Y quizá deba comenzar estas notas indicando que, en mi opinión, la intervención de Oramas en el Pleno del Congreso no solo evidenció un cambio de acentos y modos con respecto al tradicional pragmatismo y oportunismo que durante varias décadas había caracterizado a CC. Reveló también la apuesta por (en realidad la vuelta a) un rancio conservadurismo centralista aderezado con no poca crispación y rechazo hacia otras opciones políticas progresistas, así como su evidente sintonía con otras opciones de la derecha y la extrema derecha. Su crispada intervención, sus desmedidas acusaciones al PSOE y a la coalición progresista, sus acusaciones hacia otras organizaciones nacionalistas, así como las vergonzantes alabanzas que posteriormente ha recibido por parte del PP, de Ciudadanos y de Vox hablan por sí solas.

Creo así mismo que su posición en este lance no solo ha sido una enorme falta de respeto y consideración para con el Consejo Político de CC que debatió la posición adoptar ante la investidura de Sánchez. Ha sido también una auténtica tomadura de pelo a las personas que, al parecer de forma «unánime», adoptaron la decisión de abstenerse. Les ha dicho, a su modo y sin contemplaciones: reúnanse ustedes y decidan lo que quieran que ya haré yo lo que me dé la gana.

Pero quizá su voto en contra no haya sido tan sorprendente e inesperado como parece. Cuesta aceptar, incluso para un observador externo, que su posición y decisión no fuese conocida por otros miembros de CC, especialmente por sus íntimos y allegados. Cuesta creer que se deba a algunas dudas «morales» pues, si fuese así, tan exigente conciencia moral debería haberle advertido que, como mínimo, estas cosas no se le hacen a nadie, y menos a tus compañeros de viaje. Y cuesta, por último, creer que su posición se deba a una ocurrencia improvisada y de última hora. En fin, lo razonable es pensar, más bien, que la decisión de Oramas forma parte de una estrategia bien meditada y compartida con otros, aunque al margen de los órganos de CC.

Y quizá la primera piedra de esa estrategia resida en el preocupante cambio de posición política que subyace a la soflama de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, esto es, en el radical alejamiento de aquella actitud pragmática –basada en la supuesta defensa de «lo nuestro»- de la que tanto había alardeado ella y CC en las últimas décadas. Incluso su campaña electoral estuvo plagada de ese recurso a través de un ataque constante al gobierno central.

No está de más señalar que quizá fuera por esta actitud por la que unos pocos han caído en la ingenuidad de confundir este constante ataque a Madrid con una posición política nacionalista, al tiempo que han creído –vana ilusión- que con tales mimbres era posible una unificación en clave progresista del nacionalismo canario. En realidad, el discurso de Oramas nada tuvo que ver con la defensa de los fueros canarios. Ni tampoco con la exigencia de cumplir con la denominada «agenda canaria». Es más, en su intervención en el Congreso de los Diputados Ana Oramas ni siquiera mencionó aquella disparatada exigencia de última hora que no era más que una excusa para justificar el NO al gobierno de colación progresista. Me refiero obviamente a la petición de una bonificación -sin ninguna discriminación según niveles de renta- de un 60% de la cuota líquida a pagar por cada uno de los contribuyentes canarios en el IRPF, así como de una igual bonificación en el impuesto de sociedades. No. Nada de eso estuvo en su intervención. De hecho, Ana Oramas realizó un discurso puramente ideológico y plenamente alineado con las posiciones de la derecha y la ultraderecha española. Hasta tal punto es así que en nada se diferencian sus posiciones de las esgrimidas por el PP, Vox o Ciudadanos.

Sin embargo, y quizá esta sea otra pieza de la estrategia de Oramas y sus allegados, en el debate de investidura la diputada de CC ha ido mucho más allá. En realidad, tras su discurso se esconde otra opción de fondo que –es fundamental retenerlo- no se discutía en Madrid o en el Congreso. De hecho se ventilará en unos meses en la propia CC. Se trata, como sabemos, del próximo congreso de CC y, en resumen, del momento en que se decidirá quién y qué línea política regirá en CC (o lo que quede de ella) en los próximos años.

Ana Oramas, y con ella Alonso, Clavijo, Bermúdez, Linares,…, son perfectamente conscientes de que detrás de las actuales tensiones en CC está una corriente de opinión interna que pretende disputarles el liderazgo y mantener la línea política de CC. Y saben también que ha sido y es esa corriente interna -en ocasiones tildada de progresista- la que prefiere una actitud más pragmática y un entendimiento con el gobierno español, sea cual sea su signo político. Saben, en fin, que ha sido esa corriente de opinión la que –en contra de sus tesis- ha apostado por la abstención en el debate de investidura de Sánchez. Pero, así las cosas, lo que esa disputa interna está evidenciando es otra cuestión sumamente importante: está poniendo en discusión quién manda en CC o, en otros términos, está poniendo en cuestión la hegemonía de ATI en CC.

Aaaah, pero eso sí que no. Hasta ahí podíamos llegar. Como reza el dicho tradicional, «con las cosas de comer no se juega». ¡De ahí la posición y el desafío de Oramas!

De la hegemonía ática en CC, de sus sibilinos modos y arteras maneras saben muchos quienes la han soportado desde hace tiempo, aunque nunca hayan querido reconocerlo públicamente. Pero de pronto se han percatado de que ahora pueden desafiarla. Pueden y parece que algunos quieren hacerlo porque hay una diferencia fundamental con respecto al pasado. Hasta hace unos meses ATI, como fuerza hegemónica en CC, repartía prebendas y canonjías aquí o acullá con tal contentar a unos u otros y preservar el control y la cabeza de CC. Pero ya no puede hacerlo. Ha sido desalojada del poder en muchos municipios, en el Cabildo de Tenerife y en el propio gobierno de Canarias. ATI ya no tiene quien le escriba pidiendo favores, ni tampoco tiene con qué responder a esas cartas y ni con qué contentar a las partes hasta ahora condescendientes. Es más, algunos se han dado cuenta de que su radical giro a la derecha y su desalojo del poder les han perjudicado seriamente. Y eso también tiene su peso y sus consecuencias.

Con todo, el problema de la CC de hoy es cómo repartir lo poco que les queda y cómo mantener o derruir la hegemonía ática, además de cómo retornar al poder. Oramas y sus aliados se equivocan si creen que la manera de mantener su dominio es imponer -incluso contra las decisiones de los órganos- su orientación ideológica y su hegemonía política y orgánica. Esa es mala medicina. Ya se ha probado y se sabe que genera reacciones adversas.

De cualquier modo, veremos cómo termina esta terapia, aunque me temo que mal pues no falta ya quien aventure que esto terminará en la fractura de CC. De hecho, hay no pocos que están a la espera de que alguno dé el primer paso para luego ellos dar los propios en esa misma dirección.

Es posible que API y CC-GC, y más aún su nuevo socio en Gran Canaria (Unidos por Gran Canaria), quieran seguir aceptando la hegemonía de ATI y acompañarla en este intenso giro a la derecha. Pero parece poco probable que lo hagan las organizaciones de Fuerteventura, Lanzarote o incluso la de El Hierro. Veremos si finalmente tienen coraje para avanzar hacia una ruptura con CC, si deciden retornar a sus organizaciones insulares iniciales o, en fin, si deciden ir cada uno por su lado aunque mantengan la cáscara de CC.

Me apresuro a aventurar sin embargo que en CC no se atreverán a sancionar como se merece a Ana Oramas. Creen que si lo hacen está asegurada la ruptura por parte de ATI. Y hasta puede –creen otros- que quizá sea precisamente esto lo que persigue la propia Oramas y sus íntimos. Por eso quizá a lo más que se atreva el Consejo Político de CC es a una sanción simbólica, o poco más para cubrir las apariencias. Tampoco creo que Ana Oramas dimita y deje su acta de diputada. Ya ha dicho que esté o no en su partido, querrá negociar con el gobierno. Es paradójico y sorprendente que más adelante quiera negociar con el gobierno de Sánchez mientras ahora no quiera apoyar su investidura. Ella sabrá cómo se gestionan tales contradicciones. En cualquier caso, como decíamos, aceptar la insubordinación de Oramas supondrá aceptar públicamente que quien decide en CC es ATI y que sus órganos colectivos no pintan nada. Si cabe, una vergüenza y despropósito aún mayor. Así pues, las cosas están que arden y están difíciles en CC.

Estas mismas tensiones y derivas de CC han animado a alguno de sus competidores políticos a manifestar su propensión a abrirle sus puertas a los disidentes coalicioneros, aunque quizá lo promuevan bajo el ropaje de aquella apuesta por la unidad del nacionalismo canario. No obstante, parece claro que tras el episodio de Oramas esa apuesta ha perdido gran parte de su aliento y recorrido. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses.

Pero si bien es posible que algo de esto ocurra, lo cierto es que lo que ya ha ocurrido (aunque no lo parezca) es otro movimiento sumamente importante por parte de ATI: la vuelta a sus esencias conservadoras e insularistas. Desalojada del poder municipal, insular y autonómico, ATI ha percibido con toda claridad que mantener sus actuales porcentajes electorales será muy difícil, y que más difícil aún será recuperar el poder en muchas de las instituciones de las que ha sido desalojada. Sus más relevantes portavoces lo saben. De hecho, están ya buscando un nuevo discurso con el que afrontar el frio de la oposición y volver al calorcito del poder. Pero ese discurso no será ni nuevo ni tampoco estará vinculado a un nacionalismo progresista con el que en modo alguno empatizan. Está por ver cómo se expresa organizativamente y hasta puede que en breve veamos la creación de un nuevo/viejo partido. Pero ya hay indicios de sobra para pensar que se tratará de un retorno al insularismo y a un rancio conservadurismo disfrazado de defensa de Tenerife. En suma, es muy probable que, por unas y otras razones, la apuesta que subyazca al discurso y los modos de Oramas en la investidura de Sánchez no signifique otra cosa que el deseo de «una vuelta a casa», al insularismo y la derecha que siempre han defendido ella y ATI. Estaríamos pues ante una nueva vuelta a casa por Navidad, esto es, ante el retorno a una derecha insularista.

Del lado de la continuidad se encuentra sin duda el nuevo “empate” entre los bloques de las izquierdas y las derechas estatales, aunque se han dado importantes cambios en el interior de cada bloque, en especial en el de las derechas. Así, en las izquierdas asistimos a otra victoria del PSOE con 120 escaños que aumenta ligeramente su ventaja respecto a UP, si bien pierde tres escaños y se queda de nuevo muy lejos de la mayoría absoluta. Podría decirse así que la estrategia electoral del PSOE guiada por el deseo de aumentar su mayoría ha fracasado estrepitosamente. Asistimos igualmente a un nuevo descenso de UP que retrocede y se queda con 35 escaños (antes 42) y a la muy débil emergencia de Más País-Equo con tan solo 3 escaños, aunque –frente a lo que se sugiere- parece que poco afectó al descenso de UP. Por su parte, en el bloque de las derechas cabe reseñar que el PP se mantiene como segunda fuerza política y recupera terreno con una significativa subida de 22 escaños (88, antes 66). Destaca también el fuerte crecimiento de la ultraderecha con los 52 escaños de VOX (28 más que en las elecciones anteriores), consolidando el fin de «la excepción española» y convirtiéndose en un partido homologado con sus socios de la ultraderecha europea. Y sobresale finalmente la imponente debacle de Ciudadanos que, tras su errática y polarizadora estrategia política así como tras su decidido giro a la derecha, desciende nada menos que 47 escaños que, probablemente, haya perdido a causa de un importante y mayoritario trasvase de votos desde Ciudadanos al PP y a Vox.  

De todo estos resultados se desprende, sin embargo, que la suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País-Equo (158 escaños) en poco se diferencia actualmente de la suma entre PP, Vox y Ciudadanos (152, añadiendo los dos obtenidos por Navarra Suma). Parece pues que en estas elecciones el empate entre ambos bloques ha sido más real que en las pasadas elecciones, pues mientras ahora el bloque de las izquierdas ha descendido 7 escaños, el bloque de las derechas ha crecido 5. Pero más allá de estos cambios internos, el empate de abril y el nuevo empate de noviembre (al igual que los empates de diciembre de 2015 y de junio de 2016) significan simple y llanamente que, dado que ambos bloques han quedado respectivamente lejos de la mayoría absoluta, ni uno ni otro podía o puede conformar gobierno por sí solo y necesitan del concurso de otras fuerzas para ello. De manera similar y como consecuencia de lo anterior, este nuevo empate entre los dos bloques sugiere la doble hipótesis, por un lado, de que el bipartidismo ha sido sustituido por el bibloquismo  y, por otro, de que -grosso modo- la movilidad electoral (el cambio de preferencias electorales de la ciudadanía) ha ocurrido –aunque no solo- entre las fuerzas políticas de cada uno de los bloques más que entre fuerzas de uno y otro bloque. La tercera de las continuidades residiría a su vez en que, una vez más, parece abrirse la posibilidad de un nuevo bloqueo para la formación de gobierno y hasta el peligro de una nueva repetición de las elecciones. Finalmente, parece que también persiste una situación en la que, de nuevo, corre a cargo de las fuerzas nacionalistas/regionalistas deshacer ese empate entre los bloques de las derechas y las izquierdas estatales.  

Hay una última continuidad que creo igualmente significativa: una vez más parece que –cerrada la posibilidad de la “gran coalición” a raíz de los mutuos vetos que se han interpuesto y, por el momento, mantienen el PP y el PSOE- sigue descartada la posibilidad de que el bloque de las derechas pueda formar gobierno mientras ocurre lo mismo con el bloque de las izquierdas que, al igual que tras las generales de abril, sí puede lograrlo, aunque para ello debe contar con diferentes formas de colaboración (coalición, acuerdo de legislatura, acuerdo de investidura) por parte de las fuerzas regionalistas/nacionalistas. Esta circunstancia, que insistimos también se dio tras las generales del pasado abril, debería llevar -tanto al PP como a Ciudadanos- a repensar en alguna medida su estrategia política basada, de una parte, en la polarización, confrontación y hasta crispación tanto con las izquierdas como con los partidos nacionalistas en especial a través del problema territorial y la cuestión catalana y, de otra, en la complicidad, blanqueo y colaboración con la ultraderecha representada por VOX asumiendo de hecho buena parte de su excluyente discurso político. De no ser así, no solo ocasionarán graves daños a la convivencia política y al propio sistema democrático. También tendrán –salvo circunstancias excepcionales o cambios importantes en las preferencias electorales de la ciudadanía- serias dificultades para acceder al poder y gobernar. Sin duda, parecía que una estrategia de este tipo era más fácil para Ciudadanos que, de hecho, nació con vocación de centro liberal y partido bisagra entre uno y otro bloque. Pero la deriva polarizadora, derechista y recentralizadora a que Albert Rivera condujo al partido (y la actual persistencia de Arrimadas y Villegas en esta estrategia) parece que cierran definitivamente la puerta a tal cambio de estrategia.

No obstante, como decíamos al principio, estas elecciones también han aportado unos cuantos e importantes cambios políticos. Uno de ellos es sin duda la realidad de un sistema de partidos mucho más plural, rico y complejo. Tanto es así que, considerando por separado las coaliciones conformadas por Podemos-IU y sus confluencias (ECP y Podemos-EU) así como por el PP y Ciudadanos (Navarra Suma) y Más País (Compromís), mientras en las elecciones del pasado abril fueron 13 las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria, ahora nos encontramos con nada menos que 19. La novedad reside en que, junto a las fuerzas nacionalistas/regionalistas que ya tenían representación (ERC, JxC, PNV, EH-Bildu, CC/NC, Navarra Suma, PRC, a las que podríamos añadir ECP y Podemos-EU), emergen ahora no solo una nueva fuerza política de carácter estatal (Más País-Equo) sino varias de ámbito regional o nacionalista (CUP, BNG, Compromís, Teruel Existe). En todo caso, nuestro sistema de partidos queda ahora conformado por 6 fuerzas políticas de ámbito estatal (tres en el bloque de la izquierda y tres en el de la derecha) y 13 de carácter nacionalista/regionalista. Este hecho alude, por una parte, a la realidad de una rica pluralidad ideológica basada en los polos izquierda/derecha-centralismo/nacionalismo, y en sus complejas combinaciones y modulaciones en la España actual. Alude también a la diversidad existente en el interior de cada uno de estos polos. De hecho, sugieren que convendría reconocer abiertamente esta pluralidad y tomar buena nota de la configuración multipolar de nuestro sistema de partidos en el que conviven derechas estatalistas y nacionalistas con izquierdas estatalistas y nacionalistas. Y todo ello no refleja más que la realidad y persistencia del sano pluralismo ideológico inherente a toda sociedad democrática, al que en nuestro caso habría que añadir la igual permanencia de la cuestión territorial o del carácter plurinacional del Estado español. 

Otro cambio significativo de estas elecciones es que han supuesto un avance en el número de escaños y en el peso político de las fuerzas nacionalistas. Esto sugiere que es posible que la estrategia recentralizadora de las derechas haya tenido como consecuencia su efecto contrario, el reforzamiento de las opciones nacionalistas/regionalistas. Pero sea como sea, sin incluir entre ellas a ECP, Podemos-EU y Navarra Suma, la realidad es que mientras en las elecciones de abril las fuerzas nacionalistas/regionalistas obtuvieron en conjunto 33 escaños, tras las recientes elecciones han alcanzado los 40. Ello ha sido posible por la emergencia de “nuevas” fuerzas (Teruel Existe, BNG, CUP, Compromís), por la mejora de las posiciones de otras (JxC, HB-Bildu), por el mantenimiento de otras (PNV, CC/NC, PRC) o por el ligero descenso de ERC que con sus 13 escaños sigue siendo, con diferencia, la mayor de las fuerzas nacionalistas. 

Esta diversidad de fuerzas estatalistas y nacionalistas nos sitúa igualmente ante la rica complejidad del sistema de partidos y sugiere que, si bien en momentos anteriores a 2015 estábamos ante de un sistema pluripartidista, tras estas elecciones parece que avanzamos decididamente hacia la consolidación de un modelo multipartidista, o incluso hacia un multipartidismo atomizado. No deja de sorprender, frente a periodos previos, que este multipartidismo esté hoy basado tanto en la diversidad de fuerzas en los bloques de la derecha y la izquierda estatales como, sobre todo, en la emergencia de fuerzas nacionalistas/regionalistas de uno u otro signo ideopolítico. Es cierto que la fuerte polarización e incluso crispación que, en su particular batalla por la hegemonía del bloque de la derecha y por el acceso al gobierno, han alentado el PP, Vox y Ciudadanos durante los últimos años pudiera llevar a algunos a creer que este multipartidismo conduce inherentemente a la inestabilidad y el conflicto. Creen en este sentido que es hora ya de acabar con este convulso ciclo político a través de una restauración del bipartidismo gubernamental, de la recuperación de la vieja fórmula de la «gran coalición», del cambio hacia sistemas electorales mayoritarios reforzados o, en fin, de una vuelta a un nuevo y conservador «consenso en el centro». 

Frente a tales deseos acaso sea mejor abrir la posibilidad de cerrar este ciclo político dando muestras de que el presente multipartidismo no solo constituye una expresión del normal pluralismo ideopolítico de nuestra sociedad. También de que puede poner fin al bloqueo y la inestabilidad institucional a través de la formación de gobiernos. Es precisamente en este sentido en el que, como ya sabemos, acaso resida la novedad más significativa tras los recientes resultados electorales. 

El tan sorprendente como rápido preacuerdo al que han llegado el PSOE y UP para la formación de un gobierno progresista de coalición merece –al menos eso creo- ser saludado con ilusión y esperanza. Sin duda, de culminar con éxito puede poner fin –como ya hemos sugerido- al peligro de un nuevo bloqueo e inestabilidad institucional, así como al riesgo de una nueva convocatoria de elecciones anticipadas que no haría más que aumentar el razonable hartazgo y hasta el cabreo de la ciudadanía con unos partidos y líderes políticos incapaces de adoptar una cultura del diálogo, el compromiso y el acuerdo en pro de los intereses de las mayorías sociales. Pero merece también alguna que otra explicación -que todavía no se ha dado- acerca de por qué tras las elecciones de abril y en mejores condiciones (165 escaños frente a los 155 actuales) no llegaron a tal acuerdo y ahora, en peores condiciones,  sí lo hacen. 

En todo caso, de concluir con éxito, el reciente preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos significaría no solo la posibilidad de articular un gobierno progresista dispuesto cuando menos a afrontar algunos de los enormes y profundos malestares sociales que aquejan a nuestra sociedad. Supondría igualmente la confirmación de que, en un sistema multipartidista como el nuestro, es posible preservar nuestra rica pluralidad ideopolítica y mantener la estabilidad político-institucional, si bien cabe recordar que la crisis de algunas de las instituciones fundamentales del Estado nada ha tenido que ver con el multipartidismo sino por el contrario con otras prácticas tan poco edificantes como la corrupción, etc.  Pero significaría finalmente el reconocimiento de que –al igual que ocurre ya en muchas de nuestras comunidades autónomas y en otros Estados de nuestro entorno- necesitamos y debemos dejar atrás el viejo bipartidismo gubernamental, la práctica de que solo uno de los dos grandes partidos (PSOE, PP) accede al gobierno y conforma gobiernos de un solo partido, aunque en ocasiones necesite el apoyo de otros partidos. De ser así se habría dado un importante paso para la consolidación del multipartidismo en el Estado español. Pero también se daría un primer movimiento en pro de la sustitución del bipartidismo gubernamental por el pluripartidismo gubernamental. 

El gobierno de coalición que, a día de hoy, promueven PSOE y UP tropieza sin duda con serias dificultades que no solo derivan de la aritmética parlamentaria o de las reticencias de algunos poderes fácticos y hasta de algunos viejos o nuevos barones del PSOE. Provienen además del contexto de polarización y crispación alentado por las derechas, de la realidad del conflicto catalán, de los graves problemas sociales que soporta nuestra ciudadanía o, en fin, de la amenaza de una nueva crisis o recesión  económica. Son problemas que sin duda tendrá que procurar superar, si bien deberá hacerlo sin renuncias sociales ni complicidades neoliberales. Pero creo por mi parte que una buena manera de fortalecer esta posibilidad quizá sea comenzar por ampliar la propia coalición que debe sustentar el gobierno de progreso que se quiere articular. Todo aconseja que esa coalición de gobierno sea, bajo formas diversas, lo más amplia posible y tenga la mayor cantidad de apoyos que se pueda. Es mucho lo que nos jugamos y no parece que la cuestión sea arriesgar esta posibilidad por uno u otro sillón. Los obstáculos son serios y queda mucho por hacer por parte de todas las fuerzas progresistas para culminar con éxito esta iniciativa. Pero seguro que vale la pena intentarlo pues, entre otras muchas cosas, quizá así podamos dar por culminado este convulso ciclo político-electoral y dar adecuado acomodo a la diversidad ideopolítica y a la pluralidad nacional que caracteriza a la sociedad y el Estado español.

Pero tengo para mí que el verdadero objetivo de esa práctica política no es otro que, entre crisis y crisis, lograr que Coalición Canaria imponga su desastroso modelo político, social, económico y cultural para Canarias. Lo significativo de esa política coalicionera de la inestabilidad, sustentada sobre los «pactos en cascada», es que quien precisamente auspicia ese tipo de pactos –Coalición Canaria- sabe de antemano que tarde o temprano (por aquí o por allá, en este o aquel Ayuntamiento) los romperá. Poco parece importarle la inestabilidad, dificultades y tensiones a que somete a muchas personas, partidos e instituciones. Su objetivo es someter al otro partido (PP o PSOE, según el caso y dependiendo fundamentalmente de quien gobierna en Madrid) a una presión pública y a una fuerte tensión interna a fin de debilitarlo o incluso desestructurarlo. De ese modo se asegura su hegemonía política, la imposición de su estrategia económica, política y social y, con ello, la satisfacción de los intereses de las oligarquías canarias a las que está vinculada, incluso orgánica y familiarmente.

Como decíamos, en esta legislatura -como siempre tras un periodo prudencial- le ha vuelto a tocar al PSOE canario, el cual parece haber decidido convertirse en el horcón ocasional de Coalición Canaria. Nada distinto de lo ocurrido en otros momentos, salvo algunos detalles. Lo novedoso es que, frente a un partido socialista canario que no ha tenido la capacidad de articular una política de pactos propia y circunstanciada ni los arrestos para forzar a CC a reconducir sus flagrantes incumplimientos, Coalición Canaria se ha visto obligada a buscar otros pretextos (críticas a la gestión de los miembros del gobierno canario del PSOE,…, y la ruptura del pacto en Granadilla como colofón) para volver a provocar la crisis de gobierno y las tensiones internas en el PSOE. Es cierto que el partido socialista canario atraviesa desde hace tiempo una larvada y tensa crisis interna. Pero también lo es que también padece una evidente indefinición respecto a qué hacer en este momento. Ahora dicen que «se ha confirmado la ruptura del pacto, pero no el divorcio», esto es, que se ha roto el pacto pero se sigue en el gobierno, al parecer hasta que el Comité Regional decida. Veremos qué hacen finalmente ante esta nueva deslealtad de CC.

En todo caso, el PSOE canario no lo tiene fácil. Es perfectamente consciente de que CC explora y explota esta política de la inestabilidad, pero sigue instalado en una lucha interna de posiciones que no hace más que agravar sus tensiones internas y debilitar sus posiciones. Desde fuera tiene uno la impresión de que la mayoría de sus dirigentes, acomodados en y acostumbrados a espacios de poder y sin un verdadero proyecto político alternativo para Canarias, no está dispuesta a dar esa batalla y opta contemporizar con esta vergonzante situación. Prefiere esta o aquella componenda o «compensación» a fin de lavar –al menos un poco- la cara del partido ante la opinión pública y seguir en el gobierno. Otros, parecen los menos, aún mantienen la esperanza de volver a situar al PSOE canario como una fuerza de izquierdas y de oposición, aunque eso suponga una cierta travesía sin presencia en el Gobierno canario y apostar por «pactos de progreso» en diversos cabildos y ayuntamientos.

Creo, sin embargo, que ni siquiera esta última opción sea una salida, al menos a largo plazo. Así parece indicarlo una crisis socio-económica que aún persiste y amenaza incluso con agravarse, la emergencia entre amplios sectores de la ciudadanía de una conciencia política más exigente, la aparición de nuevos actores en el tablero político, la dura crisis que afecta al PSOE (al estatal y al canario) y finalmente los graves problemas que afectan a gran parte de la socialdemocracia europea. Por todo ello me temo que es vana ilusión creer que se puede superar la dura quiebra del PSOE y de la socialdemocracia española -y hasta la misma política de inestabilidad coalicionera- volviendo al viejo modelo de un partido cohesionado y convenientemente moderado, esto es, de centro-izquierda. Persistir en este caduco paradigma político es perseverar en la ya artificiosa confrontación entre progresismo y conservadurismo, entre izquierda y derecha. En ese esquema casi todos los gatos son pardos. Por su misma tendencia a la convergencia política e ideológica, a la búsqueda del centro –que no de la centralidad-, ese esquema es ya incapaz de ofrecer orientaciones y propuestas claras a la ciudadanía. En fin, por esa vía solo se persiste en la confusión y la fragmentación artificial de los espacios políticos y, en Canarias, en el reforzamiento de la coalicionera política de la inestabilidad.

Dicen por ahí que, tras estos acontecimientos, la cotización de Felipe González y compañía ha subido considerablemente entre las empresas del IBEX y la caverna mediática. En verdad, se lo han ganado sobradamente. Son quienes, frente a aquel inicial «este chico no vale, pero nos vale», han concluido finalmente -tras el «no es no» de Sánchez a Rajoy y su apuesta por explorar un gobierno de cambio con Podemos- que «este chico ya no nos vale».

Pero la escasa capacidad de maniobra del PSOE –y de ahí también la irresponsabilidad de los dimisionarios y afines que han provocado esta crisis- ha dejado al PP con las manos prácticamente libres. Podrá presionar sin mayores riesgos al PSOE para que trague unos cuantos sapos (techo de gasto, presupuestos, recortes, conflicto catalán, enjuagues sobre la corrupción,…). Tanto es así que son ya varias las voces que sugieren que, pese a que ha insistido hasta  la saciedad en que unas terceras elecciones serían un desastre para el país, el PP está barajando seriamente forzarlas. Sabe que, dada la enorme debilidad del PSOE y el desinfle de Ciudadanos, podría aumentar considerablemente su ventaja y hasta rozar la mayoría absoluta. Y es posible que lo intenten, pues en el PP «donde dije digo, digo Diego», esto es, no hay más consideración que su propio interés. Veremos igualmente qué decide.

En cualquier caso, lo que sí parece incuestionable es que con la conclusión de este Comité Federal se abre un incierto periodo en la vida del PSOE, aunque en realidad todo ello estuviera ya en ciernes desde mucho antes y, al menos, desde la etapa de Rubalcaba y, sobre todo, a partir del 15M. De hecho, tras las emergencia de las fuerzas del cambio (que aspiran a transformar sustancial la actual situación social y política) y la de recambio (que con viejas piezas tan solo quiere dejarlo todo igual),  es seguro que el PSOE, casi con independencia de como gestione su actual crisis, deberá acostumbrarse –como ya viene haciendo con no pocos malestares- a una situación en la que ocupará un puesto en el tablero político mucho menos relevante que el que ha disfrutado hasta ahora. Y, si su deriva liberal conservadora se acentúa, se arriesga a jugar un papel subalterno al PP, a convertirse en muleta del PP. 

Es seguro que esta situación del PSOE se verá agravada además por el sincero y profundo sentimiento común de pena y desaliento que cunde entre parte de su militancia y electorado «por lo que le han hecho a Pedrito». Es más, cabe la posibilidad de que ese electorado se decante en el futuro por las opciones de cambio. Está por ver y seguro que dependerá en buena medida de si las fuerzas del cambio son capaces de ocupar la centralidad -que no el centro- del espectro político. Pues, dicho sea de paso, una cosa es que un conjunto de posiciones y propuestas políticas constituyan el núcleo gordiano del debate y la cultura política de un país y otra muy distinta es que giren hacia el centro para parecerse a todas las demás.

Pero, dado el contexto canario desde donde escribimos, cabe dejar dicho que aquella misma situación de subsidiariedad del PSOE respecto del PP es la que también amenaza al PSOE canario desde hace tiempo, si bien en este caso en relación  con Coalición Canaria. De hecho, su acceso al gobierno y a muchos otros espacios de poder político ha dependido en gran medida de la voluntad de Coalición Canaria. Sin duda, esto mismo es lo que está ocurriendo en la actualidad tras la enésima crisis a que CC ha sometido a las principales instituciones político-representativas canarias. Sin embargo, esto es harina de otro costal y merece una reflexión que habremos de dejar para otro momento.

Sin embargo, lo realmente sorprendente es que Rajoy, tras aceptar el encargo del Rey, no ha tardado un segundo en desdecirse. Ha añadido el importante matiz de que sólo se someterá al debate de investidura si cuenta con los apoyos necesarios. Un disparate, por varias razones.

Pese a lo expresamente previsto en la Constitución, Rajoy no solo deja en el aire el cumplimiento del encargo del Rey. También, y mucho más importante, se muestra dispuesto a no acatar el mandato constitucional al respecto. ¡¡¡Casi nada!!! Poco después de proclamarse defensor de las esencias constitucionales (y hasta expedidor de expedientes de constitucionalidad al manifestar que solo pactará con partidos “constitucionalistas”) sugiere que podría desobedecer el precepto constitucional de -una vez recibido el encargo del Rey- someterse al debate de investidura. Ya estamos acostumbrados a sus dislates, pero este es posiblemente el más grave.

Por otra parte. Rajoy proclama que solo se someterá al debate de investidura si tiene los apoyos necesarios para ello. Pero –dada la rotunda negativa a apoyar un gobierno del PP que hasta el momento han expresado Podemos y los grupos nacionalistas- esos apoyos solo podría obtenerlos de Ciudadanos y/o del PSOE. O sea, estamos en las mismas y, de nuevo, solo el PSOE puede resolver esta situación.

Ciudadanos insiste en que, a menos que Rajoy se mande a mudar, votarán no en la primera vuelta de la investidura y, en todo caso, se abstendrían en la segunda. Pero el problema está en que al PP no le basta con los apoyos directos de Ciudadanos, y menos aún con su abstención. Los votos en contra de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas impedirían su investidura.

Es evidente pues que, en las actuales circunstancias, únicamente el PSOE podrá evitar una reiteración de las elecciones. Y solo podrá hacerlo si sale de la indecisión en que está inmerso ya desde el 20D. Dicho brevemente: debe decidir si quiere facilitar un gobierno de derechas o si apuesta por un gobierno de izquierdas. Debe optar entre estar con los de arriba y facilitar un gobierno del PP (bien apoyándolo directamente y hasta formando parte del mismo o bien absteniéndose) o estar con los de abajo y arriesgarse por un gobierno de izquierdas buscando el apoyo de Podemos y negociando la abstención de las fuerzas nacionalistas o incluso la de Ciudadanos.

No es poco lo que está en juego. Y el PSOE debe despejar esta incógnita cuanto antes. Con el IBEX35 o con el pueblo. Así de sencillo.

Ya sabemos que su vieja guardia -que gobierna el PSOE en la sombra y sin dejar que Sánchez lidere el partido- opta abiertamente por un gobierno de derechas. Debe ser que valora positivamente las políticas neoliberales que tanta injusticia y sufrimiento han sembrado. O que tienen otros intereses y hasta otros amos ante los que responder. Pero sabemos que muchos otros miembros del PSOE prefieren un gobierno de izquierdas. Desde luego, los compromisos electorales del PSOE (tanto de cara al 20D como ante el 26J) así lo exigen. Pero mucho más su definición como un partido “socialista” y “obrero”. ¿O es que esto es ya cosa del pasado?

Me temo que Sánchez, presionado por todos lados, querrá acomodarse en la siempre ficticia “tercera vía”: se abstendrá en la esperanza de que Ciudadanos termine apoyando al PP. Pero si esto es lo que finalmente ocurre, surge una ultima pregunta: ¿para qué un PSOE que ni come ni deja comer?

En el Tribunal de marras comenté, entre otras cuestiones de índole académica, que la vida política actual parece haber abrazo este cinismo moderno o actual y olvidado por completo aquel modo de vida del cinismo clásico. Decía en suma que el decir y/o actuar con falsedad y desvergonzadamente parece imperar entre buena parte de la casta política española. Incluso cité –a modo de tan sobresaliente como siniestro ejemplo- al tristemente actual «trio de las Azores» o las desvergonzadas y falsas afirmaciones de José María Aznar del 13 de febrero de 2003: «el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva», «puede estar usted seguro y pueden estar seguras todas las personas que nos ven de que les estoy diciendo la verdad».

Son muchas las personas dispuestas a creer que estos son ejemplos aislados o, cuando más, comportamientos de unas pocos que ya no están en política. Sin embargo, me temo que no es así y que convendría activar las alarmas con estas prácticas y sus consecuencias. De hecho, lo que está sucediendo en estos días alrededor de la constitución de las Cortes españolas y, a buen seguro, con la negociación del futuro gobierno, nos proporciona no pocos ejemplos de lo que digo.

Por decirlo de modo resumido: de pronto, de modo sorprendente e insospechado, el PP, Ciudadanos, la antigua Convergencia y el PNV han alcanzado un acuerdo para la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado. Y en el colmo del cinismo, parece que --salvo el PP que solo reconoce «pactos puntuales»- ninguno de ellos quiere reconocerlo. La ciudadanía y no pocos contertulios radiofónicos y televisivos (que sonríen irónicamente mientras comentan las últimas noticias al respecto) se muestran asombrados por esos pactos entre partidos que tan duramente se habían criticado entre sí. Pactos que, por lo demás, es posible que sean de mayor alcance, es decir, de legislatura o hasta de gobierno, ya sea por activa o por pasiva y con participación en el futuro gobierno o sin ella.

Aunque todo ha cobrado plena expresión pública ayer martes, existen razones para suponer que venía fraguándose hace días. Quizá a partir de la reunión -sin fotos ni taquígrafo- que el pasado 13 de julio mantuvieron Francesc Homs, portavoz de la entonces Convergència Democràtica en el Congreso (ahora Partido Demócrata Catalán), y Mariano Rajoy. ¿Dónde reside, sin embargo, ese cínico actuar con falsedad y desvergüenza, además de la «sorpresa» mencionada?

Comenzando por el actor más destacado, podría decirse que mientras hasta hace unos pocos días el PP lanzaba durísimas soflamas y acusaciones contra el PSOE y Podemos ante la posibilidad de que estos llegaran a algún acuerdo con los independentistas catalanes, ahora se destapa con un sigiloso pero explícito «acuerdo puntual» con esos mismos independentistas catalanes y vascos a los que tanto vilipendiaba. En fin, mientras lo que antes constituía un gravísimo atentado contra la sacrosanta unidad de España y hasta contra la propia democracia española, ahora es plenamente aceptable. Lo que antes era motivo de anatema, ahora es un «acto de normalidad democrática». El ansia de poder, y quizá de tapar algunas conocidas vergüenzas internas, lo justifican todo.

A su vez, la Convergencia que hasta hace poco acusaba tan airada como fundadamente al PP de utilizar las «cloacas» del Estado para dañar a CDC y atacar al independentismo, ahora alcanza con el PP un oscuro, interesado y nada explicado pacto (de hecho lo niega, pese a la votación realizada y los beneficios prometidos) para la constitución de la Mesa del Congreso. Gracias a ese pacto el PP obtiene la Presidencia y el control de la Mesa, pero se compromete a su vez a ser «todo lo generoso que sea necesario» para que Convergencia pueda tener Grupo Parlamentario propio (de hecho ya lo ha dicho públicamente). Nada, pelillos a la mar. Si en un momento anterior CDC decía que, bajo el amparo de la famosa Operación Térmyca dirigida por el Ministro Fernández Díaz, se quería derribar a CDC y al proceso catalán, ahora se cree que llegar a un acuerdo con el partido de la corrupción, las cloacas del Estado y el centralismo trasnochado es aceptable. Y me temo que el «acuerdo» no se quedará en esto, pues existen otros intereses y problemas compartidos entre PP y CDC en los que el apoyo mutuo será necesario. Lo veremos en el futuro.

Por su parte, también Ciudadanos se había mostrado férreamente de acuerdo con el discurso del PP ante cualquier acuerdo con los independentistas, pero ahora apoya igualmente –aunque, eso sí, de tapadillo y sin querer reconocerlo de forma pública- ese mismo acuerdo puntual para la composición de la Mesa en el que estaban los independentistas que «quieren romper España». Deber ser que no votaron la composición de la Mesa. Pero lo de Ciudadanos tiene más miga. Por una parte, mientras antes llegó a un acuerdo con el PSOE ahora, sin mayor explicación, lo hace con el PP; por otra, mientras que antes decía que solo hablaría de reformas políticas y no de sillones, ahora firma un acuerdo en el que nada hay de propuestas o reformas; y, por último, mientras hasta hace poco acusaba a Podemos de «pensar solo en los sillones» y no se cansaba de insistir en que ellos jamás participarían en la lucha por cargos y sillones, ahora se descuelga con un reparto vergonzoso por el que obtiene cargos y sillones que en modo alguno le corresponderían.

En fin, es innecesario extendernos en más comentarios, aunque lo del PSOE es también para echarle de comer aparte. Sin duda, son muchas más las triquiñuelas e incoherencias que se cuecen entre bambalinas. Sería deseable que todos y cada uno de estos partidos expliquen ante la opinión pública y ante sus respectivos afiliados o militantes este tipo de «desvergonzados» acuerdos. Y «desvergonzados no porque no sean posibles o incluso legítimos sino, por el contrario, porque implican una flagrante contradicción entre lo que se decía y prometía y lo que se ha hecho y pactado. Es seguro que recurrirán a la tan cacareada idea de la necesaria estabilidad de las instituciones, del normal funcionamiento de la democracia, de la locura de unas terceras elecciones,…, Incluso recurrirán a otras filigranas y triquiñuelas como la última de Ciudadanos: amenaza con votar en contra de Rajoy si «huelen algún pacto con los independentistas», aunque en realidad saben que el acuerdo ya se ha establecido y ejecutado, al menos en parte. En realidad, otro ejercicio de cinismo.

Todo ello y mucho más estará en su argumentario. Pero, son tantas las mentiras o, cuando menos, tan grandes las contradicciones entre lo que se decía y lo que finalmente se ha pactado que sobran razones para que la ciudadanía se muestre más que indignada. Y me temo que existen indicios razonables para sostener que lo que en realidad está ocurriendo en la política española, más allá de estas batallitas pre y poselectorales y más allá de honrosas excepciones, es que este moderno tipo de cinismo se está asentando cada vez más. Y esto, a su vez, está generando (en realidad profundizando) un enorme deterioro en la vida político-institucional española. Es inaceptable que quienes supuestamente nos representan se comporten con tal desvergüenza. Y frente a ello no se me ocurre más que reivindicar la suprema importancia de cierta coherencia y máxima honestidad política, además de la indignación pública y colectiva por este tipo de prácticas.

Varias cuestiones han quedado en evidencia en este ciclo electoral para Canarias. En primer lugar, la escasa relevancia que las cuestiones canarias siguen teniendo en las dinámicas políticas estatales. En segundo lugar, el debilitamiento que han sufrido en los últimos procesos electorales las opciones políticas hegemónicas canarias a favor de las nuevas fuerzas del cambio. Finalmente, las limitaciones de las opciones políticas de cambio para configurar un espacio común, abierto y plural, que integre a un número amplio de las realidades sociopolíticas que se han ido configurando a medida que avanzaba el ciclo de protesta (2011-2014) y el ciclo electoral (2014-2016), como base para ganar espacios institucionales y romper la hegemonía de las élites dominantes insulares. Es por ello, que la apuesta por una amplia confluencia electoral para el 26J de las opciones del cambio es un imperativo político para quienes aspiramos a cambiar decididamente la dinámica política canaria.

Desde una perspectiva electoral, esta confluencia podría suponer la suma de voluntades y votos necesarias para ganar las elecciones y ser primera fuerza electoral. Pero sabemos por experiencia que para eso la suma de siglas es insuficiente. En las elecciones uno más uno no suelen ser dos. Hace falta mucho más. Hacen falta todos los que faltan cuando se trata de impulsar un movimiento de cambio que pretenda influir más allá de las elecciones. Por esto mismo, pensamos que de lo que se trata es de hacer un movimiento rápido y convencido que implique la incorporación y avance de diferentes actores políticos hacia un espacio común, con el objetivo de aglutinar una mayoría social y política en Canarias sobre la base de los derechos humanos, la democratización, el nuevo municipalismo, los movimientos sociales y la singularidad de Canarias. Es preciso generar una alianza proyectada hacia el futuro que esté en condiciones de ser la fuerza más votada como primer paso para romper la hegemonía de las élites dominantes insulares y redefinir la centralidad política canaria. Esto es especialmente importante dado que tras décadas de hegemonía del nacionalismo conservador, Canarias sigue a la cola de todos los indicadores socioeconómicos, está por debajo de la media en la financiación y sigue sin desarrollar un marco competencial que dé respuesta a nuestras necesidades particulares.

En este momento se hace imprescindible, por tanto, la construcción de un amplio movimiento popular desde abajo, arraigado local e insularmente, que amplíe el espectro social y político y albergue la enorme pluralidad y complejidad de los proyectos del cambio en las islas. Una propuesta para Canarias desde Canarias, que conecte al archipiélago con la vocación plurinacional existente en las nuevas opciones políticas progresistas de todo el estado.

Por todo esto, aunque vemos con buenos ojos la posibilidad de un acuerdo estatal entre Podemos e IU para las próximas elecciones, pensamos que en Canarias dicho acuerdo ha de ser más amplio. El cambio que necesitamos en Canarias implica un esfuerzo y un movimiento mucho más abierto, plural e integrador, que acoja en su seno el amplio abanico de opciones que dan vida al cambio actualmente en nuestras islas. Con Podemos y liderado por Podemos, porque es la referencia indiscutible del cambio político en España. La herramienta política y electoral más poderosa con la que hemos contado. Es impensable la construcción de cualquier propuesta electoral sin contar con Podemos. Con Izquierda Unida Canaria, porque durante muchos años ha sido muro de contención frente a un bipartidismo que concentraba cerca del 90% de los votos, planteando propuestas transformadoras que hoy por hoy son compartidas por una mayoría social. Con Sí se Puede, porque es la fuerza política de base municipalista más importante de las que representan el cambio en Canarias, que adelantó muchos de los elementos discursivos, políticos y organizativos que están ahora presentes en Podemos (empezando por el mismo nombre), contribuyendo decididamente a situar a Podemos en el lugar que hoy ocupa en Canarias. También, por sus importantes vinculaciones con el activismo social y cultural alternativo que es garantía de los de abajo. Con Equo, que representa a todos esos sectores importantes en Canarias que defienden ideas ecologistas, de democratización y protagonismo ciudadano tan importantes para un proyecto de cambio ecosocial. Con Alternativa Ciudadana de Lanzarote, por su experiencia sociopolítica de resistencia, denuncia y coherencia en una isla arrasada por la corrupción y el clientelismo. Con todas las opciones municipalistas que apuestan por el cambio, unas con más recorrido y otras más recientes, que aspiran a devolver la política a lo cotidiano, a situar a sus ayuntamientos al servicio de la gente y con el protagonismo de la gente, porque además son la garantía y la base de un proyecto de cambio realmente arraigado, cercano y conectado con la ciudadanía canaria.

Son muchos los actores y muchas las voluntades a sumar. Es por ello que insistimos sería un error político plantear la confluencia solo en clave electoralista, en base a la suma de votos que en las últimas elecciones obtuvieron Podemos e IU. Está por ver cómo interpretan muchos ciudadanos la falta de acuerdo para conformar gobierno. Las mismas encuestas que inducen a cierto optimismo electoral, señalan que la desconfianza, el escepticismo o el desencanto han ganado terreno entre mucha gente. Ganarse a estos sectores es imprescindible y, en estos momentos, existen amplias expectativas de que esa confluencia canaria de cambio pueda resultar ilusionante y tenga un efecto multiplicador sobre mucha gente. Y conviene advertir, también, que una mala gestión de este proceso puede suponer un duro golpe si las cosas no se hacen acertadamente, es decir, de manera abierta, incluyente, generosa y acogedora, respetando identidades, la presencia de siglas o no siglas, sumando decididamente a todos los actores y otorgándoles protagonismo, contando con la gente en cuestiones sustanciales. No es difícil, se requiere conectar con esa amplia demanda y esas expectativas presentes en mucha gente.

Pero el próximo 26J nos jugamos mucho más que ganar electoralmente en Canarias. Nos jugamos desde ya la posibilidad de que después de cinco años de protestas continuadas en defensa de nuestros derechos y libertades, resistiendo a las políticas de contrarreforma y tras tres citas electorales ganando presencia en las instituciones, cerremos el ciclo con opciones de disputar la hegemonía política y cambiar decididamente la política canaria . La confluencia de cambio para ganar las elecciones en Canarias es solo un medio. Un medio imprescindible, para construir un proyecto de hegemonía popular cargado de futuro.

Y no es para menos pues, al margen de su enrevesada y hasta oscura historia marcada por inefables «pactos», el conjunto de normas que hasta el presente han regulado la elección del Parlamento canario (el sistema electoral canario) ha tenido no pocas y perniciosas repercusiones no solo sobre el pluralismo político y la calidad de la democracia en Canarias. También sobre la composición del propio Parlamento canario y, en consecuencia, sobre la elección y orientación del gobierno canario. Para muestra un botón de las últimas elecciones autonómicas: mientras Colación Canarias obtenía 11 de sus 18 escaños con poco más de 34.700 votos (2 por El Hierro con 2.503 votos, 3 por Fuerteventura con 9.886 votos, 3 por Lanzarote con 10.009 votos, y 3 por La Palma con 121.407 votos) la opción política representada por Ciudadanos se quedó sin representación parlamentaria pese a que había obtenido 53.981.

Por otra parte, pese a las interesadas afirmaciones acerca de sus beneficiosos efectos para la estabilidad política y el progreso económico canario y, en particular, pese a las recientes afirmaciones acerca de sus positivas consecuencias para el desarrollo de las islas «no capitalinas», lo cierto es que nada de ello parece cierto. Respecto a la primera cuestión -la estabilidad del gobierno- basta recordar las ya crónicas rupturas de los pactos de gobierno en Canarias. Respecto de la segunda –el progreso económico- tan solo hace falta mirar hacia los porcentajes de desempleo, desigualdad, pobreza y exclusión social que soporta Canarias, hacia sus diferencias con otras Comunidades Autónomas y, en fin, hacia las diferencias entre las islas no capitalinas y las capitalinas. De cualquier modo, parece pueril atribuirle a un sistema electoral la responsabilidad de las desastrosas políticas y económicas desplegadas en el Archipiélago, pues tal responsabilidad le corresponde a quienes han mal-gobernado tanto en Canarias como en el Estado durante las últimas décadas.

Pero, sea como sea, lo cierto es igualmente que por unas u otras razones el debate sobre el sistema electoral canario está servido. Y lo peculiar del momento actual es que se ha traslado desde la calle al propio Parlamento canario a raíz de la creación de una Comisión Parlamentaria al efecto. Sin embargo, tengo para mí que en ella no son pocos los interesados en reducir el debate a este ámbito institucional y, al mismo tiempo, limitarlo a un par de aspectos del mismo y obviar así la discusión sobre muchos otros. De ahí que el principal propósito de este breve texto sea, como sugiere su título, apuntar algunas ideas para «ampliar el debate».

Las discusiones sobre la reforma de nuestro sistema electoral se han librado siempre en dos frentes, cada uno de los cuales posee diferente tramitación, alcance y complejidad. El primero de ellos, al que llamaré la «vía estatal», consiste en la posibilidad siempre abierta de que el Parlamento de Canarias promueva una Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en la que se incluyan, junto a muchas otras propuestas, algunos artículos o normas sobre el sistema electoral canario. El segundo, al que designaré la «vía canaria», es la posibilidad -abierta por la ya eternamente transitoria Disposición Transitoria Primera de nuestro Estatuto de Autonomía- de una Ley del Parlamento canario al efecto. De hecho, si bien ha quedado paralizada por el fin del mandato del anterior Parlamento estatal y las recientes elecciones generales, la «vía estatal» ya fue promovida en la anterior legislatura parlamentaria a raíz de la aprobación por el Parlamento canario –a iniciativa del PSOE y CC- de una propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía en la que se incluían algunas disposiciones sobre el sistema electoral canario. En todo caso, esta es una «vía lenta» en tanto conlleva un proceso de tramitación largo y complejo, pues toda reforma estatutaria conlleva una compleja discusión sobre muy diversos aspectos del Estatuto de Autonomía de Canarias y depende, finalmente, de la voluntad política del Parlamento español.

La segunda vía -la de una Ley del Parlamento de Canarias- es sin duda mucho más rápida y específica, aunque con alcance algo más limitado debido a lo estipulado en algunos de los artículos de nuestro Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, es también obvio que –de existir voluntad política para ello y más allá de las diferentes estrategias de cada partido- ambas «vías» pueden complementarse, pues nada impide combinar ambas vías de modos diversos y, por ejemplo, que una propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias incluya algunas normas generales sobre el sistema electoral canario y que la Ley del Parlamento de Canarias contenga el resto de normas de dicho sistema electoral. En realidad es seguro que ambas vías son necesarias, al menos si se apuesta por una reforma en serio y se abandona la calculada transitoriedad en nos han instalado desde la aprobación del Estatuto de Autonomía d Canarias en agosto de 1982.

No obstante, tanto para la «vía estatal» como para la «vía canaria», así como para la amplitud del debate sobre ambas, creo de sumo interés indicar que tanto la Constitución española (artículo 148.1.1º) como la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG, Disposición Adicional Primera), así como hasta algunas sentencias del Tribunal Constitucional, establecen y reconocen a las Comunidades Autónomas -y, por tanto, a la Comunidad Autónoma Canaria- una amplia capacidad de regulación en lo que se refiere al sistema electoral por el cual ha de regirse la elección de su Parlamento. En realidad, la Constitución tan solo obliga a que las Asambleas Legislativa Autonómicas sean elegidas (art. 152.1) «por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio». Estos dos mandatos constitucionales son importantes, pero sin duda dejan un amplísimo margen de decisión al poder legislativo canario para reformar y hasta transformar sustancialmente el actual sistema electoral canario. Por su parte, las prescripciones de la LOREG no serían aplicables al sistema electoral canario más que –como ha sido hasta ahora- como norma supletoria dado el interesado desinterés del legislador canario en ejercer su potestad legislativa a estos efectos.

Así, en el marco de la «vía estatal» lo realmente importante a estos efectos es que nada impide al Parlamento canario cumplir estrictamente con aquellos dos mandatos constitucionales y proponer un sistema electoral que aborde los aspectos que seguidamente destacamos, si bien aquí los concretamos en propuestas precisas a fin de evitar reiteraciones posteriores. Podría configurarse así un sistema electoral canario que: 1.- establezca el sistema «directamente» proporcional de reconversión de votos en escaños o, en suma, sustituir la actual aplicación de la Ley D´Hondt  por un sistema de representación directamente proporcional según el cociente o método Hare/Niemeyer, esto es, de división de los votos válidos por el número de escaños a distribuir para obtener así el cociente de atribución de escaños y, si fuese el caso, asignar los escaños sobrantes por orden de resto mayor; 2.- mantenga el actual número de escaños parlamentarios, aunque también podría ampliarse o reducirse; 3.- constituya, junto a las actuales circunscripciones insulares, una nueva circunscripción autonómica a la que sea asigne la amplia mayoría de los escaños a distribuir; 4.- en combinación con lo anterior y la circunscripciones insulares, aborde la posibilidad de establecer una segunda cámara representativa de las islas; 5.- instaure el sistema de listas cerradas desbloqueadas o el de listas abiertas en sustitución del sistema de listas cerradas; 6.- que establezca además las listas cremallera; 7.- elimine las actuales barreras electorales o, en todo caso, las reduzcan a una única barrera del 3% para ambas circunscripciones; 8.- limite a dos el número de mandatos del Presidente/a del Gobierno y a tres el número de mandatos de los/as parlamentarios/as; 9.- prohíba que los/as parlamentarios/as canarios/as puedan compatibilizar el ejercicio de esta función representativa con cualquier otra tipo de representación política; 10.- instaure y regule la figura del revocatorio para todo parlamentario/a; 11.- elimine sus actuales privilegios jurídicos; 12.- establezca una norma general –pero `precisa- para la determinación de sus salarios y reduzca sus retribuciones adicionales estrictamente a las dietas; y 13.- limite severamente o, incluso, prohíba la posibilidad de compatibilizar el ejercicio de la función parlamentaria con otras actividades o representaciones privadas o públicas.

Por su parte, la «vía canaria» también ofrece amplias posibilidades, aunque como ya se ha dicho algo más limitadas por lo dispuesto en el articulado de nuestro Estatuto de Autonomía. A través de ella podrían modificarse todos los anteriores aspectos de nuestro sistema electoral, a excepción de aquellos que se contradicen con lo señalado en el artículo 9.3 (que establece que el número de escaños del Parlamento canario será entre 50 y 70), el artículo 9.4 (que configura la isla como circunscripción electoral) y el artículo 10.3 (que garantiza la inviolabilidad de los diputados por cuestiones de opinión, pero al mismo tiempo introduce el privilegio jurídico de ser inculpado, procesado y enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias) de nuestro Estatuto de Autonomía.

A mi modo de ver y al margen de la formulación concreta que les he dado, todos y a cada uno de estos aspectos (y es posible que algunos otros) podrían y deberían estar presentes en todo debate serio y de alcance sobre la reforma de nuestro sistema electoral a través de la «vía estatal» o de la «vía canaria». De hecho, también podrían servir para una discusión y reforma del sistema electoral estatal. En todo caso, de esta forma podríamos realizar un estimulante esfuerzo orientado para avanzar hacia un sistema electoral canario más proporcional, pluralista y representativo.

Estamos ante la "novedad" de un momento excepcional, de posible transición de lo viejo a lo nuevo. Un momento en el que dar respuesta a la clásica pregunta de "¿qué hacer?" es necesario pero, al tiempo, difícil y arriesgado

Hasta hace algunos años -quizá hasta poco antes de la emergencia del 15M en la primavera del 2011- debatíamos por extenso acerca de lo que en términos ya clásicos se denominó «la crisis de la izquierda». Una somera lectura de algunos de los ensayos que se publicaron desde la década de los 80 hasta el 2010 nos podría dar una idea más o menos aproximada de la amplitud y alcance de aquel debate. Pero también muestra la sana preocupación que por entonces existía entre amplios sectores de la izquierda, de un lado, por el presente y el futuro del socialismo ante el incuestionable triunfo del neoliberalismo y sus trágicas consecuencias sociales; de otro, por los efectos del derrumbe del denominado «socialismo real»  y la tan cacareada como falsa ausencia de alternativas al neoliberalismo; y, finalmente, por el declive de la socialdemocracia o, más exactamente, del «socialismo electoral» (A. Przeworski) y su redefinición del programa socialdemócrata para adaptarlo a la nueva situación, algo que en términos tristemente famosos se convirtió en una fracasada «tercera vía».

En todo caso, bajo aquel debate sobre la crisis de la izquierda –con diferentes matices en torno a su muerte, su desorientación o su refundación- se agrupaban cuando menos tres grandes problemáticas: 1.- la crisis de la misma idea o concepto de «izquierda» (¿qué se entiende por izquierda?, ¿cuál es el futuro de la izquierda?) o, más aún, ¿tiene sentido hoy la distinción izquierda-derecha?,; 2.- la crisis del marxismo, del comunismo y/o del «socialismo realmente existente» (¿qué queda –tras la caída de la URSS- del proyecto comunista?, ¿qué significa hoy ser comunista?,¿tiene el comunismo algún futuro?); y 3.- la crisis de la socialdemocracia en sus diversas variantes (¿estamos ante el fin de la socialdemocracia?, ¿cómo puede redefinirse –si es eso posible- el programa socialdemócrata?, ¿sigue siendo el «socialismo electoral» una opción realmente socialdemócrata?).

Pero si bien en aquel momento (entre los 80 y el 2010) se debatía en torno a la crisis de la izquierda, lo cierto es que hoy por hoy -o, por poner movimientos y fechas de referencia, tras el movimiento antiglobalización, la primavera árabe de 2010 y el 15M- debatimos acerca de la emergencia de un nuevo discurso y diferentes opciones políticas que pretenden constituirse en germen de una alternativa a la hegemonía neoliberal. Es esta una nueva realidad que nos coloca, como en diferentes momentos se ha dicho, ante un «cambio de época y de espacios socio-políticos». Una realidad que hace ineludible repensar –una vez más- el presente y futuro de las alternativas populares a los poderes y discursos establecidos.  Y ello ha de hacerse en «tiempos difíciles» pues en el caso de España -aunque también en muchos otros Estados del Occidente europeo (Grecia, Portugal,…)- padecemos las durísimas consecuencias de una crisis que, sin duda, ha puesto en cuestión los fundamentos del contrato social actualmente vigente.

Esa crisis se ha manifestado –por remitirnos a algunas de sus dimensiones más relevantes-en lo social, en lo económico y en lo político. En sentido social, basta con recordar los insoportables niveles de desempleo (más del 25% y hasta superiores al 30% en determinadas comunidades, acompañado de elevadísimos índices de desempleo juvenil,  del aumento constante de familias bajo el umbral nivel de pobreza,  de los enormes y creciente niveles de desigualdad y exclusión social o, en fin, en la existencia de amplios sectores de la población que carecen de los recursos y derechos básicos (agua, luz, alimentación, vivienda,…), etc. A nivel económico poco se precisa decir a tenor de las consecuencias de la crisis económica ocurrida a partir del 2008 (concentración del poder económico en unos pocos oligopolios financieros, empresariales, mediáticos, alimentarios,…, destrucción de la pequeña y mediana empresa, terciarización de nuestra economía, creciente dependencia alimentaria, energética,…). Y a nivel político e institucional basta con señalar los escándalos de corrupción o el deterioro y descrédito de buena parte las instituciones fundamentales del Estado. A todo ello se suma, sin duda, la deslegitimación de las élites políticas y económicas, las injusticias de un sistema electoral tendencialmente bipartidista y escasamente representativo, la creciente relevancia de la cuestión territorial o del modelo de Estado, los serios problemas del poder judicial, el progresivo deterioro medioambiental,… De hecho, si bien con carácter aún coyuntural, podría decirse que incluso está en cuestión el bipartidismo estatal y el tripartidismo regional, aunque el «régimen» ya trabaja seriamente en su reconstitución mediante nuevas contrarreformas legislativas.

Todos estos fenómenos y manifestaciones de la crisis en España parecen ser hoy el fundamento de cierto rechazo a la sociedad y régimen político establecidos, de indignación y hasta cabreo social generalizado. De hecho, como consecuencia de este estado de opinión, han surgido nuevas expresiones y experiencias municipales, autonómicas, estatales y europeas que pretenden dar voz a aquella ciudadanía y opinión pública insatisfecha. Es más, si bien todavía es pronto para afirmarlo con rotundidad, parece que las pasadas elecciones europeas (2014), las autonómicas/municipales (2015) y las recientes elecciones catalanas han sentado las bases para un serio vuelco en el mapa electoral. Han representado un auténtico terremoto político electoral, como lo muestra tanto la crisis del bipartidismo -que mientras antes ocupaba entre el 80 y el 85% del espectro electoral ahora se ha quedado en el entorno del 50%-  cuanto la  irrupción de otras fuerzas y expresiones políticas alternativas. Un vuelco que, cuando menos, ha causado enorme inquietud y desasosiego entre las élites políticas, ha puesto nuevamente en discusión las bases políticas e institucionales del régimen y ha extendido la conciencia de que «sí se puede» o, en suma, de que «ahora es el momento» de tomar la iniciativa y cambiar la correlación de fuerzas a fin de dar alguna satisfacción a las esperanzas y demandas de cambio.

Ciertamente es bastante probable que estas expectativas no logren plena satisfacción. Los recursos del poder y las dificultades para coordinar esas  alternativas así parecen indicarlo. Como también lo sugieren algunos de los problemas que experimentan las fuerzas políticas alternativas o la emergencia de alguna que otra nueva expresión de la derecha civilizada. Pero cuando menos se ha visibilizado un nuevo electorado y ciudadanía crítica -proveniente de muy diversos espectros sociales- que aspira a irrumpir en la vida social y política española y a disputar la hegemonía al bipartidismo estatal y al tripartidismo autonómico. En las elecciones europeas de 2014 esa ciudadanía y electorado alcanzó en algunos casos hasta el 30%, pero los estudios de opinión actuales y los resultados de las elecciones posteriores sugieren que puede ser mayor. Se ha expresado a través de opciones electorales diferentes y tiene una composición compleja, con distintas sensibilidades  (estatal-federalistas, socialdemócratas, republicanas, soberanistas, ecosocialistas,…), diferente formas organizativas (nuevos y viejos partidos, coaliciones instrumentales, agrupaciones de electores) y, en no pocos casos, ciertas debilidades organizativas. No obstante, esa ciudadanía, ese electorado y las fuerzas políticas que lo han promovido abren la posibilidad de debilitar seriamente al conservadurismo liberal imperante, así como de revitalizar alternativas populares.

No obstante, hacer real esta última posibilidad exige partir de la idea de que estamos ante un nuevo tiempo (o época) y ante lo que se ha venido a denominar como una «ventana de oportunidad». Estamos ante la “novedad” de un momento excepcional, de posible transición de lo viejo a lo nuevo. Un momento en el que dar respuesta a la clásica pregunta de “¿qué hacer?” es necesario pero, al tiempo, difícil y arriesgado. De ahí que tan solo puedan aventurarse algunas ideas generales a modo de hipótesis orientativas que, obviamente, han de ser colectivamente debatidas y democráticamente consensuadas.

Creo que esa «novedad» podría configurarse al modo de un movimiento socio-político y político-institucional que si bien podrá sustentarse sobre la pujante fuerza de una pluralidad de iniciativas, colectivos y movimientos sociales con evidentes repercusiones políticas (el movimiento socio-político) y de diferentes partidos u organizaciones políticas (el movimiento político-institucional) con vocación emancipadora tendrá, sin duda, que afrontar varias tareas de suma importancia: 1ª.- necesita alcanzar al menos cierto grado de coordinación emancipadora en el ámbito socio-político y de articulación en los diversos espacios políticos-institucionales (locales, regionales, estatales y hasta europeos) a fin de transformar el cabreo y la indignación social en praxis crítica y emancipadora ; 2ª.- deberá dar voz a diferentes protestas y sujetos sociales (colectivos sociales, plataformas, asociaciones civiles, mareas,…) en vez de instrumentarlos o sustituirlos, al tiempo que colaborar decididamente en la auto-organización de los mismos; 3ª.- deberá perseguir de modo prioritario la satisfacción de las viejas y sempiternas necesidades materiales (alimentación, vivienda, sanidad, educación, trabajo,…), pero en modo alguno olvidar aquellas otras necesidades postmateriales, esto es, aquellas otras demandas «expresivas», «creativas» o «afectivas» (dignidad, autonomía, libertad, reconocimiento, paz, descanso, participación, soledad, bienestar, medioambiente, sexualidad, goce estético,,…); y, 4ª.- habrá de hacer todo ello superando los viejos esquemas ideológicos y organizativos, optando por nuevas articulaciones ideopolíticas (un nuevo imaginario) basadas en la «centralidad» y la «transversalidad» de las mismas y, finalmente, apostando por nuevas formas de asociación y coordinación sociopolítica (un nuevo modelo asociativo) radicalmente democráticas y de carácter federal o confederal a fin  de acoger en su seno las especificidades e identidades de cada comunidad y territorio. No es poco, desde luego. Pero estas son –a mi modo de ver- las tareas fundamentales del presente y futuro inmediato de la lucha por la hegemonía.

Es cierto que el proyecto de la izquierda alternativa canaria está aún por consolidar. De hecho, es lógico que así sea pues acaba de nacer. Es igualmente cierto que está aún incompleto dado que no ha logrado una única expresión electoral en toda Canarias y que los grados de confluencia son diferentes en cada provincia. Pero no menos cierto es que, tanto en la provincia occidental como en la oriental, los acuerdos alcanzados representan un importante avance en el proceso de alianzas entre las izquierdas canarias. Y esto, para el presente y para el futuro, es en mi opinión lo realmente importante, pues se trata de un importante esfuerzo por lograr que una opinión y voluntad política de los canarios ?hasta ahora dividida y al mismo tiempo infrarrepresentada a causa de un sistema electoral tan injusto como poco representativo- pueda estar presente en las instituciones.

Dado el carácter de las elecciones del próximo domingo, la pretensión de la izquierda verde canaria es trasladar al Parlamento español otra voz canaria, esto es, la opinión de un importante número de ciudadanos canarios que si, por una parte, se muestran críticos o desengañados con el PP, el PSOE y CC y sus políticas, por otra, consideran que es preciso otro modo de hacer política y otras políticas. Una lectura atenta de su programa electoral muestra que, al menos como yo lo entiendo, esta nueva opción política sostiene un proyecto «multicolor» con el que no puedo menos que estar de acuerdo pues defiende, por un lado, una orientación de izquierdas o roja, preocupada tanto por la lucha contra la desigualdad y el paro que sufre el pueblo canario como por la preservación y extensión del Estado de bienestar y los derechos económicos, sociales y culturales; por otro, una perspectiva ecologista o verde que vuelve su mirada hacia la protección del medioambiente, alarmada ante las terribles consecuencias que para Canarias ha tenido un modelo económico basado en el desarrollismo desenfrenado, en el binomio turismo-construcción y su depredación del territorio; por otro, un enfoque canario y pacifista, centrado en la necesidad de ofrecer ?desde Canarias y para Canarias- respuestas propias y diferenciadas a nuestra específica realidad social, política, económica y cultural a partir de la imperiosa necesidad de alcanzar mayores cotas de soberanía alimentaria, energética, cultural y política, así como de constituir a Canarias en territorio de paz y neutralidad; y, por último, una orientación democrática y participativa que apuesta por una profunda reforma del sistema electoral canario y español, así como ofrecer renovados cauces de participación política de la ciudadanía.

Es posible que estas opciones de la izquierda alternativa canaria obtengan alguna representación política en el Parlamento español. De hecho parece que, al menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esa posibilidad no es tan remota. Si ello ocurriera sería un dato histórico, pues si bien ya se logró antes en la provincia de Las Palmas ?recuérdese la elección de Fernando Sagaseta por UPC- nunca antes ha ocurrido en la de Santa Cruz de Tenerife. Pero, sea como sea, tan importante como la obtención de representación en el Parlamento estatal es que esa opinión y voluntad ciudadana logre una articulación política, que la naciente alianza entre las izquierdas canarias tenga continuidad y se consolide. No son pocas las dificultades internas y externas, pero esperemos -al menos ese es mi deseo- que las esperanzas depositadas en este proyecto no caigan en saco roto.

*Roberto Rodríguez Guerra es profesor de Folosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

Aunque cabe preguntarse por qué lo propone ahora y no intentó elevarla a rango de ley cuando era ministro y hasta vicepresidente primero, la propuesta de Rubalcaba es sin duda sugerente, y no sólo por meras cuestiones económicas. En efecto, es realmente indecente que una misma persona cobre varios e importantes sueldos públicos. El caso más sonado a nivel de Estado ha sido el de María Dolores de Cospedal. Entre nosotros el de Paulino Rivero. Pero estas personas, cuando lo hacen, cobran varios sueldos porque les está permitido ejercer diversas representaciones. De ahí la primera insuficiencia de la propuesta de Rubalcaba. Esta acumulación de representaciones o cargos públicos -y, posiblemente, de sueldos- es una lacra que toda democracia que se precie ha de erradicar porque, además de por lo ya dicho, suponen un peligroso modo de concentración de poder e influencia política. El eslogan de Rubalcaba, “un político, un sueldo”, quizá deba ser convertido pues en el de “un político, un sueldo, una representación”,

Lo anterior sugiere que es preciso dar pasos hacia una regulación de la representación política de modo que se convierta en una actividad única o de carácter exclusivo. Y, en principio, cabe entender dicha exclusividad en el sentido de que nadie pueda ostentar o ejercer dos representaciones políticas al mismo tiempo. Pero también puede entenderse en relación a los ámbitos de lo privado y lo público. El carácter exclusivo de la representación política apuntaría así a que ningún representante político que cobre un sueldo del Estado pueda ejercer actividad privada alguna. Ya sabemos que frente a ello se objeta que en España la ley de incompatibilidades es severa, pero la prueba de que no lo es tanto está en el importante número de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, etc., que cobran sueldo público y ejercen actividades privadas.

Por otra parte, la propuesta de Rubalcaba da pie a recuperar la conocida demanda de regular y establecer por ley los salarios de los políticos de cualquiera de las administraciones públicas. Creo, por lo demás, que ese salario -para aquellos que lo tienen asignado- no debería ser “complementado” con otras asignaciones económicas del tipo “asistencia a Pleno”, “representación del tal institución en tal otra”, “miembro del Consejo de Administración de...”, etc. Un sueldo, todo lo digno que se estime oportuno y hasta con posibles variaciones en función del cargo y la dedicación que exija. Pero eso sí: único, fijo y público.

La propuesta de Rubalcaba merece en todo caso un último comentario. Lo mismo que cabe exigir del político en tanto representante y “trabajador público” cabría exigirlo también de todo funcionario o empleado público. Sin duda esto último es polémico y tiene un calado social y económico más amplio del que a primera vista parece, pues propongo que acabemos de una vez con el doble empleo -uno público y otro privado- de no pocos funcionarios o empleados públicos. Y este doble empleo es más que conocido en la sanidad, la educación, la administración pública,... Seguro que así no solo reduciremos gastos innecesarios (y por más mecanismos de los que a simple vista parece). También liberaremos no pocos puestos de trabajo hoy en manos de muchos que se aprovechan de su trabajo público -al que en bastantes casos prestan escasa atención y ejercen más bien por el prestigio que aportan, la información que facilitan, el acceso a desarrollos tecnológicos avanzados que permiten,..- para nutrir de clientes a sus despachos, clínicas, laboratorios, asesorías, agencias, consultas o escuelas privadas. Por lo demás, en épocas como la que atravesamos ese pluriempleo es aún más injusto. En suma, que cada cual escoja dónde quiere y desea trabajar, sea en el ámbito privado o en el público. Pero no en los dos al mismo tiempo.

Dejemos ya de lado a Rubalcaba y adentrémonos en la «interesada» propuesta de González Pons. Su idea de rebajar en 50 el número de diputados conduciría sin duda a un cierto ahorro económico, si bien cabe destacar que en relación a las magnitudes económicas de los Presupuestos Generales del Estado tal ahorro es poco menos que insignificante. En realidad, la propuesta de Pons parece tener otra finalidad, esto es, tiene gato encerrado.

En efecto, la reducción de parlamentarios que propone, sin ninguna otra medida correctora -por ejemplo modificar el sistema electoral-, tendría una importante consecuencia: dañaría sustancialmente el ya reducido pluralismo político en España. Aunque esa reducción de diputados parezca atractiva en primera instancia, en modo alguno puede aceptarse hasta tanto no se modifique el injusto sistema electoral que rige en España. Y aquí cabría recordar la tantas veces solicitada como negada sustitución de la circunscripción provincial por la autonómica, la ley D´Hondt por el sistema directamente proporcional para convertir votos en escaños o, en fin, la eliminación de las barreras electorales. Pero cuando Pons propone tal reducción de escaños no está pensando en nada de esto. Por el contrario, sabe que -dado el sistema electoral en vigor- serán menos los escaños a repartir y que, en consecuencia, serán las fuerzas políticas minoritarias -ya de por sí perjudicadas por dicho sistema electoral- las que tengan mayores probabilidades de perder la exigua representación que hasta ahora ostentan. Y también sabe que, por esa misma regla, las beneficiadas serán las fuerzas políticas mayoritarias y, por tanto, que éstas verán fortalecida su presencia y poder institucional.

La jugada de Pons es pues múltiple: por un lado, pretende dar la imagen de un partido que da ejemplo y se atreve a recortar los gastos generados por los políticos; por otro, pretende debilitar aún más a las fuerzas políticas minoritarias, al tiempo que refuerza la posición y poder de las mayoritarias; y persigue, por último, fomentar el bipartidismo y reducir el pluralismo.

Pero si la cosa va de reducir gastos de este tipo por mi parte les propondría -y esto va para unos y otros, para Pons y para Rubalcaba- eliminar el Senado. Es vox populi que éste constituye hoy una cámara representativa de dudosa utilidad, que en modo alguno cumple con la vieja aspiración a convertirlo en cámara de representación territorial y que -como admiten públicamente no pocos de sus miembros- exige muy poca dedicación a la mayoría de sus miembros. Si no me engaña la memoria, el propio Ricardo Melchior ?senador y presidente del Cabildo de Tenerife a un mismo tiempo- comentaba hace unos días que no entraba en sus cálculos presentarse al Congreso de los Diputados porque tal cargo exigía mucha dedicación -para algunos otros, los llamados “manos de palo”, parece que no tanta-. Pero no ocurría lo mismo con el Senado. Sugería en tal sentido que éste solo le requería la asistencia a unas pocas sesiones al mes. De ahí sin duda la tan triste como famosa imagen del Senado como “cementerio de elefantes”.

Pero esta última imagen está asociada a otro aspecto de la supuesta labor legislativa del Senado. En efecto, sostienen algunos -en especial los conservadores- que la tarea básica del Senado consiste en «ralentizar» el proceso legislativo, esto es, en evitar la precipitación e improvisación propia de las cámaras “bajas” y en sosegar y madurar la toma de decisiones, algo que -desde los propios orígenes del Senado allá en la Roma clásica y también a partir de la configuración moderna del Senado como segunda cámara o, mejor, como Cámara Alta- se ha considerado tarea propia de personas de cierta edad y experiencia política. Pero esto mismo, incluso en el caso -que por mi parte no comparto- de que se considere necesario, puede conseguirse mediante variados mecanismos de tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados.

Eliminar el Senado sí que sería una medida ejemplar, entre otras cosas porque de un plumazo nos ahorraríamos no ya 50 sino 262 cargos públicos con sus respectivos honorarios, además de varias mesas, comisiones y órganos internos con sus correspondientes gastos de gestión y representación. También ayudaría a reducir ciertos acentos elitistas de nuestro gobierno representativo, así como a mejorar la imagen del político como sujeto que cobra un buen sueldo -a veces varios- por muy poco trabajo.

Pero no me resisto a culminar estas líneas sin señalar que si se quieren introducir recortes económicos ejemplares acaso lo mejor sea comenzar por eliminar -o al menos reducir drásticamente- los ingentes gastos militares del Estado español. Informaba hace poco un rotativo estatal que los compromisos adquiridos por España a través de sus programas armamentísticos ascienden a la escandalosa cantidad de 27.000 millones de euros, cifra que habida cuenta de los retrasos en los pagos, las actualizaciones de los precios y demás argucias empresariales podría llegar a casi 37.000 millones de euros. En estas andamos y mientras tanto el pueblo soportando constantes reducciones presupuestarias de carácter sanitario, educativo y de asistencia social.

Roberto Rodríguez Guerra

Gracias a él muchísimas personas de muy distintos sectores sociales han salido a la calle para hacer patente su indignación con el sistema político y económico vigente. Es pronto aún para saber qué caminos tomará, qué consecuencias tendrá o simplemente si logrará mantenerse en el tiempo. Sin embargo, no cabe duda de su éxito. De repente toda España está discutiendo las raíces económicas y políticas de los niveles de paro, pobreza y malestar social que sufrimos. Pero no por ello debe obviarse el problema de qué es lo que ha provocado su emergencia, qué condiciones sociales, económicas y políticas han dado pie a que tantas personas muestren su cabreo por no pocas ciudades de España. Por mi parte no dudaría en señalar que se trata de una profunda insatisfacción con el modo en que los grandes partidos, sindicatos, empresas y bancos nos tratan: como una mercancía, como un medio para su ansia de poder y riqueza. Estos ciudadanos claman contra la partitocracia y la plutocracia, contra el gobierno de los partidos y los banqueros, contra su desvergonzada alianza y dependencia mutua. Demandan un futuro, trabajo y derechos básicos (vivienda, trabajo, salud, educación,?). Pero también exigen cauces efectivos y ágiles de participación y, sobre todo, capacidad de decisión. Saben que en nuestras sociedades se ha gestado un enorme y creciente proceso de privatización y mercantilización de la toma de decisiones, que nuestras vidas dependen de que el FMI, el BCE, «los mercados» o, peor aún, ésta o aquella agencia de calificación decida rebajar la calidad de nuestra deuda, elevar los tipos de interés, imponer un drástico programa de reducción del déficit presupuestario, reducir prestaciones sociales, privatizar servicios y empresas públicas? Saben también que los ciudadanos no deciden prácticamente nada, que quien decide ?bajo la inmensa presión de los agentes antes citados- son los representantes, los políticos, los partidos. Y dicen por ello que esto no es una democracia.

En realidad no les falta razón. Ya hacia mediados del siglo pasado Joseph Schumpeter ?un conocido economista austríaco- alababa esta forma de gobierno al tiempo que decía que no era una democracia sino, más bien, «el gobierno del político». Pero esto mismo era lo que mucho antes, en los inicios de la modernidad, no pocos pensadores y políticos de por entonces llamaban «gobierno representativo» o «república representativa». Y lo hacían, precisamente, para diferenciarlo de la democracia, a la cual consideraban una mala forma de gobierno en la que el «demos», esto es, los muchos, pobres y libres podrían imponer sus criterios y necesidades a través de una «legislación de clase», de un gobierno de la mayoría del pueblo. No es este el lugar para detenerse en la cuestión ?por otra parte sumamente interesante- de cómo aquello que se definía y defendía como «gobierno representativo» ha acabado, con el paso del tiempo, denominándose y legitimándose como democracia representativa. Sea como haya sido, tengo para mí que no estaría mal volver a nombrar las cosas por su nombre, esto es, dejar claro que no vivimos bajo una democracia sino, más bien, bajo un gobierno representativo. De ahí que, a mi modo de ver, las propuestas del 15-M puedan ser concebidas como una exigencia de transición desde el gobierno representativo a la democracia o, más concretamente, como una recuperación de la tan vieja como persistentemente insatisfecha demanda: «somos el demos, queremos gobernar».

No obstante, sobre el gobierno representativo bajo el que vivimos me gustaría añadir varias precisiones más. Pueden resumirse bajo la idea de que tal forma de gobierno posee y afronta serios déficits sociales y políticos. Si bien creo que ambos son importantes y de hecho que una verdadera igualdad política no es posible sin una drástica reducción de las desigualdades sociales, aquí me detendré en estos últimos, esto es, en los déficits políticos de los gobiernos representativos que nos gobiernan pero no nos representan, a saber: sus déficits de representación, de credibilidad y de participación.

Nuestro modo de de gobierno no es tan representativo como pretende. Y ello no sólo porque ?como señalan los manifestantes- los representantes o la clase política no suele escuchar a los representados, ni llevar (re-presentar o volver a presentar) su voz a las instituciones. También porque no somos los ciudadanos los que elaboramos programas y propuestas y los representantes los que las trasladan a las instituciones. Ocurre precisamente al revés: los representantes construyen programas y propuestas que luego intentan vendernos en los periodos electorales mediante medios ya sobradamente conocidos. Pero este gobierno representativo es también insuficientemente representativo porque bajo ellos y a través de muy diversos mecanismos (sistemas electorales, financiación de los propios partidos y de las campañas, control de o por los medios de comunicación,?) la representación política no constituye un fiel reflejo de la voluntad, opinión y voto de los ciudadanos. A ello cabría añadirle no sólo el vergonzoso mercadeo de promesas, planes, proyectos, medidas,?, electorales a la búsqueda de cualquier voto. También el flagrante incumplimiento de tales promesas.

Pero, por otra parte, bajo este modo de gobierno, al que habitualmente se conoce también como «democracia de partidos» para destacar el fundamental papel que éstos juegan en el proceso político, no son los ciudadanos ni los propios militantes de los partidos los que toman las decisiones fundamentales, elaboran los programas, deciden los candidatos, nombran a los asesores, designan los liberados,? Como ya sugería poco más arriba, en realidad y salvo excepciones puntuales, todo suele estar atado y bien atado. Tal y como desde principios del siglo XX señalaban Weber, Michels, Ostrogorski y muchos otros, lo que impera es «la ley de hierro de la oligarquía», es decir, es la oligarquía de cada partido la que decide casi todo y, cuando es el caso, lo somete posteriormente a aclamación por parte de sus militantes. La política queda así en manos de unos pocos y se convierte en una lucha por el poder. Y una conocida frase resume el poder de tales oligarquías: ¡el que se mueve no sale en la foto! De hecho, la propia emergencia del 15-M puede que mucho tenga que ver con la ruptura del enorme poder organizativo e ideológico que hasta hace poco poseían los grandes partidos, sindicatos y medios de comunicación. Una ruptura que Internet y las nuevas redes sociales han hecho posible. Ahora convocar una manifestación, crear una corriente de opinión, etc., no depende únicamente de la aceptación y beneplácito del partido o el sindicato. Los mismos ciudadanos pueden hacerlo de forma totalmente autónoma.

Pero este modo de gobierno está igualmente aquejado de una seria crisis de credibilidad. Es manifiesta la creciente desconfianza de los ciudadanos ante los partidos, los políticos y hasta con la propia política. La animadversión, la desafección, la apatía, la indiferencia?, forman parte de las actitudes de los ciudadanos. Saben que no todos son iguales. Pero nos les faltan razones pues ven como la corrupción, el clientelismo, el enchufismo, la mentira, la difamación, el enriquecimiento, la financiación ilegal o la compra-venta de favores y votos se ha convertido en una práctica política habitual. El amplio número de imputados y su vergonzosa presencia en las listas electorales es un indicador de ello. Y los ciudadanos no ven medidas claras frente a estos fenómenos. Es más, ven como largos, lentos, complejos y costosos procesos judiciales ?que para colmo de los colmos ya se solicita sin el menor pudor que se paguen con fondos públicos- suelen terminar en nada y después de mucho tiempo.

Pocas dudas caben, por último, de que este gobierno representativo afronta también una fuerte crisis de participación. La mejor prueba de ello es la creciente aparición de leyes y reglamentos de «fomento» de la participación política de la ciudadanía. Pero también lo prueban los altos porcentajes de abstención electoral, algo que poco preocupa a los grandes partidos políticos salvo ?como acabamos de comprobar- en los días previos a las elecciones. Pero alude también, y sin duda con más importancia, a los bajos niveles de afiliación a los partidos, a los sindicatos y a las grandes asociaciones. Estos fenómenos suelen explicarse echando mano del socorrido cliché sobre la apatía, apoliticismo y desinterés de los ciudadanos. O también recuperando aquella vieja tesis conservadora de que si la ciudadanía no participa se debe, en realidad, a su satisfacción con el funcionamiento del sistema político. Pero a lo que no se alude es al hartazgo de la ciudadanía para con unos medios de participación (partidos, elecciones, reglamentos) que no ofrecen oportunidades reales de decidir, que están profundamente burocratizados y al servicio del gobierno de turno, que ofrecen medios para informar, escuchar, oír o a lo sumo -y aún así de forma controlada- dejar opinar a la ciudadanía. Pero no les ofrecen medios para decidir, para participar en la toma de decisiones. Ésta siempre queda reservada a los representantes, a políticos. Y esto vale tanto para los referéndums, las iniciativas legislativas, las iniciativas reglamentarias, las famosas consultas,?.. A título de ejemplo, en España hay posibilidad de referéndums, pero sólo si el Rey los convoca mediante propuesta del Presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. En Canarias pueden realizarse consultas populares, pero sólo si el Gobierno, a instancias del Presidente, lo tiene a bien. En la ciudad de Las Palmas podrá igualmente convocarse alguna consulta popular, pero una vez más solo si el Alcalde y la mayoría absoluta del Pleno municipal lo consideran conveniente. Y no es que estos mecanismos no tengan interés. En mi opinión lo tienen y mucho. Son pequeñas grietas por las que puede entrar ?aunque no sin un enorme esfuerzo y tesón de la ciudadanía- la participación ciudadana. Pero por el momento y salvo excepciones no ofrecen la posibilidad de que la ciudadanía, cuando así lo desee y por sí misma, pueda poner en marcha procesos de consulta y decisión colectiva y vinculante sobre los asuntos que crea conveniente. Porque de esto es, en definitiva, de lo que se trata: de participar y, sobre todo, de decidir.

Como se ve la tarea no es fácil y son muchas las cosas por cambiar. Ni los grandes partidos o sindicatos ni mucho menos las empresas y bancos van a modificar nada. De estos últimos nada cabe esperar. A los primeros les inquieta, pero sólo antes de las elecciones. Es posible que algunos se saquen otro conejo de la chistera. De hecho ya hay alguna que otra propuesta acerca de la reforma del sistema electoral canario. Pero no importa. Como dice José Luis Sampedro, las batallas hay darlas independientemente de su posible éxito o fracaso. “Hay que darlas por el simple hecho de darlas”, para “ir cambiando las cosas” en el sentido en que deseamos y consideramos justo, para crear conciencia o, cuando menos, para mostrarles lo que queremos y lo que no queremos. En suma, para mostrarles que no somos mercancía o -por decirlo con fuste kantiano- que «no tenemos precio sino dignidad».

* Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

La aplicación del método D´Hondt para la conversión de votos en escaños tiene efectos -«marginales» los llaman algunos- sobre la distribución final de los escaños entre los partidos cuando, como ocurre en Canarias, la población de las circunscripciones es pequeña y, por tanto, cuando los escaños a distribuir son pocos. Un ejemplo -aunque tedioso- puede ayudarnos a percibir mejor esto último. En las elecciones autonómicas del 2007 a la isla de Tenerife le correspondía elegir 15 diputados. Esos diputados se distribuyeron -tras aplicar la normativa vigente (incluidas las barreras del 6% y el 30%)- mediante la utilización de la Ley de D´Hondt . Se atribuyeron así 7 diputados autonómicos a CC, 5 al PSOE y 3 al PP. Ahora bien, si anulásemos las citadas barreras y siguiéramos aplicando la Ley de D´Hondt, tampoco entraría en el Parlamento ninguna otra fuerza política. Pero si, por último, realizásemos ese mismo cálculo sin aplicar las barreras electorales y utilizando el método proporcional directo constataríamos que en Tenerife le corresponderían 6 escaños a CC, 5 al PSOE, 3 al PP y 1 al CCN. La diferencia será todo lo «marginal» que se quiera, pero no por marginal deja de ser relevante. Y prueba de paso el efecto pro-mayoritario y anti-minoritario que la Ley D´Hondt puede tener en el caso canario, si bien es sabido que su efecto distorsionador sería menor en el caso de que existiese una circunscripción mayor y con más escaños asignados. En todo caso, una reforma seria del sistema electoral debe corregir los posibles efectos que tiene la combinación de la citada ley con las circunscripciones pequeñas.

El establecimiento de la isla como circunscripción electoral ha tenido, además de las que se acaba de señalar debido a su combinación con la Ley D´Hont, otras importantes consecuencias sobre la configuración del mapa político canario. Ha potenciado la emergencia de diversas formaciones políticas de raigambre estrictamente insular (no pocas veces con servidumbres caciquiles y hasta cuasi-familiares), centradas en la defensa de los intereses de la isla aunque generalmente excluidas del Parlamento. Así mismo, ha marginado las fuerzas políticas minoritarias que tienen un voto disperso entre las islas. Y ha contribuido por último a la consolidación de un sistema político tripartito en el que únicamente tres partidos (a su vez con notables improntas insularistas) se disputan el acceso al Parlamento. Un claro efecto de tal estructura es lo que ya podría denominarse «la estrategia del avestruz» (en elecciones esconde la cabeza o procura que ésta aparezca poco en circunscripciones donde no gusta). Por lo demás no es preciso relatar detenidamente aquí la conocida perpetuación de alguno de esos partidos en el gobierno a causa de los enfrentamientos entre los otros dos. Basta con retener que ya se ha extendido el uso del término «régimen» para referirse peyorativamente a la larga permanencia de esta fuerza política en el gobierno.

No es fácil superar una dinámica como ésta, máxime cuando se ve potenciada por el resto de mecanismos electorales más arriba señalados. Pero creo que modificar el sistema electoral canario a fin de combinar la actual circunscripción insular con una nueva circunscripción autonómica podría contribuir en alguna medida a ello. Son muchas las fórmulas que a tal efecto podrían adoptarse. El propio PSOE acaba de proponer la instauración de una circunscripción autonómica con 10 escaños de entre los que cada fuerza política debería proponer su candidato a presidente. A mi modo de ver tal propuesta es insuficiente por varias razones. Por una parte, no parece capaz de reducir significativamente la fragmentación y el insularismo reinante entre las fuerzas políticas canarias. Por otra, reduce en exceso el número de diputados a elegir por la nueva circunscripción autonómica y con ello obstaculiza una vez más el pluralismo político tanto en esta nueva circunscripción como en las insulares. Podría decirse incluso que parece maquiavélicamente dirigida a que sólo las fuerzas políticas mayoritarias accedan por esta vía al Parlamento canario y, de paso, a reducir las posibilidades de que las restantes fuerzas políticas entren por las circunscripciones insulares. Por último, tan solo se centra en uno de los diferentes mecanismos del sistema electoral canario. Creo no obstante que la creación de una circunscripción autonómica es una propuesta acertada. Sin embargo creo que mucho más adecuado sería -sin modificar el número actual de 60 diputados autonómicos- el establecimiento, por un lado, de una circunscripción autonómica a la que se asigne la amplia mayoría de los 60 diputados a elegir y, por otro, el mantenimiento de las circunscripciones insulares distribuyendo entre ellas el resto de diputados en función de la población de cada isla, si bien garantizando que a cada isla le corresponda al menos un diputado. Ciertamente, aún seguirían existiendo importantes diferencias entre lo que cuesta un escaño en El Hierro y lo que costaría por ejemplo en Tenerife. Pero me temo que no es posible corregir tales desigualdades sin correr el riesgo de dejar a las islas poco pobladas sin representación política en el Parlamento canario.

Mucho más actual es, por último, la cuestión de las barreras electorales. Todos sabemos ya que el establecimiento del 6% autonómico o el 30% insular en las elecciones al Parlamento canario constituye tanto un serio obstáculo para el pluralismo político en Canarias cuanto el instrumento fundamental de la apropiación ilegítima de escaños, máxime cuando se combina con los otros mecanismos ya mencionados. Es por eso que algunas fuerzas políticas han propuesto reformar el sistema electoral canario. Bueno, en realidad en lo que a estos efectos se refiere la propuesta de reforma mencionada parece que se reduce a un solo artículo. Y éste más que echar abajo las actuales barreras electorales en las elecciones al Parlamento canario tan solo persigue sustituir las actuales por una única barrera electoral: el 5%. Un simple cálculo a partir de los resultados de las últimas elecciones autonómicas (o de cualesquiera otras) muestra que si bien es cierto que la barrera del 5% permitiría el acceso al Parlamento canario a alguna que otra alguna fuerza política no menos cierto es que seguiría impidiendo el acceso de otras. Estos hechos -quienes entran y quienes se quedan fuera del Parlamento merced a la barrera del 5%- pueden explicar por qué se propone lo que se propone (el 5%) y no otras barreras inferiores. Pero, de atenernos a los argumentos aducidos por algunos de sus defensores, lo que esta propuesta persigue es equiparar las normas electorales canarias a las establecidas para el Congreso, los Cabildos y los Ayuntamientos o, evitar de paso, que un amplio número de ciudadanos se queden sin representación política. Sin embargo, si bien es cierto que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala que para la atribución de representantes públicos en el caso de los Ayuntamientos y los Cabildos habrán de tomar en cuenta aquellas candidaturas que obtengan, al menos, el 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción correspondiente, no lo es respecto del Congreso. Al menos hasta donde yo sé la LOREG señala en su artículo 163.1. a) que para la atribución de escaños en el Congreso de los Diputados “no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción”, esto es, establece como barrera electoral el 3% (y no el %5). Así pues, si de equiparar normativas electorales se trata, parece que lo más acertado sería proponer para el Parlamento canario la misma barrera que se establece para las elecciones al Congreso español. Y ello no sólo con el fin de evitar la disparidad de normas sino más bien porque esta última hace posible una representación mucho más adecuada y proporcional de la opinión y voluntad política de la ciudadanía en el Parlamento canario y con ello que un amplio número de ciudadanos se queden sin presentación política. Pero puestos ya a equiparar normativas electorales (aunque solo sea en el caso de las barreras electorales) o a mejor el grado de representatividad del Parlamento canario quizá debamos recordar que quizá la norma más democrática y proporcional es la que establece el artículo 216 de la propia LORGE para el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, esto es, la no aplicación de las barreras electorales en la atribución de escaños. Como se ve, si de equiparar barreras y de mejorar la representación política se trata, hay bastante donde elegir. Y a este respecto me temo que las propuestas comentadas no han hecho la mejor elección. Y nada hay en el ordenamiento jurídico que lo prohíba. Es cuestión de voluntad política.

En fin, evitar los déficits de representación de la democracia representativa canaria -y, con ello, impedir la apropiación ilegítima de escaños por parte de partidos a los que en pura proporcionalidad no les corresponde- exige una reforma en profundidad del sistema electoral canario. Una reforma que vincule y combine todos los mecanismos citados, y no sólo éste o aquel. Y no parece que esta sea la tónica entre los partidos políticos mayoritarios. Habrá que esperar no obstante a ver qué nos prometen a este respecto en las próximas elecciones. Pero habrá que esperar también -si algo prometen- que lo cumplan y no quede una vez más como una de tantas promesas incumplidas a las que tan acostumbrados no tienen.

Roberto Rodríguez Guerra

Para tal confluencia ha primado ?dicho por lo demás de forma expresa- un solo propósito: superar las injusticias del sistema electoral canario y, particularmente, las barreras electorales del 6% regional o el 30% insular. Y no les faltan razones pues, pese a que según propia la Constitución debería «representar» de forma estrictamente proporcional la opinión y voluntad política de los canarios, ya sabemos que el Parlamento canario es el menos representativo de los parlamentos autonómicos españoles (y el español ?dicho sea de paso- de los menos representativos entre los europeos). Pero tan loable empeño se está gestando mediante artimañas que generan nuevos desengaños y frustraciones entre la izquierda canaria, al tiempo que legitiman una vieja y perniciosa forma de entender la política y los pactos políticos.

Uno será todo lo tradicional que se quiera, pero hasta ahora se suponía que los ciudadanos votaban en función de sus creencias o ideología o que, en el peor de los casos, lo hacían a ciertos programas electorales ofertados por las organizaciones políticas. Se suponía, a su vez, que éstas últimas eran acreedoras de un mínimo ?cada vez más mínimo- perfil ideológico conforme al cual realizaban las citadas ofertas o promesas electorales. Se suponía, por último, que las organizaciones políticas podían establecer, sobre la base de aquél perfil, ciertos acuerdos o pactos políticos con organizaciones diferentes pero en alguna medida «afines». Aunque pudieran tener principios ideológicos ligeramente diferentes, cada organización poseía un cierto «marco o campo de alianzas» -por lo común aprobado por sus militantes en el pertinente Congreso- que les permitiría confluir con otras organizaciones afines en un programa electoral que sería dado a conocer a la ciudadanía y que servía de base para demandar el voto de los ciudadanos.

Pero he aquí que todo eso ha saltado por los aires en los últimos meses. Y lo ha hecho, en primer lugar, de la mano de Nueva Canarias y su bochornoso acuerdo con el PIL. Pero también, y en segundo lugar, de la mano de Izquierda Unida y Socialistas por Tenerife a través del acuerdo que acaban de anunciar. Ahora se firman acuerdos y se configuran coaliciones electorales pero ?ahí reside la supuesta novedad de la artimaña- sin compartir programas, propuestas o proyecto. Esperaba que una cosa así la justificase algún que otro tránsfuga u oportunista político. Esperaba que lo hiciera la derecha y, sobre todo, aquellas de sus organizaciones construidas sobre personas y dineros (los hijos de? o los marqueses de?). Pero no que lo hicieran organizaciones progresistas o de izquierdas.

Supongo que la lacra de un sistema político articulado sobre la división enfrentamiento/provincial y un sistema electoral basado en la circunscripción insular ?además de las convenientes dosis de personalismos, oportunismo y ansias de poder- impide una concepción y práctica política coherente a nivel canario, del mismo modo que permite que las contradicciones y vergüenzas de tales pactos no sean del mismo modo evidentes en las diferentes islas. En cada isla se cierran los ojos y se tapan las narices respecto de lo hecho, dicho y pactado en las otras islas por las respectivas organizaciones coaligadas. Lo importante es sumar votos y alcanzar los porcentajes de voto necesarios. Esta es la base de la «nueva forma de hacer política». Y a tal fin parece que todo vale, aunque sea coaligarse con quienes decimos repudiar. No obstante, debo decir que me ha sorprendido de modo especial que Izquierda Unida Canaria ?al menos en su organización de Tenerife- haya terminado por asumir y justificar este pacto. Aún no está claro el alcance del mismo, pero todo apunta a que se trata de presentarse bajo una «coalición por Tenerife» (que más da otro plato de insularismo) al Parlamento, al Cabildo y a diferentes municipios. Dados los firmantes, sus ocupaciones actuales y sus conocidas aspiraciones, es seguro que Santa Cruz será una de esos municipios.

En un alarde de sinceridad y torpeza, Ramón Trujillo -coordinador insular de IU en Tenerife- decía hace poco en un artículo de opinión publicado en un periódico tinerfeño que este acuerdo “no supondría compartir ni programas, ni análisis político, ni candidaturas, ni nada de nada”. Es más, poco después de compararlo nada más y nada menos que con los pactos de la transición, añadía que el acuerdo “supondría que, a efectos legales, se articularía una coalición para que cada formación política tenga representación por separado en su isla, si obtiene votos suficientes”. No puedo decir más que no entiendo nada de este galimatías. Ni siquiera el aspecto formal de la presentación de la coalición. Si no se comparte nada ?«ni programas, ni candidaturas, ni análisis»- ¿en qué consiste el acuerdo y la coalición?, ¿sobre qué base se va a pedir el voto a los ciudadanos? ¿qué propuestas se hacen para Canarias, para Tenerife o para éste o aquel municipio? Según Ramón Trujillo “nada de nada”. Vamos que -si Trujillo no engaña a propios y extraños- en el mejor de los casos se harán campañas por separado, cada partido de la coalición trasladará a la ciudadanía sus propias propuestas (poco importa que sean diferentes o se contradigan entre sí) y hasta es posible que esas organizaciones se critiquen mutuamente. Vamos, un segundo ejemplo de la nueva forma de hacer política.

Pero IU ?de nuevo a través de Ramón Trujillo- ha ido todavía más lejos. Ha llegado incluso a justificar el acuerdo entre Nuevas Canarias y el PIL. Según nos dice Trujillo ?será el pago por la deuda contraída- lo firmado por esas dos organizaciones “no es un acuerdo político para gobernar. Ni tan siquiera para hacer oposición”. Es solo un intento de superar las injusticias del sistema electoral canario. Eso mismo ha dicho Román Rodríguez reiteradamente para justificar el pacto con el PIL. Pero ?de nuevo- ¿es que no importa lo que dicha organización representa para la política en Canarias?, ¿es que no importan las personas y sus trayectorias?, ¿es que no importan sus actos?

Dados tales pactos, ¿qué se va a decir a los ciudadanos para pedirles el voto? En Gran Canaria se harán unas propuestas, en Fuerteventura otras,?, y así en el resto de las islas en que se presenten. Tengo curiosidad por saber qué propuestas harán conjuntamente PNL/Nueva Canarias y el PIL a los conejeros. ¿Cuáles IUC-Tenerife o Socialistas por Tenerife a los tinerfeños? Trujillo insiste en que el pacto es sólo a nivel insular o municipal. Pero si esto es así ¿a qué viene tanta insistencia en la necesidad de superar las barreras electorales del 6% o el 30%, que son aplicables únicamente en las elecciones al Parlamento?

Curiosamente sí se sabe cómo se distribuyen los puestos. También sabemos que el papel todo lo aguanta. Basta con articular algunas promesas banales o no tan banales que luego se olvidan. Pero todo esto sólo significa una cosa: que por encima de los fines aludidos (superar las injusticias del sistema electoral) están las aspiraciones de unos pocos a tocar poder. Sólo así se explica que las listas ?los primeros puestos en cada lista- y no los programas sean lo realmente importante.

Sabido es que en Canarias (pero no sólo en Canarias) la política goza de poco crédito (corrupción, personalismo, clientelismo,...). Pero estas últimas maniobras no hacen más que aumentar ese descrédito. Máxime cuando podrían superarse las injusticias derivadas del sistema electoral canario mediante otras opciones (mirando sólo hacia las fuerzas progresistas), formas (debate programático serio y sosegado) y personas (honestas y no corruptas u oportunistas). Esas opciones ya han tenido éxito ?incluso electoral- en el pasado. Podría intentarse ?sin ir más lejos- una nueva y actualizada reconstrucción de la izquierda canaria. Pero no es esto lo que interesa a Román, Trujillo y compañía, ni a tanto sediento de cargo y poder. De hecho, el propio Ramón Trujillo lo vuelve a expresar con toda claridad cuando finaliza su artículo señalando que: “el dilema consiste en llegar a acuerdos democratizadores, incluso con nuestros adversarios, y así reforzar nuestra capacidad de lucha democrática, o, por el contrario, pensar que el juego democrático limpio sólo se logra con los que son idénticos, o muy parecidos, a nosotros”. Pero no existe tal dilema. Desde luego que se pueden llegar a acuerdo con los adversarios. Faltaba más. Otra cosa es que ese acuerdo sea tal que para poder firmarlo sea preciso olvidarse de las propias ideas, programas o propuestas. Como otra cosa es también que parece más fácil y deseable llegar a acuerdos con los que son idénticos o muy parecidos a nosotros que con aquellos a los que consideramos en las antípodas de nuestros modos de pensar y hacer o que, en realidad, consideramos (el propio Trujillo lo ha dicho) organizaciones marcadas por la corrupción y no democráticas. Pero, aunque aún se está a tiempo de rectificar, me temo que no es esto lo que se ha hecho ni lo que se quiere hacer. En fin, la enésima oportunidad perdida en pro de ciertos personalismos y ansias de poder. Y tanto Nueva Canarias como IU tienen una especial responsabilidad en ello.

* Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

En efecto, al decir de los «transitólogos» al uso, la transición a la democracia habría de hacerse en varias fases que comprenden la generación de cierto nivel de desarrollo económico (léase instaurando la economía de mercado), potenciar aquellas élites políticas, económicas y culturales autóctonas comprometidas con la democracia (léase ahora comprometidas con EEUU y Occidente) y, por último, promover desde fuera -por las potencias occidentales- políticas de «promoción de la democracia» a través de los programas de ayuda al desarrollo y similares. Hoy, con las reservas que se quiera, parece claro que en estos países se han instaurado feroces economías de mercado, pero en modo alguno se han logrado niveles aceptables de desarrollo económico y distribución de la riqueza. La pobreza y la corrupción que en ellos existen hablan por sí solas. Es así mismo evidente que las élites gobernantes en estos países -reconocidas y promovidas por las potencias occidentales (el mismo Berlusconi ha venido a recordar, con el evidente sonrojo y disgusto de los gobiernos occidentales, que Mubarak ha sido considerado como una referencia por Occidente)- en modo alguno han estado interesadas en transiciones a la democracia. Por el contrario, han utilizado el poder para beneficio propio, así como de sus familias y redes clientelares.

Por último, acaso haya que reconocer que las políticas de promoción de la democracia no sólo han sido un señuelo ideológico. Han estado marcadas por fines geoestratégicos y evidentes intereses empresariales que han anulado toda pretensión de promover la instauración de democracias. La Unión Europea y Estados Unidos, por citar dos casos cercanos y destacados, tienen acuerdos de colaboración y relación privilegiada con estas (y otras) autocracias. Túnez ha firmado acuerdo de colaboración y amistad con España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Túnez y Egipto son, por ejemplo, socios de la Unión Europea en el Mediterráneo y se han beneficiado durante décadas de programas de ayuda, acuerdos bilaterales,..., que solo ahora -curiosamente tras estas movilizaciones- quieren redefinir y reorientar.

Veremos si en verdad lo hacen. Entretanto siguen a la búsqueda y captura de nuevas élites capaces de llenar un «vacío de poder» que les genera vértigo e incertidumbre. Lo único que parece preocuparles es un «cambio estable», una «transición ordenada» que aún no tienen pergeñada o, con mayor probabilidad, no quieren desvelar públicamente (las conversaciones de Hilary Clinton y demás líderes europeos con Mubarak y compañía así lo sugieren). Es muy probable que todo termine con un «compromiso» en el que todo siga igual, aunque para ello haya que cambiar alguna caras (los autócratas y algunos miembros sus gobiernos serán sustituidos por sus «hombres fuertes» civiles y militares, y a cambio se les ofrecerá una salida honrosa) y modificar ligeramente algunos discursos diplomáticos («es preciso que hagan algunas reformas democráticas»). Vamos, lo de siempre, el mismo collar con distinto perro.

Pero desean, conviene insistir en ello, «un relevo de poder ordenado». Mucho me temo que a tal fin promoverán y/o aceptarán (ya lo ha manifestado Hilary Clinton para el caso egipcio) alguna que otra «vía moderada» en la que, por su puesto, habrá que colocar un gobierno de transición (los mencionados «hombres fuertes») y la celebración de elecciones previamente restringidas. Y a todo ello le pondrán la etiqueta de democracia. De ese gobierno transición es seguro que estarán excluidos los sectores críticos y alternativos (laicos y opositores radicales, movimientos islamistas, izquierda alternativa,...). Del mismo modo que es probable que a éstos se les prohíba presentarse a las elecciones. Si no es así y logran un amplio apoyo electoral, también tenemos ejemplos del proceder habitual. Argelia y la «suspensión de las elecciones ante el triunfo islamista. Hamas y su triunfo electoral en Palestina. Honduras y un golpe de Estado que defenestra un poder democráticamente elegido y que es rápidamente reconocido. Entretanto las esperanzas de progreso y libertad de millones de personas serán nuevamente defraudadas. Luego vendrán una vez más con el cuento del ascenso del islamismo (que por el momento no parece tener mayor presencia en estos movimientos). Dirán también que los países árabes no están preparados para la democracia, cuando en realidad la han mutilado y convertido en mera «democracia de fachada». En fin, lo que las élites -internas y externas- no han hecho hasta ahora desde luego no lo harán en adelante. Habrá que confiar pues en que estos movimientos persistan y resistan las maniobras a las que ya están siendo sometidos, en que logren forzar -desde dentro y por sí mismos- reformas de hondo calado. En ellos, y no en las viejas o nuevas élites está la esperanza de que ese despertar no vuelva a convertirse en un nuevo letargo. Y en ellas está la posibilidad de que ese deseo de pan y libertad se extienda por otros territorios (Yemen, Jordania, Argelia, Marruecos,...).

* Profesor de Filosofía Moral y PolíticaUniversidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

Pero las palabras del Papa conducen a otra importante conclusión. En efecto, lo dicho por el Papa acerca del preservativo supone sin duda una modificación -aunque pequeña- de la tradicional doctrina de la Iglesia Católica al respecto, así como una modificación de lo que no hace mucho dijo el mismo Papa en su vista a África acerca del uso del preservativo para prevenir el contagio del SIDA. Mientras antes sostenía que nunca era legítimo, ahora dice que existen “casos fundados” en que sería un acto moral y responsable. O sea que el Papa se equivocaba antes o se equivoca ahora, si bien creo que se equivoca tanto antes como ahora al no eliminar sus reparos a este respecto. Pero sea como sea, la conclusión es que el Papa no es infalible. Ése al que llaman vicario y representante de Dios en la Tierra, el Papa, se equivoca como cualquier otro ser humano. A fin de evitar esta conclusión cabría aún pensar en una última e inquietante posibilidad, si bien a un cristiano le resultaría abiertamente inaceptable en tanto que destrozaría el mismo núcleo de la idea y existencia de Dios: que dado que el Papa es la voz de Dios en la Tierra, quizá ha sido el propio Dios el que se ha equivocado. De esto poco o nada podemos decir con certeza, razón por la cual acaso debamos dejar la cuestión en que ha sido el Papa el que se ha equivocado (antes, ahora o siempre) respecto al uso del preservativo. Pero si es Papa es falible, si se equivoca o yerra, entonces lo mismo ocurre con sus ministros, esto es, también sus cardenales, obispos y sacerdotes pueden equivocarse y -en este caso del preservativo- se han equivocado. No obstante, de tal equivocación -como, por supuesto, de muchas otras (a título de ejemplo basta con recordar aquí la infame colaboración del Vaticano con el fascismo o de la Iglesia católica española con el franquismo)- tan solo cabe extraer una lectura tan interesante como estimulante: que en cuestiones de sexualidad -como en muchas otras- cada cual crea lo que considere oportuno, que sin dañar ni mancillar a nadie se comporte conforme a las reglas que le dicte su propia conciencia, en vez de por aquellas que le sugiera o pretenda imponer cualquier otro, por muy ministro de Dios que sea. Y ello no sólo porque todos -incluido el Papa y sus ministros- estamos sujetos a equivocación. También porque la moralidad y la responsabilidad exigen libertad y autonomía, porque un acto moral y responsable sólo puede serlo aquel que decido libre y autónomamente.

Pero esta perspectiva de la sexualidad (y de la libertad y la autonomía moral) es absolutamente inadmisible para la jerarquía católica. Quizá por ello la reacción de la Conferencia Episcopal Española -como siempre más papista que el Papa- ante las palabras del Sumo Pontífice ha sido tan rápida y tajante como desvergonzada: “en las palabras del Papa -ha dicho su portavoz Martínez Camino- no hay, ni de lejos, una legitimación del preservativo”. Se atreven hasta a corregir o desmentir al propio Papa. ¡Qué osadía! ¡Quién lo diría de servidores tan fieles! Pero quizá la fidelidad se detenga allí donde comienza el miedo a que de pronto carezca de sentido todo aquello que en materia de sexualidad -y otras tantas cosas- han venido imponiendo a todo cristiano que se les acerca.

Las palabras del Papa también siembran el desconcierto por otras razones. Cuando el Papa dice que el uso del preservativo es un acto moral y responsable únicamente cuando lo usa un prostituto señala al mismo tiempo que no lo es en otros casos. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué tienen de especial estas relaciones sexuales que hace que el Papa diga que en estos casos es moral y responsable usar el preservativo? Que yo sepa, el Papa no ha especificado qué tipo de relaciones sexuales establece el citado prostituto (bisexuales, heterosexuales, homosexuales, transexuales). Cabe pensar por tanto que lo considera moral y responsable en cualesquiera de estos casos. No es preciso extenderse en la diversa casuística y fenomenología de estas relaciones, pero sí cabe preguntar ¿por qué es legítimo el uso del preservativo en estos casos y no lo es en las relaciones sexuales no prostituidas, más allá del tipo que éstas sean? Pero del mismo modo cabe preguntarse ¿porqué el uso del preservativo es moral y responsable en las relaciones prostituidas y no lo es cuando se trata de prevenir el contagio del SIDA o cualquier otra enfermedad, ya sea en África o en cualquier otro lugar del mundo? Espero que el Papa no esté legitimando las relaciones sexuales prostituidas. Parece que, como mucho, podría estar reconociéndolas como un hecho, como un tipo de relaciones que existen en nuestra sociedad, aunque nos parezcan indignas (y quizá no tanto por el que se prostituye como por parte de quien usa al prostituto/a). Dado que existen y dado que suponen ciertos riegos para la salud, es moral y responsable que en ellas se use el preservativo. Ahora bien, tan reales como las relaciones prostituidas lo son el resto de relaciones sexuales de que disfrutamos. Pero entonces ¿cuáles son las razones por las que en estas últimas no es moral y responsable el uso del preservativo y en aquellas otras sí? Por mi parte creo que el Papa y la Iglesia católica nos deben más de una explicación a este respecto, aunque me temo que no serán capaces de ello. Es más, dado que son tan humanos y falibles como nosotros, es seguro que lo más adecuado y responsable sea prevenir lo que haya que prevenir y disfrutar, en libertad y con responsabilidad, de nuestra sexualidad y, particularmente, de cualesquiera de las orientaciones sexuales que decidamos dar a nuestra vida. Y si para ello hemos de echar mano del preservativo, pues ¡hágase y que se dejen de monsergas!

* Profesor de Filosofía Moral y Política dela Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

Frente a tal propuesta cabría recordar que en no pocas ocasiones la solución a tales problemas ha sido más bien procesar, castigar y no olvidar. Al menos así ocurrió inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Núremberg. También está ocurriendo ahora, aunque de forma más compleja y con menor éxito, a través de los juicios contra diversos representantes de dictaduras latinoamericanas (juicios a Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Jorge Rafael Videla,..., y muchos otros altos funcionarios y mandos militares que colaboraron con ellos).

El mensaje era y es claro: los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Pero en España todavía existen quienes (María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, lo ha expresado recientemente sin el menor rubor en diversas ocasiones) pretenden que perdonemos y olvidemos. Perdonar exige antes que los responsables de lo que se ha de perdonar reconozcan lo que se quiere que se perdone. Pedir perdón es entonces una cierta forma de arrepentimiento, es reconocer una cierta responsabilidad por lo hecho o consentido. ¿Ha habido en España alguna petición de perdón por los crímenes y violaciones de derechos humanos durante el franquismo?, ¿lo han pedido aquellos que formaron parte activa y directa del mismo, aquellos que en su día juraron lealtad al caudillo?, ¿y sus consentidores, beneficiarios o herederos? Ese perdón podría asentarse sobre una clarificación de lo sucedido (las “comisiones de la verdad”).

Si se hiciera algo a este respecto, estaríamos ante la posibilidad de ofrecer una mínima reparación moral y un evidente reconocimiento social a las víctimas del franquismo. Sería recuperar y dignificar «la memoria de los vencidos», que son aquellos que lucharon por preservar la legalidad democrática establecida y contra la imposición de un régimen dictatorial. Pero no es eso lo que se propugna hoy desde ciertos sectores de la clase política, jurídica y empresarial española. En aras de la “reconciliación” proclaman el “deber de olvidar”. Pero si algún deber es reclamable en tales asuntos, ése no es otro que “el deber de recordar” (Paul Ricouer) Recordar es en este caso rememorar, traer a nuestra memoria y conciencia los crímenes e injusticias cometidas para que no se repitan de nuevo. Y ésta es, además de una tarea individual, un esfuerzo colectivo por preservar en nuestra memoria colectiva lo sucedido.

Sólo aquellos no tienen la más mínima mala conciencia por la mal llamada guerra civil española (denominar “guerra civil” a lo que ocurrió en España tiende a equiparar normativamente a los dos bandos y a hacernos olvidar que lo que hubo fue un levantamiento militar contra una República democrática) se atreven a pedir, tanto a los “vencidos” como a las generaciones posteriores, que olviden. Pero precisamente ahí reside buena parte del problema: la ausencia de arrepentimiento y de mala conciencia por el franquismo implica, por parte de aquellos que solicitan que olvidemos, que se cree que no hay nada que corregir. Implica la negativa a condenar (hecho por lo demás harto frecuente en España) la dictadura franquista y sus severas consecuencias internas y externas. Solicitar esta suerte de amnesia colectiva es, además de imposible, abiertamente indeseable. Olvidar tales hechos es negarse a aprender de las barbaridades de ese nefasto pasado y, con ello, lastrar severamente la posibilidad de consolidar la democracia y construir un futuro de forma adecuada. Que no se castigaran tales crímenes en los momentos inmediatos a la muerte del dictador acaso tuviera alguna débil justificación prudencial. Por lo demás las políticas de «compromiso» y «reconciliación» que se consideraron necesarias para facilitar la transición auspiciaron ciertos acuerdos hoy a todas luces excesivos. Pero solicitar hoy el perdón judicial y el olvido social, tras más de treinta años de democracia, indica la evidente pervivencia en nuestra sociedad de fuertes y preocupantes valores autoritarios. Señala la negativa a romper definitivamente con una etapa oscura y siniestra de nuestra historia y, en suma, contribuye a difundir dudas sobre la credibilidad y fortaleza de la democracia.

Muchos de aquellos que vivimos durante el franquismo recordamos, con mayor o menor intensidad en función de la etapa que nos tocó vivir, la dictadura en todos sus aspectos: fusilamientos, represión, juicios sumarísimos, fosas comunes y ocultas, persecuciones, enriquecimientos ilícitos,... Sin llegar a estos extremos (nací ya en las etapas postreras del franquismo), aún recuerdo el diario temor de mi padre, un pequeño comerciante de campo, a que lo detuviera la Guardia Civil cuando salía de madrugada a vender papas, frutas, etc. Su temor no era solo que le requisaran arbitrariamente algunos de los productos que llevaba o que le recordaran que cada cierto tiempo había que “aportar algo para sus familias”, que también tenían necesidades. También temía, interna y calladamente indignado, la detención arbitraria y la violencia implícita en tales circunstancias, la inseguridad sobre su persona y su familia, la carencia de los más mínimos derechos y libertades.

Recuerdo igualmente los relatos de mi madre -ocasionales y con miedo: la política era entonces un tema prohibido- acerca de los republicanos que habían huido barranco arriba para esconderse, sin nada, pidiendo comida y refugio, sin tener siquiera a donde ir. Recuerdo cuando participar el movimiento vecinal o estudiantil era una actividad vigilada, sospechosa. Recuerdo cuando militar en la izquierda canaria era una tarea clandestina. Recuerdo todo ello y mucho más (Sima de Jinámar, los pozos de Arucas, la prisión de Fyffes). Y todo ello vuelve hoy, con dolor, a mi memoria. Pero esa misma memoria constituye un referente negativo, una imagen de lo que querría que “nunca más” volviese a ocurrir. Quienes nacieron bajo la democracia carecen generalmente de esas experiencias, recuerdos y referentes normativos. Tropiezan así con dificultades para comprender lo que aquello supuso y, de esta forma, para tomar postura crítica frente a ese pasado. De ahí, además de para recuperar y dignificar “la memoria de los vencidos”, la urgente necesidad de proseguir con el debate público sobre el franquismo. Un debate que, sin sed de venganza, debe conducir al progresivo esclarecimiento y conocimiento público de los hechos. Rememorar y esclarecer esos hechos puede resultar doloroso, pero seguro que contribuirá decisivamente a crear una memoria colectiva y una sensibilidad social que minimicen las posibilidades de un retorno a la barbarie. “Aunque el recuerdo no asegura un futuro apacible, el olvido no ayuda a su construcción” (Pablo de Greiff).

Pero el franquismo no solo supuso fusilamientos, represión, caciquismo, absoluta carencia de libertades y derechos,... También supuso un largo periodo de aislamiento internacional del que sólo comenzamos a salir a partir de los 60. También supuso largas décadas de atraso económico, de pobreza, de hambre y de miseria. Véase si no el pavoroso y conocido documental de Buñuel sobre Las Hurdes. Léase también El corazón helado de Almudena Grandes, donde en diversos pasajes se rememora con toda crudeza no solo el abandono de la República por parte de la comunidad internacional (con escasas excepciones como México) y especialmente por las muy pragmáticas y democráticas potencias europeas (algunas de las cuales organizaron campos de concentración en los recluyeron y humillaron medio millón de republicanos españoles y brigadistas internacionales que huyeron de la represión franquista), algo que tampoco parece políticamente correcto recordar. También se ofrece un excelente retrato de esa pobreza y miseria durante los años más duros del franquismo. Y esto último, aunque parece que tampoco lo percibimos adecuadamente, aún sigue teniendo importantes y decisivas consecuencias en nuestro presente. No en vano España sigue siendo uno de los Estado con sistemas de bienestar más débiles de toda Europa.

En todo caso, conviene insistir en que abominar del franquismo es parte de la tarea pendiente para cierto sector de la clase política, judicial y empresarial española, en especial para aquellos que aún siguen ocupando cargos públicos relevantes y que juraron lealtad al caudillo.

* Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

Pero el «auténtico liberalismo» de Aznar también tiene, como decíamos, una cara ideológica. Su papel fundamental sería servir de fundamento para la vida pública y ofrecer orientaciones acerca del matrimonio, la familia, la educación, etc. En opinión de Aznar, la política y la democracia están legislando constantemente sobre estos asuntos, pero al hacerlo se mete en terrenos que no debería pisar. La familia, el matrimonio, la sexualidad,.., tienen una dimensión pública pero Aznar cree que, en contra de lo que se está haciendo en España y otros lugares, no deben ser regulados por el Estado. Éste es el núcleo de su profundo desasosiego. Ya sabemos de su radical rechazo del matrimonio entre homosexuales, de la asignatura de educación para la ciudanía, del derecho de adopción por parte de parejas del mismo sexo o, en fin, de los limites al consumo de alcohol mientras se conduce (quienes se creen para decirme a mí cuántas copitas de vino puedo beberme antes de conducir, decía más o menos hace poco). Y para evitar estas medidas reivindica ahora un auténtico liberalismo.

Pero éste -dice Aznar- ha de ser “un liberalismo de raíz ética cristiana” que, además de servir de base para la vida pública, debe también -sorpréndanse por el giro argumental- salvar el proyecto europeo hoy en grave crisis -sorpréndanse de nuevo- “a consecuencia de la pérdida del legado del cristianismo, la verdadera alma del fundamento europeo”. Tamaño disparate sobre la crisis del proyecto europeo no necesita mayor comentario, pero sí lo merecen las otras sugerencias. Es sabido que Aznar quiere convertir al cristianismo en el alma de la cultura europea (y hasta de la Constitución europea), pero no parece que el cristianismo sea la raíz de dicha cultura. Acaso dicha fuente se encuentre, por una parte, en la Grecia y Roma clásicas y, por otra, en el movimiento moderno de la Ilustración. Lo que si es creíble es que ni la una ni la otra superaran la «depuración» a la que a juicio de Aznar debe someterse la cultura europea para mantenerse vigente. Pero más discutible aún es su sugerencia de que el liberalismo tenga un fundamento cristiano, pues ese fundamento es racionalista y no teológico. Por lo demás, es sabido que el liberalismo se ha caracterizado históricamente, entre otras muchas cosas, por la defensa de la tolerancia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual presuponía la aconfesionalidad del Estado. Pero no es esto lo que defiende Aznar, pues cree que el gran error del liberalismo es precisamente creer que “un Estado liberal tiene que ser necesariamente laico”. Por lo demás, aún si fuéramos a buscar no un fundamento sino un contexto cristiano al liberalismo, éste habría de ser protestante y, por tanto, una versión del cristianismo que Aznar en modo alguno profesa. Así pues, el «liberalismo de raíz ética cristiana» que Aznar nos propone no es un liberalismo cualquiera ni tampoco -¡válgame Dios!- un cristianismo cualquiera. Se trata de un liberalismo y cristianismo que yo llamaría «a la Cope», esto es, poco liberal (tolerante) y muy católico, apostólico y romano. Un liberalismo que, como ya sabemos, aboga por la confesionalidad del Estado y, en nuestro caso, por la recuperación de la triste y dolorosamente famosa fusión/confusión entre la Iglesia católica y el Estado.

No obstante, y siendo generosos, podría ser que lo que Aznar está defendiendo es que el Estado se inhiba de regular sobre aquellas cuestiones (matrimonio, familia, adopciones, divorcio, sexualidad, educación,...) y que sean los propios ciudadanos adultos los que decidan libremente con quien quieren casarse, qué tipo de sexualidad quieren practicar, qué clase de familia quieren construir, etc. Pero mucho me temo que tan «liberal» perspectiva (propia por cierto del primer liberalismo español de 1812) está lejos de lo que Aznar propone. Todo hace suponer pues que, en realidad, lo que defiende Aznar es que sea esa «raíz cristiana» la que decida sobre estas cuestiones y sirva de fundamento a las regulaciones del Estado al respecto. En suma, no nos engañemos: Aznar, a diferencia de lo que propugna en el terreno económico (aunque de boquilla, pues en la práctica es interesada y selectivamente intervencionista), no quiere desregular estas cuestiones y dejarlas a la libre decisión individual. Aznar quiere prohibirlas, esto es, regularlas en cierto sentido y, con ello, al amparo de este «liberalismo a la Cope» prohibir ciertas conductas y relaciones e imponer otras. Pero esto -claro está- no sería ya liberalismo sino simplemente rancio conservadurismo. Pare este viaje no hacían falta tantas alforjas.

*Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*

Ciertamente, resulta sorprendente que en una sociedad mínimamente democrática se ponga en cuestión el papel de la sociedad civil y la opinión pública. Olvidan o ignoran con ello que, entre otras muchas instituciones como una Constitución y un poder judicial verdaderamente independiente, tanto el principio de competencia entre partidos y/o representantes electos como el principio de un espacio público autónomo, de una esfera pública libre -de la que los medios de comunicación son una parte importante- en la que acaecen muy diversos procesos de formación de la opinión y voluntad políticas, son elementos básicos e ineludibles de toda sociedad democrática y especialmente de la democracia tan poco representativa en que vivimos. Pero este olvido es aún más preocupante cuando viene de la mano de “periodistas”. Alguno de ellos llegó a afirmar, con tono un tanto expeditivo, que para tomar decisiones ya elegimos a representantes y que, por tanto, la sociedad civil y la opinión pública poco menos que deberían callar y asumir lo que deciden los políticos elegidos al efecto. En nada se alejaban de aquellos elitistas que con tanta insistencia han demandado una y otra vez que los ciudadanos, más que intentar “gobernar desde la barrera” o influir sobre el gobierno, deben evitar cualquier intromisión en la toma de decisiones políticas, esto es, aceptar que una vez elegidos los representantes es a ellos -y únicamente ellos- a quienes corresponde la acción política.

La democracia sería así -por decirlo con Schumpeter- “el gobierno del político”, de la “clase política” y, en última instancia, del líder o “caudillo” que ha conseguido el mayor número de votos. Los ciudadanos serían, a su vez, una muchedumbre, masa o multitud pasiva a la que se le exige que vote cada cierto tiempo y que, en el ínterin, se comporte de modo deferente -y hasta reverente- para con esa clase política. Claro que estos periodistas, que de forma tan legítima como cotidiana emiten opiniones que publican y convierten en públicas, que de modo igualmente legítimo reivindican para sí la libertad de opinión, expresión y prensa, parece que les sienta mal, que les incomoda y les disgusta que la ciudadanía exprese a través de múltiples formas e instrumentos su igualmente legítima opinión sobre todos aquellos asuntos que son de su interés, por más que a veces sean contrarios al interés de otros.

Una incomodidad y disgusto que, por cierto, estos concretos periodistas parecen compartir con muchos otros políticos, algunos de ellos considerados como insignes representantes del progresismo y del conservadurismo en Canarias. Pero tales despropósitos no son más que una nueva expresión de una campaña de descalificación sumaria de las protestas ciudadanas frente a determinados proyectos empresariales. Y a tales efectos la expresión “la coalición del no a todo” se ha convertido en el eslogan publicitario de dicha campaña. El mismo Antonio ya ha hecho referencia a ella en alguno de sus frecuentes artículos de opinión. Por mi parte creo que ese “no” tiene tanto un contenido negativo como otro positivo, pues ha ocurrido que junto a la crítica y rechazo de algunos proyectos político-empresariales se han formulado otros proyectos sociales alternativos. En todo caso, esa inexistente “coalición” -el término “coalición” lo usan sus promotores en un sentido peyorativo para tratar de dar cuenta de una supuesta “unión de intereses ocultos e inconfesables”, cosa que por cierto no ocurre cuando se alude a otras “coaliciones”- viene a tener por realidad una pluralidad de iniciativas ciudadanas que si, por una parte, parecen responder a un rechazo de la progresiva y alarmante identidad entre intereses empresariales y decisiones políticas con el consiguiente deterioro o abandono del interés público, por otra, defiende de modo ciertamente impreciso, plural y, a veces, hasta contradictorio un modelo económico, político y social alternativo, más justo, sostenible y democrático participativo.

No obstante, respecto del mencionado entramado político-empresarial cabe decir que, pese a la sempiterna y cínica solicitud de más iniciativa y gestión privadas que no oculta sus alabanzas por un modelo económico ultraliberal (modelo que alguno de los periodistas allí presentes alabó sin el menor rubor, hasta el punto de sugerir la privatización de la educación y la sanidad), ya nadie, ni siquiera los liberales más serios, cree hoy día en la viabilidad de dicho modelo económico. La misma crisis actual ha dejado bien claro la necesidad de diversas formas y grados de regulación y control público. Pero, de modo especial en Canarias por las particularidades de su modelo económico, aquella fusión/confusión entre economía y política remite a la doble cara de una misma moneda. Asistimos así, por un lado, a la consolidación no de un modelo económico basado en la libre iniciativa empresarial, en la aventura y el riesgo individual sino, por el contrario, a una suerte de “capitalismo predatorio” (Weber), anclado en la política, cuyo éxito y ganancias depende de ella, de las subvenciones, oportunidades y proyectos que ésta le ofrece. Es más, son esos mismos “predadores del erario público”, los que frecuentemente sugieren, promueven y hasta imponen buena parte de esos proyectos a los que, valiéndose de su cercanía al (e influencia sobre el) poder, acceden luego con notoria facilidad.

Pero, por otro lado, nos enfrentamos también a una clase política -tan enredada como siempre en su sempiternas trifulcas internas de lucha por el poder- que, dadas las características de la lucha y competencia política de la democracia electoral en que vivimos, depende cada vez más de la financiación privada y empresarial de los partidos. De ahí, entre otras cosas, que los problemas de la corrupción estén -como de sobra sabemos en Canarias y como Antonio también señaló- a la orden del día, sin que por lo demás nadie asuma ninguna responsabilidad política al efecto, ni proponga medidas efectivas para evitar tal fenómeno y, en fin, sin que nadie pida las más mínimas disculpas. No obstante, en ese entramado político-empresarial falta una tercera e importante pata: los medios de comunicación y su capacidad para influir sobre la conciencia ciudadana. Acaso esto explique las sugerencias de los periodistas citados, pero podrían explicarse -cómo ignorarlo- por los conocidos intereses empresariales que esos mismos medios de comunicación tienen en muchos de esos proyectos hacia los que una significativa parte de la ciudadanía muestra su rechazo. Una realidad tal no ha hecho más que agudizar tanto la creciente y justificada desconfianza ciudadana hacia los políticos y la clase política cuanto su crítica de los partidos políticos. Pero también ha agudizado su demanda de otros cauces de participación política mediante los cuales no pretende -digámoslo con términos clásicos- “tomar el poder”. Tan sólo persigue descubrir, elaborar y trasladar problemas a la opinión pública y, de esta manera, conformar una cierta voluntad colectiva que ejerza influencia sobre la toma de decisiones políticas.

De la importancia de estas demandas parece ser consciente ya buena parte de la clase política, que está dedicando alguna atención -con poco éxito y habitualmente con intención de “encauzarla” y “domesticarla” más que de promoverla- al establecimiento de nuevas formas de participación política ciudadana. Es también por todo esto por lo que la postura de Antonio Morales, su decidida defensa de la sociedad civil y la opinión pública, su reconocimiento del importante papel democrático de las múltiples asociaciones, colectivos, grupos o plataformas cívicas resulta sin duda una bocanada de aire fresco y un recurso inestimable en democracia. Y no sólo para la solución que se le dé a éste o aquel problema, sino para el presente y futuro de la propia democracia.

* Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*