“El modelo de externalización de fronteras que puso en marcha el Frontex (agencia europea de fronteras) en el sur de Europa se está calcando en México. El sur del país se ha convertido en la frontera de EEUU”, así define Salva Lacruz, los “muchos paralelismos” que encuentra en la gestión que hacen ambas regiones del fenómeno migratorio. “México es para EEUU lo que Marruecos es para la Unión Europea y los países de Centroamérica serían Mauritania y el Senegal”. Lacruz, activista con una larga trayectoria en defensa de los derechos de los migrantes en España, trabaja ahora en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas. Durante su reciente visita a Madrid junto a Ana Barrios, experta en migraciones de Enlace Comunicación y Capacitación -una de nuestras organizaciones socias mexicanas- hablamos con ellos de fronteras y derechos.

Una relación piramidal: EEUU - México - Centroamérica

La política de EEUU, aseguran, es la que marca el camino de la política migratoria mexicana. “Todo se dicta en Washington y México es el controlador de flujos migratorios. EEUU exige a México ejercer de tapón y ordena a los países de origen retener a los que migran”, afirma Ana Barrios, “pero siempre falta el análisis de las causas estructurales, de por qué tantas personas -adultas y niños- salen de sus países expulsados por la violencia”. De enero a noviembre de 2014, casi 117.500 migrantes fueron detenidos en el país, un 43% más que el año anterior. El 94% procedía de Centroamérica.

La migración se ha convertido además en un negocio para quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los que emprenden la ruta hacia EEUU. “Estamos viviendo en un narcoestado criminal en el que en todos los niveles -federal, estatal y municipal- hay corrupción con los cárteles y el crimen organizado. Hay infinitas formas de violencia, aunque la extorsión es la más frecuente, especialmente por parte de las autoridades migratorias, instituciones que están hechas para proteger a las personas, pero que en México hacen lo contrario”, recuerda Barrios.

Una situación que castiga especialmente a los migrantes centroamericanos. “No saben dónde acudir. Se sienten casi merecedores de cualquier castigo que pudiese ocurrir. Al estar fuera de su país, ¿quién les va a reclamar si les ocurre algo? Esto también se repite con los propios migrantes de Chiapas, la mayoría indígenas, para los que el español ni siquiera es su idioma materno. No se sabe qué están viviendo las personas migrantes sin entender esta violencia bajo la que se esconde la mercantilización de las personas. El secuestro de migrantes en México, conocido gracias a la atención que ha recibido en algunos casos de la prensa internacional, es un negocio multimillonario”.

Migrar es un derecho, pero también lo es no hacerlo. Por ello, en Chiapas, Enlace apoya a los jóvenes para que, a través de la formación, puedan poner en marcha sus propios proyectos con los que generar ingresos que aseguren su bienestar y el de quienes les rodean. “El origen de los altos índices de migración en la zona está en la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU”, recuerda Ana Barrios.

“Han disminuido los subsidios del campo y los pocos que hay solo favorecen a los grandes terratenientes y grandes empresas de la agroindustria. Eso ha provocado que la situación de los campesinos sea cada vez más precaria. Los pequeños productores que antes surtían al país, ahora se han reincorporado al mercado, ya no como productores sino como consumidores. Ha sido una estocada a la soberanía alimentaria. A la luz de lo que ocurre ahora en México, lo que se espera es un acrecentamiento brutal porque todas estas reformas tienen como trasfondo la privatización del país y quitar del todo las pocas trabas que había para las empresas transnacionales. Se está abriendo la puerta a empresas extractivas y eso va a tener como consecuencia un desplazamiento de la población principalmente en la región del sur. Desprotegen a la población de las posibilidades legales para defender su tierra y territorio”, denuncia Barrios.

“En los territorios deben darse las condiciones de vida necesarias para que seamos libres a la hora de elegir y no por cuestiones forzadas como pobreza, desigualdad social, pobreza extrema, etc”, asegura Salva Lacruz. “En un escenario a corto o medio plazo no es realista pensar que las condiciones vayan a cambiar, por lo que lo previsible es que las personas continúen migrando e intentando cruzar la frontera sur de México. Mientras, sigue vigente una ley y unas políticas públicas que no están preparadas para acoger a estas personas en condiciones dignas. La ley de migración mexicana es bastante dura”.

En México existen más de 50 centros de detención de inmigrantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías, en el que trabaja Lacruz, tiene acceso al de Tapachula -el más grande del país- donde ofrecen asesoramiento a los internos. “Son de unas características similares a los CIE españoles que conocemos, con condiciones paracarcelarias. El impacto en la salud física y psicológica de las personas es análoga a las de aquí, solo que los periodos de detención pueden ser más largos. Aquí son máximo 60 días, allí se dan casos de meses e incluso un año. No hay límites. En los centros hay solicitantes de asilo detenidos mientras esperan una respuesta a su solicitud y, si se les deniega, se ejecuta la deportación. En muchos casos, también encontramos menores con sus familiares o solos”.

Recuperar a los que se fueron

Ana Barrios realiza acompañamiento psicosocial a las familias del proyecto de búsqueda de migrantes desaparecidos que realizamos en el sur de México, a través de Enlace Comunicación y Capacitación y Voces Mesoamericanas. El programa, que cuenta a día de hoy más de un centenar de casos en estudio, tiene dos patas: el apoyo para encontrar a los desaparecidos y la creación de redes entre las familias para exigir sus derechos. “Cuando un familiar toma contacto con Voces Mesoamericanas, se abre el caso y actuamos dependiendo de la información que nos pueda aportar. Por ejemplo, si se sabe que la persona desapareció en EEUU, nos ponemos en contacto con el Consulado mexicano allá, aunque generalmente solemos encontrar muchas trabas por parte de los organismos gubernamentales. Si es en México, se trata de buscar todas las pistas posibles, rellenar el expediente y buscar en cárceles, casas de migrantes, etc. Si sabemos que llegó hasta el desierto y que puede haber desaparecido allí, se hace la toma de muestra de ADN de los familiares, que se compara con la de los cuerpos que hay en la morgue de Arizona”. Así se han resuelto ya dos casos en los últimos meses, entre ellos, el de Pascual Gómez.

Con las familias se trabaja para trasladar el dolor a un espacio público, sacarlo del interior de casa. “Las familias de las personas desaparecidas sienten una gran desconfianza hacia las instituciones del gobierno, que se han ganado históricamente. En muchas ocasiones, quien está detrás de la desaparición es el pollero -intermediario- que vive en la misma comunidad, sabe dónde está la familia. Hay temor de que, si se avanza en alguna denuncia, el pollero pueda tomar represalias, ya que tras él está toda su red de tráfico de personas”.

Enlace realiza encuentros entre familiares para compartir sus experiencias y construir lazos de confianza. “El hecho de encontrarse con otras personas que puedan entender lo que están viviendo, es un alivio tremendo. En grupo, se hacen conscientes de que lo que ha sucedido es una violación de sus derechos, por una migración forzada y por un Estado cuyas instituciones no responden porque no existen los mecanismos. Entienden que tienen derecho a exigirle al Estado y que tienen derecho a la Justicia y a la reparación”.

“Un día estábamos en casa y mi padre me dijo que nos íbamos a Nigeria. Allí había una mujer y mi padre me vendió. Cuando cogió el dinero, me dijo que esperara, que iba a comprar pan. Yo me quedé callado. Se fue”. Rachidi había sido vendido por 50 euros, sin más explicaciones. Tenía solo 11 años cuando fue obligado a trabajar en el servicio doméstico, rodeado de gente que desconocía. Fue explotado y maltratado por aquella mujer, hasta el día en el que decidió huir y tuvo la suerte de dar con gente dispuesta a ayudarle. El suyo es uno de los testimonios del documental “No estoy en venta”, que denuncia la situación en la que viven más de 1,2 millones de niños y niñas víctimas del tráfico de menores, de los cuales el 32% son africanos, según la Organización Mundial del Trabajo. El vídeo, elaborado por Misiones Salesianas bajo la dirección de Raúl de la Fuente, pone el foco especialmente en Benín y en el trabajo del Centro Don Bosco Porto Novo, que se ha convertido en un referente nacional en la lucha contra el tráfico infantil y que acoge a una treintena de niños y niñas como Rachidi. Con su director, Juan José Gómez, nos encontramos en Madrid.

Su centro que está en constante contacto con las víctimas, ¿cómo describiría el tráfico infantil en Benín?

Cuando hablamos de tráfico infantil, en el 90% de los casos hablamos de menores que son captados en zonas rurales y trasladados a las grandes ciudades, donde existe una gran demanda de mano de obra barata. El 40% se ocupa del servicio doméstico. Mientras que la gente va a trabajar a oficinas o al mercado, estos chicos y chicas se quedan en la casa haciendo la comida, limpiando la casa o cuidando de los menores de la familia, que son niños como ellos. Otro campo común de trabajo es el comercio, al que se dedica el 26%. Utilizan a menores para que vayan al mercado a vender agua, pasta de maíz, fruta, etc. Los niños no pueden volver hasta que no lo hayan vendido todo porque tienen que rendir cuentas. Trabajen donde trabajen, son habitualmente explotados.

El 10% restante de los casos es tráfico infantil externo, es decir, niños que cruzan la frontera, fundamentalmente hacia Nigeria, Gabón y Congo, con similares condiciones de trabajo. Cuando los cambian de país, en muchas ocasiones ni siquiera llegan a enterarse porque lo que reconocen es su etnia, su religión, no una región u otra.

¿Cómo empieza todo?

La captación de los menores se produce en los propios poblados, pequeños pueblos, donde viven familias pobres, numerosas y desestructuradas. Son regiones donde llueve muy poco -por lo que hay poca cosecha y hambruna-, lugares donde el índice de escolarización roza el 30 o 40%. Hay un acceso limitado a la educación porque las escuelas están a cinco o seis kilómetros y en ellas los profesores tienen a su cargo a 70 o 60 niños. Las familias sienten que no hay futuro, ni oficio que puedan aprender los chavales.

A veces, son las propias familias las que venden a sus hijos por 30, 40 o 50 euros. Otras veces, son engañadas con promesas. Aparece alguien, puede ser un conocido, que les ofrece llevárselos a la ciudad y las familias piensan que yéndose tendrán más oportunidades que en el poblado, donde se sufre para comer una vez al día. Surge de ahí, de esa pobreza. También hay que tener en cuenta que, culturalmente en Benín, no está mal visto que un niño trabaje y la percepción es que se le está enseñando a autogestionarse, a prepararse para la vida de adulto.

¿Qué consecuencia tiene para los niños ser arrancados así de su entorno familiar?

Una vez que los llevan a la ciudad, están expuestos al maltrato, a los abusos sexuales, etc. El tráfico infantil corta de raíz a los niños. Sufren una falta total de identidad y de afecto. Se preguntan por qué sus padres o su familia le ha hecho eso. Se sienten heridos y eso favorece la agresividad, desconfianza y que se encierren en sí mismos. La realidad es que muchas de las familias no saben las consecuencias que tienen para estos menores las decisiones que han tomado.

En Don Bosco en Porto Novo, y en otras zonas del país, trabajan en procesos de reinserción social y familiar de los menores víctimas del tráfico, ¿cómo lo hacen?

Tenemos varios ámbitos de actuación. Trabajamos directamente en la fronteras, en la zona donde se cogen los taxis donde viajan los niños a otros países. Allí ejercemos labores de vigilancia y denunciamos a la policía los casos sospechosos para que puedan comprobar si efectivamente el adulto que viaja acompañado por 5 o 6 niños es familiar o conocido de todos ellos.

En mercados, donde van a trabajar los menores diariamente, también tenemos barracas para hacer la recogida e identificación de los niños que están siendo traficados. Tenemos centros de acogida nocturna donde pueden pasar la noche y luego volver al mercado durante el día. Eso favorece un paso intermedio entre la calle y la casa de acogida.

El siguiente paso es un centro de acogida de tránsito, de corta duración, donde pueden permanecer mientras intentamos encontrar a la familia y para que vuelva a casa. Si no es posible, pasan a un centro de larga duración donde el chaval se queda con nosotros para ser reintegrados a la ciudad.

Cuándo los niños están identificados, ¿cómo se gana su confianza?

Intentamos acogerlos sin hacerles muchas preguntas. El chaval es acogido, podríamos decir, por otros chavales, para que empiecen a jugar y se sienta en un entorno seguro. Después, poco a poco, va recibiendo pequeñas responsabilidades como preparar la cocina, limpiar una sala, para que tengan esa visión de grupo, donde lo llaman por su nombre, donde las cosas son pedidas por favor. Sin órdenes. El chaval se va dando cuenta que está en otro ambiente. Necesitamos ese tiempo para que vaya cogiendo la confianza necesaria para poder trabajar y conocer su verdadera historia. Generalmente, los chavales no cuentan su historia real.

¿Qué viene después?

Lo siguiente es saber qué quiere hacer con su vida. Intentamos dar razones, no imponer. Están acostumbrados a la obediencia ciega, no son capaces de reflexionar. Les explicamos, “ya no estás siendo explotado, ahora debes decidir qué quieres hacer. Aunque evidentemente a veces condicionamos, les orientamos para que vayan a la escuela o aprendan un oficio, depende de la edad y de cómo haya sido su trayectoria escolar. A veces encontramos a chavales de 15 o 16 años que no han ido apenas a la escuela, en esos casos puedes hacer una escolarización alternativa y se les orienta a un aprendizaje que asegure unos conocimientos mínimos, pero no les puedes mandar a la escuela pública

Tras haber pasado por este tipo de experiencias, ¿hay lugar para la reconciliación familiar?

Sí, muchas veces. Es increíble la capacidad que tienen los chavales para perdonar a sus familias. En África, la familia lo es todo y ellos sienten esa necesidad de pertenencia al grupo. De volver. La familia no entendida como padre, madre e hijos, sino como padres, abuelos, tíos, primos e incluso vecinos. Evidentemente, intentamos hacer todo un trabajo de la sensibilización y la prevención durante el proceso.

La solución del problema no es solo darle un futuro a ellos, también hay que trabajar las causas estructurales y dentro de ellas, la pobreza de las familias y su desconocimiento de la realidad. Por eso, ofrecemos microcréditos para que puedan montar sus propios pequeños negocios, generen ingresos y no se vean obligadas a dejarle sus hijos a alguien para que se los lleve a la ciudad.

Benín cuenta con una ley contra el tráfico infantil desde el año 2006. ¿Cómo hacen frente el Gobierno y las instituciones a una situación que incumple su propia normativa y la legislación internacional existente en esta materia?

El Gobierno hace lo que puede, pero puede hacer más. Hace falta más conciencia política. Por un lado, hay mucha corrupción y por el otro, claro, hablamos de pocos recursos para esto, pero también son pocos para la sanidad -que no es pública y la gente muere porque no tiene dinero para pagar los tratamientos-, para la educación, etc. Son muchas las urgencias en el país.

Sí, es cierto que existe una ley y también muchos otros acuerdos que Occidente obliga a firmar si países como Benín quieren recibir dinero, pero no se aplican porque no están adaptados a la realidad del país. No son medidas que partan de la propia sociedad beninesa, por eso no funcionan. Esto no va a resolverse hasta que la población no tome conciencia de este fenómeno. Queda mucho camino por recorrer.

La tercera vez que Nicole Ndongala fue detenida por los militares mientras caminaba por las calles de Kinsasa supo que había llegado el momento de salir. Era 1998 y su país, la República Democrática del Congo, vivía una escalada de violencia. “Un día te paran y te dicen: no eres congoleña, eres ugandesa. Inventan cualquier excusa, te detienen y tienes que pasar la noche en el calabozo sin motivo”, recuerda Ndongala, que en aquellos años estudiaba gestión financiera en la universidad. “Entonces no había la facilidad de teléfono que hay ahora. Si te detienen no tienes cómo decirle nada a tus padres y tienes que pasar la noche allí. Hasta que les parezca bien y te suelten”.

El peligro y la desprotección era aún mayor por el hecho de ser mujer. “Cuando detenían a alguien no era solo para hablar, te podían violar, usar la violencia. Había una brutalidad tremenda. Hay personas que estuvieron en mi situación y hoy están muertas, a muchas mujeres las violaron y quedaron traumatizadas para siempre”.

Poco después de su última detención, comenzó las gestiones para huir como fuese del país. Se hizo con un pasaporte falso, un visado y un billete de avión que la llevó a Bruselas y de allí en autobús a España, donde lleva 17 años. “Hay gente que pregunta por qué los africanos no vamos a las embajadas antes de intentarlo por otras vías. Muchas veces, poder acceder a una embajada es misión imposible. Un simple formulario es toda una historia. Una persona que está perseguida busca salir ya, no puede ir a una embajada a pedir un visado y esperar un mínimo de un año la respuesta, que probablemente será negativa. Tienes que encontrar otra posibilidad, aunque sea arriesgando tu vida en un viaje por el desierto y saltando la valla. No puedes esperar un visado, te estás jugando la vida”, reclama.

Al llegar a Madrid, su primer colchón fue Karibu, una organización que atiende a inmigrantes sobre todo africanos, “Cuando expliqué mi situación, me dijeron que tenía que pedir asilo y lo hice”. Meses después fue reconocida como refugiada. “Yo llegué sola a España, sin hablar español. Fue muy duro, pero esta protección me ha dado libertad. A pesar de la situación que has vivido, ser refugiada te abre las puertas para ser una persona, para demostrar lo que vales, trabajar y no quedar paralizada”. Ahora, es mediadora en Karibu, donde recibe a migrantes y solicitantes de asilo, especialmente mujeres, muchas de ellas con experiencias similares.

Sabe que puede considerarse una afortunada, a pesar de que “el refugio no es un regalo, sino un derecho”. En España, cada vez es más difícil conseguirlo, aunque en los últimos años ha aumentado el número de solicitantes, según revelan los datos del último informe de la Comisión de Española de Ayuda al Refugiado. En 2013, pidieron protección en España 4.502 personas (frente a las 2588 de 2012), pero solo se le concedió a 206. Otras 376 personas lograron otras formas de protección que recoge la legislación. “Aquí nunca ha sido fácil, pero cuando yo llegué si no te daban el estatuto te daban una protección humanitaria especial. Hoy también estas son menos y conseguirlas es casi imposible. Hay muchos africanos a los que le tienen renovando la tarjeta (permiso temporal mientras resuelven la petición) para que luego te digan que no te dan asilo, a pesar de haber sufrido experiencias horribles”.

Ndongala es una de las protagonistas de la campaña Noland de la ONG Entreculturas, que pone el foco en los 22 millones de mujeres y niñas desplazadas y refugiadas que hay en el mundo y que viven la discriminación de género y la amenaza de sufrir abusos sexuales o maltrato físico o psicológico.“Campañas como esta son necesarias para visibilizar lo que está pasando, especialmente con las mujeres. Cuando veo las noticias que llegan de mi país, me siento impotente. Quieres hacer algo, pero no puedes. No puedes dormir tranquila sabiendo que hay muchas que siguen sufriendo, que son violadas y discriminadas. Hay un proverbio que dice 'educar a la mujer es educar a toda la nación'. Por eso, si desestabilizamos a las mujeres, desestabilizamos a todo un pueblo. Eso es lo que hacen ellos”, denuncia.

“Aquí la gente suele tener tendencia a preguntar: si hay personas que sufren esas situaciones, ¿por qué no denuncian? Es que no es como aquí. Aquí vas a la policía y denuncias. Allí no es así”. Lo primero, asegura, esa persona tiene que ser consciente de que tiene ese derecho y de que está siendo vulnerado. “No todo el mundo lo es. Y aunque lo sea, si vas a denunciar no sabes que va a pasar, puede que te detengan a ti y te hagan daño.Por eso, la mayoría opta por callarse. Peor si eres mujer, en ese mismo despacho donde denuncias pueden abusar de ti. Mejor quedarte con el sufrimiento, callando para toda la vida. Es muy difícil resolver lo que está pasando, pero hace falta visibilizar el problema y mucha presión internacional”.

¿Piensas regresar algún día a tu país? “Quiero hacerlo. Es mi casa, mi tierra, pero no ahora. No puedo volver a vivir en peligro de nuevo”.

Las muertes en la valla de Ceuta y las imágenes de los últimos saltos en Melilla han despertado el interés social por lo que pasa al otro lado de las fronteras españolas. Han sido el click necesario para volver a hablar de violaciones de derechos humanos, de violencia desmedida y de las recién llamadas “devoluciones en caliente”, un eufemismo más para referirnos a las devoluciones ilegales que se producen desde hace 12 años. Pero las imágenes de centenares de migrantes intentando llegar a Europa, encaramados en las alambradas, también han servido para respaldar un discurso de odio, cargado de “avalancha” e “invasión”, que se ha infiltrado en informativos, periódicos y discursos oficiales.

Ha sido tan sutil y constante que ha conseguido volverse natural, asimilable. El resultado es un obstáculo más en el combate contra este tipo de construcciones, que no son nuevas, pero siguen reforzándose. Y de eso va Remapping Europe, la 16 edición del Festival Zemos98: 40 periodistas, expertos y activistas buscando fórmulas para eliminar la “amenaza” y reconstruir la representación que habitualmente reflejan los medios de comunicación de la (in)migración, abarcándola desde la perspectiva de la ciudadanía, de personas con derechos y deberes. “Tenemos que salir de esas zonas donde nos sentimos cómodos y encontrarnos con la realidad de otros. Es ahí donde podremos empezar a construir”, decía ayer Rubén Díaz en la presentación del taller. Acabemos con la deshumanización. Eliminemos el “ellos” y hablemos del “nosotros”. Dejemos de hablar de migrantes, hablemos de ciudadanos.

La primera jornada Remapping Europe fue 'Hackeando el velo', donde el velo representa los muros físicos y psicológicos que hemos levantado en torno a la inmigración y que no nos permite ver a la persona, a la que terminamos considerando un objeto. Organizados en grupos, creamos campañas para reflexionar sobre cómo se construyen las imágenes de los migrantes en los medios de comunicación (tradicionales y alternativos), desde las instituciones y desde el propio activismo.

“El control está fuera de control”

“Las imágenes a veces ocultan, no muestran”, dijo Abu Ali (Toni Serra) durante la presentación de su Código Fuente Audiovisual, la charla que impartió por la tarde en el Teatro Central. “La imagen que estos días vemos de la valla (las de las cámaras de la Guardia Civil) es la imagen publicitaria del control, donde no los salen heridos, ni los palos, ni las personas que son devueltas ilegalmente”. Las fronteras de hoy son mucho más complejas y no crecen solo hacia fuera, con la ‘subcontratación’ de países africanos para que nadie llegue a Europa, también avanzan hacia el interior. “Ya no son muros medievales. Se expanden con mecanismos de control que se crean en nuestras ciudades y países, como los CIE (centro de internamiento de inmigrantes), las redadas a migrantes o las restricciones en el sistema sanitario. Son fronteras que están dentro de nosotros”. Más vallas, al fin y al cabo.

El discurso de la seguridad y el control de las migraciones, que tiene como cabeza visible al FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores) termina siendo un saco en el que entran migrantes, narcotraficantes y terroristas. “Ese discurso beneficia a grandes corporaciones dedicadas el negocio de la seguridad y al Estado que realiza las ilegalidades que él mismo ha definido como ilegales. El control está fuera de control. Están creando agujeros negros, zonas siniestras donde las muertes y heridos son cosas normales”, recordaba Toni Serra, que entiende la migración como un flujo de conocimiento y no como una cuestión económica o humanitaria. “Dependiendo del camino que tomemos en materia migratoria, despertaremos en una sociedad u otra”.

Durante las proyecciones de Toni Serra, los ejemplos de racismo y xenofobia se entremezclaban con la llamada de Mactar Thiam, senegalés, a generar un intercambio real de información, de experiencias y realidades. “Vemos muchas imágenes de Europa en África pero ni una sola de la gente trabajando. Vemos calles muy limpias, mujeres guapas y hombres de chaqueta que pagan con tarjeta de crédito, pero ¿trabajan? ¿de qué trabajan? Es importante comunicar las realidades entre las dos sociedades”. Entre otras cosas, para poder divulgar un retrato real del idealizado sueño europeo. “Se ha hecho mucha documentación sobre la vida de los migrantes en España, cómo llegan en patera o como mueren en el mar. Aquí lo sabe todo el mundo. La sobreinformación ha generado indiferencia, da igual que hayan muerto 50. Pero eso no se ve en Mali o Senegal, no sabemos nada de esos chicos muertos, ni de cómo es la vida de los migrantes”, recordaba Thiam, que reclamaba también un cambio en la forma de mirar al sur. “El mundo occidental siempre nos mira a los africanos como niños pequeños. Hay un sentimiento de paternalismo tan fuerte que piensan que no somos responsables de nada (…) Mi abuelo me dijo que los blancos nos han engañado diciéndonos que somos pobres”. Una forma más de colonizar: “la colonización de la palabra”.

“Los soldados me violaron, me quitaron la vergüenza, me dejaron desnuda. Fueron unos veinte. Regresé a mi casa y estaba todo quemado. Quemaron mi casa con mi hijo adentro, murió sin nombre”. El dos de abril de 2013, Máxima -nombre ficticio- se subió al estrado en el juicio contra Efraín Ríos Montt. Fue una más entre el centenar de testigos que narraron las atrocidades que les tocó vivir en los años ochenta durante el conflicto armado guatemalteco, poniendo así fin al silencio que ha enterrado durante tanto tiempo las vergüenzas que sufrieron en sus propias carnes, las vergüenzas que sufrieron sus seres queridos y el dolor de las masacres.

Máxima y centenares de hombres y mujeres como ella, protagonistas de los azotes de una violencia indescriptible- que incluye torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas- vivieron para ver cómo, el 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y condenado a 80 años de prisión. El tribunal lo declaró responsable intelectual de la muerte de al menos 1.771 indígenas ixiles, a manos de miembros del Ejército, que actuó “bajo sus órdenes” y basándose en planes militares diseñados y aprobados por él. Diez días después, el Tribunal Constitucional de Guatemala, anuló la sentencia argumentando un error procesal y ordenó repetir la mayor parte proceso, remontándose a noviembre de 2011, cuando el exdictador gozaba de inmunidad como diputado al Congreso y no había sido imputado por genocidio.

Marta Elena Casaús es guatemalteca, socióloga y catedrática de la Historia de América en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus referenciadas investigaciones, sobre la relación entre linaje y racismo, la llevaron a declarar en aquel juicio en calidad experta. Desde que era joven vive y trabaja en Madrid, pero siempre ha seguido atenta las informaciones que llegan de su país. Una de las más recientes y “preocupantes” es que la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado que la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, una figura indispensable durante el proceso contra Ríos Montt, abandone su cargo en mayo, siete meses antes de lo previsto. “Un obstáculo más” en el maltrecho camino de volver a sentarlo en el baquillo. “Es otra maniobra ilegal”, reconoce visiblemente molesta la investigadora. “Es una de las fiscales que más ha contribuido en el tema del narcotráfico y los derechos humanos. Hasta EEUU se ha mostrado en contra”, denuncia.

Casaús está en contacto permanente con muchas de las víctimas. Esta relación, y su posicionamiento con respecto al genocidio, la han convertido en una diana fácil para los sectores más conservadores guatemaltecos que, a través de la campaña “Rostros de la Infamia”, han tratado de desprestigiar a defensores clave de los derechos humanos del país. Desde hace meses vive amenazada. Su imagen aparece junto a otros rostros conocidos como el de Rigoberta Menchú o la magistrada que juzgó a Ríos Montt, Yasmín Barrios, a las que tildan de “traidoras de la paz”. “Estoy corriendo un riesgo, claro que sí, pero más riesgo corren los compañeros amenazados y las compañeras amenazadas que están en Guatemala”, asegura. “Hay juicios pendientes en los que tengo que participar, pero ahora no puedo volver a mi país. Lo preocupante es que no sólo nos amenazan a nosotros, también a nuestras familias”. Y añade bromeando, “el mayor honor para mí es aparecer junto a Menchú”.

En su intervención en el juicio contra Efraín Ríos Montt habló de racismo. ¿Cómo ha influido y qué consecuencias ha tenido en lo acontecido durante aquellos años en Guatemala?

El racismo ha sido un mecanismo simbólico y justificativo. En los años 80, cuando pasé una encuesta preguntando cuáles eran las soluciones para el problema indígena, un 10% me dijo que la única solución era exterminar al indio o mejorar la raza. Ya vemos ahí cómo había un racismo muy poderoso en la élite del poder -militares y oligarquía- y que ese racismo conllevaba una estigmatización y desvalorización de los pueblos indígenas. Sirvió para moldear un estado racista, excluyente y autoritario que empleó sistemáticamente los aparatos ideológicos y represivos contra la población indígena. Mi conclusión es que la conciliación de racismo y Estado llega su culmen entre el 80 y 85. En ese momento, se convirtió en una ideología de Estado y un mecanismo de acción y maquinaria de exterminio contra el grupo étnico. Todos los indígenas pasaron a ser, no sólo inferiores, malolientes, borrachos, necios, sino que ahora eran enemigo público, subversivos y había que borrarlos o exterminarlos. Lo que planteo, y plantee en el juicio, es cómo el racismo y exterminio son dos caras de la misma moneda, donde el genocidio es la máxima expresión del racismo. Si no hubiese habido una sociedad tan racista como la guatemalteca, probablemente, no hubiese habido genocidio, solo masacres.

Personalmente, ¿cómo vivió el juicio?

Con muchísima tristeza y dolor. Fue emocionante, pero muy doloroso, escuchar los testimonios brutales sobre cómo habían sido maltratadas y deshumanizadas las mujeres mediante la violación sistemática, hasta su agotamiento o muerte; y los testimonios en los que decían que se sentían como “pollitos amontonados”. “Hacían lo que querían con nosotros, parecíamos animales, perros, no tenían respeto por nosotros”, contaban. Eran testimonios desgarradores. También lo viví con esperanza al ver tanta gente involucrada: abogados, fiscales, una red fortísima de solidaridad, también entre mujeres mayas y no mayas. Fue un sentimiento agridulce.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, durante los 36 años que duró el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), hubo más 200.000 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La sentencia contra Ríos Montt parecía ser el principio del fin de la impunidad. ¿Cómo valora la anulación?

En principio, entra un gran desánimo al ver cómo a una sentencia tan firme e impecable, que ha sido alabada por el sistema judicial y por abogados de todo el mundo, pueden cargársela con maniobras de estas características. Después te das cuenta de que en un Estado que no es un Estado de Derecho, donde gobiernan la oligarquía y el Ejército, esto no es más que una maniobra, una manipulación de los propios aparatos del Estado, incluido el sistema judicial de jueces y abogados constitucionalistas, para evitar lo inevitable: que tarde o temprano se va a hacer justicia y se va a ganar la batalla. Viéndolo desde el punto de vista positivo, demasiado lejos se llegó. El hecho de que se haya condenado en un país, por el derecho penal de ese país, a un genocida y se haya emitido una sentencia contra él ya es una victoria. Te das cuenta que es un proceso imparable que tarde o temprano se va a cumplir. Lo único que están haciendo es poner trabas para ganar tiempo, pero somos optimistas.

¿Y las víctimas?

Se están jugando la vida. Imagina cómo se sentirán pensando que van a volver a por ellas por haber alzado la voz. Además, ya han empezado a sufrir amenazas, intimidaciones, accidentes que no son accidentes. Siempre existe el temor a que se desmotiven, a que vuelvan a sentir el miedo, pero están con una moral, sobre todo las mujeres, de seguir hasta el final y por eso han presentado una demanda en la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos). Ya que la justicia guatemalteca no se hace cargo, que sea a nivel internacional. Ahora lo más importante, y por eso hago el llamado, es que hagamos un acompañamiento y un cerco de seguridad. Le han dado un ejemplo al mundo, pero ahora están solas, en aldeas absolutamente aisladas, sin internet y en ocasiones sin teléfono. Tenemos que conseguir que haya un cerco de seguridad ágil para que si hay amenaza o asesinato nos pongamos en marcha, es la única manera de protegerlas y animarlas.

Tradicionalmente, la sociedad guatemalteca ha estado muy dividida en torno a este asunto. ¿Ha detectado algún cambio tras el juicio?

Siempre han existido las tesis negacionistas que niegan el genocidio. Dicen que es una farsa o que quienes lo defienden traicionan a la patria. Si bien ese es el discurso de la élite de poder y de la derecha, el discurso de los medios ha sido favorable. En el caso de los columnistas ha habido un cambio de pensamiento. Puede que hubiese debate sobre si se trataba de genocidios o crímenes de guerra, pero nadie puede ya negar que esos testimonios son reales. Nadie. Ni siquiera los abogados y la defensa de Ríos Montt. Eran tan contundentes y aplastantes, tanto los testimonios de las víctimas, como de los testigos, peritos y abogados, que hoy en Guatemala eso es lo que ha cambiado: la percepción. El país fue consciente de que hay un antes y un después de esas declaraciones de la población indígena.

Ríos Montt fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad hace ya más de dos años, en enero de 2012. ¿Qué lecciones saca de este proceso que ha vivido su país?

Son muy importantes. Ha habido un fortalecimiento de la justicia. El aparato de justicia -abogados y fiscales- y buena parte de la población indígena se movilizaron para luchar contra la impunidad y hacer triunfar la justicia. Eso no había sucedido nunca. Una acción tan generalizada, fuerte y bien encauzada. Por otra parte, ha sido un momento histórico para la población indígena, para escuchar su voz y que se visibilizara su discurso. Y eso, inevitablemente, ha dado a conocer el genocidio guatemalteco. También ha habido una reestructuración del mapa político. Sectores que antes estaban en contra del genocidio empezaron apoyarlo después de escuchar esos testimonios brutales y, muchos de los que estaban a favor de la izquierda democrática, se fueron de parte de la élite por miedo a perder su trabajo o su puesto en el Estado, también hubo sectores mayas que abandonaron a su gente porque ya estaban situados. Se ha dado una reestructuración que ha permitido también plantear dónde está cada cuál. Y por último, lo más importante, es recuperar una memoria histórica. Ahora hay un elemento que nadie puede negar: que existió un genocidio y hubo masacres. Y una parte de la población que no se habia enterado, por ser un tema silenciado, se ha podido enterar por la prensa nacional y también internacional de las barbaridades que se habían cometido.

Con la vuelta atrás a noviembre 2011 del juicio y teniendo en cuenta que en aquella época Ríos Montt ni siquiera había sido imputado, hay quien piensa que lo que ha conseguido el exdictador es una amnistía de facto. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

No es momento de rendirse aún. La organización querellante CALDH (Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos) ha puesto un recurso. Podemos decir que está en una situación de impás. Ahora, la obligación es seguir apoyando y luchando contra la impunidad y sobre todo seguir apoyando a las víctimas y a los testigos que fueron tan valientes, honestos y brutalmente castigados que se atreven a continuar denunciando. Ellos son los auténticos héroes y heroínas. Tenemos que crear plataformas, crear redes de periodistas internacionales, de intelectuales, de juristas internacionales y de protección y acompañamiento. Lo primero es proteger a las víctimas y una fuerte movilización para seguir acompañando el proceso. La victoria moral ya está conseguida. Las propias víctimas dicen “da igual lo que pasé, yo ya gané, conté mi verdad. Llegamos a los tribunales, contamos nuestra verdad, y se hizo justicia. Si eso no lo reconoce quien está en el poder, nosotros sabemos que tenemos la verdad. A las víctimas, la condena por genocido a Ríos Montt ya no se la quita nadie.

Mohamed Saykouk es marroquí residente en Málaga. Vive en un piso de tres dormitorios y 90 metros cuadrados con su pareja y cuatro hijos. Hace cuatro meses, cuando decidió comenzar la búsqueda del que hoy es su hogar, le dio pereza. Pensó en cuántas puertas tendría que tocar antes de encontrarlo. Sabía que su nombre, su acento y sus rasgos físicos marcarían la diferencia a la hora de encontrar buenas ofertas.

“Estuve dos meses buscando casa”. No porque Mohamed no encontrara una a su gusto, sino “por ser de fuera”. “Hay gente que directamente dice que no alquila a extranjeros”, sin importar los números de la cuenta bancaria. “También hay gente que, por no decirte que no directamente, te pide a una persona española que te avale el piso. Otras veces dicen que ya está alquilado, aunque no quitan el anuncio”, relata por teléfono Saykouk.

Su experiencia no es un caso aislado, pero sí una realidad ocultada por los propios afectados, que llegan a tomarse como algo natural la discriminación. Es tan cotidiano que se asume y no se llega a denunciar, afirman organizaciones sociales que trabajan en este ámbito, como ACCEM.

La entidad dispone de un servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o ética al que acuden personas con situaciones muy similares a la de Mohamed. “Son más de las que parece”, asegura Florencia Gaya, coordinadora de este departamento. “Frecuentemente, aparecen publicadas ofertas en portales de alquiler de viviendas en las que se excluye a la población inmigrante, matizándolo con frases del tipo 'abstenerse extranjeros' o 'sólo españoles'”. Para comprobarlo, basta con una búsqueda en Google.

No es el único obstáculo. “Habitualmente llaman por teléfono a un propietario para ver un piso y éste, al escuchar su acento, les dice que el piso ya está alquilado. Les exigen más condiciones que al resto de la población, como pedirles una fianza mayor”, añade Gaya.

Tras descripciones como “ideal para inmigrantes” se esconde el rechazo, denuncia Eduardo Gutiérrez de Provivienda, asociación que cuenta con un programa para evitar la discriminación en el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. “Los pisos que se definen con ese tipo de frases suelen tener pocos metros cuadrados y fomentan la sobreocupación. Además, suelen estar ubicados en barrios donde se localiza más población inmigrante, fomentando la segregación espacial. Muchas inmobiliarias sólo les ofrecen pisos en ese tipo de zonas”.

Tener la documentación en regla también se ha convertido en un requisito cada vez más habitual. “Y no tiene por qué”, precisa Gutiérrez. “El permiso de residencia no puede ser un criterio válido a la hora de firmar contrato de alquiler y el problema es que existe un desconocimiento tanto por parte de la propia población inmigrante como por parte de los propietarios”.

Gutiérrez señala la especial desprotección de quienes no tienen permiso de trabajo o no disponen de un contrato por escrito –situación que se produce especialmente en el servicio doméstico– a la hora de acceder a una vivienda en alquiler por las exigencias que suele imponer el mercado, como tener una nómina, cuenta bancaria, número de identificación de extranjero, etc. Así como el hecho de que esta situación administrativa irregular sea una barrera más a la hora de denunciar abusos.

Son pocos los datos disponibles sobre las denuncias por discriminación en este ámbito, precisamente porque apenas llegan a registrarse. La última encuesta realizada por Provivienda, entre 250 usuarios de la Comunidad de Madrid (2012), muestra resultados en la línea de estas afirmaciones, como que al 24% de los inmigrantes consultados les han dicho en alguna ocasión que no alquilan a extranjeros al interesarse por una oferta o que al 54% les han exigido tener los papeles en regla para firmar un contrato.

Los informes de SOS Racismo y CEAR en Bilbao (finales de 2011) y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (2012), en Granada, documentan también una diferencia significativa en los pisos ofertados en función del origen de quien los solicita. “Hicimos un testing, es decir, una prueba de discriminación en directo. Dos personas extranjeras y una no extrajera iban a una inmobiliaria en busca de un piso en alquiler. Todas con una apariencia y vestimenta parecida y decían estar en las mismas condiciones: misma nómina, mismo trabajo”, describe Miguel Ángel Navarro de SOS Racismo.

¿El resultado? Los españoles que participaron en la prueba recibieron más de un centenar de ofertas frente a la veintena que obtuvieron los extranjeros. De las 29 inmobiliarias visitadas, sólo una ofreció el mismo número de pisos en ambos casos.

“También detectamos una gran diferencia en el trato”, añade Navarro. “A veces la gente siente que no es bienvenida con detalles muy directos, como que en las propias inmobiliarias no les dejen entrar, yendo a todo correr a atenderles a pie de puerta y a decirles que no tienen pisos en alquiler. Eso también es un factor importante”.

En el caso de Granada, “se observó que los extranjeros extracomunitarios debían responder por regla general a un número mayor de requisitos para acceder a la vivienda y que en muchos casos se les exigía una documentación totalmente innecesaria para alquilar un piso como, por ejemplo, el permiso de trabajo.

“Las cuestiones relativas a su forma de vida también fueron frecuentes, con preguntas como ¿cuántas personas van a habitar la vivienda?, ¿de qué nacionalidad son?, ¿cuál es su estado civil?, ¿cuántos hijos/as tiene? Unas preguntas que tienden a reproducir imágenes estereotipadas que suelen asociarse con la población migrante y su utilización del espacio habitacional y que en ningún caso fueron realizadas a participantes españoles y comunitarios”, recuerda en este artículo Carmen Gómez, coordinadora del informe.

“Alquilo a quien me dé la gana”

Uno de los argumentos que propicia el “sólo españoles” que acompaña a algunos anuncios de alquiler es el “desconocimiento” de los propietarios, asegura Florencia Gaya de ACCEM. “Muchas veces dicen 'tengo derecho a alquilar a quien quiera'. Sí, pero siempre y cuando eso no vulnere el principio de no discriminación”. Es decir, puedes argumentar que no alquilas tu casa a alguien porque no puede pagar, pero no por su origen o color de piel, recuerda.

¿Y esto es denunciable? “Sí. Pueden presentar una denuncia, pero hay que tener en cuenta que se trata de personas que lo que quieren es encontrar una casa donde vivir en paz, no meterse en un proceso judicial contra alguien que no le haya querido alquilar la vivienda”.

A todo ello habría que añadir la dificultad que pueden encontrar en muchas ocasiones para probar ese trato desigual. “En España, son cuestiones muy nuevas, que están aflorando ahora, y no existen abogados especializados. Cuando nos llega algo así, siempre intentamos ponernos en contacto con los propietarios para explicarles la situación y las consecuencias que tiene para la población inmigrante”, expone Gaya.

Son muchas las entidades que disponen de mecanismos y proyectos de acompañamiento y mediación que ayudan a los inmigrantes a acceder a un alquiler. “Hay que tener en cuenta que las personas inmigrantes carecen de redes sociales de apoyo aquí. Hoy el mercado exige unos avales y garantías que los españoles pueden encontrar en la familia, los inmigrantes, no. En realidad, estamos jugando un papel que corresponde a las administraciones públicas, pero no nos queda otra”, expone Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge. La organización realiza tareas de intermediación para evitar el rechazo.

“Les ayudamos a realizar búsquedas en internet, porque son personas que tienen un acceso muy limitado. Hacemos las llamadas a los propietarios o agencias, concertamos visitas y les acompañamos. Los propietarios se muestran así menos desconfiados y evitamos también que se les ofrezcan casas en malas condiciones o exigencias absurdas pensando que, porque son inmigrantes, van a conformarse”, asegura Luis Alberto Arribas, voluntario de la organización.

Provivienda, por ejemplo, dispone también de una bolsa de alquiler y realiza una mediación con garantías de cobro de renta y mantenimiento de la vivienda. “En los últimos cinco años, hemos atendido a 60 familias cada año y sólo se ha producido una situación de impago”, afirma Eduardo Gutiérrez de Provivienda.

A pesar de todo, los prejuicios son difíciles de combatir. “Una de las falsas leyendas que nos encontramos a menudo es esa de que la población inmigrante tiene más acceso a la vivienda pública. No es verdad”, denuncia Gutiérrez y pone el caso de la Comunidad de Madrid.

“El IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), por ejemplo, exige un mínimo de diez años de trabajo o empadronamiento a las personas que quieran acceder a una vivienda pública. El Plan Alquila obliga a tener permiso de residencia y otras ayudas exigen un mínimo de 5 años en España. Estas condiciones cierran la puerta a una gran parte de esta población. El otro extremo es el que marca la ley de emprendedores”. La norma, aprobada el año pasado, otorga un permiso de residencia a los extranjeros que realicen inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros. “¿No es paradójico?”, se pregunta Gutiérrez.

La mayor parte de los estereotipos con los que se encuentran los inmigrantes a la hora de alquilar parten de tres ideas esenciales, dicen las organizaciones consultadas: no cuidan los pisos, no pagan y van a convertir la vivienda en un “piso patera”.

“Ese es el problema. Muchos propietarios, y la sociedad en general, tienen una visión falsa y distorsionada de la realidad”, afirma Miguel Navarro de SOS Racismo. “Los hay que han tenido malas experiencias con personas nacionales y nadie considera que todas las personas nacionales no paguen o dejen los pisos destrozados. De la misma manera, no se puede generalizar con un sector entero de la población compuesto por diferentes nacionalidades que no tienen nada que ver unas con otras”.

No se trata de “buenismo”, resalta Eduardo Gutiérrez, “sino de atender a la realidad y a la ley, sin discriminar”.

A los 12 años, los estudiantes gitanos han repetido al menos una vez y, a los 16, abandonan las aulas. Es el perfil que recoge el informe “El alumnado gitano en Secundaria: un estudio comparado”, de la Fundación del Secretariado Gitano (FSG) junto a otras instituciones, como UNICEF España. Mónica Chamorro, responsable de Educación de la FSG lo explica así: “Actualmente, la escolarización de las niñas y los niños gitanos en Primaria supera el 90%. Sin embargo, el absentismo escolar es muy alto a esta edad y provoca que su nivel académico esté por debajo de la media de su grupo. Por eso, muchos repiten. Llegan a Secundaria con desfase, se desmotivan y terminan abandonando”. La investigación, que se publica hoy y está basada en una muestra de 1600 entrevistas, concluye que los 16 años es la edad crítica en la que más abandono escolar se produce entre los jóvenes gitanos: solo un 20% continúa, frente al 70% del conjunto de los estudiantes.

A pesar de los avances que se han producido en los últimos 30 años, con nuevas generaciones de gitanos que superan los niveles educativos de sus progenitores, las cifras siguen en rojo. “No hay duda de que las cosas han mejorado respecto a sus padres y abuelos. Antes, la escolarización era segregada, era un modelo diferente en el que ni siquiera acababan la Primaria, pero los datos indican que hay mucho por hacer”, recuerda Chamorro. Por ejemplo, en lo referente al fracaso escolar, uno de los indicadores más relevantes y preocupantes. Un 64% de los jóvenes gitanos no consigue el título de Graduado en ESO. Y solo 3 de cada 10 cursa Bachillerato.

Actualmente, un alumno de 12 años estudia de media hasta los 20 y una alumna hasta los 21 años. En el caso de la población gitana, esa vida escolar no llega a los 18, medio punto menos en el caso de las chicas. Además, entre los 15 y los 19 años, un 43% de los jóvenes gitanos ni estudia ni trabaja, frente al 12,8% de la tasa nacional. Y entre los 20 y 24 años ese porcentaje se sitúa en el 48%, muy por encima del 27% del conjunto de personas de esa edad.

La investigación revela que los principales motivos que alegan para dejar los estudios son “estar cansado de estudiar” y “no gustarle lo que estudia” (30%), seguido de razones familiares (29,5%). “Las mujeres son las que salen peor paradas”, recuerda Chamorro. A los 12 años comienzan a salir del sistema educativo, un par de años antes que los hombres. “Desde muy jóvenes no se espera de ellas que sigan estudiando, sino que se dediquen a los suyos”. El 42% de las chicas abandona por causas familiares, relacionadas con ayudar en el hogar o el casamiento, frente al 14% de los chicos.

Unos van y otros vuelven. Un 25% de la población gitana que deja sus estudios los retoma en algún momento, siendo las mujeres las que más se reincorporan. Generalmente, a los 22 años, dice la investigación. Los chicos y chicas de 12 a 17 años vuelven principalmente a la ESO y los mayores de edad a la formación de personas adultas. “Para ambos grupos de edad el motivo principal es el hecho de encontrar una mejor salida al mercado laboral, aunque tiene un peso importante entre las chicas más mayores el hecho de que antes no podían estudiar, porque no era decisión propia, y ahora sí”, recalca el informe.

Con los datos sobre la mesa, ¿qué hacemos ahora? “Mejorar estas cifras es responsabilidad de todos, de los alumnos, de las propias familias, de los profesores... pero sobre todo de la Administración. Hay que poner en marcha medidas de acompañamiento de calidad. No hablamos de algo puntual, sino de un verdadero seguimiento que produzca cambios sociales reales. En la FSG, hemos demostrado que es posible, pero hace falta voluntad política”, defiende Chamorro, en referencia al programa Promociona, un proyecto de apoyo y refuerzo educativo. El año pasado, el 73% de los alumnos gitanos participantes concluyó la ESO y de ellos, el 96% accedió a estudios postobligatorios.

Con respecto a cómo va a afectar la nueva ley educativa, que se aprueba hoy, a la realidad de los estudiantes gitanos, Mónica Chamorro advierte: “con la información que tenemos todavía es difícil valorarlo, pero un modelo que promueve marcar itinerarios, de alta y baja calidad, a los alumnos puede dar lugar a la segregación. El talento de los alumnos no depende de ellos mismos, sino de muchos otros factores externos, como su situación socioeconómica, los referentes familiares o el contexto en el que vivan. Todos tienen derecho a tener las mismas oportunidades y parece que eso sí se va a poner en riesgo”.

María no tiene papeles. En 2012, trabajaba de interna en el servicio doméstico cuando fue violada por un compañero. No denunció por miedo a ser expulsada. Lourdes también está en España en situación irregular. En enero de 2013, fue violada por cinco conocidos. La agresión le causó un sangrado vaginal. Acudió a un hospital madrileño, donde se negaron a realizarle las pruebas hasta que no presentara una denuncia. Estos, con nombres ficticios para proteger su identidad, son dos de los testimonios que recoge el informe “Violadas y Expulsadas: mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular”, de la Fundación para la Convivencia Aspacia.

El documento pretende visibilizar este tipo de violencia poniendo el foco especialmente en las empleadas de hogar. “La garantía jurídica que tienen las españolas, el resto de europeas y las extranjeras con papeles en regla, les permite acceder a derechos básicos que las mujeres en situación irregular no tienen. Por ejemplo, la asistencia sanitaria o la protección después de poner una denuncia. Ellas son más vulnerables”, asegura Bárbara Tardón, coordinadora del informe, que se basa en la experiencia de 45 mujeres y denuncia la falta de información en esta materia. “Si bien es cierto que en España el Estado difunde datos sobre la violencia de género por parte de la pareja o expareja, no existen datos de la violencia sexual. Mucho menos de grupos determinados de mujeres como las migrantes y menos aún si están en situación administrativa irregular”.

La falta de permiso de trabajo en España las obliga a aceptar empleos más precarios, donde no solo están expuestas a la explotación laboral, también en otros terrenos, como el sexual. “A veces, las agresiones sexuales son una práctica aceptada dentro de sus tareas. Hemos registrado violaciones. Entre las que realizan cuidado de hombres, especialmente mayores, hemos detectado abusos, como tocamientos, lenguaje sexual e incluso tener que hacer masturbaciones. Lo que refleja el informe es solo el principio, hay que seguir escarbando”. Son muy pocas las que se deciden a dar el paso de denunciar. El primer obstáculo en esa carrera de fondo es la atención sanitaria, que puede variar en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren.

En España, existe un protocolo de actuación estatal y otros a nivel autonómico y municipal. La mayoría indica que la atención a la víctima es prioritaria, pero hay excepciones. El municipio de Madrid, por ejemplo, no contempla la recogida de muestras por agresión sexual si no existe denuncia previa. La mayor parte de los profesionales termina siguiendo las pautas del documento estatal, pero pueden darse casos como el de Lourdes, que encabeza el artículo, en los que no atienden a la mujer. “Todo depende del personal que te encuentres enfrente y un Estado de derecho no se puede sustentar en la voluntad de un profesional”, denuncia Tardón. La investigación recuerda también que el decreto que excluye a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario impide a estas mujeres “tener un seguimiento completo y adecuado”.

Siguiente obstáculo: la policía. En teoría, cuando una mujer extranjera sin papeles va a comisaría a poner una denuncia, se debe tramitar su orden de expulsión o gestionar la propia expulsión en el caso de que ya exista un expediente, denuncia el informe. En la práctica, no lo hacen, pero la desconfianza y el miedo echa atrás a las víctimas. “La garantía jurídica no puede, una vez más, depender de esa arbitrariedad, de la decisión que tome una persona”. Además, puede considerarse un incumplimiento de la ley con consecuencias para el propio policía.

Las otras barreras son culturales, ligadas a prejuicios sexistas y xenófobos que influyen en el comportamiento hacia estas mujeres. “Existen prejuicios discriminatorios respecto a la nacionalidad, la cultural, la forma de vestir... A las morenas, las caribeñas, en el fondo les gusta que las toquen, las del Este que vienen a quitar maridos, etc. En general, el estereotipo es que con estas mujeres está permitido lo que no está con las españolas”, indica la investigación. Esos condicionantes determinan también la respuesta social a sus denuncias. “Es común que, por el hecho de ser migrantes, se considere que su testimonio es falso porque lo que quieren es sacar partido de la situación, cosa que es imposible”, recuerda Tardón. “La gente a veces se pregunta: ¿Por qué una mujer que ha sufrido violencia sexual tarda en denunciar el caso? Cuando la pregunta es: ¿Por qué se le exige a ellas que denuncien antes? Ese es solo el comienzo de los problemas que pueden llegar a encontrarse para acceder al sistema judicial. Generalmente, necesita pruebas muy evidentes y los juicios son muy duros para ellas porque siempre se duda de las víctimas”.

En los últimos años ha habido avances legislativos y políticos para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Estos esfuerzos se han centrado en las agresiones de género en la pareja o por parte de la expareja y en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero no en los casos de violencia sexual. En el caso de la trata, las víctimas tienen una serie de garantías legales: la paralización de su expulsión, 30 días para valorar si quiere testificar, medidas de protección, permiso de residencia y trabajo o retorno a su país de origen. En el caso de la violencia de género, también tienen derecho a un permiso de trabajo y residencia, siempre que su agresor sea declarado culpable. Las víctimas de violencia sexual no tienen este tipo de colchón.

“No existe nada, ni un plan, ni una política pública. Hay un absoluto desinterés. No existen ni siquiera campañas de prevención. Nada para trabajar contra la violencia sexual. Está completamente invisibilizada”, reclama Bárbara Tardón, que propone la puesta en marcha de un plan de acción estatal que establezca una política pública integral para todas las víctimas este tipo de violencia, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren. “Creemos que es el momento de que el Estado tome medidas, no como un acto de buena voluntad, sino como una responsabilidad jurídica después de firmar acuerdos internacionales que le comprometen a ello”.

Húmeda y oscura. Así es la bienvenida a la mina 19 de junio. Las pupilas se ensanchan mientras aprenden a distinguir, entre el negro que lo cubre todo, los límites del pasillo que conduce al interior del cerro. Los pies descifran la estabilidad entre el barro que inunda los raíles de hierro por los que circulan las carretillas cargadas de mineral, oculto en kilos de roca. La respiración se entrecorta, el ambiente se enrarece y se hace más sofocante a medida que te vas adentrando.

Alfredo Dávila, sin embargo, emprende el camino a buen ritmo, sin tomar aliento, ayudado por la energía de la hoja de coca que mastica junto a sus compañeros desde hace horas. “Nos da fuerza para quitarnos el hambre y voluntad para trabajar”. Los quince años que lleva en la 19 de junio le han enseñado a reconocer sin necesidad de luz cada pliegue de la montaña y cada matiz de cada veta, la capa de la roca de la que se extrae el mineral.

La antorcha de su casco es la primera en abrirse paso. Cincuenta metros, cien, doscientos, doscientos cincuenta. Dávila se detiene en seco y señala hacia un grupo de rocas que se interponen en el camino. Hasta aquí hemos llegado. “Antes, tenía 650 metros de largo, pero se ha derrumbado. Queremos recuperarlo algún día”, dice sin mucho entusiasmo. El desprendimiento obligó a los mineros a construir túneles a derecha e izquierda, en busca de nuevas vetas. En uno de sus rincones, se distinguen los bordes de un altar encabezado por una figura con pinta de diablo. “Ese es el Tío”. El Tío es quien manda bajo tierra. A sus pies se esparcen hojas de coca, cigarros y alcohol, ofrendas para ganarse su fidelidad. “Él es el que nos da el mineral, por eso tenemos que tener fe con él”. Dávila retoma la ruta y se detiene frente a un conducto, parecido a un pozo sin agua, por el que se deslizan los mineros para llegar al mineral. Tiene cincuenta metros de profundidad y la anchura de una persona. La bajada se realiza a través de escaleras de madera. Medidas de seguridad: cero.

Dávila y sus compañeros pasan una media de ocho horas al día en las entrañas del cerro. “No salimos para nada, ni siquiera para almorzar. Uno entra, pero no sabe cuándo sale”. Su salario depende del rendimiento propio y de lo fértil que sea la veta que están siguiendo. En esta explotación, se extrae plata, plomo y zinc. “Unas semanas sacamos 20 toneladas, algunas 60... De 20 toneladas, puede salir una de mineral. El mineral puede ser de alta o baja ley”. Las plantas de tratamiento levantadas al pie de la montaña son las que se encargan de separar los metales de la roca y gestionar las exportaciones que se hacen al extranjero. Mientras, el minero sigue picando piedra.

La cantidad de ramificaciones han convertido el interior del cerro en algo parecido a un hormiguero: infinitud de conductos conectados desordenadamente que pueden provocar, y de hecho ya provocan, hundimientos. “Algunas veces, siguiendo la veta vamos a parar a donde trabajan otros compañeros de otras explotaciones”, recuerda Dávila. En el camino, se cruzan pedazos de roca recién desprendidos y paredes a punto de dejarse arrastrar por la gravedad. No existen estadísticas sobre cuántos muertos deja al año Cerro Rico. Es un goteo que ni siquiera conocen los habitantes de Potosí. La asociación Solidaridad de Mujeres, que apoya a las viudas de trabajadores mineros, habla de 14 muertes mensuales por accidentes en el interior de la montaña y por complicaciones de enfermedades derivadas de este trabajo, que cada día realizan más de 15.000 personas en la zona. Hace tan solo un par de semanas, se cobró la vida de tres jóvenes que murieron intoxicados.

El cerro de Potosí ha sido explotado de manera ininterrumpida desde el siglo XVI, cuando los españoles arrasaron con la plata a costa de la vida de miles de indígenas, que esclavizados y obligados a trabajar, murieron en accidentes y atrapados en derrumbes. La 19 de junio no conoce esa historia, es joven. Está activa desde 1997 y tiene tan solo ocho trabajadores. “Aquí somos como una familia. Cuando bajamos somos uno”, presume Dávila. Las tareas están repartidas. Unos perforan la roca, otros sacan el mineral, uno carga las carretillas y otro las saca al exterior.

A pesar del orgullo con el que habla Alfredo Dávila de su trabajo y de sus compañeros, no es lo que tiene pensado para sus hijos. “Nosotros nos sacrificamos por ellos, por llevar el pan a la casa, pero no quiero que mi familia pase por esto. El trabajo es duro. Muy pesado y cansado”. La reciente subida del precio de los minerales ha incrementado la oferta de personas que migran a la ciudad en busca de un hueco. “Muchos hombres se vienen solos y le mandan a su familia lo que ganan. También hay gente que está en los colegios y viene a trabajar de noche para costearse sus estudios”. El desgaste físico en la mina es inmenso, pero el dinero rápido es un gancho para los jóvenes.

Ismael Flores tiene 18 años. Empezó a trabajar a los catorce. Murió su madre y su padre se fue a vivir con otra mujer, sin hacerse cargo de él. Ahora apenas tienen contacto. Entre semana reside en un internado que la ONG Ayuda en Acción ha construido en Jahuacaya, una remota comunidad del altiplano boliviano. Allí vive y estudia secundaria junto a otros compañeros cuyas casas están a tres o cuatro horas caminando, como la suya. El centro tiene capacidad para acoger a 60 alumnos y su objetivo es evitar que la distancia se convierta en un motivo para el abandono escolar de los jóvenes. Cada viernes, Ismael coge un autobús que le lleva a Potosí para trabajar en la mina. Así consigue ahorrar algo y poder costearse los gastos derivados de sus estudios. “Los fines de semana el jornal está a 100 bolivianos (10,5 euros) pero, si trabajo más, me pueden pagar hasta 400 (42 euros). Y eso es suficiente”.

En la mina trabaja cargando la carretilla y ayudando a perforar. Gana bien, en relación a lo que consigue cualquier agricultor de su comunidad, pero está convencido de que es algo temporal. “Empecé por necesidad porque no me apoyaba mi padre. Al principio, cuando era niño, me gustaba trabajar y luego vi que había accidentes y es muy cansado”, reconoce. Se ve a sí mismo como jugador de fútbol o profesor de educación física. En eso último coincide con muchos de sus compañeros.

Para los jóvenes del campo, acostumbrados vivir en familias en las que sus progenitores no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, o fueron muy pocos años, los maestros terminan convirtiéndose en referentes. Referentes de estudio, de oportunidades, de vida. “Los profesores trabajan mucho pero no con el sudor de la mina. Allí es más”, asegura Ismael, recordando el peligro al que le expone su trabajo. “Hay mal de mina. La gente se pone enferma porque el polvo ataca a los pulmones. Más que todo afecta a los perforistas y yo a veces ayudo a perforar”. Dice que no tiene miedo pero, en cuanto pueda, la mina, la oscuridad y la humedad, cuanto más lejos, mejor.

Nota: Este reportaje ha sido realizado durante un viaje con Ayuda en Acción, ONG con la que colaboro actualmente.

Sergio Saldaña tiene trastorno bipolar. No es un secreto, al contrario. Está seguro de que, si más gente se atreviese a dar el paso de hacerlo público, no existiría el estigma que rodea a su enfermedad. “Sería muy bueno que hubiese más famosos ‘saliendo del armario’, sobre todo en la televisión. Tienen como un grado más de verdad y una capacidad de normalización que yo no tengo”, afirma en una entrevista a Desalambre.

Esa máxima de visibilizar, le ha llevado a crear el blog “Tengo trastorno bipolar” y a publicar un libro (editorial Círculo Rojo) con el mismo título, en cuyas 77 páginas habla de la cotidianeidad de una patología que hace oscilar el estado de ánimo entre la manía, o fase de euforia que puede durar días o meses, y la depresión, caracterizada por la tristeza y la desesperanza. “El caballo de batalla de esta enfermedad, para mí, está en que no sé discernir con certeza cuándo una reacción se debe a mi forma de ser- entendedme: personalidad, carácter..- y cuándo se debe a que se me está yendo miserablemente la pinza”, asegura Saldaña en el libro. Contarlo forma parte de un proyecto vital, de una necesidad de explicar cómo ha logrado convivir con ella todos estos años, “desde el humor y el amor”.

El relato comienza poco antes de su primera crisis maníaca, con aquellas pequeñas acciones en las que “nadie veía las cosas” como él. “Cuando estás arriba, te crees el rey de la baraja. No necesitaba dormir. Hablaba por los codos. Encadenaba pensamientos a toda velocidad. Me parecía que el mundo, la gente, mis amigos, mi familia… iban a cámara lenta”. Eso, acompañado de un altercado en casa, le llevó por primera vez al hospital, donde los especialistas le recomendaron el internamiento. Estuvo ocho días encerrado, el primer paso para ser consciente de que era algo serio y crónico. “Es un lastre y, hay que decirlo, una putada. No sabes cómo aprenderte la enfermedad. Es muy desconcertante”. Recuerda el día en el que le comunicaron el diagnóstico como la escena de una película. “Solo que no hubo ficción, aquello fue real. Ese momento te marca para toda la vida. Era imposible asimilar lo que me estaba contando, a mí y a mis padres, el señor que había al otro lado de la mesa vestido de blanco. Entré en un estado de duelo y negación”. El paso de los años le ha ayudado a enfrentarla de forma diferente y sobre todo a detectar “los chivatos” que se van encendiendo antes de una crisis.

“Cuento las horas que he dormido las últimas noches. Recuerdo los comentarios que me ha hecho la gente que me importa sobre mi comportamiento en estos días pasados. Y, ahora, los escucho de verdad. Rememoro, intentando ser objetivo, las salidas de madre. Ya no son anécdotas, son síntomas y así debo verlas. Visualizo las consecuencias de las pasadas crisis… Rememoro todos los propósitos que he venido haciendo los meses pasados. Me busco las ganas de pelear por mí, de ser egoísta, de negarme a ser un títere con parkinson y babeante. A partir de aquí… temple. Estoy en el límite, en el filo de la navaja. Si grito que le den por culo a todo, será un vuelta a empezar. Si consigo sujetarme, ni manía, ni hipomanía, ni madre que lo fundó. No he perdido del todo. Yo he sido capaz de sujetarme”. Así describe en su blog cómo evita una crisis maníaca cuando empieza a detectar las primeras señales de alarma.

Puertas cerradas

Sergio Saldaña ha vivido tres internamientos en su vida. “Nunca he esquivado hablar de ello. Es algo que tuve que enfrentar y cuyo recuerdo me ayuda a sobreponerme para no caer de nuevo. Pero una cosa es clara, los amnésicos y la medicación te dejan vacío, te alienan y al salir no eres tú. Siempre he tenido que volver a empezar de cero”, reconoce. Llegó a pasar 21 días interno en su última crisis maníaca. “La etapa del hospital se vive mal porque está asociado a cuando el paciente está peor. Muchos entran involuntariamente porque es la única manera de poner tope a una crisis. Eso hay que entenderlo. Si a uno se le hincha un pie va voluntariamente al médico, mientras que en estos casos, si uno está mal, piensa que es cosa de los demás”, recuerda Eduard Vieta, jefe del servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona.

Tocar fondo implica volver al punto de partida y en esa subida el apoyo del entorno social es esencial. “Gran parte de los problemas son las consecuencias sociales”, dice Vieta. “La persona que sufre una crisis llega a perder su trabajo y es vista como una vaga que no quiere trabajar”. Está condenada al aislamiento social y la discriminación. “La gente piensa que su comportamiento es un problema sin solución, que se trata de una persona con una conducta desordenada en la que no se puede confiar. Como consecuencia, el estigma aumenta”, asegura José García, asesor científico de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). La familia adquiere entonces un papel relevante. “Es importante su intervención y apoyo hacia la persona enferma, pero también es importante trabajar con ella en el asesoramiento y la formación para disminuir el impacto que la enfermedad puede tener en el seno familiar”, afirma García.

Hay vida más allá

Más allá del trastorno bipolar, Sergio Saldaña ha vivido muchas otras cosas: ha acabado la carrera, ha sacado adelante durante años un negocio familiar, ha terminado unas oposiciones y, ahora, es bibliotecario y padre de un niño de seis meses. “No me siento privilegiado, ni afortunado. Yo no creo en la suerte. Creo en el trabajo que he hecho en momentos muy complejos de mi vida. Lo que sí tengo y no me merezco es el entorno: Lupe, mi pareja, mi familia y mis amigos. Se lo he puesto muy difícil a todos”. Al final del libro, son ellos quienes cuentan cómo es la vida junto a una persona con trastorno bipolar.

En esta enfermedad, el tratamiento, la rutina y la autobservación son imprescindibles. “Puede llevar a la persona a estar alejada de la realidad, pero va y viene, por eso es tan importante que el paciente la asuma. Muchos no lo hacen porque creen que con no pensar en ella es suficiente. Uno tiene más responsabilidad cuando está bien que cuando está mal, porque estando bien es el momento de hacer un esfuerzo por mantenerse y prevenir la crisis”, asegura Eduard Vieta, del Hospital Clínic. El centro estima que casi un millón de personas padece trastorno bipolar en España, aunque el 40% no lo sabe. La enfermedad tiene dos ramas, el tipo I y el tipo II, este último es más difícil de diagnosticar porque las crisis son más atenuadas que en el primer caso. Existe también un alto riesgo de suicidio: se calcula que lo intenta la mitad de las personas diagnosticadas.

“Lo que detectamos día a día es que hay una falta de información entre la población en general. Por ejemplo, hoy todo el mundo sabe qué es el colesterol y que hay que controlarlo, pero en el caso de las enfermedades mentales hay mucho tabú”, señala Vieta. Un desconocimiento que también afecta a los profesionales, principalmente a los de atención primaria. “Los médicos de cabecera tienen que saber de todo, lo que provoca que a veces enfermedades como esta se diagnostiquen como una depresión y no sean tratadas adecuadamente. Hace falta más formación en todos los niveles, también entre los especialistas. Todo es mejorable”.

En el ámbito del tratamiento, si echamos la vista atrás, ha habido una reducción de los efectos secundarios de los medicamentos, pero la atención integral sigue siendo una asignatura pendiente, recuerdan desde la Confederación FEAFES. “Se sabe que existen intervenciones con muy buenos resultados, pero casi siempre se recurre sólo a los psicofármacos. Es necesario que se incorporen otras técnicas psicoterapéuticas y psicosociales que ya han demostrado su eficacia”, reconoce José García. Y ahí, el contexto de crisis está siendo un obstáculo más. “Es clave porque esta enfermedad funciona por intervalos, pero hay que asegurar la continuidad de los cuidados a través de un equipo multidisciplinar. No se puede pensar solo en una consulta cada cierto tiempo, sino en una red de cuidados que con la crisis se ha puesto en peligro”.

Enfermedades a golpe de titular

Habitualmente, cuando se aborda el tema de las enfermedades mentales, la conversación suele derivar hacia la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la construcción del estigma. “Se echan de menos los códigos de buenas prácticas, que ya existen pero que no se usan. Nadie diría que un señor con colesterol ha matado a otro, mientras que si tiene un trastorno bipolar, sí aparece reseñado en el titular”, recuerda Eduard Vieta. “No podemos definir a las personas por su enfermedad y en ese error suelen caer a menudo los medios”. De nuevo emerge la visibilidad como un catalizador para acabar con los tabúes. “Hace falta gente valiente que dé un paso al frente, no solo famosa, que ya sabemos que funciona, también a otros perfiles. Día a día atendemos a personas de alta responsabilidad social que pueden abrir mucho camino de cara a la normalización de las enfermedades mentales y necesitamos que sean conscientes de ello”.

Mientras, Sergio Saldaña continúa con la difusión del libro (el 8 de octubre estará en Madrid) con una mezcla de ilusión y cautela. “El éxito nos está desbordando, está teniendo mucha cobertura, pero reconozco que a veces pongo el freno porque cada charla es un riesgo para mi salud. Vaciarse es una carga emocional, pero ver al público contar, abrirse y reconocerse en síntomas que a veces desconocía porque no tienen información... Es emocionante”.

Desde el exterior, los barrotes del Centro de Internamiento de Extranjeros de La Piñera recuerdan que ese mismo lugar albergó la prisión de Algeciras hasta el año 2000, cuando se trasladó a otra ubicación. En 2004, aquel recinto, que ya no servía como cárcel, se convirtió en un centro de reclusión de inmigrantes con capacidad para acoger a 190 personas. Hoy está parcialmente cerrado tras haberse derrumbado una parte del techo durante el mes de junio. Solo queda en funcionamiento el módulo cuatro, donde están las mujeres.

El derrumbe es el colofón de una serie de denuncias sobre la situación del centro que llevan años realizando organizaciones sociales, como Andalucía Acoge o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz o el Ayuntamiento de Algeciras. La Fiscalía General del Estado también ha recomendado la mejora de las condiciones de habitabilidad de los internos y el fiscal de Extranjería de Algeciras considera que las instalaciones son “horripilantes” y se ha sumado a las voces que piden su clausura, como lo ha hecho el Sindicato Unificado de la Policía.

“En su día, cuando era una prisión, lo cerraron debido al estado del edificio. Si no valía como prisión, significa que tampoco vale como CIE. El derrumbe es consecuencia del deterioro que afecta al edificio desde hace años. Lo que nos parece una burla es que se resistan a cerrarlo totalmente. La zona de las mujeres que han dejado operativa sufre las mismas humedades que la de los hombres y tiene los mismos techos en mal estado. Podría volver a ocurrir lo mismo. Esta no es la solución y ya hemos mostrado nuestra oposición”, afirma Juan Antonio Morillo, secretario local del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Algeciras, quien asegura que ha recibido informaciones contradictorias sobre el futuro cierre completo del centro. Eldiario.es ha contactado con el Ministerio del Interior y Policía Nacional, pero no ha recibido respuesta al respecto.

El recinto es uno de los ocho CIE que hay en España, donde se recluye, durante un máximo de 60 días, a inmigrantes que van a ser expulsados a sus países. En ese tiempo, si no los han devuelto, son puestos en libertad. Aunque legalmente no tienen carácter penitenciario, la estructura sigue siendo la de una cárcel. “Ha habido algunos cambios mínimos. Por ejemplo, en los cuartos de baño, para que no tuvieran que hacer sus necesidades a la vista de todo el mundo, o en las celdas, pero todo lo que se hace es parchear”, reconoce Andrés De La Peña, responsable de la APDHA en el Campo de Gibraltar. Pone como ejemplo la sala de visitas del recinto, donde visitantes e internos están divididos por un muro que supera el metro de altura sobre el que descansa una mampara “de al menos dos metros y una malla metálica encima”, que impide la comunicación. “Es humillante. La única forma de comunicarse es pegando voces. No hay un teléfono, ni hay nada. Imagina el escándalo que se forma en las visitas. No hay quien se entere. Lo denunciamos y pusieron una separación entre las sillas de los visitantes, pero eso no soluciona el problema”. Una situación que nada tiene que ver con el de Tarifa, recuerda De la Peña, donde unos y otros se sientan juntos en una mesa donde pueden conversar.

Las organizaciones critican también la asistencia jurídica que reciben los internos. “Es muy deficiente. Imagina a una persona que entra en una patera por Motril, donde le designan un abogado de oficio. A esa persona se la llevan inmediatamente a Algeciras. Una vez allí, ¿qué tipo de asistencia van a recibir? ¿Se va a trasladar el abogado? Están en una situación de absoluta indefensión”, asegura Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, quien cuestiona, asimismo, la atención social que reciben. “Las personas que se ocupan de su custodia son policías sin ningún tipo de formación en temas sociales o jurídicos y que, además, no tienen que tenerla. Están asumiendo trabajos para los que no están capacitados”. Una denuncia a la que se suma el SUP. “El policía es eso, un policía. No es un asistente social, ni un funcionario de prisiones. El policía debe encargarse de la seguridad, nada más”, reconoce Morillo.

Otra de sus principales reclamaciones es que, tanto aquí como en el resto de CIE españoles, conviven inmigrantes que han cometido un delito, cuya pena ha sido sustituida por la expulsión del país y están a la espera de ser deportados, con inmigrantes que han sido detenidos por no tener la documentación en regla y que tienen una orden de expulsión pendiente. “Juntan a delincuentes con personas que solo tienen una falta administrativa. Es ilegal y además es innecesario, teniendo en cuenta que para las personas con estancia irregular, según la ley, el internamiento en los CIE debe ser el último recurso”, afirma Jesús Mancilla, de Algeciras Acoge.

La reclusión en estos centros es una medida cautelar para tener localizada a la persona que va a ser devuelta a su país, algo que solo llega a ocurrir en el 48% de los casos, según los datos de la Fiscalía General del Estado. “Hay otras salidas que no pasan por encerrarlos, como favorecer el retorno voluntario, retener el pasaporte o que esa persona se vea obligada a ir a firmar cada cierto tiempo”, dice Mancilla. “Hay alternativas, por eso seguimos exigiendo el cierre de los CIE”.

No es la primera vez que descarrila “La Bestia”, el tren de carga en el que recorren México los migrantes, centroamericanos en su mayoría, que quieren cruzar a EEUU y en el que el domingo murieron nueve personas y una veintena resultaron heridas. El convoy ya sufrió un accidente similar en marzo y un par más el año pasado y el anterior. Lo recuerda Alejandro Solalinde, sacerdote y fundador del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec, lugar al que acuden habitualmente las personas que realizan esa ruta migratoria. Poca gente ha convivido como él con la realidad de quienes cada día se suben a sus vagones. Y por eso, porque conoce la “indiferencia” que rodea a este asunto, denuncia que “si no hubiese habido muertos, habría pasado desapercibido. Generalmente, desde el Gobierno minimizan las informaciones y no se cuentan las cosas como son. Eso sí, en los medios de comunicación el tema está más visible que antes”, reconoce el sacerdote, en una conversación telefónica con el eldiario.es.

Solalinde afirma que el accidente del domingo fue provocado por tres factores: el robo de clavos y placas que aseguran las vías por las que pasa el tren, confirmado por las autoridades mexicanas, por el que reclama una investigación que aclare “quiénes fueron y por qué”; las lluvias que ablandaron la tierra ya de por sí húmeda por la cercanía de un pantano; y la falta de mantenimiento que sufre el camino. “Hay un total descuido. Muchas de las maderas están podridas y eso facilita que ocurran este tipo de acontecimientos”.

Los datos oficiales hablan de quince heridos trasladados al hospital, pero el sacerdote cree que habría muchos más, teniendo en cuenta la cantidad de gente que viaja habitualmente en el tren y que volcaron ocho de los doce vagones, en los que viajaban unas 200 personas, según datos oficiales. “No sabemos su gravedad, probablemente leve, pero muchos han preferido seguir el camino y no detenerse porque saben que serían repatriados inmediatamente”. El equipo de su albergue ha avisado a otros centros, que salpican los alrededores de la vía por la que transcurre el convoy, para que estén preparados. Mientras, intentan dar apoyo a quienes se ponen en contacto desde otros países pensando que sus familiares podrían haber ido en el tren descarrilado. “Llaman principalmente de Honduras (de donde procedían las seis personas muertas en el accidente) e intentamos pasarle toda información posible, pero nuestra capacidad es limitada”.

La espiral de violencia contra los migrantes va a más, admite Solalinde. “El migrante es una mercancía sometida a extorsiones, robos y secuestros durante el camino. Ahora, además, se ha impuesto una nueva práctica: pedirle cien dólares por cada tramo que recorren en el tren y, si no los tienen, los tiran. A algunos los matan, otros tienen la suerte de caer en blando y solo resultan heridos, otros son mutilados”, denuncia el sacerdote que ha sido en varias ocasiones agredido, e incluso detenido, señalar a grupos criminales y acusar a las autoridades de pasividad y complicidad. Solo entre abril y septiembre de 2010, 11.000 migrantes fueron secuestrados en México, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese país. “El Gobierno es muy consciente de lo que está sucediendo pero ha abandonado su responsabilidad de proteger a estas personas”.

El albergue Hermanos del Camino de Ixtepec es un oasis en mitad del trayecto. Un lugar para descansar, sin preguntas, sin papeles, sin temor a ser detenidos. Lo más parecido a un hogar que pueden encontrar. Allí reciben atención integral. “Ofrecemos asistencia humanitaria, defensa de sus derechos, apoyo psicológico y espiritual, comunicación con sus familias e información sobre el camino. También trabajamos la incidencia política para exigir leyes más justas”. Solalinde defiende la creación de un visado humanitario con el cual los migrantes de Centroamérica y Sudamérica podrían permanecer 180 días en territorio mexicano, tiempo suficiente para llegar a EEUU. “No estarían obligados a viajar en tren. Podrían hacerlo por otras vías más seguras, como los camiones”. La medida fue anunciada en 2011 por Felipe Calderón, entonces presidente del Gobierno, pero finalmente no llegó a desarrollarse.

Desde sus comienzos en 2007, el centro ha crecido hasta ocupar 16.000 metros cuadrados en los que los migrantes pueden acceder a una cama, bliblioteca, capilla, sala de juegos y una granja. El tiempo máximo que pueden permanecer en él son tres días “porque no es un hostal, es un lugar para viajeros en tránsito”. En su página web, comparten muchos de los consejos que dan a quienes llegan a sus instalaciones: dónde deben subir o bajar del tren, dónde ubicarse para respirar mejor en los túneles, recomendaciones para no caer, las rutas menos peligrosas, el tipo de personas en las que no deben confiar, ect. En esencia, un mapa de lo que encontraran en el camino y de qué pueden hacer para que el trayecto sea lo más seguro posible. “Son personas que han salido forzadas de sus casas y de sus países porque no hay trabajo y no hablemos ya de calidad de vida. Nosotros tratamos de avisarles de que lo que hay en el norte (de México) es peor. Les hablamos de los secuestros, les explicamos que ponen en juego su vida, pero nos dicen que, para morir en sus lugares de origen, mejor morir intentando llegar al norte. Y seguirán viajando y buscando nuevos rincones para conseguirlo”.

Tras el primer tono, Antonia Sencillo aparece al otro lado del teléfono. Esperaba la llamada sentada en el sillón, el único sitio en el que se siente segura. “Me llevo más tiempo en el suelo que de pie”, reconoce. Se ha caído tres veces en el último mes y tres veces han venido “los del botón” (los servicios de teleasistencia) a levantarla. Tiene 81 años. Se divorció hace al menos dos décadas, aunque no acierta a decir con exactitud la fecha. “A una edad, los años pasan deprisa y corriendo”, afirma a modo de justificación. Desde entonces, vive en un piso de renta antigua, en el que alquila una habitación a un joven enfermero, al que apenas ve. No tiene hijos, solo sobrinas, algunas amigas, que vienen de vez en cuando para asegurarse que todo va bien, y a Ángel Chordá.

Ángel tiene 26 años y es publicista. Desde hace un año, visita cada sábado a Antonia para hacerle compañía. “Charlamos de todo: de su vida, de la mía, de lo que sale en Sálvame... Me pregunta dudas sobre el médico, sobre los pagos que tiene que hacer... Lo que intento siempre es sacarla de casa porque el miedo a caerse hace que se lleve todo el día encerrada”, asegura. Cuando habla de él, Antonia lo describe como su “ángel en la tierra”.“Me entiende y tiene mucha paciencia porque, la verdad, yo soy una antigua”, reconoce divertida.

Chordá es voluntario de Amigos de los Mayores, una organización dedicada a acompañar a personas de la tercera edad que viven, o se sienten, solas. En Madrid, atienden a 300, con el apoyo de 240 voluntarios, que suelen ser jóvenes universitarios, o trabajadores en sus primeros años de profesión, y jubilados. “Acompañan a personas que generalmente pasan muchas horas solas al día. A veces, por motivos muy sencillos, pero que con su edad se convierten en grandes dificultades, como vivir en un tercero sin ascensor. Necesitan a alguien que les escuche. Por eso, nuestro papel es ser intermediarios. Ponemos en común a estas personas y a los voluntarios. A partir de ahí, damos libertad para que esa relación evolucione hasta convertirse en una amistad”, afirma Enrique Vaquerizo, responsable de comunicación de esta entidad, que cifra en 140.000 las personas mayores que viven solas en Madrid.

La llegada del verano acentúa esa soledad porque sus redes sociales se extinguen temporalmente. “En esta época pierden al vecino que pasa a visitarlas, al hijo que viene de vez en cuando, etc.”, recuerda Vaquerizo. Por eso, desde hace cuatro años, Amigos de los Mayores organiza la campaña “Verano en compañía”, que incluye encuentros en el barrio, salidas culturales, acompañamiento a domicilio y un fin de semana de vacaciones en la sierra. Para financiar la actividad de 2013, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding, cuyo objetivo es recaudar 5000 euros, con los que 25 personas podrán viajar a la sierra de Gredos, en septiembre. Hasta ahora, han obtenido la mitad del dinero.

“Esos días, realizan actividades recreativas, como juegos o paseos por el campo, y se relacionan con otras personas mayores en su misma situación y con voluntarios, que también asisten al encuentro. Muchas llevan años sin vacaciones y para ellas el campo es sinónimo de su infancia. Es un acontecimiento”, asegura Enrique Vaquerizo. La media de edad de quienes acuden a este tipo de iniciativas suele estar en los 84 años y en su mayoría son mujeres, “porque viven más y tienen menos reticencias a la hora de solicitar estos servicios”, reconoce.

Antonia ya ha estado en uno de estos viajes, celebrado en junio, que superó sus expectativas. “Estoy encantada. Me pareció estupendo. Se portaron muy bien con nosotros. Qué fuerza de voluntad tienen estos jóvenes... Nos llevaron a misa y todo”, afirma. Desde que volvió, habla a diario con Mª Rosa, a la que conoció en la sierra. Hacía muchos años que, para ella, su casa era el único lugar de vacaciones, con una excepción en 2011, cuando pasó unos días en Chipiona con su sobrina. “Siempre que veo el mar en la televisión, digo: que me lleven y me dejen allí”. Ángel no pudo acompañarla a su escapada veraniega, pero ya se ha puesto al día. “Me contó todo y creo que es genial que se organicen actividades de este tipo tan necesarias que le recuerden que no están solos. Todos tenemos derecho a no sentirnos olvidados”.

SOLO ACCEDE A ELLA UN 2%

La falta de expectativas respecto a la educación, unido a los recortes actuales tienen un efecto devastador en el alumnado con más dificultades.

En los años de primaria, la escolarización de las niñas y los niños gitanos supera el 90%. El reto en esta etapa es el absentismo. En los años de secundaria, lo es el abandono escolar: solo dos de cada diez consiguen terminar, por lo que pocos llegan al bachillerato y a los ciclos formativos. Y en el caso de la universidad, aunque no existen cifras oficiales, los cálculos de la Fundación del Secretariado Gitano (FSG) señalan que solo entre un 1% y un 2% de la población gitana accede a estudios superiores.

“Somos pocos, pero la gente piensa que hay menos de los que hay realmente. Al gitano en la universidad no se le relaciona con que sea gitano. Es como si fuera invisible”, asegura Jesús Heredia, estudiante de la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la universidad Pablo Olavide de Sevilla. Heredia no considera que estar estudiando sea algo más extraordinario por el hecho de ser gitano, aunque reconoce que al principio sus compañeros se sorprendieron.

“Era un poco raro porque no se lo esperaban. Primero, que hubiese estado diez años en el conservatorio y luego que esté en una carrera. En los seis años que llevo en la universidad, no he tenido ningún problema más allá de discutir sobre algún estereotipo, cuando la gente se pone a hablar de los gitanos y tú tienes que decir 'eh, para el carro, yo lo soy y no soy ni así ni asá', pero nada más”, asegura Heredia.

La población gitana está muy diluida entre el resto de estudiantes. “Ellos mismos son los que muchas veces no se identifican y eso es muy significativo. Que no haya estigmatización es lo ideal, pero también tenemos que hacer más visibles a los referentes”, reconoce Mónica Chamorro, responsable de Educación de la FSG. Una visibilización que empieza entre los propios gitanos. “Sus expectativas con respecto a la educación son muy bajas. El discurso que te encuentras en algunas familias es el de que si su hijo estudia, va a perder su identidad. Mostrar estos modelos es una forma de demostrar que estudiar mejora tus oportunidades, pero no te hace ser menos gitano”.

Teresa Vélez es estudiante del grado de Educación Social en la UNED. A pesar del empeño de su padre en que terminase BUP y empezara una carrera, se decantó por hacer la FP en administración. “Mi padre se irritaba conmigo y yo decía que quería hacer algo más ligerito”, recuerda la joven que hoy tiene 33 años. Con el paso del tiempo y después de estar en contacto con una asociación de mujeres gitanas, decidió comenzar el grado, con la idea de centrar su trabajo hacia la educación de las niñas gitanas.

“ Me siento una privilegiada por haber tenido tanto apoyo”, dice. “Desde que yo era pequeña, las cosas han cambiado, pero en muchos casos, el papel de la mujer sigue siendo el de quedarse en casa y no tener una vida de laboral. Es lo que me preocupa y es necesario cambiar. Por muy abierto que sea su entorno, las mujeres se siguen echando novio más jovencitas y tienen a primas a su alrededor que se casan. Necesitan tener claro que el estudio es imprescindible y que tienen que ser algo más en la vida”, asegura Vélez.

“Las mujeres gitanas lo tiene muy complicado porque se mezclan varias presiones, la propia de ser mujer y luego el rol que se espera de ellas como cuidadoras, madres, esposas, quedando relegado el estudio a un plano secundario. Ellas tienen que romper con mucho más y defender su ideal continuamente”, señala Chamorro. El apoyo de la familia durante ese proceso es indispensable. “Todos los estudiantes pasan por momentos malos y más si en tu entorno el tema de la educación no es algo que se reconozca especialmente o que te haga sentir solo”, dice la responsable de educación de la FSG.

Jesús Heredia tuvo el empuje de sus padres. “Siempre me han dicho que el estudio es la mejor manera de ganar el respeto de la gente”. Recuerda que su abuela aprendió a leer a los 54 años y se niega a ver los datos sobre educación y población gitana en negativo. “Prefiero contar que cada vez somos más, que hace cincuenta años casi no había gitanos escolarizados y ahora son muchos. Y cada vez más llegan a estudios superiores. Es así como yo lo veo siempre”.

Tijeras en las aulas

Los recortes tienen un efecto devastador en el alumnado con más dificultades. “En el caso de los gitanos, muchas veces proceden de familias que no han estudiado, que ni siquiera han terminado los estudios obligatorios y que no tienen herramientas o habilidades para ayudarles en su estudio. Por eso requieren más apoyo. Con los recortes, el mismo número de estudiantes recibe ahora una atención con menos calidad y eso significa una marcha atrás en los avances que hayan podido producirse en los últimos años”, asegura Chamorro.

“La masificación en las aulas y la reducción de clases de apoyo hace que el alumnado con más dificultades no pueda seguir el nivel del curso. Se están agravando situaciones que ya eran problemáticas y se está produciendo un aumento del absentismo escolar y del abandono temprano”, recuerda la FSG en un reciente informe. “La reducción de las ayudas al estudio, becas de comedor y material escolar repercute negativamente en la asistencia a las aulas. Una parte de las familias no tiene recursos suficientes para costear material escolar o comida”, denuncia esta institución.

En los años de primaria, la escolarización de las niñas y los niños gitanos supera el 90%. El reto en esta etapa es el absentismo. En los años de secundaria, lo es el abandono escolar: solo dos de cada diez consiguen terminar, por lo que pocos llegan al bachillerato y a los ciclos formativos. Y en el caso de la universidad, aunque no existen cifras oficiales, los cálculos de la Fundación del Secretariado Gitano (FSG) señalan que solo entre un 1% y un 2% de la población gitana accede a estudios superiores.

“Somos pocos, pero la gente piensa que hay menos de los que hay realmente. Al gitano en la universidad no se le relaciona con que sea gitano. Es como si fuera invisible”, asegura Jesús Heredia, estudiante de la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la universidad Pablo Olavide de Sevilla. Heredia no considera que estar estudiando sea algo más extraordinario por el hecho de ser gitano, aunque reconoce que al principio sus compañeros se sorprendieron.

“Era un poco raro porque no se lo esperaban. Primero, que hubiese estado diez años en el conservatorio y luego que esté en una carrera. En los seis años que llevo en la universidad, no he tenido ningún problema más allá de discutir sobre algún estereotipo, cuando la gente se pone a hablar de los gitanos y tú tienes que decir ‘eh, para el carro, yo lo soy y no soy ni así ni asá’, pero nada más”, asegura Heredia.

La población gitana está muy diluida entre el resto de estudiantes. “Ellos mismos son los que muchas veces no se identifican y eso es muy significativo. Que no haya estigmatización es lo ideal, pero también tenemos que hacer más visibles a los referentes”, reconoce Mónica Chamorro, responsable de Educación de la FSG. Una visibilización que empieza entre los propios gitanos. “Sus expectativas con respecto a la educación son muy bajas. El discurso que te encuentras en algunas familias es el de que si su hijo estudia, va a perder su identidad. Mostrar estos modelos es una forma de demostrar que estudiar mejora tus oportunidades, pero no te hace ser menos gitano”.

Teresa Vélez es estudiante del grado de Educación Social en la UNED. A pesar del empeño de su padre en que terminase BUP y empezara una carrera, se decantó por hacer la FP en administración. “Mi padre se irritaba conmigo y yo decía que quería hacer algo más ligerito”, recuerda la joven que hoy tiene 33 años. Con el paso del tiempo y después de estar en contacto con una asociación de mujeres gitanas, decidió comenzar el grado, con la idea de centrar su trabajo hacia la educación de las niñas gitanas.

“Me siento una privilegiada por haber tenido tanto apoyo”, dice. “Desde que yo era pequeña, las cosas han cambiado, pero en muchos casos, el papel de la mujer sigue siendo el de quedarse en casa y no tener una vida de laboral. Es lo que me preocupa y es necesario cambiar. Por muy abierto que sea su entorno, las mujeres se siguen echando novio más jovencitas y tienen a primas a su alrededor que se casan. Necesitan tener claro que el estudio es imprescindible y que tienen que ser algo más en la vida”, asegura Vélez.

“Las mujeres gitanas lo tiene muy complicado porque se mezclan varias presiones, la propia de ser mujer y luego el rol que se espera de ellas como cuidadoras, madres, esposas, quedando relegado el estudio a un plano secundario. Ellas tienen que romper con mucho más y defender su ideal continuamente”, señala Chamorro. El apoyo de la familia durante ese proceso es indispensable. “Todos los estudiantes pasan por momentos malos y más si en tu entorno el tema de la educación no es algo que se reconozca especialmente o que te haga sentir solo”, dice la responsable de educación de la FSG.

Jesús Heredia tuvo el empuje de sus padres. “Siempre me han dicho que el estudio es la mejor manera de ganar el respeto de la gente”. Recuerda que su abuela aprendió a leer a los 54 años y se niega a ver los datos sobre educación y población gitana en negativo. “Prefiero contar que cada vez somos más, que hace cincuenta años casi no había gitanos escolarizados y ahora son muchos. Y cada vez más llegan a estudios superiores. Es así como yo lo veo siempre”.

Tijeras en las aulas

Los recortes tienen un efecto devastador en el alumnado con más dificultades. “En el caso de los gitanos, muchas veces proceden de familias que no han estudiado, que ni siquiera han terminado los estudios obligatorios y que no tienen herramientas o habilidades para ayudarles en su estudio. Por eso requieren más apoyo. Con los recortes, el mismo número de estudiantes recibe ahora una atención con menos calidad y eso significa una marcha atrás en los avances que hayan podido producirse en los últimos años”, asegura Chamorro.

“La masificación en las aulas y la reducción de clases de apoyo hace que el alumnado con más dificultades no pueda seguir el nivel del curso. Se están agravando situaciones que ya eran problemáticas y se está produciendo un aumento del absentismo escolar y del abandono temprano”, recuerda la FSG en un reciente informe. “La reducción de las ayudas al estudio, becas de comedor y material escolar repercute negativamente en la asistencia a las aulas. Una parte de las familias no tiene recursos suficientes para costear material escolar o comida”, denuncia esta institución.

España es el país de la Unión Europea con más empleadas del hogar. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hablan en femenino, porque el 90% de las personas que se dedican a este tipo de empleos son mujeres, la mayoría extranjeras y principalmente latinoamericanas. En 2010, antes del epicentro de la crisis, existían en España 747.000 personas dedicadas al trabajo doméstico, una cifra difícil de cuantificar teniendo en cuenta la cantidad de economía sumergida que registra el sector.

El documental ¡Cuidado, resbala!¡Cuidado, resbala! pretende precisamente eso: arrojar luz sobre la situación que viven miles de mujeres en España. El proyecto, de la asociación Círculo de Mujeres de Málaga, pone el foco en los cuidados y en la invisibilidad que los rodea. “Los cuidados son el conjunto de actividades que regeneran el bienestar físico y emocional de la gente. Involucran lo que tradicionalmente hemos llamado trabajo doméstico: limpiar la casa, hacer la cama, lavar la ropa... Esas tareas más materiales y también tareas para atender los cuerpos: lavar a un niño, darle de comer, etc. Son necesidades de todas las personas, en todos los momentos de la vida, y no solo los necesitan las personas a las que se llama dependientes como dicen algunos discursos”, aclara al inicio del documental Amaia Pérez, economista.

Como ella, un grupo de expertas de diferentes ámbitos analizan, junto a empleadas del hogar, el trabajo doméstico en España y el momento por el que pasa actualmente. “A día de hoy, existe una crisis de los cuidados en dos planos: el privado y el profesional. En el privado, estas actividades recaen siempre o casi siempre en las manos de las mujeres y, a pesar de ser imprescindibles para la vida, están invisibilizadas. A nivel profesional, las personas que se dedican profesionalmente a este trabajo (el doméstico) ven como la suya no tiene tanta importancia como otras profesiones”, cuenta a Desalambre Vanessa Gómez, dinamizadora social y una de las seis codirectoras del proyecto, que se presentó en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga.

De hecho, hasta el año pasado, las empleadas de hogar no formaban parte del Régimen General de la Seguridad Social. Estaban inscritas a un régimen especial en el que, entre otras cosas, no era obligatorio el contrato por escrito, no contemplaba una baja por accidente de trabajo, ni por enfermedad, hasta pasados 29 días; y los despidos solo tenían que comunicarse con 7 días de antelación. Con su incorporación al régimen general ha habido grandes avances, como la obligatoriedad de un contrato por escrito si la relación laboral supera las cuatro semanas; dos pagas extraordinarias al año, con el mínimo que fija el salario mínimo interprofesional; la obligatoriedad de que sean 36 horas de descanso ininterrumpidas; o que haya baja por enfermedad desde cuarto día, como en el resto de empleos. A pesar de todo, aún quedan puntos pendientes. “El más importante es el no reconocimiento de la prestación por desempleo. Ni en 1985 (cuando se redactó el régimen especial), ni ahora. Lo han dejado fuera de las negociaciones y es una de las reivindicaciones más importantes del colectivo de las trabajadoras domésticas. Ha quedado como ‘ya tenéis con esta reforma para un ratito, ya seguiremos negociando’”, reconoce en el documental Mercedes Cordero, jurista.

El vídeo analiza también el impacto que las migraciones tienen en los núcleos familiares de esas mujeres que abandonan su hogar para mantener el de otra familia, en otro país. “Son las llamadas cadenas globales de cuidados. Estas actividades siempre las han hecho las mujeres españolas. Al haber un crecimiento de la economía, éstas se incorporan al mercado de trabajo y alguien tiene que suplirlas en esas tareas. En vez de hablar de corresponsabilidad o de repartir tareas entre hombre y mujer, lo que se hace es que las mujeres inmigrantes, que salen de sus lugares de origen porque lo están pasando mal, viajan aquí a cubrir estas tareas y a su vez en estos países de origen son otras personas, principalmente mujeres, las que se ocupan de estas otras tareas de cuidados. Se vuelve a reproducir la misma historia, pero desde la perspectiva global”, recuerda Gómez.

¡Cuidado, resbala! construye, a través de los testimonios de quienes mejor conocen el trabajo doméstico, un discurso político con muchas aristas: soledad, vulnerabilidad de no tener papeles, falta de información, abusos, discriminación... Y lo hace con nombres y apellidos. María Julia Pérez, cubana de 52 años. Sin documentación, a pesar de llevar trabajando tres años en España. “El dinero cuesta tanto ganarlo que nadie es capaz de imaginar. Esta que está aquí parece un canguro: todo el día saltando de casa en casa para conseguir 1000 euros. Ganamos más de lo que ganaríamos en nuestros países, pero nos gustaría que se nos diese un poco más de valor”. Luz Marina Medina, nicaragüense sin papeles a la que echaron del trabajo por quedarse embarazada. “Me sentí muy mal, me pagaron, me dijeron que viene otra mujer que no tiene niño y ya. No me pagaron nada por echarme”. Auxiliadora Medina, nicaragüense. Cuida a una señora mayor. “Te dicen que vas a ganar 900 euros, pero es mentira. Trabajo de nueve de la noche a una de la tarde. Toda la noche sentada. En los cuatro años y medio que llevo aquí no he tenido vacaciones”. Gana 450 euros. Mainuma Ndiaye, de Senegal. “Yo terminaba el trabajo a las once de la noche. No tenía día libre. No había una hora de descanso, trabajaba todo el día... El señor te insultaba, te gritaba, te asustaba”. Ndiaye dejó el trabajo en el que ganaba 150 euros.

“Hay personas que nos llaman porque tienen a sus padres en un centro de día de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Es decir, de las seis de la tarde a las ocho de la mañana nos piden presupuesto para que vaya una persona a cuidarlos. Yo explico que una persona no puede estar tanto tiempo, que tienen que ser dos personas y el presupuesto se sube porque son dos personas dadas de alta muchas horas de trabajo. Me dicen que no porque tienen 400 o 500 euros para eso”, recuerda en el vídeo Andrea Barbotta, de una empresa de inserción laboral.

El proyecto es, además de un documental, un instrumento de trabajo y debate. “En los foros en los que lo proyectamos siempre sale la necesidad de crear redes entre las mujeres que llegan para trabajar y las que ya tienen la experiencia”, afirma Vanessa Gómenz. Y marca una hoja de ruta.“Si hablamos de que los cuidados estén en el centro de la vida, la sociedad debería también organizarse de manera diferente y ahí entra la corresposabilidad de los hombres, que tienen que sumarse a las labores del hogar. Y también de las empresas, con buenas condiciones laborales, horarios que ayuden a conciliar, etc. Aun así, para que la vida se reproduzca desde el bienestar, todavía hay mucha necesidad de personas que se dediquen profesionalmente a los cuidados. Ahí empieza el trabajo de estas mujeres de las que habla el documental y nosotras apostamos por cooperativas de trabajadoras que realicen este trabajo doméstico profesionalmente”.

Eugenio Montoya dejó el colegio a los 16 años para apuntarse a una escuela taller en la que impartían un curso sobre moda. “No me gustaba lo que estaba estudiando y la moda ha sido mi sueño desde pequeño”, asegura el joven que hoy tiene 21 años. Desde que terminó, ha compaginado otros cursos de formación con trabajos en bares o comercios. Aunque el ser gitano no le ha puesto las cosas fáciles a la hora de buscar empleo. “Es difícil. Te llaman para hacer una entrevista porque les gusta mi currículum y cuando llegas y notan tu acento, se sorprenden. No les gusta”. Experiencias de este tipo le han llevado a ocultar sus orígenes, en alguna ocasión. “Yo estoy orgulloso de ser gitano, pero a veces lo 'tapo' cuando voy a una entrevista de trabajo porque siempre tengo el miedo al rechazo. Quiero que me conozcan antes de rechazarme”. En un sector como el de la moda es aún más complicado, insiste. “Es un mundo muy difícil para entrar, en el que la imagen es muy importante y he tenido algunas trabas, pero yo hasta que no consigo lo que quiero no paro”.

Hoy trabaja como dependiente en una tienda de ropa en la que entró a través de un curso de atención al cliente del programa Acceder, de la Fundación del Secretariado Gitano (FSG). Al finalizar sus prácticas lo contrataron para los fines de semana, al menos durante los dos próximos meses. Como él, más de 2500 personas (el 65% de ellas, gitanas) consiguieron, en 2012, un empleo a través de este proyecto, que cuenta ya con 13 años de experiencia y que forma a los jóvenes que están en paro, en función de las necesidades que tienen las empresas colaboradoras, en general grandes cadenas.

“El perfil de los candidatos es el de una persona que no suele tener los estudios mínimos de la ESO, que ha desarrollado una actividad sin cualificación con la que le iba bien, pero deja de irle bien y no puede incorporarse a la formación del Servicio Público de Empleo (SEPE) por no tener estudios, solo accede a la formación no reglada”, asegura Fernando Montoya, intermediador laboral de la FSG en Vigo, donde han puesto en marcha un proyecto piloto para que los jóvenes puedan acceder a la formación del SEPE aprobando un examen con las asignaturas más importantes de la ESO.

La regulación de empleos como el de la recolección de chatarra y el impacto de la crisis han expulsado a muchos gitanos de los trabajos que tradicionalmente venían haciendo en familia, analiza Montoya. “La chatarra ha legalizado el tema del transporte. Te exigen una serie de garantías legales que no todo el mundo puede asumir, como darte de alta como autónomo o tener un carné de portardor de residuos. En el mercadillo igual, había gente a la que le iba muy bien. Con dos o tres mercadillos podía vivir su entorno familiar más cercano y ahora no. Eso provoca que la gente esté dando el paso de buscar un trabajo normalizado. Los jóvenes cuando vienen es porque quieren dejar esos oficios. Quieren saber si pueden encontrar otro trabajo, por eso hay que diagnosticar sus habilidades y saber enfocarlos bien”.

El programa generó 3.700 contratos el año pasado, aunque la mayoría tienen un carácter temporal, como las campañas de Navidad o de verano. Pequeños avances que aportan algo de luz a las preocupantes cifras de desempleo de la población gitana, que alcanzan el 40%, según el estudio Población Gitana Empleo e Inclusión Social, que la misma fundación realizó en 2011. “Estos datos demuestran que incluso en tiempos de crisis económica si se ponen los medios y recursos necesarios se consiguen resultados positivos. También revelan que las personas gitanas quieren y pueden trabajar, solo necesitan las condiciones adecuadas para ello”, recuerda la organización.

Luisa María Núñez no tiene trabajo. Está terminando un grado superior en Producción Acuícola, al que le ha echado ganas, y muchas. Para acceder a él tuvo que retomar a los 25 años los estudios que había dejado cuando tenía doce. “Para la mujer gitana, el estudio es complicado porque te sacan o porque te dejan que lo dejes para ir a trabajar o para quedarte en tu casa. Cuando yo lo dejé fue porque les dije que quería ir al mercado con ellos y me dejaron”, reconoce la joven, que hoy tiene 34 años y que espera poder dedicarse a la investigación marítima a bordo de un barco. Mucho han cambiado las cosas para ella en los últimos diez años. “En este tiempo, he hecho de todo: agente forestal, monitora de educación ambiental... Tengo un buen currículum. He pasado de ser una persona, no diré inculta, pero sí que no sabía muchas cosas, a aprender a moverme. Encuentras a gente que quiere ayudarte y eso te da fuerzas para seguir adelante y que tu vida no sea quedarte fregando, limpiando o cuidando niños”.

En su caso, asegura que ser gitana no ha sido un problema a la hora de buscar o realizar su trabajo. “No lo ha sido porque todo el mundo me dice que no lo parezco. Pero yo no escondo lo que soy. Llevo mi cadena puesta, con mi medalla. No llevo una etiqueta para avisar de que soy gitana. Soy una trabajadora más”, reconoce. Para Eugenio Montoya, ese rechazo social es fruto del desconocimiento. “Los payos siempre han tenido una imagen de los gitanos como que todos son iguales. Nosotros no pensamos que todos los payos sean iguales, unos serán buenos y otros serán malos, pero a los gitanos siempre se nos ha tachado de malos, de ladrones y de todo. Por eso tenemos esa mala fama”, lamenta.

El cambio de mentalidad es inevitable, reconoce Eugenio, tanto en la sociedad en general como dentro de la propia población gitana. “Los jóvenes gitanos tenemos nuestras creencias, pero, oye, estamos en el siglo XXI y por suerte los jóvenes, no solo los gitanos sino todos, tenemos una mentalidad más abierta. Mi madre ha trabajado siempre en hoteles, en la cocina y mi padre es pensionista. Ellos siempre me han apoyado en lo que he decidido y han querido que me buscara un futuro. Eso es lo que yo estoy haciendo. Mi idea no es quedarme siempre en la tienda en la que estoy ahora. Este es el primer paso, pero quiero seguir subiendo escalones. Para eso, lo importante no es si eres o no eres gitano. Lo importante es ser buen profesional”.

Stephanie Munyankera nació en un campo de refugiados de Tanzania, pero a sus ojos ese siempre ha sido un país prestado, como también lo es Ruanda, el de sus padres, que pisó por primera vez cuando ya era adulta. Durante su infancia, las únicas fronteras que conoció fueron las que marcaban los límites del campo de refugiados en el que creció. “Cuando eres una niña no te das cuenta de ese tipo de cosas, lo vives con normalidad”, reconoce. Ahora reside en Kenia. Allí se casó, trabaja y cría a sus dos hijas, pero sigue siendo una refugiada. Para Stephanie, su país no existe.

En los años cincuenta, sus padres abandonaron Ruanda huyendo de las persecuciones a los tutsis. “Yo no lo sufrí, pero su historia ha estado siempre muy presente en mi vida”, asegura. Llegaron primero a Congo y después a Tanzania, donde nació y creció junto a sus hermanos y su madre. “La vida en un campo de refugiados es muy difícil porque estás confinado en un área cerrada y los servicios son muy limitados. Estábamos dividos por grupos y cada uno recibía un número. A veces, convivían dos o tres familias juntas. En nuestro caso, había un grupo de voluntarios que se encargaba de darnos clases, para que al menos aprendiésemos algo. Era una educación informal”, cuenta en la entrevista que nos concede durante su visita a España, invitada por la Fundación Entreculturas.

Cuando su madre murió, Stephanie tenía diez años. Se quedó, junto a sus cinco hermanos, a cargo de una tía sin saber dónde se estaba su padre, que había abandonado el campo de refugiados años antes, y al que encontraron gracias a la ayuda de ACNUR. “Los refugiados no pierden del todo el contacto, siempre hay alguien que sabe algo de alguien que sabe de otro alguien, así llegamos a sospechar que él estaba en Kenia. Cuando salimos del campo de refugiados lo dejamos todo. Nos fuimos sin nada”. Lo que sí conservaba entonces y conserva todavía es una foto en blanco y negro de su padre. “La llevaba encima cuando llegamos a Kenia para la reunificación familiar. Cuando se fue, todos era muy pequeños y no lo recordábamos. Con aquella fotografía supimos quién era”.

En Nairobi, todos los miembros de su familia fueron reconocidos como refugiados y empezaron una nueva vida, esta vez urbana. Stephanie concluyó sus estudios universitarios gracias a las becas del Servicio Jesuita a Refugiados y hoy atiende en esta institución a otras personas que como ella llegan a Kenia huyendo. “A veces, es muy duro porque tú mejor que nadie entiendes por lo que han pasado y son historias difíciles. Me veo reflejada en muchas de ellas”.

Dos de sus hermanos volvieron a Ruanda, donde se instalaron definitivamente. Ella, sin embargo, siente que no pertenece a donde un día vivió su familia. “Fui en el 96 y fue muy triste. Dos primos me llevaron al campo donde habían vivido mis abuelos y mis tíos. También me mostraron una tumba donde estaban los restos de todos los miembros de mi familia. Siempre sentí mucha tristeza por no haber vivido allí, pero después de todo lo que sentí al visitarlo creo que fue lo mejor que pudo pasarme. No he vuelto a esa zona nunca más”.

Un pasado destrozado y un futuro bloqueado

A pesar de lo que pueda parecer, solo un tercio de las personas refugiadas y desplazadas viven en tiendas de lona de los campos de refugiados. La mayoría reside en ciudades. “La vida no es fácil en ninguno de los dos casos, pero al menos en las ciudades pueden tener acceso a más recursos que en los campos, donde tienen acceso a servicios básicos, pero poco más”, asegura Pablo Funes, responsable de proyectos de África en Entreculturas.

Ser refugiado, más allá de lo material, es un estado mental, recuerda Entreculturas, que a través de su campaña Noland intenta poner rostro a quienes huyen de sus países. “El refugiado tiene un pasado destrozado y un futuro bloqueado. Nosotros vivimos en familia, nuestros hijos van a la escuela, tenemos un sistema de valores, etc. Pero una persona refugiada ve truncado todo ese sistema. Su familia en muchos casos queda separada y no sabe cómo enfrentar su futuro: si volverá a casa, cuál será su actividad, etc. Su vida es solo el presente. Por eso garantizar el derecho a la educación en ese contexto es tan importante”, recuerda el responsable de esta ONG que trabaja con personas desplazadas y refugiadas de doce países de África y América Latina. “Tanto en campos como en lugares urbanos, lo que intentamos es que la educación no se rompa porque es un derecho fundamental que abre la puerta a otros derechos, pero también es una vía para generar cierta sensación de normalidad”.

“Hablad de la República Centroafricana porque, si nadie habla de nosotros, estamos condenados al olvido”. Béatrice Epaye, ex ministra de ese país, termina con este alegato la entrevista con eldiario.es y reconoce que, cuando se encuentra frente a un micrófono, toda su obsesión es hacer girar el foco de la atención política y mediática hacia Centroáfrica. “El mundo no sabe lo que estamos viviendo. La población está sufriendo y muriendo en silencio porque nadie mira hacia la República Centroafricana”, insiste. “Se habla de Siria o de la República Democrática del Congo, pero nadie habla de RC ni antes, ni ahora. Es una crisis olvidada”.

Y es cierto. El país, de cuatro millones y medio de habitantes y uno de los diez más pobres del mundo, sufrió un golpe de estado en marzo y lleva meses viviendo un clima de violencia insostenible, sin apenas recibir cobertura internacional.

En diciembre del año pasado, la coalición de grupos armados rebeldes Séléka comenzó su descenso desde el norte conquistando ciudades hasta llegar a Bangui, la capital, donde consumó un golpe de estado que derrocó al anterior presidente, Francois Bozizé, en el poder desde 2003, al que también accedió gracias a un golpe de estado. El actual jefe del ejecutivo es Michael Djotodia, cabeza visible de Séléka, que en marzo anunció elecciones en 18 meses.

Nos encontramos con Béatrice Epaye en Madrid, ciudad a la que ha acudido con el apoyo de la organización Cuarto Mundo para asistir al Congreso Internacional sobre la Pena de Muerte, que se celebró la pasada semana. Epaye es una mujer serena y de conversación pausada, cuyo tono permanece inalterable, incluso en los momentos más duros, cuando habla de los asesinatos, desapariciones, saqueos y pillajes que lleva meses viendo a su alrededor.

Pregunta: ¿Cuál es la situación de su país actualmente?

Respuesta: El golpe de estado produjo un gran cambio en la República Centroafricana y muchos problemas con los derechos humanos. Desde diciembre, en su camino hacia la capital, los rebeldes fueron asaltando y cometiendo asesinatos en escuelas, orfanatos, centros sociales y otros lugares. Cuando llegaron a Bangui, nos preguntamos qué iba a pasar y fue exactamente lo mismo que antes: desolación, desapariciones, pillajes y asesinatos.

En los últimos meses la capital se ha estabilizado, por el apoyo que hemos recibido del exterior, pero sigue estando todo muy dividido, el propio presidente no puede intervenir en algunas zonas de la capital. Bangui está dividida en áreas encabezadas por diferentes jefes de guerra y ninguno puede intervenir en la del otro, por eso la situación es confusa.

Las organizaciones no gubernamentales que intentan llegar a la población que ha huido de la violencia también han sido asaltadas. Se han destruido escuelas y hospitales, pero los rebeldes no permiten crear corredores humanitarios para llegar a la gente que no dispone de los servicios básicos.

La situación es especialmente complicada en las zonas rurales, en manos de los rebeldes. Hay población que, huyendo de la violencia, está viviendo en bosques, donde no hay acceso a nada. Esta situación no permite a los agricultores trabajar y, si no lo hacen cuando llegue la época de lluvias, la situación se agravará por la falta de alimentos.

A este contexto hay que añadir otro problema: qué va a pasar cuando se llegue a una normalización en el país. Los rebeldes han atacado principalmente a las fuerzas cristianas, profanando iglesias, asaltando sus propiedades, etc. En la RC nunca ha habido conflictos religiosos y temo que, cuando acabe la violencia, sea complicada la normalización de las relaciones entre cristinanos y musulmanes.

P: Usted forma parte del Comité Nacional de Transición que se ha creado para monitorizar la convocatoria de elecciones libres que se celebrarán, según anunció en marzo el presidente Michael Djotodia, cuando se cumplieran 18 meses. ¿Cómo está siendo la transición?

R: Vamos paso a paso. Las autoridades han suspendido la Constitución y se ha puesto en su lugar el Comité Nacional de Transición, que se encarga de la nueva legislación. Ya se ha puesto en marcha una hoja de ruta para la celebración de las próximas elecciones, en las que se reemplazará al actual gobierno de transición que hay en el país.

El problema es que el país está destruido y arruinado. Las administraciones locales también lo están y eso, junto a la violencia, es un impedimento para los registros electorales. Contamos con la comunidad internacional para que nos ayude durante la transición y para que se celebren unas elecciones transparentes que apacigüen la situación que vive el país. Unas elecciones en las que no podrán presentarse ni el presidente de la república, ni el primer ministro, ni el resto de personas que están en el gobierno.

P: Teniendo en cuenta la vía por la que han llegado al poder, ¿confía usted en que, cuando llegue el momento, lo abandonen?

R: Si desean que respetemos su palabra, deben hacerlo. En RC seguimos atentamente lo que está ocurriendo en Madagascar, que vive una situación parecida a la nuestra: el presidente, que no se podía presentar, se está presentando ahora. Una vez más, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para que nos ayude a hacer respetar el acuerdo y evitar que, tanto el presidente como el primer ministro, se presenten de nuevo. De lo contrario, volveremos a sufrir la espiral de la guerra y el país no saldrá adelante.

P: La República Centroafricana, como Malí, es una antigua colonia de Francia. En el caso de ese país, ante la rebelión tuareg, la respuesta francesa fue inmediata, pero en la RC la presencia de soldados franceses se ha limitado al control de los intereses de ese país en la zona. ¿Se han sentido ignorados por Francia y por el resto de la comunidad internacional?

R: Sí, claro. Esperábamos una respuesta más rápida de la comunidad internacional, como pasó en Malí. Allí se movilizaron rápidamente los recursos para contener la violencia y reconstruir, pero la crisis que vive mi país es una crisis olvidada. No nos estamos sintiendo arropados. Los medios y recursos que llegan de Naciones Unidas son muy limitados. Necesitamos una ayuda humanitaria que no llega.

Ahora, la Comunidad Económica de Estados del África Central (CEEAC) va a enviar 2000 soldados que van a ayudarnos a contener a los rebeldes, para que dejen de cometer atrocidades contra la población y se puedan abrir corredores humanitarios que hagan llegar la ayuda a las zonas que lo necesitan. Es necesario que estas fuerzas intervengan también para ayudarnos a formar unas fuerzas armadas nuevas y preparadas para estabiliar el país.

P: Si Séléka ya ha llegado al poder, ¿por qué continúa la violencia?

R: Todo el mundo se pregunta eso. Es muy paradójico. Normalmente, cuando se da un golpe de estado, se tiene una visión, una estrategia, pero en RC los rebeldes han incorporado a sus filas a mercenarios de países como Sudán o Chad, a los que no mueve ninguna misión concreta. Son hombres armados, descontrolados, que están realizando pillajes y robos. Es decir, están cobrándose la deuda que los rebeldes han contraído con ellos por su participación.

A estos mercenarios hay que añadir el reclutamiento de muchos niños. Si le das un arma un niño, es complicado que vuelva a ser el de antes. Hoy, muchos niños de la calle, que viven solos y pasan gran parte del tiempo drogados, entran en estos grupos y comenten verdaderas atrocidades.

P: Usted preside La voix du coeur (La voz del corazón), una organización que atiende a esos niños de la calle. Háblenos de su trabajo.

R: En general, trabajamos con niños que provienen de familias muy pobres. En muchos casos, están en la calle porque han perdido a sus padres a causa del sida. Otras veces, uno de los padres ha fallecido y ellos han quedado a cargo del abuelo o de otro familiar, pero finalmente abandonan sus casas. También los hay que provienen de zonas de conflicto. Llegan huyendo a la ciudad y, como no tienen recursos, terminan viviendo en la calle.

Tenemos educadores que van a buscar a los menores para sensibilizarlos y convencerlos de que vengan a vernos. Cuando lo hacen, intentamos atraerlos dándoles clases de alfabetización para enseñarles a leer y a escribir y les inscribimos en las escuela para darle una salida que les saque de donde están. Para ello, trabajamos con otras organizaciones como como Cuarto Mundo. Una de las mejores formas de llegar a ellos es la salud. Los atendemos de forma gratuita y reciben medicamentos de forma gratuita también. Con esa excusa vienen a vernos y así los conocemos y podemos trabajar con ellos, mandarlos a la escuela y buscarles familias de acogida.

P: Ha dicho alguna vez que los niños viven en una sociedad paralela.

R: Sí, el trabajo que hacemos con ellos nos ha demostrado que los niños de la calle tienen una sociedad paralela, que reproduce a nuestra sociedad. Se reúnen en grupos de 3, 4 o 5, para protegerse de agresiones externas. Los puedes encontrar en los edificios públicos, iglesias, estaciones, bancos o mercados. Trabajan de lavaplatos, limpiabotas, ayudan a llevar la compra o a lavar coches. En estos grupos o clanes, el jefe no es el más fuerte, sino el más inteligente. Su interés principal es el de la supervivencia.

P: Las ONG están jugando un papel importante en su país. ¿Cuál será su rol en la reconstrucción?

R: Actualmente, las ONG son las que están junto a la población, las que trabajan en la base, aunque tienen problemas para hacer llegar esa ayuda. Médicos sin Fronteras, Cruz Roja o Cuarto Mundo son grandes entidades que vienen de lejos y están centradas en la ayuda humanitaria, en satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables, algo muy importante.

Pero no olvidemos que, cuando el país se estabilice, necesitaremos acciones duraderas, y ahí el protagonismo lo tendrán las organizaciones nacionales más pequeñas, que son las que permanecen y las que jugarán ese papel de ayudar a reconstruir el país con proyectos a largo plazo. Por eso necesitan también apoyo.

P: A pesar del futuro incierto que planea sobre su país, como ha reflejado en esta entrevista, ¿es usted optimista?

R: Soy optimista porque ya no podemos caer más de lo que hemos caído. Solo queda mejorar.

“Tengo miedo cuando me despierto, cuando trabajo, cuando vuelvo a casa, cuando voy a dormir... Es un ciclo continuo”. Así se siente la periodista congoleña Caddy Adzuba desde que fue amenazada por primera vez en 2009.

Adzuba es una de esas voces incómodas que dedica su vida a recordar que el conflicto que vive la República Democrática del Congo (RDC), desde 1996, sigue teniendo consecuencias insoportables: asesinatos, saqueos, familias enteras obligadas a dejar su hogar y miles de mujeres víctimas de las violaciones, que se usan como arma de guerra. Todo ante la indiferencia y el “silencio” de la comunidad internacional. “El conflicto tiene orígenes y causas, no solo congoleñas o africanas, también internacionales y económicas. Y ese es el motivo por el que está olvidado”. La periodista culpa asimismo a las empresas que acuden a la llamada de minerales como el oro, diamante, níquel o coltán, muy presentes en la zona. “Son muchas las multinacionales que están financiando esta guerra negociando con los rebeldes que explotan las minas donde se extraen esos minerales, como el coltán, con el que se hacen los teléfonos móviles de todo el mundo. Tiene que haber un control para que dejen de hacerlo”.

Sus críticas, sin titubeos, son las que la han puesto en el punto de mira. “Haciendo mi trabajo, hiero la sensibilidad del gobierno ruandés, del congoleño y de los rebeldes. Estoy acostumbrada a vivir en el peligro. No soy una inconsciente, ni una heroína”, reconoció el miércoles en una charla que dio en Madrid, dentro de la gira que Adzuba está haciendo por España con la Fundación Mainel, para visibilizar el drama que vive el país y en especial el que viven sus mujeres.

“Lo que está pasando en RDC es un feminicidio”, asegura contundente. Con la intención de minar la moral de la población y desestabilizar a la sociedad, explica, las partes en conflicto atacan al más fuerte, que en este caso es la mujer, clave en la integridad familiar y motor de la economía local. “Es ella la que trabaja la agricultura y el comercio. Para destruir el equilibrio, hay que destruirlas a ellas y a sus familias. Cuando se ataca a una mujer, se desestabiliza a todo su entorno”. Y lo hacen con una violencia sexual cargada de brutalidad. “No consiste solo en que las violen para satisfacer sus deseos sexuales. Las violan con sus armas, las mutilan y cortan con cuchillos sus vaginas e introducen trozos de madera”. Da una cifra, solo en el hostpital de Kivu, su ciudad, han atendido a 50.000 mujeres. “¿Cuántas habrá en el resto del país y cuántas no habrán acudido a un hospital?”. Aunque los datos oscilan según su origen, instituciones como la American Journal of Public Health llega a hablar de 400.000 violaciones al año.

La periodista, que fue galardonada en 2009 con el Premio de Periodismo Julio Anguita Parrado, trabaja en Radio Okapi, una emisora que funciona bajo el paraguas de la ONU y que llega a todo el país. En sus programas trata habitualmente el tema de la violencia contra las mujeres, les aconseja qué hacer cuando son víctimas y a combatir el tabú. “La sociedad congoleña no logra comprender la magnitud de la situación. Tenemos que ayudar a romper el silencio. En muchos casos es el vínculo de la tradición el que les impide denunciar porque tienen miedo al rechazo social y a ser estigmatizadas”.

Adzuba también es miembro de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo, que ha realizado varias denuncias a la Corte Penal Internacional en esta línea, y preside AFIDEP, una organización que trabaja con las con niñas y niños soldado, ayudándoles a superar el trauma, a formarse y a reconciliarse con su comunidad, cuando es posible; y con mujeres víctimas de la violencia sexual. “ Están muy traumatizadas, sin fuerzas para vivir. Les suplicamos que no se rindan. El primer paso es que acepten ir a curarse porque muchas padecen lesiones graves, después necesitan un apoyo psicológico. El trabajo puede durar tres o cuatro años. Algunas consiguen convertir la pena en poder”. Otro de los programas está destinado a niños abandonados por ser fruto de una violación. “Cuando son rechazados por sus padres intentamos buscarle una familia de acogida. La mayor parte de las veces, las familias que aceptan (12 en 2012) no tienen recursos y los apoyamos con un proyecto de microfinanzas para que pongan en marcha un negocio con el que puedan obtener recursos”.

Durante sus viajes por todo el país, la periodista ha tenido oportunidad de conocer de primera mano las historias de las víctimas de la violencia, algunas de una crueldad difícil de atribuir a un ser humano. En PourQuoi?, una videocreación de Ouka Leele, producida por Bettina Caparrós, habla de su experiencia junto a estas mujeres y analiza la realidad de la República Democrática del Congo. (Puedes verlo aquí)

El miércoles, poco antes de comenzar la charla en Madrid, se enteró a través de su familia de que una bomba había explotado en Kivu. “Ha habido muertos, algunos de ellos niños. La gente estará muy asustada y puede que haya desplazamientos, pero lo que pasa en RDC no es noticia”. Por eso pide los medios de comunicación amplíen el foco y apunten hacia África. “En mi país ha habido más de cinco millones de muertos desde que comenzó la guerra. Hay países con menos de cinco millones de habitantes que despiertan más interés internacional. Se habla de Siria, de Israel y Palestina, pero nadie sabe qué pasa en la República Democrática del Congo”.