El hundimiento de la fabrica en Dacca, Bangladesh, es una tragedia terrible que ha generado una oleada de indignación en el Primer Mundo. Más de cuatrocientos muertos en un accidente industrial es algo desolador; ha habido pocos desastres de esta escala en años recientes. Muchas voces se ha alzado condenando las condiciones laborales en la fábrica, incluso exigiendo restricciones a la importación de productos fabricados en esas condiciones. El capitalismo y su infinita búsqueda del beneficio por encima de cualquier cosa son la causa última de esta tragedia.

Ciertamente es fácil caer en el moralismo y lamentarse sobre las inhumanas condiciones laborales de la clase obrera en Bangladesh, pidiendo un cambio de rumbo. Lo que es más difícil de recordar, sin embargo, es que esas mismas fábricas son probablemente lo mejor que le ha pasado a los pobres de Bangladesh en décadas.

Bangladesh aparte de ser pobre, tiene la doble maldición de tener muchísima población (150 millones de habitantes) en muy poco espacio, y carecer de recursos naturales. El país es decimoprimero en densidad de población, con 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Como comparación, estamos hablando del triple que Japón o cinco veces la densidad de Alemania; los únicos estados por encima son sitios como Macao, Mónaco y otras ciudades estado.

El único recurso natural del país son los monzones y el delta del Ganges, que permiten una agricultura intensiva de cultivo de arroz. También, por desgracia, provocan gigantescas inundaciones de forma periódica (1987, 1988, 1998, 2004, 2010...) que llegan a dejar más de dos tercios del país bajo el agua. Las áreas rurales de Bangladesh son lugares atestados de gente, con una presión demográfica fortísima y catástrofes naturales periódicas. Estas durísimas condiciones de vida en el campo han hecho que, como muchos otros países en vías de desarrollo, veamos un fuerte emigración de campesinos desde áreas rurales hacia zonas urbanas.

Empecemos por una idea muy clara: los obreros que trabajan en las sweatshops en países del Tercer Mundo lo hacen porque quieren ya que, aunque parezca mentira, la alternativa es mucho peor. Los campesinos del país no hacen las maletas y se van a vivir a Dacca por el clima o los balnearios, sino por la misma razón que ha movido agricultores hacia la gran ciudad desde tiempo inmemorial: oportunidad económica.

Los salarios de un trabajador del textil del país suenan espantosamente bajos, lo cierto es que son bastante mejores que los de un campesino partiéndose la espalda cultivando arroz: en el 2010, un 25% más altos en época de cosecha, y más del doble durante el resto del año. Lo que a un europeo nos puede parecer una miseria, para muchos trabajadores de Bangladesh es la primera oportunidad desde hace generaciones para ganar un poco más de dinero. Desde principios de este siglo el país ha experimentado las mayores tasas de crecimiento económico de su historia; las fábricas, peligrosas, desagradables, horrendamente mal vigiladas, han salvado más vidas a base de sacar a gente de la pobreza más abyecta que cualquier programa de ayuda o boicot que podamos imaginar.

¿Tiene el país otra alternativa? Bangladesh, ahora mismo, es un país que puede ofrecer al mundo dos cosas: mano de obra abundante y barata, y puertos comerciales para exportar al resto del mundo. Como país no tiene nada más, aparte de enormes llanuras inundables. No tienen tecnología, no tienen capital para invertir en otros proyectos, no tienen una mano de obra educada ni dinero para crearla y desde luego no tienen la infraestructura para montar empresas de internet. La mejor manera de salir del pozo económico donde estaban era, sencillamente, aprovechar que pueden ofrecer bienes a mejor precio que China, donde la mano de obra está empezando a escasear y los salarios están subiendo. Y eso están haciendo exactamente.

Lo mejor de esta historia, sin embargo, es que la situación de los trabajadores en Bangladesh probablemente seguirá mejorando los próximos años. Lo que veremos, igual que vimos en Japón, Corea del Sur, China, y estamos empezando a ver ahora en muchas zonas de la India, es que a medio plazo la “oferta” de campesinos dispuestos a emigrar a la ciudad empezará a agotarse. Los salarios en el campo, de hecho, están empezando a reflejar esta realidad, con un fuerte aumento de los salarios entre 2005 y 2010.

Mientras tanto, en las ciudades, las fábricas empezarán a tener que competir por un número más reducido de potenciales obreros, creando incentivos a invertir más en bienes de equipo para aumentar la productividad. Mayor productividad y menos mano de obra disponible equivale a mayores salarios y más poder de negociación. Con el tiempo, fabricar camisetas dejará de ser económicamente viable, ya que otros países con menos fábricas y más campesinos podrán hacerlo más barato. Pero Bangladesh, como Japón, Corea, China, India y demás países que han salido del agujero a base de exportar, buscarán otros productos de mayor valor añadido, y poco a poco saldrá de la pobreza.

¿Suena ingenuo? bueno, eso es lo que dicen los datos: la pobreza se ha reducido espectacularmente en las últimas décadas. Aunque la crisis económica en Europa ha sido (y será) espantosa, el resto de la humanidad está viviendo una auténtica edad dorada, precisamente porque miles de millones de campesinos asiáticos están dejando zonas rurales y entrando a participar en la economía global. Ciertamente, no es un camino fácil; por cada Indonesia o China en Asia hay un Vietnam o Filipinas que han intentado exportar hacia la prosperidad, y se han quedado a medias. Aun así, el camino está marcado, y el país, por primera vez, tiene algo parecido a un futuro decente.

Queda por ver un último detalle importante: la responsabilidad del accidente. El derrumbamiento de la fábrica nos recuerda que, aun con el progreso de los últimos años, las condiciones laborales de los obreros recuerdan a las de Occidente en lo más duro de la revolución industrial. El principal culpable de la tragedia, sin embargo, es el propio Estado: Bangladesh es uno de los países más corruptos de la Tierra, a pesar de ser una (casi) democracia. Los gobernantes del país han tolerado durante años las prácticas empresariales que vulneraban activamente sus leyes; la fábrica no cumplía con los requisitos del propio país que la albergaba.

Esto, por supuesto, no exculpa a las empresas occidentales que producen en el país. Por muy buenas que sean las inversiones para el país, debemos exigir que cumplan las leyes locales, en vez de apoyarse en mafiosos locales para explotar el sistema. Bangladesh debe poder decidir sobre cómo viven sus ciudadanos y sus condiciones de trabajo (es un Estado soberano, al fin y al cabo), y las empresas deben actuar como ciudadanos responsables y cumplir la ley, no perpetuar una corrupción y desgobierno que ha acabado costando cientos de vidas. Si una empresa quiere operar en el mercado global, tiene que tomar responsabilidades globales; generar riqueza no es una excusa para saltarse las reglas.

El derrumbamiento fue una tragedia, sin duda; y en un país con un Estado funcional probablemente no hubiera sucedido. Aun así, con o sin accidentes, estas fábricas han hecho de Bangladesh un lugar mucho más próspero. Podemos y debemos exigir a nuestras empresas responsabilidad en sus inversiones, pero no olvidemos que sus inversiones han creado oportunidades para gente que nunca antes las tuvo.

La izquierda parece tener una larga lista de programas que ama con locura, pero nunca parece explicar sus objetivos a largo plazo. Hablamos mucho sobre medios, nunca de fines, defendiendo ideas sin preguntarnos si sus resultados tienen alguna relación con la sociedad que queremos construir. Es hora de repensar qué mundo queremos construir desde la izquierda, qué objetivos queremos alcanzar; qué principios deben guiarnos para decidir si un programa social, ley, regulación o medida debe recibir nuestro apoyo. La izquierda debe ser definida por sus fines, no por sus medios.

I. El Estado como compañía de seguros

El punto de partida de una izquierda que aspire a gobernar de forma efectiva debe ser definir el papel de sector público. Para ello, debemos empezar señalando qué es lo que el Estado hace bien y qué no puede ser cubierto por el sector privado. No vamos a pedir dinero a los votantes para financiar cosas que harían mejor ellos solitos; queremos que los impuestos se destinen a cosas concretas, efectivas y serias, no elefantes blancos.

Un vistazo a la composición del gasto público en cualquier Estado desarrollado debería dar pistas sobre qué hacen bien los gobiernos. Los países de la OCDE destinan la inmensa mayoría de su presupuesto por un lado a proteger a sus ciudadanos de infortunios, sea enfermedad, desempleo, minusvalía o quiebras bancarias, y por otro a mantener el orden dentro del país, vía Policía, Ejército y tribunales. Como dice Ezra Klein, el Estado es una compañía de seguros con tanques; nadie parece poder hacer esta función de escudo protector mejor.

El primer objetivo de un Gobierno de izquierdas, por tanto, debería ser proteger a sus ciudadanos contra el infortunio. Esto incluye luchar contra el crimen, por un lado (algo que afecta a los más pobres de forma desproporcionada), pero también asegurarse que cuando alguien sufre una calamidad fuera de su control esta no le deje fuera de juego. Esto quiere decir sanidad universal y gratuita (no “pública”, por cierto, la mayoría de los países de la OCDE tienen sistemas mixtos) por si nos atropella un autobús, subsidio de desempleo por si nuestra empresa quiebra, seguro de depósitos por si nuestro banco es insolvente o educación profesional por si nuestra industria queda obsoleta.

Estamos hablando, no hace falta decirlo, de una cantidad de gasto público considerable; estas prestaciones sociales no son baratas. Por añadido, pensar en el Estado como una aseguradora ayuda a definir mejor cómo deben ser los programas de asistencia: queremos proteger a los ciudadanos de problemas que no controlan, no de su propia estupidez. Esto quiere decir, por ejemplo, que el Estado debe ayudar a las víctimas de un terremoto, pero no quien pierde su dinero invirtiendo en sellos de correos. El riesgo involuntario es una cosa, las decisiones conscientes otra.

II. Igualdad de oportunidades

De todos los riesgos fuera del control de los ciudadanos, el peor sin duda es nacer en la familia equivocada. Un niño nacido en una familia pobre tiene ante sí una carrera de obstáculos muchísimo más complicada que alguien nacido en Pedralbes o el distrito de Salamanca: tendrá un entorno familiar más inestable, menos apoyos, peores colegios, menos oportunidades y una probabilidad infinitamente menor de prosperar.

Es por este motivo que la izquierda debe tener la igualdad de oportunidades como una de sus principales prioridades: para asegurar que un niño, no importa donde nazca, tenga la misma probabilidad de tener una buena vida. Para conseguir este objetivo no nos podemos limitar a hablar de educación pública y gratuita para todos; es bastante más complicado que eso. Necesitaremos un Estado de bienestar bien diseñado que ayude a crear entornos familiares estables, guarderías para poder compaginar tener hijos y trabajo, educación de calidad de cero a tres años (de lejos, lejísimos, la política pública más efectiva en este caso), y ciudades y barrios tranquilos y seguros sin bolsas de marginalidad para evitar trampas de pobreza.

Si estáis llevando la cuenta, todas estas medidas no son precisamente baratas; aunque la derecha se haya querido adueñar del concepto, la igualdad de oportunidades requiere un Estado de bienestar potente, bien dirigido y eficaz. También hace que tengamos que redefinir algunas prioridades de gasto público, como las universidades, reduciendo la subvención a muchos alumnos.

III. Proteger y ofrecer bienes públicos

Dado que el Estado está actuando como una gigantesca compañía de seguros, es natural que trabaje en minimizar los riesgos sistémicos en una sociedad. Esto quiere decir, por un lado, hacer lo posible para evitar calamidades, haciendo cosas como regular la seguridad en líneas aéreas, la carne que venden en los supermercados o la solvencia de los bancos. De forma complementaria, además, el Estado debe trabajar para proteger bienes públicos como espacios naturales y medio ambiente (el cambio climático es la madre de todos los riesgos), y proveer aquellos bienes que el sector privado no es capaz de ofrecer, como infraestructuras o investigación básica.

La idea central debe ser siempre la misma: el Estado invierte en aquello que hace más fácil su trabajo. Regular aquello que puede generar costes sociales más allá de los actores implicados hace que el Estado, que es asegurador de último recurso, gaste menos dinero. Los bienes públicos generan un beneficio social por encima del coste para el estado de ofrecerlos.

IV. Combatir privilegios

Si el Estado trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades, también debe hacerlo para eliminar ventajas injustas en la sociedad. Los gobiernos deben combatir monopolios, estimular la libre competencia, combatir la discriminación por motivos de género, raza o procedencia, y creando un mercado laboral donde trabajadores y empresarios negocien en pie de igualdad. El Estado además también debe evitar crear regulaciones que den ventajas injustas a unas empresas frente a otras o que protejan a unos trabajadores frente a otros. Esto quiere decir evitar licencias, patentes abusivas, oligopolios regulados, combatir la dualidad en el mercado laboral, eliminar barreras a la entrada como colegios profesionales y toda esa larga serie de leyes absurdas que generan rentas para unos pocos.

La izquierda debería reaccionar con horror a notarios, taxistas, farmacéuticos, registradores de la propiedad o la concentración empresarial. También debería huir de cualquier cosa que suene a subvenciones, política industrial, desgravaciones fiscales o ayudas especiales a empresas por su tamaño, actividad o conexiones políticas.

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¿Qué clase de sociedad queremos, si utilizamos estos principios como punto de partida? Tenemos un país con un Estado de bienestar fuerte, un gasto en educación considerable, fuertes programas de apoyo a la familia y fuerte redistribución de renta, pero con una economía regulada sólo en aquello imprescindible para proteger lo común y evitar privilegios. En otras palabras, Suecia, Holanda, Austria o Dinamarca.

Por cierto, si os habéis fijado, no he hablado en ningún caso de impuestos. Para la izquierda, cómo recaudamos el dinero para pagar todo esto no es relevante. Los impuestos son mucho más progresivos en Estados Unidos que en Suecia, al fin y al cabo. El motivo es que es muy, muy difícil crear un sistema fiscal progresivo, mientras que es mucho más fácil redistribuir de forma efectiva mediante gasto.

Lo cierto es que la izquierda tiene razón en este caso. El gasto público en España está seis puntos por debajo de la media del continente (43,9% del PIB, compara con el 49,1% en la UE); en este sentido podemos permitirnos el estado de bienestar que tenemos si quisiéramos pagarlo. Si buscamos el equilibrio presupuestario a medio/largo plazo es factible hacerlo vía impuestos, aunque probablemente sería necesario que parte de la recaudación tuviera que venir de las clases medias.

Por desgracia, el debate en España tiende a excluir un componente crucial al hablar sobre gasto público: su utilidad. Aumentar el peso del estado en la economía de un país es un medio, no un fin; estamos dando más dinero al gobierno, pero realmente no estamos explicando para qué. Basta con echar una mirada a datos de la OCDE para ver que tener un sector público potente no quiere decir gran cosa cuando hablamos de generar igualdad.

Vaya por delante, el volumen de gasto público está relacionado con el nivel de redistribución de renta. Esta correlación, sin embargo, es relativamente débil; por cada país con un sector público descomunal e increíblemente igualitario como Suecia tenemos otro con un gasto estatal parecido pero mucho más desigual, como Francia o Portugal. Del mismo modo hay países con sectores públicos relativamente pequeños pero sorprendentemente igualitarios (como Corea del Sur, Canadá o Australia), del mismo modo que vemos países con gasto reducido y tremendamente desiguales (Estados Unidos).

Dicho en otras palabras: una cosa es recaudar dinero, otra es gastarlo de forma efectiva. Defender el gasto público no es defender el estado de bienestar; un gobierno puede dedicar cantidades ingentes de dinero a cosas como centrales nucleares, empresas públicas o pagar sueldos espléndidos a sus funcionarios sin realmente redistribuir demasiado.

En el caso español esta discusión es especialmente relevante, ya que nuestro gasto público es increíblemente ineficaz. España recauda una cantidad relativamente decente de dinero, pero su estado de bienestar y servicios públicos apenas mejoran la distribución de la renta cuando toca gastarlo. Canadá tiene un gasto público considerablemente inferior a España (cuatro puntos menos), pero con una tasa de desigualdad muy similar. Alemania y Holanda tienen niveles de gasto parecidos (ambos rondan el 44-45% del PIB), pero una distribución de renta mucho más igualitaria. Estas diferencias no se derivan de ser sociedades más igualitarias antes de impuestos y transferencias (Alemania es bastante más desigual, Canada y Holanda son parecidas a España), sino de una mayor eficacia en el gasto. El estado de bienestar español no es especialmente grande, pero es bastante menos redistributivo de lo que debería.

¿Cuál es el motivo detrás de esta ineficacia? El diseño institucional del estado de bienestar español no es demasiado distinto al del resto del continente. La sanidad es modelo Beveridge, muy redistributiva e increíblemente barata para su nivel de servicio. El sistema de pensiones y desempleo, basado en cotizaciones sociales, es menos universalista, pero no es demasiado distinto al de otros países continentales. La educación es pública, y con un nivel de gasto comparable a otros países.

El origen del problema, en esta ocasión, no es andamiaje del gasto público, sino su interacción con una institución típicamente española: nuestro mercado laboral. Más concretamente, la espantosa dualidad entre insiders con contratos indefinidos y seguridad laboral y outsiders con contratos temporales o en el paro. El motivo es muy sencillo: el acceso a gran parte de los servicios y prestaciones de nuestro estado de bienestar depende de las cotizaciones sociales, con un sector no-contributivo bastante residual. El 30-35% de la población activa sistemáticamente excluidos de nuestro mercado laboral nunca llegan a cotizar suficiente como para tener acceso a esos servicios. El resultado es un Estado de bienestar que, paradójicamente, sólo protege a aquellos que menos lo necesitan, con el resto dependiendo de redes familiares.

Cuando hablamos de defender el Estado de bienestar en España, por lo tanto, debemos tener en mente que estamos hablando de una maquinaria profundamente disfuncional. Mantener o aumentar el gasto público, por sí mismo, apenas tendría consecuencias redistributivas. Si queremos mejorar el sistema o bien debemos abandonar su dependencia en cotizaciones sociales (muy costoso y con efectos redistributivos limitados) o acabar con la increíblemente, insensata, estúpida dualidad del mercado de trabajo en España.

Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir un país más igualitario mientras excluyes un tercio de la población del mercado de trabajo. Si no arreglamos este problema antes, cualquier discusión sobre gasto público y redistribución en España es perder el tiempo.

El artículo de Santos, Garicano y Fernández-Villaverde del viernes en El País ha dado que hablar. Uno no escucha a menudo tres economistas de prestigio diciendo  abiertamente que necesitamos un nuevo gobierno, y menos aún cuando el ejecutivo lleva apenas medio año en el poder y tiene mayoría absoluta en el Congreso. Reacciones ha habido de todo tipo, pero leyendo opiniones escritas en Zona Crítica, creo que comentaristas como Rafael Escudero parecen no haber entendido el mensaje.

Empecemos por lo obvio: Santos, Garicano y Villaverde no forman parte de ninguna conspiración mundial del neoliberalismo, y desde luego este gobierno les ha hecho cualquier cosa menos caso. La semana pasada el propio Garicano repasaba la lista de reformas pendientes que la Comisión Europea sugería para España, quejándose amargamente que ellos llevaban pidiendo cosas parecidas desde hace años sin que nadie les prestara atención. Una crítica recurrente de los autores estos meses (que yo comparto, por cierto) es que el gobierno de Rajoy ha sido increíblemente tímido en sus reformas, presentando retoques menores como grandes cambios. La reforma laboral, sin ir más lejos, está a años luz de cualquier cosa reclamada por FEDEA (un modelo de contrato único). El problema del mercado de trabajo es la dualidad, algo que la nueva ley no toca apenas.more

Aparte de este hecho no precisamente irrelevante, Escudero basa todo el argumento del artículo en una elaborada teoría de la conspiración donde la ciencia es imposible si no es a cargo del estado. La gran banca está detrás de todo lo que escriben; no lean esos papiros, pues contienen palabras pagadas por el Mercado y Belcebú. Escudero ni se molesta en explicarnos por qué las propuestas de esos economistas empeorarían la situación española; si el Capital está a favor, el hombre está en contra. Uno no puede criticar a un think tank por intentar proyectar una imagen de “neutralidad, objetividad e imparcialidad” y obviar la necesidad de rebatir los argumentos de forma remotamente racional. España tiene una larga tradición de matar al mensajero, pero esto es llevarlo a un extremo absurdo.

Más allá de los ataques personales, el gran problema de la crítica de Escudero es que parece no entender cómo funciona un sistema parlamentario. Santos, Garicano y Villaverde piden un cambio de gobierno, no la abolición de la democracia y el advenimiento de un cirujano de hierro que cure los males del país. Reclamar que el Presidente del Gobierno deje el cargo no tiene nada de autoritario; todo el sistema democrático se basa en tener una oposición que pide esto de forma insistente todos los días del año. Si decir en voz alta que Mariano Rajoy es un inútil que va camino de cargarse el país y que debería abandonar el cargo es querer “eliminar la molesta soberanía popular” me temo que España está llenísima de dictadores involuntarios.

Si hablamos sobre cambios en el ejecutivo de forma específica, aproximadamente la mitad de presidentes del gobierno en democracias parlamentarias no pierden el cargo al caer derrotados en las urnas. Un presidente tiene casi la misma probabilidad de ser defenestrado por sus compañeros de partido o socios de coalición que en unas elecciones. Durante los últimos meses hemos visto dos jefes de gobierno caer de este modo, en Italia fruto de una rebelión dentro del partido del Primer Ministro, en Holanda por la salida de un socio minoritario.

Esta clase de revueltas parlamentarias aparecen incluso con dirigentes que disfrutan de mayoría absoluta; basta recordar las salida de Margaret Thatcher (víctima del sector europeísta del partido, cosa que tiene mérito) o Tony Blair (“pactada” con Gordon Brown) a media legislatura. En ambos casos,  fue una decisión perfectamente racional. Los tories británicos contemplaron con horror como Thatcher estaba hundiendo el partido en las encuestas; los laboristas veían el fantasma de la guerra de Irak. Si los diputados del PP un buen día se despertaran y decidieran plantear una moción de censura, no serían ni los primeros ni los últimos en sacar a un compañero de partido a patadas del gobierno.

¿Es esto antidemocrático? No, en absoluto. España es una democracia parlamentaria; votamos a una lista de legisladores, y estos escogen un Presidente. Si los legisladores PP creen que Rajoy va camino de cargarse el país y destruir el partido, tienen el deber constitucional de retirar su apoyo al gobierno. El Congreso, como representante del pueblo español, está perfectamente legitimado para hacerlo. Si el ejecutivo no es capaz de mantener una mayoría en la cámara, pierde el cargo y listos.  El parlamento está ahí para controlar al ejecutivo; eso incluye también vigilar su (in)competencia.

Tras defender el derecho de todo español a pedir que los inútiles pierdan el cargo y exigir que nos mande gente competente, es cierto que el artículo original de Santos, Garicano y Villaverde tiene lagunas. Comparto plenamente con los autores la idea que Rajoy es un problema y que el país necesita reformas urgentes. Lo que no estoy tan seguro, sin embargo, es que un gobierno de concentración sea una alternativa realista.

Para el PP, forzar la salida de Rajoy, especialmente ahora, sería firmar su suicidio político. Para empezar, debilitaría aún más nuestra maltrecha posición negociadora en Europa; nada dice “república bananera” como un partido con mayoría absoluta forzando la salida de su presidente a seis meses de la investidura. Por no hablar del efecto que esta zozobra política tendría en los inversores, especialmente en un país que no tiene un banquillo de tecnócratas con peso político demasiado extenso. Por añadido, es difícil creer que el electorado se tome a bien un golpe palaciego seguido por un rescate europeo; por muy incompetente que sea Rajoy, es una maniobra muy arriesgada.

Más allá de este detalle, los socialistas no tienen el más mínimo incentivo a apoyar un gobierno que tiene una mayoría absoluta aplastante; el PP no los necesita en absoluto.  Los conservadores tienen una capacidad de maniobra esencialmente infinita; tener unos cuántos ministros socialistas, en todo caso, disminuirá esta libertad de acción, no la aumentaría. Si queremos un gobierno de tecnócratas aislados del mundanal ruido, Rajoy tiene los escaños necesarios para ponerlo a la práctica sin buscar excusas.

¿Estaría mejor España con un Presidente distinto? Sí, es bastante probable. ¿Es realista decir que podemos cambiarlo ahora? Me temo que no, a menos que el PP tenga una vena heroica / suicida. Lo único que podemos hacer a estas alturas es rezar para que franceses y alemanes puedan llegar a un acuerdo institucional decente, que los votantes de la eurozona no nos envían a la mierda por cretinos, y que Rajoy se dé cuenta que no tiene ni idea sobre lo que está haciendo y salga de en medio. Me temo que el destino de nuestro país dejamos de controlarlo hace meses, cuando escogimos a un tipo para la presidencia que no sabía ni quién iba a ser su ministro de economía.

En política, los héroes no existen. Es hora que nos acostumbremos a esta idea y dejemos de esperar que de repente todo el mundo deje de responder a incentivos y haga “lo correcto”. Las instituciones a menudo cuentan mucho más que los políticos, mal que nos pese.

Esto, no hace falta decirlo, es un problema; las necesidades de una máquina de vapor en 1870 son bastante distintas que las de un AVE del 2012. La línea Madrid-Ávila cruza el Guadarrama con la calma y parsimonia que exigían los trenes de la época en que fue construida: velocidades relativamente bajas, pendientes lo más suaves posibles y curvas relativamente cerradas. Nos queda una línea preciosa  que sube casi 600 metros de desnivel serpenteando por toda la sierra pero que apenas permite superar los 100 km/h en muchos tramos, dando un rodeo espantoso. more

La línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid nace precisamente para arreglar este cuello de botella: la nueva LAV va por la vía directa con dos túneles de base de 11 y 25 Km de longitud. Ir a Valladolid ya no requiere un rodeo de 80 Km buscando el paso más sencillo, y desde luego, sin perder el tiempo en curvas.  El resultado es que con la nueva línea, todos los trenes que salen de Madrid hacia el norte hacen el trayecto noventa minutos más rápido.

Cuando hablamos sobre la rentabilidad de las LAV españolas es importante recalcar que la mayoría de vías troncales del país tenían un aspecto parecido a la vieja línea convencional de Ávila. Líneas abiertas durante el último tercio del siglo XIX, construidas para locomotoras de vapor que no pasaban de 120 km/h un día bueno, en un país siempre falto de capital para grandes obras. El mapa ferroviario español es una lista casi infinita de puertos de montaña horribles (Orduña, Pajares, Ávila, Despeñaperros,  Brañuelas, Ricla, Reinosa, Escandón), completamente inviables para mover nada a velocidad decente.

Cuando a finales de los años ochenta los responsables de Fomento empiezan a plantearse qué hacer para reactivar el ferrocarril en España, parten de una infraestructura obsoleta. Renfe apenas había subido la velocidad máxima de su red a 160 km/h a mediados de los ochenta; ingleses y alemanes tenían circulaciones regulares a esa velocidad en 1930.

Renfe y Fomento, llegado este punto, tenían dos opciones. En lugares como Reino Unido o Alemania, con orografías mucho más favorables, las líneas podían ser cuadriplicadas y adaptadas para velocidades mayores. Gran parte de la red francesa o británica permite velocidades puntas de 200 km/h y sostenidas de 150-160 sin cambios de trazado. Renfe podía actualizar los trazados más favorables a esas velocidades (tecnología punta de los sesenta) y construir variantes nuevas en los grandes cuellos de botella de la red cada vez que tocaba cruzar un monte.

El problema, claro está, es que una vez vas a construir una variante de 200 kilómetros para evitar dar un rodeo descomunal por Ávila, la diferencia de precio entre hacer la vía apta para circular a 200-220 o a 300 km/h no es tan exagerada. Y en vista que España realmente está llena de montes y puertos de trazado horrendo, empezar a tirar LAV no es una idea tan descabellada, mal que nos pese.

Antes de hablar sobre la rentabilidad relativa de las LAV españolas, por tanto, es importante tener en cuenta de dónde venimos y qué infraestructuras estamos sustituyendo. Por mucho que actualizáramos la vía convencional  de Ávila, cualquier reforma que redujera el tiempo de viaje de forma sustancial requería hacer la línea completamente nueva en muchos tramos. Lo mismo podía decirse de la Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla, el puerto de Pajares o cualquier acceso ferroviario a Galicia. Las dos únicas líneas con trazado favorable (Barcelona-Valencia y Madrid-Valencia) podían ser actualizadas a 220 km/h sin demasiado problema, pero en el resto de la red no teníamos esa suerte. Hacía falta construir, y a menudo se hizo a lo grande.

Aún así,  ¿cuál es la diferencia de precio entre LAV “a lo grande” y diseños más limitados? La respuesta la tenemos en El Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucia (NAFA), que inicialmente iba a construirse en ancho ibérico. La LAV de Sevilla sólo permite puntas de 250-270 en la mayor parte de su recorrido. En el cruce de Sierra Morena la velocidad máxima es de 215 km/h: infinitamente mejor que Despeñaperros, pero lejos de los 300 km/h de los túneles del Guadarrama. Aunque comparar costes por kilómetro es siempre complicado (empezando por el hecho que aún teniendo Sierra Morena, la LAV de Sevilla recorre terreno más favorable), el coste por kilómetro es sobre un 40% menor.

La decisión entre construir una línea apta para 300 o una más modesta, por lo tanto, depende en gran medida del uso que le vamos a dar. Algunas LAV españolas sí que van a acabar teniendo un volumen de tráfico lo suficiente importante en distancias lo bastante largas como para justificar una línea a 300. Madrid-Barcelona y Madrid-Valladolid (que, recordemos, es el tronco común de todas las líneas del noroeste y norte) probablemente merecen este tratamiento. Otras líneas más cortas y con menos tráfico, como las antenas de estas dos LAV, casi seguro deberían tener un aspecto más cercano a la línea de Sevilla.

¿Qué se está haciendo en España? Como de costumbre, una mezcla sin demasiado sentido. La línea de Galicia hasta Orense es una LAV pura, un despilfarro absurdo. La LAV de Málaga, una antena de la línea de Sevilla, es también tipo 350, bastante más rápida que el tronco central. En el lado de la racionalidad, la línea de Valladolid a Vitoria es una LAV “blanda”, rápida en la meseta pero más lenta cruzando Pancorbo. La Y-Vasca, que circulará en la madre de todas las orografías imposibles, es una semi-LAV, igual que la variante de Pajares y las antenas de la LAV de Valencia. Otras antenas ya construidas en Huesca y Toledo son también actualizaciones de líneas clásicas.

Al hablar de LAV en España, por tanto, debemos tener en mente dos cosas. Primero, en muchos casos estamos actualizando el equivalente ferroviario de una comarcal con baches del franquismo a una autovía o autopista medio decente. Segundo, no todas las LAV son iguales, y no todas tienen el mismo sentido económico. Hay líneas más caras, hay líneas más baratas, y los tráficos que necesitaremos para pagarlas son muy distintos según cómo se hayan diseñado.

Pero eso será para otro artículo, supongo. Como adelanto: la de Galicia no cubre gastos ni de broma.