, de variopinto rango, sin la necesaria estructuración vertical que agrupe las funciones que están relacionadas entre sí, a través de responsables técnicos con sucesivos niveles de jerarquía, bajo su dependencia funcional.

Es como si en un ministerio, los directores generales, subdirectores, jefes de área y jefes de servicio tuvieran que reportar y despachar directamente, y en plano de igualdad, con el ministro correspondiente.

Así, se vacía de contenido la asignación jerárquica y gradual de las funciones especializadas de  los principales técnicos de mayor nivel (Jefes de Área y Departamento), que quedan arrinconados para desempeñar funciones secundarias, puesto que se les equipara funcionalmente con los de inferior jerarquía, al hacer depender directamente a todos por igual de alguno de los órganos de alta dirección.

En definitiva, de una clásica estructura jerarquizada y organizada por sucesivos niveles de responsabilidad para las distintas funciones del organismo, en forma de árbol, se pasa a una estructura en forma de sistema estelar doble, sin apenas niveles de responsabilidad intermedia, lo cual es no solo absurdo sino profundamente disfuncional, porque los órganos de alta dirección (Presidencia y Dirección) no pueden tener la experiencia, conocimientos y formación especialista que son propios de los empleados públicos de mayor nivel jerárquico y funcional.

La Autoridad Portuaria consuma así la querencia de los grandes operadores, de que su maquinaria administrativa se pliegue a sus intereses directamente a través de sus órganos de alta dirección, al desaparecer casi totalmente las funciones de los niveles técnicos intermedios, organizados de forma jerárquica estructurada, que es la que asegura el cumplimiento de los requerimientos y formalidades establecidos por la normativa, y en definitiva la satisfacción del interés general.

Es preocupante que esta nueva estructura haya sido aprobada por unanimidad, sin discrepancia alguna, por el Consejo de Administración, no se sabe si porque todos sus miembros se identifican con este disparatado modelo organizativo, o porque les resulta indiferente, lo cual casi sería peor señal, porque es un puesto remunerado y están obligados a estudiar, analizar, debatir y discutir los asuntos que se tratan, y son responsables de las consecuencias de las decisiones que adoptan.