en Madrid (Aegama), en la etapa presidida por el ingeniero Francisco Cal, antiguo presidente de AENA por cierto en los años en los que tuve las responsabilidades de comunicación del organismo gestor aeroportuario del Estado. Y quiero hacer un llamamiento a todos los empresarios gallegos residentes en el Archipiélago para que se unan a este proyecto de Aegacan, a que me den su voz y su apoyo para ponerlo en marcha, como tenemos el apoyo expreso de Aegama y de su actual presidente, el recientemente elegido por amplísima mayoría Julio Lage, muy conocido, importante y activo empresario gallego.

Estoy sinceramente convencido de que, por razones objetivas y razones de oportunidad, el ya importante mundo empresarial gallego en el Archipiélago aumentará su peso relativo en los próximos años, y que lo hará, como siempre lo hacen los empresarios gallegos en cualquier territorio donde desarrollan su actividad, con muy intensa y profunda implicación en los intereses generales y el progreso de la Comunidad que les acoge. Aegacan será, y no podría ser de otra manera, un instrumento de ese compromiso, de esa implicación. Como las Asociaciones de Empresarios Gallegos han demostrado en todas las comunidades autónomas del Estado, para los empresarios gallegos la lealtad a Galicia no sólo es compatible, sino que va necesariamente unida a la intensa y muy profunda implicación con el territorio en el que desarrollan su actividad. Quiero decir que Aegacan será, como no podría ser de otra manera, un proyecto gallego de profunda e intensa lealtad e implicación con los intereses económicos y empresariales de Canarias.

No es un proyecto para grandes empresarios, ni para pequeños empresarios, sino para todos, porque en estas asociaciones de empresarios gallegos en las distintas Comunidades del Estado, conviven fructíferamente los empresarios grandes con los medianos y pequeños, al fin y al cabo todos necesarios para el interés común de crear un tejido empresarial vivo y eficiente. A todos hago pues un llamamiento para que nos pongamos en contacto y empecemos a caminar juntos, y a todos anticipo que vamos a tener el apoyo de todo el extenso mundo gallego en las distintas comunidades autónomas del Estado e incluso del otro lado del Atlántico. Es hora de echar a caminar y a todos pido que contacten con este ilusionado activista de lo gallego, y que quiere serlo también de lo canario, en mi dirección: cer@atlantico.com

Carlos E. Rodríguez

El segundo es sin duda el déficit público, cuya reducción es necesaria aunque sólo sea para evitar que la Unión Europea decida poner bajo intervención la economía española. España tiene un peso mucho mayor que Grecia, de manera que el problema no sería solo para España, sino para toda Europa y desde luego para el euro.

El tercero es la necesidad imperiosa de crear empleo. En la crítica situación actual, no basta con reformas laborales, sino que es vital y estratégico crear empleo.

El cuarto es la urgencia de un catálogo serio y creíble de reformas estructurales: el debate energético, la política de inmigración, la demanda interior, el gigantesco déficit exterior, son mimbres necesarios al respecto, aún más cuando se incrementa otro serio problema de nuestro país, la economía sumergida que es ya el 20% de la actividad, el porcentaje más alto entre los países de la OCDE, casi el doble de la media.

La sexta y vital cuestión es la normalización del funcionamiento del sistema de crédito. El crédito no llega a las pequeñas y medianas empresas ni las familias. A los Bancos españoles les cuesta encontrar dinero en el interbancario. Habrá que completar el proceso de reforma de nuestro sistema financiero para que vuelva fluir el crédito porque sin crédito no habrá crecimiento económico.

No es precisamente poca tarea y todo apunta a que excesiva para un Gobierno que incluye personajes tan inverosímiles como Celestino Corbacho y en el que no acaba de verse que la vicepresidenta Elena Salgado tenga realmente la autoridad, y esto no es culpa suya, que exige el ejercicio de sus responsabilidades.

Carlos E. Rodríguez

Lo que el Tribunal Supremo estudia es la pulcritud o no, en términos jurídicos y procedimentales, y sólo en ellos, de las denunciadas actuaciones del juez Garzón, y hay razonable certeza de que los magistrados del Alto Tribunal decidirán en esos términos y sin dejarse influir por extemporáneas interferencias políticas. De los procedimientos que tiene abiertos, en ambientes jurídicos se opina que ni siquiera es el más importante el relativo a las presuntas desapariciones durante la guerra civil y el franquismo, sino el de las escuchas ordenadas sobre las comunicaciones entre el preso Francisco Correa, cabeza visible del llamado “caso Gurtel”, y sus abogados, ya que podrían afectar sustancialmente al derecho de defensa. Flaco servicio prestan al juez Garzón quienes alzan falsas acusaciones de sectarismo político contra los probadamente independientes y respetables magistrados del Tribunal Supremo. No se juzga el fondo, sino la forma, porque parece en efecto que Garzón no era competente para las actuaciones que puso en marcha, y en todo caso es algo que corresponde dilucidar a los magistrados del Tribunal Supremo y de ninguna manera a los políticos ni a nosotros, los periodistas. Nuestra obligación se reduce y limita a respetar y publicitar lo que el Tribunal Supremo decida en el momento procesal que considere oportuno y lo que el Consejo General del Poder Judicial acuerda, evitando inaceptables presiones sobre los órganos jurisdiccionales y sobre los de autogobierno de la Magistratura.

Un poder judicial recto, sereno, garantista e independiente es uno de los grandes lujos de una auténtica democracia, y se da la afortunada circunstancia de que ese modelo de poder judicial lo tenemos efectivamente en España. He tenido muchas ocasiones de comprobarlo. Nuestros jueces y magistrados serán, como los demás ciudadanos, unos más de derechas y otros más de izquierdas, pero prácticamente todos ellos son ejemplares en la rectitud e independencia con que ejercen su trascendental función. Lo correcto, y lo que a todos los ciudadanos nos conviene, lo mismo a los de derechas que a los de izquierdas, es dejar actuar a los Tribunales y respetar y acatar sus decisiones, y dejar asimismo al Consejo General del Poder Judicial que ejerza, con saludable independencia respecto a los políticos, su labor de gobierno de la Magistratura. Cuando tantas cosas fallan en este país, tenemos un Poder Judicial que merece credibilidad y respeto. No estaría de más que todos, derechas e izquierdas, aprovecháramos y respetásemos esta afortunada circunstancia.

Carlos E. Rodríguez

Adolfo Suárez era un político de derechas, aún más, venía de la disciplina del Movimiento, y sin embargo nadie se atreverá a discutir la firme determinación que puso en hacer auténtico el cambio democrático, no sólo en términos de pluralismo político, sino también, y esto es muy importante, de reconocimiento de la compleja pluralidad de España. ¿Acaso no fue Adolfo Suárez quien trajo a Josep Tarradellas desde el exilio en Francia para restablecer la Generalitat de Catalunya, y fue por cierto correspondido por la nobleza del gran exilado republicano con aquel doble grito pronunciado en la plaza de España de Barcelona, camino de su retorno al Palau: “¡Visca Catalunya!...y ¡Visca España!”. Nada menos. Así construyeron aquellos grandes hombres la reconciliación nacional.

Y el resultado de la reconciliación nacional fue la vigente Constitución, en la que la Nación española “deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Tengo el convencimiento de que no hay deslealtad hacia el régimen actual, ni siquiera hacia la Monarquía Constitucional, en recordar el espíritu que en 1931 animó a hombres de izquierdas y de derechas a poner sus esperanzas en la República. La Monarquía de hoy, nítidamente abierta a todos, que demuestra a diario lealtad constitucional y que no vaciló ni un instante en defender la Constitución y las libertades en la fecha triste del 23-F, no es, continuidades dinásticas al margen, como la que fue derribada el 14 de abril por la voluntad popular, encabezada por un hombre tan de derechas como Niceto Alcalá Zamora. Así que carece de sentido, para tirios y troyanos, volver la vista atrás. Lo que de verdad conviene es la continuidad en el esfuerzo unido de todos, derechas e izquierdas, para fortalecer el régimen constitucional democrático que disfrutamos, perfeccionarlo y profundizarlo. Nada más, pero también nada menos.

Carlos E. Rodríguez

Iré un poco más lejos. La Universidad Complutense tiene una avenida que es como su columna vertebral, la llamada Avenida Complutense. Pues bien, no puedo por menos de recordar, con intensa emoción, aquella mañana, ya lejana en el tiempo, muy anterior al cambio democrático, en la que muchos cientos, quizá miles de estudiantes, de casi todas las facultades y escuelas técnicas y de las más diversas ideologías, echamos a caminar por la Avenida Complutense detrás de un grupo de profesores egregios y con el grito de una sola palabra en los labios, bien es cierto que la más importante de todas las palabras: “¡Libertad, libertad!” atronadoramente repetida una y otra vez. Aquellos profesores, honra del espíritu universitario e ideológicamente muy diversos, están hoy en la memoria de cuantos vivimos aquellas horas de emoción en las que España empezó a cambiar: Tierno Galván, Aranguren, Ruiz-Giménez... y hasta una decena de viejos y menos viejos profesores, de izquierdas y de derechas, pero comprometidos todos con la idea de que los españoles nos merecíamos la plenitud de una democracia y que sólo en la democracia sería posible la reconciliación nacional.

Llamada por quien fuese llegó la policía -“los grises”, que decíamos entonces- a cerrar el paso a la manifestación y ordenar que se disolviera, pero ya se veía que muchos de los propios policías no lo tenían muy claro. Recuerdo cómo el “viejo profesor” Tierno Galván se dirigió, sereno y cortés, como en él era inevitable, a un mando policial que, megáfono en mano, ordenaba silencio y que se disolviera la manifestación: “¿Pero es que a usted le molesta la palabra libertad, aquí, en el recinto universitario?”. Y recuerdo vívidamente la cara apesadumbrada y el gesto y tono respetuoso de la respuesta de aquel mando policial, cuyo nombre desconozco: “Yo sólo cumplo órdenes, profesor, pero créame que me gustaría estar entre ustedes”. Y la réplica sonriente de Tierno Galván: “Tenga la certeza de que lo estará muy pronto y que será bienvenido”. Con la perspectiva del tiempo, los dos acertaron.

Así que cada cual pensará como quiera sobre el magistrado Baltasar Garzón y sus actuaciones y todas las opiniones serán legítimas, pero la decisión del rector Berzosa de amparar y presidir en el recinto universitario el acto en torno al polémico magistrado no sólo es legítima, sino que está en la tradición del espíritu universitario y de la principal Universidad española. No es un tema de izquierdas o derechas, sino mucho más importante, porque debiera ser innecesario recordar que el espíritu universitario no puede ser otro que el de la libertad. Con la libertad, siempre. La libertad, para todos, hasta para el juez Garzón, naturalmente.

Carlos E. Rodríguez

Conviene saber que el transporte aéreo está bajo el control de dos órganos del Ministerio de Fomento, AENA y la dirección general de Aviación Civil, y es cierto que, históricamente, este segundo no ha estado a la altura de los niveles de calidad del primero, pero tampoco como para dejar que sigan en activo, para el transporte de pasajeros, aviones que no cumplan todos los más exigentes parámetros de seguridad. ¿Había pasado y superado el avión destruido en la catástrofe las inspecciones con la debida regularidad y exigencia? La investigación lo determinará de manera inequívoca, pero los primeros datos apuntan al correcto cumplimiento de este factor esencial de seguridad de los pasajeros.

De la tripulación se ha dicho que estaba afectada por la crítica situación de la compañía, como si experimentados pilotos con probados altos niveles de formación y larga experiencia, que además comprometían sus propias vidas, pudieran perder, por tensiones laborales, incluso por algo tan serio como un expediente de regulación de empleo, la perspectiva de la inmensa responsabilidad humana y económica puesta en sus manos.

Cierto que Spanair atraviesa una profunda crisis empresarial, que pudiera ser irreparable, pero también hay pruebas de la intensa voluntad de SAS por salvar una compañía que lleva años compitiendo en el mercado con mucha dignidad, calidad de servicio y buenos profesionales, y cuya desaparición enrarecería el mercado español del transporte aéreo, sin duda en perjuicio de los valores y ventajas de la competencia a que tienen derecho los consumidores. Que una compañía aérea, por sus dificultades económicas, vaya a relajar o descuidar los factores de seguridad es algo que, por lo menos, necesita pruebas y no sólo sospechas para afirmarse.

Por su parte, AENA, como ente público responsable de la gestión de los aeropuertos y la navegación aérea en todo el territorio del Estado, es un organismo con muy altos niveles de exigencia en todos los aspectos y desde luego en uno tan esencial como es la seguridad de los pasajeros. Afirmar, como se ha hecho, sin dato alguno concreto que sustente tal aseveración, que no se debió dar autorización de despegue al avión “en esas condiciones”, es de una frivolidad moralmente incompatible con la entidad de la tragedia producida. ¿En qué condiciones? Sólo la compleja y minuciosa investigación determinará si el avión fue autorizado a despegar con algún problema conocido.

A estas alturas, cuando casi apenas se ha iniciado el trabajo de la comisión de investigación y aún se analizan los valiosos registros y datos de las llamadas “cajas negras” ¿sabemos siquiera con seguridad si el motor se incendió e hizo caer al avión, o si el avión cayó e hizo explotar el motor? Precisamente porque las víctimas son lo importante, tienen derecho, ellas y sus familiares, a una investigación seria, serena, técnica y solvente que, en su momento, bajo control jurisdiccional, permita determinar sin ambigüedades cómo y por qué se produjo todos los usuarios del transporte aéreo tenemos derecho a que la calidad de esa investigación y la veracidad de sus conclusiones permita adoptar medidas que mejoren la seguridad y eviten, en lo humanamente posible, la repetición de estas enormes tragedias.

Lo más importante, las vidas humanas perdidas en la tragedia, forman ya la dramática parte irreversible de este suceso. No habrá indemnizaciones, por importantes que lleguen a ser en su cuantía, que puedan compensar esa tragedia. La imagen, entre bufa y moralmente ofensiva, de ciertos profesionales buscando negocio entre las cenizas de las víctimas y el dolor de sus familiares debiera producir, no ya tanto por deontología sino por simple dignidad profesional, alguna actuación corporativa reparadora. Pero es tema menor.

En cambio, por una vez, parece de justicia reconocer que las autoridades afectadas, tanto las del sector aéreo como las instancias políticas, han estado a la altura que exigía la tragedia, y lo que conviene es animarles a que sigan estando a esa altura en la investigación técnica, en las actuaciones judiciales y en las decisiones políticas. Consciente por lo que parece el Gobierno de que la entidad del suceso desbordaba las limitadas capacidades de la titular de Fomento, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, tomó el protagonismo con la ponderación, buen sentido y eficacia que le caracterizan. Su presencia ante los medios de comunicación social ha sido seria y convincente, quizá porque sus declaraciones fueron en todo momento claras y por ello, sosegadoras.

El resumen del resumen es que no es hora de acusaciones frívolas ni de afirmaciones poco fundamentadas. Ninguna imagen del suceso, ninguna presunta conversación más o menos fiable de los tripulantes, ninguna simplificación nos va a trasmitir una verdad que, como se verá al término de la investigación, será probablemente compleja y poliédrica.

Nadie devolverá la vida a los muertos, ni las indemnizaciones ?desde luego necesarias? paliarán el dolor de sus familiares. Lo verdaderamente importante es, primero, que si hay responsabilidades se depuren por el cauce judicial adecuado, y en segundo lugar, que las conclusiones de los técnicos ayuden a que los responsables del transporte aéreo puedan mejorar sus ya altos niveles, aunque no lo parezca en circunstancias como ésta, de calidad y seguridad. Tenemos muy buenos aeropuertos, compañías aéreas e instalaciones de navegación aérea. Y también excelentes ingenieros y magníficas tripulaciones que merecen nuestra confianza y aliento.

Carlos E. Rodríguez, comentarista económico de 'DiarioCrítico', fue director de Comunicación de AENA.

Carlos E. Rodríguez