“En Torrejón de Ardoz ahora nos saludamos así”, explica entre risas Élcido, un dominicano de 36 años, al tiempo que levanta un pie para chocar su cara interior con la del pie opuesto del amigo con el que está, a medio camino entre una muñeira y un baile de la red social Tik Tok. Esta localidad madrileña, afectada especialmente por los contagios de coronavirus, vive estos días entre el pánico y la broma, entre los habitantes que se sienten estigmatizados por la presencia de la COVID-19 en su entorno más próximo y aquellos que relativizan el brote e intentan seguir llevando una vida normal.

Élcido y su amigo pertenecen a esa parte que vive la epidemia desde la barrera del humor y el escepticismo sobre la gravedad de sus consecuencias. “Esto terminará en un par de meses, cuando saquen la cura y alguien haga mucho dinero”, vaticinan.

Para los infectados y sus familiares, la situación es muy diferente. El Ministerio de Sanidad ha dejado de ubicar localmente los casos, pero se sabe que uno de los últimos positivos detectados en el municipio ha sido el de un mecánico del escuadrón del Ejército del Aire Ala 12, con base en Torrejón, según confirmó un portavoz del ministerio de Defensa. Y el dato sobre el total de incidencias en la localidad no es público. En el Ayuntamiento, en cuya sede también ha habido casos comprobados, se remiten a la información del Ministerio de Sanidad.

Una odisea para comprobar que tienes el virus

Fernando, poco más de 50 años, fue diagnosticado positivo la semana pasada. No tiene síntomas, a pesar de ser portador del virus, por lo que desde el hospital de Torrejón le enviaron a cumplir 14 días de cuarentena en su domicilio. Volvió a su casa desde el hospital andando, cubierto con una mascarilla, atravesando el pueblo y recorriendo una distancia de más de cuatro kilómetros. Su mujer, también positivo y con síntomas de neumonía, quedó ingresada.

“Fue ella la que tuvo la primera fiebre. Llamamos a Emergencias y nos dijeron que nos quedáramos en casa, que ese día o al siguiente irían a hacernos las pruebas. Estuvimos encerrados tres días sin recibir noticias”, relata en conversación telefónica con eldiario.es. “Al tercer día sin saber nada cogí y mi coche y nos fuimos para el hospital. Avisé a Sanidad por teléfono y cuando llegamos nos dieron mascarillas y guantes y nos sentaron en la sala de espera de urgencias, con el resto de la gente que va por otros motivos”.

En el hospital les tomaron la temperatura y la saturación de oxígeno en sangre. A ella la metieron en un box de urgencias. “Nos tomaron muestras de las fosas nasales con un bastoncillo para hacernos la prueba del virus”. El resultado de la prueba tarda unas horas en estar listo. “Mientras tanto nos hicieron unas placas, para ver el aparato respiratorio. Eran las cuatro de la madrugada, habían pasado horas y nadie me comunicó nada sobre la radiografía. Discutí con el médico, que me decía que eso llevaba tiempo. Finalmente salió el resultado y dimos positivo los dos. A ella la subieron a planta por lo de la neumonía. A mí me mandaron a casa. Me dijeron que según el protocolo el traslado tenía que hacerse en ambulancia y que no estarían disponibles hasta las ocho de la mañana”, explica.

Era mediodía cuando salió de la habitación de su mujer, aún sin noticias del traslado. “El personal médico se puso muy nervioso, diciéndome que volviera a la habitación, tratándome como a un apestado”, se queja. Más tarde llegaron los papeles del alta. “La médico me dijo que aún había 80 casos pendientes de traslado, y que si me quería ir, que me marchara. Con la misma mascarilla que me dieron al entrar salí y me fui andando para casa”. Ahora cumple el período de 14 días estipulado por las autoridades. “Me encuentro bien de ánimo y tengo la nevera llena, pero esto no saben por dónde cogerlo. Puede haber gente andando por ahí con el virus... la responsabilidad recae sobre cada uno”, valora.

Los hospitales, saturados

“La planta del hospital donde los tienen está llena”, cuenta Aurora, esposa de uno de los contagiados en Torrejón de Ardoz, de 50 años. “Empezó con tiritonas y una sensación de frío... Al principio no pensamos que fuera más que una gripe común. Pero con toda la alarma en televisión fuimos a urgencias del centro de salud”, relata sobre los momentos vividos en los últimos días. “Le hicieron una primera exploración y no tenía fiebre. Volvimos a casa, a seguir con nuestra vida, como nos dijeron”.

Acudieron al socorrido Gelocatil para aplacar los supuestos síntomas gripales. “Al día siguiente fue a trabajar y se empezó a encontrar mal. Ahí ya tenía 39 de fiebre... Sospechamos que algo no iba bien”. Han transcurrido ocho días desde entonces. Acudieron al hospital y le detectaron una neumonía, activando así el protocolo. Sigue ingresado.

“No se encuentra muy bien. Le han puesto oxígeno porque la saturación es baja”, cuenta Aurora, que en cada visita tiene que seguir un escrupuloso procedimiento para taparse con mascarilla, bata de plástico y guantes de látex que desecha a la salida, antes de lavarse concienzudamente con gel desinfectante. “Entras a la habitación y allí no coincides con nadie más; y una vez dentro no puedes salir hasta que se acaba la visita.Pero da la sensación de que hay una decena de habitaciones ocupadas”, señala. El acceso a los pacientes en esta planta cerrada al resto del hospital no está recomendado y se ha limitado a un solo familiar. 

“¿Cómo voy a seguir con mi vida normal?”

“A mí me dijeron que si no presentaba síntomas no me harían las pruebas, que limpiara la casa y la ropa de cama con lejía. Que siguiera con mi vida... como si fuera tan fácil. En el trabajo me han dicho que no vaya aunque no tenga síntomas”, protesta Aurora, que prefiere ocultar su identidad bajo este nombre ficticio precisamente por esta situación. Siente el rechazo de su empresa y sus compañeros de trabajo. “Hay una ventana de 15 días de período de incubación en la que puedes tener el virus sin desarrollar síntomas. Pero no es una baja médica. ¿Cómo voy a seguir con mi vida normal?”, se pregunta.

En la Plaza Mayor del pueblo, Roberto, de 30 años, sufre una situación parecida. Trabaja en una gran superficie comercial al norte de la región. En su entorno hay un caso positivo y lo comentó en el trabajo. “Los compañeros pasaron de los memes y de hacer bromas tipo 'tóseme encima y mañana no vengo a trabajar' a decirme que les parecía fatal que fuera a mi puesto de trabajo, sin tener ningún síntoma”.

La empresa “por precaución” le mantuvo unos días fuera de los turnos de trabajo, para después reincorporarle. “Entre los compañeros se dijo que me habían puesto en cuarentena. Unos decían a otros que no se acercaran si habían estado conmigo. Se disparó la psicosis. Vacilaban y bromeaban mucho, pero cuando han visto la posibilidad real han entrado en pánico y hasta yo me lo he creído y he pensado mucho en si salir de casa o no”, comenta el joven.

Ser de Torrejón de Ardoz, reflexiona Roberto, empieza a convertirse en un estigma de cara a los demás. En la estación de tren de la localidad el recelo se siente cada vez que los viajeros suben al tren. “Te das cuenta de que la gente te mira cuando subes en Torrejón. Si te sientas a su lado, recogen el cuerpo, como para ganar un centímetro de separación. He visto a gente incluso cambiar de asiento”, comenta un usuario habitual.

El rechazo y el miedo tienen forma de mascarilla

Este rechazo más o menos sutil también se palpa en el propio municipio. Un ciudadano de origen asiático recorre cargado una de las calles aledañas al Ayuntamiento. Lleva puesta una mascarilla. Camina rápido y se pone a la altura de un hombre enfundado en un mono azul que tira de un carro con herramientas, que mira cuando el hombre asiático se pone a su altura. Al reparar en la mascarilla da automáticamente un paso a su derecha, aumentando la distancia entre ambos. ¿Tiene miedo? La pregunta sorprende al hombre del mono, que se encoge de hombros, sonríe y sigue su marcha. “Tengo prisa, trabajo”, dice el hombre con mascarilla cuando va a ser abordado, y aprieta el paso.

En la plaza Mayor el trasiego es constate, pero el número de viandantes con mascarilla no supera lo anecdótico, apenas tres personas en un par de horas. Katya es una de ellas. “Hoy es el primer día que me la pongo. Hace tres años sufrí dos episodios de neumonía y ayer tuve 37,5 de fiebre. Me asusté mucho y me puse a llorar, sola en mi habitación”, explica esta brasileña que comparte piso con tres miembros de una familia colombiana y un español. “No les dije nada a mis compañeros de piso. Llamé a Emergencias pero no tuve contestación después de intentarlo varias veces. Hoy me he despertado sin fiebre, pero tengo miedo, por mis episodios anteriores”, dice Katya.

En una farmacia próxima un hombre pide un par de mascarillas. “¿Con esto vale, no?” le pregunta Alexander a la farmaceútica. “Hombre, es mejor que nada”. Son mascarillas simples, de esas que no sirven para evitar contagios según Sanidad si no van acompañadas de un concienzudo lavado de manos. “Me ha dicho mi mujer que las compre. No es que yo esté asustado, pero si uno va en metro o a un lugar con aglomeraciones probablemente las utilizaremos”, comenta antes de salir de la farmacia con las mascarillas en una bolsa de papel.

El parón comercial 

Mientras tanto, en una escena propia de cualquier población española, un grupo de ancianos charla frente a la puerta del Ayuntamiento, donde una de las trabajadoras dio positivo por el virus en la última semana. La gente entra y sale del edificio a cara descubierta. “A mí lo que me preocupa es quedarme inválido en una silla y no valerme por mí mismo”, comenta uno animado, mientras otro se ocupa de pasar al resto un billete de 100 euros que le acaban de dar para que juzguen si se trata de un billete falso. El coronavirus se acepta como otra realidad cualquiera.

En una frutería cercana, la ciudadana china que la regenta trabaja con la mascarilla puesta. Un hombre compra fresas. “Yo no estoy preocupado”, dice sonriendo, mientras la mujer defiende el uso de las mascarillas. “Ahora España como en China”, comenta con su rostro cubierto. “Está mal quitársela. Sin esto, mal para ti y para mí. En España la gente no sabe. En China ahora con esto todo bien”, dice sobre su país.

Muchos de los negocios de los ciudadanos chinos en la localidad han echado el cierre esporádicamente. “Cerrado por vacaciones”, rezan los folios sobre las persianas metálicas. Es otro de los efectos del virus en Torrejón, donde ya se ven afectados los hábitos de consumo. “Qué mes más flojo llevamos”, le dice el dueño de un bar a otro en la Plaza Mayor del municipio. En una mercería cercana las dependientas se quejan de la ausencia de clientes. “Llevamos una semana que no entra nadie”.

“Centro es especial, aquí todo es más grande y mayor”. La frase se repite como un eco en los despachos y pasillos de la Junta de Distrito Centro, en el número 72 de la calle Mayor, en el que trabajan 255 empleados públicos. En sus cinco plantas se gestionan cosas tan diversas como la atención a personas sin hogar o la limpieza de los colegios, o que, por ejemplo, el pescado de nuestro plato de sushi esté libre de bacterias, la organización de fiestas tan emblemáticas como las de San Cayetano y La Paloma. Entre sus funciones también hacen frente a la solución habitacional ante desahucios, como los simbólicos de Argumosa 11, a la ayuda a domicilio e incluso inspeccionar las mesas y las silla de la terraza de un bar por no cumplir con la normativa municipal.

El edificio de la Junta, construido en 1864, es el Centro neurálgico de casi todas las actividades reguladas en los barrios de Cortes, Sol, Justicia, Universidad, Embajadores y Palacio. Una polis dentro de la ciudad de Madrid con casi 150.000 residentes, pero con otros tantos habitantes flotantes, como los miles de turistas cautivados por sus museos, sus icónicas plazas y su inagotable oferta comercial y de ocio. Desde la Junta de Distrito se trata de buscar el virtuoso equilibrio entre aquellos para los que el Centro es su barrio, ese en el que la vida cotidiana cobra significado, y los que están de paso, ya sea para una quedada de amigas o para lanzar al mercado una campaña publicitaria. “Hay parte de razón en esa acusación de Centro como parque temático”, comenta el coordinador del distrito, Jesús Martín.

Esta institución municipal cuenta con un presupuesto, al margen de los gastos de personal, de unos 23 millones de euros, pero que puede crecer con créditos que se van autorizando desde el Ayuntamiento, que igual que cede competencias, cede dinero para gestionarlas. En 2018 terminó gestionando un presupuesto de 27 millones de euros. El 60% de este dinero va a parar a los servicios sociales, sobre todo a ayuda a domicilio, que recibe nueve millones.

La puerta de Servicios Sociales, el departamento que más recursos económicos y de personal acapara, se encuentra abierta. “Somos la puerta de entrada al ciudadano, somos el eslabón más cercano y tenemos autonomía para abordar la problemática específica del distrito. Tenemos también la mayor parte de personal de la Junta, alrededor de 60, de los que la mitad son trabajadores sociales.

Además hay otros 50 profesionales, como psicólogos, que se contratan de manera externa. Los barrios de Embajadores y Palacio son los que concentran un mayor nivel de atención. Ocho de los 28 trabajadores sociales trabajan en Embajadores, marcado por la precariedad económica, el envejecimiento de la población y la vulnerabilidad que se concentra en el barrio. “Durante muchos años se ha primado la concepción del ciudadano como consumidor de servicios, y el trabajo comunitario ha sido poco desarrollado, salvo en este distrito”, señala Carmen Cepeda, responsable del departamento.

Para ello se trabaja con las asociaciones de la zona, alrededor de 130. Existen mesas temáticas de empleo, salud o infancia, en las que se implica a la comunidad para que mejore desde sí misma. “Nuestra tarea es acompañar esos procesos para que se produzcan”, comenta, señalando que la atención individual queda incompleta al no incidir sobre su circunstancia. En Ribera de Curtidores se encuentra el centro comunitario feminista del distrito, donde el componente de género es troncal, desde antes incluso de que hubiera un área de Igualdad en el Ayuntamiento.

Alto porcentaje de personas sin hogar

El distrito concentra el mayor número de personas en situación de calle de la ciudad de Madrid, alrededor de 770, el 35% del total. Aunque el encargado del acompañamiento de las personas sin hogar es el Samur Social, la Junta se suma al trabajo para buscarle un acceso a los recursos sociales que están a disposición del resto de la población. “Si la persona sin hogar se implica, sale de la red especializada y entra en la misma atención que cualquier otro ciudadano”, explica Cepeda, que incide en el dato de que el 95% de las personas en situación de calle tienen patologías asociadas, sobre todo trastornos psicológicos y adicciones.

“Esto complica que la persona gobierne su vida. Pero tenemos otra labor, que es evitar que lleguen a esa situación cuando son personas solas, con dificultades económicas, adicciones o violencia de género en el caso de mujeres, y pierden su alojamiento tenemos 45 plazas en pensiones en el que todos los años invertimos 350.000 euros, para evitar que lleguen a la red de personas sin hogar”, comenta sobre unos procesos lentos que pueden durar entre seis y 18 meses. Pero las plazas son escasas y desde el distrito se echan en falta la puesta en marcha de más recursos por parte de la Comunidad de Madrid.

Otra de la problemática específica es la concentración de enfermos mentales, la mayor en todo Madrid. “El Centro envuelve en el anonimato, la gente es más invisible, pasa desapercibida. Pero, igual que las personas sin hogar que duermen en la Plaza Mayor, también se encuentran más seguras”, explica la responsable. Con ellos hacen una tarea complementaria de acompañamiento, por la escasez de recursos en el sistema de salud. Igualmente, se trata con la población inmigrante, que recala en el distrito por las facilidades que da el distrito para “buscarse la vida”, analiza Cepeda.

El problema de la vivienda, con la subida de los precios del alquiler unido al auge de los pisos turísticos, también recala en el departamento. Cepeda fue la única trabajadora municipal que pudo atravesar el cordón el día que se consumaron los desahucios de Argumosa 11. “Fue una situación muy triste. Es una de las situaciones estresantes más duras por las que puede atravesar una familia”, rememora escuetamente. “Estamos trabajando mucho desde la parte preventiva para ayudar económicamente al pago del alquiler y evitar que se abra un expediente de desahucio por impago, porque los caseros quieren que el proceso se consume para conseguir alquileres más ventajosos”, señala.

Cuatro centros de mayores

El departamento se encarga también de cuatro centros de mayores, lugares de encuentro que buscan promover el envejecimiento activo desde juntas directivas constituidas por mayores, a través de voluntariado y talleres diversos. Prestan servicio a 7.000 socios, entre las 20.000 personas mayores de 65 años con las que cuenta el distrito. En el Casino de la Reina, uno de los edificios municipales de Servicios Sociales en la calle del Casino, se encuentra Begoña García, al cargo de Participación Ciudadana. Está a punto de celebrarse uno de los foros locales. Antes de noviembre, la participación dependía de cultura. Ahora dependen de los distritos, que se encargan de la relación con entidades y el reparto de subvenciones.

Los responsables de actos en vía pública llegan a gestionar alrededor de 800 actividades callejeras, por su parte, los trabajadores del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana lidian con la gestión de obras, tanto públicas como de particulares. Alrededor de 10.000 inmuebles pasan anualmente la Inspección Técnica de Edificios, si alguno presenta alguna deficiencia, los técnicos del distrito inspeccionan el inmueble y dan un plazo para subsanar esas deficiencias. Su trabajo está muy ligado al departamento de disciplina urbanística, el lugar donde el ciudadano llega más belicoso: se sancionan y se precintan obras o se precintan terrazas.

Un ascensor conduce al departamento de Salud y Consumo, encargado de hacer inspecciones de seguridad alimentaria en todo tipo de establecimientos. “Deberíamos ser al menos quince, por eso vamos a los establecimientos de mayor riesgo, como colegios o residencias, o de aquellos establecimientos que ya han sido sancionados”, explica Enrique Hernández, responsable del servicio en un distrito con 5.200 establecimientos que duplica o triplica a otros distritos o que comparado con distritos como Vicálvaro o Barajas supone hasta ocho veces más. El trabajo de controlarlos recae sobre cuatro o cinco inspectores.

Igualmente se controla a los alimentadores de palomas y los edificios mal conservados que a veces se convierten en palomares o en nido de roedores, precisamente por la antigüedad de muchos edificios. Las reclamaciones de consumo también llegan a este departamento. En Centro suelen rondar las 130 al mes, tantas como otros distritos tienen a lo largo de todo el año. La mayoría se originan en tiendas de telefonía móvil y en grandes superficies como FNAC o El Corte Inglés, por el alto volumen de ventas. “Pero las grandes empresas vienen de nuevo acompañadas de grandes bufetes de abogados que recurren las sanciones y alargan los procesos de las denuncias”, explica Hernández antes de lanzarse a la calle para una nueva inspección en este distrito que parece sobrevolado por el cristal de una lupa, que aumenta y magnifica todo lo que ocurre bajo él.

Acudes al colegio electoral el próximo 28 de abril y, entre los programas por los que puedes votar, uno decreta la confusión como estado mental obligatorio. El siguiente asegura que las Fuerzas Armadas tendrán que jurar la bandera LBTBI y garantiza la creación de un ministerio de la Soledad para evitar la exclusión social. Un tercero promete que la industria armamentística subvencionará a los refugiados de guerra, pues esta es la razón por la que pierden sus casas y huyen de sus países. Otro declara tal anarquía que los modelos de los catálogos de moda tienen cabeza de cola de langostino y los bufones de Velázquez cambian sus grotestas muecas por un pedazo de carne. Son las propuestas inverosímiles, pero muy reflexionadas y convertidas en obras de arte, que se han podido ver este fin de semana en la exposición El día que realmente votaste, en el Centro Social Autogestionado de Tabacalera, en Madrid.

“En este mundo que hemos querido plantear, el ejercicio de la democracia consiste en la elección del programa electoral de un artista o de un colectivo artístico”, explica José Luis Guijarro, de la organización Programa Taide, que impulsa a artistas españoles a través de plataformas de exposición. “Aquí le damos la vuelta a la situación y no es la cultura la que ocupa un papel secundario en los programas, sino que puede gobernar la sociedad. En lugar de haber propuestas de políticos, son los artistas los que nos presentan sus programas electorales”, continúa. Así, los visitantes se convierten en votantes y eligen su propuesta preferida a través de urnas y cabinas, como si de un colegio electoral se tratase.

“Hay un clima muy común en el mundo de la cultura, en el que no sabemos a quién votar porque no hay nadie que le de el lugar prioritario que debería tener. Falta creatividad para abordar los problemas sociales y falta creatividad en la política. Así es como surge la idea”, explica Jana Pacheco, del colectivo de artistas Calipsofacto. “El potencial es fantástico, pero son artistas que tienen en España muchos menos apoyos que fuera y que están teniendo que salir del país”, indica Guijarro. Por eso, reclaman apoyo económico, principalmente de instituciones privadas, pero sobre todo espacios de exposición, libres, como el que han encontrado en el edificio de Tabacalera. Frente al clima de tensión y división actual, la jornada pretendía recuperar el carácter festivo que tradicionalmente caracterizaba a los domingos electorales. Pero antes de elegir la papeleta, hay que conocer los programas.

“Tan radical como un reset a cero”

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En mitad de la sala se erige un cajón de madera de más de dos metros de alto. Una alfombra roja conduce al público hasta una abertura circular a la altura de la cabeza. En su interior, un espejo devuelve al visitante su propia imagen encerrada tras una verja metálica, flanqueada por dos migrantes. 'No te voy a decir lo que debes hacer' fue la candidatura más votada al final de la jornada. “La pieza es para mí una toma de contacto con lo real. Esa valla existe para todos, es una valla que nos ha colocado el sistema. Esa imposibilidad de acceder a la tierra como algo inmediato y libre y a lo que todos deberíamos tener derecho”, explica su autor, Oscar Vautherin, que invita a los asistentes a verse, por un momento, al lado sin esperanza de la frontera. “Cuestiono si deberíamos seguir votando a un sistema que nos ha puesto detrás de una valla. Es tan radical como plantear un reset a cero”, abunda.

Otra de las instalaciones es 'Hasta el coño', de Gema Polanco, una cama sobre la que aparecen inscritos aspectos de la vida que agotan a la artista, siempre desde la perspectiva de género: “Hasta el coño de los hombres que pegan a sus mujeres. Hasta el coño de fingir orgasmos. Hasta el coño de las tendencias”. Todo, rodeado de autorretratos de la artista en blanco y negro con el cráneo apuñalado por un crucifijo que simboliza la influencia y las fuertes convicciones religiosas de su familia.

Fake news, falta de oportunidades y anarquía

La propuesta de Cristina Lucas, premio Mujeres en las Artes Visuales en 2014, es un decálogo abierto el público, que puede matizarlo, añadir ideas y modularlo a su antojo, haciendo de cada votante el redactor de su propio programa, como el que en el punto 7 pide “reformar el lenguaje para que no sea machista”. Otro de los puntos principales hace referencia a las fake news y las verdades deformadas: “Sancionar las falsedades o informaciones engañosas en los políticos y en los cargos públicos. Al no haber consecuencias, la lista de engaños se sucede infinitamente. Si un representante político incurre en falsedades reiteradamente, tendrá que ser deshabilitado como representante público”.

El artista performativo Pablo Durango presenta J.A.L.E.O. (Jerarquía Abstracta de Lógicas Eclécticas en Órbita). “La realidad y la ficción dejarán de existir como conceptos independientes”, sienta como base el primer punto de este decálogo, con la foto de campaña del candidato maquillado y caracterizado de forma neobarroca, como una sublimación estética a lo Marilyn Manson. “Cualquier cosa que se piense podrá desarrollarse en el plano de lo real. Se pondrá especial atención en la creación de una nueva mitología de seres fantásticos y criaturas post-humanas”, dice el decálogo, en una promesa que encierra una referencia velada a una generación de artistas que carecen de espacios donde conectar con el público y de estructuras que permitan hacer del arte un medio de vida y subsistencia.

Los collages en los que se mezclan 'Las Meninas' o 'Las señoritas de Avignon' con trozos de carne, pollos crudos o mariscos alrededor de una 'A' representan la propuesta anarquista de la muestra, de Fernando Ventura, artista fuera de mercado.

Políticas de vivienda, “desde la dictadura franquista”

Al lado, un pequeño salón, con un sofá frente a un televisor que retransmite un documental de la creadora plástica y visual Elena Lavellés, en el que se muestra la trayectoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Es el trabajo de una larga investigación y colaboración con la PAH desde el 15-M, en 2011, explica Lavellés, que realiza ”un trazado desde el período de la dictadura franquista, en la que el ministro de Vivienda, Luis Arrese, proclamaba que querían que España fuese un país de propietarios y no de proletarios. Esas políticas se han seguido implementando desde todos los gobiernos de la Democracia y no se han modificado“, señala. ”Me parecía fundamental volver a plantearlo en este momento post burbuja pero en un contexto en el que los alquileres se disparan y precisamente en este lugar, junto al barrio de Lavapiés, que se está gentrificando de forma tan acelerada“.

No es el único vídeo en la muestra. El artista coruñés Edu Fernández rueda su propio vídeo electoral en el que repasa, mirando al horizonte de un cielo despejado, sus propuestas para una hipotética cita con las urnas en 2023. Propone la fundación de una Unión Ibérica entre España y Portugal, en la que todos sus ciudadanos cobrarían un Dividendo Ibérico para cubrir sus necesidades, se aboliría cualquier distinción de sexo o género y la voz humana se declararía Patrimonio de la Humanidad, para asegurar que siempre será escuchada.

Al lado, el programa electoral del colectivo SomosNosotros invitaba a alargar la jornada de reflexión de manera indefinida, con una música relajante y aromas propios de balnearios mientras una pantalla lanza llamamientos a la calma en varios idiomas.

“Contraste entre la propuesta de la exposición y los partidos”

“Me ha descubierto muchas denuncias de la sociedad actual, en un contexto muy lúdico, muy participativo”, comenta Melanie, que votó por la obra de Vautherin. “He decidido mi voto con la obra que más me ha impactado, tenías que interactuar con ella para verte en la piel de un refugiado sirio, por ejemplo”, razonaba. A su acompañante María le había llamado la atención “el contraste entre la propuesta de la exposición y la de los partidos políticos. Me ha gustado ver la parte humana que no suelen reflejar los programas políticos”, dice instantes después de depositar el voto. “Hemos encontrado propuestas muy ricas, quizá difíciles de cumplir, pero en eso se parecen también a las promesas de los partidos tradicionales, que también prometen y no cumplen”, comentaba Daniel, otro de los visitantes, que decidió votar en blanco. “En las de abril votaré para que no ganen los malos”, declaraba junto a su acompañante, que se había decidido por la propuesta feminista de Polanco: “Que el programa electoral duerma y repose en una almohada me parece una idea genial”. “Yo no he votado en mi vida a un partido político, pero voy a votar ahora”, añadía otro visitante frente a la mesa electoral. Otros de más edad preferían utilizar la cabina de votación habilitada. “Quiero hacerlo bien”, decía una mujer mientras cogía una papeleta de colores de cada propuesta y cerraba tras ella la cortina negra, con un arcoiris en una mano y un sobre en la otra.

“Quedan dos minutos para el cierre de las urnas”, se gritaba en la sala momentos antes de empezar con el recuento de los más de 600 votos emitidos durante la jornada, ninguno nulo. Con una cabecera de informativo, una pantalla daba cuenta de los resultados y proclamaba la propuesta de Vautherin ganadora. “Lo mejor de la jornada es que me he encontrado con personas dispuestas a preguntar y escuchar y tomarse un tiempo con los artistas”, señalaba tras la simbólica victoria. “Visitamos exposiciones como si los cuadros fueran cromos. Ojalá más exposiciones como esta”. Con estas palabras cerraba la jornada electoral utópica desde el Arte, con una única promesa: repetir la cita dentro de cuatro años.

Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, los anunció a coste cero cuando era alcalde y han acabado costando más de 23 millones de euros para el erario público de Torrejón de Ardoz.

El entonces regidor del municipio inauguraba en 2011 tres edificios municipales y se felicitaba porque la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), creada por él al entrar en el consistorio en 2007, asumiría los gastos de su construcción. Una Jefatura de Policía local (5.610m2), un centro deportivo (5.925m2) y un centro cultural (7.620m2) que recibiría el municipio a cambio de la cesión de suelo municipal para construir bajo ellos 6.000 plazas de aparcamientos privados, además de 89 viviendas de lujo tipo loft en el edificio policial proyectado. Con su venta, la EMVS sufragaría los gastos de construcción de los edificios dotacionales.

Sin embargo, y según documentos municipales a los que ha tenido acceso eldiario.es, han sido las arcas municipales las que han asumido el pago de esos inmuebles. La asunción de este coste entraría en conflicto con las condiciones del encargo a la empresa municipal, pues no deberían incluir ningún tipo de financiación por parte del Ayuntamiento, según lo anunciado en su día por Rollán.

El PSOE de la localidad ha demandado ahora al consistorio tratando, por la vía judicial, de hacerse con la documentación municipal que detalle las condiciones de financiación del proyecto. Llevamos un año solicitando por todas las vías posibles, en el Registro municipal, escritos dirigidos al alcalde y llevando mociones al Pleno para tener acceso a una documentación que debería ser pública, señala Javier Castillo, portavoz socialista en el municipio.

Sin embargo, en uno de los ayuntamientos más transparentes de España según el informe de 2017 de la organización Transparencia Internacional, la documentación reclamada no aparece. El consistorio tampoco ha sido capaz de dar contestación a las reiteradas preguntas de eldiario.es sobre la financiación de los tres edificios y evita aclarar la contradicción entre su anuncio a coste cero y los 23,2 millones de euros facturados al Ayuntamiento.

eldiario.es sí ha tenido acceso a las facturas emitidas por la EMVS al reclamar el pago de la construcción de los tres edificios -con fechas de emisión de 2010 y 2011 pero registradas el 29 de abril de 2015, cuando los edificios llevaban cuatro años funcionando- así como a los documentos que ordenan el pago de las mismas. El primero corresponde a un acuerdo de la Junta de Gobierno de diciembre de 2016 en el que se aprueba, fuera del orden del día, el pago de 15,3 millones de euros (9,3 millones por el edificio cultural La Caja del Arte y 6 millones por la Jefatura de Policía local).

El pago se consolida a través de una compensación de deuda que la EMVS contrajo con el consistorio mediante los Reales Decretos del Gobierno central para ayudar a los ayuntamientos a efectuar pagos a proveedores en 2012 y 2013. El Ayuntamiento torrejonero recibió 100 millones, de los que 15 fueron a parar a la EMVS.

El segundo pago se produce en noviembre de 2017. Son 1,5 millones que forman parte de la factura de 7,8 millones de las instalaciones deportivas José Antonio Paraíso. El abono se efectúa a través de otra compensación de deuda a la EMVS, en este caso tributaria por el impago de la EMVS del IVA de los edificios y que asumió el Ayuntamiento. Esa compensación queda reflejada en un decreto de noviembre de 2017 de la concejala de Hacienda, Dolores Navarro, consejera en la EMVS y condenada a su vez junto a Ana Botella por la venta de pisos de la empresa municipal de vivienda de la capital a un fondo buitre por debajo de su valor de mercado.

El tercer pago a la EMVS supone 3,5 millones de euros, se produce en enero de 2018 y queda reflejado en el presupuesto municipal de gastos de ese mismo año bajo la denominación Dotacional Barrio Verde. Según la factura de la EMVS por este complejo, emitida en abril de 2011 pero registrada en abril de 2015 según la documentación obtenida por eldiario.es, el importe total asciende a 7.940.542,71 euros. Por lo tanto, y tras el pago de más de 20 millones de euros por unos edificios para los que se cedió suelo público y que deberían haber salido a coste cero, el consistorio todavía debe a la EMVS más de tres millones de euros por un proyecto que ha resultado ruinoso para las arcas municipales.

Los edificios los ha pagado el Ayuntamiento porque la EMVS es 100% municipal, señala a preguntas de eldiario.es un portavoz municipal. Se trata de una empresa que en la actualidad está constituida plenamente con capital municipal, regida por informes técnicos y jurídicos de los funcionarios municipales. Las facturas las ha pagado el Ayuntamiento porque la EMVS es el Ayuntamiento, señala el portavoz, al contrario de lo anunciado en su momento por Pedro Rollán. Nada explica sobre las condiciones bajo las que se inauguraron los edificios, aunque enmarca la demanda judicial del PSOE en un contexto de agitación preelectoral.

Estamos cerca de las elecciones y se recurre a estas cosas. Recientemente se ha archivado ya una denuncia de Podemos referida a la EMVS, explica. El pasado 6 de febrero, un juzgado de la localidad archivó una denuncia de la formación morada contra el alcalde torrejonero, Ignacio Vázquez, por un delito de prevaricación y falsedad documental por una supuesta condonación de 500.000 euros a favor de la EMVS.

Esta deuda se mantiene a pesar de que la EMVS tiene contraídas otras con el consistorio y que no han sido compensadas, según denuncian desde el PSOE. Al margen del pago de los edificios, el Ayuntamiento entregó a la EMVS en 2015 otros cuatro millones de euros para abonar la deuda con Hacienda a través de un préstamo de tesorería a corto plazo, señala Castillo. Ese préstamo ni se ha compensado ni se ha devuelto, denuncia. La deuda aparece reconocida así en las cuentas de la EMVS, según un documento sobre las cargas financieras de préstamos a finales de diciembre de 2016.

Desde el PSOE denuncian además que, para dar validez a las facturas recepcionadas años después de la entrega de los tres edificios dotacionales, el Ayuntamiento levanta actas de recepción definitiva, de los edificios de La caja del Arte y la Jefatura de Policía, definiendo la entrega en 2011 como una recepción tácita y acompañada de un informe favorable del secretario municipal y la Interventora accidental.

Existe además otra contradicción sobre las cantidades facturadas por los edificios. En febrero de 2018, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprueba el inventario municipal con el voto en contra del resto de grupos municipales. En el documento, al que ha tenido acceso este medio, aparecen reflejados los tres edificios con un valor de adquisición de 19,89 millones de euros, distinto e inferior al precio de compra que aparece en las facturas registradas, de un total de 23,2 millones. El consistorio también a rehusado dar explicación a esta diferencia.

La operación, una de las primeras y más ambiciosas, de la EMVS ha ido acumulando oscuridades desde su aprobación por Pedro Rollán. El plan no contaba con ningún tipo de estudio previo sobre la necesidad de los aparcamientos y tampoco incluía la construcción de viviendas de protección oficial. De esta manera se encomendó el plan a la empresa, de naturaleza pública y con capital municipal pero gestionada de forma privada por Habyco XXI, la misma empresa que gestionaba la EMVS de Rivas Vaciamadrid y en la que la Cámara de Cuentas destapó en 2013 un desajuste de 20 millones de euros que acabó con la dimisión del alcalde, José Masa.

En las inauguraciones en 2011 de los tres edificios por parte de Rollán, el vicepresidente regional mantenía lo que el tiempo ha terminado negando: la EMVS ha financiado íntegramente los edificios sin que estos hayan costado un solo euro a los vecinos de la localidad. Además, se buzoneó en toda la ciudad una revista sobre los primeros cuatro años de gestión del PP en el consistorio con el mismo mantra: esa publicación municipal publicitaba los edificios y subrayaba que no habían supuesto gasto para el Ayuntamiento porque lo asumió la EMVS.

El resto de la historia es conocido. Ese mismo año, 2011, el PP barre en las elecciones en el municipio y Rollán se convierte en el alcalde más votado en las ciudades de más de 100.000 habitantes. Esto no pasó desapercibido en el PP de Madrid y Cristina Cifuentes incluye a Rollán en su lista para la Comunidad en 2015, cuando en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se registran las facturas por los tres edificios. Según el PSOE, si la documentación reclamada ahora a través de los tribunales sobre la financiación del proyecto recoge en sus condiciones que no debía haber financiación municipal, el abono de las facturas podría constituir un delito penal.

Sobre esto ya existe un informe de la Cámara de Cuentas del año 2015 acerca de las obras de la Jefatura de Policía local en el que señala que las encomiendas que realiza el Ayuntamiento a la empresa no llevan ninguna financiación asociada por parte del Ayuntamiento, por lo que la EMVS tiene que utilizar sus recursos para poder llevarlas a cabo.

Madrid quiere repensar su ocio. Hacerlo más igualitario, accesible e inclusivo fuera de su dimensión de consumo y más allá del enquistado conflicto entre el ruido nocturno y el derecho al descanso de los vecinos. Con la jornada Perspectivas y Retos del Ocio en Madrid, celebrada el pasado jueves, la ciudad ha iniciado una revisión profunda sobre ese tiempo liberado de obligaciones y su potencial de transformación social, latente pero poco explotado, a partir de las experiencias de empresarios del ocio, asociaciones vecinales, agentes sociales, el tejido asociativo de la ciudad y el área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de la capital.

El concepto de ocio está hoy desprovisto de gran parte de su complejidad, arrinconado por los hábitos de consumo. “Visitamos un museo, lo contamos a nuestros seguidores en redes sociales, añadimos una muesca a nuestra colección de experiencias y pasamos inmediatamente a la siguiente, banalizándola, sin tiempo para que nada cale en el individuo”, señala por vídeo conferencia el primer ponente, Fernando Bayón, doctor en Filosofía de la Universidad de Deusto y director del Instituto de Estudios de Ocio. Esta urgencia con que se vive el ocio favorece, según Bayón, esa tendencia a equiparar ocio con consumo, cuando en realidad son conceptos diametralmente opuestos. “El neg-ocio es precisamente aquello que niega el ocio, es una actividad que se hace con ánimo de lucro frente a un ocio basado en la contemplación y la creación, y sin embargo ambos se confunden hasta parecer ser parte de la misma realidad”, explica Bayón.

Este valor del ocio para conformar la personalidad de los individuos tiene particular importancia entre colectivos minoritarios o desfavorecidos, tal y como demostraron experiencias como la de INJUCAM, una plataforma que reúne a 15 entidades sin ánimo de lucro y que trabaja en los barrios con mayores dificultades por el desarrollo de la juventud y la infancia. “Participar en el ocio a través de las asociaciones ayuda a los jóvenes a conectar con el barrio, aumenta su autoestima y ayuda a que se mantengan dentro del sistema educativo. Los chavales se organizan en asambleas y aprenden a respetar, a saber lo que es el turno de palabra, a argumentar... Sientes que cuentas y que formas parte de la construcción de tu propio espacio”, explica Alexis Ávila, responsable del proyecto Enredaderas, una red de locales municipales que se han convertido en escenario de su desarrollo personal.

En esos locales son los propios jóvenes los responsables de decidir cómo quieren aprovechar su tiempo libre, tomando como punto de partida sus propios intereses, en lugar de empotrarse en un programa ya preestablecido desde una esfera adulta. “Les puedes dar a elegir entre fútbol y baloncesto, pero ellos quieren hacer BMX, parkour o breakdance. Dejemos que sean ellos quienes se organicen”, señala Ávila.

En esa capacidad de gestión y decisión reside el éxito de Enredaderas: más de 5.000 participantes en 2018 en los distritos donde tienen presencia (Retiro, Centro, Moratalaz, Villaverde y Fuencarral) que asistieron en más de 30.000 ocasiones a participar en las actividades propuestas por los jóvenes, de las que se ejecutaron más de un 65% con un presupuesto de 561.000 euros. Con esta cifras como aval, la iniciativa sigue extendiéndose por la ciudad y el próximo mes empezará a funcionar una en Vallecas y otra en Chamartín en septiembre.

La amenaza de las casas de apuestas

Contar con este tipo de alternativas resulta crucial en entornos donde amenazas como el juego y las casas de apuestas se infiltran también a través del ocio. Silvia González, de la asociación de vecinos Villaverde Este, alerta sobre el crecimiento de estos locales precisamente en los distritos con menor renta por ciudadano: Latina, Vallecas, Usera, Villaverde, Tetuán... La acumulación de estos establecimientos es tal que en ocasiones se encuentran pared con pared, monopolizando así el espacio y las opciones de tiempo libre.

“Esta explosión de las casas de apuestas afecta a la población más vulnerable, con perfiles muy jóvenes y masculinizados de nuevos ludópatas. Según datos del Observatorio Estatal del Juego, el 85% de sus usuarios son hombres, y el 81,6% de estos tienen de 18 a 45 años”, analiza González, que denuncia la resistencia de la Comunidad de Madrid para su ordenación. “Tenemos una Ley del Juego que fue aprobada en 2001, que no contempla el riesgo de salud pública que supone el juego online”. Para la portavoz vecinal “no hay existe una alternativa si no se brindan espacios públicos y financiación”.

Precisamente, en esa manera de gestionar los espacios públicos se encuentra una de las claves para conseguir un ocio de calidad y superar, no sólo los desequilibrios territoriales, sino también los desafíos que ponen en entredicho la identidad de las grandes ciudades, como la gentrificación y la turistificación del centro urbano. “Los centros de las ciudades son grandes teatros donde se nos olvida el autobús que nos ha llevado allí. Hay que conseguir que el centro de las ciudades sea más que un centro comercial”, opina Bayón. “Hay dos tendencias: la zonificación, con áreas dedicadas ex profeso a una actividad recreativa y que crea guetos difíciles de gestionar y gobernar, y la creación de espacios versátiles, pero con una finalidad única, que condicionan el tipo de actividades que se practican en ellos”. “Hay una creciente e intolerable privatización del espacio público donde se desarrolla el ocio. Las ciudades han sido ganadas por espacios de consumo y hay que recuperar esos espacios para la ciudadanía”, añade.

Los vecinos que diseñan su ocio

Un ejemplo expuesto en la jornada de la recuperación de espacios por la sociedad civil para superar desequilibrios territoriales se desarrolla en el parque de Valdebernardo, donde los vecinos diseñan desde hace dos años un programa cultural de acceso libre que incluye sesiones de cine, conciertos o espectáculos de magia que congregan a miles de personas durante la primavera. “No había ofertas culturales en la periferia, pero cuando a la gente le ofreces una programación de calidad, responde y participa”, apunta José María García, del foro local de Vicálvaro.

En 2017 una decena de vecinos logró la aprobación en la Junta de Distrito que el parque se transformara en un espacio de encuentro cultural para la ciudadanía. En su experiencia queda patente la importancia de la implicación y guía de la política, sin la que la propuesta ciudadana no habría prosperado. “Teníamos la idea, pero no sabíamos llevarla a cabo. Prosperó gracias a la implicación del personal de la Junta de Distrito, que se ocupó de asesorarnos y dirigirnos en toda la burocracia de pliegos y permisos”, relata García, demostrando que la participación ciudadana sirve para sortear la limitación del ocio cuando éste queda únicamente a merced de la iniciativa privada. “La sociedad entiende que ser un buen ciudadano es ser un buen consumidor, y esto se refleja intensamente en el ocio, que es distinto en función de la ciudad e incluso en cada barrio. Dime tu código postal y te diré qué ocio tienes”, reflexiona Bayón.

En el afán por superar este determinismo territorial que compromete el tiempo libre se enmarca también el programa CiudadDistrito, de la agencia municipal Madrid Destino y que tiene como objetivo aproximar la cultura a los barrios a través de los 94 centros culturales con los que cuenta la ciudad. Son responsables de acciones como la aparición de un cachalote varado en Madrid Río en septiembre de 2018, un episodio viral con el que se pretendía motivar una reflexión sobre la deriva climática. “Se trata de dar a la ciudadanía espacios de referencia fuera del consumo y que tengan que ver más con la construcción del yo”, señala Susana Zaragoza, coordinadora del programa. “Se fomenta la autoconstrucción y la autodeterminación de la persona que queremos ser, pero que cuenta con la orientación administrativa del poder político”, explica mientras muestra la imagen de un centro cultural abarrotados de jóvenes durante un concierto de trap.

El ocio durante la noche: inseguridad y ruido

Precisamente, uno de los últimos retos que ha afrontado Madrid con respecto a su ocio ha sido el de la lucha contra las violencias machistas y sexuales en la noche. A la batalla que comenzó con la campaña de “puntos morados” en las fiestas de los barrios y en los festivales de música como el Mad Cool y el DCODE, lugares donde las mujeres pueden encontrar apoyo y atención ante una situación de acoso machista en el entorno de ocio, se suma ahora el reciente acuerdo con los locales de ocio nocturno para generar una red de protección que comienza con el propio personal de los locales.

“El entorno festivo implica muchas micro violencias aceptadas, con unos umbrales de acoso muy normalizados, no sólo por los hombres, también por las mujeres”, comenta la Directora General de Prevención y Atención a la violencia de Género, María Naredo. “El fenómeno al que queremos responder está ampliamente extendido”, señala.

Como cómplices para erradicar este tipo de comportamientos cuentan con la asociación de empresarios de locales de ocio nocturno Noche Madrid. Su vicepresidente, Alejandro Zamarro, destaca “la importancia de crear un marco y unos protocolos de actuación comunes por parte del personal de los locales ante situaciones de violencia machista, en las que hay que formar al personal de la misma manera que se le forma para actuar ante una situación de emergencia, como un incendio”.

El consistorio trabaja ahora en lo que ocurre al final de la noche, la situación que está detrás de la reivindicación feminista “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, cuando los locales cierran y las calles se convierten en un espacio hostil para la mujer. “Existe una percepción de inseguridad en la que estamos trabajando desde el urbanismo para que las mujeres practiquen su propio empoderamiento, con espacios más amables e iluminados, la posibilidad de que los autobuses nocturnos paren en los lugares del recorrido que mejor convengan a las mujeres y las apps de vuelta segura, que no descartamos en Madrid”, comenta Naredo a preguntas de eldiario.es.

En la ecuación que forman el ocio y la noche, el problema del ruido sigue siendo el gran desafío a superar. “La concentración de locales que se impone en algunas zonas de la ciudad hace que el ocio sea molesto”, señala Saturnino Vera, presidente de la asociación vecinal Las Cavas en el distrito Centro, en un diálogo con el presidente de la Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno, Vicente Pizcueta. “En cualquier negociación para la regulación del ocio, los vecinos tenemos que ser los primeros en ser escuchados, porque somos víctimas y es nuestra salud lo que está en juego. Ese es un derecho fundamental, y luego hay otros secundarios, como el derecho a divertirse”, reclama Vera, que insta a una mayor implicación municipal para paliar el problema desde el urbanismo, evitando la proliferación de nuevos locales en zonas ya saturadas.

Pizcueta también reclama la intervención de los poderes públicos a través de la inversión: “Es necesario un mayor control de las actividades ilegales, como los lateros o los after hours, al igual que hay que poner freno al fenómeno de las viviendas turísticas, que suponen el primer problema en la convivencia. Son necesarios más agentes de policía que atiendan las denuncias contra los locales que no cumplen la legalidad”, demanda, presentando al empresariado también como víctima de estos fenómenos.

“Identidad, derecho, oportunidad, potencial educativo... el ocio tiene muchos apellidos para superar la visión conflictiva en la que parece inmerso”, concluye Concepción García Herrera, Comisionada para el Ocio de Madrid, atenta durante toda la jornada a las reivindicaciones planteadas por los distintos colectivos. El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Enrique Villalobos, destaca también el potencial integrador del ocio. “Hay mucho que complementa al ocio, pero el ruido no puede salir de la agenda”, recordó a modo de cierre. García Herrera valora lo expuesto durante la jornada a preguntas de este digital: “la clave está en la manera en que se organiza la ciudad. Hay que equilibrar trabajando más desde las Juntas de Distrito, frente a la concepción centralizada de la administración municipal”.

No es una figura especialmente conocida. No es fácil encontrar a alguien que sepa responder a la pregunta de quién fue Yolanda González, estudiante de 19 años secuestrada y asesinada a tiros en un acto terrorista perpetrado por militantes del partido de ultraderecha Fuerza Nueva en 1980. Una placa en el madrileño barrio de Aluche trata de preservar su memoria, pero ha sufrido ya cuatro ataques desde que fue instalada el pasado 18 de noviembre en los jardines del mismo nombre.

El cartel primero fue ultrajado con el dibujo de una esvástica que cubrió de negro lo escrito en esa placa: “Yolanda González Martín fue una líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Luchó por la democracia real, la justicia y los derechos sociales y laborales. En febrero de 1980 fue secuestrada en su casa, en el barrio de Aluche, y asesinada por un comando fascista. Tenía 19 años. Estos jardines están dedicados a su recuerdo, que sigue vivo. 1961-1980”.

La cruz gamada que tachaba la inscripción fue limpiada por los propios vecinos. La siguiente vez los métodos fueron más expeditivos. Arrancaron la placa de cuajo. De nuevo, una vecina la rescató para el barrio de un contenedor. Se volvió a soldar al poste, y de nuevo fue pintada y descuajada. Fue sustituida por un cartel plastificado de color verde con el mismo texto, acompañado de dos ramos de flores. Tampoco hubo compasión con la respuesta del barrio. En el poste solo quedan ahora los plásticos de las flores. El letrero que señala los jardines también ha sido atacado con pintura. El nombre de Yolanda González ha sido descubierto de nuevo por los vecinos, disolviendo la pintura y dejando un goteo negro bajo el letrero.

“Es inaudito lo de estos ataques”, comenta Francisco Ruiz, vicepresidente y responsable cultural de la Asociación de Vecinos de Aluche. “No tienen sentido, quizá sean por desconocimiento o ignorancia, de que era una chica adolescente asesinada por terroristas... Es tan de cajón...”, se lamenta tratando de encontrar alguna explicación a la obstinada realidad. Desde la asociación llevaban años reclamando a las autoridades municipales algún espacio que honrase a la joven asesinada. “Vivía en un piso pequeñito en el cruce de la calle Tembleque con Maqueda. Más del barrio no podía ser. Forma parte de una época muy concreta en un barrio de clase obrera, trabajadores”, reflexiona.

El barrio aún mantiene esa identidad combativa y contestataria. En un paso de cebra junto al parque no hay versos como los que abundan en otras zonas de Madrid. Aquí la pintada junto a la acera dice: “Fuera casas de apuestas”. Ruiz prosigue: “Ella era una joven estudiante, asesinada de una forma tan vil por terroristas. No quiero ni imaginar lo que ocurriría en las redes sociales o en los telediarios si se atacase una plaza con el nombre de una víctima de ETA  de una manera tan recurrente”, añade.

Las razones del ataque también resultan incomprensibles para el periodista y escritor Carlos Fonseca, que se ha aproximado de forma exhaustiva a la figura de Yolanda y al crimen que acabó con su vida en el libro No te olvides de mí. Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición (Planeta). “No le encuentro ninguna explicación, que una chica de 19 años, asesinada hace 39 años y a la que sencillamente se le recuerda en una placa, en unos jardines que llevaban dos años con su nombre, y que haya gente que de manera tan persistente la este arrancando no tiene explicación tanta inquina... La mayoría de la gente no sabe quién es”, señala el autor. Y es cierto. En uno de los bancos de los jardines una mujer se entretiene con un libro de sudokus bajo el sol. No reconoce el nombre que bautiza el espacio. “No sé quién es. Será una concejala...”, aventura. Tampoco sabe nada de los ataques a la placa. “Aquí lo atacan todo, hay mucho vandalismo”, se queja. Pero este vandalismo tiene un componente ideológico.

En otro banco Stefan y Catalina charlan al sol mientras la hija de ambos juega en los columpios. Él ha leído sobre los ataques a la placa en la prensa, pero ignora que se encuentra en el escenario de los mismos. “La gente parece que hace el mal por el mal ¿a quién se le ocurre quitar la placa? A lo mejor es alguien joven, que no sabe nada”, comenta ella. Por un lateral del parque pasea Encarni, vecina del barrio desde que nació hace 52 años. “Sé cómo se llama el parque, pero ni idea de quién era ella”, y repara en ese momento de la ausencia de la placa. “No la había leído nunca”, dice. “Resulta extraño porque no hay gente de esta ideología en el barrio, ni pintadas de símbolos nazis, por no haber no hay ni banderas de España en los balcones”, señala mientras lleva la vista a los bloques de pisos cercanos. “Que la arranquen me genera mucho rechazo, me da rabia. Si no sabemos las cosas con placa, imagínate sin ella. Se borran”, sentencia antes de apurar el paso. “¡Tengo que hacer la comida!”. Desde el Ayuntamiento, especialmente el concejal del distrito de Latina Carlos Sánchez Mato, se ha reiterado que la placa será repuesta cuantas veces sea necesario.

Cerca de los jardines, Sara Muñoz, de 24 años, pasea a su perro junto a un amigo. “¿No fue una víctima de ETA?”, arriesga al ser preguntada por Yolanda González. “Si nos ponemos a pensar que lo que pasa con la placa de Yolanda González ocurriera con una placa de una víctima de ETA, habría tenido más repercusión y ella también es víctima del terrorismo, de extrema derecha. Es un vandalismo con un notable matiz ideológico. No es un acto sin más. Tiene su lectura política y hay un delito recogido que habla del respeto a las victimas del terrorismo. Interior debe tomar nota, lo que no se debe permitir es que estos actos sigan”, reflexiona Fonseca. De la misma opinión son en la asociación de vecinos. “El peligro de que vayan a más si no se actúa con contundencia aumenta. Hace años se atacaba todos los años el árbol constitucional plantado por los vecinos. Lo cortaban y lo dejaban en la puerta de la asociación. Nosotros lo denunciamos a la policía. Es tan obsesivo que debería ser investigado”, señala Ruiz.

“No es un hecho aislado, obviamente el contexto influye. Es cierto que vivimos en España con la irrupción de un partido de extrema derecha con la que da la sensación de que hay una vuelta, un renacer, no se como llamarlo, de nostálgicos de la dictadura... Pero estamos hablando de una chica que llevaba un año en Madrid, que era representante de la escuela de Formación Profesional de Vallecas, pero no era una persona significada políticamente que fuese líder de nada. Fue como otros muchos jóvenes que luchaban por asentar las libertades que intentábamos ganar”, medita Fonseca.

“Arturo Ruiz (asesinado de un disparo de un ultraderechista en 1977 en una manifestación contra la Amnistía), Carlos González (asesinado con 21 años en 1976 al finalizar una concentración tras el primer aniversario de los últimos fusilamientos franquistas), Mari Luz Nájera (fallecida tras ser golpeada por un bote de humo lanzado por la policía en las protestas por la muerte de Arturo Ruiz), Vicente Cuervo (asesinado en 1980 tras un mitin ultraderechista en Vallecas)”. Fonseca recita los nombres casi de carrerilla y lanza una reflexión sobre el relato plácido y modélico de la Transición que se quiere legar a las próximas generaciones. “Hubo muchos estudiantes que murieron y de eso no se cuenta nada, y aunque fue un periodo lleno de logros, tiene también sus sombras. Se ha hecho una tabla rasa y las cosas que no nos gustan se ha decidido no hablar de ellas. Tenemos la idea de que la democracia fue otorgada por una élite política, reducida al rey Juan Carlos y a Adolfo Suárez, pero fue conquistada por gente que como Yolanda”, valora.

¿Por qué Yolanda se ha convertido en un símbolo, siendo tantos los estudiantes muertos por las balas al aire o asesinados por comandos ultraderechistas? “Su muerte encierra circunstancias de especial crueldad. Una chica vasca de 19 años recién cumplidos. La vigilan, la secuestran haciéndose pasar por policías, la llevan a  un descampado en la carretera entre Alcorcón y San Martín de Valdeiglesias y la pegan a sangre fría dos tiros en la cabeza. No hay otro caso que reúna circunstancias de tal brutalidad. Hay una serie de circunstancias que recuerdan a los paseos de los falangistas en la Guerra Civil, y no hay otro que se le aproxime. Es símbolo de aquella generación de diecimuchos, veintipocos, y que se echó a la calle para afianzar las frágiles libertades que acabábamos de recuperar. Conviene no olvidar que la  Operación Galaxia y el 23-F ocurrieron en ese tiempo”, recuerda Fonseca que reivindica “una deuda de justicia y de memoria” con las víctimas de la extrema derecha en la Transición. “Tenemos un recuerdo con las víctimas de ETA, la década de los 80 fue la más sangrienta, pero nos hemos olvidado de las víctimas de los grupos ultra, que actuaban con la connivencia o la complicidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, asegura. De hecho, el condenado a 43 años de cárcel por la muerte de Yolanda, Emilio Hellín Moro, fue contratado en diversas ocasiones para impartir cursos a las fuerzas de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional entre los años 2006 y 2011 con su empresa News Technology Forensics.

Hasta la colocación de una nueva placa en los jardines que reemplace la anterior, aún persiste la que los propios vecinos colocaron en 2013 en la estatua de La chica que lee, junto a la estación de Cercanías de Aluche. “Es una obra de un escultor asturiano, que nos pareció que podíamos asociar al recuerdo de Yolanda. Es una joven que lleva cuadernos como una estudiante, como Yolanda. Entonces no tenía un sitio propio”, señala Ruiz. “A Yolanda González y a todos los asesinados por el fascismo. No os olvidamos”, reza. Y no la olvidan. Desde la asociación preparan unos actos con los que contestar a los ataques a la placa. “Quizá sean en febrero, en el 39 aniversario de su muerte. Seguiremos luchando y reivindicando su memoria”, avisa Ruiz.

¿Se pueden predecir las monedas que caerán al terminar el día en un vaso de cartón o en la funda de un instrumento apoyado en la acera? Para las personas que solicitan la Renta Mínima de Inserción (RMI) este pronóstico es una exigencia de la Comunidad de Madrid, que ha endurecido en los últimos años los criterios para conceder este subsidio. En la región, esa ayuda es de 400 euros.

Así lo denuncian varias organizaciones dedicadas al trabajo con personas en riesgo de exclusión y sin hogar, después de que la Comunidad de Madrid haya dado un plazo de 10 días a una persona en situación de indigencia para presentar una declaración jurada de los ingresos que le procura pedir en la calle para hacer frente a la necesidad. Así lo ha publicado este martes El País.

“Se le está preguntando a la gente de qué actividad no reglada provienen esos ingresos, porque la Comunidad entiende que no se puede vivir del aire. Antes bastaba con una declaración responsable del trabajador social para resolver el trámite, pero ahora se exige al propio afectado una declaración jurada sobre esos ingresos”, denuncia Ángel Hernández, coordinador de la Red Madrileña de Ayuda contra la Pobreza.

Entre la documentación requerida para la prestación, hay que entregar un justificante de ingresos de todos los miembros que componen la unidad de convivencia, ya sean nóminas o declaraciones fiscales trimestrales. En el caso de que se trate de actividades económicas no regladas, como recoger chatarra o tocar un instrumento, se solicita una declaración jurada. “La administración está haciendo que la gente se desnude, se pide tanta información que tu dignidad como ser humano queda por los suelos. Así se proyecta una sospecha generalizada sobre la gente que va a solicitar un subsidio que le permita salir de una situación límite”, señala Hernández.

“Nos preocupa que estas formas de subsistencia se puedan comparar con un trabajo normalizado. Que se contemple dentro de este supuesto a las personas que mendigan es sorprendente. Nadie elige una situación como esa por voluntad propia y sin embargo con este tipo de prácticas se les criminaliza”, comenta José David Martínez, director del Programa de Empleo de la Fundación RAIS, que lucha contra la exclusión social de las personas desfavorecidas, particularmente el colectivo sin hogar. Esta declaración jurada hace las veces de nómina, aunque los ingresos fluctúan y no son regulares.

De la inconstancia de esta cantidad sabe bien Gica, una persona de origen rumano de 58 años que vende trenes de juguete a pilas en una esquina de la calle del Doctor Esquerdo. “Los vendo a cinco euros... unos días vendo uno, otros tres, otros ninguno... Me los compran personas mayores, que buscan un regalo barato para sus nietos”, cuenta mientras el trenecito recorre un anillo de vías amarillas a sus pies. “No podría calcular... vivo en una habitación que alquila otro rumano, por 150 euros, pero no todos los meses puedo pagar... El mes que viene a ver, le digo...”, y muestra una sonrisa mellada.

Gica sabe además que las ordenanzas municipales le prohíben vender sus juguetes en la acera. “La Policía Municipal te los puede quitar. Si pierdes los juguetes, recuperarse cuesta mucho”, comenta este antiguo vecino de un pueblo próximo a Bucarest, donde era electricista. “Yo sólo quiero un trabajo normal”, implora. Hoy el día no le ha sido propicio. Recoge las pequeñas cajas con los vagones y se marcha en busca de otra esquina.

Del vaivén en las cuentas del mes también habla Ramón, que toca la guitarra en uno de los pasillos de metro de la ciudad. En la funda ante él apenas hay seis euros. Lleva tocando desde las siete de la mañana y lo hará hasta más tarde de las once de la noche. Se detiene agotado a mitad de una canción de Francis Cabrel. “Me ha dado un bajón”, comenta mientras se seca el sudor del rostro con la mano. Delante de él, la funda de su guitarra. “Al día siguiente de que ganara la moción de censura de Pedro Sánchez ya se notaba que la gente echaba menos. También me pasó cuando ganó Carmena, la gente dejó de echar, o en vez de dejar un euro pues eran unos cuantos cobres”, explica el músico, indignado con la burocracia. “¿Si contestas que sacas para malvivir sirve como respuesta?”, se pregunta con ironía.

“Está dentro del marco del RMI que se declaren los ingresos de cualquier fuente, ya sea por mendicidad, tocar un instrumento o trabajar en 'B', en limpieza del hogar o cuidando a personas mayores. Declarar el dinero que se obtiene de la mendicidad, por ser unos ingresos irregulares, se interpreta como una estimación, es algo imposible de controlar”, explica Javier González, director del área de Acompañamiento Social de la Asociación Realidades, que confirma que la declaración de esos ingresos se ha solicitado por la Comunidad de Madrid en dos casos de los que ellos manejan. “Sin embargo, no conocemos ningún caso en que habiendo declarado esos ingresos se haya aplicado el coeficiente reductor”, indica.

Fuentes de la Comunidad han señalado al respecto que “los ingresos por mendicidad” no se computan para dar el RMI. Sin embargo, el artículo 18 del reglamento de la RMI sí alude a la valoración de rendimientos procedentes de actividades económicas indeterminadas (tales como la recogida de chatarra o cartones). En este caso se debe presentar una declaración jurada de ingresos obtenidos en el último mes que haga constar el número de horas y de días de la semana dedicados a esta actividad, según Europa Press.

“La reacción que tiene en los solicitantes es de sorpresa, miedo y de no saber muy bien qué contestar, sobre todo porque aunque es legal preguntar, no hay una argumentación de por qué se les pregunta. Entonces es cuando ellos acuden al profesional, al trabajador o la trabajadora social. Unos días ganan un euro, otros días 15 y otros nada... Así que como no sabemos qué va a pasar con ese concepto de ingreso irregular se hace una media. Básicamente le piden a la gente predicciones”, señala González, que indica que de las 30.000 familias que perciben el RMI en Madrid, entre 400 y 500 no tienen hogar.

“Ellos están de alguna manera acostumbrados a que pidan mucha documentación, a las barreras burocráticas y a tener problemas en la concesión que pueden suponer que te la suspendan”, añade. Según su estimación y a pesar de que las solicitudes deberían resolverse en un plazo máximo de tres meses, en la Comunidad de Madrid se duplica, llegando a un tiempo medio de seis meses por cada expediente con una gestión lenta y con una casuística de complicaciones infinita que alarga los plazos, según denuncian las entidades contra la exclusión, muchas veces por falta de presupuesto.

Unido al cumplimiento de los plazos reivindican también la integralidad de los recursos de protección. “400 euros no es una cantidad suficiente para cubrir gastos de vivienda, de alimentación, de medicinas, de ropa, de higiene. Se trata de una prestación con carácter integrador, no definitiva, pero tampoco temporal. Hay que integrar el resto de recursos, como los albergues, y que sean complementarios, no excluyentes”, comenta González desde Realidades.

Las organizaciones denuncian, además, que hay un discurso que aún tiene calado: el que vive en la calle es porque no quiere trabajar. “Es una parte más de la aporofobia, (el miedo, rechazo o aversión a los pobres)”, explica Martínez. “Pero no tiene nada que ver con la realidad. Nadie vive en la calle porque quiere, aunque se haya normalizado que la gente viva en la calle. Vivir en la calle da miedo. El 47% de los que viven en ella han sufrido agresiones y violencia. Se duerme de día para pasar la noche vigilante a las amenazas ¿quién elige eso por decisión propia?”.

Y a la tercera, fue ella la vencedora. El desahucio de Josefa Santiago, Pepi para sus vecinos de Argumosa 11, ha quedado aplazado de forma indefinida después de una noche y una mañana de resistencia vecinal en torno al edificio, apoyada por los colectivos sociales que defienden el derecho a la vivienda y amparada incluso por una resolución de Naciones Unidas. Era el tercer intento en dos meses para echar a esta mujer de 65 años, viuda y con dos hijas, en un triunfo que supone también el de esa parte del barrio de Lavapiés, rebelado contra la deriva en que lo sume la conversión de pisos en viviendas turísticas.

“Me veía en la calle... Han sido muchos nervios, mucha incertidumbre”, comentaba Pepi desde el portal pasadas las diez de la mañana. El semblante de su rostro había viajado poco tiempo antes del desasosiego al alivio, cuando la Policía Nacional levantaba el amplio cordón dispuesto desde las siete de la mañana. A esa hora, seis furgonetas de agentes de la UIP tomaban posiciones en el cruce con la calle del Salitre, conteniendo a las cerca de 50 personas que acudían a primera hora al llamamiento para impedir el desahucio. Al otro lado del cordón policial, un centenar de personas se había anticipado al despliegue de agentes con una acampada de apoyo convencida de poder frenar el desalojo.

Las tiendas de campaña aún quedaban tendidas sobre la acera como un símbolo contra el destino que se quiere imponer a este bloque y a sus inquilinos. Son 20 familias afectadas por distintas órdenes de desalojo, después de que la empresa Inversión en Proindivisos adquiriese el inmueble para, según denuncian los vecinos, convertirlo en pisos turísticos y de alquiler de lujo.

“En enero empezaron a llegar los burofax. Nos ofrecieron 2.000 euros como compensación para que dejáramos el edificio vacío, sin que supiésemos que había sido vendido”, cuenta antes del amanecer Teresa Sarmiento, de 68 años y afincada en el 1º E durante los últimos 20. Su situación es similar a la de Pepi. Paga 355 euros de un alquiler de renta antigua con una pensión no contributiva que ronda los 400. La empresa que ha comprado el edificio les reclama un alquiler de 1.300 euros al mes, una subida del 300%, una cantidad inasumible por la mayoría de los vecinos que se mantienen en sus casas.

“Se han parado cuatro desahucios en el bloque, pero cinco familias fueron desahuciadas. Las puertas de sus hogares han sido tapiadas, con ladrillos, barrotes de hierro y una alarma”, explica. Verlas cada día es para ella una tortura, el recordatorio físico de una amenaza que pende sobre todo el bloque. “Es una pena, muy angustioso... tengo vecinos de 88 y de 90 años. ¿Qué salida queda para ellos?”, se pregunta, antes de desaparecer entre dos coches y vomitar atenazada por los nervios.  

Las personas concentradas despertaban a voz en grito y golpes de cacerola al resto del barrio: “Vecina despierta, desahucian en tu puerta”, coreaban desde un lado y otro del cordón policial. El trasiego habitual de viandantes a esa hora -un cerrajero que se dirigía a abrir su negocio, un taxista que buscaba a su cliente, un joven que mete en los portales los cubos de basura, un vecino que paseaba a su perro, una mujer con su hijo rumbo al colegio- se veía obstaculizado por los agentes.

Sobre las 7.45 se vivió un momento de tensión entre policía y los concentrados que esperaban alcanzar el portal y que presionaban desde la lejanía, aunque la situación se relajó rápidamente. Mientras, en las escaleras del número 11 se sentaban varios miembros de distintas plataformas (la PAH, el Sindicato de Inquilinas, Lavapiés ¿dónde vas?...) que se despejaban con leche e infusiones en vasos de plástico mientras repetían sus consignas: “Este desahucio lo vamos a parar, ni casas sin gente ni gente sin casas”. Pepi lo seguía junto a sus hijas, de 20 y 25 años, asomándose intermitente por su balcón en el cuarto piso.

Sobre las ocho de la mañana, el grupo interpelaba al concejal del distrito Centro y delegado de Hacienda, Jorge García Castaño, que llegaba al escenario del anunciado desalojo. “Hay solución, expropiación”, reclamaban. “En los últimos seis meses el Ayuntamiento ha expropiado dos edificios por motivos culturales. Aquí también hay un buen motivo, hay que mandar un mensaje a los especuladores y hay que exigir una moratoria de un año hasta que se apruebe la Ley de Vivienda que se está tramitando en el Congreso, y con la que no sería posible desahuciar inquilinos sin alternativa habitacional o subir los alquileres un 300%”, explicaba a los congregados Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Después, Alejandra Jacinto, abogada de Pepi y de la PAH, relataba cómo habían hecho llegar a la jueza encargada del proceso la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recibida por la letrada un día antes y en la que se instaba a la suspensión del desahucio hasta que se garantizase una solución habitacional. “La jueza dice que no le compete y no le atañe la resolución de Naciones Unidas y que su intención es ejecutar esta violación del derecho a la vivienda, con el poder judicial como cómplice”, informaba Jacinto, temiendo en ese momento el peor de los desenlaces.

Cuando se aproximaban las 8.30 horas de la mañana, tres agentes de la UIP se aproximaban al portal, y anunciaban a una de las coordinadoras que se levantaba el cordón policial. Los abrazos y las emociones de júbilo empezaban a desatarse con la retirada de los antidisturbios, que aún seguirían varias horas en las inmediaciones de la plaza de Lavapiés donde efectuaron algunas identificaciones de la gente que se iba descolgando del lugar de la protesta. Una vez desatado el cordón, los dos grupos hasta entonces separados confluyeron en el portal de Pepi. “Que Pepi se queda, que Pepi no se va”, coreaban. Se atisbaba la victoria, pero aún no era definitiva.

Sobre las 9.30 horas, hora prevista para el lanzamiento, dos agentes anunciaban a la abogada de Pepi la llegada de la comisión judicial con la que había que negociar la situación. Pepi salía por primera vez en la mañana de su casa, dejando en ella a sus hijas y la mayoría de sus cosas empaquetadas en cajas. Tras un breve intercambio alcanzaban una conclusión: el aplazamiento indefinido de su desalojo hasta que se ponga a su disposición una solución habitacional por parte de la Administración. “Tenía cara de amargura, ahora la tengo de felicidad”, decía Pepi en el portal, deshecha en agradecimientos a las organizaciones que le han apoyado y acompañado durante el proceso. “Esto no debería pasar ni en Madrid ni en España. Me siento muy afortunada por el apoyo”, comentaba antes de retirarse a su casa, por esas escaleras salpicadas de tapias de ladrillos que siguen suponiendo una advertencia para el resto de sus vecinos.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha iniciado los trámites para la cesión de una parcela pública de 2.000 metros cuadrados al colegio concertado de la localidad San Juan Bosco. Este centro, el único que se presentó a la oferta, esta dirigido por Tirso Moreno Gorrón, que concurrió a las elecciones municipales de 2011 y 2015 dentro de la candidatura del PP al consistorio de Torrejón en una lista encabezada por el hoy vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.

La parcela tiene una extensión de 2.000 metros cuadrados y se ubica entre dos colegios públicos, el Vicente Aleixandre y el Andrés Segovia, y uno de los dos edificios independientes que componen el centro concertado, el que acoge a los alumnos de Educación Infantil y Primaria. En el terreno, el centro tiene proyectada la construcción de un complejo deportivo para la práctica de actividades físicas solo para sus alumnos, en horas lectivas y extraescolares, según recoge el proyecto al que ha tenido acceso eldiario.es.

La concesión se ha encontrado con la oposición de los grupos municipales del PSOE, Ganar Torrejón (IU-Equo) y Sí Se Puede, además del rechazo vecinal expresado por la Plataforma por la Escuela Pública de Torrejón de Ardoz (PEPTA). Señalan que el proyecto de uso privativo supone un agravio para los dos centros públicos próximos a la parcela y que suman un total de 1.300 alumnos. Partidos de la oposición y vecinos solicitaban que la parcela se destinase a la construcción de un pabellón deportivo municipal para uso del alumnado de los centros públicos en horario escolar y para uso vecinal fuera del mismo.

Sin embargo, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el municipio ha posibilitado que se inicien los trámites para que el terreno se destine a un centro privado, según denuncian la oposición y las plataformas ciudadanas.

Además, los grupos municipales denuncian de manera conjunta que en el procedimiento faltan documentos imprescindibles para una licitación de este tipo: “En los pliegos de condiciones publicados para este expediente no se recoge el preceptivo informe de necesidad emitido por los servicios técnicos municipales, ni las especificaciones técnicas requeridas por el Ayuntamiento en cuanto al tipo de equipamiento deportivo a desarrollar y sus necesidades, ni en cuanto a las tarifas a aplicar por parte del concesionario”.Según ellos, estas carencias en la cesión “contravienen totalmente lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

El acuerdo de cesión contempla una duración de 50 años con un canon anual de 25.000 euros, sobre un terreno que el arquitecto municipal estima un valor de mercado actual de 435.819 €. Al tiempo calcula que dicha parcela tendrá un coste estimado de 3.344.917 € en 50 años, según datos aportados por el PSOE del municipio.

Los trámites para la cesión de la parcela se encuentran en período de información. “Ha habido un concurso público que ha ganado el San Juan Bosco, la única oferta presentada, pero está pendiente del informe de los técnicos municipales. Se trata de un concurso público en el que pasados los años de cesión y el pago del canon el suelo revertirá de nuevo a titularidad municipal. Aún no se ha resuelto”, señala un portavoz municipal.

Aunque las gestiones se iniciaron durante el pasado mes de agosto, para llegar a este punto del proyecto del centro deportivo hay que remontarse a 2017. Fue entonces cuando el Ayuntamiento llevó a cabo un cambio en el uso que la parcela tenía recogido en el Plan General de Ordenación Urbana del terreno, que entonces estaba definido como suelo para zonas verdes.

“Hasta entonces, la parcela de uso deportivo en la zona era otra que se encontraba adyacente a los dos colegios públicos. En marzo de 2017, el Ayuntamiento lleva a cabo una permuta en el uso de las parcelas. Ese uso deportivo queda transferido a la parcela anexa al edificio de Infantil y Primaria del San Juan Bosco, que hasta ese momento era de usos verdes, con lo que era imposible realizar la instalación deportiva junto a los colegios públicos, como se demandaba desde la oposición”, explica Javier Castillo, portavoz del PSOE en el consistorio. El cambio de uso se justificó desde el Ayuntamiento por una cuestión de aprovechamiento de espacio de cara a una futura construcción de viviendas.

En noviembre de 2017 Ganar Torrejón y Sí Se Puede presentan una moción para construir con fondos municipales un equipamiento deportivo para que dé servicio a los dos centros públicos en horario escolar y que el resto del tiempo su uso fuese municipal. “Solicitamos que se construyese un pabellón tipo M-4, del tipo que existen en toda la Comunidad de Madrid, y además que se adquiriera el compromiso de que esa parcela no terminase destinada al San Juan Bosco”, explica Paco Hernández, portavoz de Ganar Torrejón.

El gobierno municipal lo rechazó con una enmienda argumentando que no se ha detectado la necesidad de una equipación deportiva en la zona, y que en todo caso ésta quedaría solventada con la ciudad deportiva de explotación privada cuya construcción está proyectada a un kilómetro. Los grupos ven ahora con perplejidad cómo se han iniciado los trámites para que ese centro deportivo que reclamaban para los centros públicos y para el que no había necesidad vaya finalmente a construirse para uso del centro concertado. “Es una injusticia que una parcela pública termine destinándose al uso privado de los alumnos del Bosco”, zanja Hernández, y recuerda que, desde 2007, se han construido en el municipio cuatro colegios, tres de ellos concertados y uno público.

Uno de estos colegios fue precisamente el centro de Infantil y Primaria del San Juan Bosco. El centro concertado, presente en el municipio desde hace 40 años, contaba entonces con un solo edificio que hoy ocupan los alumnos de Secundaria y Bachillerato. La construcción de su segunda instalación fue posible después de un proceso con ciertas similitudes con el actual. En julio de 2014, el Ayuntamiento inició un expediente de cesión de una parcela de 5.000 metros cuadrados para la construcción de un centro educativo a 200 metros del edificio original del San Juan Bosco, que termina haciéndose con la cesión.

“El consistorio les permite entonces hipotecar el terreno por valor de cuatro millones de euros con los que acometer la construcción y el centro se inaugura en septiembre de 2015, sin licencia de apertura, que no llega hasta noviembre de 2015”, explica Hernández. “Es una cesión intencionada. Se trata de regalar un negocio vinculado a un servicio público, como es la Educación. El suelo en Torrejón es un tesoro porque es escaso. Esto es sólo una muestra del expolio al que están sometiendo a la ciudad beneficiando a empresas privadas vinculadas claramente a personas afines al partido”, apunta Castillo desde el grupo socialista, en referencia a la presencia del director del nuevo centro Tirso Moreno en las listas municipales del PP. “En España todavía puede presentarse uno por el partido de su preferencia”, señala el portavoz del Ayuntamiento a este respecto.

“Nosotros sumamos 1 y 2 y nos salen 3”, resume el portavoz de PEPTA, Iván Tomé. “Nos parece una aberración que se regalen los recursos públicos a empresas privadas, y de esta manera, con alevosía, en el mes de agosto y en un horario de mañana en el que a los padres trabajadores nos era imposible acudir al Pleno para expresar nuestro rechazo”, prosigue. “Nosotros reclamamos que el equipamiento deportivo en esa parcela sea de uso compartido entre el alumnado de los tres centros y un uso ciudadano fuera del horario escolar”, señala Tomé, que añade el pésimo estado de mantenimiento que tenían los dos colegios públicos afectados hasta hace poco: “Se han hecho obras recientemente, pero ha sido un parche... Estaban en las mismas condiciones que cuando yo estudiaba, y tengo 37 años”.

Ante la situación actual, la plataforma ha iniciado una recogida de firmas a través de Internet para frenar la cesión. “También vamos a repartir notas informativas a la puerta de los colegios para que los padres sean conscientes de la situación actual”.

Según el proyecto presentado por el San Juan Bosco para la cesión de la parcela, el centro ya cuenta con una sala de psicomotricidad, dos pistas de fútbol sala al aire libre de 40 metros por 25, cuatro canchas de minibasket, gimnasio y piscina cubierta. Además, el centro define a su alumnado de la siguiente manera: “Los niveles de instrucción y socioeconómicos de las familias se sitúan en los escalones medio-medio/medio-alto, con una población de 1.500 alumnos”, repartidos en todas las fases educativas desde Infantil a Bachillerato. En su página web describe: “El Centro, que no pertenece a una orden religiosa, asume y propicia, sin embargo, esperándolos de los alumnos que en él se educan y sus familias, los principios que inspiran la corriente del Humanismo cristiano”.

El registro del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS ha vuelto a poner la prostitución en el foco. Entre la decisión del Gobierno de impugnar sus estatutos -y de cesar a la Directora General de Trabajo, que los firmó- y el debate social generado, hablamos con varias mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución para preguntarles su opinión sobre el sindicato, pero también su posición sobre la abolición o la regularización.

Susi, 42 años

Susi es el nombre falso de esta mujer brasileña que ha ejercido la prostitución en España durante diez años. Hace cuatro, consiguió dejarlo. “Vine a España y contraje una deuda. No fui víctima de trata exactamente, o al menos no como otras compañeras, pero sí fui explotada. Se quedaban con el 50% de lo que ganaba. Una vez pagas la deuda, está el problema de los papeles. Yo tenía miedo, no sabía el idioma...”, relata. Susi, que es transgénero, invirtió sus pequeños ahorros en un curso de peluquería para “conseguir salir”. Con ayuda de una asociación y de los recursos municipales de Madrid, abandonó la prostitución y ahora trabaja como administrativa.

“Nosotras decimos que esto es trabajo para no sentirnos marginadas pero en realidad no es un trabajo. La mayoría de las prostitutas nunca consigue salir. Incluso en los países donde está regulada, las prostitutas no se jubilan. El sistema está hecho para que lo seas mientras sirves, mientras estás bien físicamente, joven y guapa. Cuando no, te mandan a la calle. Un trabajo es algo que te llena, no que te vacía”, dice con rotundidad.

Susi defiende que las relaciones sexuales deberían ser “un intercambio de sensaciones, de sentimientos entre las personas”. “La prostitución mata a muchas chicas. Hay relaciones sexuales que son como una violación y que aceptas por el dinero. Esto es degradante, la persona que recibe el dinero tiene que callar y someterse porque lo necesita. Muchas mujeres para no pensar beben o usan sustancias, si no, se hace insoportable”.

Durante un tiempo, vio con buenos ojos la idea de sindicarse, “porque las mujeres que ejercen por necesidad también deberían poder darse de alta en la Seguridad Social y tener derechos futuros”. Pero su posición ha cambiado: “¿Quién haría las propuestas de trabajo? Los que se iban a beneficiar son los proxenetas y los clientes, no las mujeres. Ya hay modelos europeos donde regulan y hay muchos problemas con todo esto. Por ejemplo, aunque las mujeres tienen contratos, no les alquilan pisos porque la sociedad las rechaza”. “Cuando estaba en el piso con mi maleta, yo soñaba con dejar la prostitución. ¿Por qué no ofrecen cursos a estas mujeres? La mayoría quiere salir de ahí”, concluye.

Janet, 58 años

Janet, de 58 años, lleva tres décadas ejerciendo la prostitución en el Raval. Cuando empezó, pensó hacerlo poco tiempo, “pero al cabo de dos meses ya tenía el dinero que necesitaba y continué”. Se sacaba muchísimo más dinero que dedicándose a la limpieza, asegura, algo que le permitió pagar carreras universitarias a sus hijos. A su edad, ingresa alrededor de 1.000 euros al mes con clientes “viejos”.

Ella es una de las cerca de 20 trabajadoras sexuales, algunas de ellas del colectivo Putas Indignadas, muy presente en el barrio del Raval, que en julio se afiliaron al sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Su objetivo inicial, explica, es denunciar la falta de derechos en el ejercicio del trabajo sexual y sobre todo “acabar con la criminalización”, que atribuyen principalmente a la ordenanza de civismo (que aprobó el Gobierno del PSC en 2006), que prohíbe ejercer la prostitución en la calle.

Aparte de la ordenanza, no se quieren pronunciar sobre una eventual regularización de la profesión. “Estamos en reuniones en IAC para ver cuál puede ser la incidencia a nivel laboral, pero de momento luchamos por la despenalización”, explica. “Creemos que para regularlo tendríamos que sentarnos políticos, técnicos y trabajadoras y buscar un punto de encuentro”.

Janet, que acude a la entrevista con dos compañeras de Putas Indignadas, Ana y Aura, acusa a los sectores del feminismo contrarios a la prostitución de ser “elitistas” y estar lejos la realidad de muchas mujeres. “Vivimos en un sistema capitalista donde estás obligado a trabajar para tener que comer. Pues yo decido con qué parte de mi cuerpo obtengo más rentabilidad. Sin estudios no puedo usar la cabeza, con el cuerpo gano 700 euros [de limpiadora], y con el sexo muchísimo más”, resume.

“No todas las prostitutas son prisioneras y víctimas de trata”, reivindica Janet, que detalla que ella y sus compañeras trabajan en pisos alquilados en los que asumen gastos de forma compartida

María José Barrera, 44 años

Lleva ejerciendo la prostitución durante unos diez años, en pisos y en prostíbulos, siempre para terceros. Es una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y aboga principalmente por mejorar la situación de las prostitutas. Ni regularización ni abolición, sino herramientas para proteger sus derechos. A su juicio, no hay alternativa para las putas ni la ha habido en cuarenta años de democracia.

“Las herramientas para defender nuestros derechos nos la tienen que proporcionar las administraciones pero no lo hacen. Nosotras estamos creando nuestras propias herramientas porque las necesitamos y los sindicatos no han hecho nada. No tenemos derecho como nada. A nosotras nadie nos protege de los abusos que estamos recibiendo, de las ordenanzas de los ayuntamientos que nos persiguen. Queremos herramientas para compañeras que no son tan privilegiadas como las que han montado el sindicato”.

¿Regular?, ¿abolir? “Lo que está pasando es que las putas nos hemos cansado de vivir la realidad en la que estamos viviendo. Los ideales están muy bien, pero son ideales. No queremos esperar otros cuarenta años esperando ideales, porque llevamos todo ese tiempo para que nos ofrezcan alternativa laboral. Hay mujeres que lo están pasando fatal, hay otras que viven la prostitución como la única alternativa, que lo quieren dejar, y hay otras mujeres que la viven como una profesión, pero no hay alternativa para ninguna. Lo queremos son herramientas para que, tanto unas como otras, puedan defenderse”.

“Nosotras no queremos la regularización de la prostitución, ni tampoco la abolición. Queremos un reconocimiento de nuestros derechos. Está comprobado que la regularización al único que beneficia es al empresariado, por eso la defiende Ciudadanos. Tener a este partido apoyándonos no es ningún apoyo, porque no está pensando en los derechos de las mujeres, sino en el PIB que generamos y en el empresario”.

Barrera denuncia que muy pocas mujeres han recibido asilo político por denunciar a proxenetas. “No tenemos protección ni siquiera por denunciar. Nuestra lucha es por todas las mujeres que ejercen la prostitución, no solo las privilegiadas. Ojalá muchas mujeres no se vieran avocadas a ejercerla. Hablamos de abolición pero, ¿qué vamos a hacer con las 500.000 putas que hay en España según las estadísticas?, ¿las van a mandar a los servicios sociales con las que ya hay?”.

Beyoncé, 32 años

Beyoncé habla pausadamente. En su semblante de rasgos finos se adivina la marca cansada de quien dedica las noches al trabajo. “Porque somos trabajadoras, trabajadoras sexuales”, declara esta ecuatoriana de 32 años. Ni a ella ni a “las chicas de mi acera”, como ella misma denomina al resto de mujeres con las que comparte espacio en el distrito de Villaverde, les es ajeno el debate generado. “Claro que lo hablamos entre nosotras y estamos a favor. Ojalá se consiga, estamos necesitadas de un apoyo, algo que nos permita exigir...”, comenta.

La relación entre ella y sus compañeras está marcada por una armonía alejada del tópico de la lucha por el territorio. “Entre nosotras siempre nos apoyamos. Si llega una chica nueva se le explica la relación de servicios y precios, dónde puede ir a ocuparse de los clientes, o con la ropa... que no vayan desnudas, por razones de convivencia con los vecinos”, cuenta. “Sindicarnos nos podría ayudar a liberarnos del estigma social que sufrimos y reclamar derechos que nos son necesarios como ciudadanas”, valora. La ausencia de mecanismos para reclamar derechos laborales le obliga a interrogarse sobre algo más que sus problemas cotidianos. “Podríamos cotizar, tener acceso a una pensión, al paro, a tener bajas por enfermedad... lo que cualquier otro trabajador”, enumera Beyoncé.

Llegó a Madrid junto a su familia a los 14 años. “Comencé con 18 o 19 años, no lo tengo claro, para conseguir independencia económica. Empecé un curso en una escuela de peluquería, para perfeccionar la técnica. Estuve seis meses trabajando sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Tampoco me pagaban. Cuando terminó el curso no me hicieron contrato. Después de haberme explotado me pusieron en la calle”.

Fue entonces cuando comenzó a ejercer la prostitución, a través de una amiga. Aunque casi toda su actividad la ha desarrollado en las proximidades de polígonos industriales también tiene experiencia en pisos donde recibía a clientes junto a otras chicas: “Hay una madame que te dice qué tienes que hacer, cómo, cuánto tienes que cobrar y te exige un reparto del 50% o 60% de lo que cobras por tus servicios. Sin un sindicato se pierde la posibilidad de negociar, incluso en lo que no te puedes negar a hacer porque el cliente lo espera... Trabajando en la calle tú eliges tu trabajo, cómo lo haces, lo que pactas y acuerdas con el cliente es cosa tuya. No me desvisto hasta que tengo el dinero en la mano. El mayor riesgo al que nos enfrentamos son chavales que tiran piedras desde el coche. Nunca me ha agredido un cliente. En la mayoría de los casos, el putero va y va nervioso. Muchos son primerizos. Tú eres la profesional y ellos se entregan”, relata Beyoncé.

Cuando se le plantea la abolición, la expresión de agravio y cólera mezcladas que aflora en su rostro anticipa su respuesta: “Abolir no. Soy una trabajadora del sexo, libremente y por decisión propia, y así muchas de mi alrededor”, manifiesta. En su percepción de las situaciones de explotación hay cierto escepticismo: “Pasan, pero no son las cantidades ni las situaciones que cuentan los medios de comunicación. Hay que normalizar. Somos trabajadoras, somos clase obrera, con un trabajo como cualquier otro, pero sin derechos. La gente que habla de explotación lo ve desde el otro lado del trabajo sexual. Yo lo veo como puta. Nuestra percepción es otra y siempre falta esta, porque no hay putas en los debates. Sindicarnos nos daría nuestra propia voz”, zanja antes de terminar.

María, 31 años

Es de Rumanía y María no es su nombre real. Hace solo tres meses que dejó atrás ochos años dedicados a la prostitución. “Aunque se legalizara, no creo que esto sea un trabajo. Prácticamente tienes que ser una máquina, psicológicamente es muy duro. Sin hablar de lo que haces, que también lo es”, señala.

Para María, la mejor opción es abolirla: “Hay que dar alternativas a las chicas, ayudarlas, ofrecerles trabajos, formación. Lo de los papeles es un problema muy grande, muchas no tenemos. En mi caso por ejemplo he salido porque me ha ayudado la Fundación Cruz Blanca”.

Esta mujer conoce dos caras de la prostitución. Cuando comenzó, lo hizo a cargo de alguien. “Fue la persona que me trajo a España. Cuando llegamos, esa persona no fue agresiva, pero me quitaba todo el dinero que ganaba”. Volvió a Rumanía y, meses más tarde, decidió regresar a España para ejercer la prostitución por su cuenta. “Lo hice para mantener a mi hija. Ya por cuenta propia podía manejar mis horarios y todo el dinero era para mí. Claro que hay mujeres que hacen dinero. También conocí a muchas que estaban obligadas. Sea como sea, aunque eso se legalizara, algo más habría ahí detrás. Mentalmente es difícil estar mucho tiempo ahí. Los hombres te hablan mal, estás todo el rato tensa, pensando en si pasa algo. Yo no digo que todas quieran salir, pero muchas sí, aunque ahora no pueden”.

Wallada, 45 años

Bajo este nombre, esta mujer lleva años ejerciendo la prostitución. Antes, en clubes; ahora, por cuenta propia y combinándolo con otros trabajos. Wallada defiende la sindicación de las prostitutas: “Lo veo útil. Somos trabajadoras en locales y clubes que están legalizados y con patronos que están asociados legalmente. No entiendo este escándalo porque nosotras queramos organizarnos y defender nuestros derechos frente a estos empresarios que nos explotan”.

Wallada critica la “hipocresía social” y el “nivel de violencia” contra las prostitutas y contra “quienes defiende que debemos tener derechos”. Para ella, la abolición “es una utopía”. “No entiendo cómo pueden decir que a mí los clientes me violan. A mí no me violen. Mi cuerpo y mi sexualidad son míos. ¿Qué argumentos ha dado el feminismo para apoyar el aborto? Que el cuerpo es nuestro. Es nuestro para abortar y por qué no para follar con o sin deseo. ¿O es que las amas de casa siempre follan con deseo?”, lanza.

Conoce de cerca el abolicionismo, algunas de sus amigas lo defienden. Wallada no comparte sus argumentos y responde a algunos de ellos. “Cuando dicen que si es lo que quieres para tu hija pues yo lo que quiero es que me hija decida ella misma en este mundo y que decida lo que decida esté respaldada por derechos”, dice. Sobre si la regularización tendría efectos para la igualdad y para todas las mujeres, Wallada se muestra escéptica. “No te lo ofrecerían en una oficia de empleo. Allí te ofrecen los puestos relacionados con el perfil que tú has dado. Yo entiendo el patriarcado como un sistema que no nos da derechos a las mujeres”, añade.

La resistencia más férrea suele alzarse a veces en las plazas más pequeñas. También sucede en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que ha visto en el ámbito municipal el principal escollo para su aplicación. Varios episodios recientes en la Comunidad de Madrid denotan el recelo de algunos Ayuntamientos para cumplir con una parte de la legalidad española que, en lo referido a los vestigios del franquismo presentes en espacios públicos, incomoda abordar a algunos grupos políticos.

En Torrejón de Ardoz, municipio de más de 125.000 habitantes, y cuyo Gobierno municipal del Partido Popular, no inició la retirada de 99 vestigios franquistas -en su mayoría, placas- de los espacios públicos de la ciudad hasta que el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Madrid lo conminó a elaborar un catálogo y adoptar las medidas para su retirada, en febrero de este año. La asociación memorialista Ranz Orosas, que denunció al consistorio torrejonero y a otros 37 Ayuntamientos en toda España ante la negativa a la retirada, explicó algunos de los argumentos municipales esgrimidos durante el proceso para mantenerlos: que el vítor franquista en las fachadas de viviendas protegidas levantadas por el régimen aludían al nombre masculino Víctor.

La obviedad se impuso a los argumentos municipales, declarando los símbolos franquistas como un testimonio del Franquismo. Según la sentencia, el Ayuntamiento fue condenado a pagar las costas procesales, sufragadas con el erario público.

Una resistencia similar se alzó en Coslada (85.000 habitantes), cuando el pasado 15 de junio el Pleno liderado por el PSOE aprobó la retirada del catálogo de restos franquistas, placas y nombres de calles, del espacio público. Además, se ratificó la revocación del título por el que en 1967 se había nombrado a Francisco Franco alcalde honorario del municipio. Las medidas contaron con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Esta oposición directa en el ámbito municipal choca con la estrategia de estos dos partidos en el Congreso de los diputados donde optaron por la abstención en episodios como la exhumación de los restos del dictador, evitando así la significación tan directa y patente en el municipalismo.

A las reticencias de determinados grupos políticos contribuyen además las lagunas de la propia Ley de Memoria Histórica, que proporcionan el subterfugio necesario para aquellas corporaciones municipales que bajo gobiernos generalmente de corte conservador rechazan acometer las políticas que señala la norma. Su aplicación depende en última instancia de la aprobación en los Plenos de los ayuntamientos.

“En el ámbito municipal, al no existir en la Comunidad de Madrid una ley regional que unifique, hace que su aplicación sea dispar”, explica Javier Moreno, presidente del Foro por la Memoria Democrática, organización social que persigue la retirada de los vestigios en Madrid desde el año 2002. 

“Lo que se está llevando a cabo es una catalogación de los vestigios y una valorización de los mismos, que en el caso de ser bienes que se encuentran en iglesias, como son las cruces de los caídos erigidas en multitud de pueblos, lo valoriza la propia Iglesia, y eso suma un problema añadido. Eso lo deja claro la propia Ley. Mientras el resto sea un Bien de Interés Cultural, lo tiene que valorizar la Iglesia. En el resto, una vez que la simbología se valoriza, son los Plenos Municipales los que tienen que aprobar su retirada. Pero al no haber reglamentación concreta y un valor de Ley se terminan judicializando los procesos”, señala Moreno.

“Existe un gran problema sobre cómo se gestiona la Memoria en España”, defiende quien es la cabeza visible del Foro por la Memoria Histórica. “La Ley de Memoria  sí sirve para que a partir de 2007 las Comunidades Autónomas fijen una norma para su desarrollo. Las Comunidades que han querido, Madrid no se encuentra entre ellas, tienen aprobadas normas autonómicas, y las distintas leyes que conviven en el territorio nacional hacen que las situaciones sean distintas en función de la Comunidad”, explica.

 La ausencia de un mismo criterio supraterritorial no es el único problema. Además, existen aspectos que exceden a las competencias municipales, como en el caso de las fosas comunes y la búsqueda de desaparecidos, en las que algunas regiones cuentan con bancos de ADN y otros no. “Estamos ante una situación sin sentido precaria y desigual. Cataluña plantea la nulidad de las condenas a los reos del franquismo, ¿y los condenados que no sean catalanes no pueden acogerse a la nulidad de los procesos? Los bancos de ADN deben ser estatales, según las recomendaciones de Naciones Unidas, ya que hubo desplazados fusilados en Madrid, y madrileños fusilados en otros territorios” razona Moreno. “El Ayuntamiento de Madrid tiene creada por ejemplo una mesa de DDHH donde se incluye la Memoria, pero no tiene sentido que por haber sido torturado o represaliado en Madrid tengas más derecho a ser reconocido que en el pueblo de al lado”.

De la misma manera hay Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que tienen previsto un régimen sancionador para que aquellos Ayuntamientos y particulares que no cumplan con la Ley sean sancionados, por ejemplo dejándoles sin acceso a subvenciones públicas.

“Madrid está a la cola”

La Comunidad no sale bien parada de la comparativa con otros territorios. En ocasiones la impresión ha sido que el trabajo  de Memoria tomaba la dirección opuesta a la marcada por la Ley. En 2016, el Gobierno regional encabezado por Cristina Cifuentes atendía la reclamación del alcalde de Brunete para declarar Bien de Interés Cultural la plaza Mayor del Municipio y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En el complejo iban incluidas placas conmemorativas de la batalla de Brunete y la “gloriosa cruzada de liberación”, colocadas en el décimo aniversario del golpe de Estado. La declaración como BIC blindó estos elementos ante cualquier posible retirada.

“Se trata de una situación puntual que del mismo modo que se declaró se puede anular”, explica Macarena Elvira, secretaria de Justicia, Función Pública y nuevos derechos del PSOE de Madrid. Admite que la redacción actual de la Ley de Memoria tiene deficiencias que dificultan su aplicación a nivel regional y municipal. “Sin embargo, el grupo socialista en el Congreso presentó en la pasada legislatura una moción para corregir esas lagunas que fue tumbada por el PP sin llegar a iniciarse los trámites”. La intención de su grupo era lograr su aplicación con la dotación de fondos públicos. Sobre la situación  de la Memoria en Madrid se muestra tajante: “La Ley está para aplicarla, y Madrid es la Comunidad más retrasada en su aplicación”. Además apunta motivos más allá de las razones de partido como obstáculos  de la Ley. “En los municipios se llea a un conflicto más personal, por razones de cercanía entre los vecinos. Son cuestiones que afectan a la convivencia, pero se impone la necesidad de reabrir el debate, que viene ya con 40 años de retraso”, señala Elvira.

Entre los actores cobra protagonismo la Iglesia, que alberga  parte de esos símbolos en sus propiedades. “En Getafe fuimos a un Pleno municipal para retirar un símbolo del Cerro de los Ángeles donde Franco colocó una placa de exaltación franquista. Se aprobó la retirada en el Pleno, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, con discursos muy duros en los que reclamaban que se quitara el nombre de La Pasionaria, que sufrió una pena de exilio hasta la caída del régimen,  a una rotonda. Siempre caemos en el 'tú más'”, recuerda Moreno. 

A pesar de la aprobación municipal, la placa no fue retirada. “El cerro pertenece a la archidiócesis de Getafe y se negaron. En Colmenar Viejo hay una fosa de represaliados, que eran todos los cargos del Frente Popular en el entorno de la carretera de Burgos. Los fueron llevando para allá y los dejaron allí. Fue abierta en el año 1979 y se sacaron restos en un ámbito particular. Nosotros nos dirigimos a la fosa, que está en el cementerio y que pertenecía a una cofradía religiosa. Tampoco se pudo hacer nada bajo el pretexto de que tenía que existir consenso entre los feligreses”, relata. “Nos transmitió que habían realizado una asamblea y que para ellos abrir la fosa era como tomar su casa, y que no lo podían consentir. Siempre hay una confrontación entre los distintos ámbitos de poder”. En el caso del Valle de los Caídos la situación es distinta pues se trata de un lugar declarado Patrimonio Nacional y el Gobierno ha retirado al patronato su potestad.

Los simbología franquista vive además rodeada de una mayoría social indolente, ajena a los significados que éstos encierran. “La gente está acostumbrada a la impunidad, y quizá de ahí la impunidad con la que se han sentido algunos en casos de corrupción. No estamos acostumbrados a la defensa de los valores democráticos porque esa pedagogía no ha existido”, comenta Moreno recordando cómo las clases de Historia de España terminaban en su época en la Semana Trágica de Barcelona, sucesos de 1909.

“Es necesario enseñar la historia con valores de Memoria y evitar la  tendencia a la equiparación. El verano del 36 en Madrid fue escenario de una represión feroz y terrible con muchos muertos, y es algo que nunca negaremos. Pero equipararlo con 40 años de represión no parece muy apropiado. Imagina plantear que se incluya en las clases un temario de memoria democrática cuando en el distrito de Salamanca hace 30 años que todas las plazas educativas que se crean son de educación concertada. Es imposible”, añade.

La memoria en España inicia su realidad en el ámbito familiar, en los familiares organizados para recuperar los restos de represaliados. Desde el Foro por la Memoria Democrática señalan que es el inicio del camino, pero no el final. “Perseguimos que se haga una transición hacia la memoria colectiva, para que haya un valor pedagógico detrás de todo esto que nos lleve a defender siempre los Derechos Humanos. Cuando nosotros lo hemos intentado, dar charlas en institutos sobre el tema de las fosas comunes, sólo ha sido posible en dos distritos, Vicálvaro y Villaverde, porque chocas con las AMPAS...”, explica el historiador y miembro de la asociación Javier Ruiz.

“En Bustarviejo se llevó a cabo, con subvenciones del Gobierno de Zapatero, la recuperación de la estructura de un campo de trabajo y hemos celebrado jornadas para enseñarlo y contar lo que allí acontecía. El Ayuntamiento era gobernado en coalición por el PSOE e IU”, apunta Ruiz.

Existen episodios aún más recientes. En la exposición de Auschwitz en la fundación Canal, abierta hasta el próximo 7 de octubre, no se hacía mención a los españoles muertos en el campo de exterminio. “A raíz de las quejas que se fueron escribiendo en el libro de visitas se añadió una parte reconociendo que también hubo fallecidos españoles”, apunta Moreno. “La memoria tiene que ser fruto de una pedagogía democrática”, reflexiona. “Quizá la educación sea el punto de partida para curar la amnesia”.

“El Palentino ha chapado”. A las dos de la madrugada de este jueves, cumpliendo su horario, las manos de Juan, su camarero, echaban el cierre metálico del 8 de la calle del Pez por última vez.

Se fue el Palentino, el Tierno Galván de los bares madrileños, y con él arrastra su propio icono y una época. En la barra quedaba Loli, copropietaria de las mañanas, prestada a las noches desde la reciente muerte de Casto Herrezuelo, la otra cara de este lugar que para muchos representaba la última esencia de lo que un día fue Malasaña. Contenida, dejaba las lágrimas para sus camareros, que se la abrazaban como si quisieran retenerla.

Eran los últimos minutos de 76 años de cafés, cañas, cubatas, bocadillos de lomo y pepitos de ternera, celebrados por una multitud durante toda la jornada. “Tenían que haberlo hecho en el tanatorio de La Paz”, decía Carolina, una de las habituales, mientras hacía cola fuera. Eran las ocho de la tarde y ya no cabía nadie más. Era típico del Palentino. Pasar por delante, verlo lleno, y continuar andando disuadidos, con la certeza de que algunas cosas siguen en su sitio. Pero este jueves el tumulto no desanimaba. Podían más la gratitud y el deseo de ser parte del final y la cola se perpetuó hasta el último momento. Su última noche fue celebrada, tumultuosa, un funeral festivo, espejo de los que ha sido la vida de esta decana e irrepetible taberna.

Mucho sabían los allí reunidos de “cerrar bares”, pero la expresión nunca había sido tan literal, tan gráfica, tan definitiva. “Por aquí pedía yo las cañas”, decía fuera Jorge, señalando los ventanales que en los años 80 se abrían a la plaza aledaña. “Casto me decía qué hora y qué día era” recordaba con sus amigos de pelo cano mientras firmaban en una pancarta y dejaban palabras de despedida. “Pacheco estuvo aquí”, escribía uno de ellos.

Este jueves todos querían estar. Cientos de personas se hacían selfies por doquier bajo el letrero de la esquina. Parejas abrazadas miraban la puerta con nostalgia. “Esto estaba lleno de estudiantes de Bellas Artes, de músicos, de artistas, de La Movida…”, rememoraba otra parroquiana, recordando también a sus clientes anónimos, más allá de los célebres Alex De la Iglesia o Andrés Calamaro, los más nombrados en los reportajes de estos días. “La generación de abajo no acompaña Madrid, es muy santa, muy ecologista… Para ellos, al Palentino le falta tofu”. Y así, entre anécdotas y reflexiones, la cola avanzaba. Muchas versaban sobre el ausente Casto y su flemático aguante, de cómo mandaba callar a alguien que hablaba a gritos, de un salto desde detrás la desgastada barra blanca para recuperar un bolso robado. En la puerta, un folio con las esquinas dobladas informaba de su funeral, el próximo lunes.

La gente que salía del bar sonriente, para no volver a entrar jamás. Daban el relevo al siguiente grupo que franqueaba la puerta exultante, feliz porque habían conseguido sumarse a la fiesta tras una hora de cola. Ahora se enfrentaban a la hazaña de conseguir una de las baldosas blanquinegras sobre la que trasegar. Los barriles de cerveza se habían quedado vacíos. Dos servilletas blancas de papel pinchadas en los grifos anunciaban su rendición. Juan cogía hielos a puñados y llenaba vasos de tubo, sin prisa y sin pausa, Palentino style. Loli servía aperitivos de besos y abrazos mientras el refuerzo de los camareros recogía los vasos vacíos que se apelotonaban como la clientela, sorprendentemente talluda salpicada de postureo. La concurrencia, mayoritariamente masculina, estaba entregada al choque de cristales.

La plancha apagada había dejado de rezumar el humo de los miles de pepitos de ternera cocinados. Epítome de los precios populares, un billete de 10 euros sobre la barra bastaba para pagar tres copas que se vaciaban en menos tiempo de lo que se tardaba en pedirlas. Se alzaban las cámaras de los teléfonos para fotos de grupo y la gente se subía a mesas y banquetas, haciéndose hueco con algún lanzamiento de un hielo para no quedarse fuera de la instantánea.

Empezaban los cánticos, la devolución del cariño voz en grito. Se coreaba el nombre de Loli que alzaba los brazos tras la barra para coger los gritos y llevárselos cosidos en el pecho. “Viva Casto” se repetía al unísono, para terminar en estruendo: “Palentino, Palentino”. Los vítores aplaudían los malabarismos de uno de los camareros tras la barra, que aguantaba en equilibrio sobre su frente barriles vacíos de cerveza, botellas de Larios y banquetas. La gente aplaudía desde los escalones que llevan a la parte de abajo, el almacén y los baños. “Aquí mezclaba yo el café con el torrefacto a paladas”, recordaba uno de los hijos de Casto. “No había venido desde que murió mi padre. Llevo un pedo…”, confesaba frente a las cajas de botellines vacías. Arriba tenían lugar embriagadas conversaciones sobre qué es deporte olímpico y qué no, sobre qué es la madurez, sobre los bares que cierran, sobre lo que era Madrid y ya no es. La falta de espacio y la celebración común unían los grupos y la charla.

Las horas pasaban en este lugar acostumbrado a ver el tiempo detenido, acercándose al momento de la escoba con el bar vacío. “A ver chavales, os doy las gracias en nombre de Casto, en el mío y en el del Palentino. Yo lo siento pero… ya se ha terminado el alcohol”, anunciaba Loli mientras comía un sándwich de salchichón minutos antes de la una de la mañana. Poco a poco el fin se materializaba. La puerta se abría solo para salir. Comenzaba el pillaje de objetos del bar, una foto enmarcada, su codiciada lista de precios, esa que se ha plasmado en camisetas neoyorquinas y que Loli tuvo que rescatar de manos de su joven camarero antes de que la regalara alegremente.

Por encima de los objetos, Loli reivindicaba a las personas que hicieron de este bar la última trinchera, los difuntos hermanos Casto y Moisés, su marido. Profesionales del tabernismo, del tiempo en que los camareros no tenían que ser modelos, sino saber el negocio. “El Palentino somos nosotros”, zanjaba. Era ellos. Y era los obreros de chaleco de plumas que desayunaban un mixto con un botellín, y las señoras de pelo plateado recogido en un moño sentadas con su perro en una de sus mesas, y el levantador de barra profesional que se apretaba un cubata de buena mañana. También era los estudiantes que se “hacían un Palentino”, comían y bebían allí por cuatro perras y salían del revés. Porque si algo caracterizó siempre al bar, con su dualidad de mañana y noche, fue que era un sitio abierto para cualquiera, que bajo la luz de sus fluorescentes blancos eliminaba las diferencias e igualaba a todos. “Hay una esencia que queda en el Palentino, en sus paredes fíjate lo que puede haber”, dice Loli emocionada. “Mi suegro, mi marido Moíses, con Casto, y yo, hemos seguido todos el mismo ritmo. Hemos ayudado a mucha gente, si nos llamaba un vecino allí estábamos… Toma, las llaves de mi casa, en el Palentino, el punto de encuentro para muchísima gente”, dice Loli tras 46 años “casada con el Palentino”. Con el cierre se pierde un sitio y una época. La de los sitios cómplices, con solera, la de lo genuino.

El Palentino seguirá estando sin estar. Seguirá siendo la referencia para señalar esa esquina de la calle del Pez que ha dejado de aletear.

Una semana antes de la reivindicación de derechos, de pregones de tintes eurovisivos y de la exaltación callejera de la libertad de elegir, el Ayuntamiento de Madrid permitió en sus instalaciones deportivas de La Elipa la organización de un torneo de fútbol sala homófobo.

Bajo el lema “Por la familia y contra el matrimonio homosexual”, el colectivo La España en Marcha, que engloba grupos como el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española, hizo del pabellón deportivo un atril desde el que proclamaron “su defensa del orden moral” el pasado 28 de junio, según ha denunciado UGT.

Según señala el sindicato, las instalaciones se destinaron a este torneo dos horas, tiempo durante el cual se revistió el pabellón con banderas de la Falange Española, cruces celtas, banderas franquistas y todo tipo de simbología fascista que incluso fue comercializada en varios tenderetes dispuestos para la ocasión.

Ante la concentración de símbolos y personas, que alcanzaron las 80 según UGT, los trabajadores del centro llamaron alarmados a la Policía Municipal. “Se daba la circustancia de que en el campo de béisbol de las instalaciones se encontraban unas 500 personas de origen panameño y dominicano, por lo que el miedo a que la situación pudiese derivar en un conflicto era latente”, explica Antonio Soler, secretario de acción sindical de UGT.

La policía municipal estuvo en el pabellón, alquilado a nombre de un particular, durante hora y media y constató que había banderas de Falange, Bases Autónomas y Alianza Nacional, partido de extrema derecha y en el que se integran algunos de los participantes en el asalto a la librería Blanquerna en Madrid el pasado año, con motivo de la festividad catalana de la Diada. Su líder, Pedro Pablo Peña, se encontraba entre los asistentes al acto, según recoge Acción Juvenil Española en su blog.

“Lo primero que se hizo fue retirar la megafonía, desde la que se estaban lanzando consignas despectivas hacia los homosexuales muy desagradables”, explica Soler. La patrulla de agentes municipales solicitó apoyo a la Policía Nacional que ordenó la retirada de los tenderetes, aunque según UGT, las enseñas y el resto de parafernalia aguantaron colgadas.

“La normativa municipal prohíbe expresamente que cualquier simbología política sea utilizada en las instalaciones deportivas municipales, y aquí vemos claro que hay un doble rasero”, denuncia Soler, que recuerda un episodio en el polideportivo de Arganzuela la tarde del pasado día 18 de junio, una jornada antes de la coronación del Rey, Felipe VI. “Otro sindicato colgó una pancarta en contra de la monarquía y a favor de la república y rapidamente acudió la Policía Nacional a retirarlo, como es su deber, como ocurriría si colgásemos un cartel por ejemplo en defensa de los servicios públicos”, señala. “Entendemos que por lo menos la persona que alquiló las instalaciones debe ser sancionada por hacer un uso fraudulento de ellas”.

El torneo se celebra por segundo año consecutivo y con el mismo motivo. “El ayuntamiento es consciente de que el año pasado también se celebró el acto, pero al ser un particular quien alquiló las pistas el acto resultó indetectable hasta el momento de su celebración. El año pasado fue mucho más discreto, sin megafonía, sin tenderetes... La tolerancia con este acto lo ha hecho crecer”, valora Soler, que destaca que no hubo episodios violentos al margen de las proclamas lanzadas por el megáfono.

A las 17.30 de la tarde de este lunes, la oficina de Amnistía Internacional ubicada en la primera planta del número 8 de la calle Fernando VI de Madrid ha sido desalojada por la Policía tras la llegada media hora antes de un sobre sin remitente con unos polvos marrones sospechosos. Los efectivos han establecido de inmediato un perímetro de seguridad que ha cortado la vía, en la que se ha instalado un hospital de campaña en las inmediaciones del edificio por el que han ido pasando, según marca el protocolo de riesgo nuclear, radioactivo, biológico o químico (NRBQ), las 30 personas que se encontraban en ese momento en la oficina.

Tras el aviso, se han desplazado al lugar efectivos de los TEDAX de Policía Nacional, el Samur y bomberos, entre otros cuerpos. “Se trata casi con toda seguridad de una falsa alarma pero deben cumplirse todos los protocolos”, ha señalado un portavoz de la Jefatura superior de Policía. El edificio que alberga las oficinas de Amnistía Internacional, de cinco plantas, ha sido desalojado por completo salvo la oficina donde ha sido remetida la misiva. Los 30 trabajadores han quedado confinados allí junto a los agentes que han respondido al primer aviso mientras se aplicaba el protocolo de recogida de muestras, análisis y descontaminación del lugar. Poco a poco, y según el mismo protocolo, las personas han ido saliendo de la oficina en grupos de seis.

“Todos estamos bien. No tenemos ningún síntoma”, ha asegurado Ángel Gonzalo, uno de los portavoces, a eldiario.es mientras seguía aún confinado en el edificio. “Por el momento, los TEDAX están analizando la sustancia. Nosotros estamos apartados en otra habitación y no tenemos comunicación con los que ya han salido porque se les ha pedido que dejaran todos los móviles dentro, pero todo está en calma”, ha dicho.

Los servicios de emergencia han tenido que descontaminar a un total de 54 personas, 30 trabajadores y el resto personal de emergencia que ha participado en el operativo. El personal de Amnistía Internacional ha seguido el proceso que marca el protoclo de riesgo nuclear, radioactivo, biológico o químico (NRBQ) y que obliga a que todos pasen por el hospital de campaña desplegado por Samur y Bomberos en el que se lleva a cabo el proceso de descontaminación.

Los trabajadores, 18 hombres y 16 mujeres, han tenido que ser desvestidos y, con la ayuda de sanitarios, darse una ducha de productos descontaminantes. “Se trata sobre todo de agua, con algún otro producto, para arrastrar cualquier sustancia que haya podido quedar adherida a la piel”, ha señalado el portavoz del Samur, César Zamora. Después se ha vestido a los trabajadores con trajes NRBQ y, aunque todos se encontraban en buen estado, han sido trasladados a hospitales de Madrid para su observación, según el portavoz.

Otros 20 efectivos de distintos cuerpos entre bomberos, Samur y Policía han tenido que ser también descontaminados y, poco antes de las 22.00, se daba por concluido el operativo. La oficina quedará sellada hasta mañana, cuando se espera que los resultados de las muestras tomadas sean definitivas.

No son las Google Glass de la Policía Nacional, pero la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, está dispuesta a renovar el aspecto de la Policía Municipal. El Ayuntamiento no confirma cómo ni cuándo. De momento están evaluando los diseños tanto del uniforme para los agentes como de las identificaciones que llevan los coches patrulla y otros móviles policiales.

Algunos de los diseños que se han podido ver –algunas propuestas ya se han presentado a mandos del cuerpo y a sindicatos– son cuanto menos sorprendentes: un logo de POLICÍA en el que la L disminuye su tamaño hasta casi desaparecer y un paisaje madrileño al atardecer, rascacielos incluidos, para decorar vehículos oficiales.

“Ni el cambio de uniformes ni la nueva rotulación es pertinente en una situación de grave crisis económica. Y las necesidades de la Policía Municipal pasan por muchas cosas, menos por esas. Por ejemplo, por definir el modelo de carrera profesional, por una definición clara de competencias (sobre todo en relación con las unidades centrales de seguridad, las de contención de masas), la dignificación de su labor o acentuar su papel como policía de proximidad ciudadana... Las cuentas públicas no están para estos cambios superficiales, estéticos”, asegura el portavoz del PSOE en la Comisión de Seguridad, Pablo García Rojo.

Para Izquierda Unida, la renovación que propone Botella no es lo prioritario. “Cada euro que se gasten será un dispendio. La situación es que hay agentes que tienen que pagarse de su bolsillo los guantes anti corte porque no hay presupuesto y los chalecos antibala están contados. ¿Y lo que hace falta es un cambio de diseño? Es un despropósito”, denuncia Ángel Lara, portavoz de Seguridad en el Ayuntamiento.

Rojo apunta también a la compra de dos nuevas furgonetas para las Unidades de Intervención, homologables a las UIP de la Policía Nacional. “Material para unas competencias que están reservadas para el Cuerpo Nacional de Policía”, explica.

Los sindicatos policiales no ven con malos ojos el cambio de looklook. Creen que ya ha habido suficiente austeridad en este tema. Explican que los uniformes se entregaron paulatinamente entre 2005 y 2010, y desde entonces la reposición de vestimentas se ha complicado. Si al principio había un presupuesto asignado a cada agente para que gestionara su uniforme, con la llegada de la crisis desapareció y actualmente es el mando directo el que debe autorizar la petición de nuevas prendas. “Ya se ha ahorrado suficiente”, aseguran.

Mejorar el aspecto

De acuerdo con fuentes cercanas al Ayuntamiento, el objetivo es mejorar el aspecto sobre todo de las unidades que trabajan en “puntos de alta visibilidad”: en zonas turísticas o especialmente concurridos, para actos oficiales y vehículos utilizados como escoltas de comitivas de personalidades.

Aparentemente el que más posibilidades tiene de convertirse en el nuevo uniforme de los policías municipales de Madrid es el que abandona el amarillo actual por el rojo. La imagen del skyline podría utilizarse para puntos fijos y muy frecuentados, como el Museo del Prado o la Puerta del Sol, de las Oficinas de Atención Ciudadana.

Fuentes de la Policía Municipal especulan con que la presentación oficial de los nuevos modelos será el 24 de junio, con motivo de la festividad de San Juan, patrono de los agentes madrileños, en el que suele realizarse una gran ceremonia, con actuaciones de la banda municipal y entrega de medallas. Una posibilidad es que la puesta de largo de todas estas novedades cuente incluso con la presencia del príncipe de Asturias, como adelantaba hace unos días el diario ABC.

La última adquisición de indumentaria para los policías municipales data de este mismo año. De acuerdo con el BOE, el Ayuntamiento ha adjudicado en febrero de 2014 más de 188.000 euros para la adquisición de “petos desudadores” para los agentes.

Desde el Sindicato Colectivo de la Policía Municipal apuntan que espera que con el nuevo uniforme mejore el calzado, ya que actualmente sólo hay un modelo invernal, que “resulta una verdadera tortura en los meses calurosos”. De hecho, aseguran que en verano muchos agentes sufren hongos en los pies por culpa de estas botas.

Un “recetario” de multas electrónico y un silbato como armas para hacer valer su figura de la autoridad, solo en materia de tráfico. Porque en lo que tiene que ver con la circulación en Madrid, lo son. Así de claro lo deja el reglamento municipal del cuerpo, a pesar de las dudas que puedan existir tras el incidente protagonizado este jueves por Esperanza Aguirre y una pareja de agentes en la Gran Vía. Estos funcionarios “tienen la consideración de agentes de la autoridad subordinados a los miembros del Cuerpo de Policía Municipal”, según reza el reglamento municipal.

El procedimiento de actuación de un agente de movilidad es el siguiente, según fuentes del cuerpo: “No se puede parar un coche porque parezca sospechoso. Sólo se puede detener un vehículo si está cometiendo una infracción, pero también se puede parar a un vehículo por un piloto fundido o porque no lleve la pegatina de la ITV. No hace falta que sea algo flagrante. Tampoco se puede registrar el vehículo o pedir que te abran el maletero, pero sí puedes pedir que se te muestren los triángulos reglamentarios para averías”.

Cuando se ha parado el coche se informa de la infracción cometida y se requiere “siempre” la documentación del vehículo y el carné de conducir, “para comprobar que tanto el coche como el conductor están en situación legal para circular”, explican. También solicitan el resguardo del seguro, que “es obligatorio aunque se pueda comprobar con la base de datos. Una base de datos que, por cierto, es la misma que la de Policía Municipal”, señalan.

Jesús Méndez, portavoz del sindicato CSIT señala que Aguirre no llegó a aportar toda la documentación, ya que le faltaba el permiso de circulación del vehículo. “El conductor está obligado a entregar esos datos, y no hacerlo puede suponer incluso una denuncia por desobediencia”.

La labor del agente termina con la impresión de la notificación de la denuncia tras imprimirla con la PDA. Si hay complicaciones de otro tipo, los agentes tienen poco margen de maniobra. No están capacitados para detener a nadie, pero sí para retener sin el empleo de la fuerza, lo que implica la absoluta disposición del presunto infractor, según señalan desde el sindicato municipal CPPM. En caso de resistencia o caso omiso, su labor termina. “Si hay algún incidente de orden público, se pasan los datos a la Policía Municipal o la Policía Nacional, que son los que tienen competencias en esa materia”, señala Julián Leal, portavoz de CPPM.

Un cuerpo que creó Gallardón

Regulan el tráfico de Madrid desde junio de 2004 y se crearon, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de liberar la Policía Municipal de las labores de organización del tráfico en la capital del país y centrarlos en la seguridad ciudadana. A pesar de su corta historia, el cuerpo de los agentes de movilidad languidece dentro de la plantilla de funcionarios municipales. Se concibieron como un cuerpo de 1.200 efectivos para cubrir las necesidades que podía plantear la ciudad de Madrid hace una década. Hoy son alrededor de 650, según fuentes sindicales, y las últimas plazas nuevas se convocaron hace ya cinco años, en 2009.

Esta continua reducción de los miembros del cuerpo de Movilidad hace que muchas de las zonas que tienen que cubrir pasen la mayor parte del tiempo desatendidas. Fuentes del cuerpo señalan que la práctica actual, desde hace poco más de un mes, es que vigilen solos en los puestos fijos, en lugar de en parejas como hasta ahora. La glorieta de Atocha-Carlos V, la estación de Atocha Renfe, Cibeles o Colón son algunos de los enclaves en los que se ha reducido personal, según fuentes sindicales.

Esta organización del tráfico en soledad puede poner en entredicho sus actuaciones, ya que parte del procedimiento sancionador se hace en presencia del compañero, como por ejemplo, la declaración en la denuncia de que el infractor se ha negado a firmarla en el caso de que así fuera. “En estos casos, en el espacio reservado para la firma del denunciado se refleja que ha renunciado a hacerlo, pero siempre en presencia del compañero”, señala Leal.

El cuerpo se ha visto envuelto en la polémica en diversas ocasiones, sobre todo en cuanto a las atribuciones que les otorgó el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró en 2010 nulas dos de las funciones que tenían asignadas: las relativas a la vigilancia y control de los transportes, tanto públicos como privados, para hacer cumplir sus normas reguladoras. El argumento del tribunal, que respaldó el Tribunal Supremo en mayo de 2012 ante los recursos municipales, fue “que tales agentes sólo pueden ejercer funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, y no funciones de vigilancia y control en relación con las normas reguladoras del transporte de pasajeros”, una competencia de la Comunidad de Madrid.

En 2011, ante la supuesta frecuencia con la que algunos agentes iban al cuarto de baño, el Ayuntamiento decidió adoptar la medida de descontarles el tiempo perdido. En un caso se suspendió al agente de empleo y sueldo siete días por ir desde el puesto asignado al servicio de la unidad, ubicada a 200 metros. Según datos del sindicato CSI.F, en un colectivo de 600 agentes se han abierto más de 500 expedientes por distintas causas.

Más recientemente, los agentes y su uniforme fueron motivo de una de las quejas de los miembros del COI que evaluaron la última candidatura olímpica de Madrid: argumentaron que una vestimenta tan parecida a la de los policías y una diferencia tan grande de funciones podía ocasionar confusiones importantes entre los visitantes extranjeros.

Es habitual que a una protesta ciudadana que termina en disturbios, cargas y detenciones le siga una manifestación de apoyo a los implicados y heridos el día siguiente. Que esa concentración la compongan antidisturbios indignados y otros policías nacionales es casi insólito. Alrededor de 200 agentes se encuentran esta tarde concentrados frente a la comisaría de Moratalaz en Madrid, en el mismo lugar donde suelen esperar otros colectivos la salida de compañeros detenidos en la Brigada de Información. Los agentes protestan ante las directrices y órdenes recibidas ayer, durante los disturbios que siguieron a las Marchas por la Dignidad.

La criticada gestión de la seguridad durante la manifestación tampoco convence a sus protagonistas. “Hubo errores en la dirección y toma de decisiones, que no se ajustaron a la evolución de los acontecimientos y que supusieron el abandono de un grupo de 15 compañeros a merced de cientos de violentos”, señala el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, Alfredo Perdiguero, también frente a Moratalaz.

La policía contó ayer 67 heridos de los 101 que se produjeron en total. “¿Te acuerdas de cuando en la prensa salían 20 heridos, y tres de ellos policías?”, le preguntaba uno de los concentrados a otro esta tarde en Moratalaz.

Sienten que sus bajas son numerosas y, “lo que es más doloroso, consentidas”. Muchos de los agentes que intervinieron ayer han pasado la mañana hablando con compañeros heridos de diversa consideración: traumatismos, contusiones, dientes rotos. Quizá el caso que más les ha afectado ha sido el de un compañero cuyo chaleco fue rasgado con un arma blanca en siete ocasiones. Un hecho que consideran “inaudito”.

Proteger Génova, desproteger agentes

Lo peor para ellos es, sin embargo, que ante la escalada de violencia no se modificaran las órdenes que habían recibido al comienzo de la marcha: no se utilizaría material antidisturbios. En los vídeos, sin embargo, sí se aprecia el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos, aunque según Perdiguero con menos intensidad de lo que exigía la situación.

Las órdenes expresas de que se aguantara en lugar de cargar produjeron una situación de absoluto desamparo para el Grupo VII de las Unidades de Intervención Policial (UIP), el que quedó atrapado cerca de la salida de Renfe del Paseo de Recoletos con la Plaza de Colón.

“Cayeron todos, les llovían piedras, toda clase de proyectiles, les atacaban con barras de hierro. Durante ocho minutos estuvieron solicitando apoyo sin que se les prestara por ninguno de los otros grupos en las proximidades, unido a la orden de no utilizar los medios de que dispones dejó a los agentes en completa indefensión”, explica Perdiguero, que ha solicitado el cese del Comisario General de Seguridad Ciudadana y el Jefe de las UIP de inmediato por “impedir que otros efectivos acudieran en su apoyo”.

Lo cierto es que varias unidades se encontraban desplegadas cerca: unas ubicadas en las proximidades del Ministerio del Interior, en otro extremo de la plaza de Colón, y otras en la calle Génova, que custodiaban la sede del Partido Popular. A ninguna se le permitió abandonar su puesto.

Los agentes señalan que son ya tres manifestaciones en Madrid en las que se les prohíbe utilizar el material antidisturbios, como el lanzamiento de pelotas de goma, y que se les ha reducido el número de bocachas (escopetas de boca ancha para munición antidisturbios) por unidad.

¿Puede ser que se encontraran ante una acción mejor organizada por parte de los violentos? “No, con los medios que establece la ley y una buena organización se habría disuelto como se ha hecho otras veces”, asegura Perdiguero.

Según ha podido saber eldiario.es, el Comisario General de Seguridad Ciudadana se ha desplazado hasta la comisaría de Moratalaz para tratar lo sucedido ayer. De momento no se ha producido ningún cese, según señalan fuentes policiales. Los agentes que siguen llegando a la puerta del complejo policial piden a gritos “Dimisión, dimisión” y demandan que acuda el mando de las UIP responsable ayer.

La decisión de los mandos del instituto armado en Ceuta de disparar pelotas de goma alrededor de los inmigrantes mientras intentaban cruzar la frontera a nado no es reglamentaria. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado esta acción argumentado que, cuando los subsaharianos estaban a 25 metros de los agentes, se ordenó cesar el lanzamiento de pelotas. No obstante, las normas de las fuerzas de seguridad nacionales sobre el uso de antidisturbios no mencionan esta distancia mínima porque en realidad no recogen en ningun caso su uso contra personas que están en el agua. El portavoz de la Guardia Civil reconoce a eldiario.es que “no está recogido en ningún reglamento interno el lanzamiento de pelotas de goma en el agua”.

En todo caso, la distancia mínima establecida como norma general por el reglamento interno del uso de material antidisturbios de las fuerzas de seguridad es de 50 metros y no de 25, como dijo Fernández Díaz, que sí es aplicable pero solo para casos extremos, siempre y cuando las personas a disuadir están sobre tierra y nunca impacten directamente sobre su cuerpo.

Según explican las mismas fuentes, “el reglamento interno de la Policía y la Guardia Civil que regula el uso de sobre pelotas de goma esta pensado únicamente para operaciones en tierra”. De esta forma, jamás se ha contemplado su uso en una situación de tanta vulnerabilidad como la padecida por personas que están en el agua o, como en este caso, mientras tratan de cruzar la frontera de Ceuta a nado.

En este misma línea se expresan fuentes de las unidades de intervención policial (UIP), que añaden que el uso de material antidisturbios, como pelotas de goma o gases lacrimógenos está indicado para casos de alteración grave y violenta del orden público. La distancia de 25 metros está reservada en los reglamentos para casos extremos, que, según estas fuentes, no responde a una travesía a nado de inmigrantes por la frontera.

En sede parlamentaria, Fernández Díaz ha afirmado que “todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, de acuerdo con los protocolos de utilización de los medios antidisturbios, y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes”.

Según se observa en algunos de los vídeos difundidos, una línea de agentes de la Guardia Civil que custodia la playa efectúa varios disparos, algo que indican no sólo las detonaciones, sino también los fogonazos que salen de las bocachas de las escopetas, el complemento que permite disparar las pelotas o los botes lacrimógenos.

Sí se usó material antisturbios desde el barco

En algunas de las imágenes se observa también que los agentes disparan al menos una vez al aire desde la patrullera de la Guardia Civil, en el agua. El ministro ha afirmado que los agentes “nunca” usaron material antidisturbios desde las embarcaciones. Sin embargo, en las imágenes emitidas en Telecinco o elmundo.es y grabadas por un testigo se ve claramente un fogonazo una vez que los inmigrantes han superado la embarcación. Las salvas de fogueo, que tienen carácter disuasorio, están tipificadas como material antidisturbios: “se usan para asustar”, abundan estas fuentes policiales. Los muertos confirmados de la tragedia fallecieron ahogados en una avalancha dentro del mar, ha confirmado el propio ministro.

Por otro lado, en las imágenes no es posible apreciar si los disparos se corresponden a salvas o al lanzamiento de pelotas reconocido por Interior. “El ruido se corresponde con el del cartucho de proyección, que se usa para las salvas y también es el que hace que el proyectil, en este caso las pelotas, salgan disparadas. No hay manera de ver si las pelotas salpican el agua, y tampoco podemos decir que sean botes de gas lacrimógeno, porque pesan un kilo y se hunden directamente en el mar”, explican las fuentes consultadas.

Los protocolos de actuación policial también establecen un orden en el lanzamiento de los proyectiles, y señalan que antes del lanzamiento de pelotas debe dispararse siempre una salva sin carga: “Tiene un objetivo claro de disuasión. Si la situación sigue siendo violenta se lanzan ya pelotas o lo que proceda dentro del equipo antidisturbios”, explican.

La Comisión Europea recomendó la desaparición de las pelotas de goma para finales de 2012. Son 90 gramos de caucho macizo, de algo más de cinco centímetros de diámetro, lanzados a una velocidad de salida de 720 kilómetros por hora. En Italia, Grecia y Alemania ya no se usan. Frontex no dice nada específicamente sobre el uso de material antidisturbios, salvo que debe usarse de forma proporcional al objetivo que se persiga.

A pesar de que el ministro Jorge Fernández Díaz ha insistido en su comparecencia que no existe una relación causa-efecto entre el uso de material antidisturbios en el agua y el fallecimiento de los inmigrantes, ha admitido que los agentes dejaron de disparar cuando se dieron cuenta de que corría peligro la vida de las personas que estaban en el mar. “En el momento en el que el lanzamiento de esas pelotas de goma como material disuasorio, de acuerdo con los protocolos de actuación establecidos, se entendió por parte del oficial al mando que podían poner en riesgo mínimamente a esas personas, se dio la orden inmediata de dejar de utilizarlas”, ha asegurado el ministro.

En este caso el objetivo disuasorio no se cumplió, ya que el grupo de inmigrantes continuó a nado hasta la playa, donde les aguardaba la línea de agentes de la Guardia Civil. “En las imágenes se aprecia que los agentes no apuntan ni encañonan a ninguna de las personas que llega del agua, pero sí es reprobable que no tengan un papel más activo en la situación de rescate, aunque han podido valorar que, ya que el grupo de inmigrantes era muy nutrido, la entrada en el agua de algún agente podía ponerle en riesgo. Y siempre se ha de mantener la autoprotección”, señalan desde las Unidades de Intervención Policial.

Revueltos y separados. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se plantan y no volverán a hacer su labor mientras las Unidades de Intervención Policial (UIP) estén desplegadas, salvo en situaciones vitales. Es la recomendación que ha lanzado el sindicato CCOO a través de un comunicado entre los miembros del cuerpo regional tras la detención de un compañero del cuerpo municipal de Madrid la pasada semana y la posterior difusión de información sobre presuntas detenciones previas.

La medida, según señalan desde el sindicato, persigue acelerar la redacción de un protocolo en las intervenciones conjuntas, aunque supone también un nuevo mazazo a las relaciones entre los funcionarios de ambos cuerpos, o al menos, entre personal de emergencia y antidisturbios, con quienes los bomberos acumulan los episodios de malentendidos y viceversa.

Las cada vez más habituales protestas ciudadanas se han convertido en el escenario de un choque soterrado que emerge tras la detención de la semana pasada. “Si hay una intervención en un accidente de tráfico o en otras circunstancias la colaboración es total, también con miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Los problemas solo vienen con las UIP cuando hay manifestaciones y situaciones de alteración del orden público”, señala Pedro Campos, portavoz de CCOO de los bomberos de la Comunidad. “Queremos que se nos aclare si tenemos condición de agentes de la autoridad, no para detener a nadie, sino para controlar un incendio o un accidente, el lugar donde trabajemos, la zona caliente”, señala Campos. “Lo que no vamos a permitir es que haya ningún otro compañero detenido”, sostiene.

A pesar de que la situación entre los uniformados se ha recrudecido con los últimos acontecimientos, los bomberos señalan que es habitual que las UIP reclamen a los bomberos ciertos cometidos que ellos encuentran fuera de sus competencias. “A veces se trabaja con mucha presión. En una de las manifestaciones contra la candidatura olímpica de Madrid nos pidieron que bajáramos de una farola a un manifestante. Estaba bien anclado y sabía lo que se hacía así que, después de comprobarlo, los compañeros decidieron no bajarle. Se les hizo salir otras seis veces al mismo aviso, con idéntico resultado. Esto no es trabajar con presión. Es acoso”, explica Campos.

Otro frente abierto: los desahucios

“También se recurre a los bomberos para abrir la puerta de un piso y sacar a una señora mayor de su piso porque no lo puede pagar. Los bomberos no consideramos un desahucio ninguna emergencia”, sostiene Campos. E inmediatamente marca las diferencias entre ambos cuerpos: “Nosotros tenemos buena imagen de cara a la opinión pública, y la de la policía no es la misma, porque no nos dedicamos a lo mismo”.

En el cuerpo municipal se sienten indignados por la difusión de presuntos antecedentes policiales del bombero detenido el pasado miércoles. “Se ha tratado de criminalizar intencionadamente a un compañero a través de los medios porque no tienen nada contra él”, señala Campos, que explica que el bombero aún no se ha reincorporado al servicio en el Parque I de la capital. “Se le han cambiado guardias porque está aguantando mucha presión”.

Desde los sindicatos policiales se ha recibido la medida con cierta perplejidad. “No teníamos constancia de la medida, pero viene a retratar el conflicto y la defensa que se está haciendo de una persona que, no olvidemos, ha agredido a un policía”, señala el portavoz en Madrid del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito. “A nosotros no nos afecta en absoluto. Es más, si tenemos que coger un extintor lo haremos. El Ayuntamiento es el que tiene que ver lo que le permite a sus funcionarios. Les está consintiendo cosas que no debería consentir”, explica Benito.

Sobre si es necesario que Ayuntamiento de la capital, Comunidad y Delegación del Gobierno definan la relación entre uniformados, Benito no cree que sea necesario: “Nunca antes se ha dado esta situación. Se trata de un incidente claro y aislado que no va a volver a ocurrir. Hay que poner cordura a un conflicto artificial”, comenta. Desde los sindicatos señalan que se han reunido con la alcaldesa, Ana Botella, y que han recibido recomendaciones del Ayuntamiento para actuar en estos casos. Les aconsejan que ante cualquier problema con las UIP eviten la relación directa. “Se les ha pedido que se apoyen en los compañeros de Policía Nacional de otras unidades o bien en los agentes de la Policía Municipal”, señala Campos.

La detención de Santiago F., el bombero que se encontraba extinguiendo las llamas de un contenedor que ardió en el centro de Madrid durante la concentración de apoyo a los detenidos en las protestas de Gamonal (Burgos), ha encendido el enfrentamiento entre el Cuerpo Municipal de Bomberos y los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios.

El encontronazo acabó con un la rotura parcial del tabique nasal del policía, según la versión de los agentes, y ha despertado todo tipo de suspicacias en ambos grupos, que mantienen desde hace algún tiempo cierta animadversión durante las actuaciones conjuntas en las manifestaciones que se celebran en la capital.

Una de las razones es que los bomberos municipales son una presencia habitual en las concentraciones pero no solo cuando están de servicio, sino también como manifestantes. Desde hace tres años mantienen un conflicto con el Ayuntamiento de Madrid por la escasez y el deterioro de sus condiciones de trabajo.

“Los dos cuerpos colaboran estrechamente en el 99% de las ocasiones. Se trata de un hecho aislado, quizá provocado por determinadas instrucciones que se dan o por el estado de nerviosismo de un policía en concreto”, señala Pedro Delgado, representante de CCOO entre los funcionarios municipales.

El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, señala que no existe ningún protocolo de actuación coordinada entre ambos cuerpos en el que se indique qué criterio debe prevalecer en una situación de emergencia, si el policial o el de los bomberos. “Solo prevalece en estos casos el criterio de los Tedax, pero su intervención se ciñe ya a los artefactos explosivos”, explica Perdiguero. “Lo deseable es que no se entre en una competición por ver quién manda sobre quién”, valora.

Sin embargo, no es el primer incidente entre ambos cuerpos. “En una de las últimas convocatorias de Rodea el Congreso un bombero pegó un manguerazo a varios miembros de la UIP adrede y ante la vista del mando de la unidad, que no ordenó ningún tipo de medida”, señala Perdiguero, para el que la intervención policial está justificada desde el momento de la presunta agresión.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también defiende la actuación de las Unidades de Intervención Policial. “En estos casos debe imponerse el sentido común, que es de lo que menos ha habido en este caso”, señala el portavoz del SUP en Madrid, José María Benito, que subraya igualmente la ausencia de un protocolo de actuación conjunto. Benito informa que en la unidad no se ha dado ningún tipo de recomendación de cara a futuras intervenciones con los bomberos ni sobre la detención de ayer.

“¿Qué va a pasar en las próximas intervenciones? ¿Se va a poder trabajar tranquilo? ¿Tendremos que temer que nos detengan también por mantener la seguridad en nuestro trabajo?”. Son los interrogantes que plantean los compañeros de Santiago F., unos 200 funcionarios, concentrados frente a la comisaría de Moratalaz donde el bombero estuvo arrestado desde la noche del miércoles hasta su puesta en libertad con cargos este jueves. Está acusado de atentado contra la autoridad por agredir de un cabezazo a un miembro de la Unidad de Intervención Policial.

Dos versiones: antecedentes y “canalladas”

El incidente tuvo lugar en la calle Bárbara de Braganza, donde ardía un contenedor. Según el relato de los bomberos, el proceso fue el habitual en este tipo de situaciones, al establecerse un perímetro de seguridad. Cuando los agentes de la Unidad de Intervención Policial reclamaron paso, las llamas estaban sofocadas y el contenedor solo humeaba. “Nos quedan dos minutos”, contestaron los bomberos cuando la policía solicitó la retirada de la manguera para permitir el acceso del furgón policial. El vehículo, según fuentes policiales, se dirigía a dar apoyo a compañeros que “se las veían” con parte de los manifestantes.

Llegados a este punto, las versiones difieren. “Nosotros nos dirigimos a él de buenas maneras, le pedimos por favor que nos dieran un momento. Estábamos a punto de terminar. Sin embargo trataron de violar el perímetro de seguridad y lo hicieron violentamente, empujando e insultando”, señala uno de los bomberos intervinientes. Fue entonces cuando se produjo un forcejeo en el que, según la policía, uno de los agentes fue agredido. Tras el encontronazo, se procedió a la detención de Santiago, de 35 años y que presta servicio desde hace 13 en el Cuerpo Municipal de Bomberos, actualmente en el Parque I de la capital, en el barrio de Chamberí.

El bombero arrestado ya fue detenido en 2012, según fuentes policiales, por agresión a dos policías municipales. Además ha trascendido de fuentes de la investigación que el bombero también fue detenido por un episodio de violencia familiar. “La policía está investigando para sacar todo lo que se pueda de él. Que se difunda esta información para tratar de criminalizar al compañero es de una gravedad extrema y una canallada”, señalaba Pedro Delgado, de CCOO, a las puertas de la comisaría de Moratalaz.

Desde los sindicatos de bomberos municipales se ha remitido este jueves una carta a la alcaldesa de la capital, Ana Botella. En ella, además de reclamar la puesta en libertad de Santiago, piden que se aclare la situación y lo que ocurra de aquí en adelante. “No sabemos si a partir de ahora por hacer nuestro trabajo podemos acabar detenidos”, zanja Delgado.