La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) plantea (exige) en su “II Pacto contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia” propuestas y medidas para la recuperación social post COVID-19. Pretendo en este artículo centrar las correspondientes al ámbito educativo, convencido, como EAPN, que la educación es fundamental para acabar con la pobreza y su transmisión intergeneracional, para profundizar en las desigualdades o abrir nuevas oportunidades. Por ello, reivindicamos un sistema educativo público, inclusivo, universal y gratuito.

No quiero entrar en las medidas concretas, recogidas en el texto del Pacto, para centrarme en el sentido de las mismas, que es la defensa de ese modelo educativo inclusivo, clave para erradicar la pobreza, la exclusión social y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Y pocos datos, pero muy reconocidos: en España la inversión en educación está muy por debajo de la media europea; y los resultados son peores en casi todos los indicadores evaluados que la media europea. Recogemos el fruto de lo cosechado.

La educación es un derecho fundamental de los individuos, para la ciudadanía, la inclusión y el progreso social, la libertad, el desarrollo de las habilidades de las personas, la convivencia, en definitiva, es una herramienta clave para todo lo bueno que le pueda ocurrir a las personas y a la sociedad. No se me ocurre nada negativo sobre una ciudadanía educada y formada, una formación basada en el conocimiento, el análisis crítico y el compromiso por la transformación social. Este derecho fundamental abre el disfrute de otros derechos tan fundamentales y universales como la educación de calidad y a lo largo de la vida, o para la exclusión de los mismos.

Así, resulta incomprensible que este derecho no esté garantizado, ni suficientemente ni para todas las personas. La conculcación de este derecho debería ser inconstitucional y hasta condenable no hacer o consentir que no se garantice este derecho sabiendo que tiene consecuencias tan negativas -y para toda la vida- de las personas y de la sociedad. Por qué siendo tan evidente el papel fundamental de la educación no se ponen todos los medios para que desde los 0 años y a lo largo de la vida, los y las menores, los niños y las niñas, los y las jóvenes, las personas, tengan las mejores oportunidades y medios para la formación, el conocimiento, la mejora de su cualificación. Esto no es normal.

Claro, una cosa es que todas podamos pensar que la educación es importante (supuesto consenso) y otra es cómo definen los modelos ideológicos, los gestores políticos, los grupos de presión (al servicio de qué está el sistema educativo, para qué sirve, cuál es su utilidad), su enfoque (valores a transmitir, actores considerados fundamentales, currículos y asignaturas que se quitan o se ponen, medios, metodologías…), y su dotación (a quién, qué y cuánto se financia).

Cuando definimos una escuela inclusiva, el alumnado es el sujeto principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema inclusivo no pone por delante los intereses del mercado, ni de la economía, ni del crecimiento económico (este es otro modelo de escuela, competitiva e individualista, tecnocrática y burocratizada). Tampoco el currículo, el temario predefinido y preestablecido (hace una escuela más doctrinaria u ortodoxa). Ni al profesorado ni el interés de los padres por un determinado centro o tipo de enseñanza (escuela corporativista y elitista, segregadora).

La inclusión educativa empieza combatiendo la desigualdad y la pobreza de los hogares, muchos de los cuales no están en condiciones de acompañar de la misma manera un proceso educativo de sus menores. Debe posibilitar la enseñanza preobligatoria, transcendental para el alumnado más vulnerable; interviene en la matriculación del alumnado para combatir la segregación escolar (con otras medidas de erradicación de la segregación territorial o poblacional); invierte mucho más en educación obligatoria, donde se planta la semilla de la desigualdad, el fracaso y el abandono de una parte muy importante del alumnado; se invierte más en centros educativos enclavados en entornos más segregados y marginales; se diseñan currículos e itinerarios que se adapten al alumnado (no es sinónimo de rebajar la calidad de la enseñanza ni las expectativas del alumnado), que conecten con los intereses del alumnado para desarrollar al máximo sus capacidades y competencias, el protagonismo, la responsabilidad, la creatividad, la autonomía…; cuenta con más profesorado y más capacitado en pedagogías y metodologías inclusivas; entiende el aprendizaje ligado a la participación de diferentes agentes, del entorno comunitario, una escuela abierta, participativa; la tarea y la acción educadora trasciende el recinto escolar y el proyecto educativo del centro forma parte de una visión y actuación más integral e integrada con el entorno.

La realidad que nos encontramos es otra, marcada por el desencuentro de visiones, intereses e intenciones en la política y la planificación educativa, insuficiencia de inversiones en becas, recursos, medios (muy especialmente en nuevas tecnologías); con profesionales con formación insuficiente para liderar procesos educativos inclusivos; con muy poca participación e implicación de las familias…Esto no es normal.

Destacaría tres consecuencias muy negativas, que exigen una reforma seria y sólida de un sistema educativo comprometido con el futuro de nuestro país y de toda la población:

Un sistema educativo inclusivo, después de la garantía de ingresos, podría reducir considerablemente el drama de la exclusión y la pobreza. No sería normal no actuar consecuentemente.