El Gobierno ha aprovechado el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, para regular una actividad que lleva años siendo una realidad entre los ciudadanos españoles: el crowdfunding o lo que es lo mismo, la financiación entre personas sin necesidad de la intermediación de entidades financieras.

El fenómeno se ha desarrollado a nivel mundial por dos motivos principales, la escasez de crédito a la que los bancos sometieron a la ciudadanía tras la crisis y la desconfianza que generó la falta de ética de las entidades financieras. Los ciudadanos se organizaron al margen de la ley y gracias a Internet, primero, para financiar sus propios proyectos muchos relacionados con la cultura y el ocio en plataformas como la pionera mundial Kickstarter, o la española Lanzanos.

Poco a poco, el sector se ha ido desarrollando y especializando. Y junto a esas plataformas de financiación masiva de proyectos, han surgido otras especializadas en financiación de pymes a cambio de participación accionarial, crowdequity, o simplemente las que permiten poner en contacto a particulares que necesitan créditos con otros que buscan rentabilidad para su dinero y no quieren conseguirla a través del oculto circuito bancario sino conocer con exactitud para qué sirve su dinero.

Hasta ahora, la gran reticencia para su utilización era la duda que generaba su falta de regulación. Potenciar la transparencia y limar esas dudas es una de las razones que aduce el Ejecutivo con la legislación anunciada en el último Consejo de Ministros de febrero.

Entre las medidas tomadas está la obligación de que todas estas plataformas tengan que inscribirse en un registro público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde tendrán que facilitar toda la información de sus cuentas y la de sus promotores. Aun así, el texto que maneja el Gobierno considera que estas plataformas no son “un servicio de inversión porque sólo ponen en contacto a inversores y emisores”. Es decir, no ofrecen ningún asesoramiento, ni “colocan instrumentos financieros”.

La CNMV será la encargada de que estas plataformas sean transparentes y de que los inversores tengan la información suficiente sobre la propia plataforma, su funcionamiento y cómo se consigue la financiación (ya sean préstamos o emisión de valores de la compañía que busca dinero).

Además, se exigirá que las webs identifiquen con claridad el funcionamiento de los préstamos, los posibles riesgos en que pueden incurrir los inversores y la advertencia de que no es una empresa de servicios de inversión y, por lo tanto, no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones.

Aquellas plataformas basadas en la donación, los préstamos libres de intereses o compraventa no están incluidas en la regulación.

Puertas al campo

Pero sin duda la medida más controvertida es la intención del Gobierno español de limitar las cantidades de inversión a un máximo de 3.000 euros por proyecto y 6.000 por plataforma al año. La justificación, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es “para evitar engaños”, pero el argumento choca con la afirmación del texto de proyecto de ley que reconoce que no hay intermediarios, ni se colocan instrumentos financieros, para los cuales no existe limitación alguna de inversión.

Desde Comunitae, la plataforma de préstamos más antigua de España, esperan que “estos límites puedan adaptarse a la realidad de la legislación internacional con el objetivo de permitir que estas plataformas puedan ser también una opción para inversores profesionales”, como ocurre en EEUU o Gran Bretaña.

Esos son los dos países donde más desarrollado está el sector y los que están liderando también la legislación del mismo. En concreto, en Gran Bretaña está previsto que en abril entre en funcionamiento una legislación que también exigirá más transparencia a las plataformas y a los interesados en captar financiación. El regulador británico -la Financial Conduct Authority (FCA)- vigilará tanto los préstamos como la financiación a cambio de acciones, y entre otras cosas se les exigirá presentar un plan de devolución de los fondos captados.

Por su parte, en EEUU, las limitaciones que ha impuesto la JOBS Act, donde se regula el sector, están relacionadas con el perfil de los inversores, no con límites absolutos. Por ejemplo, en el caso de inversión a cambio de acciones (crowdequitiy) un inversor con un sueldo inferior a 100.000 dólares como máximo puede invertir un 5% de sus ingresos. Para los que ganan más, el límite es el 10%. Y no hay límites para quienes tengan más de 200.000 dólares de sueldo o un patrimonio superior al millón de euros. En una línea similar se está trabajando en Bruselas.

Gracias a estas bases, la financiación de proximidad ha triunfado en ambos países, tanto desde el lado de los inversores profesionales, como en el de la sociedad civil que busca que la rentabilidad de su dinero sea no sólo financiera. Es el caso de algunos barrios de Londres, donde incluso las concejalías utilizan la plataforma líder en Gran Bretaña, Funding Circle, para facilitar el acceso al crédito de los pequeños comercios. Los londinenses incluso la utilizan para mejorar las infraestructuras de sus barrios, como parques, colegios, etc.

Un sector en auge en todo el mundo

Un sector en auge en todo el mundoLa financiación entre personas se ha extendido por todo el planeta en los últimos años. En la actualidad se calcula que hay más de 300.000 plataformas en países tan dispares como EEUU, China o India. La consultora especializada Massolution señala que el sector mueve 1.200 millones de dólares en todo el mundo, mientras que el portal especializado Infocrowdsourcing asegura que alcanza los 2.700 millones, de los cuales apenas 13 millones de dólares serían españoles.

Del potencial que este sector puede tener dan fe algunos de los principales movimientos empresariales del último año. Por ejemplo, la inversión de 125 millones de dólares en LendingClub, la plataforma más grande de EEUU. O la participación de uno de los exdirectivos de Citigroup Vikram Pandit en la ronda de financiación de la plataforma de créditos neoyorquina CommonBond.

También, hay que destacar el estudio The rise of future finances, realizado por la organización no gubernamental Nesta en colaboración con la Universidad de Cambridge y la Universidad de California, Berkeley, que habla de espectaculares crecimientos del sector en todo el mundo y que lo define como la alternativa para que las pequeñas empresas consigan el crédito que les niega la banca.

Para hacerse una idea de lo que supone esta subida en una familia, el precio medio de un funeral está entre los 2.000 euros de media que recoge la revista Consumer, los 2.500 euros que calcula la asociación de consumidores CECU o los 3.500 euros en los que lo cifra la OCU.

Hasta ahora, los impuestos indirectos que se pagaban por un funeral medio (pongamos 2.500 euros) con un IVA al 8%, suponían una recaudación de alrededor de 200 euros para las arcas del Estado. Con la nueva tributación al 21%, el coste se dispara hasta los 525 euros. Es decir, que uno de cada cinco euros que gastemos en el sepelio de un ser querido irá a Hacienda. De media, la subida supone 325 euros más en IVA.more

La cifra no es baladí si se tiene en cuenta el importante volumen de defunciones (en aumento) que tienen lugar en España. Según los últimos datos del INE, en 2011 fallecieron 389.182 personas. Si las cifras se repitieran en 2013, el Estado recaudaría 126 millones de euros más por la subida del tributo. El aumento de estos ingresos será a buen seguro más elevado ya que el incremento de las defunciones en España será más alto. Así lo prevé el INE que asegura en su última proyección del censo que: “A pesar del ligero decrecimiento en el número de habitantes, el envejecimiento poblacional determinaría un incremento del número de fallecimientos a lo largo de los próximos años. Así, en el periodo 2011-2020 se llegarían a registrar casi 4,1 millones de defunciones, un 7,8% más que a las observadas entre 2001 y 2010. En el año 2020 se producirían 415.386 fallecimientos, 9,7% más que en 2010”. Según estas cifras, a finales de esta década, Hacienda ingresará 218 millones de euros solo en impuestos por sepelios. Eso suponiendo, que el precio de los funerales no aumenta y que todos los españoles siguen pudiendo pagarse un entierro… ¿con IVA o sin IVA?

Este asunto es casi la almendra de las negociaciones ya que el fondo de rescate que comienza a operar previsiblemente el próximo 9 de julio, y que se conoce por sus siglas en inglés ESM (European Stability Mechanism), exigía que los países miembro fueran acreedores prioritarios. Esto había provocado una gran contestación por parte de los mercados, ya que los inversores privados no estaban por la labor de comprar esta deuda si no era en igualdad de condiciones. more

En este primer borrador también se sugiere la posibilidad de que el rescate se utilice para la recapitalización directa de los bancos, tal y como pide el Gobierno español. En tal caso, según indican fuentes comunitarias conocedoras del documento, sí se contemplarían criterios de condicionalidad aún por definir.

Estos borradores suelen sufrir muchas variaciones durante las negociaciones pero no deja de ser una buena noticia que el punto de partida en la negociación sea favorable a las posturas españolas.

Con todo, la posibilidad de una recapitalización directa de la banca estaría supeditada, según el documento, a que el Banco Central Europeo (BCE) ganara atribuciones y se convirtiera en un supervisor único bancario en la zona del euro. Este supuesto llevaría tiempo, por lo que el actual rescate de la banca española difícilmente se podría acoger a ese supuesto.

Desde hace algo más de dos años, cuando comenzó la llamada crisis de la deuda soberana, la Unión Europea se dedica a buscar parches periódicos para solventar un problema estructural. Con cada una de estas efímeras soluciones, desde Bruselas ponen todos los huevos en la misma cesta, y al más puro estilo ministra de Empleo, se encomiendan a la Virgen para que esta vez funcione el remedio. Cambian los huevos, hasta cambian la cesta, pero los burócratas de la Comisión y los que componen los distintos gobiernos de la Unión no aprenden.

Esta semana, la gran esperanza de salvar a la Unión Monetaria era que los griegos votaran por Nueva Democracia en los comicios. Un partido cuyas trampas contables han metido a todo el continente en este lío, pero que está redimido de su pecado original gracias a su aceptación de las normas de rescate.more

Por enésima vez, Bruselas --y también Madrid y Berlín-- colocó los huevos en la cesta equivocada. Grecia genera incertidumbre en los mercados, no cabe duda. Pero la votación de ayer no podía ser la panacea. Primero, porque el hecho de que Atenas se quede o se vaya del euro no afecta en realidad a España, actual foco de atención de los especuladores.

Que no se rompa el euro no mejora las perspectivas de contracción y posterior crecimiento anémico de la economía española en el próximo lustro. Tampoco despeja las dudas sobre los activos tóxicos que obran en poder de la banca, es decir, suelo promotor, sobre lo que va a hacer el Gobierno con Bankia o cómo se va a meter en cintura a las revoltosas comunidades autónomas. Pensar que la victoria de los conservadores de Atenas daba ese famoso “respiro” que cacarean las portadas de hoy es, y era, mezclar tronchos con berzas.

Puede ser que la victoria de Syriza aún hubiera provocado una hecatombe mayor en las bolsas, pero la elección era susto o muerte (para el criterio inversor), y del susto no nos ha librado nadie. Además, y como casi se descontaba del resultado tan fragmentado de los anteriores comicios, el anémico triunfo de los conservadores no garantiza un Gobierno estable, y durante toda la tarde se han ido filtrando las diferencias entre las que hasta hace poco eran las principales formaciones mayoritarias. La suspicacia de los mercados es lógica: es como si, por causas de fuerza mayor, PP y PSOE formaran un Gobierno de coalición. La estabilidad del nuevo Ejecutivo que surja en Atenas no puede resultar más endeble.

Como ya comentamos en este blog hace días, los inversores, y también en parte los 'señores de negro' que invoca el ministro de Hacienda, quieren certezas. El mercado necesita datos, número y cifras exactos para hacer sus componendas de rentabilidad e inversión, y precisamente esto de aclarar no es lo que caracteriza al Gobierno de Rajoy. Es falso que España haya pedido un rescate que no le haya gustado a los mercados, como se ha llegado a decir. España no ha pedido aún ningún rescate, ni del gusto ni del disgusto de los mercados. Y cuanto más tiempo pasa, más corre su imaginación, y su temor, sobre lo mal que está la banca española.

Aparentemente, el Gobierno no quiere mover ficha hasta conocer las necesidades exactas de capital que van a anunciar las auditoras Roland Berger y Oliver Wyman y la espera está sirviendo de caldo de cultivo a la rumorología. Hoy, sin ir más lejos, los trader decían que las consultoras habían elevado las necesidades de capital a 150.000 millones de euros (frente al techo de 100.000 millones anunciado). Esta cifra es muy poco creíble, pero en el desconcierto reinante todo vale.

Si desde el Gobierno no dan de una vez el paso de aterrizar el rescate bancario, en las próximas horas saltarán nuevas alertas en las mercados que sí pueden herir de muerte a la capacidad de financiación de España. Mañana mismo el Tesoro tiene prevista una subasta de letras a 12 y 18 meses cuyo precio puede dinamitar los indicadores conocidos hasta ahora. El jueves hay otra subasta más: obligaciones del Estado.

La opacidad del Gobierno está sirviendo en bandeja a los especuladores lucrarse de las necesidades de financiación del Estado y también con los valores bursátiles. La información es poder, y la desinformación que se practica desde el Ejecutivo, y también desde Bruselas, el abono perfecto para que ganen unos pocos.

a) España tiene un futuro próximo muy negro en términos de estabilidad y crecimiento.

b) Las medidas sobre fiscalidad e impuestos que ha tomado el Gobierno de Mariano Rajoy le parecen profundamente desacertadas al organismo radicado en Washington.

Al FMI le precede su fama de organismo económicamente liberalizador, algo a priori en línea con la ideología del Partido Popular. Sin embargo, en su informe reitera su disconformidad con las medidas de política fiscal tomadas por el Ejecutivo español hasta ahora.

Tras recordar que el plan de consolidación fiscal diseñado por el equipo de Cristóbal Montoro carga las tintas solo sobre ajustes en el gasto, “muchos de los cuales están aún sin especificar”, como apunta el informe, el organismo pide que se suban los impuestos para ajustar el déficit, en especial los indirectos, como el IVA. more

Pero va mucho más allá de este ya casi tópico. El Fondo dice que “hay un considerable margen para reducir los beneficios fiscales”, que debe “eliminarse la reintroducida deducción por vivienda” y que “no debería haber más amnistías o aumentos transitorios de tipos”. A este respecto, el FMI dice que las medidas que ejercen un efecto puntual no son las adecuadas. Para terminar el párrafo, el FMI deja caer que “debe protegerse el gasto en los más vulnerables”.

Para el Fondo, la posibilidad de reducir las cotizaciones sociales, una medida propuesta de forma sistemática por la CEOE y que surge de forma recurrente, puede ser “deseable” pero solo una vez que se reduzca el déficit por debajo del 3%.

Según el Fondo, aunque las partidas de gasto donde hay que ajustar están bien identificadas, es muy difícil meter mano en ellas a corto plazo, por lo que pide al Gobierno que introduzca “certidumbre” en los recortes. Esto es, que corte por lo sano donde es fácil y rápido. En este punto el Fondo echa mano de su recetario habitual y pide una bajada de sueldos para los funcionarios aunque, entiende, pueda hacerse de forma solo puntual hasta que se “materialice” el ahorro en las otras partidas.

En este sentido, también abre la puerta a que la subida del IVA sea temporal (pese a que en el párrafo anterior sancionaba las medidas temporales). Además, pide que se dé un mayor “énfasis” a las privatizaciones.

Al referirse a la desviación sobre el objetivo de déficit originalmente marcado para este año, el FMI da un tirón de orejas al Gobierno de Zapatero (por haber insistido en que se cumpliría el objetivo hasta el final), pero también al de Rajoy por retrasar los presupuestos. En cualquier caso, el Fondo le pide a Bruselas que suavice la senda de déficit marcada para España. El FMI dice que a priori le parecen bien los cálculos de caída de la economía realizados por el Ejecutivo pero que si aplica la senda de consolidación fiscal, sus pronósticos empeoran.

En el informe se da por sentado que España “sobrepasará” el objetivo

de déficit fijado para este año (5,3%) y pide hacer un marco de

estabilidad más ambicioso que abarque medidas para 2013 y 2014.

En cuanto a la banca y a la restructuración del sector financiero, los expertos del organismo aplauden el “apoyo” al sector financiero pero es llamativo cómo piden al Gobierno en varias ocasiones durante el informe, y en cierta medida a Bruselas, una política de comunicación “clara”. Insiste en dar mayor protagonismo al papel de los “valoradores independientes”, como Roland Berger y Oliver Wyman e insta al nuevo consejo de Bankia a presentar un plan de restructuración.

Los expertos de Washington invitan a hacer tres paquetes de bancos, los sanos, los que necesitan ayudas y los “inviables”, dando por hecho que algunas entidades financieras españolas se quedarán por el camino.

La misión del Fondo compensa las críticas a la política fiscal de Montoro con una encendida defensa de la reforma laboral. El FMI dice que es muy pronto para ver sus resultados pero que ya ve señales “positivas”. Sin embargo, se lamenta de que los salarios no hayan dado muestras aún de más “sensibilidad” a la coyuntura. Es decir, que no hayan bajado más.

Por eso, pide recrudecer los términos de la reforma, al eliminar por ejemplo la indexación de los salarios y la inflación o la ultraactividad. Ambos elementos pertenecen en realidad a la esfera de la negociación colectiva pero son una petición habitual del FMI cada año. La novedad de este informe es que propone una “solución cooperativa”, en la que los trabajadores moderen sus salarios y los empresarios “trasladen los ahorres en costes a los precios y contraten”.

La “intención de solicitar financiación europea para los bancos que lo necesiten”, tal y como anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, al inicio de su intervención, deja muy poco claros los términos del rescate financiero. Pero más que por un afán ocultista, la inconcreción parece responder a que el grueso de la negociación de la ayuda está aún en el aire. Un aire que puede hacer muy pesada la digestión de la noticia por parte de los inversores.

Hay variables indispensables que los mercados necesitan conocer para hacer sus cálculos de riesgos y rendimientos. En primer lugar, la fecha del rescate, un sencillo dato que aún es un misterio. España accedió a reconocer su petición de ayuda el sábado ante la asfixiante presión de Bruselas (canalizada mediante una manipulación mediática de libro) pero se niega a hacer la solicitud formal antes de conocer la cifra de necesidades de capital que le van a dar las auditoras Roland Berger y Oliver Wyman. Esperar a estos informes es un baldío ejercicio de soberanía, pero parece que De Guindos se ha empeñado en amortizar los contratos millonarios que se han llevado las dos firmas. more

La fecha prevista para que Roland & Oliver publiquen sus resultados está fijada para el 21 de junio, pero ayer varias fuentes europeas filtraron a medios extranjeros que la petición del rescate se hará antes. Es fácil entender que si hasta el mismo Fondo Monetario Internacional cambió la fecha de publicación de su informe, también lo tendrán que hacer ambas auditoras, que desde hoy trabajarán a varios turnos como en la recta final de las grandes obras del AVE.

Otro elemento básico que requieren los inversores para calibrar las bondades del rescate es saber cuánto, a cuánto y por cuánto tiempo. La cifra de 100.000 millones de euros es un techo fijado por el Ejecutivo, pero tal y como dejó entrever De Guindos, la cifra definitiva estará algo por debajo y será, precisamente, la que se calculará con los estudios de las auditoras.

Los intereses y los plazos están siendo aún negociados y además, dependerán, como el pez que se muerde la cola, también de la cifra y del momento en el que el Gobierno haga la solicitud formal. Según publica El País en su edición del domingo, el tipo de interés puede estar sobre el 3%, lo que sería un tipo muy ventajoso para España ya que, una vez descontada la inflación, casi le saldría gratis. Pero esta cifra es orientativa porque es todavía uno de los núcleos duros de la negociación con Europa.

El cálculo del 3% de interés tiene buena pinta si se toman los términos de los rescates europeos anteriores y las condiciones actuales del mercado. Si España solicita el rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM por sus siglas en inglés) que comienza en julio (otra cuestión que no está clara como veremos en el siguiente punto), el precio final vendría de repercutir el coste de endeudamiento del propio fondo, es decir, lo que le cueste conseguir al ESM financiación en los mercados, más los costes de establecimiento del crédito y un pequeño margen.

A Grecia se le impuso un margen inicial de 300 puntos básicos sobre el coste de financiación, que luego se tuvo que reducir a la mitad para no estrangular la economía del país. Según fuentes próximas a la negociación, Alemania, Holanda, Finlandia y Austria se niegan a volver a dar un préstamo en tan buenas condiciones (150 puntos básicos) pero España está presionando para conseguir este diferencial.

Si se toma el precio al que cerró el bono alemán el viernes (alrededor de 1,34%) y se asume que el interés al que se endeudará el ESM será a un coste similar, se puede proyectar que el interés a diez años del fondo de rescate estará alrededor del 1,6%-1,7%. Una vez sumados los costes de formalización del préstamo más el margen de 150 puntos básicos, la cifra final a la que España podrá acceder a esta línea de crédito estaría, efectivamente, algo por encima del 3%.

En cualquier caso, los mercados, que de suyo tienen mucha prisa, no quieren tener que hacer estos cálculos pseudoproféticos y todo indica a que abrirán el lunes sin saber en realidad cuánto penalizará los términos del rescate a la economía española.

Las condiciones se clarificarían en buena parte si se hubiera anunciado a qué fondo de rescate va a pedir España el dinero. Si al actual mecanismo, el EFSF, o al que entrará en vigor en julio, algo que, de nuevo, ha sido deliberadamente omitido.

Si el Gobierno recurre al fondo actual, la condicionalidad (las exigencias que pueden imponerle los vecinos) es menor, pero la mayor parte de los términos para la concesión de créditos ya están cerrados, lo que le llevaría con casi toda seguridad a pagar un interés mayor del 3%. Si se decanta por el mecanismo de julio, aún le queda tiempo para seguir rebajando la factura de los intereses (fundamental para que la operación le salga incluso rentable y no vaya a déficit) pero las exigencias son mucho más duras y sí pueden conllevar condicionalidad, incluso macroeconómica.

La agencia de noticias Dow Jones aseguró el sábado que España pedirá la mitad del rescate a uno de los fondos y la otra mitad al otro. Un auténtico desbarajuste que no puede ser menos del gusto de los impacientes mercados. La elección de uno u otro fondo afecta además a la facilidad con la que España colocará su deuda en los mercados. El mecanismo que arranca en julio dice que los vecinos europeos serán acreedores prioritarios en caso de que España (u otro país rescatado) incumpla sus pagos.

Esto desincentiva a los inversores a comprar deuda, ya que no son “senior”, es decir, no se sitúan los primeros en la cola para cobrar la deuda que España deberá emitir para acceder al crédito.

Sumado a toda esta incertidumbre, tampoco está claro qué entidades financieras pedirán la ayuda, cuánto le tocará a cada una ni cuántas provisiones tendrán que aportar de su bolsillo. Demasiadas nebulosas para una semana tan frágil para la estabilidad del euro. La conocidad irracionalidad del mercado es impredecible. En apenas unas horas veremos...

23.30

Los primeros cruces del euro-dólar en la noche del domingo han dado como resultado una subida de la cotización de la moneda única europea, que al filo de la medianoche se cambia a 1,265 frente al billete verde. A priori, esta puede ser una señal de que al menos una parte del mercado ha comprado el mensaje de Bruselas y cree que con esta operación se refuerza a España y al euro, lo que llevaría los mercados al alza.

Con todo, los inversores de divisas, bonos y renta variable tienen unos perfiles muy distintos y habrá que esperar al lunes para saber si el rescate ha calado en las tres esferas. La perspectiva de más deuda pública española inundando el mercado puede afectar al diferencial de la prima de riesgo (en este caso bajándola o subiéndola si se cree que el nivel de deuda llegará a límites peligrosos).

Tampoco está claro el efecto en la banca, por un lado rescatada pero por otro, según se desprende del anuncio del Gobierno, obligada a pagar altos intereses por este rescate además de aumentar sus provisiones, lo que podría mermar sus beneficios y penalizar sus cotizaciones. En definitiva, que aún queda esperar unas horas más para conocer el efecto inmediato del anuncio y varias sesiones de bolsa más para asegurar que los detalles que se vayan conociendo gustan a los inversores.

Por último, recuerda que está en marcha una segunda etapa del ejercicio de valoración, con auditorías encargadas a Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG para analizar el nivel de provisiones de la banca y que estará disponible el 31 de julio. Según la nota, estos informes dejan la puerta abierta a una tercera ronda de

saneamiento, que para muchos es casi sinónimo de rescate. more

Leída la hoja de ruta que hasta ahora manejaba el Gobierno, parece evidente que De Guindos no tenía pensado pedir el rescate hasta el sábado 23 de junio, única otra fecha factible según el calendario europeo. El fin de semana de las elecciones griegas (16 y 17 de junio) estaría descartado por su propio peso y el último de junio no hubiera dado margen al Gobierno para solicitar las ayudas al actual mecanismo del fondo de rescate, mucho más flexible que el que entrará en vigor el próximo domingo 1 de julio.

Pero una vez iniciada hoy la maniobra de filtración de Bruselas, en la que se sitúa el rescate para el sábado 9 de junio, ¿le queda otro remedio al Ejecutivo español que solicitar ya la línea de rescate? Los mercados ya descuentan este escenario y de no cumplirse, el lunes podría haber un nuevo desplome bursátil. A Bruselas o a Merkel, se les ha agotado la paciencia y quieren eliminar ya la presión sobre el sistema, sin esperar a una posible catástrofe en Grecia o al aumento del poder de la socialdemocracia con una victoria por mayoría absoluta de Hollande en las legislativas francesas.

Con estas prisas, Bruselas daría por buenas las cifras del informe del FMI, unas cifras que, por otra parte, el Gobierno conoce desde hace días. En el entretanto, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha capeado con buen talante las preguntas sobre el rescate en el Consejo de Ministros asumiendo que, tras la jugada de Bruselas, puede no quedar otro remedio que solicitar la activación del rescate este mismo sábado.

El timing, que dicen los burócratas por los pasillos de Bruselas, no puede estar más estudiado, incluso para hacer la propia filtración. Hoy las bolsas apuntan desde la apertura a un nuevo viernes negro y las cotizaciones de muchos bancos, especialmente los italianos, ya no podrían soportar más jornadas de caídas. Si se cumple el calendario de Reuters, hoy las bolsas entrarían en compás de espera y el anuncio de la petición de rescate mañana daría tiempo sobrado a que los mercados asiáticos digirieran la noticia con las 24 horas de rigor, dando un margen holgado para que los europeos y estadounidenses abran el lunes sus parqués con los nervios aplacados.more

La decisión de que sea este fin de semana, de nuevo siempre dando por buena la información de Reuters, serviría como cortafuegos para reacciones incontroladas que podrían tener lugar la semana que viene, cargada de fechas claves. El FMI publica el lunes su informe sobre la banca española en el que se darán las estimaciones del organismo sobre necesidades de capital y recursos propios con que cuentan las entidades españolas. Aunque las cifras ya parecen descontadas gracias a, de nuevo, detalladas filtraciones que apuntan a una necesidad de capital exterior de alrededor de 37.000 millones de euros, la imprevisibilidad de los mercados aconseja poner la venda antes de la herida para evitar males mayores.

Además, y teniendo en cuenta que los rescates siempre se hacen en fin de semana, retrasar la petición de España al próximo fin de semana desataría una volatilidad extrema en el mercado ya que el domingo 17 se celebran las elecciones en Grecia y las legislativas francesas, dos citas electorales que tienen en jaque a los inversores mundiales. Un rescate a España en la jornada de reflexión de estos comicios o en la propia jornada electoral parece impracticable, y fiar el rescate al resultado electoral, suicida.

Fuentes de Economía se han remitido a las palabras de Mariano Rajoy ayer de que esperará a ver las auditorías bancarias encargadas a Roland Berger y Oliver Wyman para cuantificar las necesidades del rescate.

Por lo pronto, queda claro que en la última semana alguien ha tomado las riendas de las filtraciones a la prensa sobre el rescate español, imponiendo un cierto criterio de cordura y, sobre todo, manipulando al mercado con los tempos.

Mientras tanto, en Twitter, de los creadores de las etiquetas Merkozy (Merkel + Sarkozy) y Grexit (Greece + Exit), ya nace la broma financiera de #Spailout (Spain + bailout), es decir, el rescate de España.

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16.20

Actualizado en la entrada “Bruselas se carga el calendario del Gobierno”.

Rutte se ha convertido en uno de los principales valedores de las posturas alemanas, y junto con Finlandia, está poniendo todas las trabas posibles al rescate del sector financiero español a la vez que sigue en la tónica de hacer sudar sangre a los vilipendiados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). more

Una de las mayores resistencias que está oponiendo Holanda, y que tratará de suavizar Rajoy, se plasma en las condiciones para poner en marcha el Mecanismo de Estabilidad Financiera (ESM en sus siglas en inglés). Los países del euro están ultimando la letra pequeña de este megafondo de rescate que estará operativo en julio y que asciende a 700.000 millones de euros (muy superior al PIB de los Países Bajos), y donde las negociaciones están siendo aún más a cara de perro que las que se filtran a la prensa sobre la ayuda a la banca española.

Para empezar, la entente germanófila intentó imponer como condición que el dinero desembolsado por el fondo, en un primer momento alrededor de 80.000 millones de euros, se invirtiera por completo en deuda soberana de la zona del euro con calificación… AAA.

Esta exigencia implicaba --oh sorpresa-- que el dinero que pondrían sobre la mesa los 17 países del euro se invertiría exclusivamente en bonos alemanes, holandeses y finlandeses, los únicos que conservan la matrícula de honor de las agencias de rating. Es decir que el fondo creado, teóricamente, para rescatar a Italia y España beneficiaría casi en exclusiva a los países con menos problemas de deuda.

Los países del arco mediterráneo no habían sido capaces de cambiar la postura del frente teutón hasta que François Hollande ganó las elecciones en Francia y sus técnicos desplegaron toda la artillería pesada en estas negociaciones. Esta misma semana, Francia ha conseguido rebajar el criterio de elegibilidad hasta la nota AA, lo que incluye a sus bonos dentro del campo de inversión. De rebote, también incluye a Austria, Estonia y Bélgica, este último país uno de los peor situados en la crisis de deuda pero que pasa curiosamente inadvertido para los intransigentes mercados.

Con todo, y mientras este sea el criterio de inversión del fondo de rescate, los países cuya deuda pública está en peor situación, al tener su rentabilidad disparada, no verían un euro de este mecanismo, a no ser que se vieran obligados a pedir la ayuda. Sin embargo, sí tienen la obligación de aportar el capital inicial. España debe suscribir, teóricamente, unos 83.000 millones de euros al mecanismo, que solo le serán rentables si luego el ESM se articula de tal forma que pueda ayudar a la banca española. Por tamaño, Italia y España son el tercer y cuarto país que más deben contribuir.

Y aquí está el otro caballo de batalla que sostienen los países más débiles del euro con los vecinos del norte. Según fuentes cercanas a la negociación, la postura de Holanda, Finlandia y Alemania pasa por construir un mecanismo rígido e inflexible al que sea prácticamente imposible solicitar una ayuda. Un enorme jarrón chino de 700.000 millones de euros diseñado para tranquilizar a los mercados pero que con las reglas actuales nunca podría ser ejecutado.

La situación extrema a la que llegó España en las últimas semanas ha obligado a los negociadores, contra su voluntad, a intentar suavizar los requisitos, que aún están por definir. Por ahora, solo está clara la máxima de los aviones de “sálvase primero usted para salvar al otro” que Alemania y sus acólitos están imponiendo como regla de juego.

Según recoge la información, un rescate al uso de Grecia o Irlanda a tres años costaría 300.000 millones de euros. Sin embargo, se plantea que la mejor solución teniendo en cuenta que ese montante es casi imposible de reunir, sería el de realizar pequeños préstamos a corto-plazo, con el fin, por ejemplo, de salvar cuestiones puntuales como el rescate a Bankia.more

El diario económico dice que España se queda corta en 10.000 millones de euros en su rescate de la entidad madrileña, dando por supuesto que utilizará por completo la cantidad de la que ahora dispone el FROB (el fondo constituido para ayudar a la banca) y que alcanza los 9.000 millones de euros.

Estas filtraciones al diario estadounidense llegan después del anuncio de un viaje relámpago de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, para entrevistarse con la actual dirigente del FMI, Christine Lagarde. España se habría visto abocada a pedir fondos al organismo internacional después de que el Banco Central Europeo (BCE) rechazara su plan de rescatar a Bankia con deuda pública y de que Mario Draghi haya criticado con dureza el trabajo del Gobierno de Rajoy en la entidad madrileña. Con todo, el FMI parece un “último recurso” ya que desde Bruselas habían dejado ver su visto bueno a utilizar parte del Mecanismo de Estabilidad Financiera para sanear parte del entramado bancario español.

Por lo pronto, el lunes 4 de junio un equipo de inspectores del FMI visita por tercera vez Madrid para revisar los números y asegurar que el préstamo es posible y que los ajustes de Rajoy se aplican correctamente.

Las concesionarias de autopistas en España disfrutan de un beneficio fiscal tan obsoleto como el de la Iglesia en cuanto a pago de tributos a las Haciendas Locales. Desde 1972, las concesionarias están bonificadas con el pago del 95% del IBI que corresponde a los municipios por los que discurren sus carreteras de pago. La norma preconstitucional se perpetuó con el cambio de legislación que tuvo lugar en 1988 con la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y continúa hasta el momento actual. more

Aunque la norma prevé que las nuevas autovías sí paguen el tributo, en la práctica no se ha materializado este cambio ya que o bien las concesiones se han prorrogado en el tiempo o bien la Justicia ha entendido que una nueva autopista era la continuación o mejora de una ya existente. Además, las carreteras gratuitas se encuentran totalmente exoneradas del pago de este impuesto municipal.

La compensación por parte del Estado de esta bonificación, o su derogación, es una petición histórica de la Federación Española de Municipios (FEMP), que conviene recordar en mitad de la presión de las concesionarias por extender los peajes en sombra o la famosa 'euroviñeta' por todo el entramado de carreteras español. Los 'lobbies' de las concesionarias de las autopistas (ASETA) y el de las grandes constructoras (SEOPAN) han articulado su discurso de presión alrededor del peaje en las autovías por la necesidad de concienciar a los ciudadanos de que “los servicios públicos no son gratuitos”.

Sin embargo, estas empresas se han olvidado de explicar en sus informes que lo que sí es gratuito para ellas es el paso por los municipios españoles, un beneficio fiscal que ha sustraído miles de millones de euros a las arcas públicas locales.

Por apuntar un ejemplo de lo que este regalo fiscal retrae de las arcas públicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2010 a favor de las protestas de un grupo de pequeños ayuntamientos que solicitaban la compensación por parte del Estado del cobro de este impuesto. Así, el TSJM reconoció que Monasterio de Rodilla, un municipio de Burgos de 215 habitantes por el que discurre la AP-1, tenía derecho a una compensación de más de 425.000 euros por el impuesto no cobrado desde 2006.

La sentencia reconocía el derecho a cobrar el 100% del IBI desde 1983, pero los pagos anteriores a 2006 se consideraron prescritos. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la Administración General del Estado en el recurso final, y Monasterio tuvo que devolver los primeros 200.000 euros que ya había cobrado por los años 2006 y 2007.

Aunque no hay cálculos de lo que este impuesto podría suponer para el conjunto de los ayuntamientos de España a los que afecta, es fácil imaginar lo que se están ahorrando las concesionarias de autopistas si una pedanía de 200 habitantes como Monasterio se queda sin cobrar al año 100.000 euros por este IBI.

En total, en la sentencia del TSJM desestimada por el Supremo, se le había reconocido el resarcimiento de 4,5 millones de euros en concepto de IBI a una veintena de pequeños municipios atravesados por la AP-1. Por su parte, los diez regidores de los ayuntamientos afectados por la autopista del Huerna aseguran que dejan de ingresar al año seis millones de euros por la bonificación impuesta por la Administración General del Estado.

Los estudios que maneja ASETA sobre la recaudación que se obtendría con la Euroviñeta hablan de unos ingresos anuales de 2.700 millones, aunque la patronal SEOPAN rebaja sus aspiraciones a 1.800 millones. En cualquier caso, ambas cifras no estarían muy alejadas del montante que supondría para el Estado por la recuperación del IBI para las haciendas locales, un verdadero chute de liquidez para los famélicos ayuntamientos.

Las patronales justifican el pago del peaje por el uso y deterioro de la red viaria por parte de aquellos conductores que lo utilizan pero de nuevo omiten recordar que los vecinos de un municipio cargan con la bonificación de este impuesto, tanto usen la autopista como si no. El origen de este incentivo fiscal en los setenta, e incluso de su continuación en los ochenta, se puede entender en un contexto de infradesarrollo de la red viaria del país y del intento del Estado de impulsar la iniciativa privada en la construcción de autopistas. Pero, ¿es sostenible que las grandes constructoras reclamen el cobro de un peaje generalizado y el disfrute al mismo tiempo de una bonificación de impuestos indiscriminada?

Como apunte final, y para que el lector se haga una buena composición de lugar del tipo de presión al que las concesionarias someten al Gobierno del PP, cabe recordar que el presidente de la patronal de las autopistas (ASETA) es José Luis Feito, el mismo que ha ejercido durante años de mentor intelectual de la CEOE y que recientemente ha hecho declaraciones tan singulares como que los parados deberían aceptar un trabajo en Laponia.

Feito era del equipo de confianza de la vicepresidencia de Economía liderada por Rato a comienzos de la década pasada, y trabajó codo con codo con el actual ministro del ramo, Luis de Guindos.