Por enésima vez, NO. Desde antes de que el proyecto para la nueva ley de educación estuviera sobre la mesa, somos muchos los que venimos rechazando tajantemente el modelo educativo que el Partido Popular nos impone, primero en las comunidades autónomas en las que gobiernan –en especial Madrid, campo de experimentación en esta materia– y ahora en el resto del país.

De nuevo esta semana, los estudiantes, con el apoyo de sus familias, se enfrentan a tres jornadas de huelga, mientras que los profesores sumamos una más a nuestras espaldas. He perdido ya la cuenta de cuántas van en estos dos años, pero superan las dos docenas. Un nuevo esfuerzo económico, laboral y personal para volver a decir NO a este Gobierno que se empeña en no escuchar, en no ver, en no entender. Un Gobierno que insiste en convertir a la comunidad educativa en una mayoría silenciada a base de desgastar nuestras fuerzas, ignorar nuestras demandas y propuestas y hacer suyo aquel dicho de “no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”. Aun así, aun sabiendo que todo nos indica que esta vez tampoco se interesarán por lo que les digamos, volvemos a hacer huelga, porque así al menos quedará claro que todo este atropello contra la educación en nuestro país se lleva a cabo en contra de nuestra voluntad.

Todo apunta a que en muy breve plazo de tiempo la LOMCE será ratificada y con ella llegará un nuevo modelo que transformará de raíz el sistema educativo y, en consecuencia, nuestro modelo de sociedad. Las leyes de educación deberían ser un consenso del modelo de sociedad que queremos ser, de los conocimientos que consideramos imprescindibles, pero también de los valores que queremos fomentar en nuestra sociedad.

En los centros educativos de Primaria y Secundaria, nuestros alumnos no aprenden únicamente las diferentes materias, sino que también aprenden a convivir, interactuar y relacionarse con los demás. Lo que vemos en la calle es reflejo de lo que ocurre en las aulas, y viceversa. Desde luego, ni el modelo actual de sociedad ni el de escuela son los mejores, pero nos enfrentamos ahora a uno mucho peor. Con la LOMCE llega –por imposición, no por consenso– un modelo profundamente neoliberal, donde el alumno no es visto como un futuro ciudadano, sino como un futuro trabajador y, en función de esta premisa, se construye todo un sistema segregador, clasista y utilitarista. Para más inri, al sistema neoliberal se une el resurgir con fuerza de la moral católica en las aulas.

Con la nueva ley de educación, los valores del conocimiento y el aprendizaje quedan sometidos a los criterios de empleabilidad y competitividad. Así, las materias menos útiles para el mercado laboral pierden peso o se eliminan, y los alumnos se ven desde edades muy tempranas sometidos a pruebas que no sirven para nada más que para acentuar las desigualdades, promover la competitividad entre sí y entre centros, y para crear guetos educativos financiados con dinero público que segreguen a los alumnos en función de sus capacidades intelectuales o económicas, o simplemente por su sexo. Estamos ante un modelo que va a compartimentar aún más no sólo escuelas e institutos, sino a la sociedad entera, pues, como mencionaba anteriormente, la escuela refleja el modelo de sociedad que queremos y ésta que nos viene se aleja completamente de la aspiración actual de ser una sociedad integradora.

No sé ustedes, pero al menos yo quiero un sistema educativo que enseñe a convivir, no a competir; que no cree líderes y trabajadores sumisos, sino ciudadanos autónomos dotados de pensamiento crítico; que fomente la conciencia política y ciudadana, no la meramente económica y capitalista; que forme a los alumnos de manera integral y no sólo en función de las demandas del mercado.

A todo esto hemos de sumar la subida de las tasas en módulos de FP, Escuelas Oficiales de Idiomas y Universidad. Esto es una pieza fundamental del engranaje neoliberal, pues sirve para asegurar que sean sólo unos pocos privilegiados los que accedan a una formación superior y contar así con una mayoría de mano de obra barata, sin formación y educada para competir con el igual.

Todo este cambio se lleva a cabo con la excusa de acabar con el llamado fracaso escolar, un término que, por cierto, me resulta profundamente obsceno. Sólo usamos el termino fracaso para referirnos a los alumnos (en su inmensa mayoría menores de edad) que no cumplen con las expectativas del sistema. ¿No es esto cruel? Llamamos sin pudor fracasados a nuestros hijos y, sin embargo, no oigo hablar de nuestro fracaso como sociedad o de nuestro fracaso político, cuando son éstos los que están detrás de ese fracaso escolar.

Ni la LOMCE ni ninguna otra ley o política actual van a la raíz del problema, a cambiar este sistema podrido en el que vivimos por otro más humano y más justo. De hecho, caminamos hacia a una sociedad que será aún más inhumana y con unas diferencias económicas, culturales y sociales aún más marcadas. O al menos hacia allá es hacia donde nos quieren llevar, porque esta semana somos muchos los que hacemos fuerza de nuevo en la dirección contraria y les volvemos a gritar NO.

Limitándonos a los pocos años que llevamos del siglo XXI, la alternancia de siglas de los partidos gobernantes ha ido de la mano de los cambios en las siglas de las leyes educativas: LOCE (2002) y PP, LOE (2006) y PSOE, LOMCE (2013-proyecto) y PP de nuevo. ¿Hay acaso una politización mayor de la educación que esa? Pues parece ser que nuestro ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha encontrado algo aún más politizado en nuestro sistema educativo: las huelgas.

Wert no hace sino repetir un discurso que ya nos es muy conocido a los profesores de la marea verde madrileña. En 2011 Esperanza Aguirre se refirió a la serie de huelgas de profesores de septiembre como “política” y añadió que “no tendría que existir”. Detrás estaban, a su parecer, el Partido Socialista, Izquierda Unida, “los indignados” y “los de la ceja”. Han pasado dos años desde aquellas declaraciones y el Partido Popular pone en práctica de nuevo, esta vez en boca de Wert, la estrategia que tan bien le funciona: distraer la atención de los motivos reales de las protestas.

Sin embargo, la sociedad española ya no es la misma que la de hace dos años, y hay cosas que ya no se pueden esconder tan fácilmente. Detrás de las huelgas de educación lo que hay son unos recortes brutales en recursos, inversión, personal, plazas, becas y ayudas, amén de unas inasumibles subidas de tasas y un empeño por imponer un sistema “educativo” neoliberal, rancio, sexista, clasista, segregador y adoctrinador.

Así que, ¿son las huelgas en educación huelgas políticas? Pues en tanto en cuanto que son respuesta a estas políticas educativas del Gobierno, por supuesto que lo son. Del mismo modo que también es política privar a la clase trabajadora de un acceso a una educación pública de calidad, o lo es asegurarse de que sólo las clases más adineradas puedan tener acceso a unos estudios universitarios.

Por otro lado está la cuestión meramente laboral. Como profesora, soy obrera de la educación y por tanto tengo el mismo derecho a hacer huelga que el resto de los trabajadores, pero el Partido Popular, en su esfuerzo por denostar mi profesión, quiere negarnos también esto. A este respecto, Wert ha dicho que la huelga del día 24 de octubre es “absolutamente injustificada” . Sin embargo, a mí se me ocurren varias justificaciones –además de las motivaciones educativas antes enumeradas– para convocarla. Por ejemplo y entre otras razones, el hecho de que cada vez trabajamos más y cobramos menos (incluyendo aquí el robo de nuestra paga de diciembre de 2012); que nuestras condiciones de trabajo son cada vez peores, en aulas masificadas y con temperaturas no aptas para el desarrollo de la actividad laboral; que no podemos realizar nuestro trabajo con la calidad que se nos exige (y que nos autoexigimos) por falta real de tiempo y de recursos; que muchos miles de profesionales de la enseñanza han sido despedidos y que otros miles tienen contratos precarios; y que estamos hartos, muy hartos, de que nos difame y ataque quien más debiera defendernos.

Hace sólo seis días, el mismo Wert calificaba las protestas por la LOMCE como una “fiesta de cumpleaños” y ahora tacha las huelgas de “políticas”. Pues cada fiesta de cumpleaños política de estas nos descuenta más de 80 euros de la nómina a los trabajadores. Supongo que esto es para ustedes una minucia teniendo en cuenta lo que gastan en sus fiestas sólo en confeti, pero nosotros no tenemos sobresueldos y nos supone un esfuerzo considerable. Por favor, dejen de insultarnos con sus intervenciones y entiendan que cuando hacemos huelga lo hacemos como trabajadores y como ciudadanos tremendamente conscientes de la importancia de la educación. Nuestros motivos laborales, ideológicos, económicos, políticos y educativos sí que están amparados por la Constitución y por la legislación democrática. ¿Lo están también sus políticas, señor Wert?

Los ataques a la escuela pública han llegado a tal punto de insostenibilidad que ya casi todos queremos ser sinwertgüenzas

La mayoría de mis alumnos no han venido hoy a clase. Según el ministro de educación, sus padres son unos irresponsables por permitir a sus hijos que pierdan un día de clase. Pero, señor Wert, uno aprende a diario y hay lecciones que se aprenden en la calle.

Hoy es un día en el que en lugar de aprender matemáticas o música, mis alumnos van a aprender que su educación es algo tan valioso que hay que defenderlo. Un día en el que van a poner en práctica esa política del esfuerzo que tanto gusta al Partido Popular uniéndose de nuevo a la lucha por la escuela pública que se prolonga de manera intensiva desde hace ya más de un año. Un día en el que van a aprender que la escuela somos todos porque la comunidad educativa nace de la unidad de los que tenemos algo en común: el educar y en este proceso forman parte los alumnos, las familias y los profesores, pero también el resto de la sociedad. Un día sin clase en el que aprender a valorar lo que han perdido en unos meses: muchos de sus profesores despedidos, las ayudas a los libros, becas de estudios, el comedor escolar, los desdobles y las clases de apoyo, tener sustitutos para sus profesores enfermos, etc. Un día en el que reflexionar sobre la nueva ley educativa que se nos viene y que será la pedrada final al sistema. Un día en el que aprender que su futuro va a depender en buena medida de la calidad de la educación que reciban hoy. Así visto, un día dentro del aula a cambio del resto de días de su vida no parece tanto, ¿verdad, señor Wert?

Sin embargo, según palabras del ministro, los padres que hoy no han llevado a sus hijos al colegio o les han animado a quedarse en casa y no ir al instituto no cumplen con la “obligación que tienen los padres de procurar la mejor educación para sus hijos”. Si unos padres que deciden que su hijo “pierda” 1 día de clase para protestar contra los recortes en la educación pública no están cumpliendo con su obligación de educar, ¿qué pasa entonces con esa administración que ha tardado 34 días en mandar un profesor de música para que dé clase a mis alumnos? ¿Es eso cumplir con su obligación de procurar la mejor educación para nuestros hijos?

Los vagos profesores apoyamos plenamente a esos padres irresponsables que han permitido que los antisistema de sus hijos no vengan hoy a clase. Los ataques a la escuela pública han llegado a tal punto de insostenibilidad que ya casi todos queremos ser sinwertgüenzas, porque no nos da vergüenza denunciar el robo que se hace a lo público y porque queremos un sistema educativo en el que no haya lugar para Werts.

El Gobierno ha anunciado nuevos recortes sociales, entre los que se encuentra la supresión de la paga “extra” de Navidad a los funcionarios. Dentro de lo apocalíptico de la situación, la jugada política es impecable. Nuestro presidente habla de paga “extra” en lugar de lo que realmente es, una bajada de sueldo del 7%. Con ello demuestra de nuevo el soberbio dominio del poder de las palabras que caracteriza la retórica del PP, al tiempo que acalla voces críticas: No miren la subida del IVA, fíjense mejor en como castigamos a los funcionarios, que como todos sabemos, son unos vagos y unos privilegiados. Y así, mientras unos rompían en aplausos, otros veíamos como éramos de golpe doblemente más pobres. Por un lado se nos bajaba el sueldo por nuestra condición de privilegiados, y por otra se nos subían los impuestos como a cualquier otro ciudadano.

Tras escuchar este anuncio, yo salí junto a otros miles a manifestarme con los mineros, porque, parafraseando a Publio Terencio, nada de lo obrero me es ajeno. Sin embargo, ¿cuánta gente se manifestaría con los funcionarios como trabajadores? No me refiero a manifestarse en defensa de los servicios públicos, sino en defensa de los derechos de los funcionarios como obreros. ¿Saldría usted a protestar conmigo por nuestra bajada de sueldo? ¿o por el aumento en nuestra carga de trabajo? - Carcajada.more

España es una país funcionarista, y el funcionarismo, un tipo de discriminación no reconocido por la sociedad. Cuando alguien dice que los andaluces somos unos vagos, o que los chinos nos invaden, o que los musulmanes son unos maltratadores, suele haber alguien que enseguida se le echa al cuello (y con toda la razón) por hacer uso de una generalización discriminatoria de un estereotipo. Sin embargo, cuando alguien dice que un funcionario es un privilegiado o un vago, mucha gente asiente y al punto alguien dice “Uys, sí, yo tengo un amigo funcionario que...” 1. desayuna tres veces, 2. hace la compra en horario laboral, 3. se da de baja sin estar enfermo, 4. todas las anteriores y alguna más.

No mucha gente parece pararse a pensar que esta generalización discriminatoria incluye a 1,6 millones de funcionarios, más otro millón de interinos y personal laboral del sector público. 2,6 millones de personas, todas ellas vagas y privilegiadas. La llamada casta parasitaria. Yo soy funcionaria, hago un trabajo y se me paga por ello. Siguiendo esta lógica, ¿es usted entonces un parásito de su empresa?

En este grupo de privilegiados parásitos se incluye por igual no sólo al funcionario-profesor, al funcionario-enfermero o al funcionario-administrativo, sino al funcionario-profesional y al funcionario-jeta. Y profesionales y jetas hay en todas partes, no sólo en el sector público. Sin embargo, a todos nos gusta señalar con dedo acusador a los funcionarios. De hecho, incluso nosotros mismos nos acusamos unos a otros: “Yo soy funcionario, pero médico, oiga, ¡no de los de ventanilla de registro que se pasan la mañana en el bar!”. Pues también hay grandes profesionales que trabajan detrás de una ventanilla, mire usted.

La raíz de esta discriminación está en confundir privilegios con derechos, sumados al carácter envidioso del español medio: nos cuesta asumir que alguien esté mejor que nosotros, y lejos de luchar por conseguir que todos mejoremos y alcancemos el nivel del que está mejor, nos regodeamos en el morbo de ver hundirse al de al lado.

A pesar de la insistencia de muchos miembros del Gobierno en la idea de que los funcionarios somos unos privilegiados, la realidad es que no somos más que trabajadores. Unos trabajadores que en su mayoría no ganan más de 1.000 euros al mes. Unos trabajadores que en tiempos de bonanza no recibieron un aumento del 12%, que es lo que se nos ha rebajado en los últimos dos años a nivel nacional (a esta cifra hay que sumar el porcentaje que cada comunidad ha estimado oportuno llevar a cabo). Unos trabajadores que hemos sufrido durante años las burlas de los demás por tener unos sueldos miserables en comparación con el pseudo-enriquecimiento colectivo. Unos trabajadores que tenemos el privilegio de pagar con nuestro trabajo, nuestros impuestos y nuestros sueldos una crisis en la que poco hemos tenido que ver. Unos trabajadores que tenemos que hacer lo anterior como el resto y encima sufrir un linchamiento colectivo por el mero hecho de haber elegido una carrera profesional en la función pública.

Dicen que nuestros privilegios son la estabilidad laboral, nuestros sueldos, nuestras vacaciones, nuestros días por asuntos propios... Señores, esos son nuestros derechos como trabajadores y también los estamos perdiendo. Nuestros privilegios son otros. Nuestro privilegio es educar a las generaciones futuras, curar a los demás, salvar sus vidas en un incendio, gestionar que se haga justicia, casarles o hacerles llegar su correo. Y todo esto lo hacemos sin bonus, sin cestas de Navidad (ni paga desde ahora), sin ascensos, sin reconocimiento ni agradecimiento. Y si usted piensa ahora “A mi también me han bajado el sueldo” o “Peor estoy yo que no tengo trabajo”, recuerde, por favor, que los funcionarios no tenemos la culpa de eso. Si es de los que piensa “Peor estamos muchos y no protestamos”, por favor, proteste. Y piense lo que piense, no sea funcionarista. Juzgue a cada cual por el trabajo que realiza, y no se olvide de los que nos gobiernan. Gire su dedo acusador hacia ellos, igual entonces las cosas cambian.