No simpatizo con el chavismo. Su deriva autoritaria se percibía desde el minuto uno, cuando los venezolanos -asqueados por la corrupción de los partidos tradicionales- le dieron la mayoría al comandante Hugo Chávez Frías y acompañaron la institucionalización de la República Bolivariana.

Perdidas las elecciones, el régimen chavista ha desempolvado viejas habilitaciones constitucionales para poner en marcha un Parlamento alternativo (representativo de organizaciones populares hegemonizadas por el partido del Gobierno, inspirado en la teoría autoritaria del Estado que formuló un Marx encandilado por la revolución francesa de 1871 y la Comuna de París y después Lenin en la revolución rusa de 1905) y arrinconar a la nueva Asamblea Nacional venezolana. En realidad, es un flagrante golpe a la constitucionalidad bolivariana.

Rajoy, admirador de Maduro, no quiere someterse al control político de un Congreso en el que ya no tiene mayoría.

Si no he entendido mal, el Gobierno en funciones se considera perfectamente habilitado para representar a España en la UE y tomar decisiones de gran calado, como si no estuviera en funciones sino en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Pero al mismo tiempo pretende que el Congreso no disponga de mecanismos de control sobre esas actuaciones del Gobierno.

Dicho de otra forma: Rajoy dice que el Parlamento, que puede controlar a un Gobierno en plenitud, no pueda hacerlo con uno en funciones. Es decir, negar un principio milenario de interpretación jurídica: el que puede lo más, puede lo menos.

Rajoy niega que los representantes de la soberanía popular, que desempeñan la función de control sobre un gobierno en pleno ejercicio del poder ejecutivo y de la dirección política del país, puedan controlar a un gobierno en funciones…que, además, compromete a España ante las instituciones europeas, como si siguiera contando con mayoría absoluta y confianza parlamentaria.

Para sostener lo insostenible, Rajoy actúa contra sus propios actos, violando otro principio jurídico básico y más viejo que maricastaña. Porque no puede actuar como si no estuviera en funciones y negarle al mismo tiempo al Congreso la potestad de controlar a un gobierno que no está en funciones.

En una de éstas, Maduro le escribirá: “Mariano: nos conocemos, nos queremos, al fin solos tú y yo”.

Al menos en algún discreto bisbiseo durante la celebración litúrgica les habrá adelantado lo que iba a anunciar a continuación, para ir completando el vademécum que Coalición Canaria les impone a sus rozagantes nuevos aliados como discurso oficial del Gobierno.

Me gustaría que alguien me explicara por qué conviene a Canarias, que ha venido siendo beneficiaria neta de mecanismos de solidaridad del Sistema de Financiación Común y disfruta, además, de un Régimen Económico y Fiscal propio a cuyo cobijo, por ejemplo, no se aplica el IVA y los impuestos indirectos que pagamos los canarios se destinan exclusivamente a las Administraciones Canarias, -sin que ello sea óbice para que nos beneficiemos en pie de igualdad con las demás regiones de Fondos estatales que, como el de Cooperación Local, al que el propio Paulino no sé si en un alarde de desparpajo o de ignorancia se refiere en su alocución agosteña, se financian fundamentalmente con impuestos indirectos que pagan los contribuyentes de otras regiones con - las-que-no-tenemos-absolutamente-nada-que-ver- ?.! déjenme coger resuello!..., digo por qué conviene a Canarias salirse de su actual statu quo cuando, para más inri, nuestra renta per cápita no hace sino alejarse de la media estatal.

Porque un sistema bilateral conviene, por principio, a aquellas Comunidades Autónomas que están en los puestos de cabeza en renta per cápita y a las que el sistema de financiación común convierte en contribuyentes netas a la solidaridad interterritorial. Con un sistema bilateral podrían reducir su aportación a la solidaridad o, como dice Durán i Lleida, no seguir siendo siempre (los catalanes) los que paguemos la solidaridad.

Que si reformar el Estatuto para tener más competencias, pero sin reforma del sistema electoral? que si controles poblacionales y el trabajo para los canarios, porque (chsss, no se lo digan a nadie!!!) el Estado y los inmigrantes tiene la culpa de todos nuestros males?

Por eso estoy convencido de que antes de desempolvar para ocasión tan señalada la viejo melopea coalicionera del sistema de financiación bilateral y, sobre todo, antes de contarnos que “el Archipiélago lleva mucho tiempo andando hacia la recuperación económica” (aunque tengamos un 30% de paro, porque ni éste ni anteriores gobiernos de CC tienen nada que ver con eso, mucho cuidado con eso), Paulino les pasó el discursito a Paco Spínola y a Julio Cruz solicitando venia para darlo a conocer. Y se la dieron. Porque este es un único Gobierno en el que Coalición Canaria tiene el poder y pone el discurso.

Santiago Pérez García

La existencia del Estado moderno no es un fin en sí mismo, aunque demasiadas construcciones filosóficas lo hayan divinizado en el ámbito de la cultura occidental. Se trata, simplemente, de una forma de organización política que fue demostrando su idoneidad para resolver problemas básicos de una comunidad humana, en un ambiente histórico y geográfico determinado: seguridad frente a ataques extranjeros, paz en los caminos,unificación del Derecho y de la justicia y, poco a poco, consolidación y protección de un espacio económico “nacional”, establecimientos educativos,sanitarios,asistenciales... Hay una simbiosis entre sociedad y Estado en la que, si las cosas funcionan, ambas partes salen beneficiadas y la simbiosis se fortalece.

Pero ni los límites, ni la población, ni la forma política de un Estado se configuraron rápida, ni simple, ni pacíficamente. De ningún Estado de los actuales, ni de los que alcanzaron existencia y viabilidad en el pasado.

Por eso me parece pertinente la pregunta ¿tiene sentido deconstruir España, no como realidad sociológica, sino como Estado, como organización política? . Sé que descomponer el Estado español, implicaría socavar la cohesión que pueda tener hoy España como sociedad. Esa España cuya existencia omite por sistema el lenguaje de los que, simultáneamente, utilizan cualquier clase de mitología doméstica, de relato fundacional con reverberancias épicas, para convencernos de que su comunidad territorial es una Nación, pero de verdad.

¿Tiene sentido desmontar el Estado español, que actualmente funciona como un Estado democrático, para fundar otros Estados cuya viabilidad está por ver y cuya soberanía e capacidad de influencia estarán muy por debajo de las del Estado español tal y como hoy lo conocemos?. Y digo más: cuyas capacidades de garantizar derechos de ciudadanía --que es la cuestión más importante para algunos, entre los que me encuentro--, de evitar la reinstauración de oligarquías y caciquismos de última generación y de mantener sistemas políticos que podamos reconocer como democráticos, son una incógnita.

Los Estados realmente existentes son sujetos históricos. Nacen, evolucionan, pueden incorporarse a otros Estados o a sistemas políticos más amplios y pueden también fragmentarse, dando a luz nuevos Estados.

Tengo la sensación, y la pesadumbre, de que España como país puede estarse de nuevo acercando a una de esas encrucijadas tan características de su historia. Y, frecuentemente, tan conflictivas y tal inútiles. Quienes estén trabajando en la dirección de deconstruir España como Estado, lo que implicará su deconstrucción como país, están en su derecho. Pero deben hacerlo abiertamente. Y, me atrevo a sugerirles, franca y democráticamente.

El Estado de las Autonomías tiene sus límites. Y el primero de ellos lo marcan los principios e instrumentos políticos que identifican la presencia de un Estado. Si quieren podríamos hablar de cómo se fijaron en otros países, incluso con regímenes federales, Estados Unidos por ejemplo. Y los límites están asociados a aquellos poderes (aquellas competencias, dicho en jerga jurídica) que permiten a un Estado funcionar como tal y cumplir las tareas que la sociedad espera de él. Que son tareas esenciales.

Más allá de esos límites hay otra cosa: nuevos Estados independientes, una confederación o liga de Estados?

El Estado de las Autonomías, tal y como funciona realmente, puede integrar Comunidades Autónomas con competencias diferentes. Pero no va a metabolizar la existencia de Comunidades Autónomas con más autonomía y otras con menos. Que es en realidad lo que quieren decir, pero no abiertamente, lo que hablan de “hechos diferenciales” o del encaje de alguna Comunidad en el Estado.

Entre otras razones, porque uno de los factores que más está dificultando la consolidación de la España de las Autonomías como un sistema que funcione con suficiente estabilidad y que pueda ahormarse al modo federal, es un sistema electoral que prima permanentemente el particularismo y lo convierte a cada poco en árbitro de la política española. Este sistema electoral tiene sus orígenes. Y los orígenes, su explicación histórica. Pero una cosa son los orígenes y sus causas y otra sus efectos.

No creo que haya un Estado federal con un sistema electoral de estas características. Pero ese mismo sistema electoral también alienta la emulación, la equiparación constante de competencias entre unas Comunidades y otras. Y un sentimiento igualitarista que impide la existencia de Comunidades de primera y de segunda. Y coloca al sistema autonómico en una vorágine permanente que ya lo ha situado en las fronteras de sí mismo.

Estoy convencido que la estrategia de deconstrucción del estado de las Autonomías, o la de aprovechar sus mecanismos para desnaturalizarlo o convertirlo en otra cosa, tiene hoy menos sentido para todos y para cada uno de los pueblos de España que nunca. Si quienes están por la tarea acaban condicionando la dirección política del país, por favor paren. Que yo me bajo.

Santiago Pérez García

Con toda seguridad a Montesquieu le pareció muy sugestiva la idea de la separación de poderes para superar el lastre que suponía para las energías de la Francia burguesa, la perpetuación de l' Ancien Régime absolutista y de toda su anticualla de acompañamientos señoriales. Y para acotar un campo para las pertenencias de los individuos: la vida ,la libertad y la propiedad, al socaire de las intromisiones y arbitrariedades del poder monárquico.

Las relaciones entre el poder estatal y la sociedad han cambiado considerablemente desde entonces. Tanto que, en la actualidad, el verdadero poder no tiene su centro de gravedad en las Instituciones políticas sino a extramuros de ellas. El verdadero poder, el que más decisiva influencia ejerce en la conformación de las relaciones sociales, en la vigencia de valores y pautas de comportamiento, en la vida de los ciudadanos, es el poder económico. Su exhibición es permanente, tanto como su influjo sobre los gobiernos. Sin embargo, está exento de mecanismos de control y de responsabilidad. Han aprendido sus detentadores la fórmula magistral: ejercer el poder, un gran espacio de poder, sin asumir responsabilidad alguna. O, incluso, con mayor virtuosismo: tomar las decisiones, dictárselas al gobernante de turno y, más adelante, endilgarle a éste todo brote de contestación social que susciten.

Por eso tiene, a mi juicio, un gran interés la observación de las experiencias sociales que ayuden a reinventar mecanismos de contrapeso frente a las nuevas formas de poder. Porque la preservación de la libertad y la defensa de la democracia necesitan, como el aire que se respira, el control del poder desde la ciudadanía.

Muchas de esas experiencias tienen mucho de intuitivas, no poseen plena conciencia de su alcance, ni se inscriben a sí mismas teóricamente en una corriente civilizatoria de afirmación de la libertad y resistence front power. Pero lo son. Y empiezan a disfrutar de un reconocimiento y de herramientas de actuación en el campo jurídico que están cargados de de futuro. Son muy explícitos los términos que utiliza la Exposición de motivos de la Ley estatal que incorpora las Directivas europeas derivadas del Convenio Internacional de Aarhus, auspiciado por Naciones Unidas: “?la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones públicas?garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos”. Ésta es la clave: garantía de democracia, contrapeso del poder de decisión en manos de lobbys económicos que imponen sus criterios a las Instituciones y a gobiernos muy democráticamente elegidos.

Sin perder de vista estas ideas, echemos una ojeada a la sociedad canaria, hagamos de ella nuestro campo de observación, como si fuera un pequeño universo --simulación a la que nos ayuda su carácter de archipiélago superultraperiférico--, para indagar cómo funciona aquí el poder y si es compatible con la existencia de ciudadanos libres y de una sociedad democrática.

No debemos detenernos en observar exclusivamente el poder institucional, sino la estructura del poder en su conjunto. En la que el poder institucional es, aquí y ahora, sólo una pequeña rama y en ningún caso la más importante.

En los últimos años, la dimensión y la concentración del poder económico en Canarias, su agresividad y la descarada exhibición de su capacidad de marcarle la pauta a las Instituciones públicas y a los gobernantes, es palpable. Los términos en que estos días están planteando el futuro de la Reserva de Inversiones de Canarias, “sin complejos”, son un termómetro excelente de esta realidad.

El funcionamiento real del régimen parlamentario y sus dificultades para sintonizar, en determinados temas, con las preocupaciones de los ciudadanos está muy condicionado por el sistema de partidos políticos y por las listas electorales cerradas y bloqueadas, que convierten a la dirección de los partidos en el actor que define la composición del Parlamento y su subordinación estricta al Gobierno, de forma que quien debe controlar la acción del Gobierno --el Parlamento?se limita sólo a apoyar al Gobierno y secundar su programa legislativo.

La autonomía de las Instituciones está mermada. Su capacidad para representar los intereses generales, debilitada. El riesgo de que se conviertan en meros apéndices del poder económico, que se atreve con descaro a impartirles instrucciones explícitas sobre cuáles deben ser las prioridades de la acción del Gobierno y de la política presupuestaria, servido . El puente de mando de la sociedad canaria está, por tanto, donde está. Y quienes tienen en sus manos el timón, que carecen de legitimidad democrática y pretenden tutelar a quienes la han obtenido electoralmente, dan diariamente pruebas de descaro y avidez.

Con este panorama, no debe extrañar las reacciones de incomodidad que despierta en los cenáculos del poder cualquier irrupción de la ciudadanía que, ejerciendo sus derechos políticos y utilizando las garantías jurídicas propias del Estado de Derecho, interfiere en la agenda de las Instituciones tal y como viene redactada por los representantes del poder económico. Inmediatamente la estigmatizan como la “coalición del No” y la tratan de situar extramuros del sistema, simplemente porque son el eslabón del propio sistema más difícil de controlar, el gato al que no logran ponerle el cascabel.

Pero es puro sistema: lo son sus integrantes, lo son sus instrumentos de acción, lo es la legislación en que se apoyan. No hace falta sino leer la más reciente normativa internacional y europea (por ejemplo, en materia de medio ambiente) y sus fundamentos, para llegar a la conclusión de que proviene de una preocupación por la vitalidad de la democracia, por los factores que la deterioran, por la búsqueda de revulsivos, que hacen muy útil esa normativa en aquellos lugares, como nuestro Archipiélago, donde el deterioro del sistema democrático es tan evidente.

Los artículos 9.2 y 105 de la Constitución Española consagran la participación de los ciudadanos, su derecho a intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos, en el proceso de toma de decisiones que afecte a bienes o derechos de cuyo disfrute somos titulares todos. Y la legislación europea sobre acceso a la información , derecho de participación y acceso a la justicia en asuntos medioambientales es muy reveladora de una tendencia de revitalización democrática, que marca pautas de futuro para las sociedades democráticas.

Los ciudadanos han aprendido a utilizar las piezas no domesticadas del sistema. Muchos colectivos, ya sean constituidos para un asunto concreto, ya dispongan de una organización más estable o, simplemente, se trate de colectivos científicos, sanitarios, educativos o profesionales que se movilizan frente a una decisión del poder sobre asuntos que conocen en profundidad, están formados por personas cualificadas, bien relacionadas, informadas. Aptas, con mucha frecuencia, para sintonizar con el interés general (ya que no tienen una aspiración económica o una ambición política que las condicione) frente al marasmo y la debilidad de las Instituciones. Creo que aquí radica su importancia cualitativa y la hostilidad con que el stablishement del poder reacciona ante ellos.

Son, en general, personas que participan electoralmente --aunque a veces se abstengan, en señal de protesta-- , que manifiestan sus preferencias políticas e ideológicas por partidos situados dentro del sistema, que aceptan la democracia representativa y no propugnan una alternativa utópica al actual estado de cosas. Pero tienen, en muchos casos, una visión lúcida de la situación y la libertad suficiente para opinar y actuar con conocimiento de causa. Por eso son una amenaza para los que utilizan las Instituciones y los mecanismos de la democracia como una mera coartada para tapar un poder, cada vez más exento de controles, del que disfrutan como de una mera pertenencia. Un poder cada vez más irrespirable.

En la Isla de Tenerife, por ejemplo, es visible el enojo de los grupos de poder que utilizan los resortes del sistema para imponer sus intereses; pero se ofuscan sin disimulo cuando tropiezan con ciudadanos que, ejercitando derechos que la propia legalidad les reconoce y apelando a órganos judiciales o de tutela de los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, logran bloquear su hoja de ruta. Una hoja de ruta que financiamos entre todos, con impuestos que pagamos cada vez más los que no nos acogemos a los grandes trucos para no tributar que suelen utilizar los perceptores de elevadas rentas profesionales y beneficios empresariales. Y que amenaza la sostenibilidad de recursos no renovables, convirtiendo en un mero objeto de negocio la construcción de infraestructuras, que deben ser por definición un instrumento de progreso económico sostenible y de bienestar. Y no un fin en sí mismas.

Por eso es, en mi opinión, tan importante la irrupción de los ciudadanos. Ejercicio de libertades y utilización de los resortes del propio sistema, sus dispositivos legales, se está convirtiendo en un mecanismo de contrapeso cuyos resultados están a la vista. Pero, sobre todo, es un factor que revulsiona el funcionamiento de todos los demás mecanismos del sistema : pone frente a su propio espejo al poder legislativo y a los partidos políticos, permitiendo chequear cotidianamente su papel representativo ; descubre la divergencia entre amplios sectores de la opinión pública informada y la opinión publicada; activa la utilidad práctica de mecanismos de garantía, incluidos los judiciales, evitando que queden inéditos o sirvan meramente de coartada a los intereses que hegemonizan la vida social y el rol de las Instituciones.

Y, sobre todo, puede ser un correctivo muy eficaz para evitar el ambiente agobiante que se cierne desde hace demasiado tiempo sobre la democracia en las Islas y sobre las Instituciones. Es decir, irrupción ciudadana en el espacio público + utilización de resortes propios del Estado de Derecho van configurando un contrapeso bastante eficaz a la hegemonía que algunos sectores influyentes están ejerciendo sobre la vida social y sus Instituciones, un tónico para el debilitado principio de separación de poderes y, como consecuencia de todo ello, una garantía de libertad.

En toda sociedad y toda época aparecen riesgos y obstáculos frente al ejercicio de la libertad. Solamente en muy pocas ocasiones, si se contemplan con la perspectiva histórica suficiente, ha sido posible evitar esos obstáculos y ahuyentar esos riesgos. En realidad, la libertad, como la felicidad, son momentos en un piélago inmenso de autoritarismo. La lucha por la libertad se reanuda cada día. Nunca la libertad está del todo consolidada. Siempre la acecharán intereses poderosos, pasiones incontrolables, inseguridades enterradas en la condición humana. Pero en cada época, junto a los riesgos para la libertad siempre existirán medios y oportunidades para defenderla. Se trata de descubrirlos, de aprovecharlos y de aplicarles toda la energía guardada en la dignidad humana, que siempre aflora como deseo de libertad.

* Diputado socialista al Parlamento de Canarias.

Santiago Pérez García*

De La Bajada supe por una vieja foto, muy remota, en un blanco y negro gastado y con los bordes torneados. Como las de antaño. Se veían unos bailarines, con un aspecto que me recordaba a los de las fiestas de San Pedro de Güimar, que sí era una referencia muy cercana en el universo de mis primeros años.

Fue en el año 1981, después de los años azarosos de mi etapa de estudiante, cuando por fin pude venir a La Bajada de Nuestra Señora de Los Reyes. Antes, mis visitas al Hierro eran frecuentes. Casi todos los años, recién terminado el curso, nos embarcábamos en el correíllo, armados hasta los dientes con los avíos de pesca, y deambulábamos por la Isla a salto de mata, durmiendo al raso hoy aquí y mañana allí, una noche en Las Puntas en lo que entonces eran las ruinas de una especie de lonja y más tarde fue un restaurante, otras veces más abajo de La Restinga, acampados en un claro de arena entre lajiales. O a la vera del Tamaduste, donde con la marea vacía cogíamos la lombriz que nos iba a servir de carnada para seguir pescando.

En aquellos veranos remotos empecé a conocer a la Isla y a sus gentes. Y a disfrutar de la hospitalidad herreña en estado original. Una forma de ser que en otras islas empezaba a escurrirse con los vientos del crecimiento económico. En realidad éramos unos muchachos con aspecto de vagabundos. Pero éramos del país y se notaba cuando nos veían rondando por los veriles, fusil en mano, detrás de las viejas o cangrejeando. O cuando aguardábamos pacientemente al caer de la noche engodando a los sargos. O pescando catalufas en noches de luna. Cuántas veces nos acogieron y nos invitaron los herreños.

Santuario chiquito de La Dehesa. Llegada de los bailarines de Sabinosa en la madrugada. La venia ante la Madre Amada. El silencio sobrecogedor de ese instante. La llegada al cerro de la Isla en medio de la niebla, la humedad que atraviesa los cuerpos sudorosos después de la pechada monte arriba. La aparición de unos pastores septuagenarios que, después de una vida al aire libre, eran adustos, curtidos, ejemplares de una raza y un modo de vida ya por entonces en extinción. Su autoridad, recuperada de pronto a lomos de la tradición, era viva rememoración de que el Estado no existió siempre. Los de promesa, mujeres y hombres que remontaban descalzos hasta la cumbre y resistían las veredas de zahorra en los tramos de pinar y volcán que jalonan buena parte del camino. Hoy ya son sólo memoria, memoria colectiva. Los herreño-venezolanos se hacían notar en los alrededores de la Cruz de Los Reyes. Eran los tiempos del bolívar fuerte. Y con todo derecho mostraban con orgullo que, más allá del océano, habían sabido salir adelante. Sentados alrededor de los paños supe que en esta Isla el guiso de cordero y garbanzas era plato típico, lleno de evocaciones mesetarias, castellanas, remotas...

Las tradiciones se viven, se sienten, se comparten. Ayudan a sentir que no estamos solos, al reconocernos en ellas como parte de una tierra, de una gente, de una historia. Pero es difícil contarlo. Palpé, en mi primera Bajada, por doquier la religiosidad, la más profunda y originaria, la que nos ayudó desde que hubo algún atisbo de Humanidad sobre el planeta azul a afrontar el prodigio de la vida, el milagro de las primaveras y las cosechas, a refugiar nuestra fragilidad frente a las catástrofes, los huracanes, las epidemias y las sequías.

Con los años, las cosas han ido cambiando. El espectáculo va ganando la partida a lo genuino. La religiosidad antigua, la más ligada a las angustias y esperanzas de la vida campesina, ha ido cediendo terreno. Pero cada cuatro años, con recuerdos y añoranzas, con la inconfundible presencia de los herreños, revive uno aquellas primeras Bajadas. Y, durante la caminada, el transcurrir de mi propia vida, con mis miedos, mis gozos y mis nostalgias. Por eso vuelvo. Siempre volví... Y, mientras tenga resuello, volveré.

Santiago Pérez García

Y las reglas están escritas. Claro que están escritas. Está escrito que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y que actúa con pleno sometimiento a la ley y al Derecho, que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación de la Administración así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, que los jueces, magistrados y fiscales están sujetos exclusivamente al principio de legalidad?

Por eso a las personas de convicciones democráticas nos resultan inquietantes, 30 años después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, las referencias de Soria a unas reglas no escritas a las que debemos atenernos los políticos a la hora de relacionarnos. Las desconozco en absoluto. Y, si por la situación apurada a que sus propias andanzas le han conducido, esas reglas no escritas tuvieran algo que ver con alguna especie de pacto de caballeros para no denunciarnos unos a otros los abusos y corruptelas perpetrados en el ejercicio de los cargos públicos que los ciudadanos nos han confiado, a alguna variante del hoy-por-mí-mañana-por ti, a alguna especie de tácita hermandad para taparnos recíprocamente las vergüenzas, tendrá que darle las quejas a los que se consideren partícipes de esos sobreentendidos. A los demócratas, esa sórdida omertá nos parece nauseabunda.

La democracia, como el Estado de Derecho, es generosa. Aquí reside su fragilidad, pero también su grandeza y su fortaleza. Necesita reconstruir cada día su legitimidad, renovar la convicción de los ciudadanos de que es la forma de convivencia y de regular las relaciones entre el poder y la sociedad más acorde con valores de libertad y de dignidad, que son indisociables de la condición humana.

Por eso la democracia es sobre todo lucha y compromiso por la democracia. Porque nunca está del todo consolidada. Y menos en un país imaginario, España, --porque, según ciertos aliados de Soria, no existe ni como nación ni como pueblo-- que ha padecido durante siglos todas las modalidades políticas, culturales y sociales del autoritarismo. Y la manía que tienen los gobernantes autoritarios, y todas las especies y taxones del mismo género, de confundir sus propios intereses y los de sus deudos y allegados con el bien común.

La democracia y sus valores no se aprenden en un cursillo de formación acelerada. Individual y colectivamente hay que madurarlos despacio, a fuego lento. Son muy insuficientes las cuatro reglas que algunos memorizaron porque, después de la dictadura, ser demócrata se puso de moda. Y, por eso, cada vez que las cosas se complican, y no sirven las cuatro reglas, aflora la mirada siniestra del franquismo. Del que quedó atado y bien atado en las entrañas de ciertos ambientes sociales. De donde proceden algunos que han llegado al poder con la democracia. Como habrían llegado con la dictadura. Y con la misma obsesión: tomarse el poder como si fuera suyo y por siempre jamás.

*Diputado autonómico del PSC-PSOE

Santiago Pérez García*

Ni el motivo de este acuerdo son las proclamas independentistas de El Día, por estrafalario o interesado que sea su enfoque, ni la finalidad del mismo es impedir ni obstaculizar que el periódico continúe haciéndolo y expresándose como estime conveniente sobre cualquier asunto. Es un acuerdo político, adoptado --cosa poco frecuente?por unanimidad de los grupos políticos.

El periódico El Día se ha venido comportando durante mucho tiempo, especialmente ante los principales acontecimientos de la vida política de Canarias, como algo más que un órgano de información y de opinión. Ha pretendido ser un actor principal de la política tinerfeña y canaria dando instrucciones a dirigentes políticos, distribuyendo a discreción patentes exclusivas de canariedad o tinerfeñismo y, en suma, descalificando urbi et orbi a partidos políticos que representan electoralmente como mínimo a más del 50% de los canarios.

Está en su derecho. Ahora bien, cuando quien pretende dirigir conminatoriamente la política desde una tribuna periodística se aplica a la tarea de difundir consignas xenófobas, racistas o a calificar a un dictador de “gran constructor de España, al margen de sus atrocidades ”, y a vejar la imagen de una Isla y los sentimientos de sus habitantes, se expone al rechazo de muchos canarios de buena voluntad. Y de las Instituciones que los representan. Especialmente a quienes no disponen de tribunas editoriales para hacer oír su voz.

Si esas proclamas tienen o no interés para el público, si cuentan o no con muchos seguidores, son aspectos perfectamente discutibles. No suele ser acertado calibrar la gravedad y la importancia de estos mensajes por el número de sus seguidores en un momento dado. La experiencia histórica está llena de dramáticos ejemplos al respecto.

Las libertades de información y de opinión, incluidas dentro del derecho fundamental de libertad de expresión, son efectivamente condiciones de existencia de una opinión pública libre y, por ende, de una sociedad democrática. Por eso disfrutan de una posición preferente, especialmente protegida por el ordenamiento jurídico. Y, una vez constatado el interés público de informaciones u opiniones, se ensancha su campo y se reduce el de sus límites. Pero los tienen, como los tiene todo derecho.

Como en el caso de los editoriales de El Día se trata de la libertad de opinión --del derecho a difundir un pensamiento o una opinión-- y de sus límites, la entidad y la gravedad de las reiteradas expresiones editoriales han de valorarse con criterios objetivos, ateniéndonos estrictamente a su contenido.

La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no protegen ni el insulto ni la vejación a las personas ,ni a los grupos de personalidad consistente, como es el caso de la población de una Isla. Ni los mensajes odiosos, ni la apología de franquismo.

La libertad de información no protege las noticias falsas o tendenciosas, ni la libertad de opinión los mensajes odiosos o vejatorios.

Y si, con ocasión o como consecuencia de dichos editoriales, se desarrollara una “guerra mediática” o afectaran a la dialéctica gobierno-oposición en nuestras Instituciones, estas circunstancias no deben justificar ni la amplificación ni la puesta en sordina, quitándole trascendencia, de la gravedad de dichas expresiones editoriales. Como está empezando a suceder con la toma de posición de respetables comentaristas, que les restan importancia invocando estos aspectos colaterales.

Como todas las libertades y derechos tienen sus límites, franquearlos es ilícito. Y, en los supuestos más graves, puede ser delictivo. Valorarlo desde el plano estrictamente jurídico y, en su caso, sancionarlo corresponde exclusivamente al poder judicial. El Parlamento no ha invadido funciones jurisdiccionales en modo alguno con el acuerdo adoptado, que no tiene otra naturaleza, ni pretende otros efectos que los estrictamente políticos.

Puede, por tanto, el señor editorialista seguir ejerciendo plenamente su libertad. Y los paladines de su libertad de expresión sosegarse. No hay gigantes amenazadores, ni tan siquiera molinos de viento.

Estoy convencido, y lo expreso en estas líneas despojado de todo fuero parlamentario, como mero ciudadano y canario de Tenerife, que los mensajes xenófobos, racistas y los de enaltecimiento de la figura y obra del general Franco tienen sustancia delictiva. Pero ni el acuerdo del Parlamento es una Sentencia, ni un aviso de cierre, ni un amago de censura, ni quiere serlo. Ni invade el principio de separación de poderes.

Tengo mis dudas sobre si las reiteradas referencias a Gran Canaria y a sus habitantes, con toda la carga insultante y despectiva que contienen, entran en el ámbito del Código Penal. Pero ninguna de que constituyen una flagrante extralimitación de la libertad de opinión, ya que para nada contribuyen a formar una opinión pública libre ni hacen aportación alguna a la vitalidad y riqueza del debate democrático.

Y sostengo que con esas soflamas se apunta directamente a la línea de flotación de valores esenciales para la convivencia entre los canarios y para la unidad del pueblo de las Islas, que son los ingredientes esenciales de un futuro que merezca la pena. Son valores consagrados por el Estatuto de Autonomía, porque forman el cimiento esencial y la razón de ser de nuestro autogobierno. Por eso, aunque el presidente de la Comunidad Autónoma no tenga la valentía de defenderlos, el Parlamento está en su derecho y es su deber pronunciarse categóricamente como lo ha hecho.

Y reivindico, como diputado y como canario, mi libertad y considero mi deber defender alto y claro valores esenciales que otros atacan. Y de hacerlo con todos los medios que una sociedad libre pone a mi alcance: informativos, institucionales y, si fuera necesario, judiciales.

Y me sorprende a estas alturas, y vista la obcecación del editorialista en predicar su doctrina, que el Ministerio Fiscal no haya tomado cartas en el asunto, ya que está obligado a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad democrática.

*Secretario de Libertades Públicas de los socialistas canarios

Santiago Pérez García*