Max Weber – La política como vocación

Desde que estalló la crisis económica, y ante la acelerada pérdida de prestigio de los representantes políticos, los partidos y las instituciones, han surgido numerosos análisis sobre las causas de este fenómeno.

Algunos de esos análisis se centran en el papel de los políticos –de la clase política– y la hacen culpable de la situación crítica en que vivimos. Otros análisis se han fijado más en la función de los partidos políticos como organizaciones de selección de (malos) líderes. También se han puesto sobre la mesa otros estudios que, basados en la economía política, conectan el desarrollo socioeconómico con las instituciones y sus mecanismos de funcionamiento.

Coincido más con esta última visión, la que se centra en las instituciones, que con las dos primeras. No creo que los políticos sean una especie de maldición bíblica surgida de la nada para castigarnos, y tampoco creo que los ciertamente mejorables sistemas de selección de líderes y cuadros políticos sean una causa fundamental de esta crisis. Con todo, creo que las tres visiones aportan luz sobre las razones que nos han conducido hasta aquí, y nos muestran tres elementos que tienen su parte de responsabilidad en las dificultades que estamos pasando.

Sin embargo, cuantos más artículos se han publicado y más debates se han generado al respecto, más echo de menos alguna mención al que para mí es otro elemento clave para entender esta crisis: nosotros mismos. Tener en cuenta la actitud de la ciudadanía a lo largo de estos años es fundamental, no para culpabilizarla, sino para que tome conciencia de lo que puede hacer para cambiar las cosas.

Y es que durante los años previos a la crisis, cuando se tomaron algunas decisiones que ahora parecen equivocadas, la opinión de los ciudadanos parecía respaldarlas. Voy a poner algún ejemplo.

Ahora parece que hay una mayoría que quiere recentralizar nuestro modelo de Estado, pero no era así hace 10 años. En 2002, el 61% de los españoles, según el CIS, quería que el Estado gastase menos para que las Comunidades Autónomas gastasen más.

A finales de los 90, cuando muchas de las infraestructuras que ahora vemos sobredimensionadas se estaban diseñando, cerca del 50% de los españoles pensaban que se dedicaban suficientes recursos a obras públicas, y alrededor de un 19% pensaba que eran demasiados pocos. De ahí que a ningún político se le ocurriera pedir que en su pueblo no hubiera una estación del AVE o que en su provincia no hubiera aeropuerto, aunque hayan acabado vacíos. Sabían que si se oponían a la construcción de esas infraestructuras sus opciones de ser elegidos tendían a cero.

Sin embargo, no toda la responsabilidad en esas decisiones se le puede achacar a la voluntad de los votantes. En enero de 1999, recién incorporados al euro, el CIS preguntaba hasta qué punto creían los españoles que tener una moneda única serviría para proteger a la economía española de las crisis económicas internacionales. Un 5,5% decía que mucho, un 35,7% que bastante, y un 19,6% afirmaba que poco o nada. Pero lo sintomático de esta pregunta es que un 38,5%, la mayoría de las respuestas, afirmaba que no sabía qué contestar. Aquí sí falló la misión de los partidos políticos –y en cierta medida de los medios de comunicación– de servir como formadores de la voluntad popular o, al menos, de ser capaces de ofrecer alternativas.

En cualquier caso, el grado de responsabilidad de los ciudadanos, como el de los políticos y el de los partidos, no es el mismo. No tienen la misma responsabilidad en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria una familia que se hipoteca para adquirir su primera vivienda, que un promotor inmobiliario que especula con el valor de unos terrenos, o quien hizo la Ley para liberalizar ese suelo. Tampoco puede meterse en el mismo saco al concejal de un pequeño municipio que no cobra por su trabajo en el ayuntamiento, y al consejero de una Comunidad Autónoma imputado por corrupción.

Lo que sí es fundamental es que todos tomemos conciencia de nuestras decisiones como ciudadanos. Los cambios en las preferencias de la ciudadanía no suelen producir un efecto inmediato. Eso obliga a tener presente, a la hora de asignar responsabilidades a los distintos actores políticos e institucionales, que las consecuencias de determinadas decisiones se prolongan en el tiempo y no son fáciles de deshacer. Por tanto, si asumimos nuestras decisiones como ciudadanos, y aceptamos que no siempre tenemos razón y que no siempre la culpa es sólo de los demás, podremos ser plenamente exigentes con nuestros representantes y nuestras instituciones.

Determinar esas necesidades y saber cómo van a atenderse es clave para organizar la actuación pública. Pero este no es un proceso sencillo. El principal obstáculo para pensar (o re-pensar) la actividad del Estado es que éste no puede pararse a reflexionar. Los servicios y prestaciones tal y como se están ofreciendo no pueden paralizarse de un día para otro.

Por tanto esta reflexión debe hacerse en paralelo, y ahora que la crisis está mostrando nuestras carencias, es el mejor momento para hacerla.

El primer paso es determinar dónde debe actuar el Estado. Es decir, debería valorarse dónde se quiere que el Estado actúe: educación, sanidad, pensiones o protección frente al desempleo son ejemplos de ámbitos en los que parece haber consenso en que el Estado debe intervenir.

Junto con esa decisión de intervención habría que decidir su alcance. ¿Debe limitarse el Estado a regular, por ejemplo, la forma en que se genera, distribuye y comercializa la energía eléctrica? ¿Debería producir, distribuir y comercializar él mismo la energía eléctrica?

Este paso es importante porque puede ayudarnos a dar el siguiente: acordar cómo va a prestar el Estado los servicios públicos. ¿Lo hará directamente o lo hará a través del sector privado? Y es relevante no hay que confundir servicio público y prestación directa. La recogida de basuras, por ejemplo, es un servicio público que no se presta directamente – con empleados del ayuntamiento, para entendernos – sino a través de empresas privadas, por un sistema de concesión.

Las combinaciones son múltiples y varían de país en país. En el siguiente gráfico se representa el gasto del Estado en bienes y servicios externalizados, en porcentaje del PIB.

Fuente: OCDE

Los bienes y servicios usados por el Estado son aquellos que contrata directamente para llevar a cabo las competencias que tiene encomendadas (por ejemplo los gastos en material y consultoría informática para poder procesar las prestaciones por desempleo). Los bienes y servicios financiados por el Estado son aquellos que responden a esa idea de prestación indirecta (aquí estaría incluida, por ejemplo, la prestación sanitaria mediante reembolso que hacen algunos países).

La decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos va a determinar quiénes y cuántos serán los empleados públicos. Si un país decide que va a prestar sus servicios directamente, es lógico que tenga más empleados públicos (funcionarios o laborales) que otro que ha decidido que sea el mercado quien preste los servicios públicos.

Por esta razón, si un servicio lo presta directamente el Estado y se recortan empleados públicos de forma indiscriminada, lo normal es que dicho servicio se resienta.

Una vez que está claro qué va hacer el Estado y cómo lo va a hacer, habría que plantearse cómo lo va a financiar (o si debe renunciar a alguno de los servicios públicos que había previsto porque no puede costearlo). El Estado debe establecer un sistema fiscal suficiente para cubrir los costes de los servicios que va a prestar, y hacerlo de forma sostenible. Este detalle es fundamental. No puede plantearse la financiación de unos servicios de prestación regular sobre la base de unos ingresos que no lo son. Por tanto habrá que contar con un conjunto de figuras tributarias suficiente en su capacidad recaudatoria y regular (dentro de lógicas variaciones) en su cuantía.

Al tiempo que se determina el soporte financiero de los servicios y prestaciones públicas, hay que decidir qué nivel del Estado va a prestar los servicios. Si lo va a hacer el nivel local, el subestatal (en nuestro caso las Comunidades Autónomas) o el estatal.

Esta decisión, en la que además de criterios técnicos pesan condicionantes políticos, debe influir en las dos anteriores: los recursos humanos y el sistema fiscal.

Influye en los recursos humanos porque no será necesario el mismo tipo de personal para el nivel administrativo que preste directamente un servicio, que para aquel que diseñe sus grandes líneas estratégicas. E influye en el sistema fiscal, como estamos viendo ahora en España, porque puede resultar conveniente que el nivel administrativo que presta un servicio sea el que gestione la obtención de los recursos económicos que nutren dicho servicio.

A la hora de llevar a cabo este planteamiento de la acción del Estado hay que tener en cuenta tres apuntes metodológicos. En primer lugar esta reflexión es un proceso dinámico; es decir, las necesidades van cambiando (por ejemplo, cuando se hizo la Constitución de 1978 Internet y la importancia de los derechos a la privacidad ni se imaginaban) y los métodos para atenderlas también, por lo tanto las alternativas que se adopten deben prever su propia actualización. Además esta reflexión debe llevarse a cabo empleando técnicas analíticas que valoren las alternativas empíricamente: comparando datos, elaborando análisis coste/beneficio, buscando las mejores prácticas, etc. Por último hay que tener presente que este recorrido no es una secuencia lineal. Hay pasos que se dan unos a la vez que los otros, y pasos que exigen retocar decisiones previas; es decir, no es un camino cerrado.

Y una cosa más. Un Estado, su Gobierno/s y su(s) administración(es) deben ser lo que sus ciudadanos quieran. Por tanto, su definición y su reforma necesitan de su participación en todo momento: antes, durante y después.

Cada vez que escucho a alguien comparar la gestión de las cuentas públicas con la economía de una familia, no puedo evitar recordar la frase con la que León Tolstoi comenzaba 'Anna Karénina': “Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”. España como familia, ¿será feliz o desgraciada? A continuación, pasado el rapto de lirismo, de lo que me acuerdo es de aquella película, 'La gran familia', con el inigualable Pepe Isbert buscando a Chencho por los puestos navideños de la Plaza Mayor de Madrid.

Por alguna razón del subconsciente, unir la decadencia de una sociedad aristocrática, con una familia “hipernumerosa” en pleno desarrollismo franquista, me cuadra con los que siempre repiten eso de que “una familia no gasta más de lo que ingresa y que así debería comportarse un Estado con sus finanzas”.

La familia y el Estado son instituciones sociales cuyos fines en nada se parecen. No es mi intención entrar aquí en discusiones sociológicas o filosóficas sobre su origen y funciones. Para mí, y siendo muy breve, lo que distingue a la familia y al Estado es que aquella persigue un interés privado, y este el interés común. Por tanto, si sus objetivos son diferentes, no nos puede extrañar que sus medios también puedan serlo.

Ahora bien, si nos situamos en el ámbito presupuestario (ingresos y gastos) de la familia y del Estado, ¿es posible establecer alguna comparación? Y si así fuera, ¿cuál sería el resultado?more

Para intentar comparar el manejo de los recursos de las familias y del Estado en los últimos años, voy a emplear tres criterios. En primer lugar, la evolución de la deuda de los hogares y de las administraciones públicas. En segundo lugar, la relación entre deuda e ingresos. Y finalmente la evolución del gasto en consumo final de los hogares y las administraciones públicas.

Evidentemente mis criterios pueden no coincidir con los que empleen otros. Los he elegido porque creo que son representativos, medibles y comparables.

Comencemos por la evolución de la deuda en relación al PIB. Según un estudio del Banco Internacional de Pagos, el endeudamiento de los hogares en España entre 2000 y 2010 creció un 37%. Por su parte, la deuda de las administraciones públicas en ese mismo periodo aumentó sólo un 1%. Este dato muestra dos hechos. En primer lugar refleja que la causa de la crisis no está en un loco gasto público. En segundo lugar nos enseña que, en la última década, quien recurrió intensamente a “gastar más de lo que tenía” fueron los hogares. Por cierto, que en Alemania ocurrió exactamente lo contrario: en ese mismo periodo la deuda de los hogares se redujo un 9%, mientras que la deuda de sus administraciones públicas creció un 16%. Por tanto, no es cierto que la actual prosperidad alemana se deba a una austera gestión de sus cuentas públicas.

El siguiente indicador que emplearé para comparar la “gestión presupuestaria” de familias y administraciones públicas es la relación entre deuda e ingresos. En el caso de las administraciones públicas, compararé la cuantía de la deuda pública y la recaudación neta en un año. Para las familias voy a recurrir a la deuda hipotecaria, dejando al margen otro tipo de deudas como los préstamos al consumo. Por tanto voy a comparar el importe medio de una hipoteca sobre vivienda, con los ingresos medios de un hogar en España. Las dos comparaciones se refieren al año 2010, dado que es el último del que hay datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Así, los ingresos medios de un hogar en España ascendían en 2010 a 24.890 euros. Por otra parte, la cuantía media de una hipoteca sobre vivienda en 2010 fue de 116.744 euros. Es decir, el pago de la hipoteca de una familia media en relación a sus ingresos era del 470%.

Por su parte el Estado tuvo una recaudación neta en 2010 (una vez liquidado el presupuesto) de 240.494 millones de euros. Y tenía una “hipoteca” (deuda pública) en aquel año por valor de 638.767 millones de euros. Es decir, la deuda del Estado en relación a sus ingresos era del 265%.

Estos datos nos indican que el “apalancamiento” de las familias era casi el doble que el de las administraciones públicas.

El último criterio que voy a emplear en esta comparación, es la evolución del gasto en consumo final de los hogares y de las administraciones públicas. Este indicador debería mostrarnos cómo se han adaptado unos y otras a la situación de crisis.

Fuente: INE

Como puede observarse en el gráfico, a principios de 2008, el consumo de los hogares comienza a caer abruptamente y no se recupera hasta mediados de 2009. En ese mismo periodo, las administraciones públicas mantienen el gasto público, con pequeños repuntes, orientados a servir de respuesta contra cíclica. A partir del tercer trimestre de 2009, el gasto de las administraciones crecerá y bajará al mismo ritmo que el de los hogares, y sólo experimentará un breve repunte en el primer trimestre de 2011. En conjunto, podemos decir, que el consumo de familias y administraciones públicas ha evolucionado de forma similar.

Vistos los distintos indicadores, parece que el Estado se ha comportado como una familia modélica. Ahorró –y redujo su deuda– en momentos de vacas gordas. Mantiene una relación entre deuda e ingresos más sana que la de un hogar medio hipotecado. Y además ha ido ajustando su consumo a la evolución de la crisis.

Ahora bien, que las administraciones públicas se hayan comportado como una familia modélica, no quiere decir que lo hayan hecho bien como Estado. Quizás la situación depresiva de nuestra economía sería distinta, si el Estado hubiera mantenido su apuesta por estimular el crecimiento en vez de recortar el gasto público a toda costa. Claro, que para eso haría falta que “la gran familia” europea se pusiera de acuerdo, lo que parece más difícil que encontrar a Chencho en Navidad.

El miércoles 21 de septiembre de 2011 amaneció radiante en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, iba a inaugurar su noveno hospital en ocho años de mandato. Todo un récord.

Después del recibimiento protocolario por las autoridades sanitarias –y el no tan protocolario recibimiento de los profesionales de la Sanidad madrileña– la presidenta se dio un paseo por el novísimo hospital de Torrejón. Aparatos de última generación, habitaciones diáfanas, batas blancas y sonrisas, que iban a quedar fantásticas en el telenoticias de Telemadrid.

En un momento del recorrido, y tras dejar claro que “este hospital se convertirá, por derecho propio, en uno de los mejores de España”, Esperanza Aguirre le preguntó ingenua a uno de los representantes de la empresa que va a gestionar el centro: “¿y cómo vamos a pagar esto?”. “Con paciencia”, le respondió.

El autor de tan “técnica” respuesta forma parte de una empresa llamada Ribera Salud. Esta sociedad había construido el hospital de Torrejón e iba a ser la encargada de gestionarlo. No sólo se haría cargo del mantenimiento, la cafetería, la limpieza o las máquinas expendedoras. No. También tendría a su cargo al personal sanitario del hospital. Todo.more

La Comunidad de Madrid había elegido a Ribera Salud por su experiencia en la gestión sanitaria pública. La empresa, fundada en 1997, había sido la pionera en España en la colaboración público-privada sanitaria a gran escala. Así, en la Comunidad Valenciana, no sólo gestiona cinco hospitales (La Ribera, Torrevieja, Denia, Manises y Elche), también gestiona la atención sanitaria de los cinco Departamentos (Áreas) de Salud y su población correspondiente.

Ribera Salud, como puede verse en su página Web (www.riberasalud.com), es “un grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias en España […] Su campo de actuación es la gestión integral de servicios sanitarios y socio sanitarios; así como el desarrollo de proyectos en el sector salud, a escala nacional e internacional”.

Ribera Salud no es una empresa como las demás, no es una empresa cualquiera, porque es responsable directa de la atención hospitalaria (y en algunos casos también de la atención primaria y especializada) de más de un millón de personas.

¿Cómo trabaja Ribera Salud? Para la construcción de los hospitales y la gestión de la atención sanitaria, Ribera Salud llega a acuerdos con empresas aseguradoras del sector salud como Adeslas, Asisa o DKV, y se presenta al concurso de concesión que convoque la comunidad autónoma de que se trate. En ocasiones tiene un porcentaje mayoritario de la concesión – como en el hospital de Torrejón donde tiene un 65% - y en otras un porcentaje minoritario – como en Denia donde tiene el 35%.

¿Y por qué Ribera Salud no gestiona directamente los hospitales, por qué requiere de un socio “sanitario”? Por una razón muy sencilla, Ribera Salud es una sociedad financiera. Pone el dinero para construir los hospitales y para que las empresas gestoras puedan llevar a cabo la prestación sanitaria. A cambio la concesión recibe un canon de la administración autonómica durante unas cuantas décadas.

¿Y quién es o quién hay detrás de Ribera Salud? Dos empresas, concretamente dos cajas de ahorros. ¿Adivinan?: la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bankia. Dos entidades financieras que no pasan, precisamente, por su mejor momento.

Si cruzamos los problemas del músculo financiero de Ribera Salud, con las exigencias de reducción del déficit de las comunidades autónomas en donde opera, me pregunto, ¿acabaremos rescatando también el negocio de la gestión privada de la Sanidad pública? Porque si hay algo claro es que la atención sanitaria de un millón de personas es, como dicen los economistas, “sistémica”, y no se la puede dejar caer.