Manuela, de 52 años, vive haciendo funambulismos. Está sola con dos hijos a cargo de 11 y 16 años, no trabaja y tiene que sobrevivir con los 300 euros mensuales de pensión que le pasa su exmarido. Ella y sus hijos residen de alquiler en un piso modesto en Valencia y, cuando puede, realiza pequeñas tareas como cuidar niños o preparar bocadillos en un bar. Pero no es suficiente. “Mi situación económica es desastrosa, llevo todo el mes poniendo lavadoras con el lavavajillas”, ilustra esta mujer menuda, que lo mismo rompe a llorar como se seca las lágrimas al instante y saca una sonrisa al impulso de: “Es que me desahogo ahora porque no están mis hijos delante. Pensar en ellos es lo que me anima a luchar”.

La vida de Manuela y de otras mujeres está reflejada en el informe “Más solas que nunca”, realizado por Save the Children y donde se retrata la dura existencia de estas mujeres y de cómo afecta la pobreza a sus hijos. La tasa de pobreza en los niños que viven con madres solas es de un 54%, 12,5 puntos más que el conjunto de la población infantil y el doble que el total de la población, señala este informe. Manuela es una de las beneficiarias de los programas que tiene Save the Children para las familias monomarentales en riesgo de pobreza o exclusión social y que engloban tanto ayuda para la manutención como apoyo psicológico. En el caso de esta mujer, cuenta con el apoyo incondicional de Sara, una de las especialistas de Save the Children que está siempre pendiente de ella y que es su “ángel de la guarda”.

Manuela dejó de trabajar para cuidar de sus hijos. Su marido tenía un buen sueldo pero la crisis económica les lastró como a otras muchas familias. Cuando se divorciaron, Manuela se vio de golpe en la necesidad de buscar trabajo pero sin experiencia en ningún sector. “Es lo que más echo en falta, un empleo, salir por las mañanas y tener un sitio donde sentir que contribuyo a algo”, afirma.

Estas mujeres no pueden permitirse ningún capricho, ni para ellas ni para sus hijos. En el caso de Manuela, ellos tampoco lo piden. “Mis hijos se conforman con lo que tienen, en ningún momento me dicen ‘Mamá, dame para ir al quiosco o para un helado’. Esa es la suerte que tengo”, cuenta orgullosa. Es la hora de comer, María, la hija pequeña, prepara la mesa. Hoy toca sopa de fideos y un poco de tomate en rodajas. Son escasos los días en los que Manuela puede poner a la mesa un filete de carne o pescado. “Voy a un banco de alimentos una vez al mes y allí recojo alimentos”, señala. Allí pasa vergüenza, pero los peores ratos suceden cuando se queda sola en casa y le da por pensar. “En que me hago mayor, en que para trabajar me hago mayor…”, explica, y se vuelve a emocionar.

Las lágrimas, de nuevo, duran poco. Enseguida suelta un chiste que desemboca en una carcajada y de nuevo fija la vista hacia adelante. Manuela es una mujer luchadora e ilusionada con el futuro, con ver crecer a sus hijos, con impulsar el amor que su hija María tiene por la lectura. Y lanza este consejo para otras mujeres que puedan estar en su situación: “Les diría que luchen, que hay salida, que se apoyen en sus hijos. Cuando se vean muy mal siempre hay un resquicio para salir adelante. Esto no puede durar siempre”.

Puedes ver más información sobre la situación de pobreza infantil en familias monomarentales en este enlace. También puedes firmar nuestra petición para pedir a los gobiernos que se comprometan a #InvertirEnInfancia.

Heriberta Estrada tiene de 78 años y, de ellos, ha tardado 70 en tener agua potable en su pequeña casa de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua. Desde que recuerda, hasta hace apenas unos meses, ha cargado un bidón sobre su cabeza para transportarla desde el río hasta su hogar, lo mismo que siguen haciendo, cada día, sus vecinas de comunidades cercanas. Heriberta y su hija Benemérita ya no gastan así sus fuerzas, pues forman parte de las 3.500 familias nicaragüenses beneficiadas por un proyecto realizado por Alianza por la Solidaridad, en colaboración con su socia Amunorchi, que ha logrado colocar “un grifo” en los hogares más humildes del departamento de Chinandega.

“Nunca pensé que esto podría pasarme, es un sueño: abrir el grifo y mirar cómo cae líquido. No me canso de verlo y de pasar la mano por debajo para darme cuenta de que es real”, reconoce agitando los brazos, mientras una sonrisa ilumina sus ojos. No tener agua en su casa ha supuesto una dura y triste pérdida de tiempo en su vida. Caminatas de kilómetros que le hicieron perder la oportunidad de aprovechar la escuela, dedicarse a su familia o recuperar fuerzas. Son días, meses y años que ha pasado midiendo lo que podía beber para saciar la sed. Siempre escatimando para asearse y no sentirse sucia. Días, meses y años viendo a sus seres queridos enfermar por beber agua contaminada.

Ahora, su cara salpicada de arrugas refleja felicidad y el increíble cambio que ha supuesto la llegada del agua potable a su vivienda, en el municipio de Cinco Pinos, en un distrito donde, sin ser desértico, el 40% de la población no dispone del 'vital líquido', como lo llaman los vecinos.

Es una zona de malas carreteras y con las comunidades aisladas unas de otras. El lugar donde nos encontramos tiene clima tropical seco, con escasas lluvias y un verano muy caluroso. No hay muchos recursos hídricos y estos (ríos, cascadas, quebradas) se secan con facilidad. Además, hay problemas de deforestación porque la gente necesita cortar leña para el consumo y para la ganadería.

El programa de Alianza por la Solidaridad, financiado por el Fondo para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), comenzó en 2012 y finalizará a lo largo de 2015. Gracias a él las familias disponen de agua en casa con solo abrir un grifo y también de letrinas, que se revisten para que no filtren al acuífero. Pasado el tiempo, los residuos de la letrinas quedan transformados en abono orgánico que se utiliza en los cultivos. Los municipios beneficiados son Villanueva, Somotillo, Santo Tomás, San Francisco del Norte, San Juan de Cinco Pinos y San Pedro del Norte.

Derecho Humano al Agua: de calidad y sin mal sabor

En los trabajos, Alianza por la Solidaridad ha empleado mano de obra comunitaria, lo que ha mejorado su formación de cara al futuro. El programa incluye también la reforestación de la zona: los árboles son fundamentales para intentar aplacar los efectos de la sequía y proteger las zonas de recarga hídrica.

Con el trabajo que realiza la ONG española se pone fin a un panorama de mujeres que soportan sobre sus cabezas el peso de bidones de 20 litros de agua; niños y niñas que no iban a la escuela porque debían caminar durante horas para llegar a los ríos y pozos; y familias, que enfermaban porque bebían agua contaminada.

Omar Aguilar, integrante del equipo técnico de Alianza en Nicaragua, explica cómo es el proceso: “Si encontramos un pozo hacemos una prueba de bombeo para ver si tiene capacidad suficiente. Lo reactivamos, lo mejoramos y lo utilizamos. Instalamos una bomba eléctrica y ponemos un tanque de almacenamiento en las viviendas. Las tuberías se colocan donde la familia dice que quiere tener el grifo”.

Eso, en el caso de que el pozo disponga de agua de calidad. Si no, hay que perforar y encontrar una nueva fuente de suministro. “Con el Derecho Humano al Agua nos referimos no solo a llevar el suministro, sino a que éste sea de buena calidad y que no tenga mal sabor”, aclara Aguilar. El equipo técnico de Alianza se encarga además de analizar el líquido en el laboratorio para determinar si es apto para el consumo.

La comunidad de El Cerro es una de las beneficiadas por este proyecto. Ermisenda del Socorro lava ropa en su casa con el grifo al lado. “Antes tenía que caminar horas para llegar a unos lavaderos que hay en el río. Me quitaba mucho tiempo y tenía que volver además con un bidón de agua para otras tareas del hogar. Me dolía el cuello del peso”, cuenta. Iris Ramona Mejía, su vecina, tiene un hijo de siete años, Josué, que sufre una discapacidad. “He notado muchísimo las ventajas de tener el agua en casa para cuidarle. Es de buena calidad y le sienta bien. Antes siempre se ponía enfermo con diarreas y vómitos”, señala. Su marido, José Soriano, es agricultor. No tener que desplazarse a diario a ríos y pozos le deja más tiempo para dedicarse al campo y al trabajo con los animales.

Familias que se turnan para cargar bidones

Estos testimonios contrastan con el de comunidades vecinas que aún no tienen agua potable. El proyecto está pendiente de una segunda fase que permitiría ampliar los beneficios a más vecinos. En El Naranjo, Yariksa, de 12 años, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para ir a recoger agua a un pozo y poder estar de vuelta a las siete para entrar a clase. Su madre explica que toda la familia tiene que turnarse para acarrear bidones. “El rendimiento de un niño que bebe poco agua o de mala calidad es bajo; si además tiene que acarrearla, se nota en su concentración en clase”, advierte Omar Aguilar.

También el pequeño Osmar Aguilera tiene que levantarse bien temprano para ir a lavarse al pozo antes de ir a la escuela. Como él, los vecinos de El Naranjo aún tienen que poner el agua a calentar al sol para tratar de eliminar las bacterias; aún tienen que recoger la que les llega en forma de lluvia y almacenarla para los meses más secos. Por eso esperan con ilusión el día en que por fin puedan tener un grifo en casa y vivir la misma felicidad que hoy refleja la cara de la anciana Heriberta.

La verja se abre y decenas de mujeres, algunas con sus bebés a las espaldas, entran a un pequeño terreno dispuestas a trabajar con sus manos en los cultivos. Algunas se agachan a arrancar con los dedos las hierbas, otras sacan agua del pozo para regar… La escena tiene lugar en Sissaucunda, un pueblo de Guinea Bissau y podría ser una estampa más de la realidad africana, sin más trascendencia, si no fuese porque estas mujeres han protagonizado recientemente un hecho histórico.

Por primera vez en la historia de este país fronterizo con Senegal, estas agricultoras han logrado ser propietarias de la tierra. En Guinea Bissau, como en otros países africanos, las mujeres labran las tierras, las siembran, participan en la recolección… Pero los terrenos pertenecen a los hombres, a sus maridos o padres. Así ocurre también en Tanzania, por ejemplo, donde solo el 1% de las mujeres tiene títulos de tierra legales.

Ahora, las mujeres de Sissaucunda también tienen la documentación que las acredita como dueñas de unos pequeños campos de cultivo, un papel por el que han sudado y luchado en contra de la burocracia. “Hay unas 320 mujeres beneficiadas con cuatro hectáreas en total. Cultivan para consumo propio productos como cebollas, zanahorias, tomates, berenjenas... y también los venden en el mercado”, explica Aua Keita, responsable de la ONG local Aprodel, que en colaboración con Alianza por la Solidaridad ha impulsado este proyecto. Todos estos cultivos son de secano, una época en las que las agricultoras no estaban acostumbradas a trabajar y en la que, tras la época de lluvias, solían estar paradas. “El proceso no fue fácil. Las mujeres tuvieron que convencer a muchas autoridades, tocar a puertas, conseguir papeles; pero han sido persistentes en sus intenciones”, agrega Keita. La intención de Aprodel es extender esta práctica en otras comunidades.

Estamos en Sissaucunda una mañana y las mujeres entonan cánticos y tocan los tambores. En el grupo está Djenabu Djamanca, una de las luchadoras que ha conseguido su trozo de terreno para cultivar. “Ahora voy a ser propietaria de la tierra por 30 años. Voy a poder trabajar yo, y mis hijas, y mis nietas. Eso es un motivo de orgullo”, explica esta mujer, que no recuerda la edad que tiene, pero ahora se ha convertido en una de las alumnas de las clases de alfabetización para adultos que se imparten en el poblado. Djenabu destaca cómo gracias a los nuevos cultivos, la alimentación es más variada y no se basa solo en el arroz. “Yo y el resto de las mujeres nos sentimos más fuertes, tenemos más vitalidad”, cuenta, para resaltar a continuación que lo que ha ocurrido es histórico y un paso más hacia la igualdad en el poblado.

Las mujeres trabajan la tierra de manera tradicional, pero el proyecto en el que colaboran Aprodel y Alianza por la Solidaridad incluye avances como unos paneles solares para poner en marcha un sistema de riego y evitar así el que tengan que acarrear de un lado a otro con los cubos de agua. “Queremos que este proyecto sea sostenible. Hemos incluido también otras mejoras como la fabricación de abono orgánico”, señala Keita.

Todo el proyecto tiene un hilo conductor que le une con otras acciones de las ONG implicadas, que es evitar el acaparamiento de tierras en Guinea Bissau. Esta práctica afecta sobre todo a las mujeres, que son las que finalmente trabajan las tierras y las que se ven expulsadas cuando llega una empresa extranjera y, sin consulta previa, se apropia de los campos de cultivo. Así ha ocurrido por ejemplo con la empresa española Agrogeba, que ha desplazado de sus terrenos a 600 agricultores, en su mayoría mujeres. Por eso, hechos históricos como el ocurrido en Sissaucunda pretenden reforzar el empoderamiento femenino para que pueden defenderse en el caso de que sus derechos sean vulnerados.

“No podéis entrar, a partir de ahora estas tierras pertenecen a la empresa española Agrogeba”. A Djenabu Balde no se le olvidará el día en que, junto a otras mujeres, se encontró con que ya no podía pasar a las tierras de cultivo de arroz que hasta entonces le servían para subsistir y alimentar a sus ocho hijos.

Djenabu es una de las 600 personas expulsadas por el acaparamiento de tierras que Agrogeba, dedicada a la producción de arroz, ha hecho en Bafatá (Guinea Bissau) y que ha sido corroborado por un informe realizado en 2012 por la ONG Alianza por la Solidaridad junto con Oxfam Intermón. Cuando en 2010 Agrogeba llegó a esta zona del interior de Guinea Bissau, cortó el paso en los caminos y contrató a guardas rifle en mano para evitar que ni personas ni animales volviesen a cruzar los cultivos de arroz.

De un lado, las comunidades afectadas, apoyadas por la ONG local Aprodel, denuncian que las tierras les pertenecen porque las cultivan de manera histórica y que Agrogeba les ha obligado a trasladarse a otros lugares más lejanos y menos fértiles. Del otro, la empresa aduce que las tierras son de titularidad pública, que llegó a un acuerdo con el Gobierno guineano y que desconocía que la zona estuviese siendo previamente cultivada por los locales. Algunas comunidades se han tenido que resignar y buscar otros terrenos. Otras, en cambio, han resistido y han conseguido hacerse fuertes y echar a Agrogeba.

Las más afectadas por esta acaparación de tierras son las mujeres, ya que ellas son las que se dedicaban de manera mayoritaria al cultivo tradicional de arroz. “Ahora, desplazadas, han perdido la autonomía respecto a los hombres”, señala Aua Keita, responsable de Seguridad Alimentaria de Aprodel.

Condiciones laborales cuestionables

Con la llegada de Agrogeba, el trabajo se ha mecanizado y las personas que trabajan para la empresa son hombres. Estos ni siquiera tienen contrato. “A mí me debían nóminas, me cambiaban sin yo pedirlo salario por arroz y sólo me tenían trabajando de manera temporal y sin contrato. No nos ayudan en nada, el arroz que no venden porque de aspecto no es bonito lo queman en vez de regalárselo a las familias”, denuncia Sirufo Pemba, extrabajador de la empresa.

Agrogeba es cien por cien de capital español. Dos de sus cuatro socios lo son también de Petromiralles Group S. L., una empresa dedicada a la gestión de gasolineras y que tiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional por blanqueo de dinero, fraude fiscal y falsedad documental. Agrogeba empezó en 2010 su proyecto empresarial en Guinea Bissau con una inversión de cuatro millones de euros y una concesión por parte del Gobierno guineano de 6.000 hectáreas. El acuerdo ceñía las ventas de esta empresa al interior de Guinea Bissau, sin embargo, la empresa ha superado el precio de comercialización pactado, vendiéndolo más caro de lo estipulado. El proyecto se encuentra en una fase inicial y la empresa, de momento, está explotando una mínima parte.

Jaume Pons, es socio de la empresa arrocera gerente de la fábrica en Bafatá. Llegó hace cuatro años y dice que lo hizo actuando “de buena fe”. Que el Gobierno les ofreció unas tierras para el cultivo de arroz y que estas estaban abandonadas y descuidadas y gracias a la entrada de Agrogeba ahora esas tierras son productivas.

“Se disparó a la vaca porque ya estábamos cansados”

Pons reconoce algunas de las denuncias que hacen las comunidades afectadas, como que los guardas retienen a las vacas que entran en las tierras que ha ocupado la empresa. El ganadero que quiere recuperarlas tiene que pagar 40.000 francos CFA (unos 60 euros). Una vez uno de los guardianes disparó incluso a una de las vacas que se había colado en las tierras y la mató de un disparo. El dueño denunció lo ocurrido a los tribunales y el litigio está abierto. “Se disparó a la vaca porque ya estábamos cansados de que se colasen los animales en las tierras”, justifica Pons.

Cerca de su oficina está aparcada la avioneta con la que Agrogeba fumiga los terrenos. “Agrogeba ha implementado un modelo de producción industrial intensivo. Este modelo implica un uso intensivo de fertilizantes nitrogenados y una gran variedad de agrotóxicos, implementados en su mayor parte por fumigación aérea”, denuncia el informe de Alianza por la Solidaridad. Pons asegura que los productos que utilizan para fumigar son legales y que los empleados que tienen que manipularlos usan guantes y mascarillas para protegerse.

Sin embargo, las comunidades aseguran que el uso de pesticidas les está afectando a la salud. Maimuna Balde es matrona y por sus manos han pasado casos de varias mujeres afectadas: “Los productos químicos desplazan las nubes de mosquitos de los cultivos a la zona donde hay más población, y eso produce más malaria. También estamos teniendo más abortos en mujeres”, denuncia.

La lista de quejas de las comunidades con Agrogeba es interminable. Amadu Balde, jefe de uno de los poblados, cuenta que la empresa se comprometió a construir una escuela y un centro de salud. “Lo dijeron ellos, nadie les pidió nada. Pero tampoco lo han cumplido”. Desde Agrogeba, Pons reconoce que es cierto que todavía no han construido nada de lo que prometieron a la población en compensación por su llegada: “Todavía no hemos recuperado la inversión y no tenemos ahora dinero para hacer obra social”.

Hace casi un año, las ONG españolas clamaron de indignación después de que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) concediese una dotación económica a la Fundación Repsol para un proyecto “de apoyo a las comunidades de la Amazonia ecuatoriana”, zona donde Repsol tiene proyectos petrolíferos. La ayuda fue muy polémica por concederse a una entidad con denuncias de medioambiente en el terreno y por mezclar dos conceptos, cooperación y sector privado, a primera vista contradictorios.

Con el tifón de Filipinas, el Banco de Santander ha donado 250.000 euros a una Aecid maltrecha económicamente para fletar un avión con ayuda humanitaria. Estos son ejemplos recientes, pero la ley de cooperación de 1995 ya abría la puerta a la entrada del sector privado en la cooperación al desarrollo y, en estos 20 años, su presencia ha ido creciendo.

“La presencia del sector privado no es solo a través de instrumentos económicos y comerciales puros y duros (como los famosos créditos FAD y ahora con su sucesor, el Fonprode), sino que se ha extendido hasta el punto que se han privatizado parcelas importantes de la cooperación al servicio de entidades de todo tipo que gestionan espacios cada vez más importantes, entre las que podemos mencionar la Fundación Carolina, P4R, Tragsa y FIIAPP”, advierte Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología y director del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante.

Desde la Plataforma 2015 y Más distinguen tres ámbitos: el sector privado con capacidad de influir en los programas y tomas de decisiones de los gobiernos, el uso de fondos de inversión y modalidades económicas similares dentro de la cooperación y la privatización de la política de cooperación. “Ésta última suele presentarse como una delegación de la gestión por motivos de abaratamiento de costes y eficacia. Ahora lo relacionamos con los recortes pero es una tendencia de carácter internacional desde hace dos décadas y que ya había ganado muchos espacios en España”, señala Pablo Martínez, coordinador de Plataforma 2015 y Más.

En esta organización aclaran que esta tendencia hacia la privatización no es exclusiva de la cooperación española sino que viene de un marco internacional con una presencia de representantes del sector privado en todos los debates y foros internacionales en los que se establecen los acuerdos y ayudas sobre desarrollo. “Ese espacio lo han ganado principalmente a través de grandes fundaciones filantrópicas y algunas plataformas conjuntas, de las que el International Leaders Forum es las más representativa y activa en los foros internacionales y engloba a 150 compañías como BP, Shell, Credit Suisse o Coca Cola”, señala Martínez.

El cambio del modelo

Ya en el ámbito nacional, este experto advierte de que los argumentos que se están construyendo en el sector de la cooperación sobre las ventajas de la entrada de las empresas en las políticas de cooperación van desde su supuesta capacidad y conocimiento hasta las afirmaciones que defienden que de esta manera se consiguen fondos adicionales que complementan las aportaciones públicas.

“El Gobierno del PP está cambiando el modelo de cooperación y ha introducido al sector privado como actor relevante con dos objetivos: suplir los enormes recortes públicos y poner la ayuda al desarrollo al servicio de intereses empresariales de internacionalización y marketing”, denuncia por su parte Laia Ortiz, diputada de ICV y miembro de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. “Niega las recomendaciones internacionales de desvincular la ayuda de los intereses. Por ejemplo, España prioriza países de renta media para cooperar porque hay más opciones de negocio y abrir camino a empresas”, añade.

Precisamente el tema de la presencia del sector privado fue uno de los protagonistas de una jornada reciente organizada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde) sobre salud global. Allí se habló de cómo el interés de algunas ONG en las empresas ha aumentado por la necesidad de sobrevivir en tiempos de crisis. Conectado por Skype desde Bruselas, Olivier Consolo, de la plataforma Concord, habló incluso de hipocresía por parte de algunas organizaciones: “Hay ONG que ya están hablando bien del sector privado pensando en el dinero. Las grandes son las que están en esta línea y esto terminará explotándonos en la cara”.

El código de conducta de Congde señala que cada organización debe ser la que decida si quiere colaborar con empresas pero que dicha relación debe respetar “los valores de independencia, transparencia y eficacia” en puntos tan determinantes como el proveedor, el subcontratista, etcétera. “Hay cuestiones de cooperación tecnológica que hacen que, en algunos casos, las empresas sean necesarias. Imaginemos la instalación de paneles solares en la construcción de viviendas sostenibles en Honduras. Pues, indudablemente, hay cooperación. También está claro que hay empresas que han creado sus propias ONG para diversificar sus proyectos y abrir nuevos nichos de mercado. El ejemplo podría ser Energía sin Fronteras, de las compañías eléctricas”, explica David Álvarez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.

Para Gómez Gil, “resulta inmoral que se estén retirando recursos a ONG especializadas con décadas de un trabajo sobresaliente en países y sectores, o a todas las universidades españolas, para dar más medios a empresas, multinacionales, organizaciones empresariales e instituciones financieras de todo pelaje. Todo ello se trata de justificar con argumentos arcaicos e interesados, como el interés nacional o la marca España, a los que por cierto se están prestando algunas ONG, alejando así nuestra ayuda de las prácticas más relevantes de los donantes más destacados”.

Aumentar la base

Tanto Álvarez como Gómez Gil coinciden en que lo importante para que las ONG se liberen de la dependencia de empresas privadas es aumentar su base social. “Un buen número de ONG ha venido optando por captar y gestionar cada vez más recursos, al precio que sea, en lugar de ensanchar su base social, ofrecer cauces nuevos de participación e intervención efectiva y aumentar su capacidad crítica frente a instituciones y la sociedad misma”, señala Gómez Gil. “No se trata de renunciar a fondos en función de su procedencia, sino que debe de estar equilibrada la proporción entre públicos y privados. Ahora bien, lo que tengo claro es que todos deberíamos avanzar en ampliar la base social y depender sólo de las cuotas”, agrega Álvarez.

“Creo que es el Gobierno el que debe mantener la política pública de cooperación al margen de los intereses empresariales. Las ONG son muy plurales y algunas colaboran y otras no. Si las empresas quieren hacer ”filantropía“, están en su derecho y mejor que lo hagan en colaboración con las ONG que tienen el conocimiento y una perspectiva del desarrollo”, afirma Laia Ortiz.

Pablo Martínez concluye con un futuro desalentador: “Muy pronto, si las cosas no cambian, veremos licitaciones y concursos para construir 1.500 letrinas en el sur de Senegal (por poner un ejemplo), concurso que ganará la fórmula más barata aunque sacrifique cuestiones esenciales del desarrollo como la participación comunitaria o el acompañamiento de procesos de empoderamiento”.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo cumple esta semana 25 años con una última etapa muy marcada por los recortes presupuestarios que han supuesto una merma en la ejecución de proyectos. Como ejemplo, este año cuenta con un 14% menos de recursos para atender a los 23 países prioritarios en sus planes. “Si a ello le sumamos los recortes acontecidos en lo que llevamos de legislatura, la Aecid ha visto reducido su presupuesto en casi un 74% desde 2011”, señalan desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde).

¿Para qué ha servido la Aecid en estos 25 años? Voces críticas como la de Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología y director del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante, señalan que la institución es “completamente disfuncional”. “Es un lastre para modernizar un modelo de cooperación avanzado. Sus orígenes, como residuo postfranquista, junto una evolución anquilosada, no han estado a la altura de las exigencias estratégicas que tenemos como donantes. Buen ejemplo de lo que señalo es que, durante los últimos años, el volumen de recursos que la AECID ha venido gestionando del total de la cooperación española apenas ha llegado al 20% del total”, critica este profesor, que pone un ejemplo de las “insuficiencias” de la Aecid: “Ni siquiera cuenta con un inventario de infraestructuras financiadas por la cooperación española en su historia en los países del Sur, que en muchos casos están infrautilizadas, cerradas o en desuso”.

David Álvarez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, alerta sobre el hecho de que la Aecid ahora mismo tiene “un presupuesto tan exiguo que sólo da para mantener la estructura”. “Eso se nota en todo, en aportaciones que hacíamos a organismos multilaterales como Naciones Unidas, en capacidades técnicas, humanas. En financiación de proyectos, programas de los diferentes actores de la cooperación. En el ámbito de la investigación se había conseguido una herramienta propia para financiar el desarrollo que ha sido laminada. En cooperación universitaria, lo mismo, han desaparecido los programas interuniversitarios con países del Sur. O sea que se nota y mucho: no hay un sólo duro para instrumentos”.

Otros expertos valoran el papel de la Agencia a la hora de posicionar a España en el terreno internacional. “Sin la existencia de la Aecid la cooperación española no hubiera llegado al reconocimiento que ha llegado a alcanzar”, coinciden en su análisis tanto Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la Congde, como Xavier Palau, director de Cooperación Internacional de Intermón Oxfam. Este último destaca además “los instrumentos de financiación de los últimos años, que permiten el trabajo a largo plazo y promueven una adecuada rendición de cuentas y un mejor aprendizaje a través de auditorías y evaluaciones”.

Las ONG coinciden en que los presupuestos están ahogados y no pueden sufrir más recortes. Si antes la Aecid trabajaba en 49 países, ahora solo lo hace en 23, con especial incidencia en América Latina. “Este brutal recorte está teniendo ya consecuencias que afectan directamente a miles de personas con quienes trabajamos las ONG en distintos países. La propia Agencia está preparando ya planes de salida de algunos lugares. Además, esta situación afectará negativamente a la imagen internacional de España y su rol como socio global a favor del fomento de los derechos humanos”, denuncia Mercedes Ruiz-Gimenez desde la CONGDE.

Para Gómez Gil “los diplomáticos han cortocircuitado la Aecid impidiendo su oxigenación y han despedido a decenas de trabajadores especializados con años de experiencia. La falta de información y publicidad sobre su trabajo es clamorosa, facilitando el amiguismo y el clientelismo, mientras que la rendición de cuentas es una caricatura”.

Gracias al dinero que sigue entrando, se sigue ayudando, por ejemplo, a la erradicación de la pobreza en América Latina o se dedican proyectos a la cultura de la paz, como el que mantiene Manos Unidas en Filipinas. Desde esta organización consideran que Aecid “facilita llegar a más población beneficiaria gracias a sus aportaciones, mejora la cooperación al desarrollo y de la educación para el desarrollo en general”.

Oxfam Intermón resalta el trabajo llevado a cabo con la Aecid en Colombia y que contribuye a la lucha contra la impunidad. “Está orientado a que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio sean investigados, juzgados y sancionados”, afirma la ONG.

Mercedes Ruiz-Giménez se queda con los logros conseguidos “en el fomento de la equidad de género y los derechos humanos de las mujeres”. “La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, ha supuesto un destacable valor agregado de la Cooperación Española con respecto a otras cooperaciones europeas, un estandarte que ha abierto camino en muchos sentidos y ámbitos”, concluye.

Los programas de prevención de las asociaciones que en el Campo de Gibraltar (Cádiz) luchan contra la drogadicción prácticamente han desaparecido. Llegó un momento en el que, ante la falta de financiación, las organizaciones tuvieron que elegir: o se hacía prevención con escolares y familias o se seguía ayudando a los drogodependientes. “Hace cuatro años teníamos programas de prevención que incluían a 30.000 niños. Eso se ha acabado. No hay dinero para todo, estamos asfixiados”, señala Francisco Mena, portavoz de la Coordinadora comarcal Alternativas, que engloba a una docena de asociaciones que desde hace más de 20 años trabajan el tema de la drogadicción y que asiste a unos 200 drogodependientes al año.

En los últimos cuatro años, estas entidades del Campo de Gibraltar han visto cómo la parte pública de su financiación (el 80% del total) ha caído un 40%, “a niveles de la década de los noventa, hemos retrocedido más de 15 años de golpe”, alerta Mena. Muchos recursos han cerrado o se ha tenido que sustituir el trabajo de profesionales por el de voluntarios.

Lo ocurrido a estas asociaciones andaluzas es solo un ejemplo del goteo continuo de recortes que están sufriendo las entidades dedicadas a la lucha contra la drogadicción. En definitiva, les está ocurriendo como al resto de sectores sociales con una fuerte dependencia de la inversión pública, como recuerda Ignacio Calderón, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD): “El sector social en general ha tenido una dependencia pública total y ahora todo el mundo llora porque considera que lo suyo es lo más importante. En la FAD hemos dado un vuelco al modelo y ahora el 75% de la financiación es privada”. Para Calderón, la clave está en incentivar la inversión de empresas y la entrada de socios en las organizaciones a través de una Ley de Mecenazgo.

Las entidades se financian en parte con el dinero del Plan Nacional Sobre Drogas, cuya inversión sigue prácticamente parada después de que en julio de 2012 el Gobierno anunciara que iba a suprimir alguna de las subvenciones a las ONG y comunidades autónomas incluidas dentro de este plan. Así, en los presupuestos generales de 2012 la partida ascendía a 18,48 millones de euros; y en 2013, a 14,84. La de 2014 apenas sube un 0,3% hasta situarse en los 14,89 millones de euros. Todos los años esta cantidad se ve aumentada posteriormente con los recursos económicos adicionales provenientes de los bienes decomisados por el tráfico de drogas, y que normalmente se dedican a prevención y no a ayuda a los drogodependientes.

El mayor recorte, en las CCAA

Pero el recorte mayor lo está sufriendo el dinero proveniente de las comunidades autónomas, como alerta Luciano Poyato, presidente de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD). “En la UNAD tenemos un presupuesto de unos 49 millones de euros y un endeudamiento altísimo, de 18 millones”, ejemplifica. Poyato alerta de que las entidades no pueden hacer frente a proyectos en teoría subvencionados por las administraciones pero que en la práctica sufren demoras de meses o años en los pagos. “El perfil del drogodependiente es complejo y necesita un equipo multidisciplinar de atención, un modelo que peligra, al igual que el de las comunidades terapéuticas, por la falta de inversión”.

Desde el Campo de Gibraltar, Francisco Mena ilustra la teoría de Poyato: “De nuestra docena de asociaciones, hay cinco que no solicitan subvenciones desde hace tres años porque no se cobran hasta el año siguiente. Y antes hay que ejecutar el proyecto, contratar personal, con todo el gasto que conlleva y que no se puede adelantar”.

El drama entre las asociaciones se reparte por todas las comunidades autónomas. María González es la presidenta de la Asociación Renacer, que actúa en Galicia desde hace más de 20 años.“No creo que mi voz refleje la preocupación que tengo. Este año la Xunta ha recortado en un 24,7% el dinero destinado a las asociaciones que luchamos contra la droga. Nosotros estamos sobreviviendo por medio de rifas benéficas, no sabemos si este año nos darán la subvención o no”, se lamenta González. En su organización aún puede mantener a un equipo de abogados y psicólogos, pero los trabajadores (solo quedan tres) llevan desde febrero sin cobrar.

Con este panorama, lo primero que cayó fueron los programas de prevención. “Y la prevención es importante. Realizamos una encuesta entre 500 adolescentes de entre 13 y 18 años, y el resultado mostró que la mayoría se emborrachaba todos los fines de semana y que existían además altos consumos de cocaína y otras sustancias”, señala González.

Además de los recortes, la crisis económica ha provocado que sustancias caras como la cocaína se sustituyan, por ejemplo, por la heroína. “Si no hay dinero, un drogodependiente no deja de consumir, lo que hace es cambiar de sustancia, dejar la cocaína por la heroína o aumentar el consumo de alcohol”, señala Mena. Con dos agravantes: la heroína lleva a la marginalidad más rápidamente que la cocaína y la aprobación social del alcohol impide ver que es una adicción igual de peligrosa que el resto. “Por eso, necesitamos recursos, si no, podemos regresar al estrago que hicieron las drogas en los años ochenta”, concluye.

La falta de educación sobre salud mental desde la adolescencia dificulta la eliminación de los prejuicios.

Feafes presenta una nueva campaña de concienciación con motivo del Día de la Salud Mental.

Las cifras son contundentes: una de cada cinco personas en España tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida y sólo el 5% de las personas con enfermedad mental crónica tienen trabajo estable. Son datos de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES).

Sin embargo, la sociedad sigue tratando a las personas que sufren una enfermedad mental bajo la lupa del estigma y con adjetivos como locos o extraños. Esta mirada llena de prejuicios se agudiza en la época de la infancia y la adolescencia debido, sobre todo, a que la salud mental no está presente ni en la educación de las escuelas ni tampoco dentro del entorno familiar.

“La mayoría de los trastornos mentales graves se inician en la adolescencia y, además, esta franja de edad presenta riesgos respecto a la salud mental por el consumo de drogas y alcohol”, explica Rocío Revilla, psicóloga en Feafes-Castilla León. Esta organización tiene en marcha una campaña, Mentalízate, de información y sensibilización para jóvenes de entre 14 y 20 años. “El ámbito educativo es fundamental para el desarrollo de estas actuaciones, pero hay muy pocas acciones concretas de promoción de la salud mental”, denuncian desde la organización.

Ángel Urbina es ingeniero industrial y trabaja en Repsol Tarragona. “Soy voluntario de la Asociación La Muralla de Tarragona –donde colaboro dando charlas a familiares– y activista de Obertament, el proyecto de lucha contra el estigma en salud mental de Cataluña”, explica Ángel que, a pesar de que tiene una enfermedad mental, ello no le ha impedido realizar una vida laboral plena. “Tengo un problema de salud mental, pero considero que no es un hecho que defina a nadie como persona”, señala.

Según la Estrategia en Salud Mental, entre el 2,5 y el 3% de la población adulta tiene una enfermedad mental crónica. Esto representa más de un millón de personas. Marga, de 33 años, sufre trastorno de personalidad. “Siempre he tenido cuidado a la hora de hablar sobre ello con personas desconocidas, no porque crea que me van a rechazar sino porque se pueden asustar y a menudo no saben qué es un trastorno de personalidad”, explica. Esta mujer quiere ser la protagonista de su vida, algo en lo que coincide José Luis Méndez, trabajador social. “Me gustaría que los profesionales de la sanidad y los trabajadores sociales diésemos un paso hacia adelante para dar protagonismo a las personas con problemas de salud mental; que hagamos posible que participen en su proceso de recuperación, que se les pregunte, que se les consulte, que tomen la decisión que tengan que tomar. Es una reivindicación en la que no tenemos que mirar nuestro propio ombligo para evitar caer en la receta”

Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Salud Mental, Feafes ha lanzado una campaña de sensibilización para luchar contra los estereotipos. Su nombre lo dice todo: “No nos conformamos con ser normales, queremos ser felices”.

En clave de humor, y para salirse de los tópicos, el vídeo ofrece otro tipo de estadísticas de las que se suelen dar sobre este colectivo. Por ejemplo: “El 89% de las personas que pasan por una depresión piensan que esta temporada la liga es cosa de dos”. O “El 87% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia reconocen que cocinan peor que su madre”.

“A veces los prejuicios sociales son más dañinos que la propia propia enfermedad mental”, asegura el presidente de Feafes, José María Sánchez Monge. La falta de información en la sociedad sobre este aspecto básico de la salud “dificulta la integración social de las personas diagnosticadas y provoca una fuerte discriminación a la hora de desarrollar su proyecto de vida o conseguir un empleo”, concluyen desde Feafes.

Una mujer que habla como si fuese una ignorante regaña a su hijo porque éste ha tirado al suelo un bote de frambuesa y ahora le toca a ella limpiarlo. Menos mal que llega RAE, que limpia, fija y da esplendor. Y así, de repente, la madre deja de ser vulgar, habla como si fuese Lope de Vega y la cocina queda 'niquelada'. Este es el anuncio que la Academia de la Publicidad ha elaborado para rendir homenaje a la Real Academia Española en su tercer centenario y que ha provocado las críticas de las asociaciones feministas “por su contenido sexista y discriminatorio hacia la mujer”.

La Federación de Mujeres Progresistas, la de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Fundación Mujeres han emitido un comunicado conjunto pidiendo a la RAE que desautorice el anuncio. “Esta es la oportunidad para que la RAE se posicione en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres”, subrayan las asociaciones, que denuncian también que la institución académica no se caracteriza precisamente por promover la igualdad en su propio organismo. “En sus 300 años de historia, apenas ocho mujeres han sido académicas de la lengua; y de sus 43 miembros actuales, únicamente siete mujeres son académicas”, recuerdan las feministas.

Para Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, el anuncio “empaña la imagen de la RAE y ésta debería desvincularse de algo tan casposo y misógino”. “La publicidad tiene mucha influencia a la hora de visibilizar la imagen de las mujeres, pero nos hemos dado cuenta de que la autorregulación no está funcionando y quizás habría que apuntar a otro tipo de medidas”, agrega.

Además, las organizaciones van a remitir un escrito al Observatorio de la Imagen de las Mujeres, del Instituto de la Mujer, para denunciar la campaña. “El publicitario es uno de los sectores donde más se siguen reproduciendo los estereotipos sexistas y discriminatorios hacia la mujer”, concluyen.

El anuncio ha sido realizado por la agencia Shackleton y la campaña se está difundiendo en prensa, Internet y televisión. Esta polémica sexista se suma a la que protagonizó el verano pasado Loterías, con un anuncio que finalmente fue retirado y cuyo lema era: “Uno de cada tres quiere tocarte. Déjate”.

Planes que necesitan dinero para funcionar y presupuestos que, sin embargo, menguan. El Gobierno ha rebajado un 1,5% para 2014 el presupuesto destinado a los programas de lucha contra la violencia de género, a pesar de que el pasado julio el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-2016 con un presupuesto de 1.500 millones de euros.

El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, justifica el desfase alegando que el plan estratégico incluye aportaciones de distintos ministerios, comunidades autónomas, fiscalía y asociaciones de mujeres, entre otros. “El dinero saldrá de entre todas las administraciones implicadas”, ha señalado Moreno durante la rueda de prensa de explicación de los presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sin concretar qué parte de esos 1.500 millones aporta la administración central. El pasado julio, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió a este plan como “un proyecto ambicioso e integral” que se sitúa “a la vanguardia de lo que está haciendo la Unión Europea en la protección de la mujer”.

En líneas generales, el presupuesto de lucha contra la violencia de género pasa de 22,19 millones en 2013 a 21,85 millones en 2014, pero pese a este descenso Moreno ha señalado que “ni una sola política” respecto a las víctimas quedará mermada. Por áreas, el servicio telefónico 016 de ayuda a las víctimas recibe una partida de 1,1 millones de euros; el servicio de tele asistencia, 5, 5 millones; y la asistencia social de las víctimas, 4 millones. Respecto al dinero destinado a los brazaletes GPS, Moreno ha asegurado que existía un “sobrecoste” en el gasto y que el contrato con la empresa suministradora ha sido renegociado hasta conseguir una rebaja de unos 200.000 euros. Ese dinero sobrante será utilizado en la realización de una macroencuesta sobre violencia de género.

Respecto a otros programas de servicios sociales, destaca el aumento en un 32,6% (de 4,43 a 5,87 millones) del dinero dedicado a infancia y familia. En esta partida está incluido el Plan para la Infancia y la Adolescencia o las subvenciones al convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) o a la fundación Más Familia. En este presupuesto, según fuentes ministeriales, no estaría incluido el polémico Plan Integral de Apoyo a la Familia, en cuyo desarrollo trabaja una comisión interministerial.

El 70% de las mujeres españolas en edad reproductiva utilizan métodos anticonceptivos, pero para el Gobierno los derechos sexuales carecen de importancia y, con la excusa de la crisis económica, ha paralizado las estrategias de salud en este ámbito. Esta es la denuncia que hace la Federación de Planificación Federal Estatal (FPFE) basándose en los resultados del Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en 10 países de la UE, que fue presentado ante el Parlamento Europeo el pasado junio. Este barómetro evalúa las políticas sobre derechos sexuales y reproductivos, la educación sobre ellos y sobre los distintos tipos de anticonceptivos, la formación de los profesionales de la salud o las campañas de sensibilización. El barómetro recoge datos de Alemania, Bulgaria, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia.

“Suspendemos en casi todo, especialmente en educación sexual”, critica Luis Enrique Sánchez Acero, presidente de la FPFE. El barómetro refleja cómo la paralización de la estrategia de salud sexual y reproductiva se ha traducido en un retroceso en el acceso a los servicios a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, en dificultades para entrar en los servicios de planificación o en la formación de profesionales.

Ni sensibilización ni ayudas

Así, España suspende en sensibilización con un 25% (sólo queda por encima de República Checa, Italia y Lituania), en educación sexual con un 25, 6% (sólo supera a Bulgaria, República Checa y Lituania) y aprueba raspado en educación y formación de profesionales con un 57, 9%. En otros ámbitos como el empoderamiento de las mujeres, se queda en un raquítico 22%, por debajo de Lituania que obtiene un 30%. La conclusión a la que llega el barómetro es que “las actuales medidas de austeridad se perciben como el mayor obstáculo para reducir los embarazos no planificados y para garantizar el acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos”.

Además, la FPFE advierte de las “evidentes desigualdades que existen en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva según las comunidades autónomas”. Las más afectadas son las mujeres más jóvenes y pertenecientes a colectivos vulnerables y las mayores odiseas se producen al intentar conseguir la píldora postcoital, que no está financiada en seis comunidades autónomas. En esta línea, el barómetro considera deficientes las campañas de promoción sobre derechos sexuales y reproductivos, salvo por puntuales acciones de algunas comunidades autónomas, o la educación en salud sexual, con la desigual implantación según el lugar. La ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 prevé la inclusión de la educación sexual en los currículos escolares, pero “esto ha quedado en vía muerta, y de hecho los cambios previstos en la nueva ley de educación reducen esta temática”, denuncia el presidente de la FPFE.

A todo esto hay que sumar el hecho de que, desde el pasado 1 de agosto, un total de ocho píldoras anticonceptivas dejaron de ser financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) afectando en total a un millón de mujeres. “Además, las usuarias vienen denunciando la menor disponibilidad de anticonceptivos de barrera, de nuevos contraceptivos hormonales o de la anticoncepción de urgencia”, denuncian desde la FPFE. “En esta situación de crisis para tantas personas, si no hay financiación y garantías de dispensación se corre el riesgo de un aumento de las tasas de embarazo no planificado y por tanto de interrupciones voluntarias del embarazo”, concluye su presidente.

En 2011 abortaron 118.359 mujeres y de ellas, 105.341 (el 89%) no podrían haberlo hecho si la situación se les hubiese planteado a partir de que entre en vigor la reforma propulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Esta es la denuncia que ha hecho hoy la plataforma Decidir nos hace libres, que suma a 300 entidades sociales y que ha presentado en el Ateneo de Madrid un calendario de movilizaciones para intentar frenar una ley que, según el propio Gallardón, será aprobada por el Consejo de Ministros antes de que termine octubre.

La plataforma ha sumado el número de mujeres que abortaron en 2011 (de 2012 aún no hay datos) por motivos económicos o laborales con implicaciones en su salud mental (35.500), las menores de 16 y 17 años que no informaron a sus padres (unas 500 chicas), las que abortaron porque el feto sufría una malformación grave pero compatible con la vida (3.234) o las que lo hicieron sin tener ningún motivo de los anteriores, sino simplemente porque no estaban preparadas para ser madres o no querían serlo (66.107). “Este último grupo supone el 60% del total y ahora se quedan fuera, como el resto, porque no pueden alegar nada para entrar en la ley de Gallardón”, denuncia Empar Pineda, una de las portavoces de la plataforma. Esta feminista quiere recalcar la importancia del medio centenar de menores de 16 y 17 años que se pueden ver afectadas. “Hay casos muy graves, de chicas que pertenecen a familias desestructuradas, o están solas o han sido violadas”, afirma.

La ley actual es una ley de plazos, pero con la reforma se volvería a un modelo de supuestos donde sólo se podría abortar en caso de violación, de riesgo para la vida de la madre o de malformación del feto; pero en este último caso todo indica que sólo se podrá interrumpir el embarazo en caso de que la malformación sea muy grave. “Todo son incertidumbres, porque Gallardón no deja nada claro, da un paso adelante y luego recula y luego da otro paso”, denuncia Pineda que, junto al resto de activistas de la plataforma ha solicitado ya varias veces reunirse con el ministro, sin éxito.

Las organizaciones sociales han planteado una serie de movilizaciones el próximo 28 de septiembre, cuando se celebrará el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Para hacer fuerza, la plataforma Decidir nos hace libres reclama a todos los sectores del ámbito político, sanitario y social que se unan a la protesta. Gallardón ya ha dado cinco plazos en dos años para la aprobación de la ley, pero las entidades feministas se temen que esta sea ya la definitiva.

Cuenta Juan José Calderón, psicólogo que trabaja en la asociación malagueña Mujer emancipada, que cuando acude a los institutos a dar talleres sobre igualdad, lo más frecuente es que, entre los adolescentes, se encuentre con actitudes muy permisivas con la prostitución. “Para muchos de ellos lo normal es ir con prostitutas el fin de semana. Y si a alguno se le ocurriera decir que no lo hace, toda la clase se reiría de él”, señala Calderón. Esta actitud de las nuevas generaciones con la explotación sexual se refleja también en el estudio que ha presentado hoy el Ayuntamiento de Madrid y que indica que el 60,4 % de los jóvenes madrileños ve en la prostitución una forma de ejercer la libertad sexual, frente a un 39% que lo considera algo “profundamente repulsivo”. En el informe, titulado Actitudes de los estudiantes madrileños ante la prostitución han sido entrevistados 1.120 jóvenes (62% mujeres y 38% hombres), estudiantes de Bachillerato, FP grado y postgrado y se ha presentado hoy con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual.

Esta percepción de que las nuevas generaciones no han avanzado en el hecho de valorar que la mayoría de las mujeres prostituidas son víctimas de trata también lo comparte Rocío Nieto, portavoz de la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida (Apramp). “Hace cuatro años hicimos en la asociación un estudio de campo al respecto y nos llevamos la gran sorpresa de que si hace décadas la mayoría de los clientes eran mayores de 40, 50 años, ahora hay chicos ya desde los 17 que pagan por tener sexo”, afirma Nieto. Esta experta en ayuda a las víctimas de trata es muy dura con lo poco que se ha avanzado en educación sexual: “Para los más jóvenes, la prostitución es la forma más económica de satisfacer su apetito sexual, de pagar por algo rápido que convierte a la mujer en un objeto de consumo como si fuese pedirse una copa en un bar”. Para Nieto, es imprescindible la educación en los institutos y en las universidades para hacer ver a las nuevas generaciones que “la mujer prostituta está esclavizada, y no hay que aprovecharse de su situación para tener sexo a bajo precio”.

Jóvenes con educación sexual

Sin embargo, el 70% de los entrevistados (hasta Secundaria) sí que ha tenido acceso a la educación sexual, pero en los contenidos no se trata el intercambio sexual por dinero. “Esta visión abstracta de la prostitución entra en colisión con los contenidos de la educación sobre sexualidad (y la igualdad) que no sólo está muy bien implantada en esta generación sino muy bien valorada por la propia población escolar. La educación sobre sexualidad recibida orienta las actitudes y los comportamientos sexuales de las personas entrevistadas, pero deja fuera los temas relacionados con la prostitución”, advierte el estudio.

Desde su experiencia dando talleres en institutos, el malagueño Juan José Calderón cree que el acudir a la prostitución está “muy integrado dentro del sistema tradicional de masculinidad”. “Entre muchos jóvenes está extendida la idea de que cuanto antes tengas una experiencia sexual mejor, y si es una persona que entiende de esto pues genial”, señala Calderón. “No hay mucha diferencia entre la época en que el padre se llevaba al hijo de putas para que se hiciese mayor y ciertas actitudes de ahora”, advierte. Su trabajo pasa por hacer entender a los estudiantes que la mayoría de las mujeres prostituidas son víctimas de trata.

El informe del Ayuntamiento de Madrid también señala que un 81% aboga por legalizar la prostitución frente al 19% que defiende su abolición. Respecto a situaciones que se dan en la capital, como las mujeres que buscan clientes en zonas públicas como la Casa de Campo, el 45,9% de los jóvenes madrileños siente indiferencia y perciben la visibilidad de la prostitución casi como si fuera “parte del paisaje”. Domingo Comas, portavoz de la Fundación Atenea, encargada de elaborar el estudio, afirma que la mayoría de jóvenes que se han encontrado con mujeres prostituidas “prefiere no mirarlas, lo que es una negación de la mirada, pero también del compromiso en la lucha contra la prostitución”.

Además, la mayoría de los encuestados habla “de oídas” sobre el tema basándose en lo que ven por televisión e internet. Su primer contacto con la prostitución además suele ser con los anuncios de prostitución en prensa. Tanto Nieto como Calderón denuncian que estos medios inciden en ofrecer una imagen de una mujer que se prostituye de manera consentida y por placer.

Lucha contra la trata

Con el objetivo de luchar contra la trata y la explotación sexual, la Policía Nacional puso en marcha a principios de año un nuevo Plan Integral para combatir este tipo de delitos. Durante los seis primeros meses de vigencia han sido detenidas 400 personas y 500 víctimas han sido liberadas, según el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Desde el cuerpo recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de denunciar estos casos y del trabajo realizado por las ONG.

Aunque desde la Policía admiten que el balance de los resultados del Plan habrá que hacerlo a largo plazo, reconocen que “está dando buenos resultados” y ha destacado el aumento del número de llamadas al teléfono habilitado para denuncias de este tipo de casos. Según Cosidó, la población española está “cada vez más concienciada” y que incluso los propios clientes están denunciando casos de explotación cuando comienzan a sospechar.

La organización SOS Racismo hace todos los años un pormenorizado informe sobre las injusticias que se comenten en materia de xenofobia, discriminación e intolerancia en España. El repaso a 2012, que se ha presentado el jueves, incluye episodios nefastos en cuanto a derechos humanos ocurridos ese año, como el naufragio de una patera en aguas de Lanzarote al ser embestida por una patrullera de la Guardia Civil o la puesta en marcha del Real Decreto que deja sin sanidad gratuita a los inmigrantes sin papeles.

Pero al margen de los casos concretos, SOS Racismo también denuncia que, con la excusa de la crisis, la política migratoria dedicada a la integración ha sufrido una “grave parálisis”. Así, los instrumentos que años anteriores habían sido aprobados para la integración de la población inmigrante se han quedado sin fondos. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, programado de 2011 a 2014 o la Estrategia Integral contra el Racismo, que se encuentran paralizados, o el Fondo de apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes que se quedó sin presupuesto en 2012.

Respecto al fenómeno migratorio, las cifras que maneja SOS Racismo señalan que por tercer año consecutivo ha vuelto a aumentar el número de personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar a España. “Hemos pasado de los 131 muertos o desaparecidos en 2010, a 198 en 2011, alcanzando los 225 en 2013”, señala el informe.

Todo esto, en un contexto de tendencia descendente en el saldo de población. El número de extranjeros bajó un 2,3% respecto a 2011 hasta los 5,1 millones. Durante 2012 España registró un saldo migratorio negativo de 162.390 personas. Para los inmigrantes sin papeles, llegó la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 y su expulsión de la sanidad pública y gratuita.

“Un año después, la situación de la sanidad referida al colectivo inmigrante viene caracterizada por una absoluta dispersión en función de las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma”, señala el informe. Así, en Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia aplican el real decreto en toda su extensión. Cinco (Aragón, Cataluña, Canarias, Galicia y País Vasco) no lo aplican pero fijan periodos previos de estancia de empadronamiento y, por último, en Andalucía, Asturias y Navarra no lo aplican y no hay plazos de empadronamiento.

“La alternativa que ha ofrecido el Gobierno estatal a través de unos convenios especiales no parece que vaya a cubrir todos los casos de desatención por su coste y porque, al igual que algunas comunidades autónomas, supedita el acceso a la salud al cumplimiento de un plazo de empadronamiento previo de un año”, señalan desde SOS Racismo.

Esta organización lleva realizando estos informes desde 1995, y una parte importante de él consiste en el análisis de una muestra de las denuncias totales que llegan a sus delegaciones. En este caso, la organización ha recogido 108 casos, de los que el 23% se refieren a abusos policiales. Pero de estas denuncias sólo una pequeña cantidad termina en los juzgados y un porcentaje muy bajo obtiene una sentencia favorable. El informe además hace incidencia en una de las críticas clásicas que recibe el tratamiento penal hacia los delitos de odio; y es que no hay estadística oficial sobre cuántos se producen.

“Educación 100% pública. No es un negocio, es un derecho”. Una enorme pancarta con este lema en defensa de la escuela pública ha presidido este sábado el mercadillo de trueque de libros de texto organizado por Barrio del Pilar en Lucha en una plaza de esta zona del norte de Madrid. El fin de semana pasado, la policía municipal desalojó la mesa con material escolar que habían montado los vecinos en un cruce cercano al centro comercial La Vaguada porque no tenían permiso. Así que la organización decidió trasladar la iniciativa a otra parte, a la acera que hay junto al centro social La Piluka. Visto lo ocurrido el fin de semana pasado, cuando su solicitud fue denegada, en esta ocasión los organizadores ya no han solicitado a la Junta municipal de Fuencarral-El Pardo el permiso para ponerse en la acera. Pero la policía municipal no ha hecho acto de aparición.

La repercusión de su iniciativa ha sido tal que a lo largo de la semana muchos residentes se han acercado a llevar libros de texto y material. De 11.00 a 14.00 el pequeño espacio a las puertas de La Piluka ha sido lugar de encuentro para los que llevaban libros que ya no necesitaban y para los que cogían. Varias televisiones, una de Portugal, se han acercado para conocer los problemas de los vecinos a la hora de enfrentar el gasto escolar. La mañana ha discurrido tranquila, sin presencia policial. El concejal del distrito, José Antonio González de la Rosa (PP), señaló a eldiario.es la semana pasada que la decisión de denegar el permiso fue tomada por un técnico, atendiendo de manera objetiva a los criterios que se aplican a cualquier solicitud de este tipo y que, en el caso del trueque, el fin de semana pasado estaba situado en un cruce donde pasa mucha gente y podía constituir un obstáculo.

Pero lo que desde Barrio del Pilar en Lucha reprochan al concejal es que en ese primer momento la Junta de Distrito no tuviese más cintura con las numerosas familias que necesitan ayuda. Las historias de economías ahogadas por la crisis y por el tirón del comienzo de curso se han repetido esta mañana. “Vengo a buscar libros de Primero de Eso para mi hija, solo en el pequeño he gastado 210 euros y no puedo más”, contaba un padre rebuscando entre los libros. Marisa, en cambio, sólo se ha acercado a traer libros “en solidaridad” y porque vio la convocatoria en internet. Los organizadores han distribuido estos días folletos informativos por el barrio, con declaraciones como esta: “Los continuos recortes en educación, la reducción o eliminación de becas de ayuda para el material escolar junto al negocio editorial hace cada vez más imposible que las familias trabajadoras puedan asumir los gastos que supone la vuelta al cole”.

Detrás de Barrio del Pilar en Lucha hay un grupo de jóvenes del barrio que organizan distintas actividades sociales. Pablo, de 22 años y estudiante de Magisterio, hoy se ha puesto su camiseta de la marea verde para echar una mano a sus compañeros. “En el tema de los libros de texto las que hacen negocio son las editoriales, que cambian el contenido de los libros de año en año para que las familias tengan que renovarlos”, concluye este chico que, a pesar de cómo están las cosas, sigue motivado para enseñar algún día desde las aulas de la escuela pública.

José Antonio González de la Rosa (PP), el concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid) que el sábado ordenó desalojar el mercadillo de trueque de libros de texto en el Barrio del Pilar, ha explicado en declaraciones a eldiario.es que la prohibición se basó “en que el permiso lo pidió un único vecino y no quedó demostrado que detrás hubiese un interés vecinal”.

La solicitud para instalar en la calle la mesa con el material escolar la hizo Quique, uno de los integrantes de Barrio del Pilar en Lucha, asociación formada por jóvenes del barrio. Pero la Junta denegó la actividad alegando que la ordenanza no prevé el trueque y que la decisión quedaba entonces en manos del concejal. Y este decidió entonces mandar a la Policía Municipal para que impidiese que la actividad se realizase en la calle. “La calle no puede ser un lugar de mesas peticionarias porque recibimos muchísimas solicitudes; sólo damos permiso para mercadillos en casos muy puntuales. Hay que entender que puede haber vecinos cansados de pasear y ver todo el rato puestos”, señala el edil.

González de la Rosa asegura además que, a pesar del revuelo formado por su decisión, si el fin de semana que viene vuelve a haber mercadillo su postura será “inflexible”. “Si se vuelven a dirigir a la Junta, la contestación volverá a ser que no. En los tiempos que corren hasta podría justificar el trueque, no me parece una mala opción, pero hay que ser inflexible. Porque si no, pueden venir otros vecinos a pedir estar también en la calle. O abrimos la mano o la cerramos para todos”, afirma González de la Rosa.

Este domingo, y a pesar de la prohibición, los vecinos igualmente organizaron el mercadillo a las puertas del centro social La Piluka y durante toda la mañana estuvieron repartiendo octavillas por el Barrio del Pilar para que los interesados pudiesen conocer el cambio de ubicación. El sábado, antes del desalojo, los vecinos habían colocado una única mesa en el cruce de la Avenida de Betanzos con Monforte de Lemos, muy cerca del centro comercial La Vaguada, en una esquina donde no impedían el paso de viandantes y a 200 metros de otras personas que ejercían la venta ambulante sin ser molestados por los agentes.

El domingo, tras el veto, se trasladaron a la plaza Corcubión y pegados a la entrada de La Piluka colocaron la mesa y los libros. La noticia del veto se difundió a través de las redes sociales y numerosos vecinos se acercaron a mostrar su apoyo y a felicitar a los organizadores. Desde cuentas de Twitter como @Barrio_delPilar se preguntó a los grupos de la oposición si piensan tomar medidas por lo ocurrido.

“El gasto en libros de texto me ha supuesto este año 200 euros, no los tenía y he tenido que pedir un crédito. Estoy aquí para coger material escolar porque para eso ni siquiera me ha llegado”, contaba una mujer ecuatoriana, en compañía de sus dos hijas. Las niñas miraban los bolígrafos y pedían con educación si podían coger más de uno. “Claro, podéis coger lo que queráis”, explicaban los organizadores. Porque una de las premisas de esta actividad es que no había límite de cosas para llevarse, los vecinos podían llevar libros pero también podían coger aunque no hubiesen llevado.

El mercadillo del Barrio del Pilar y su veto no es algo anecdótico. El gasto escolar se ha disparado en la última década y ya se eleva, por cada niño, a 838 euros de media, según un informe de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. La situación es tan grave que hay ONG que también están dedicando recursos a la vuelta a las aulas. Por ejemplo, Cruz Roja en colaboración con la fundación de una cadena de supermercados puso en marcha el pasado fin de semana la recogida de material escolar donado por ciudadanos y que después será entregado a familias con dificultades económicas.

“El programa no es sólo la entrega puntual de material, sino que hacemos luego un seguimiento de esos niños, les damos apoyo escolar y les reponemos el material”, explica Fernando Cuevas, responsable del programa Vuelta al Cole Solidaria de Cruz Roja. En total, el año pasado fueron atendidos unos 20.000 escolares, usuarios nuevos y otros procedentes de otros programas de la ONG. “Cada vez llegan más perfiles de personas que hasta ahora tenían un empleo, pero que ahora solo ingresan el dinero del paro. Tienen que priorizar otros gastos como el de la vivienda y no pueden afrontar el del gasto escolar”, concluye Cuevas.

Una mesa con unos cuantos bolígrafos y gomas, unos cuadernos de Música, unos libros de texto y una mujer ecuatoriana con sus dos hijas repasando el material. Este es el panorama que hoy al mediodía se han encontrado los dos policías municipales que han desalojado el mercadillo de trueque de material escolar que habían organizado los vecinos de Barrio del Pilar en Lucha, en la zona norte de Madrid. La idea había surgido de un grupo de residentes al ver que muchas familias no pueden asumir el gasto que supone la vuelta a las aulas. “Es una vertiente solidaria, no caritativa. Las personas que tengan libros de años anteriores lo pueden dejar aquí, y ver si necesitan algo. También puedes coger material aunque no hayas traído nada. No hay límite, no pedimos nombres, hay libertad absoluta”, contaba Quique, uno de los organizadores, poco después de montar la mesa, sobre las 11 de la mañana. Pero la iniciativa no les ha durado ni media hora.

Enviados por la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo, dos policías municipales han ordenado a los vecinos que plegasen la mesa y se marchasen a casa. Los organizadores habían pedido permiso con tiempo, pero la Junta se lo ha denegado.“Nos han dicho que no, argumentando que como el trueque es una materia no reglada por las ordenanzas, la decisión quedaba en manos del concejal”, señalaban los organizadores. Y el concejal, José Antonio González de la Rosa, ha dado la negativa por respuesta.

“Tenéis que tener una licencia como cualquier otro puesto de venta callejera, como los que hay en el mercadillo de artesanía”, argumentaba un policía. Los vecinos le escuchaban perplejos. “Pero si es solo una mesa, si no hay ánimo de lucro, es trueque”, respondía una mujer. Los agentes intentaban empatizar con el grupo, diciendo que ellos saben lo que supone el gasto escolar pero que tenían que cumplir órdenes. “¿Y si nos vamos al parque?”, preguntaba una mujer. “Peor, es zona verde”, contestaba un agente. “¿Y a un banco de la calle?”, decía otra. “Estamos en las mismas, es zona pública”, seguía el policía. Así que los vecinos han cogido la mesa, han metido los libros en bolsas y se han ido calle abajo en busca de algún local asociativo donde puedan quedarse. Pero la cita, hoy y mañana, era en la calle, en un cruce del Barrio del Pilar muy conocido por sus vecinos donde hay una churrería. Carteles por todo el barrio así lo indicaban. Mañana domingo ya han encontrado un sitio donde poder quedarse: El centro social La Piluka (Plaza de Corcubión, 16).

Hasta el mercadillo de trueque se ha acercado Inés, ecuatoriana con tres hijas de 19, 14 y 9 años y que está sola con ellas y con el único ingreso de su trabajo cuidando a personas mayores. “Sólo el año pasado me gasté en el material de la pequeña 200 euros. Me acabo de encontrar a una señora que me ha dicho que me bajaba los libros de su hijo del año pasado. A ver si nos sirven. Ojalá”, contaba esta mujer, que ante la llegada de la policía se ha sentado en un banco cercano a esperar a su benefactora.

Otra mujer, Vanessa, también está al límite. “No trabajo, mi marido tiene un subsidio de 700 euros y tengo un hijo en 5º de Primaria”, explicaba, con el niño de la mano. Ella, como muchos otros vecinos, marchó en comitiva detrás de los organizadores en busca de un sitio donde no les apliquen la normativa municipal que dice aducir la Junta para desmantelar esta iniciativa popular.

Un viernes a mediodía, en el bulevar central de Villa de Vallecas (Madrid) cae el sol a plomo y, sin embargo, todos su bancos (los de sentarse) están ocupados. Hay personas mayores, pero sobre todo muchos inmigrantes, solos, con niños, pasando la mañana, una mujer hace una Sopa de Letras y otras dos charlan mientras sus críos se pelean con globos de agua. Luego regresarán a casa para comer y volverán por la tarde. Así, en espacios abiertos, están pasando el verano muchos inmigrantes, ante la falta de recursos económicos. Un mal para muchos ciudadanos (españoles y extranjeros), pero que en el caso de los inmigrantes tiene especial incidencia porque muchos no cuentan con una red familiar para que les cuide los niños en caso de que los padres tengan trabajo. Estas son las historias de Adolfo, Edwin, Marian y Yoro:

Adolfo, peruano de 36 años: “Sin dinero y sin trabajo, ¿dónde voy a ir?”

“Sin dinero y sin trabajo, ¿dónde voy a ir?”, se queja Adolfo, peruano de 36 años y sin trabajo. Antes trabajaba en la construcción, pero hace tiempo que no encuentra nada. Adolfo se queda en Madrid este verano, con pocas opciones de ocio. Este hombre intenta estar activo y dice que le gusta hacer deporte en el parque cuando cae el sol, pero se queja de que es imposible conseguir un hueco en las pocas actividades que hay gratuitas en la capital. “Y la entrada a la piscina pública cuesta seis euros, para una familia con cuatro miembros es un gasto que no se puede afrontar”, señala. Él y su familia se las ingenian para acudir a los cines de verano gratuitos o para dar vueltas dentro de los centros comerciales sin comprar. Su petición: “Que aumenten el número y las plazas de actividades gratuitas”.

Edwin, ecuatoriano de 21 años: “No tengo ni para una lata de Coca-Cola”

Edwin tiene 21 años y es ecuatoriano. No tiene trabajo y está muy desmotivado en general con su vida. “Llega el verano y no puedo hacer nada, antes iba al parque a jugar al voleybol con los amigos, pero se me han quitado las ganas porque no tengo ni para comprarme una lata de refresco”, dice este chico, que vive con sus padres en un piso de alquiler en un barrio a las afueras de Madrid. Edwin pasa las mañanas paseando, después va a casa y por las tardes ya se queda en el piso escuchando música. “Bachata, que es lo que me gusta”, cuenta. Su familia es su principal apoyo y la manera de combatir el aburrimiento estival. “Si no fuese por ellos, estaría aún más hundido”, afirma.

El estado de ánimo de Edwin es un ejemplo de la importancia del tiempo libre. Organizaciones como EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) ponen la alerta en que la cuestión del ocio no es baladí. La reducción o eliminación del dinero dedicado a las distracciones es otro elemento de presión a añadir a las familias en época de crisis. Las familias solo pueden hacer actividades de ocio que impliquen gasto cero, como estar en un parque, no hay un momento para la relajación, todo es estrés y preocupaciones.

Marian, rumana de 40 años: “Una señora quería que trabajara para ella este verano en muy malas condiciones”

Marian, rumana que trabaja limpiando casas, ha perdido recientemente el trabajo que tenía con una señora adinerada, precisamente porque para las vacaciones de verano la señora le ofreció unas condiciones en régimen de casi esclavitud. “Me dijo que me fuese con ella a su casa de lujo en Galicia, en régimen interna, ella tiene mucho dinero pero no quería pagarme nada, me decía que tenía que estar contenta de salir de Madrid y de que me diese el aire”, cuenta. Ahora Marian se parte el lomo buscando horas como limpiadora para poder ahorrar e ir a finales de año a Bucarest, donde tiene una hermana enferma. “Mis hijos ya son adolescentes, pero no me gustan que se queden tanto tiempo solos en casa, apenas tenemos dinero y se suben por las paredes con tanto tiempo libre”, señala.

Yoro, gambiano de 23 años: “Este verano me voy a mi país a ver a mi familia”

Yoro es de Gambia y tiene 23 años. Llegó hace cuatro a España y está haciéndose camino gracias al apoyo del entorno del centro pastoral de San Carlos Borromeo, en el barrio madrileño de Entrevías. Ahora estudia y trabaja y este verano su plan principal pasa por ir unos días, junto a varios amigos, españoles, a su país, Gambia. “He estado ahorrando y por fin puedo ir a verles”, cuenta.Yoro tiene mucha suerte, está rodeado de gente solidaria preocupada por el bienestar de los demás. Por ejemplo, de cara al verano, en San Carlos Borromeo suelen llevar a los niños del poblado chabolista de El Gallinero a jornadas de ocio para que desconecten de la miseria y del calor.

En diciembre de 1996, el Paseo de Castellana de Madrid se llenó de lonas que formaron una acampada para revindicar al Gobierno de entonces (del PP) que incluyese en los presupuestos generales la cesión del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) como ayuda al desarrollo de los países pobres. Miles de personas por todo el territorio español se echaron a la calle a exigir un mundo más justo, y las acampadas se repartieron por todas las ciudades. “Yo tenía 20 años y muchas ganas de cambiar el mundo, estaba indignada, como todos los que decidimos acampar. Funcionábamos de manera asamblearia, sin logos, no importaba de dónde vinieras, importaban las propuestas. El día que llegué a Madrid para pasar unos días en la acampada de la Castellana fue muy emocionante: tantas personas no podíamos estarás equivocadas”, recuerda una activista en cooperación al desarrollo que prefiere queda en el anonimato.

Casi 20 años después, el porcentaje destinado a cooperación se sitúa en un exiguo 0,28% y la movilización ciudadana por la ayuda al desarrollo ha quedado prácticamente desactivada. Las Navidades pasadas, la coordinadora de ONG de España protestó con una acampada simbólica en contra de los recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo y quiso homenajear así a las históricas acampadas por el 0, 7 de los años 90. Pero la acción no fue ni mucho menos masiva, sino simbólica, y entre muchos activistas es habitual que surja el debate de por qué la ciudadanía ha desconectado de las ONG, o por lo menos de las grandes y de sus estructuras.

Pablo Martínez está ahora al frente de Plataforma 2015 y fue impulsor y portavoz de aquellas acampadas del 0,7. “En aquellos años las ONG surgían de grupos de base, de profesores de institutos que buscaban una causa para ayudar, pero con el tiempo las estructuras de las organizaciones se han ido profesionalizando y en un sentido negativo”, afirma Martínez. Esa burocratización de las ONG es lo que las ha ido separando de la masa social, coinciden varios expertos. “El error fue que en la época de vacas gordas, cuando las organizaciones tenían dinero, no buscaron el respaldo de la opinión pública”, señala David Álvarez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Para este docente, esta desconexión ONG-sociedad no es la primera vez que pasa: “Ya ocurrió en 1998, con el llamado espíritu de Porto Alegre, las ONG no supieron conectar con los movimientos sociales y se vieron superadas”.

Carlos Gómez Gil también es profesor, pero de la Universidad de Alicante, y vivió con mucha intensidad aquellas acampadas de los años 90. “Todo de lo que carecía aquel movimiento en su construcción ideológica lo tenía de formidable como movilizador social y generador de simpatías. Se construyó en muy poco tiempo un imaginario social sorprendente: pocos sabían de lo que se trataba, pero la mayoría estaba a favor. Muchas de las personas implicadas en las movilizaciones no conocían a fondo la naturaleza de la política española de cooperación, pero la unanimidad era absoluta en cuanto a la necesidad de alcanzar esa mítica cifra del 0,7% de la que todo el mundo hablaba”, recuerda Gómez Gil.

Pero de ese entusiasmo se pasó, en épocas posteriores, a ONG pendientes de captar más recursos y proyectos que de lanzarse a las calles con la sociedad civil. “La consecuencia de todo ello es que buena parte de las ONG han avanzado sobre bases organizativas muy débiles mientras alimentaban una elevada dependencia económica de las instituciones públicas”, advierte Gómez Gil. Los recortes en cooperación han hecho que vivamos un auténtico fin de ciclo en el “oenegeísmo” en España, que muchas organizaciones no son capaces de comprender. “Creer que los problemas se reducen a una simple cuestión económica, de impagos y reducción de subvenciones, es un profundo error, cuando en realidad el problema pasa por haber generado un modelo organizativo basado en la dependencia institucional, en la dependencia pura y dura, en la sumisión económica y programática”, continúa este profesor universitario.

Hay otro aspecto a tener en cuenta en este último ciclo: la crisis en España ha priorizado las protestas de lo que le pasa a la gente aquí en detrimento de los de fuera, una separación que puede ser muy peligrosa a la hora de alimentar los prejuicios. “Hay que combatir la pobreza independientemente de donde se produzca, porque si no, se impondrá el discurso de que son más importantes nuestros pobres que los de fuera”, advierte Álvarez. En esta línea se expresa también María Sande, de la ONG Alianza por la Solidaridad: “El mayor error que han cometido las organizaciones ha sido presentar las cosas que pasan en el mundo como si en realidad pasaran en lugares diferentes: uno en el Norte, desarrollado, donde disfrutábamos de derechos y de condiciones de vida tan deseables, que había que exportarlos al resto del mundo; y otro en el Sur, en desarrollo, que debía aspirar a algún día llegar a donde estábamos nosotros. Los conceptos que hemos utilizado a la hora de explicar nuestro trabajo, no dejan de ser marcos que vienen de la mano de la caridad, de la intervención puntual, el apoyo a un determinado proyecto... Salvadores y salvados”. “Precisamente una de las frases que más se repetían en las acampadas del 0,7 era ¡No es caridad, es justicia'”, agrega otra activista desde el anonimato. “Estamos intentando cambiar, pero no es fácil porque todavía funcionan los mensajes antiguos de solidaridad indolora y nos seguimos empeñando en separar entre pobreza en los países ricos y pobres, cuando las causas que la generan son las mismas”, agrega Arantxa Freire, también desde Alianza por la Solidaridad.

Precisamente esta organización ha trabajado una propuesta para volver a hacer conexión entre ONG y movimientos sociales. Esta propuesta se basa, por ejemplo, en un artículo que ya en 2008 publicó el Observatorio del Tercer Sector y donde se reclamaba el papel de las organizaciones para luchar contra la crisis y como revulsivo de la ciudadanía. Y aún queda gente con ganas de hacer muchas cosas, como Lidia Ucher, una de las impulsoras de este propuesta de volver a tomar el pulso a la ciudadanía: “Estamos articulando todas estas inquietudes, profesionales y personales, para lanzarse a las calles, conociendo el riesgo y la desconexión que hemos tenido con la gente durante demasiado tiempo”, apunta Ucher.

Porque entre las bases de las ONG hay frustración y descontento al ver que pocas organizaciones participan de manera oficial y con pancartas en las distintas protestas sociales que hay a lo largo del año, algo que se visualiza en la nula presencia de las grandes estructuras en el movimiento 15-M. “El mundo de las ONG en general receló del 15M desde el principio, y también amplios sectores del movimiento recelaron de unas organizaciones institucionalizadas, acríticas y dependientes de las instituciones, algo que básicamente se ha mantenido hasta la actualidad”, señala Gómez Gil. Para Sande, a las ONG les ha faltado “saber hacer saltar la chispa necesaria para prender la llama de esa ilusión del 15-M. Saber explicarle a la gente que su actitud, su comportamiento como ciudadanos, votantes, consumidores, es clave, y puede cambiar la forma en la que nos tratan”, reflexiona esta activista. “Desde las ONG nos hemos centrado en mejorar la vida concreta de personas concretas vía proyectos. Y eso es importante, pero no es lo único que hemos de hacer, si nuestra visión es efectivamente de cambio social. Y el hecho de no plantear, ni siquiera soñar con ello, cuál es ese cambio de sistema necesario, ha sido como ir poniendo tiritas en las hemorragias sin pensar en quitarle el cuchillo al agresor”, añade.

Pablo Martínez, de Plataforma 2015, también es muy crítico con esa apolitización de las grandes ONG. “Esa neutralidad no es eficaz, al contrario, hay que defender políticas públicas porque estas sacarán a la gente de la pobreza. Parece que ahora con el desmantelamiento de la cooperación algunas organizaciones están viendo esa necesidad de repolitizarse si quieren sobrevivir”, apunta.

Pero también hay expertos que quieren defender a pesar de todo la labor de las organizaciones. “Generan muchas filosofías, informes y conocimiento para que haya causas por las que movilizarse. Hay ONG con departamentos de estudios que han generado mucha munición para los movimientos más frescos”, señala David Álvarez. “Amnistía o Greenpeace no han perdido esa frescura y sus ideas entroncan con miles de socios que respaldan sus iniciativas. El problema es que hay muchas que no tienen capacidad de movilización, y eso hay que destacarlo”, agrega. Maite Serrano, directora de la Coordinadora de ONG de España (CONGDE) cree que los problemas a los que se enfrentan las ONG “son problemas globales y eso hace que haya cercanía entre las demandas de la ciudadanía y las organizaciones”. “Nos queda mucho camino por recorrer y somos conscientes de que tenemos que hacer a la gente partícipes más allá de que hagan una donación económica, pero en términos generales sí que generamos simpatía entre la población”, concluye Serrano.

“No hay que olvidar a la familia y seguir subiendo fotos”, reza una de las últimas entradas que ha escrito en su muro de Facebook Almamy Haidara, maliense de 23 años y residente en Madrid. Acompañando al texto, Almamy ha subido también una foto suya, sonriente, sentado en un sofá. “Así mis hermanos en Malí pueden ver que estoy bien”, cuenta este chico subsahariano, que llegó a España en patera siendo menor en 2006. Para él, las redes sociales son tan importante en su vida que sentencia serio: “Sin Internet no podría vivir”.

Dramas aparte, lo cierto es que la expansión en los últimos años de las redes sociales ha trastocado totalmente el panorama migratorio y la relación con los países de origen y las familias. Hace 20 años, un inmigrante podía tardar meses, años, en contactar con sus familiares. Ahora internet, Skype, Twitter pero sobre todo Facebook permiten a los inmigrantes informar al minuto de cómo es su día a día. Salah, marroquí de 28 años, recuerda que cuando llegó a España, hace 11 años, tenía que llamar desde una cabina telefónica de Madrid a la única cabina que había cerca de su pueblo, Foumjemaa. Si había suerte y alguien contestaba, entonces tenía que esperar horas a que esa persona localizase a alguno de sus familiares. “Me sabía de memoria ese único número de teléfono, pero cuando llegué a España, tardé cuatro meses en poder comunicarme con mi familia y contarles que estaba bien”, explica. Ahora, a través del teléfono móvil, Salah manda mensajes a su país practicamente a diario.

El cambio positivo que está ejerciendo Internet en el llamado síndrome de Ulises que sufren los inmigrantes tiene una doble vertiente, por un lado les permite mantener contacto con las familias y por otro, ya incluso en el país de origen, pueden conocer perfectamente cuál es la realidad europea. El pasado noviembre, un grupo de inmigrantes subsahariano que esperaba en Marruecos la oportunidad para saltar la valla de Melilla, sabían al detalle gracias a la consulta previa de Internet cuál era la situación económica en España y afirmaban que preferían emigrar a Alemania o Suecia.

Adela Ros, experta en inmigración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) lleva cinco años estudiando desde el Internet Interdisciplinary Institute el fenómeno de la tecnología y su influencia en la vida de los inmigrantes.“Se acabó lo de emigrar y no poder conectarse, ahora se produce una continuidad y los inmigrantes no tienen que romper con el origen”, señala Ros. Ella pone como ejemplo que se ha encontrado con mujeres migrantes bolivianas muy motivadas con las tecnologías porque estas les permiten, por ejemplo, seguir educando a sus hijos en la distancia. “Las redes tienen un potencial enorme para ellas. Pones algo en Facebook y al instante lo ve alguien en la otra parte del mundo”, señala Ros, que también quiere señalar que, a pesar de los avances, todavía existe una brecha digital con los inmigrantes que se encuentran en condiciones más precarias o que, por la crisis, han tenido que restringir el uso de internet.

Almamy tiene más de 200 amigos en Facebook, la mayoría malienses. “Entro a ver internet cinco veces al día como poco. Subo fotos, escribo. Las cosas malas que me pasan las oculto, solo cuento lo bueno”, explica. Almamy también busca trabajo en la red y conoce de sobra las webs especializadas en empleo. Este chico de Malí vive en casa de Javi Baeza, párroco de Vallecas (Madrid) que lleva años acogiendo en su domicilio a personas necesitadas. Baeza ha podido comprobar ese cambio generacional en el uso de las redes, en casa tienen un ordenador donde poder consultar email o Facebook. Yoro, de Gambia, también vive con Almamy y con Baeza y cuando se le pregunta qué es para él internet contesta: “Todo”.

3 de enero de 2013: Almamy se fotografía en el aeropuerto de Barajas antes de partir por unos meses a Malí y sube la foto a Facebook con este mensaje: “Hola, estoy a punto de subir en el vuelo, os dejo aquí y hasta siempre, amigos”. Abril y mayo de 2013, el fotoperiodista Marcos Moreno cuelga en su muro de Facebook fotos de llegadas de embarcaciones a Tarifa, y varios inmigrantes le dan las gracias por compartir la imagen y reconocen en ellas a amigos y familiares. La página de Facebook de Moreno se ha convertido en un punto de encuentro para la inmigración llegada a Tarifa (Cádiz). “Quiero que mi trabajo sirva para ayudarles”, sostiene este reportero, que la semana pasada participó en un taller sobre periodismo y migraciones organizado por el Instituto Panos en Madrid. Salvamento Marítimo también cuelga en su página de Facebook imágenes de pateras y en ellas también ciudadanos subsaharianos están dejando comentarios.

Una encuesta realizada en 2010 por la revista Toumai señalaba que el 93% de los inmigrantes en España tenían perfil en Facebook y más de la mitad de ellos revisaban su perfil a diario. Al 64% le gustaba esta red porque le permitía estar en contacto con su familia fuera de España, aunque muchos también la utilizaban para hacer nuevos amigos o para leer noticias. El efecto ha llegado a tal punto que hay gente que ha localizado a hermanos perdidos. Es el caso de Bayan Mahmud, que huyendo del conflicto armado de Ghana huyó en 2010 y escondido en un barco llegó a Argentina, según contó la Cadena Ser la semana pasada. Ahora juega en los juveniles del equipo de fútbol Boca Juniors y gracias a Facebook ha localizado recientemente en su país de origen a su hermano.

“Hace años un inmigrante podía tardar un año, año y medio en contactar con su familia y ahora está mandando un mensaje nada más aterrizar en Barajas”, resume Juan Iglesias, director del master de Cooperación Internacional de la Universidad de Comillas. Para él, las redes tienen otro elemento positivo: permiten a las personas doblar la personalidad y recuperar el estatus que tenían en el país de origen. Por ejemplo, una mujer ecuatoriana que fuese clase media en su país pero aquí está limpiando casas, puede seguir manteniendo esa clase media cuando habla con sus amigas en origen, sobre sus gustos o planes de futuro. “Y también les permite preparar mucho mejor que antes el viaje a España, antes de salir pueden informarse de todos los trámites”, agrega.

Pero Iglesias también alerta sobre la falta de intimidad en las redes y cómo eso puede generar en problemas. En Estados Unidos trascendió hace unos años que había ciudadanos investigados por los servicios de Inmigración a través de la información que los inmigrantes publicaban en Facebook. En contra de esta práctica se alzaron voces como la Fundación Frontera Electrónica de San Francisco y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense terminó reconociendo que había usado Internet para verificar matrimonios de conveniencia. “La gente ha aprendido a ser prudente, porque saben que si no, lo pueden pagar y caro”, concluye Iglesias.