Perdona, Felipe. Conociendo tus dotes de estadista universal quizás hubiera debido comenzar con ¡Qu’ils mangent de la brioche, Philippe!

Como bien sabes, aunque algunos autores ponen en cuestión tal atribución y consideran que la frase la pronunció alguna aristócrata, en el imaginario colectivo figura María Antonieta, poco antes de perder la cabeza, pronunciando la famosa frase, cuando alguien de la corte le comentó que la chusma se quejaba de que no podía comprar pan, que se había puesto por las nubes.

La frase quedó para la historia, la pronunciara María Antonieta o no, convertida en el reflejo de la brutal desconexión entre la corte y el pueblo. Justo como tú Felipe, que llevas años desconectado por completo no del pueblo, sino de la realidad.

He de reconocer que llevo años tratando de ignorarte no solo por higiene mental, sino por la tristeza que me produce contemplar el espectáculo patético de quien fuera un auténtico gigante refocilándose en la admiración hipócrita de quienes montaron una auténtica operación de estado para desalojarle del poder.

Me produce una tristeza inmensa ver convertida tu claridad de ideas en pura soberbia y me repele la condescendencia, cuando no el desprecio, que exhibes constantemente al referirte a tus sucesores y a tu partido, incapaz de soportar decisiones y pensamientos ajenos que pongan en cuestión los tuyos.

Me indigna tu deslealtad. Quien ha sido secretario general del Partido Socialista adquiere una deuda perpetua con nuestro partido, Felipe. No te confundas, el partido no te debe nada, la militancia no te debe nada. Eres tú el que nunca podrás terminar de pagar la deuda que has contraído con la militancia socialista, que te concedió toda la confianza, todo el afecto, toda la lealtad que necesitaste cuando te tocó dirigir al Partido Socialista y, sobre todo, gobernar España.

Morirás con esa deuda, como lo harán José Luis y Pedro, pero con una diferencia. José Luis ha demostrado, y estoy seguro que Pedro lo hará cuando llegué el momento, la altura de miras de entender que el servicio al Partido nunca se acaba cuando se ha sido su máximo responsable.

Nunca lo has entendido, Felipe. Por seguir con analogías francesas, borracho de soberbia te crees aquello de L'État, c'est moi, convertido en El Partido soy yo.

Por eso, Felipe, procuro saber lo menos posible de ti pero hoy me ha sido completamente imposible ignorarte cuando leí el titular insoportable: Felipe González: «Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes».

Has tocado fondo, Felipe. Por humillar a Pedro y ganarte la aprobación de la derecha, sueltas un axioma vil: si Hamás no suelta a los rehenes, los palestinos no merecen vivir.

Sabes, porque te queda altura intelectual para ello, que las acciones de Hamás nunca podrán, desde la perspectiva del Derecho Internacional, justificar el genocidio que se está cometiendo.

Estás diciendo, y perdona por la simpleza, pero tengo que tratar de ponerme a tu altura, que después del atentado de Hipercor hubiera sido legítimo bombardear Bilbao.

Sabes, porque sabes de lo que hablas, que no hay una guerra en Gaza, que las guerras son entre países y enfrentan ejércitos. En Gaza se está cometiendo un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, bajo el amparo de una supuesta operación antiterrorista.

Hamás no tiene la culpa de lo que está haciendo Israel, por más que sea la causa o, quizás mejor, la disculpa porque es el gobierno israelí el que ha decidido cometer un genocidio televisado, que nada tiene que ver con su derecho a defenderse.

Lo sabes perfectamente, sabes la diferencia entre operaciones militares y operaciones policiales antiterroristas, que tienen como premisa insoslayable el respetar la vida de la población civil.

Me parecen sencillamente repugnantes tus palabras. Me asquea tu soberbia, la traición a lo que creímos que eran tus principios y tu complicidad con el horror.

Por cierto, podría haberte dicho todo lo anterior en otro tono, con otro estilo, pero tengo que reconocer que he sido deliberadamente irrespetuoso por una razón muy sencilla, porque te has perdido el respeto a ti mismo.

Hasta nunca, Felipe, y dale saludos a Ayuso.

Esa tarde, al dolor y a la consternación por el golpe recibido se le añadía la indignación por la burda mentira sostenida por el gobierno del Partido Popular sobre los cadáveres de 192 víctimas mortales.

Esa indignación se transformó en un grito acusador. El ¿quién ha sido? que retumbaba obsesivo a lo largo de toda la manifestación de Madrid, más que una pregunta era una denuncia, era el rechazo más absoluto a la insoportable manipulación del Partido Popular, empeñado en evadir las consecuencias de la foto de las Azores.

Hoy, con Valencia, se repite la historia.

Hoy, al sentimiento de estar con las víctimas, de estar con Valencia y de exigir que nunca se vuelva a repetir una tragedia como esta, se le une una vez más ese ¿quién ha sido?.

Hoy, como el 12 de marzo de 2004, más que una pregunta ese nuevo ¿quién ha sido? vuelve a ser una denuncia y el rechazo más absoluto a la construcción de una mentira sobre más de doscientos fallecidos.

Una vez más, el Partido Popular vuelve a despreciar a los muertos colocando sus intereses electorales por encima del derecho de sus deudos y conciudadanos a saber por qué murieron.

Una vez más, el Partido Popular y sus terminales mediáticas tratan de sepultar el dolor y la rabia bajo un manto de división partidaria, destrozando no solo la convivencia sino la credibilidad de las instituciones y la ciencia.

Hay, sin embargo, una diferencia fundamental.

Por más que se pueda considerar que quien colocó a España como objetivo del terrorismo islámico fue la megalomanía de Aznar y su empeño patético de sacar a España del obscuro rincón de la Historia con el que justificó su apoyo incondicional a la injusta, ilegal e ilegítima invasión de Irak, la responsabilidad de los muertos es de Al Qaeda.

En Valencia, la responsabilidad de los muertos es de Mazón. Las medidas de protección adoptadas por la Universidad de Valencia, por la Diputación y por hasta 62 municipios antes de que se produjeran las inundaciones desmontan sus excusas, desmienten sus explicaciones y dejan en evidencia su criminal falta de respuesta.

Pero si hay un hecho que además de volver a desmentir a Mazón lo ridiculiza de manera brutal, es el aviso enviado por la Embajada de Japón en España a sus residentes la noche anterior, pidiendo a sus ciudadanos prepararse para situaciones de emergencia y verificar la seguridad antes de coger el coche.

Hasta la Embajada Japonesa disponía de la información de la que Mazón dice carecer con el respaldo cómplice de su partido.

El Partido Popular parece empeñado en darle la razón a Karl Marx cuando afirmaba que la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. 

Sin embargo, lo conmovedor de esa imagen no debe ocultar otras instantáneas, no tan brillantes ni emotivas, y parecería adecuado tratar de evitar que se oculte o se minusvalore la trascendencia de la respuesta institucional.

El lenguaje no solo describe la realidad, también la crea. Además, aunque no siempre sea neutral, su uso en política casi nunca lo es y el famoso solo el pueblo salva al pueblo, que acompaña de manera casi inevitable a la imagen de los voluntarios, constituye un ejemplo de manual del uso del lenguaje para construir una realidad alternativa con una clara intencionalidad política.

La verdadera potencia de la frase no está en su contenido formal sino en su carga simbólica, que da a entender la existencia de un estado fallido.

Pero por más que la incompetencia criminal de la Generalitat valenciana haya provocado que la cifra de personas fallecidas escalara a más de dos centenares y haya retrasado el despliegue de la ayuda, no puede negarse la presencia del Estado desde el primer momento de la tragedia.

Desde los primeros compases de la catástrofe la noche se pobló de chalecos reflectantes, de linternas, de luces de emergencia señalando el lugar en el que miles de servidores públicos ponían su vida en peligro para tratar de salvar las vidas de ese pueblo al que sirven formando parte, precisamente, del Estado.

Porque el Estado no es tan solo el Gobierno de España ni el de la Generalitat. Estado es, además de esos héroes anónimos con chalecos reflectantes, linternas y luces de emergencia, el personal sanitario que dobla turnos día tras día para atender a la población afectada.

Estado son los buzos que se sumergen en la oscuridad de los ríos, todavía turbios y cargados de fango, sin esperar mayor recompensa que el macabro hallazgo de un cuerpo con el que tratar de aliviar el duelo de los deudos. Estado son los forenses y el personal de los juzgados, convertidos en el dique contra el que choca del dolor de las familias.

Los miembros de la UME, el personal de limpieza, las cuadrillas que recuperan carreteras y tendidos de tren tan solo pueden desempeñar sus labores con la maquinaria pesada y el equipamiento puesto a su disposición por el Estado y son también Estado.

Como lo son las maestras y maestros que tratan de devolver un mínimo de normalidad a la vida de niñas y niños que llegan a clase sin haber dormido en su cama, con un pijama extraño y sin haber podido desayunar con su tazón favorito.

Ahora, tras esa noche terrible, tras esos primeros momentos de desconcierto en los que toca cubrir las necesidades inmediatas, además de seguir rescatando cuerpos y evaluar los daños, toca encarar una reconstrucción que no será inmediata, porque no puede serlo, y que precisará de recursos ingentes del Estado, porque no hay ni voluntarios ni solidaridad con la capacidad necesaria para afrontar esa tarea.

Por más que la entrega y la abnegación de miles de voluntarios haya sido un ejemplo de altruismo y un auténtico bálsamo para la herida abierta esa noche trágica, el trabajo de los voluntarios y los frutos de la solidaridad nunca serán suficientes para acometer la abrumadora reconstrucción que requiere Valencia.

Es ahora cuando se expone en toda su crudeza la falsedad de esa consigna que afirma que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano o la otra que califica el cobro de impuestos como voracidad fiscal con ánimo confiscatorio. Por eso, quienes niegan la necesidad del Estado o lo reducen a mero custodio de la propiedad privada, aplauden ahora entusiasmados ese lema ingenuo de solo el pueblo salva al pueblo.

No es cierto. El pueblo solo puede salvar al pueblo cuando se organiza en Estado. El pueblo solo consigue ser fuerte y que se responda a sus demandas cuando pone ese Estado, también fuerte, a su servicio y no cuando tolera que se desmantele o cuando le da la espalda permitiendo que sean otros quienes se apoderen de sus recursos.

Por muy revolucionario y alternativo que suene ese solo el pueblo salva al pueblo, no deja de ser más que una falsa bandera con la que reclutar a los indignados para que militen en la desafección. Otros harán suyo el espacio que ellos dejan.

El representante del Partido Popular, concejal en Yaiza y consejero no electo en el Cabildo de Lanzarote, inició su intervención con tono institucional, refiriéndose a su pesar por las víctimas, a lo necesario de la unidad en estos momentos y lo adecuado de dejar para más adelante la exigencia de responsabilidades.

A pesar de ese inicio del manual del político serio y responsable, el representante del Partido Popular, concejal en Yaiza y consejero no electo en el Cabildo de Lanzarote, finalizó su intervención manifestando que podía ser que el potencial destructivo de la riada se hubiera visto incrementado porque el Gobierno había eliminado más de treinta presas en Valencia.

Ante mi respuesta, acusándole de mentir a la audiencia haciendo correr un auténtico bulo, trató de excusarse, refugiándose en que él decía lo que la gente decía.

Evidentemente, ante una intervención pretendidamente institucional, pero utilizada para verter una absoluta falsedad, el debate se enconó y a partir de ahí comenzaron a surgir el resto de falsedades del argumentario del Partido Popular: la AEMET no avisó, la Confederación Hidrográfica del Júcar retiró el aviso rojo hasta en tres ocasiones, Sánchez ha dejado sola a Valencia y así hasta completar la panoplia de falsos argumentos con la que se pretende ocultar la irresponsabilidad criminal de Mazón y su gobierno.

Fue una discusión muy desagradable, tanto por las mentiras vertidas como por sus intentos de reventar el debate a base de constantes interrupciones.

He de reconocer que salí de la emisora muy tocado, pensando en la indecencia que supone mentir despreciando a más de doscientos muertos, banalizando el sufrimiento de miles de personas.

Salí muy tocado pensando en esa audiencia que tiene derecho a conocer interpretaciones y argumentos opuestos pero, sobre todo, tiene derecho a conocer hechos ciertos y probablemente, tras ese debate, pudo verse confundida sin saber que la demolición de treinta presas no es más que un bulo, sin estar segura de que la AEMET publicó un aviso rojo y que la Confederación del Júcar nunca retiró su aviso de emergencia.

Recordé en ese momento que unos días antes estaba tomando un café con compañeras y compañeros del partido y se nos acercó un impresentable, con la pertinente banderita española en su muñeca, para decirnos que le gustaba la fruta y repetirlo en dos ocasiones, una situación que asociaba al Madrid crispado de Ayuso pero que nunca pensé vivir en Lanzarote.

Recordé a los descerebrados que atacaron a las autoridades en Paiporta y no pude más que pensar en el clima irrespirable que provocan las mentiras, los bulos irresponsables.

Pensé que son las mentiras de personajes como Juan Monzón las que provocan que tipos como el de la banderita se permitan agredir verbalmente a un grupo de personas, por el hecho de reconocerles como militantes socialistas.

Sí. El concejal de Yaiza y consejero no electo del Cabildo se llama Juan Monzón y lo nombro sin la más mínima esperanza de que se avergüence de sus mentiras. Lo menciono para que cuando lo vean, cuando lean sus declaraciones o escuchen sus comentarios, sepan que miente y les suene una alarma y destelle el aviso Alerta. Bulo.

Por eso no puede sorprender en absoluto que ahora mientan sobre el criminal retraso de Mazón para avisar a la población y que esta pudiera protegerse.

Mintieron cuando, en sus prisas indecentes por enterrar sus errores, enterraron a 30 víctimas del accidente del Yak-42 asignándoles identidades a voleo, sin acertar ni una, mientras aseguraban que las identificaciones eran correctas. Mintieron cuando negaron lo que se terminó sabiendo, que el avión contratado era un ataúd volante en el que hicieron morir a 62 soldados españoles, además de 13 civiles, para ahorrarse un par de miles de euros.

Así que no. No puede sorprender en absoluto que ahora mientan tratando de atribuir al Gobierno de España la falta de medios, cuando no han sido capaces de determinar sus necesidades y planificar el uso de los recursos de los que ya disponen.

Mintieron con el Prestige cuando negaron que habían ordenado al petrolero alejarse de la costa, a pesar de que los técnicos aconsejaban todo lo contrario por el riesgo, cierto y consumado, de que se hundiera ocasionando una catástrofe ecológica sin precedentes.

Mintieron cuando nos metieron en la guerra de Irak, una guerra ilegítima, ilegal, injusta e inmoral, con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca existieron.

Mintieron con el accidente del metro de Valencia, otra vez Valencia, culpando al maquinista de la muerte de 43 personas, cuando la vía carecía de los imprescindibles mecanismos de seguridad.

Mintieron, también, con el accidente del Alvia en Angrois, que costó la vida a 80 personas y heridas a otras 144. Negaron que se habían desactivado el sistema de seguridad, por incompatibilidad con algunos tipos de tren y se limitaron, como siempre, a culpar al maquinista.

No. No puede sorprender que mientan ahora negando los avisos de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando algo después de las 10 de la mañana de ese trágico martes, Emergencias de la Generalitat emitió una alerta de nivel rojo y a las 12,20 el Centro de Coordinación de Emergencias lanzó una alerta hidrológica, basándose precisamente en la información recibida de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Así que no. No puede haber sorpresa alguna con sus mentiras. No puede haber sorpresa con su desprecio por las víctimas.

Lo que sí hay es un asco cada vez mayor ante su falta de humanidad y su recurso permanente al engaño, como si no hubiera ya demasiado fango en Valencia.

Uno de esos momentos puede ser, precisamente, el periodo previo a un puente como el de Todos los Santos y cabe preguntarse hasta qué punto se apostó todo a que la AEMET hubiera sobrestimado la potencia de la DANA, ya que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, como las de cualquier otro servicio meteorológico, se realizan con un cierto rango de incertidumbre.

Así, da la sensación de que frente al riesgo potencial de los efectos de la DANA se optó por no afrontar las consecuencias de decretar una situación de emergencia, que hubiera supuesto no solo la paralización de todas las actividades económicas no esenciales sino, probablemente, un volumen importante de cancelaciones de desplazamientos a Valencia durante el puente del fin de semana.

Tras los avisos de AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tanto la Universidad como la Diputación de Valencia cesaron su actividad y mandaron a sus casas a profesores, alumnos y personal, por lo cual parece evidente que la Generalitat no podía desconocer esos avisos. El Gobierno valenciano dispone de servicios especializados en emergencias que inexcusablemente tuvieron que manejar al menos la misma información que la Universidad y la Diputación y cuenta, además, con especialistas con mayor capacidad de evaluar el riesgo derivado de esos avisos.

Resulta inevitable, por tanto, que surja la pregunta de por qué la información científica y técnica no se tradujo en decisiones políticas y por qué el president de la Generalitat, todavía a medio día y con barrancos ya desbordados, seguía hablando de una posible mejoría del tiempo y situaba a la DANA camino a Cuenca.

Quizás puedan entenderse mejor las no decisiones de Mazón recordando al alcalde de Amity Island en la mítica película Tiburón. A pesar de la advertencia del jefe de policía y de un oceanógrafo sobre el peligro que suponían los ataques del tiburón a bañistas y embarcaciones, el alcalde se negaba a cerrar la playa para no espantar a los turistas, porque podría perjudicar la economía de la isla. El desenlace es de sobra conocido.

Tiburón no deja de ser más que una película, pero no fue ninguna película la postura de Ayuso y gran parte del Partido Popular durante la pandemia, criticando fuertemente que se antepusieran las medidas de protección a las personas frente a la economía y a su concepto de libertad.

Gobernar es precisamente eso, establecer prioridades y en este caso había que elegir, una vez más, entre proteger vidas o proteger la economía y todo parece indicar que Mazón optó por una apuesta suicida, a la espera de que la DANA no alcanzara la brutal potencia destructiva con la que golpeó a Valencia.

Desgraciadamente, Mazón perdió esa apuesta insensata en la que se jugaba las vidas de las personas a las que por su cargo institucional debió proteger.

El próximo puente de Todos los Santos acudirán a los cementerios doscientas y tantas familias más, que recordarán que sus muertos lo fueron porque la DANA llegó en un mal momento.

Dicen que no. Dicen que no toca. Dicen que es mucho mejor enterrarlos mirando hacia otro lado, como si no pasara nada, como si sus muertes fueran tan inevitables como la de los ancianos abandonados en las residencias de Madrid fruto de los protocolos de la vergüenza, como si fuera parte de la lotería de la vida que te toque ahogarte arrastrado por una riada de la que nadie te avisó o sepultado por el barro.

Dicen que ahora es el momento de las solemnes condolencias mientras se siguen buscando personas desaparecidas y dirán después que es el momento de los sobreactuados funerales oficiales y de los homenajes a los muertos con la inevitable música de un violonchelo mientras algunos rezan para que no se quiebre el silencio y para que aparezca el enésimo escándalo, real o fabricado, y desvíe la atención de sus responsabilidades.

Digan lo que digan, me niego a mantener ese silencio.

No se puede evitar una DANA, pero se pueden prevenir sus consecuencias y la tragedia que ha golpeado a Valencia era evitable.

Para hacer justicia a los muertos debemos mirar hacia atrás en el tiempo, debemos recordar que décadas de urbanismo criminal han convertido a Valencia, como a tantos otros lugares de nuestra geografía, en una trampa mortal.

Se han canalizado ríos sin considerar que tarde o temprano el agua termina por reclamar lo que es suyo. Se ha edificado en zonas inundables despreciando los reiterados avisos de los expertos y la propia historia de otras tragedias, que esta ni es la primera, ni será la última. Se ha considerado hasta el último metro cuadrado del territorio como un solar a la espera de ser edificado.

La tragedia de Valencia se ha producido sobre un sustrato preexistente, sobre un humus ideológico impregnado de una lógica desarrollista que ignora de manera suicida que no todo puede hacerse.

Pero si décadas de un urbanismo insensato han convertido a Valencia, y a tantos otros lugares de nuestra geografía, en una ratonera sin salida, la torpe y criminal gestión de las alertas ha agravado los efectos de la DANA convirtiendo lo que pudo ser tan solo una tormenta destructiva para las propiedades privadas y las infraestructuras en una auténtica tragedia.

Ante una tormenta como la vivida por Valencia era inevitable que se inundaran viviendas y se destrozaran carreteras. Eran inevitables los destrozos en las líneas de trenes y en los aeropuertos. 

Pero la adecuada gestión de las alertas y el despliegue de las medidas de prevención podrían haber evitado el dramático y aún no finalizado recuento de muertos.

Precisamente para honrar la memoria de esos muertos no puede ser que se les entierre, una vez se les ha limpiado de barro, como si sus muertes fueran tan solo producto de la mala suerte, permitiendo que presidan sus exequias precisamente quienes han sido los responsables de que estuvieran donde no correspondía en el momento en el que no tocaba.

Sus muertes no eran inevitables y es ahora, precisamente ahora, cuando toca decirlo alto y claro. Es lo menos que merece su memoria.

Lo siento, Íñigo, pero he experimentado una decepción inmensa al terminar de leer la publicación en la que anunciabas tu retirada de la política ya que no he encontrado, en medio de tanto esfuerzo para tratar de excusar lo inexcusable, ni el más mínimo intento de pedir perdón, de reconocer el daño causado.

Lo siento, Íñigo, pero el carácter pseudointelectual de tus argumentos y lo enrevesado de tu prosa no logra esconder en ningún momento ese intento fútil de todos los maltratadores de convertirse en víctimas, tratando de transferir su propia responsabilidad al entorno, a las presiones, al estrés o a la propia biografía.

Lo siento, Íñigo, pero no me vas a convencer para verte como una pobre víctima de las circunstancias y, al contrario, considero que a tu pesar has quedado convertido en ejemplo paradigmático de cómo el machismo no entiende de edad, formación, ideología o clase advirtiéndonos de la necesidad imperiosa de seguir luchando para desterrar este tipo de comportamientos, prestando una especial atención a aquellos que detentan posiciones de poder.

Lo siento, Íñigo, pero no mereces ni siquiera estas líneas, tan sólo mereces que olvidemos cuanto antes a la persona y que recordemos siempre al personaje para mantenernos en guardia.

Dice el Gobierno de Canarias que la previsión de gasto para atender durante 2024 a los 6.000 menores extranjeros no acompañados que han llegado a las islas asciende a 156 millones de euros. 

Parece, y sin duda lo es, una cantidad importante y así lo ha reconocido el Gobierno de España, que ha comprometido una aportación finalista por 72 millones de euros para cofinanciar una competencia que, en última instancia y por mandato constitucional recogido en el Estatuto, es exclusivamente autonómica.

Fruto de esa aportación estatal, que probablemente no sea la última en este ejercicio, Canarias tendrá que destinar 84 millones de euros de sus recursos a la atención de los menores migrantes.

Sigue siendo una cifra importante, por más que se haya reducido casi a la mitad, pero al estar expresada en millones de euros resulta casi imposible valorarla en su justa medida desde la perspectiva de quien ha de conformarse con un salario medio de 29.000 o 24.000 euros anuales, dependiendo de si es hombre o mujer en esta tierra de igualdad y oportunidades.

Toca entonces tratar de reducir esta cifra a magnitudes que puedan compararse y para ello se debe tener en cuenta el presupuesto anual de Canarias, que asciende a algo más de 10.000 millones de euros.

Un sencillo cálculo permite comprobar que los 84 millones que tienen en vilo a Clavijo representan, frente a los 10.000 millones de que dispone su gobierno, tan solo un 0,84% del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Netflix ofrece en España tres tarifas: la estándar con anuncios por 6,99€ al mes; la estándar que cuesta 13,99€ mensuales, y la premium, que se eleva a los 19,99€ para dicho período. Multiplicando por doce meses, esas tres suscripciones ascienden a 83,88€, 167,88€ y 239,88€, respectivamente.

Comparando ese costo anual de las diferentes tarifas de Netflix con el sueldo medio en Canarias, puede comprobarse que la suscripción a la plataforma de streaming representa el 0,31%, el 0,63% o el 0,90% del salario, según la modalidad elegida y utilizando como salario medio 26.500 euros (la media entre el cobrado por las mujeres y los hombres).

Es decir, la atención a los menores extranjeros representa en el presupuesto de Canarias menos que la suscripción premium de Netflix para un sueldo medio en Canarias.

Se podrá sostener, y con razón, que no puede compararse la atención a menores extranjeros con la suscripción a Netflix y que son muchos los hogares que no disponen de acceso a la plataforma, por más que sí accedan a servicios equivalentes de otras compañías.

Cierto. La suscripción queda a medias entre un lujo y una de las nuevas necesidades surgidas al calor de la sociedad de la información. La atención a los menores, por su parte, constituye una obligación constitucional derivada del derecho internacional y, sobre todo, la respuesta mínima exigible para conservar la humanidad frente al drama que se desarrolla en nuestras costas.

Puede considerarse este cálculo y la comparación derivada como un ejercicio intrascendente y, posiblemente, hasta ridículo. Pero lo que sí alcanza el límite del ridículo más espantoso y el populismo más descarnado es el intento de Clavijo y sus socios de pretender convertir la atención a los menores en el problema de Canarias, cuando supone un porcentaje mínimo con respecto a los recursos de que dispone su gobierno.

Después de comprobar que no termina de cuajar su imitación de Mariano, el inigualable creador del Is very dificult todo esto y del están subiendo el IVA de las chuches, Alberto I El Moderado, pero Ayuso no me deja, se ha decantado por recurrir a un repertorio seguro, probado y medido y ha vuelto a desempolvar el apolillado fantasma de ETA.

Lo ha hecho para tratar de minimizar el ridículo espantoso y monumental del Partido Popular empeñado en homenajear a Casero multiplicando por 137 su error.

Pero Casero tenía una disculpa. Apretó mal el botón precisamente por un apretón, que al hombre lo torturaban los retortijones y un cierto grado de incontinencia intestinal y Alberto I el Moderado, pero a ratitos, ha caído en la cuenta de que resulta difícil de creer que sus 137 señorías se pasaron toda la tramitación de la ley que transponía la norma comunitaria haciendo cola en los excusados del Palacio del Congreso.

Además, acostumbrados a hacer click sin pensarlo en las casilla esa que pone He leído y acepto los términos y condiciones de uso, los ponentes en la Comisión de Justicia juraron por el Niño Jesús de Praga y sus Santos Rizos que habían estudiado en profundidad las enmiendas, hasta el punto de reprocharle al malvado Sánchez que no hubiera traído antes la reforma.

Así que lo dicho, a tirar de fondo de armario que si al fantasma de ETA se lo están comiendo las polillas, por lo menos no lleva plancha y siempre está listo para sacarlo en un imprevisto.

Lo malo es que las prisas y los nervios le han jugado una mala pasada a Alberto I El Moderado, yo no vine a insultar pero ya puestos, y al revolver en el cajón de los fantasmas dicen que se le escapó el de Casado.

Dicen quienes le conocen de tiempo atrás que Alberto I El Moderado, soy más moderado que Tellado, anda nervioso por los pasillos de Génova pues le parece escuchar de tanto en tanto una risita con acento de Harvard o de Aravaca, que no termina de distinguirse bien.

Camina solo por los pasillos. Quienes le conocen de tiempo atrás y tienen la confianza suficiente para acercarse le escuchan un murmullo obsesivo. Les parece entender No, Isabel, todavía no.

Hay quien dice que ha pedido que por lo menos le dejen elegir la sábana.

A pesar de esos datos, Fernando Clavijo se empeña en vender que la llegada de menores no acompañados hace tambalear los cimientos de Canarias, como si fuéramos un país tercermundista sin recursos ni capacidad.

Más allá de sus afinidades ideológicas y su natural tendencia de escorarse a la derecha, Clavijo necesita convertir a la inmigración en el problema de Canarias para poder crear un escenario de tensión con el Gobierno de España pero, sobre todo, para ampararse tras esa cortina de humo, pues sabe que le espera una legislatura complicada.

La falta de vivienda, la masificación turística, los bajos salarios y las duras condiciones laborales en el sector no son circunstancias exclusivas de Canarias, como puede comprobarse un día cualquiera en la prensa nacional, pero sí son extraordinariamente importantes en las islas, por su alto grado de especialización y dependencia del turismo y no resulta aventurado pensar que, salvando todas las diferencias, la situación termine por desembocar en un nuevo 15M, sin acampadas en Sol pero con un alto grado de tensión y enfado.

Ante esa perspectiva, Clavijo ha encontrado un terreno fértil en el que sembrar su supuesta preocupación por la inmigración, gracias a que el Partido Popular, algo más que un mero socio de gobierno, necesita recurrir también al falso debate de la inmigración ante la imposibilidad de atacar a Pedro Sánchez por la marcha de la economía y una vez comprobado que España no solo no se rompe, sino que Catalunya se normaliza.

Se trata de una apuesta peligrosa, de la que probablemente obtendrá más réditos Vox que la propia Coalición Canaria, y cuyo resultado final no puede ser otro que una sociedad cada vez más crispada en la que campen el discurso del odio y el miedo.

Se trata de una apuesta peligrosa porque nadie puede controlar al genio una vez se destapa la botella, como acaba de demostrar Echedey Eugenio, el primer teniente de alcalde de Arrecife y secretario de Organización insular de Coalición Canaria, con su preocupación porque sus hijos y nietos tengan que compartir aulas y consultas médicas con menores extranjeros.

Se trata de unas declaraciones inaceptables, indignas, repugnantes. Para mayor ensañamiento, sin que sirva en modo alguno de justificación que las realizara al calor de un debate televisivo, este personaje se ha reafirmado en las mismas en una entrevista posterior, henchido de soberbia y sabiéndose amparado por Clavijo y Coalición Canaria, que a día de hoy todavía no le han obligado a rectificar.

Con ser tan despreciable como sus declaraciones, Echedey Eugenio no es más que un síntoma, un soldadito útil en este tipo de escaramuzas, porque la batalla de verdad la libran los Clavijo, los Feijóo y los Abascal, que necesitan de este tipo de personajes deleznables para hacer llegar hasta el último rincón su mensaje de odio y crispación.

Echedey Eugenio, por más repugnancia que provoquen sus declaraciones, no deja de ser más que un síntoma de la verdadera enfermedad, que es Fernando Clavijo y su empeño de esconder los verdaderos problemas de Canarias tras el drama humanitario de la inmigración.

La espantada de Vox ha convertido la actualidad en un circo de seis pistas sobre las que actúan las presidentas de Extremadura y Baleares y los presidente de Valencia, Murcia, Aragón y Castilla y León, que se han quedado en la cuerda floja tratando de aguantar sin la red que se llevó Vox, ante la atenta mirada de los medios, convertidos en el tema estrella en todas las tertulias.

Por seguir con el símil circense, o no, es lógico que la payasada de Vox acapare por completo la atención, ya que la actualidad demanda adrenalina e incertidumbre para continuar en el carrusel de emociones que ha supuesto el eterno ciclo electoral del último año.

Lo cierto, sin embargo, es que el problema que presuntamente llevó a Vox a romper sus pactos sigue exactamente en la misma situación, ya que Vox se marcha de los gobiernos pero los menores se quedan en Canarias.

El simulacro de acuerdo alcanzado la semana pasada en la Conferencia Sectorial constituye una auténtica vergüenza y un desprecio brutal a Canarias y a su gente y demuestra una deleznable falta de humanidad, una carencia absoluta de valores, pues no da respuesta a las necesidades de seis mil menores.

Seis mil menores hacinados en condiciones que carecen de la más mínima dignidad, la mayor parte de ellos sin escolarizar, sin ningún tipo de actividad organizada que les permita ocupar las horas vacías que se suceden un día tras otro y sin la atención psicológica imprescindible para tratar de recomponer su vida después del trauma del viaje.

Esa insoportable realidad ha quedado ahora sumida en la oscuridad, pues los focos se han colocado sobre el circo y comienzan las apuestas sobre quién y cuándo caerá y se hacen listas de que payasos se negaron o se negarán a abandonar el circo, en contra de las instrucciones del jefe de la troupe. 

Mientras, Feijóo en su papel de dueño del circo y promotor de espectáculos, se jacta de no haber aceptado el chantaje de los payasos, una insoportable boutade a la altura de su famoso no soy presidente porque no quiero.

El problema real no lo tiene Feijóo con Abascal, lo tiene con los suyos, que no quieren en modo alguno una reforma legal que obligue a compartir entre todas las comunidades la tarea de acoger a los menores extranjeros no acompañados.

El problema lo tiene Feijóo con su entorno, después de haber agitado el espantajo de la xenofobia y el racismo, después de haber utilizado de manera repugnante a los menores como banderín electoral.

El problema, y esa es la clave, es la lamentable ausencia de valores y liderazgo de Feijóo.

Alguien que aspira a gobernar España, aunque esta vez no quiso, no puede dar la espalda a Canarias y, mucho menos, despreciar las necesidades de seis mil menores por puro cálculo electoral.

Feijóo podrá acumular disculpas una sobre otra, como hizo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero no va a ser capaz de encontrar una razón válida para justificar su desprecio a Canarias y su falta de humanidad con seis mil menores.

Hablar de reparto de menores disminuye, aunque no se pretenda, su dignidad y contribuye a la cosificación que ya vienen sufriendo tras convertir la ultraderecha, y no solo ella, el acrónimo mena en sinónimo de problemas y delincuencia.

Además, tras esa formulación inadecuada se pierde de vista el factor fundamental, la solidaridad a la que tiene derecho y reclama Canarias ante quienes se llenan la boca de la palabra patria, pero ignoran a quienes la habitan.

Precisamente porque se trata de una situación que afecta a Canarias, quizás sea esta la hora en la que debiera hablar Canarias y no los partidos y ni siquiera los gobiernos.

El apartado 2 del artículo 87 de la Constitución establece que los parlamentos autonómicos gozan de la potestad de remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, pudiendo delegar ante la Cámara a tres miembros de la asamblea autonómica.

Salvo la oposición de Vox, está claro el sentir unánime del Parlamento de Canarias sobre la necesidad de reformas legislativas que permitan que la atención a los menores extranjeros no acompañados no recaiga en exclusiva en la comunidad de llegada, sino que constituya un esfuerzo de país.

No se trata en ningún caso de una posición política del PSOE o de Coalición Canaria. Al contrario, esta exigencia inexcusable de solidaridad es una demanda compartida por toda la sociedad canaria, reflejada de manera clara en su parlamento.

Si no es el PSOE quien demanda esa solidaridad y esas reformas. Si no es Coalición Canaria quien solicita apoyo para Canarias, parecería adecuado que quien se dirigiera al Congreso de los Diputados fuera la Cámara Autonómica, ejerciendo de voz de Canarias.

En primer lugar, para visibilizar de manera clara que no se trata de una cuestión partidista, sino de un asunto de un extraordinario calado institucional.

Pero, además, para dejar claro que cualquier oposición a la norma significaría un desprecio para Canarias y su gente y un auténtico golpe a la indispensable solidaridad entre todos los territorios que componen esa patria común, que algunos pretenden hacer solo suya.

Para el Partido Popular es relativamente fácil negar su apoyo a una norma promovida por el sanchismo militante. Encontrarán tantos argumentos falaces y tantas disculpas huecas como encontraron para incumplir durante más de cinco años el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial.

No les resultará tan fácil decirle que no a una norma promovida por Canarias y defendida por sus parlamentarios ante el Congreso de los Diputados.

La legitimidad de las elecciones que han desalojado a los tories del poder después de catorce años no admite cuestionamiento alguno, por más que carezca de la más mínima proporcionalidad, ya que se trata precisamente de un sistema mayoritario con circunscripciones unipersonales en las que el ganador, así sea por un solo voto, se convierte en diputado, dejando sin representación a los candidatos del resto de partidos.

Se trata de un sistema, conocido como first past the post, que ha gozado de un amplio respaldo popular, hasta el punto de que cuando su posible modificación fue sometida a referéndum en 2011, se impuso la opción de rechazarla con casi un 68% de apoyo.

Lo que sí admite cuestionamiento, o al menos diferentes lecturas, es la valoración de la victoria del Partido Laborista con el liderazgo de Keir Starmer, pues su extraordinario resultado en escaños no debe ocultar la realidad que dibuja una primera aproximación a los porcentajes de votos obtenidos por las principales fuerzas políticas.

La siguiente tabla recoge los resultados de las formaciones políticas que superaron el medio millón de votos y se ha considerado al Reform UK como el heredero del Partido del Brexit. Para cada formación se ha detallado el porcentaje de votos y los escaños obtenidos en los dos últimos procesos electorales.

El primer dato que llama la atención, de manera casi estruendosa, es que los laboristas han obtenido una victoria histórica con una subida mínima, casi anecdótica, del porcentaje de votos. 

La excelente distribución de los apoyos recibidos ha permitido a los de Starmer ganar 210 escaños más, hasta llegar a los 412, a pesar de haber incrementado sus apoyos tan solo en 1,6 puntos y hacerse con el 63,38% de esos escaños con un 33,7% de los votos.

El caso contrario podría representarlo el Reform UK de Nigel Farage. A pesar de que obtienen 12,3 puntos más de respaldo, tan solo consigue ganar cinco escaños. Una exigua cosecha para el 14,3% de votos obtenidos.

El siguiente gráfico refleja de manera visual la variación experimentada por el porcentaje de votos obtenido por cada partido (representada por las barras) y la variación de los escaños conseguidos (reflejada por la línea).

En menor medida que lo sucedido con los laboristas, puede observarse la enorme desproporción que existe también entre el resultado en porcentaje de los liberales y su rendimiento en escaños, pues una subida de tan solo 0,6 puntos les permite ganar 60 escaños más.

Todo lo contrario sucede con la otra formación fuertemente penalizada, el Partido Nacionalista Escocés, que pierde 39 escaños a pesar de que tan solo bajó 1,4 puntos.

A pesar de lo llamativo de este cuadro, que ilustra perfectamente las consecuencias dramáticas y casi crueles que puede provocar el sistema mayoritario de circunscripción unipersonal, ha de insistirse en que no se pretende juzgar la bondad, o su ausencia, del first past the post ya que lo que interesa es tratar de aventurar, en una primera aproximación, cuáles pueden ser las claves de la victoria laborista.

En ese sentido, quizás sea más aproximado a la realidad definir el resultado de las últimas elecciones en el Reino Unido como una absoluta debacle para el Partido Conservador ocasionada, en gran medida, por la entrada en liza de Nigel Farage con su Reform UK.

Cabe pensar que los votantes conservadores han visto en Farage una apuesta alternativa ante la gestión desastrosa de Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss y el fallido intento de recuperación de Rishi Sunak, pero mantienen su apuesta por las políticas defendidas por los tories, hasta el punto de votar a su versión ampliada, Reform UK.

A Keir Starmer se le podrá reconocer el mérito de haber incrementado muy ligeramente los apoyos con respecto a los obtenidos por Jeremy Corbyn, pero quien ha cosechado los frutos del desplome de los tories ha sido Farage.

Parece importante realizar esta lectura con la mirada puesta en el medio plazo. Starmer podrá pensar que su apuesta por mantener un perfil casi tecnocrático y su renuencia a entrar en asuntos escabrosos. como las relaciones con Europa o el genocidio que perpetra Israel en Gaza. han sido la clave de su éxito.

Posiblemente con esa estrategia haya conseguido no perder a los votantes más centristas, pero lo que está claro es que no ha conseguido una movilización importante en su favor. Es más, la participación bajó del 67,3% al 60%, lo cual parece indicar que no existía una pulsión de cambio, más allá del desencanto de los conservadores con su propio partido, pero en ningún caso una movilización ilusionada en favor del laborismo.

No cabe duda de que los laboristas hacen bien en celebrar su victoria histórica pues, más allá del análisis más o menos pormenorizado de los datos, lo que queda en el imaginario colectivo es la fortísima mayoría obtenida por Starmer, que le dota de los apoyos necesarios para liderar la recuperación del Reino Unido tras los catorce desastrosos años de gobiernos tories.

Pero Starmer debe tener muy presente que sus 412 diputados se deben a la debacle histórica de los conservadores y no estar atento a esa consideración puede salirle muy caro.

Obviar que quienes abandonaron a los conservadores se refugiaron mayoritariamente con Farage y que pueden realizar el movimiento inverso, es una receta segura para un desastre futuro.

Con todas las prevenciones, y con un paralelismo ciertamente forzado, conviene recordar el caso de Ciudadanos y el error de lectura cometido por el Partido Socialista.

El vertiginoso crecimiento de los de Albert Rivera respondió, en gran medida, a dos procesos de abandono. En Cataluña, la incertidumbre que generó en algunos momentos el PSC hizo que obtuvieran unos resultados extraordinarios. Los votantes socialistas desencantados por algunas veleidades de su partido de referencia, encontraron en Ciudadanos, por aquella época de centro-izquierda, un refugio que les permitía abandonar al PSC sin quedarse en casa o entregarse en los brazos del Partido Popular.

De manera simétrica, los votantes populares madrileños pudieron dar la espalda al Partido Popular, tras el festival de corrupción que rodeó a Esperanza Aguirre e Ignacio González y el estrambote de las cremas y el máster de Cifuentes, porque apareció Ciudadanos, que ya había comenzado a definirse de centro derecha, pues en ningún caso iban a confiar en el PSOE.

Cuando el PSC recuperó su posición natural, por no decir la sensatez, retornaron los votantes y ese crecimiento fue leído de manera incorrecta, llevando a pensar que en Madrid podría suceder lo mismo.

Este error de bulto provocó que tanto las campañas como la política del día a día se orientaran a ese supuesto votante de centro que podría apoyar al PSOE, sin caer en la cuenta de que, tras el periodo de penitencia, su destino natural era retornar a su partido de origen, el Partido Popular. 

Casi con total certeza, la pérdida de apoyos del PSOE en Madrid se debió en gran medida precisamente a ese error de ir a conquistar a un votante supuestamente de centro que nunca votaría socialista, al precio de dejar descuidado el flanco por el que creció Más Madrid.

Quiere decirse con ello, y a modo de conclusión, que la victoria histórica del laborismo solo podrá mantenerse en el tiempo en la medida en que Starmer sea capaz de movilizar a nuevos votantes. Fiarlo todo a la caída de los conservadores sería un error pues resulta evidente que quienes abandonaron a los tories lo hicieron por desacuerdos con su gestión, no con sus políticas.

Para colmo, viene ahora un gobierno bolivariano y pretende imponer una reducción de jornada sin negociarla. Sí, sin negociarla, que la CEOE de Garamendi no ha mandado ninguna propuesta, ni ha dado el visto bueno a las recibidas, así que no ha habido negociación.

Ha sido tan grosera la actitud del Gobierno, que Ayuso ha tenido que romper el prudente silencio al que acostumbra y manifestar urbi et orbi que Unas activistas de salón quieren machacar a los héroes de nuestra economía, adoptando unas decisiones políticas frívolas por parte de unos políticos que ni ellos ni sus familias saben lo que cuesta crear empleos y sacar adelante proyectos.

Tuvo que hacerlo. La presidenta madrileña no podía callar después de sentir cómo se le rompía el corazón al escuchar al presidente de Cepyme lanzar su grito desgarrador en contra de un gobierno que adopta tesis comunistas y que ataca la libertad y dignidad empresarial, en su empeño de ejecutar su asalto a la empresa en pos de una estrategia más amplia que impugna el modelo de libre mercado y apuesta por una economía intervenida.

¡Cómo iba a callar Ayuso ante ese grito de auxilio! Ella, y sobre todo sus familiares, saben cuánto cuesta sacar adelante proyectos, lo duro que resulta conseguir facturas falsas para que Hacienda no se quede con tus comisiones y, para colmo, cómo pagan tus desvelos y tu dedicación a la emprendeduría con inspecciones fiscales y denuncias políticas en los tribunales, cuando realmente es Hacienda la que te debe a ti.

Es verdaderamente insoportable la injerencia bolivariana de este Gobierno. Es tanto su afán intervencionista, que durante la COVID no se le ocurrió otra cosa que gastar casi 40.000 millones en ERTE y conceder avales ICO por 140.000 millones más.

Además, se ha sabido que obligaron a una de cada dos empresas a recibir ayudas públicas durante la COVID y si eso no es una injerencia insoportable, que baje Hugo Chávez y lo vea.

Y eso no es lo peor. No se les ocurre otra cosa que subir el salario mínimo y en vez de destruir empleo, que es lo que tenía que haber hecho una medida de carácter socialcomunista como esa, se coloca la población activa en más de 21 millones y baja el paro hasta los 2,6 millones. Con razón no encuentran trabajadores que acepten salarios y condiciones de las que crean riqueza.

Hasta pocos son los gritos de la patronal y demasiado prudente y callada sigue estando Ayuso ante tanta injerencia bolivariana.

Una guerra que no se libra entre partidos, sino entre quienes aún sostienen los valores republicanos, nacidos precisamente de la Revolución Francesa, frente a quienes pretenden sustituir esos valores hoy universales por una identidad inventada, definida básicamente en contra de un los otros en el que cada vez cabemos más.

Si los valores republicanos priman en esta hora de desconcierto por el extraordinario resultado obtenido por la ultraderecha, si se coloca el interés general y la propia supervivencia de la República por encima de tácticas partidistas, egos y recelos, si se despliega como una barrera de contención el imprescindible cordón sanitario a la ultraderecha, la batalla de la segunda vuelta debiera resolverse de manera clara en favor de los demócratas.

Por más que los resultados del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen supongan algo más de un tercio de los votos emitidos, no le garantizan una mayoría absoluta en la segunda vuelta en la que, a lo sumo, debiera poder contar tan solo con los votantes de Éric Zemmour, que ha visto reducida su formación, Reconquista, a menos de un uno por ciento.

No va a ser así. Probablemente obtenga apoyos de una parte del electorado de Los Republicanos, y más después del apoyo mostrado por su líder, Éric Ciotti, al Reagrupamiento Nacional. Pero cuesta pensar que ese trasvase sea importante, tanto por los exiguos resultados de Los Republicanos, que no llegan al siete por ciento, como por la negativa de la mayor parte de la estructura del partido a seguir a Ciotti en ese demencial viaje.

Por tanto, el verdadero riesgo para la República, capaz de concederle la victoria al Reagrupamiento Nacional, procede de las filas de los demócratas en la medida en la que sean incapaces de superar esas tácticas partidistas, esos recelos y esos egos que constituyen, a día de hoy, el verdadero motivo de preocupación.

Hay, sin embargo, un motivo para la esperanza y es la experiencia del Nuevo Frente Popular. 

Armado en pocos días ante la sorpresiva convocatoria electoral, el Nuevo Frente Popular ha conseguido aunar en un proyecto que se ha demostrado sólido a quienes hasta hace nada no eran más que las cabezas de facciones condenadas a la irrelevancia. Era difícil, pero se pudo, al igual que se pudo algo todavía mucho más difícil: convencer a su electorado potencial de que esa amalgama de fuerzas políticas, aparentemente irreconciliables unas pocas semanas antes, merecían la confianza y el voto. 

Con estos antecedentes, parece lógico pensar que se pueda producir ahora una nueva entente que permita que el Nuevo Frente Popular y el Ensemble de Macron se apoyen de manera cruzada, en función de las posiciones obtenidas en cada una de las circunscripciones.

Eso exigirá un enorme esfuerzo por parte de quienes representan las posiciones más extremas en ese nuevo arco que integraría el bloque republicano, por lo que tanto Macron como Mélenchon se antojan figuras clave, con un papel de extraordinaria importancia durante esta semana trascendental.

Los augurios son preocupantes, pues algunos candidatos del partido de Macron ya han manifestado su oposición a retirarse de la contienda en favor del candidato del Nuevo Frente Popular si este procede de La Francia Insumisa de Mélenchon. 

Se trata de una posición difícilmente aceptable, tanto por lo que está en juego como por la falta de ética política que supone, ya que la izquierda ha sido capaz con anterioridad de apoyar a Macron para cerrarle el paso a Le Pen.

Esta es, sin duda, una situación muy difícil para Macron pero también para Mélenchon, ya que tendrá que valorar si el precio de derrotar al Frente Nacional merece alguna renuncia, por injusta que esta sea.

Defender los valores republicanos. y más en la tierra en la que nacieron para el mundo. exige responsabilidad y podría suponer, también, sacrificio.

Mantener nuestro respeto por la Jefatura del Estado no sólo no excluye, sino que exige el señalar como inaceptables las conductas de su anterior titular, lo contrario sería dar a entender que en cierta medida eran consustanciales a la institución.

Igualmente, mantener el más exquisito respeto con el poder judicial no puede en modo alguno impedir la imprescindible crítica a quienes lo encarnan cuando, como sucedió con el emérito, sus conductas los hacen merecedores de reproche y en ese sentido creo que nos hemos equivocado.

Creo sinceramente que nuestro silencio como organización ante el acoso judicial a otras formaciones políticas, e incluso a algunos compañeros, no ha respondido de manera generalizada a un cálculo político, a la mezquindad de pensar que mientras fueran otras las víctimas nos podía incluso beneficiar.

Estoy convencido de que nuestro silencio se ha debido principalmente a la convicción de que la primera obligación de un partido de gobierno es preservar las instituciones y más en una época caracterizada por la desafección hacia lo público y por el permanente cuestionamiento de lo institucional.

Sigo creyendo que ese es nuestro papel pero, al tiempo, creo que ha llegado el momento en el que el respeto y el deber de preservar las instituciones no pasa por el silencio, sino por la denuncia prudente y medida, pero también clara y contundente.

Tan solo introduciendo en el debate público el papel desempeñado por un puñado de jueces partisanos que se enfundan la toga como un uniforme de camuflaje para librar batallas que en nada les competen como poder del Estado, podrá entenderse la necesidad de reformar determinadas leyes como un paso imprescindible para garantizar la calidad democrática y que las inaplazables reformas no sean vistas como un intento de quebrar la independencia judicial.

Pero más allá del papel que tenga que jugar el poder legislativo, se hacen necesarios y urgentes la reflexión y el pronunciamiento de los propios jueces, que asisten como convidados de piedra al intento de una exigua minoría de implantar un gobierno togado.

Reconozco que es difícil y que mis deseos de escuchar sus voces contravienen el principio de que los jueces sólo deben hablar a través de sus resoluciones, pero precisamente por eso han de ser los primeros interesados en exigir que quienes quiebran ese principio mantengan la discreción que se les exige.

Reconozco, también, que la independencia del poder judicial se concreta en la independencia de cada uno de sus integrantes, pero la independencia no puede convertirse en un sinónimo perverso de impunidad.

Respeto profundamente a la Justicia, a pesar de haber estado diez años sometido a un procedimiento que resultó archivado al considerar el nuevo instructor que la querella presentada contra mí era confusa, profusa y difusa y carecía de base alguna.

Respeto profundamente a la Justicia porque las acciones que emprendí contra alcaldes prevaricadores y contra el empresario que me intentó sobornar se sustanciaron de manera correcta, por más que sintiera el sabor agridulce de algunos pactos de conformidad excesivamente beneficiosos para los acusados.

Precisamente porque respeto profundamente a la Justicia me causan una repugnancia intolerable las conductas de algunos que en lugar de impartirla la perpetran.

Nos quedamos sin revolución y la cambiamos por una transición que, a medida que pasa el tiempo, se antoja menos modélica.

No fue una mala decisión y quizás fue la única posible. Al fin y al cabo la revolución portuguesa la hizo el propio ejército, que aquí respaldaba al dictador con la honrosa excepción de la Unión Militar Democrática, a cuyos miembros tardamos demasiados años en reconocer.

Probablemente, en esa España sumida en los últimos compases de la dictadura, los claveles no los hubiéramos podido colocar en las bocas de los fusiles sino en las tumbas que hubiera ocasionado la represión, que hubieran sido muchísimas más que las cuatro tumbas con las que finalizó la revolución portuguesa.

El caso es que no tuvimos claveles y nunca sonó el Grândola Vila Morena sino todo lo contrario, pues tuvimos que escuchar al infame Arias Navarro expresar supuestamente en nuestro nombre un dolor que nunca sentimos, sino todo lo contrario.

Quizás por eso, porque nos quedamos sin revolución, porque nunca pusimos claveles en los fusiles y porque no sonó el Grândola Vila Morena, nuestra democracia arrastra el pecado original con el que fue concebida.

La transición, para ser posible, dejó los muertos en las cunetas y demasiado poder efectivo y opaco en manos de la derecha que entendió, más allá de la resistencia de los exaltados del búnker, que era necesario que todo cambiara para que todo siguiera igual.

Con los años, demasiados para nuestra vergüenza, hemos sacado al dictador de Cuelgamuros y poco a poco vamos reparando la ignominia de los enterramientos clandestinos, rescatando huesos y devolviéndoselos a sus familiares.

Pero hay una asignatura pendiente en forma de ejército togado cuyas providencias, autos y sentencias no se frenan ni con millones de claveles.

Hoy, cincuenta años después de la revolución portuguesa, me apetecía recordar la enorme ilusión que sentí en ese lejano 1974, pues no hubo manera de que la dictadura silenciara lo que sucedía en nuestro país vecino y en esos momentos pudimos soñar con que España se llenara de claveles.

Sin embargo, no me ha quedado más remedio que tragarme mis ganas de celebración ante la ignominia de un juez que, otra vez Portugal, pretende hacerse un Costa a costa no de Sánchez, sino del futuro de este país y su gente.

La clave, según Guilarte, está en que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas sean elegidos no por el CGPJ, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales.

En el caso de los del Supremo, serían elegidos por un tribunal, dependiente del CGPJ, integrado por magistrados de la sala a la que aspire el candidato, vocales del Consejo y profesionales cualificados de la especialidad de la que se trate.

La justificación de Guilarte es que así se objetivarían esas designaciones y se disiparía la eventual contaminación política.

Me sorprende mucho lo de la “contaminación política”, ya que el papel del Parlamento, por definición, consiste en contaminar políticamente las leyes que promulga, precisamente por eso quienes hacen las leyes se eligen mediante procedimientos electorales y no por oposiciones.

De los tres poderes del Estado el único que goza de legitimación democrática directa es el legislativo y tiene todo el derecho para “contaminar” al ejecutivo, ya que al igual que lo nombra puede destituirlo, y para regular y ordenar las actuaciones del poder judicial y precisamente por eso nuestra Constitución reserva a las dos cámaras que integran nuestro Parlamento el nombramiento de los vocales del CGPJ.

Sí es cierto que, tal y como sostiene Guilarte, este sistema ha provocado en varias ocasiones el bloqueo de la renovación del CGPJ. Lo que no dice Guilarte es que siempre que se ha bloqueado ha sido por la negativa del Partido Popular a renovarlo y que siempre que se ha renovado es porque el Partido Socialista, incluso disponiendo de una mayor representación parlamentaria, ha aceptado las imposiciones del Partido Popular.

El bloqueo de la renovación del CGPJ se ha producido no por la existencia de una norma inadecuada, todo lo contrario, ya que se trata de una norma respetuosa con las minorías que exige un consenso amplio, sino por el filibusterismo del Partido Popular.

En conclusión, lo que propone Guilarte consiste simple y llanamente en despojar al Parlamento de una de sus atribuciones de un alto valor democrático, porque el Partido Popular no respeta las reglas. No es ese el camino.

Por otra parte, nada nos dice Guilarte de cómo controlar a sus señorías y, sobre todo, a la posibilidad de que sus señorías contaminen y mucho los procedimientos de elección.

Al fin y al cabo, a quienes integran el Parlamento los renovamos cada cuatro años. A los togados tan solo los quita de en medio la jubilación, porque ya podemos esperar por las acciones disciplinarias del CGPJ.

No exagero, y basta para comprobarlo con dar un vistazo a la historia reciente en Canarias, para recordar las tropelías del exjuez corrupto Salvador Alba y la parsimonia con la que actuó el CGPJ hasta poner fin a su carrera. 

Por cierto, algunas de esas tropelías eran perfectamente conocidas por sus dos compañeros de Sala, Moya y Vielba, como acreditan algunas grabaciones. 

La conclusión es sencilla, por más que no le agrade a Guilarte, tanto el Congreso como el Senado tienen toda la legitimidad democrática para “contaminar” la elección de los miembros del CGPJ y que estos, a su vez, elijan a todo tipo de presidentes de salas, audiencias y tribunales, ejerciendo así un cierto grado de control sobre la actividad jurisdiccional. 

Lo otro, la solución propuesta por Guilarte, reforzaría el corporativismo de una auténtica casta que se ha ido acostumbrando a confundir la independencia del poder judicial con la impunidad propia.

Por si queda alguna duda, entiendo que tiene mucha más legitimidad para el ejercicio del nombramiento de los presidentes de salas, audiencias y tribunales el último diputado de VOX, que toda la judicatura en su conjunto y mucho más cuando han venido permitiendo que prosperen en su seno personajes como Alba, aunque para ser justos acompañándole en su condena no están todos los que son.

Las penúltimas revelaciones del caso Koldo, el estallido del escándalo Ayuso, el rechazo a los presupuestos de ERC y la convocatoria de elecciones en Catalunya se han conjurado con la amnistía y la renuncia del Gobierno de Sánchez a tramitar los presupuestos de este año, para dejar casi sin espacio ya no en los medios, sino en la conversación pública, al recuerdo a las víctimas del 11M.

Lamentablemente, la historia se repite porque si hay algo que ha sido constante ha sido la manera en la que se les ha ignorado casi desde el primer momento.

Los muertos del 11M fueron muertos incómodos, llegaron por sorpresa, cuando no tocaban y a las pocas horas de que explotaran las bombas quedaron en segundo plano. Lo importante no eran los muertos. Lo importante era cómo utilizar la tragedia para conseguir que no supusieran la pérdida del poder para el Partido Popular.

Habría que preguntarse cuánto tiempo dedicaron Aznar, Acebes o Zaplana a pensar en los muertos antes de volcarse en cuerpo y sin alma en urdir una mentira que los exculpara.

Habría que preguntarse cuándo dejaron de contar muertos para empezar a calcular los votos que podrían perder si se relacionaban los atentados con la foto de las Azores.

Y no acabó ahí el desprecio a las víctimas. Las miles de portadas, las miles de horas de radio que se le dedicaron al 11M a lo largo de los años siguientes ignoraron a las víctimas, el interés informativo era otro, sembrar la confusión, perpetuar la mentira.

Para mayor ignominia, las pocas veces que el Partido Popular y sus aliados mediáticos pusieron el foco sobre las víctimas fue para humillarlas, para desprestigiarlas, para acusarlas de connivencia con la izquierda.

La imagen de Zaplana y Martínez Pujalte con risas y aspavientos mientras intervenía Pilar Manjón en la comisión de investigación del 11M son execrables, pero no son más que la parte más visible de toda una estrategia de represalia, de ninguneo, de invisibilización de esas víctimas inconvenientes, que no tuvieron la decencia de morir a manos de ETA y a mayor gloria del Partido Popular.

Veinte años después, Aznar se justifica parapetado tras las indecentes justificaciones de FAES y nadie en el Partido Popular ha tenido la decencia de pedir perdón a las víctimas.

No es de extrañar. El Partido Popular ha demostrado históricamente que siempre ha considerado a todas las víctimas del terrorismo, sean de Al Qaeda o sean de ETA, como un mero recurso electoral.

Lo verdaderamente preocupante es que con el paso de los años esta espuria utilización de los muertos va a más, ahora hiperventilados por su competición con VOX.

Veinte años después, algunos siguen sin tener tiempo para los muertos.