Tras la destitución del Presidente constitucional paraguayo, por parte del Congreso de ese país, el 22 de junio de 2012, en aplicación del denominado Juicio Político previsto en el artículo 225 de su Constitución, cuyo Senado además tenía paralizada la ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela, se aplica el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), de 20 de diciembre de 2011, que permite la suspensión temporal de Paraguay como miembro del Mercosur, hasta que se celebren nuevas elecciones. Ushuaia II prevé que “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

En dicha coyuntura, el resto de Estados Partes -Argentina, Brasil y Uruguay-, que ya habían ratificado el Protocolo de Adhesión, deciden aceptar la incorporación de Venezuela como miembro de pleno derecho del Mercosur, en Decisión del Consejo del Mercado Común -CMC- tomada en la XLII Reunión de los Estados Partes de fecha 24 de junio de 2012. Finalmente dicha incorporación se materializa en la Reunión Extraordinaria del CMC celebrada en Brasilia el 31 de julio de 2012.

Sin embargo, la no ratificación por parte paraguaya del Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), a tenor de los previsto en su artículo 11 “?Los derechos y obligaciones derivados del Protocolo solamente se aplican a los Estados que lo hayan ratificado”, obliga a que realmente en el caso que nos ocupa se aplique el Protocolo de Ushuaia de Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, de 25 de julio de 1998, que en el segundo párrafo de su artículo 5 establece que se aplicarán medidas que “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”, todo ello “en caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo”, según lo establecido en su artículo 4.

Paraguay ha presentado un recurso ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur ?TPRM-, el 10 de julio de 2012, tanto por su suspensión temporal como por la adhesión venezolana.

Desde el punto de vista constitucional la incorporación de Venezuela permite, al igual que las constituciones de los restantes Estados Partes, al preverse en las mismas la posibilidad de transferencia de soberanía a asociaciones supranacionales avanzar hacia una mayor integración de la región, dando cumplimiento al considerando del TA donde se establece que “la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”. Siendo por tanto la necesidad de ampliar el tamaño de sus mercados nacionales la principal razón que ha justificado la creación del Mercosur, frente al objetivo principal de la Unión Europea que fue básicamente alcanzar una paz duradera en el viejo continente, tras siglos de enfrentamientos bélicos entre sus países.

Así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1999, prevé en su artículo 153 que “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.”

Además, la incorporación venezolana representa un hito político para este bloque al constituir la primera ampliación y la permitir dar cumplimiento a uno de los objetivos fundacionales recogidos en el Preámbulo del TA: “el presente Tratado debe ser considerado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración de América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980”. Por tanto es un paso crucial en la integración latinoamericana.

Igualmente, la aportación de Venezuela al MERCOSUR no es menor desde el punto de vista estratégico: salida al mar Caribe, un país que da continuidad geográfica, con grandes riquezas en materias primas, débil productor pero gran consumidor, lo que favorece a la industria brasileña y, en menor medida, a la argentina. Además, desde el punto de vista demográfico y económico su contribución es notable, tanto por su superficie territorial, con casi un millón de Km2, como por su población, que se aproxima a los 30 millones de habitantes, representando 31 habitantes por Km2. Con un PIB nominal de algo menos de 240.000 millones de dólares, que supone por habitante 8.310 dólares. Con estos parámetros Venezuela se sitúa en una posición intermedia entre los países miembros.

Antes de la incorporación de Venezuela, los datos demográficos y económicos suponían: unas dimensiones de 11,9 millones de km2, con 246,1 millones de habitantes, posicionándose como el cuarto bloque comercial y el quinto PIB nominal mundial con algo más de 2,5 billones de dólares, suponiendo 10.430 dólares per cápita, en 2010.

Tras la incorporación de Venezuela la superficie del Mercosur pasa a tener 12,8 millones de Km2, con 274,9 millones de habitantes, una densidad de población de 21,5 hab/Km2, un PIB nominal de 2,8 billones de dólares, bajando ligeramente el PIB per cápita a 10.227 dólares.

Las variables extensión y población son un tanto asimétricas, dibujando un cuadro con un grupo de países muy grandes: Brasil y Argentina, con 8,5 y 2,8 millones de Km2, respectivamente; un grupo compuesto por Paraguay y Uruguay de dimensiones más reducidas, 0,41 y 0,18 millones de Km2; mientras Venezuela representa una posición intermedia con 0,92 millones de Km2. Los dos primeros suman poco más del 88% del total del territorio. En cuanto a la población, Brasil con 195,5 millones, Argentina con 40,7 representan el 86% del total; Venezuela con 28,8 millones, Paraguay con 6,5 y Uruguay con 3,4, representan el 14% restante.

La variable densidad de población es más simétrica, situándose entre el 14,6% de Argentina y el 31% de Venezuela. Brasil con un 23%, Uruguay con 1,29% y Paraguay con 15,9% ocupan posiciones intermedias. No se aprecian importantes diferencias en función de la extensión del país.

En lo concerniente a la riqueza per cápita, a precios corrientes de mercado, oscila entre los 2.833 de Paraguay y los 11.941 dólares de Uruguay, curiosamente los dos países más pequeños. Entre medias se sitúan Brasil con 10.962, Argentina con 9.089 y Venezuela con 8.310 dólares USA.

Por tanto, de acuerdo a su tamaño económico, Brasil es la primera economía del Mercosur, con un PIB nomina de 2.143.031 millones de dólares. Sin embargo, si atendemos a la clasificación a precios constantes su riqueza es la mitad, 1.096.709 millones de dólares. Siendo su riqueza por habitante de 1.900 dólares más que la argentina en pecios corrientes y de 700 dólares menos por habitantes a precios constantes.

El país de mayor riqueza relativa a precios corrientes y constantes es Uruguay, con 11.941 y 6.967 dólares, respectivamente. Paraguay representa la economía más débil del Mercosur en términos absolutos y relativos, medidos a precios corrientes y constantes. Venezuela, como en el resto de variables, ocupa una situación intermedia dentro del bloque.

Con relación a los aspectos socio-demográficos, el nivel de asimetrías más profunda se presenta en las variables alfabetismo y mortalidad infantil, lo cual está muy relacionado con la variable económica de riqueza relativa, Así, los países mejor posicionados en dicha riqueza presentan los mejores niveles en estas variables sociales, Argentina y Uruguay, con un 97,2 y 98%, respectivamente, en tasa de alfabetización frente al 88,6%, 93% y 94% de Brasil, Venezuela y Paraguay, respectivamente.

Mientras que la tasa de mortalidad infantil por mil nacimientos es del 20,18 en Venezuela, del 20.5 en Brasil y del 22,24 en Paraguay, lo cual representa más del doble de la tasa de Uruguay del 9,44 y de Argentina con un 10,52 por mil.

En cuanto al crecimiento poblacional Venezuela presenta la tasa más elevada de la región con un 1,47%, seguido de Paraguay con 1,26% y de Brasil y Argentina que se aproximan con 1,1 y 1,0% respectivamente. Uruguay se distancia del resto de socios al presentar una tasa de crecimiento poblacional de tan sólo un 0,24%.

Respecto a la esperanza de vida se mueve entre los 72,79 años de Brasil y los 77,14 años de Argentina. En una posición intermedia se encuentran la expectativa de vida de 74,08 años de Venezuela y los 76,4 y 76,41 años de Paraguay y Uruguay, respectivamente.

Para hacer frente a estas asimetrías, el Consejo Mercado Común, como órgano superior del Mercosur al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el TA, ha llevado a cabo distintas iniciativas que permitan avanzar en el tratamiento de las asimetrías descritas, de las cuales también se podrá beneficiar Venezuela.

En definitiva, Venezuela y el Mercosur se necesitan recíprocamente. Del éxito de esta nueva incorporación dependerá que Mercosur siga siendo atractivo para el resto de países de la zona, posibilitando nuevas adhesiones, lo cual redundará en una mayor proyección política y económica de la región, de cara al resto del mundo y como antídoto para el desarrollo de sus pueblos, facilitando el definitivo abandono de los seculares niveles de pobreza, así como de la crónica mala distribución de la riqueza.

Sin duda, las asimetrías analizadas en el apartado anterior suponen un reto para alcanzar una integración más profunda en el Mercosur. En este sentido se hace necesario indicar que las posibilidades de beneficiarse de la integración no dependen del tamaño de los países sino de su capacidad de organización, de especialización y adaptación de sus economías a las reglas de juego de un mercado mucho más grande que el propio, al facilitar la integración su acceso directo. Venezuela, siendo un país intermedio en todas las variables analizadas tiene una gran oportunidad si adecúa su economía a un entorno más competitivo, donde tendrá que potenciar uno de sus principales déficits: la falta de industrialización.

Si pasado un tiempo los venezolanos y los demás ciudadanos de los Estados Partes encuentran que no se benefician de los efectos positivos esperados en este proceso de integración, ésta se puede tornar un elemento frustrante al perder el proceso el empuje político y económico necesario para consolidarse y profundizarse.

En el caso concreto del Mercosur, la situación resultante ha sido el aumento de la riqueza relativa en Argentina y en Uruguay, representantes del grupo de países grandes y pequeños del bloque, respectivamente. Reforzando la tesis de que en los bloques de integración el mayor o menor nivel de desarrollo no se alcanza en función del tamaño del país sino de su capacidad de organización, de diversificación de su economía, de adaptación a los cambios, etc.

Por último recalcar que, desde el punto de vista constitucional, no hay obstáculos para que el Mercosur avance hacia una integración más plena, superando el objetivo inicial de crear un mercado común, tal y como ya ha realizado el otro gran proceso de integración regional que le ha servido de inspiración y modelo: la Unión Europea.

*Juan José Rodríguez Guerra es Máster en Unión Europea por la UNED, donde realiza su Tesis doctoral, y es profesor de Ciencia Política y Sociología en UNED-Las Palmas.

Juan José Rodríguez Guerra*

Dicha sentencia recoge, entre otras consideraciones, los siguientes extractos textuales “?al establecer una Comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones propias, de personalidad jurídica, de capacidad, con facultad de representación internacional, y más, en concreto, con poderes reales nacidos de una limitación de competencias o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad estos han limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos y creado así un corpus normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos. Considerando que esta integración de disposiciones que provienen de fuente comunitaria en el Derecho de cada país miembro y, de modo más general, los términos y el espíritu del Tratado tienen como corolario la imposibilidad en que están los Estados de hacer prevalecer en contra de un orden jurídico aceptado por ellos, sobre la base de la reciprocidad, una medida ulterior unilateral que no puede serle oponible?”, añadiendo que “... Considerando que... el Tratado CEE ha instituido un orden jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del tratado y que se impone a sus respectivas jurisdicciones... Considerando que? surgido de una fuente autónoma, el Derecho nacido del tratado no podría, en función de su naturaleza específica original, vérsele oponer judicialmente un texto interno cualquiera que sea, sin perder su carácter comunitario y sin que se pusiera en causa la base jurídica de la misma Comunidad... Considerando que el art. 37.2 contiene una prohibición incondicional que no constituye una obligación de hacer sino de no hacer...Considerando que una prohibición tan formalmente expresada, que entró en vigor con el tratado en el conjunto de la Comunidad y, por esto mismo, integrada en el sistema jurídico de los Estados miembros, pasa a ser ley entre ellos y afecta directamente a sus nacionales en beneficio de los cuales ha generado derechos individuales que los jueces nacionales deben tutelar... La Corte... declara en Derecho:... 4º) El art. 37.2 constituye en todas sus disposiciones una regla comunitaria susceptible de atribuir a los justiciables derechos que las jurisdicciones internas deben tutelar...” “Considerando que? según los términos de este artículo (art.177, actual art. 267 del TFUE) los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones, como en este caso concreto, no son susceptibles de ulterior recurso, deben plantear al tribunal la cuestión prejudicial sobre la ”interpretación del tratado“, cuando tal cuestión sea suscitada ante ellos; Que, por la vía de esta disposición, el Tribunal no puede, ni aplicar el Tratado a un caso determinado, ni resolver sobre la validez de una medida de Derecho interno con respecto al Tratado? Que se trata, pues, no de pronunciarse sobre la validez de una ley italiana con respecto al Tratado, sino solamente de interpretar los artículos mencionados más arriba a la luz de los datos jurídicos?”

Por tanto debemos deducir que la sentencia del Tribunal de Justicia de las CE, de 15 de julio de 1964, Asunto Flaminio Costa contra ENEL establece el principio de primacía del derecho comunitario sobre el de los Estados miembros. Esta sentencia basa su importancia al ser un principio no recogido expresamente en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. En este sentido, es importante resaltar que en la fallida Constitución Europea, amparada en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de octubre de 2004, sí se recogía expresamente este principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el art. I-6. Sin embargo, el tratado de reforma que supone el Tratado de Lisboa, tanto en las modificaciones introducidas en el TUE como en el TFUE, no lo menciona de forma expresa. Sí se menciona en la Declaración de la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros (CIG 6/07), celebrada en julio de 2007, en la que se marca el calendario y los objetivos de lo que había de resultar en Tratado de Lisboa, la cual dice: “...con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia”. Es más, se decidió incorporar en el Acta Final el Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre la primacía indicando que “...el principio de primacía del Derecho Comunitario es inherente a la naturaleza específica de la UE” (Documento 11197/07, JUR 260)

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia indicó que “a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE instituyó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del Tratado y que vincula a sus órganos jurisdiccionales”, por tanto supedita el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros al comunitario adquiriendo el Derecho comunitario un valor superior al de los Estados miembros, así entre otros el Art.197.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) indica textualmente“?la obligación de los Estados miembros de aplicar el Derecho de la Unión?”. Para ello, el Tribunal de Justicia, invocando los términos y el espíritu del Tratado, considera que el efecto de primacía limita el margen de maniobra de los Estados impidiéndoles hacer prevalecer un Derecho opuesto al de las instituciones europeas.

Según ya hemos indicado anteriormente, los Estados miembros tampoco pueden basarse en una norma nacional preexistente a la aprobación de un texto comunitario, si existe contradicción entre una y otro. Así, si una norma nacional es contraria a una disposición comunitaria, se aplica la disposición comunitaria. Deduciéndose por tanto que la preferencia del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional es independiente de la naturaleza de la norma comunitaria en cuestión y de lo que diga sobre ello el Derecho nacional. Incluso la constitución nacional está sujeta a este principio de primacía. En este último aspecto señalar que desde la resolución San Michele de 22 de junio de 1965, el Tribunal de Justicia ha considerado que corresponde al juez nacional no aplicar las disposiciones de una constitución que cuestione el Derecho comunitario.

Igualmente, los Estados miembros tampoco pueden alegar la norma de reciprocidad en virtud de la cual uno de ellos puede eximirse de sus obligaciones comunitarias hasta que todos los demás se hayan sometido a ellas. Es decir, un Estado miembro debe acatar el Derecho comunitario si éste es jurídicamente vinculante. En la sentencia COSTA/ENEL, el Tribunal de Justicia precisa a este respecto que el principio de primacía “tiene como corolario la imposibilidad de que los Estados miembros hagan prevalecer, contra un ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral”.

Además, el Tribunal tomó en consideración que los Estados miembros han aceptado que los Tratados y el Derecho derivado se apliquen sin discriminación basada en la nacionalidad de los particulares; pues bien, el Derecho comunitario no podría existir si se admitiese que cada Estado miembro puede, en razón de sus intereses, derogarlo o modificarlo unilateralmente, dado que ello generaría un trato desigual entre los nacionales de los Estados miembros. La primacía del derecho comunitario es, en este sentido, una característica absoluta y una condición existencial de las propias Comunidades Europeas.

El Tribunal precisó que el principio de primacía beneficia a todas las normas de Derecho europeo, tanto si proceden del Derecho primario como del Derecho derivado.

Al TJUE le compete ejercer el control de la correcta aplicación del principio de primacía. Tiene potestad para sancionar a los Estados miembros que no la respetan, mediante las decisiones que dicta sobre los fundamentos de los distintos recursos previstos por los Tratados, en particular, el recurso por incumplimiento. El Derecho europeo es en consecuencia un derecho paralelo e independiente del Derecho interno de los Estados miembros, quedando patentado en la jurisprudencia del propio TJUE.

Corresponde al juez nacional hacer respetar el principio de primacía. Éste puede, en su caso, hacer uso del recurso prejudicial, en caso de duda en cuanto a la aplicación de este principio. En la sentencia Factortame, de 19 de junio de 1990, el TJUE indicó que una jurisdicción nacional, en el marco de una cuestión prejudicial sobre la validez de una norma nacional, deberá suspender inmediatamente la aplicación de esta norma, a la espera de la solución preconizada por el TJUE y de la sentencia que el órgano jurisdiccional dicte al respecto en cuanto al fondo.

El efecto es la no aplicación del Derecho nacional. Por consiguiente, éste último ni se cancela ni se deroga, sino que se suspende su carácter jurídicamente vinculante. Las autoridades nacionales deben abstenerse de aplicar el texto en cuestión, so pena de que el TJUE condene al Estado miembro por incumplimiento.

5.- Conclusiones.

Como conclusión, señalar que a tenor de todo lo expuesto anteriormente, aun no estando expresamente recogidos en los Tratados, mediante las sentencias dictadas por el TJUE, las cuales sientan jurisprudencia, se han incorporado al acervo de la Unión, por tanto del Derecho europeo, los principios del efecto directo; de la responsabilidad de un Estado miembro por daños causados a particulares como consecuencia de una violación del Derecho Comunitario; y de primacía.

Todo ello convierte a la UE en una auténtica realidad supranacional, con atribuciones soberanas, mediante la cesión de competencias desde los Estados miembros ?se hace por atribución lo cual implica que sigue siendo el titular de la competencia y puede recuperarla mediante denuncia de los tratados-, donde se articulan los mecanismos para cumplir y hacer cumplir las propias normas comunitarias, incluyendo la capacidad coercitiva o de sanción a los Estados que no respeten el ordenamiento comunitario. Todo ello sobre la base de una serie de condiciones ya que el propio TJUE establece que, por ejemplo para la aplicabilidad o efecto directo “las obligaciones deben ser precisas, claras, incondicionales y no requerir medidas complementarias, tanto de carácter nacional como europeo.”

*Juan José Rodríguez Guerra es Máster en Unión Europea por la UNED, donde realiza su Tesis doctoral, y es profesor de Ciencia Política y Sociología en UNED-Las Palmas.

Juan José Rodríguez Guerra*

No debe confundirse, por tanto, el Derecho comunitario europeo con el Derecho de Europa, el cual hace referencia al Consejo de Europa. En este proceso, la UE se erige como una entidad supranacional con características propias y diferenciadas del Derecho internacional y del Derecho interno de los Estados miembros de la misma.

Las fuentes de las que se nutre el Derecho de la Unión Europea son de variada procedencia y naturaleza. Básicamente lo constituyen:

- Las fuentes obligatorias:

? del Derecho originario: los tratados constitutivos y los modificativos y complementarios; y

? del Derecho derivado: Reglamentos, Directivas, Decisiones. Los Actos convencionales, los Principios generales del Derecho de la UE, las Sentencias del TJUE de la UE.

- Las fuentes no obligatorias: Dictámenes y Recomendaciones.

? las fuentes sui generis:

- obligatorias: Reglamentos de régimen interno y Decisiones sin destinatario; y

- no obligatorias: Resoluciones, Declaraciones, Informas, Programas de acción común.

- las fuentes supletorias: Derecho internacional público, Derecho interno de los Estados miembros, Principios generales del Derecho, Costumbre, Doctrina científica.

Estas fuentes han permitido al TJUE colmar las carencias del Derecho primario y/o del Derecho derivado.

El Derecho primario se configura como el Derecho supremo de la UE, por el cual se culmina el ordenamiento jurídico europeo. Prevalece sobre cualquier otra fuente del Derecho comunitario, siendo el TJUE el encargado de hacer respetar esta prevalencia mediante la interposición ante él de distintos recursos, como el recurso de anulación , en cuyo caso “si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.”

Igualmente, el TJUE es competente en el recurso prejudicial, al indicarse en el TFUE que “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.”

El Derecho primario incluye esencialmente los Tratados constitutivos de las Comunidades, conformados, como se ha indicado, por el TUE y el TFUE, los cuales contienen a la vez las normas formales y materiales que constituyen el marco en el cual las instituciones aplican las distintas políticas de la Unión Europea. Por tanto, son los Tratados los que determinan las normas formales sobre el reparto de competencias entre la Unión y los Estados, basando en ellos las instituciones su poder. También establecen las normas materiales que definen el ámbito de las políticas y estructuran la acción de las instituciones en cada uno de ellos.

Por su parte, el Derecho derivado comprende los actos unilaterales y los convencionales. Respecto a los unilaterales, son tanto los indicados en el TFUE, “para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.” Como los que no figuran en dicha relación, siendo en este caso los considerados actos atípicos, como las comunicaciones, las recomendaciones y los libros blancos y verdes.

En lo que respecta a los actos convencionales, son, básicamente, los acuerdos internacionales firmados entre la Unión Europea, por una parte, y un tercer país u organización por otra; los acuerdos entre Estados miembros; los acuerdos interinstitucionales, es decir, entre las instituciones de la Unión Europea.

Por su parte, el Derecho internacional es una fuente de inspiración para el TJUE en la elaboración de su jurisprudencia, y a él hace referencia al remitir al Derecho escrito y a los usos y costumbres. Por ejemplo, para validar los acuerdos externos celebrados por la Unión Europea, para lo cual se basó en las normas del Derecho Internacional relativas al Treaty Making Power (capacidad internacional de celebrar acuerdos con terceros países y organizaciones), que se derivan de la señalada personalidad jurídica internacional que ostenta la UE.

2.- Principios generales del Derecho de la UE y papel del TJUE.

En cuanto a los principios generales del Derecho comunitario, señalar en primer lugar que éstos son fuentes no escritas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esos principios han permitido al TJUE establecer normas en distintos ámbitos respecto a los cuales los Tratados no hacen mención alguna, por ejemplo, en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea.

En ese sentido, el TJUE es una fuente formal fundamental ya que ayuda a cubrir lagunas del Derecho de la Unión. Aunque, también los tribunales ordinarios van creando jurisprudencia al aplicar Derecho de la UE, pero la interpretación del Derecho de la UE es prerrogativa del TJUE. Es por ello que está prevista la cuestión prejudicial por parte de los tribunales ordinarios de los Estados miembros, que analizaré en detalle más adelante. Por tanto, destacar que el TJUE, denominado anteriormente Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -TJCE-, ha jugado un papel crucial como moldeador de este Derecho de la Unión Europea estableciendo en su jurisprudencia una serie de características propias y definitorias como son:

- la Primacía, principio por el cual el Derecho emanado de las Instituciones de la Unión en ejercicio de su poder normativo prevalece sobre el Derecho nacional, incluidas sus constituciones. Este carácter absoluto, o de supremacía, se fundamenta en la cesión de soberanía que los Estados miembro realizan en favor de las instituciones europeas. Tal cesión sólo es posible dotando de superioridad jerárquica a la norma comunitaria en materias de su competencia, tal como se ha fijado por sentencia del TJCE -asunto COSTA/ENEL- que analizaremos más adelante. Corresponde al TJUE el control de su aplicación y la sanción al Estado incumplidor mediante el 'recurso por incumplimiento', y al juez nacional también le compete hacer respetar este principio;

- la Aplicabilidad Inmediata, representa el principio por el que el Derecho comunitario se integra en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, de manera que no necesitan de fórmula especial alguna para que sea insertado y pase a formar parte de los distintos ordenamientos jurídicos internos. Por lo tanto, el Derecho comunitario se integra por ministerio de la ley en el Derecho nacional. No se puede tratar de evitar la normativa comunitaria en base a un eventual incumplimiento del procedimiento de recepción del Estado en cuestión. No obstante, en virtud del principio de primacía, en caso de conflicto entre la norma comunitaria y la norma interna, la primera prevalece. Se desprende que es inaplicable de pleno derecho toda disposición de la legislación nacional que sea contraria a lo establecido en la legislación comunitaria. Quedó fijado por la sentencia Simmenthal del TJCE, de 9 de marzo de 1978;

- el Efecto Directo o Aplicabilidad Directa, supone el principio por el que se establece que los particulares tienen derecho a invocar ante los tribunales ordinarios las disposiciones del Derecho comunitario, e igualmente, éstas les conceden de manera directa derechos y obligaciones, garantizando así la aplicabilidad y la eficacia del Derecho de la Unión. Quedó establecido por la sentencia Van Gend y Loos del TJCE, de 5 de febrero de 1963, por la que “el Tribunal declara que el Derecho europeo no solo genera obligaciones para los Estados miembros, sino también derechos para los particulares.” La Posibilidad de Alegación se refiere a los casos en los que pese a no existir efecto directo en una norma comunitaria ésta puede ser alegada por el particular ante el juez nacional para apoyar una pretensión. Dicha posibilidad concurre en los asuntos que aquí analizamos, como también se verá más adelante;

- la Responsabilidad del Estado por incumplimiento del ordenamiento europeo, es un principio que alude a una situación en la que el Estado miembro incumple las obligaciones de transposición de una Directiva comunitaria ?o la realiza indebidamente-, lo cual genera una desprotección de los particulares por la ausencia de aplicación práctica de derechos que le corresponden acorde al ordenamiento jurídico comunitario.

El análisis del papel que se le ha encomendado al TJUE nos permitirá comprender su capacidad para primar el Derecho europeo sobre el de los Estados miembros. Así, dado el complejo entramado de relaciones económicas, jurídicas y políticas subyacentes en la creación de las Comunidades Europeas, recogidas en los Tratados constitutivos, la cuales contienen una pluralidad de normas jurídicas que se traducen en obligaciones para los Estados participantes, cuyo respeto se les impone. Desde su inicio, los autores de los Tratados constitutivos fueron conscientes de que dicha organización no podría funcionar sin la existencia de un órgano judicial dotado de todas las características propias de un auténtico poder judicial. El TJUE fue desde el primer momento un órgano único y común a las tres Comunidades Europeas, siendo una de sus instituciones. Se crea con la misión de garantizar “el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.”

Destacar que al TJUE se le encomienda no solamente asegurar el respeto del Derecho de la Unión por parte de las instituciones europeas, sino también por parte de las autoridades de los Estados miembros, y ello, además, no sólo en el plano de las relaciones entre las instituciones comunitarias, o en el de las relaciones entre Estados miembros, o aun en las de aquéllas con éstos, sino también cuando se ven afectados directamente derechos y obligaciones de particulares, sean empresas o simples individuos. En este aspecto, se indica, “Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.”

El TJUE desarrolla desde el primer momento una jurisprudencia comparable en importancia a la que tenía en sus inicios la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, ya que se funda en la consagración de su primacía sobre el derecho interno de los Estados miembros y de su aplicabilidad mediante el efecto directo. Por medio del reconocimiento y la aceptación de ambos principios, no exento de problemas por parte de los Estados y sus jurisdicciones internas, se ha logrado un sistema jurídico-institucional de carácter supranacional que tiene más que ver con una construución federal, aunque de carácter limitado, que con un organismo internacional al uso, y que extiende su manto protector no sólo a los Estados miembros sino también a las personas, sean naturales o jurídicas. Por tanto, para el Tribunal, la primacía es la regla fundamental para la existencia de la Comunidad, dado que no sólo contribuye a la integración, sino que condiciona la existencia misma de la construcción europea.

Llegado a este punto, comentamos en los siguientes apartados dos sentencias del TJUE por las que quedan establecidos los principios de efecto directo y de primacía en el Derecho europeo.

3.- El principio del efecto directo y el de responsabilidad de un Estado miembro por daños causados a particulares como consecuencia de una violación del Derecho Comunitario en el Derecho europeo.

En concreto, comentaremos cómo este principio pasa a formar parte del acervo de la Unión a través de la sentencia del entonces TJCE, de 19 de noviembre de 1991, denominado Asunto Francovich (Italia), C-6/90, más concretamente se trata de los asuntos acumulados Francovich, Bonifacci y otros treinta y tres demandantes, C-6/90 y C-9/90, establece el principio de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros por violaciones del Derecho comunitario por el cual se ha consagrado un deber de reparación de daños que abarca, en principio, la violación de cualquier norma comunitaria. Como analizaremos más adelante, serán normalmente las Directivas no transpuestas o mal transpuestas las que generarán la mayoría de los supuestos, en especial cuando sus disposiciones no reúnan los requisitos del efecto directo, como en el caso que nos ocupa (como ya analizaré más adelante, atiende a la especificidad de tratarse de personas las agraviadas).

Así, en la Unión Europea, tanto las actividades de las autoridades comunitarias como el respeto del derecho comunitario por los Estados miembros están sujetas al control del TJUE de la Unión Europea. En este último caso se fiscaliza, básicamente, a través del recurso por incumplimiento, tal y como se recoge en el artículo 258 del TFUE, “Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a ese dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al TJUE de la Unión Europea” Igualmente, el artículo 259 establece la posibilidad de interponer recurso ante el TJUE a cualquier Estado miembro que considere que otro Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, si bien ha de someter previamente el asunto a la Comisión quien emitirá dictamen motivado una vez que los Estados miembros interesados hayan podido formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. No necesitando el dictamen de la Comisión si ésta no la hubiese emitido en el plazo de tres meses desde su solicitud. El TJUE de la UE tiene la potestad de imponer el pago de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva a los Estados miembros que incumplan cualquiera de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, aparte de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del TJUE, lo cual requiere un segundo procedimiento incoado a instancias de la Comisión. Más específicamente, el artículo 260.3 recoge “Cuando la Comisión presente un recurso ante el TJUE en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias. Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer el Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión...”

Se desprende de lo indicado anteriormente que a diferencia de lo que tradicionalmente ha ocurrido en el marco de los ordenamientos internacionales, la competencia del TJUE de la Unión Europea en este ámbito es obligatoria, exclusiva y está aplicada por un organismo independiente. En este sentido, puede afirmarse sin duda que la posibilidad de resolver los recursos por incumplimiento del ordenamiento de la Unión, dictando sentencia y haciéndolas acatar, revela claramente la especificidad de la construcción institucional y jurídica de la Unión.

Por lo antedicho, la responsabilidad de los Estados miembros por violación de la normativa de la Unión puede generarse respecto a las instituciones europeas y respecto a los restantes Estados miembros. Falta otra categoría de sujetos a los que también puede afectar la responsabilidad de los Estados miembros por dicha violación del ordenamiento jurídico europeo: los particulares. En este caso el TFUE no indica nada, tal y como hemos visto en los artículos 258 a 260.

Por situar la importancia de la sentencia para el Derecho de la Unión Europea (en el momento de la sentencia conocido como Derecho comunitario o de las Comunidades Europeas), se hace necesario precisar que éste es el conjunto de normas y principios que determinan el funcionamiento, y las competencias de la Unión Europea. Se caracteriza por tratarse de un orden jurídico sui generis, diferenciado del Derecho internacional, así como del orden jurídico interno de los Estados miembros.

De lo anterior se desprende la importancia que tiene para el Derecho europeo la sentencia dictada por el TJCE, de 19 de noviembre de 1991, conocida como asunto Francovich y Bonifacci. Estos asuntos acumulados que motivaron dicha sentencia enfrentaban a Andrea Francovich, a Daniela Bonifacci y a otros treinta y tres trabajadores contra el Estado italiano, a partir de la no transposición por parte de éste de una Directiva comunitaria. En concreto, la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, la cual otorgaba un mínimo de protección a los trabajadores asalariados frente a los empresarios que se declarasen en estado de insolvencia, disponiendo que los Estados miembros tenían hasta el 23 de octubre de 1983 para adecuar la norma comunitaria a sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: en caso de insolvencia del empleador, los trabajadores perjudicados debían poder recibir de las instituciones de garantía competentes en cada Estado miembro, el pago de los créditos impagos resultantes de los contratos de trabajo, que se refirieran a la retribución correspondiente al período anterior a una fecha determinada por el propio Estado miembro. Cada uno de ellos, en virtud de los márgenes de apreciación propios de las Directivas comunitarias, tenían la facultad de optar por: a) la fecha en que se produjera la insolvencia del empresario; b) la fecha del preaviso de despido al asalariado afectado; o c) el momento en que se produjera la insolvencia del empresario o la terminación del contrato de trabajo o relación laboral producida en razón de la citada insolvencia. Correspondía pues a cada Estado miembro que, en caso de no disponer del mismo, se procediera a la creación de un mecanismo de garantía mínima para tales créditos exigibles en concepto de salarios.

En el punto 1 de la motivación de la sentencia se dice textualmente: “Mediante resoluciones de 9 de julio y de 30 de diciembre de 1989, recibidas en el TJUE respectivamente el 8 y 15 de enero de 1990, la Prefectura de Vicenza (asunto 6/90) y la Prefectura de Bassano del Grappa (asunto 9/90), plantearon con arreglo al entonces artículo 177 TCE, diversas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del párrafo tercero del artículo 189 TCEE, así como de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las alegaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p.23; EE 05/02, p.219).”

La controversia y posterior sentencia del Tribunal surge, como ya he avanzado anteriormente, porque habida cuenta que la responsabilidad de los Estados miembros por violación de la normativa comunitaria se puede generar respecto de tres categorías de sujetos: las Instituciones comunitarias, los restantes Estados miembros, y los particulares, sin embargo, el ordenamiento comunitario prevé el procedimiento para arbitrar el reconocimiento de dicha responsabilidad en los primeros dos supuestos, por vía del recurso por incumplimiento previstos en los artículos 169 y 170 TCEE (actuales 258 y 259 del TFUE), no previendo ninguna fórmula en caso de que los afectados sean particulares. Esta sentencia resuelve esta laguna, al reconocer por primera vez, el principio de responsabilidad de un Estado miembro por daños causados a particulares como consecuencia de una violación del Derecho Comunitario; y lo hace sosteniendo que el mismo resulta inherente al sistema del Tratado.

El Tribunal se apoya en la propia naturaleza del ordenamiento europeo, y en especial en el artículo 5 del Tratado de Roma (ha quedado derogado en el TFUE y sustituido, en sustancia, por el artículo 4, apartado 3, del TUE) el cual decía “...Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento del Derecho comunitario, y por consiguiente, para eliminar las consecuencia ilícitas de una violación del mismo”, por lo que afirma que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería cuestionada, y la protección de los derechos debilitada, si los particulares no tuvieran la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos fueran lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro.

El juez italiano, utilizando las prerrogativas otorgadas por el artículo 177 TCEE (actual artículo 267 del TFUE), decidió remitir tres cuestiones prejudiciales al TJCE, relativas, una, al efecto directo de los artículos 3 y 4 de la Directiva en cuestión; otra, a la responsabilidad subsidiaria del Estado respecto a los derechos de los trabajadores en el supuesto de no haber ejecutado correctamente la mencionada norma comunitaria; y la tercera referente a la determinación de la garantía mínima que, de no existir tal responsabilidad, debería quedar asegurada por la administración pública nacional en favor de los asalariados.

Es importante destacar que el aludido artículo 267 del TFUE ha dejado claro que “el TJUE de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: ...sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal”. Por su parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 258 del TFUE, se puede sancionar al Estado miembro correspondiente ante la inobservancia de la obligación de presentar cuestiones prejudiciales a través del procedimiento por incumplimiento del Tratado, lo cual constituye una violación del mismo.

Con respecto a la primera, el TJCE concluye que, si bien los preceptos citados resultan incondicionales y suficientemente precisos en lo relativo a la determinación de los beneficiarios de la garantía y al contenido de la misma, dichos elementos no bastan para que los particulares puedan prevalerse de las mencionadas disposiciones ante los tribunales nacionales, ya que no se cuenta con disposiciones suficientemente claras e incondicionales en relación a los sujetos obligados a prestar la citada garantía; no se precisa pues, la entidad del deudor de la misma. En consecuencia, el Tribunal deniega el efecto directo a los artículos 3 y 4 de la Directiva 80/987/CEE, y al no estar aún transpuesta en Italia, tal carencia de efecto directo genera en dicho país una desprotección a los particulares que debe verse subsanada.

Con respecto a la segunda cuestión planteada, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas procede al reconocimiento del principio, desconocido hasta ese momento, de la responsabilidad de un Estado miembro por daños derivados del incumplimiento de obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario. Lo hace reconociendo la existencia de una laguna en el Tratado y aludiendo al sistema de interpretación conforme a los principios generales como modo de resolver una cuestión. En este sentido dice el Tribunal que “...a falta de disposiciones del Tratado que regulen de forma expresa y precisa las infracciones del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, corresponde al TJUE en virtud del artículo 164 TCEE, pronunciarse sobre tal cuestión según los métodos de interpretación generalmente admitidos, recurriendo, en particular, a los principios generales del sistema jurídico comunitario y, en su caso, a principios generales comunes a los sistemas jurídicos de los Estados miembros”. Para descubrir la existencia de este principio de responsabilidad, que en sentencias posteriores el TJCE declara como inherente al sistema mismo del Tratado, los magistrados europeos se basan en otros dos principios propios del ordenamiento jurídico comunitario; a saber, el de la plena eficacia del Derecho comunitario, y el de lealtad comunitaria y obligación de cooperación (artículo 4.3 TUE).

En virtud del primero, el Tribunal afirma que “...el mismo quedaría en entredicho, y la protección de los derechos que reconoce resultaría debilitada, si los particulares no tuvieran la posibilidad de obtener reparación cuando sus derechos se vieran lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro”. En cuanto al segundo, recuerda el Tribunal el artículo 5 TCEE (como ya se ha indicado, derogado por el TFUE y sustituido, en sustancia, por el artículo 4, apartado 3, del TUE) que impone a los Estados miembros la adopción de “...todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión” que, por tanto, les incumben en virtud del Derecho de la Unión, entre las cuales se incluye la de hacer frente a las consecuencia ilícitas de una violación del Derecho comunitario Así, dice el Tribunal que “a falta de disposiciones del Tratado que regulen de forma expresa y precisa las infracciones del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, corresponde al TJUE en virtud del artículo 164 TCEE” (artículo derogado por el TFUE y sustituido sustancialmente por el artículo 19 del TUE) “pronunciarse sobre tal cuestión según los métodos de interpretación generalmente admitidos, recurriendo, en particular, a los principios generales del sistema jurídico comunitario y, en su caso, a principios generales comunes a los sistemas jurídicos de los Estados miembros”.

Sin embargo, para que este principio sea extensible a todo daño causado por una violación al Derecho comunitario y permita la indemnización correspondiente, el TJCE exige la concurrencia de tres requisitos indispensables. En primer lugar, que el resultado prescrito por la Directiva implique la atribución de derechos en favor de particulares; en segunda instancia, que el contenido de esos derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de la Directiva; y por último, que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afectadas. No es posible pues, continuar concibiendo una escala gradual en cuanto al incumplimiento de los Estados miembros con tres fases sucesivas: el efecto directo, la interpretación del Derecho nacional a la luz de la letra del Derecho de la Unión, y la responsabilidad del Estado por incumplimiento, dado que ésta coexiste siempre con el efecto directo y no cobra vigencia solamente ante la inaplicabilidad de aquél. Si bien, a falta de una normativa comunitaria, es en el marco del Derecho de cada Estado miembro en el que se desarrolla la reparación, el TJCE hace hincapié en que este principio es propio del Derecho comunitario y nunca puede verse menoscabado por las previsiones existentes en los Derechos internos. Así, concluye su sentencia sosteniendo que las condiciones de fondo y de forma exigidas por los legisladores nacionales en la materia no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna, ni tampoco articularse de manera que hagan excesivamente difícil o prácticamente imposible la obtención de la indemnización. En esta línea, agrega el Tribunal en sentencias posteriores, la obligación de reparar no puede limitarse a los daños surgidos con posterioridad a la sentencia que declara el incumplimiento.

Este nuevo principio de responsabilidad es aplicable a cualquier violación del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro, con independencia del poder u órgano interno por cuya acción u omisión se haya generado el incumplimiento. El Tribunal entiende pues, que el incumplimiento existe cualquiera sea el órgano cuyo comportamiento por acción o por omisión se encuentre en el origen de la infracción, inclusive, como ya sostenía en la sentencia Comisión versus Bélgica, de 5 de mayo de 1970, al tratarse de una institución constitucionalmente independiente.

Entre las Conclusiones alude a la responsabilidad del legislador nacional, sosteniendo que “una vez que existe el tipo en que consiste la acción de responsabilidad, un Estado miembro no puede alegar la naturaleza del poder público cuya responsabilidad se encuentra supuestamente comprometida para privar de ella a los particulares o incluso para poner en entredicho la eficacia del Derecho comunitario”.

Así, el TJCE declara que la responsabilidad es aplicable también, cuando el incumplimiento reprochado es atribuido al legislador nacional.

Sin embargo, recuerda que para que pueda demandarse indemnización debe analizarse con detenimiento la naturaleza de la violación causante del perjuicio, y el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que brinda para su transposición, el carácter excusable o inexcusable, la circunstancia de que actitudes adoptadas por una institución comunitaria hayan podido contribuir a la omisión, así como la adopción o el mantenimiento de medidas o prácticas nacionales contrarias al Derecho de la Unión.

Por último, indicar que el efecto directo “reviste dos aspectos: un efecto vertical y un efecto horizontal. El efecto directo vertical interviene en las relaciones entre los particulares y el Estado, lo que significa que los particulares pueden prevalerse de una norma europea frente al Estado. [Por su parte] El efecto directo horizontal interviene en las relaciones entre particulares, lo que significa que un particular puede prevalerse de una norma europea frente a otro particular. Según el tipo de acto en cuestión, el Tribunal de Justicia admite o el efecto directo completo, es decir, un efecto directo horizontal y un efecto directo vertical, o el efecto directo parcial, que se limita al efecto directo vertical.”

*Juan José Rodríguez Guerra es Máster en Unión Europea por la UNED, donde realiza su Tesis doctoral, y es profesor de Ciencia Política y Sociología en UNED-Las Palmas.

Juan José Rodríguez Guerra*

Esa es la responsabilidad de España como miembro del Euro y de su Gobierno como máximo poder ejecutivo. Otros deberían asumir sus responsabilidades, aunque sea en el ámbito donde los ciudadanos, titulares de la soberanía nacional, los han situado con sus votos en la actual legislatura. Sin embargo, el principal partido de la oposición, el PP, se empecina en ir contra corriente. Así, en un ejercicio de hipocresía política, a la que por otra parte ya nos tienen acostumbrados, se ha dedicado a tildar al Gobierno de España de “irresponsable” porque no tomaba medidas drásticas. Cuando el Gobierno las toma lo califica de “antisocial”, en un claro alarde electoralista.

En mi opinión, lo que debe hacer el PP es arrimar el hombro con el Gobierno y el resto de la sociedad española, en este gran esfuerzo nacional que las circunstancias exigen, como han hecho correligionarios suyos en el resto de Europa: caso de Irlanda, Portugal..., apoyando sin fisuras estas medidas que garantizan el cumplimiento de los compromisos de España.

Se critica que dichas medidas se tenían que haber tomado antes. Creo que hubiese sido un error ya que en plena caída habría significado un mayor ahondamiento de la misma. Este es el momento adecuado para hacer los ajustes, justo cuando se ha consolidado el proceso de inflexión, aunque esto pueda suponer un cierto alargamiento en la recuperación ya iniciada. Dicho proceso de recuperación de nuestra situación económica es inexorable. Los datos así lo dicen: el último trimestre ya ha crecido el PIB, ha aumentado la confianza empresarial, las exportaciones, la recuperación turística (primera industria del país y de Canarias), se ha frenado la destrucción de empleo, se puede dar por ajustado el sector inmobiliario (el estallido de la “burbuja inmobiliaria” ha sido responsable en gran medida del desempleo). Son los llamados “brotes verdes” que el PP no quiere ver o no quiere reconocer, y que los ciudadanos suelen percibir más tarde de cuando realmente se producen (al igual que ocurre cuando comienza una crisis, que la notan una vez que ya está instalada).

Las medidas propuestas han sido muy sensibles con la población más vulnerable. Así, de la congelación de las pensiones para el próximo año han quedado fuera las no contributivas y las mínimas. Otras medidas se toman sin afectar a la prestación social del servicio como es el caso de la reducción prevista en el gasto público farmacéutico que no se hace mediante la reducción de medicamentos ofertados a los usuarios sino sobre el precio que el Estado paga a las farmacéuticas por cada unidad suministrada al sistema público sanitario. Creo sinceramente que no se puede tachar tan alegremente de ser un plan antisocial.

*Secretario de Comunicación del PSC-PSOE de Telde

Juan José Rodríguez Guerra

El proceso comienza en 2000 con el inicio del expediente de tramitación del PGO, pero a día de hoy este documento sigue sin ver la luz de su aprobación definitiva. Impulsado por el grupo de gobierno socialista, el Plan nace para solventar una deuda histórica con los ciudadanos de este municipio, de poder disponer de un documento urbanístico a la altura de sus necesidades, como colectivo que comparte un mismo ámbito territorial, además de cumplir con un imperativo legal.

Para ello, el partido socialista creyó imprescindible iniciar los contactos oportunos con el resto de los grupos políticos con o sin representación plenaria y con los distintos colectivos sociales y económicos. Todos manifestaron su voluntad de participar y aportar ideas y sugerencias en la elaboración de un documento complejo y que por su trascendencia nos concierne a todos. Todos excepto el partido popular. Dicha formación, desde el principio, ha mantenido una postura beligerante y contraria con el modelo de ordenación que estaba proponiendo el grupo de gobierno socialista con la inestimable colaboración del resto de los colectivos. Con ese único fin, no dudaron en llevar a cabo una estrategia de acción política clara y no menos irresponsable: “?hay que trasladar a todos los vecinos de este municipio, puerta por puerta, la impresión de que el Plan General iba a afectar negativamente a sus intereses individuales?”. Y lo hacían aportando información sesgada y manipulada, con el objetivo de confundir y tergiversar los verdaderos propósitos del Plan. Incluso se atrevieron, previo pago, a formular sus alegaciones, aprovechando la ocasión para poder introducir en las mismas su discurso político. Esta desinformación buscaba, a toda costa, un beneficio político a las puertas de un periodo preelectoral.

El gobierno socialista redactó y sometió el documento a la consideración ciudadana con el convencimiento de que iba a aportar soluciones globales a los problemas ambientales y urbanísticos existente y que, en suma, favorecería, por un lado, la igualdad social, a través de un reparto más equitativo y justo de las riquezas que puedan generarse, y, por otro lado, un desarrollo económico sostenible e integrador con el medio ambiente.

El Partido Popular, por el contrario, se limitó a descalificar sin ningún tipo de juicio y con total desconocimiento de las numerosas propuestas de actuaciones públicas, que iban dirigidas a subsanar una serie de deficiencias en cuanto a la ejecución de servicios básicos y de dotaciones y equipamientos que eran y siguen siendo demandadas por los ciudadanos.

Ahora que tienen el deber de gobernar, el partido popular, tiene la obligación de impulsar la fase final de la tramitación del Plan. Sin embargo, lejos de defender un documento que, anteriormente, había sido ampliamente debatido y consensuado a través de las múltiples consultas, algunas de ellas mediante información pública, que el gobierno socialista no dudó en ampliar los plazos mínimos exigibles, se limitan a aceptar un Plan marcado por los tijeretazos impuestos por otras administraciones. Y lo hacen con el argumento de que: “?este Plan es una herencia legada por el partido socialista”. Que duda cabe que su desidia y total desinterés va a permitir que el modelo de ordenación resultante, sea cual sea, venga impuesto por “otros”, dando así la espalda a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de este municipio y de sus intereses en favor de los suyos propios.

Según información facilitada por un miembro cercano del partido popular, este Plan General “maltrecho”, deberá ser sometido próximamente a una nueva información pública con el único objetivo de cumplir un requisito legal de tramitación, condicionando así cualquier intento de abrir un nuevo debate social sobre un documento que ciertamente nos atañe a todos, y en el que se sustenta buena parte de nuestro futuro inmediato en materia social, económica y ambiental.

Aprovechamos esta oportunidad para indicarles que el partido socialista pondrá a disposición de todos los ciudadanos de Valleseco un servicio de información objetiva y honesta, con total transparencia y responsabilidad, sobre el contenido del Plan General tramitado por el grupo de gobierno del partido popular, con el firme propósito de defender y garantizar el derecho de todos, esperando con ello que sea de su interés y utilidad.

(*) Juan José Rodríguez Guerra es profesor de Ciencia Política y Sociología y secretario de Comunicación del PSC-PSOE de Telde.

Juan José Rodríguez Guerra *

De estos datos negativos de la situación socioeconómica de Canarias destaca, a parte de la tasa de desempleo que supera el 25% de la población activa, una renta media por habitante que ha pasado del 92% al 88% del PIB en los últimos cuatro años, un sector primario al que cada vez le cuesta más competir, un sector industrial enfocado básicamente al consumo interior ante el coste del transporte para exportar y con un peso muy por debajo de la media española (diez puntos menos), un sector servicios sobredimensionado (un 67% del PIB, del cual la mitad es turismo: un 33% del PIB), con unos salarios a la cola de España (por ende también las pensiones), una cesta de la compra de las más altas de España. Todo ello aderezado con uno de los crecimientos de población más espectaculares del país.

Este compromiso se ha plasmado en el denominado Plan Canarias, el cual no se plantea como un parche para superar un bache coyuntural, sino como una estrategia integral de carácter estructural, pensando en el medio y largo plazo (de ahí que se implemente a lo largo de los próximos diez años), que ayude a cambiar el modelo productivo de Canarias, diversificando su economía y ajustándola a las peculiaridades canarias de lejanía, fragmentación de su territorio y escasez de materias primas. Así como potenciando la creación de empleo, sobre todo de calidad, con una mejor formación de nuestros trabajadores. Por tanto, se va a disponer de un marco con un alcance tanto económico como social.

De forma concreta, el Plan Canarias del Gobierno de España, prevé toda una batería de medidas para la potenciación del turismo, apostando por la diversificación (de tipo de cliente, de tipo de oferta turística y de procedencia geográfica) y la calidad (que permita una mayor fidelidad de los que nos visitan así como un mayor gasto en destino) Esto supone una mejora en las infraestructuras turísticas, no seguir consumiendo suelo sino regenerando el ya consumido, una mejor atención al visitante tanto por los profesionales del sector como por la población residente (campañas de concienciación), no mezclar zona turística con zona residencial (el riesgo es que la segunda terminaría subyugando a la primera), etc.

Igualmente se pretende, en el animo de diversificar la economía, aportar por las energías renovable (tanto como fuente energética de generación in situ frente a la importación de la no renovable, como sector que genere desarrollo industrial para el consumo interno y la exportación), por la reindustrialización tanto manufacturera como de desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento (en el doble aspecto de contrarrestar el coste de la insularidad al poderse exportar por la red y no necesitar importar materia prima, así como ser una fuente de generación de empleos de calidad), por la inversión en infraestructuras, etc.

Todo esto es específico para Canarias, ya que las islas han recibido y seguirán recibiendo importantes inversiones de los distintos planes puestos en marcha por Zapatero para todo el país ante la situación de crisis, a parte de las inversiones ordinarias del Estado en nuestra comunidad autónoma.

Sin duda, este Plan Canarias del Gobierno de España promueve la cohesión social y territorial de España al actuar en una región como Canarias que, de otra manera, se alejaría irremediablemente de los valores socioeconómicos medios del país y de Europa.

* Secretario de Comunicación del PSC-PSOE de Telde

Juan José Rodríguez Guerra*

Desde junio de 2007 la competencia en radio y televisión municipal de Telde corresponde al PSOE, enmarcado en la Concejalía de Cultura. Se inicia una nueva etapa con unos objetivos tendentes a la pluralidad política, la variedad de contenidos, la transparencia y rigor en la información, la participación ciudadana, la formación, etc. En el caso concreto del medio televisivo, se conforma una parrilla de programación con trece programas de producción propia, sin incrementar por ello la partida presupuestaria, la cual se mantiene congelada desde entonces. Habiendo sido quien suscribe el coordinador de dichos medios los últimos dieciocho meses.

La Televisión Municipal de Telde ha emitido esta programación hasta el pasado 22 de julio (fecha legal del apagón analógico para Gran Canaria) coincidiendo con la emisión exclusivamente a través de Este Canal, cadena de televisión creada por los seis municipios de la denominada Demarcación de Telde (Valsequillo, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana). Estamos por tanto en una fase interina que, según lo previsto, durará hasta mediados de noviembre, comenzando entonces una nueva programación unificada y diseñada por las televisiones de estos municipios partícipes.

Para esta fase transitoria, es el momento de pedir a nuestros televidentes comprensión ante los ajustes necesarios. Aunque siempre, durante este ínterin, habrá una minoría que aún así critique la situación, unas veces por desconocimiento, otras por intereses ajenos y, en algunas ocasiones, porque respondan a la máxima “lo que no hago yo hay que criticarlo”.

Por tanto, la TV Municipal de Telde no desaparece, al menos en el actual contexto, bien al contrario, como ya he comentado con anterioridad, tendrá un papel destacado en este nuevo escenario al erigirse en productora de programas para Este Canal (al igual que las otras televisiones municipales de esta demarcación), manteniendo sus plató, su personal, sus cámaras y resto de equipamiento, en la sede de Avenida Poeta Pablo Neruda de la ciudad de Telde.

En atención al origen municipal y a la vocación comarcal de Este Canal su programación ha de conjugar programas comunes para la comarca con programas específicos de cada municipio. A buen seguro será el canal televisivo de referencia en esta zona del este y sur de Gran Canaria.

(*) Juan José Rodríguez Guerra es secretario de Comunicación del PSC-PSOE de Telde.

Juan José Rodríguez Guerra *