Canarias cuenta con un patrimonio arqueológico extraordinario en el que destaca, de forma significativa, el relacionado con la sociedad aborigen. La Comunidad Autónoma cuenta, en esta materia, con competencias plenas para legislar y total capacidad para gestionarlo. Desde los años 80 se han venido aprobando disposiciones destinadas a su salvaguarda y, ya en la década de los 90, se promulgó la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias que le presta especial atención. Posteriormente se aprobó la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que la vino a derogar y sustituir, si bien mantuvo, salvo algunos matices, lo concerniente a la gestión del uso público del patrimonio arqueológico.

En ambas leyes encontramos, en sus respectivos articulados, una serie de consideraciones encaminadas a su protección y gestión y en ellas se determina, claramente, que todos los objetos arqueológicos son de dominio público. En correspondencia con esta concepción, entre otras cuestiones, se define específicamente la figura de parque arqueológico, lugar que relaciona al gran público con los bienes culturales, particularmente con los bienes inmuebles, los cuáles se presentan y exponen en conjunción con su entorno. Sin embargo, en verdad,  la legislación actual no ahonda en demasía sobre la gestión de estos parques, no se observan diferencias entre lo planteado por una y otra ley, pues indican lo mismo respecto a como han de regirse. 

En otras ocasiones hemos tratado el tema del uso público del Patrimonio Arqueológico, véase Canarias Ahora El Patrimonio y su uso público: los parques arqueológicos, 5 de Abril 2018; Risco Caído: irregularidades en la gestión del patrimonio arqueológico, 15 de Agosto 2023. Subrayaba entonces, al igual que ahora, que en las islas no contamos con ningún parque arqueológico que de forma expresa haya sido declarado como tal por la administración competente, el Gobierno de Canarias.  

Viene al caso recordar que en las islas hay varias zonas arqueológicas, catalogadas como Bien de Interés Cultural para la Comunidad Autónoma, que se identifican por su uso público: Cueva Pintada de Gáldar, el Cenobio de Valerón, el Maipez de Agaete, Arteara, Lomo de los Gatos, El Bentayga, Guayadeque, Las Fortalezas, en Gran Canaria; El Tendal y La Zarza, en La Palma; El Julan, en El Hierro; La Atalayita, en Fuerteventura y otros que se promueven: el Barranco de Agua de Dios, en Tenerife; El Rubicón y Zonzamas, en Lanzarote; La Montañeta y Cuatro Puertas, Gran Canaria, etcétera.

En la actualidad, la gestión de estos “parques” está a cargo, según los casos, de los cabildos, los ayuntamientos de los lugares afectados o de empresas de titularidad privada relacionadas con actividades arqueológicas. Esta situación refleja el desbarajuste competencial y denota la inexistencia de un armazón administrativo sobre el que se debe sustentar un sistema de gestión coherente que responda a lo establecido legalmente. 

Hace unos meses la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural ha elaborado un proyecto de decreto-ley por el que se modifica la Ley 11/2019, de 25 de abril de Patrimonio Cultural, que atañe al patrimonio arqueológico y que se debatirá en el Parlamento de Canarias. Entre otras temáticas se alude al uso público, concretamente, a los parques arqueológicos y a una nueva figura jurídica denominada yacimientos arqueológicos visitables. 

Al respecto de los parques, en esta propuesta de decreto-Ley no se observan cambios sustanciales entre el articulado que está en vigor y el nuevo texto que se plantea. Literalmente se reproduce lo ya expresado en la Ley de Patrimonio Cultural vigente. Sin embargo, hemos de señalar que hay un añadido, un cambio puntual relevante que abre la opción a la externalización de la gestión, pues se indica que en aquellos proyectos que sustenten la declaración de los parques arqueológicos habrá de fijarse “el modelo de financiación y régimen de gestión propuesto, que (…) podrá incluir fórmulas de gestión directa o delegada”, sin aportar mayor concreción acerca de su alcance según se trate de una u otra fórmula.

Por otra parte, como hemos indicado, se introduce un nuevo concepto relativo al uso público del patrimonio: Los yacimientos arqueológicos visitables, referido a aquellos “que sin reunir las condiciones necesarias para su constitución como parque arqueológico, permitan su apertura al público en condiciones compatibles con la conservación, protección e interpretación del bien”. Del tenor de su redactado parece entreverse que se trataría de una especie de “mini parques arqueológicos”, sobre los que solo se presentan generalidades referidas a su gestión.

Igualmente, en el texto reseñado, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural incorpora la creación de una “Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Canarias” que deberá aglutinar a los yacimientos que cuenten con tal o cual calificación. Así, en un nuevo artículo que se añadiría a la Ley 11/2019, se dispone una panoplia de objetivos que, independientemente de su mayor o menor acierto, muestra lagunas; y remite a cómo será el régimen de funcionamiento de esta red a la promulgación, por parte del Gobierno de Canarias, de un decreto elaborado a propuesta de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, previo informe del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. 

En consecuencia, la implementación de estas nuevas medidas queda a la espera de que transcurra el tiempo, es decir a la agenda del Parlamento autonómico, en primer término, así como a la rapidez con que se elaboren los expedientes de creación de los parques, que por ley corresponde a los cabildos, lo cual no es poca cosa si atendemos tanto a los trámites parlamentarios como a lo enrevesado de los procedimientos administrativos. No entro a valorar si la propuesta de decreto-ley se aprobará en el presente curso legislativo, pero obviamente se puede constatar  que estamos a fines de 2025, y dentro de pocos meses restará un año para la disolución del Parlamento de Canarias, paso previo a la convocatoria de elecciones a la Comunidad Autónoma, lo que nos avisa de que no hay mucho margen para su aprobación, y si así fuera, ¿habrá tiempo para elaborar un decreto ad hoc que reglamente todos los apartados previstos en el decreto-ley que promueve la Dirección General? 

El funcionamiento de la máquina burocrática nos indica que no será fácil, ya que es imprescindible que se constituya el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, órgano que tiene que informar y aprobar la creación de los parques arqueológicos, después de que los respectivos cabildos presenten los proyectos que avalan su creación. Dados los tempos que caracterizan a la Administración, podemos intuir que, probablemente, todo continuará igual, y estas zonas, las más representativas del patrimonio arqueológico de Canarias, seguirán abiertas al gran público en las mismas condiciones que lo hacen actualmente, es decir en un limbo jurídico. 

Hay que reseñar que estos sitios, que algún día tendrán la categoría de parques arqueológicos, forman parte de una oferta turístico-cultural que cobra su particular importancia en una economía fuertemente terciarizada como la canaria y sabemos que estos bienes culturales generan una actividad económica. Este es un factor clave que sin duda afecta a la gestión de estos lugares y entiendo que la propuesta de decreto-ley se queda corta, siendo preciso ajustar los parámetros que deben guiar la gestión pública y/o privada del uso público del patrimonio arqueológico. Por ejemplo, sería oportuno considerar mecanismos de regulación que atiendan, por una parte, a la necesidad de fijar la capacidad de carga de estos lugares y, por otra, a propiciar que los posibles réditos que se producen, o se pudieran conseguir, sirvan para asegurar la conservación del bien y, siempre que se dé el caso, favorecer a las poblaciones locales afectadas 

Por todo ello, entiendo que para adecuar la “gestión delegada”, sin eufemismos, la gestión privada del uso público del patrimonio arqueológico, sería pertinente acordar las reglas que permitieran, conforme a la ley, su externalización, una opción que sí tiene cabida en el marco legal, pero que siempre debe realizarse bajo supervisión pública.

Evidentemente, son muchos los elementos que interfieren en la gestión del uso público del patrimonio, pero visto lo visto, es indispensable que, desde ya, se vayan buscando soluciones para que el legado cultural, heredado de las sociedades que antaño vivieron en las Islas, no sea entendido y utilizado simplemente como una pieza más de las ofertas complementarias de la industria turística que define la economía de Canarias. 

Estoy convencido de la sensibilidad e interés de las instituciones insulares, a todos los niveles, por potenciar el sector y optimizar la relación entre la conservación y el disfrute ordenado del patrimonio arqueológico. Parece por tanto conveniente trazar una estrategia que, además de ocupar al Parlamento, active un consenso entre las administraciones públicas con competencias y los agentes privados interesados, especialmente las universidades, las empresas, l@s profesionales y representantes de la sociedad civil para ayudar a solventar con la más amplia participación los problemas aquí planteados. 

En primer término, es obvio comprobar que el esfuerzo realizado por las administraciones públicas (particularmente el Cabildo de Gran Canaria) y el de numerosas (decenas) personas ha tenido alguna repercusión tanto en la difusión de los citados valores, como en la realización de infraestructuras que han buscado su protección, conservación y puesta en uso. Ahora bien, en nuestra opinión, son más los déficits y la mala praxis lo que ha caracterizado y definido las acciones realizadas hasta la fecha. Y así lo considero ya que todas las actuaciones realizadas en las zonas arqueológicas se han hecho, en gran medida, al margen de la legislación sobre Patrimonio Cultural vigente, lo cual constituye al menos y en primera instancia una manifiesta irregularidad. En este sentido, hemos de puntualizar que esas acciones -que han supuesto el desembolso de varios millones de euros del erario publico- responden a políticas arbitrarias por cuanto no se han vertebrado según se conforma legalmente, pues ello debería realizarse sobre el soporte de los denominados planes especiales que deben ejecutarse en las zonas arqueológicas (Artículos 87.3 y 16.h, 37 y 38, etc. de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.)

A esta situación, que no puede entenderse de otra forma como un fraude, se añade otra circunstancia que entiendo agrava aún más si cabe este desbarajuste administrativo que, sin duda, define una actuación política nada consecuente, ni acorde no solo como decimos con la legislación vigente, ni con los parámetros que marca la UNESCO a través de las propuestas de sus organizaciones colaboradoras ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) e ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales). Nos estamos refiriendo a un hecho que es contradictorio, completamente ilógico, que también se observa en otros muchos de los célebres yacimientos de la Isla que han venido siendo considerados como “parques arqueológicos” y que, inexplicablemente, no cuentan con su declaración formal como tales, pues para ello deben adquirir, cosa que no ocurre, un reconocimiento expreso como se determina en el Artículo 89 de la Ley de Patrimonio Cultural Canarias. Es interesante, no obstante, comprobar como en este sentido la política del Cabildo ha cambiado, aunque no sustancialmente. Me explico, hasta mitad de la pasada legislatura constaba en la web del Cabildo grancanario la existencia de 8 Parques Arqueológicos en la Isla, entre los que se incluía el correspondiente a la Zona Arqueológica del Bentayga ubicado como es manifiesto en el ámbito del Paisaje Cultural de Risco Caído. Esta consideración cambió, en la fecha indicada, y desde ese momento ya no se habla de Parques Arqueológicos en la citada página. Solamente se mantiene tal consideración para la Cueva Pintada de Gáldar, que consta además de como parque arqueológico, con la categoría de museo, aunque ello no se sostiene en ningún soporte administrativo que apoye su declaración como tal. Es decir hoy, ya no hay Parques Arqueológicos en la Isla si no que, según la web del Cabildo de Gran Canaria-Patrimonio Histórico, lo que encontramos es una Red de Espacios arqueológicos visitables.

Si ello es así, le corresponde en primera instancia al Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, iniciar el procedimiento pertinente para incoar el expediente para la declaración del Parque Arqueológico de Bentayga y, paralelamente, redactar y encaminar los cauces para la aprobación del Plan Especial de la Zona Arqueológica. Esto mismo habría que hacer con el resto de Zonas Arqueológicas principales o más relevantes del Paisaje Cultural como, en primer término, con la ZA de Risco Caído, y en igual correspondencia con las Zonas Arqueológicas de Acusa y la de Risco de Chapin. En mi opinión, todas las actuaciones que se hagan deben estar amparadas en la planificación que se determina en base a los supuestos legales y, por tanto, es fundamental elaborar los planes aludidos para dar completitud a las propuestas que de forma interdisciplinar en ellos se planteen. Todas las acciones que se propongan para estas zonas arqueológicas que se hagan fuera de estos parámetros que marca la Ley, son de naturaleza irregular, y las más de las veces caen en arbitrariedades, cuando no en tópicos subjetivos de naturaleza caprichosa.

Por otra parte, hay que resaltar según se determina en la LPC, aprobada después de que Risco Caído y las Montañas Sagradas entrara en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la figura de paisaje cultural debe inscribirse como BIC (Bien de Interés Cultural) de Canarias, (Artículo 23.g), y además debe contar con un Plan Especial para su ordenación el cual por su carácter extramunicipal ha de impulsar el Cabildo de la isla. 

No está de más señalar, al hilo de lo narrado, la pertinencia de “reordenar y planificar la gestión del patrimonio arqueológico insular y no es menos cierto que se hace indispensable dar un golpe de timón, casi empezar de cero, y ajustar en primer término todos los fundamentos que rigen una buena gobernanza sobre la primera manifestación cultural de la prehistoria de Canarias declarada como Patrimonio Mundial por la UNESCO”. Esto lo escribí hace unos años, al igual que comente en opinión publicada los principales aspectos que desde el punto de vista metodológico deben considerarse al respecto.

No se puede, como ha hecho recientemente en un acto público un responsable del ente insular, achacar a la burocracia y al fárrago legal que no se acometan las determinaciones que legalmente están prescristas para acometer las siguientes actuaciones que deben considerarse como prioritarias si queremos desarrollar una gestión acorde y adecuada con el patrimonio reseñado. Nos referimos en concreto a la obligación legal de:

Por último, debo asimismo indicar que procede incardinar, según se determina por ley, ( Artículo 89.4. LPCA ), los parques arqueológicos en los planes territoriales que les afecten, pues se les considera como elementos (léase infraestructuras) integrantes de la estructura general del territorio, quedando vinculados a los sistemas generales, dotaciones y equipamientos. Estamos hablando pues de la connotación que adquieren estos espacios (los parques arqueológicos) en la planificación general de la Isla, lo que favorece no solo la protección de los bienes patrimoniales sino también su puesta en uso con garantías de cumplir con el interés público, lo cual como he venido comentando está bien lejos de la gestión (?) que hasta ahora que se ejecuta por parte de la corporación insular.

Es sorprendente, o a lo mejor no tanto dados los antecedentes, que desde la administración insular se quiera ubicar la sede de este órgano de gestión en la capital de la isla, es decir fuera del ámbito territorial del Paisaje Cultural declarado como tal por la Unesco, lo cual entra en contradicción con experiencias análogas, con lo que plantea la literatura especializada y singularmente con lo que argumentaron los principales técnicos que elaboraron el Dossier que se presentó para optar a la declaración de la zona como Patrimonio Mundial. Este hecho está    recogido documentalmente y a mayor abundamiento puede consultarse el texto elaborado  por Marín, Cipriano; de León, José; Cuenca, Julio y Guillén, José, titulado El Paisaje Cultural de Risco Cáido y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria y el Patrimonio Mundial, editado por el Cabildo de Gran Canaria, en 2018, y especialmente lo expuesto en el Anexo IV del  Plan Integrado de Gestión que se incorporó en el citado dossier en el que se expone que el Centro de Gestión se ubicará “en el seno del bien propuesto, [lo que] permitirá incrementar el nivel de coordinación entre todas las partes implicadas, así como las labores de guardería, monitoreo e investigación sobre todos los componentes y atributos que integran el bien propuesto”. En efecto, en este y otros documentos se proponía la creación de una Fundación para gestionar el Paisaje Cultural, si bien esta finalmente no se creó y se constituyó el citado Instituto, un cambio en la concepción del Sistema de Gestión del Paisaje Cultural que para muchos, entre los que me incluyo, no ha sido lo más acertado, si bien  no vamos ahora  a discernir si se trata de galgos o podencos. 

Desconocemos cuáles son las razones que han llevado a los representantes  de la corporación insular con responsabilidades en la materia a cambiar hoy la localización de la sede del órgano de gestión, pero lo cierto es que se puede constatar que esta es una más de las arbitrariedades que el equipo de gobierno del cabildo insular ha cometido desde que  en julio de 2019 se incluyó esta zona de la isla  en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  Solo hemos de recordar  las recomendaciones de  ICOMOS  que se deberían incorporar para dar completitud al dossier que se presentó por parte del Cabildo y que o bien no se han concretado o se han materializado adaptándose  a  consideraciones sui generis de los responsables de la gestión.  El informe de ICOMOS (documento signado con el Nº 1578 y titulado: Proposition d’inscription du site Paysage culturel de Risco Caido et montagnes sacrées de Grande Canarie) apuntaba unas  Recomendaciones complementarias -que deben entenderse como de obligado cumplimiento por la administración del Paisaje Cultural- relacionadas con la planificación y gestión del Paisaje Cultural.  Entre ellas destaca, en primer lugar, que la administración insular debería en el menor plazo de tiempo posible poner en marcha el Centro de gestión, investigación y seguimiento del Paisaje Cultural; otras se relacionan con la puesta en marcha de la Fundación Risco Caído (sic) con el fin de consolidar el modelo de gestión participativa del Bien cultural, así como otras relacionadas con la prevención de incendios forestales, nuevas estrategias sobre el turismo en la zona, la investigación sobre el patrimonio arqueológico o un plan hidrológico para abastecer a los agricultores (...) de todo lo cual nos hicimos eco en otro artículo en el que expresábamos nuestra preocupación sobre el devenir de la gestión y planificación del Paisaje Cultural (Risco Caído: Responsabilidad, compromiso e improvisación, Canarias Ahora 31 de Julio de 2019) y que como ya apuntábamos tampoco se han puesto en marcha.

En el colmo de las arbitrariedades debemos añadir que no se ha constituido el Consejo de Participación ciudadana, ente aún non nato fundamental para una gestión correcta, democrática y transparente de los asuntos de la res publica. Sin duda, la participación de la ciudadanía en las propuestas, planes, proyectos e iniciativas varias que emanan de las administraciones públicas es un “logro democrático” pero, sin embargo, en la práctica, en la mayor parte de las ocasiones queda, como es el caso, en papel mojado y solo se refleja teóricamente como parte de la praxis política o como una manipulación que busca homologarse como una práctica democrática. Ciertamente,  en el caso que nos trae, no se ha tenido en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada que ya en diciembre de 2019  manifestaba  que  ubicar el Centro de Gestión en la zona es la fórmula pertinente, siguiendo los criterios de Unesco e ICOMOS, para optimizar la participación ciudadana y la gestión de este bien Patrimonio Mundial. (Risco Caído: carta abierta al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Canarias Ahora 18 de diciembre de 2019).   

Al respecto, Unesco-Patrimonio Mundial hace especial hincapié en la trascendencia de la participación (ineludible) de la población local y los grupos de interés en todos los procesos de planificación y gestión que se desarrollen en el bien. En las Directrices Prácticas [Manual Guía para preparar la solicitud de incorporación al Patrimonio Mundial] se señala como propio de la planificación de la gestión su carácter participativo, con procesos de consulta a los afectados, y con el “desarrollo de mecanismos para la implicación y coordinación de diversas actividades entre los diferentes socios y las partes interesadas”. Por tanto, debemos plantearnos si realmente se favorece esta filosofía alejando el centro de decisiones, el susodicho órgano de gestión, de su emplazamiento natural. 

Desde  hace años venimos insistiendo en la necesidad de incorporar a la sociedad civil organizada en la gestión y planificación del Paisaje Cultural (y de la Reserva de la Biosfera) y, en este sentido, consideramos que sacar la sede del órgano de gestión del territorio que conforma el Paisaje Cultural es un error garrafal que va en detrimento de la  implicación de la población local en aras de cumplir con los objetivos que se derivan de la declaración de sendas figuras y que contraviene los acuerdos con UNESCO y la administración estatal. La sede debe mantenerse como estaba previsto en el Paisaje Cultural, un territorio que acusa un grave despoblamiento y que sufre una gentrificación galopante, hechos a los que sin duda ayudaría a combatir.

La ciudadanía, la sociedad civil, los ayuntamientos afectados deben exigir al Cabildo de Gran Canaria que cumpla con los compromisos adquiridos con la UNESCO para lograr que el órgano de gestión se localice en el ámbito del Paisaje Cultural, de tal forma que, como se plantea por la literatura UNESCO (Directrices Prácticas:  Párrafos 11, 12 y 119), ello permita alentar y promover la participación activa de las comunidades y partes interesadas afectadas por el bien, como condiciones necesarias para la protección, conservación, gestión y desarrollo sostenibles del sitio. 

Es manifiesto y notorio que desde las más altas instancias del Cabildo se había acordado con el Ayuntamiento de Tejeda ubicar en un inmueble del municipio cumbrero (el antiguo Museo de las Tradiciones) la sede del órgano de Gestión del Paisaje Cultural, lo cual se plasmó en el documento Additional information requested by ICOMOS regarding the nomination of the Risco Caído and the Sacred Mountains of Gran Canaria Cultural Landscape for Inscription on the World Heritage List, que se aportó a la Unesco en  2018 y en el que en el Apartado 4 se puede leer:

“Tras llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Tejeda y el Cabildo de Gran Canaria, el Centro de Gestión se ubicará en un edificio enclavado en el corazón de Tejeda, en un borde del área del bien propuesto (zona de amortiguamiento). Tiene capacidad e instalaciones suficientes para albergar las funciones y actividades previstas (ver fotos adjuntas). Los criterios de selección han dado prioridad a la política de reconversión y reutilización de los espacios y equipamientos públicos disponibles evitando así generar nuevas instalaciones con el consiguiente impacto. Teniendo en cuenta las estimaciones de los expertos sobre el trabajo restante para completar la remodelación del edificio para cumplir con sus nuevas funciones, así como el proceso de asignación de personal para operarlo, estiman que estará listo para abrir en septiembre de 2019. El presupuesto ha sido aprobado por el Cabildo de Gran Canaria para garantizar tanto su funcionamiento y mantenimiento del Centro”.

Desde entonces se han prodigado llamadas, desde las más altas instancias de la administración pública y de las esferas políticas y técnicas, apuntando a la responsabilidad que tal declaración supone. Esta responsabilidad se corresponde, sin duda, con la obligación de acatar las determinaciones de la UNESCO, de asegurar la protección eficaz del bien declarado como Patrimonio Mundial para las generaciones actuales y futuras.

En este artículo esbozo algunas ideas que buscan recapacitar, no tanto sobre esa responsabilidad, sino sobre el compromiso adquirido por las administraciones públicas, sea el Gobierno de España -como representante del Estado español en la Convención del Patrimonio Mundial-, sea el Cabildo de Gran Canaria, líder y motor del expediente que culminó con el preciado galardón. Asimismo, he estimado conveniente abordar en esta reflexión algunos planteamientos relacionados con la gestión del Paisaje Cultural que en mi opinión no están ponderados de manera correcta y que son fruto de la improvisación.

Previamente, he de señalar que la propuesta destinada a incorporar el Paisaje Cultural a la Lista del PM, liderada por el Cabildo grancanario, se sustentó en un dossier realizado según las normas que el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural [UNESCO] dispone para los sitios declarados como tal, así como para aquellos que optan a su declaración. Estas determinaciones se encuentran recogidas en las denominadas Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, elaboradas y revisadas periódicamente por este Comité.

Sustancialmente, en el dossier que presentó la candidatura del Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, se tratan dos grandes aspectos. Uno dedicado a destacar los valores del bien cultural que aspira a ser distinguido como un valor universal excepcional, digno por tanto de adquirir la categoría de Patrimonio Mundial, y otro destinado a concretar cuáles son las acciones y medidas a implementar para lograr los objetivos previstos.

Este análisis trata, en primer término, sobre este segundo apartado, ya que deduzco que es en él donde se especifica el compromiso que adquiere el estado español (y todas las administraciones implicadas, singularmente el Cabildo), ante el Comité del Patrimonio Mundial-UNESCO. En este sentido, podemos observar que es en el Plan Integrado de Gestión (PIG), presentado en el Anexo IV del Dossier, donde quedan plasmadas las medidas y actuaciones que obligatoriamente se han de materializar para atender el compromiso adquirido.

En efecto, es en las propuestas que contiene el denominado PIG donde se aquilata el compromiso que se ha adquirido con UNESCO-Patrimonio Mundial y es por eso por lo que entiendo que hay que analizar algunos aspecto estructurales de su contenidos; al igual que considero conveniente exponer algunas referencias al informe de ICOMOS (documento signado con el Nº 1578 y titulado: Proposition d’inscription du site Paysage culturel de Risco Caido et montagnes sacrées de Grande Canarie, concretamente las Recomendaciones complementarias, relacionadas todas ellas con la planificación y gestión del Paisaje Cultural que, igualmente, deben entenderse como de obligado cumplimiento por la administración del Paisaje Cultural.

1. Sobre la Planificación de la Gestión del Paisaje Cultural.

Según la literatura especializada, la planificación de la gestión se ha convertido en la herramienta principal para administrar este tipo de bienes al que nos referimos. En los diferentes manuales de la UNESCO para la gestión del Patrimonio Mundial se argumenta que para llevar a cabo de forma eficaz las actividades encaminadas a la protección y la presentación del bien, metas que incorporan un objetivo más amplio como es el uso sostenible y la distribución de beneficios que se puedan generar, es necesario contar con un sistema de gestión que articule los distintos planes y programas que se han de realizar de forma coordinada y contando con ciclos de planificación.

Básicamente, un sistema de gestión se articula como un proceso de planificación, ejecución y monitoreo, cimentado sobre elementos institucionales y jurídicos que posibilita unos productos y resultados. En mi opinión, el PIG aludido se centra en describir los “productos o resultados” que se pretenden conseguir, dejando para el momento adecuado -que se debe entender que es en la coyuntura actual- una planificación pormenorizada de la gestión de las estrategias, propuestas y medidas que en él se contienen.

Por tanto, transcurridas casi tres semanas desde de la declaración, ya no estamos en el momento de ahora qué, sino en el de plantearnos el cómo y por dónde empezar. Es decir, nos encontramos con la necesidad de diseñar y activar la Planificación de la Gestión. Sin duda, esta es una labor que le compete al equipo de técnicos y profesionales que son los responsables de llevar a buen término estas tareas.

No obstante, en cualquier caso, creo que independientemente de que, antes o después, se formalice la planificación de la gestión, es preciso promover algunas actuaciones, que entiendo avaladas por razones de peso, y que precisan de una respuesta que debe ser inmediata. En este sentido apunto varias acciones que se han de acometer sin dilación.

a) Creación de los Parques Arqueológicos y/o Etnográficos de Risco Caído, Bentayga, Acusa y Barranco Hondo. El diseño y la implementación de estos sistemas generales favorecerá, acorde con la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, la protección de los atributos atributosmás relevantes del bien, situados todos ellos en la “zona núcleo” del paisaje cultural, lo que posibilitará su conservación (incluida la investigación), en concordancia con el uso público que deberá estar ajustado a la capacidad de carga que se determine para cada sitio. Solo con la articulación de estos instrumentos de ordenación se pueden garantizar los objetivos fijados para estos atributos que definen y caracterizan al Paisaje Cultural.

En la misma línea, en aras de una mejor protección y uso sostenible, es imprescindible diagnosticar, y adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto que produce, la afluencia de visitantes en otro de los atributos más relevantes del Paisaje Cultural, el Roque Nublo, que a ojos vista está la huella de las visitas incontroladas, debiéndose reconducir la situación sobre unos parámetros de planificación ajustados en primer término a la protección de este Monumento Natural.

b) En cuanto a la “presentación” es fundamental disponer de un Discurso unitario que explique las características del bien y sus atributos, basado en fuentes fidedignas. En este sentido es asimismo prioritario elaborar un Plan Interpretativo del Paisaje Cultural que sirva de soporte a la información y presentación del bien en todas las infraestructuras vinculadas, así como para todos los soportes impresos o digitales.

c) Respecto al futuro del desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas hay que mencionar las recomendaciones plasmadas en el Informe del ICOMOS citado, en particular las relativas al turismo, para el que recomienda la puesta en marcha de una nueva estrategia y la referida al sector primario, para el que demanda se asegure el agua para las actividades agrícolas actuales y futuras. También se apunta con el fin de proteger el medio y las poblaciones afectadas el desarrollo de un plan de preparación de riesgos para incendios y cambio climático.

d) Es evidente que si ICOMOS hace estos planteamientos es porque esos temas o no se han tenido en cuenta a la hora de presentar la propuesta, o bien no se han expuesto adecuadamente.

e) Otro tema que entiendo no queda explícito en el PIG, que es capital en la rendición de cuentas al Comité del PM, y que tiene que estar contemplado, sí o sí, es el sistema de evaluación y monitorización de la gestión.

2. Sistema de Gestión. Algunas ideas sobre la Fundación Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria.

En las citadas Directrices Prácticas (Párrafo 108) se apunta que los bienes deberán, además de reunir las condiciones de integridad y/o autenticidad, contar con un sistema de protección y gestión adecuado que garantice su salvaguardia.“ Siguiendo esta directriz, en el dossier aludido, Anexo IV, en el organigrama de gestión y gobernanza del bien propuesto, se propone la creación de la ”Fundación Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria“ señalando que actualmente (hace referencia al último trimestre de 2018) está en proceso de constitución, indicando que se trata de una Fundación de carácter público, promovida por el Cabildo de Gran Canaria cuyos fines deben concentrarse en 1) la protección y conservación del bien y 2) en posibilitar uso sostenible del Paisaje Cultural, adoptando para ello todos los medios y mecanismos que la legislación le concede. Sea como fuere, la Fundación deberá responder a los compromisos adquiridos y ser el órgano que encaje la gestión y la planificación del Paisaje Cultural

Así, la Fundación debería articularse -en aras de procurar el desarrollo del PIG del Paisaje Cultural- en torno a una estrategia que facilite la puesta en marcha de aquellos dispositivos administrativos que permitan activar la gestión del Paisaje Cultural, teniendo en cuenta las consideraciones que al respecto propone UNESCO-Patrimonio Mundial.

Sin embargo, hemos de señalar que la fundación no va a gobernar, porque no puede ya que es legalmente inviable, el territorio sobre el que se asienta el Paisaje Cultural, aunque si podrá gestionar –tras la adopción de las medidas administrativas pertinentes- los diferentes usos y actividades de diferentes lugares, particularmente los de titularidad pública. Por ejemplo, sistemas generales, como los parques arqueológicos. No obstante, desde un organismo de estas características se puede realizar una amplia gama de funciones encaminadas a dar respuesta solvente a los objetivos planteados y compromisos adquiridos.

Por consiguiente, desde los órganos de gobierno de la Fundación se debe determinar qué es lo que hay que planificar y gestionar. Ordenar los asuntos -con sus prioridades- que hay que atender; precisar cómo, quién, en qué plazos y cuáles son los costes que supone, precisa de una estructura organizativa que facilite el desarrollo de una programación coherente que prevea los pasos a dar a corto, medio y largo plazo en todo lo relativo a la planificación y gestión del Paisaje Cultural.

En este sentido, de forma concisa apunto algunas consideraciones que estimo relevantes en la configuración de este ente autónomo.

Sobre su gobernanza, indicar que es imprescindible que las comunidades locales participen con garantías de representación fehaciente de la sociedad civil, donde tenga cabida los colectivos sociales vinculados que así lo deseen, así como otros grupos de interés que se vinculen.

Respecto a la estructura organizativa, la Fundación debe abarcar varias áreas de trabajo sobre las que organizar la gestión del Paisaje Cultural, entre las habría que considerar aquellas relacionadas con la Protección, Conservación e Investigación; la Planificación; la Difusión y Presentación (Interpretación) y, obviamente, otra sección destinada a la administración propia de este tipo de entes que atiende los asuntos cotidianos. Consecuentemente, la Fundación debe contar con una oficina técnica que deberá estar localizada en el ámbito del Paisaje Cultural, con recursos y medios suficientes para cumplir debidamente los trabajos asignados.

Entiendo que asumir estos planteamientos contribuye a fortalecer el propio concepto de Plan de Gestión del Paisaje Cultural y, en consecuencia, a optimizar su Sistema de Gestión, haciéndolo homologable a los experimentados en otros sitios del Patrimonio Mundial.

3. Sobre alguna propuestas vertidas en los medios de comunicación.

Han sido muchas y variadas las declaraciones realizadas por técnicos, activistas, literatos, diletantes, políticos y ciudadanía en general y entre ellas, además de propuestas asertivas, también encontramos algunas que podemos tildar de llamativas, como la idea de reavivar la crear de un Parque Nacional en la Isla, que no sabemos si afectaría al Paisaje Cultural, o la de “fusionar” la gestión de este bien declarado PM con la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Esta última propuesta es para mí muy significativa y, por tanto, a ella me referiré ya que creo que no es momento para la improvisación. Al respecto considero

a. Hay que subrayar, como se especifica en las Directrices y en la literatura UNESCO relacionada, que el Paisaje Cultural tiene que contar con un mecanismo ad hoc, específico y exclusivo, para la gestión del bien cultural calificado como valor universal excepcional.

b. Por otra parte, debo añadir que, si bien estas dos figuras de protección del Patrimonio (Natural y Cultural) cuentan con el aval de UNESCO, se sustentan en principios totalmente diferentes. No solo existe una diferencia conceptual, sino que las exigencias de UNESCO, en cuanto a los criterios de protección, planificación, gestión y monitorización, no tienen nada que ver según se trate de uno u otro caso, por no hablar de las normas y mecanismos previstos para su elección. No estaría de más que quienes abogan por esta alternativa sui generis leyeran, además de las citadas Directrices Prácticas, el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera para entender las diferencias existentes entre ambas figuras, particularmente cómo se concibe la gestión en cada uno de ellos.

c. Más arriba se ha planteado que la Fundación RCESMGC no cuenta con facultades para gobernar el territorio del Paisaje Cultural, tampoco podría hacerlo si su ámbito de gestión se extendiera a la RBGC, lo que cual debemos considerar como otro hándicap que hace inviable esa idea de fusionar la gestión de ambas figuras.

d. Ciertamente, el territorio que abarca el Paisaje Cultural supone una quinta parte del ámbito que ocupa la Reserva de la Biosfera. Hay que anotar que en torno al 90% se localiza en la denominada Zona de Amortiguación, detectándose también que un sector del Paisaje Cultural, el ubicado en sus límites Norte y Noreste, en particular, el correspondiente a la Zona Núcleo del Paisaje Cultural, situado en los Riscos de Chapín, se encuentra en la Zona de Transición de la RB, o como el caso de Barranco Hondo, también en la Zona Núcleo que, simplemente, queda fuera de los límites de la Reserva.

e. Creo que más que gestión única lo que debe primar es la coordinación administrativa, concretamente en lo referido a la actualización de los planes de los espacios naturales protegidos (para lo que los cabildos cuentan con amplísimas competencias), que afectan a más del 90% del territorio que abarcan estos “territorios UNESCO” en Gran Canaria, ya que son los instrumentos de planeamiento de los espacios naturales protegidos – particularmente los de la Red Canaria y los de la Red Natura 2000- los que supeditan, con todo el peso de la ley, los usos y actividades permitidas, autorizables y prohibidas en prácticamente todo el territorio que cubren tanto una como otra figura internacional de protección de este extraordinario patrimonio natural y cultural, localizado en ese lugar etéreo denominado La Trasierra.

En distintas ocasiones, y variadas circunstancias, he manifestado mi posición ante la deficiente política, que para algunos casos también podría calificar como nefasta, que todos los gobiernos insulares han mantenido –desde hace cuarenta años- para con los espacios naturales protegidos, ya de la Red Canaria, ya de la Red Natura 2000.

En esta legislatura que se inicia, el gobierno insular debe impulsar imperiosamente la revisión de los planes de todos los espacios naturales protegidos, debiéndose, en mi opinión, iniciar esta tarea por aquellos que afectan al Paisaje Cultural, especialmente en aquellos que comprenden la Zona Núcleo.

Deberán ser pues los documentos de los Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo y del Parque Natural de Tamadaba, y el Plan Director del Monumento Natural Roque Nublo -que habrán de recoger las disposiciones que para ello determina el PIO, actualmente en revisión- los que fijen, atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los usos y actividades a desarrollar en lo concerniente a la protección, conservación y desarrollo socioeconómico del Paisaje Cultural.

Resolver este quid es clave para la planificación y gestión del Paisaje Cultural. El nuevo gobierno insular tiene que responder a esta situación para poder dar coherentemente completitud a los compromisos adquiridos. Es fundamental incardinar en la planificación del Paisaje Cultural los planes de los espacios naturales protegidos que le afectan para disponer de una ordenación territorial que garantice su protección y uso sostenible.

Si hay habilidad y consistencia se podrá encontrar el camino para resolver una situación compleja. Habrá que dejar a un lado la improvisación y buscar en el diálogo, el consenso y la cooperación el modo de articular una planificación para el Paisaje Cultural que sea viable, sostenible, participativa, transparente y realista, de tal forma que se asegure la protección eficaz del bien declarado como Patrimonio Mundial para las generaciones actuales y futuras.

He ido retrasando esta reflexión a la espera de conocer los programas electorales de los diferentes partidos para ahondar con suficiencia en el tema. Todavía no he podido conocer, aunque diariamente he consultado las páginas oficiales de todas las organizaciones, su parecer al respecto.

En verdad ya tenía esbozada la introducción de este análisis, así como la enumeración de los grandes retos a los que las administraciones públicas –cuyos responsables máximos saldrán de las urnas el próximo 26 de Mayo- tendrían que afrontar para dar respuesta a toda la casuística que caracteriza al Paisaje Cultural. Como decía, he intentado conocer las propuestas de los programas electorales y me había dado un plazo -esperar hasta el próximo domingo, una semana antes de los comicios electorales- para ver si saltaba la liebre y alguno de los partidos políticos concretaba alguna propuesta. Sin embargo, he adelantado esta opción, la de esperar unos días, después de que los medios informaran que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, (ICOMOS)- organización no gubernamental, colaboradora de la UNESCO- da su aval a la candidatura del Paisaje Cultural como Patrimonio Mundial, lo cual indica que es altamente probable que en la 43º Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, a celebrar en Bakú (Azerbaiyán) el próximo mes de Julio, se confirme su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial.

Quisiera señalar que en la introducción para el artículo que preparaba, antes de que recibiéramos la noticia de ICOMOS, apuntaba: ¿Qué pasaría si UNESCO no acepta la propuesta para la nominación del Paisaje Cultural como Patrimonio Mundial? Me respondía a mí mismo si se diera ese supuesto: “Ciertamente, el futuro del Paisaje Cultural no debe permitir ninguna disyuntiva y habrá que continuar profundizando y consolidando la propuesta -en concordancia con las líneas que marca UNESCO destinadas a la protección y gestión del lugar-, debiéndose incorporar a la población local en las tareas de planificación y gestión del sitio”.

Como esa situación que atisbaba como una probabilidad, a la que habría que dar respuesta, no se producirá, por cuanto se nos dice que existe una altísima posibilidad de conseguir tal distinción por parte de UNESCO (un 99% en palabras del presidente del Cabildo), estimo pertinente apuntar algunas consideraciones.

1. Todas las organizaciones políticas que han tenido representación en el Cabildo durante las dos últimas legislaturas – CC, NC, Podemos, PP, PSOE y Unidos por Gran Canaria- han gobernado, a través de diferentes coaliciones, la institución insular. Es decir que unos y otros han tenido, en alguna medida, responsabilidades de gobierno bien cuando se inicia el expediente, ya cuando este se consolida y se presenta la solicitud de la incorporación del Paisaje Cultural a la lista de lugares Patrimonio Mundial. Por tanto, se puede constatar que todos estos grupos políticos han apoyado por activa o pasiva esta iniciativa. Es de suponer que otras opciones políticas que se presentan a las elecciones del 26-M también arropen esta propuesta, pudiéndose inferir que la noticia tan positiva, más arriba reseñada, augura posiciones compartidas para cumplir con los objetivos previstos, así como para responder a las responsabilidades y obligaciones que ello conlleva.

2. Una ardua tarea queda por delante. En mi opinión, las distintas organizaciones políticas deberían aportar propuestas que vayan más allá de tópicos y se centren en articular los medios y recursos necesarios para, como se desprende de la filosofía que inspira a UNESCO respecto al Patrimonio Mundial, trazar paralelamente actuaciones que de forma sinérgica combinen la protección del Patrimonio Cultural y el desarrollo sostenible de las poblaciones afectadas. En este sentido, creo que no es exagerado señalar que son las temáticas vinculadas al desarrollo rural y a la nefasta gestión de los espacios naturales de Gran Canaria (un déficit gravísimo, intolerable para la Isla), sobre las que se centran las principales preocupaciones y aspiraciones que afectan los vecinos de esta importante zona de Gran Canaria, que ocupa en su totalidad los territorios de los municipios de Artenara y Tejeda.

3. Por tanto, además de afrontar los grandes desafíos que se derivan de la protección y presentación del bien cultural –caracterizado por ser una Valor Universal Excepcional, según terminología UNESCO-, se debe dar respuesta a una problemática donde se entrecruzan una planificación territorial obsoleta, déficits estructurales en el orden socioeconómico (declive demográfico, derrumbe del sector agroganadero, …), una pujante irrupción de la actividad turística, etc., o lo que es lo mismo una amalgama de dificultades que requiere de una especial atención por parte de las administraciones públicas y la colaboración activa y participativa de la población local y los distintos grupos de interés que aquí confluyen en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, es clarificador el Informe del ICOMOS de referencia, en el que se plantea, además de todo un argumentario sobre el valor del Patrimonio que alberga el Paisaje Cultural una serie de recomendaciones básicas para la implementación y desarrollo del Paisaje Cultural y que están relacionadas con algunos temas que paso puntualizar de forma concisa:

I. Sobre la GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL, el ICOMOS recomienda:

- Incluir un plan de investigación arqueológica integrado en la conservación del bien.

- Disponer lo antes posible del Centro de Gestión, investigación y seguimiento del paisaje cultural.

Además, vinculado a los mecanismos de Gestión y la implicación de la ciudadanía recomienda:

- Crear la Fundación Risco Caído para consolidar el modelo de gestión participativa de bien

II. El “TURISMO en el Paisaje Cultural”

Respecto al sector clave de la economía insular y que ya en la actualidad es también preponderante en la zona de cumbres, el ICOMOS recomienda

- Implementar la nueva estrategia turística.

III. OTRAS RECOMENDACIONES

En una línea de índole transversal se proponen otras dos recomendaciones destinadas a potenciar el desarrollo sostenible, indicándose:

-El desarrollo de un plan de preparación de riesgos para incendios y cambio climático.

-Implementación del Plan Hidrológico Territorial Especial de Gran Canaria (PTE-4), en la zona que afecta al bien cultural, para asegurar el suministro de agua sea adecuado para los agricultores actuales y futuros (sic).

Ante esta nueva coyuntura, entiendo que a las organizaciones políticas no les queda otra alternativa que asumir, aunque no lo planteen en sus programas electorales, una nueva forma de atender la gestión del patrimonio que pasa por aplicar sin dilación las recomendaciones del ICOMOS.

Está claro que se exponga en los programas electorales o no, gane quien gane, gobierne quien gobierne, desde la administración Insular, así como desde la estatal y autonómica, se tendrá que atender las cuestiones más arriba indicadas. Es evidente que si ICOMOS hace estos planteamientos es porque esos temas o no se han tenido en cuenta a la hora de presentar la propuesta, o bien no se han expuesto adecuadamente.

Independientemente de que finalmente se logre el preciado galardón, es preciso dar la talla y toca afinar. En este sentido, parece conveniente forjar un acuerdo de carácter insular, fraguado con el consenso de las organizaciones políticas y la sociedad civil, que permita actuar con determinación para lograr los objetivos de protección del patrimonio y revitalizar la zona de Cumbres, atendiendo de forma inexcusable a parámetros propios de desarrollo sostenible.

Como bien sabemos, las actividades turísticas adquieren una dimensión central en la economía  canaria. Recientemente, desde la presidencia del Cabildo de Gran Canaria se indicaba que Un tercio del PIB grancanario depende de la industria turística, un dato realmente significativo que revela el volumen significativo de visitas turísticas que conoce la isla en los últimos años,  con unas cifras que, se pueden cifrar haciendo una media para los últimos cinco años, en torno a 4.000.000 visitantes anuales.

El crecimiento mundial del turismo es un fenómeno bien documentado y es un hecho constatable que una proporción creciente y significativa de esta industria se basa en la naturaleza y el patrimonio cultural conexo.Asimismo, son muchas las voces que alertan de los peligros que el turismo puede suponer para lugares únicos, plagados de valores patrimoniales,  y para las personas que viven en ellos.

Este puede ser, si no se atiende convenientemente, el caso de del Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria, localizado mayormente en Artenara y Tejeda, claros ejemplos de municipios cumbreros –poblaciones localizadas por encima de la cota de 1.000 m-, donde la actividad turística comienza a asentarse.

Es por ello que entiendo conveniente apuntar unas consideraciones encaminadas a contribuir en el análisis de este fenómeno, ya no tan nuevo en el ámbito de los municipios aludidos y que,  atendiendo a como sea su desarrollo, podrá repercutir y afectar, con mayor o menor intensidad, a un medio  muy frágil y a la población que alberga.

Como sabemos el Paisaje Cultural de Risco Caído se encuentra en la Lista de Indicativa de sitios nominados para su declaración por la UNESCO como Patrimonio Mundial y en diferentes círculos surgen interrogantes sobre lo que va suceder y muchos nos planteamos. ¿Cómo puede afectar la actividad turística al Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de Montaña de Gran Canaria?, ¿puede beneficiar al patrimonio cultural (y natural) que alberga?, ¿también a la población local?

Breve reseña sobre la evolución de la actividad turística en los municipios de La Cumbre

Desde que a finales de los años 50 del siglo pasado se inicia en la Isla la etapa moderna del turismo, transcurrieron varias décadas hasta que surgen en estos municipios las primeras iniciativas privadas, pocas ciertamente, destinadas a ofrecer servicios hosteleros, particularmente restaurantes. También se debe señalar la temprana creación del Parador Nacional de la Cruz de Tejeda, aunque,por una u otras razones, permanecía -durante décadas, desde su inauguración, en los años 30 del siglo pasado- más tiempo cerrado que abierto al público.

Por entonces, durante el período del “boom”, la participación de estos municipios en el “negocio turístico” consistió esencial y exclusivamente en aportar un paisaje natural excepcional, que aún se presenta como el escenario sobre el que se cimientan los principales reclamos propagandísticos de la peculiar la naturaleza insular, fundamental para la promoción turística.

Años después, en la última década del pasado siglo, propiciado por la Iniciativa Comunitaria Leader I, se impulsaron diversas acciones dirigidas a la creación de una oferta de Turismo Rural (TR) en la zona de cumbres y, ya desde el primer lustro de este siglo XXI, se produce un aumento tanto de la oferta como de la demanda en todos los ámbitos de la industria turística en la zona. Algunos datos: A inicios de la presente década se contabilizaban en los municipios citados en torno a 25 Casas de Turismo Rural con unas 120 plazas. Hoy, Enero de 2019, podemos constatar que aquellas cifras se han multiplicado al menos por tres, incluso ya hay un Hotel Rural,y se siguen adecuando más inmuebles a tal fin. Ahora bien, la dimensión de esta aparente explosión de la oferta es relativa. Valga como ejemplo para significar su poca relevancia, en un cómputo insular, la mínima proporción que suponen los visitantes que ocupan estos inmuebles  frente a los más de cuatro millones de turistas que visitaron Gran Canaria en 2018.

Por otra parte, es obvio reconocer que el interés por este tipo de turismo, por razones inherentes a su dimensión y concepción, ha sido marginal, insignificante, y no considerado por la gran clase empresarial del ramo. Sirva para ejemplificar este hecho la poca consideración que del TR tienen los principales patronos de la industria turística de la Isla, cuyos  planteamientos al respecto son inexistentes,  como se evidencia en el  libro Canarias. ¿Líder turístico? (CANTERO, M y MAURICIO J.C. Las Palmas, FCEC, 2012),  una de las principales obras sobre el turismo en Canarias  en la que, negro sobre blanco, mejor se exponen los criterios y propuestas de los grandes empresarios turísticos de las Islas y en la que prácticamente no se cita al  subsector del Turismo Rural. No obstante, y bien al contrario, a escala local cobra indudablemente una gran importancia. Muestra de ello es esa evolución exponencial a la que hemos aludido más arriba, que se puede tildar de un pequeño boom,con su particular incidencia  en el contexto socio-económico de estos municipios y que, si no se tiene en cuenta,puede acarrear un efecto impactante sobre su patrimonio natural  y cultural.

En todo caso, a pesar de que no todas las apuestas han conseguido tener éxito, sí que se puede entender que hay una situación muy favorable para la expansión y consolidación del TR, lo que suscita un renovado interés tanto para los emprendedores como para la comunidad local.  Y ahora, parece que sí, grupos empresariales comienzan a interesarse por las posibilidades que el “turismo” ofrece para la zona aludida. Informaciones que corren por La Cumbre hablan de proyectos de construcción de hoteles(en Tejeda y Artenara), la creación de un glamping (camping de lujo) en este último municipio,..., a lo que cabría añadir el incremento de la oferta de viviendas vacacionales (acogidas o no a las normativas vigentes).

- Que dice el planeamiento vigente en la zona de La Cumbre sobre el turismo

En la actualidad, el Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de Montaña de Gran Canaria, con una superficie próxima a las 18.000 Has –en torno al 11% dela superficie insular-, se encuentra afectado por cerca de veinte planes de ordenación territorial, comprendiendo desde el Plan de Ordenación Insular (PIO), los planes de ordenación de los espacios naturales protegidos (sean de la Red Canaria,  de la Red Natura 2000), los planes generales de ordenación municipales, etc.

En general, todos ellos apuestan por favorecer y potenciar el Turismo Rural y/o turismo en la naturaleza, es decir por una modalidad blanda de la actividad, en la que teóricamente se pretende articular una oferta turística en conjunción con los valores patrimoniales (naturales y culturales)que están ahí presentes.

En cualquier caso,es el PIO, definido por la legislación vigente como el instrumento de ordenación general de los Recursos naturales y del Territorio insular, el que en virtud de su posicionamiento jerárquico -situado en la cúspide de la cadena del planeamiento territorial de la Isla- es el Plan que está llamado a plantear los criterios de ordenación al resto de planes que en el ámbito del Paisaje Cultural inciden -sean estos de espacios naturales protegidos, de ordenación municipal, etc.-. Por consiguiente, es el PIO el que concretamente, también en lo referido a la actividad turística, debe marcar las pautas de ordenación y planificación. Ello está recogido de forma específica por la vigente Ley del Suelo de ámbito autonómico que, en su Artículo 96, apartado b),  apunta que corresponde a los planes de ordenación insulares la  Fijación de criterios para estimar la capacidad de carga turística y/o residencial de las distintas partes del territorio y de la isla en su conjunto.

En efecto, tanto en el documento del PIO en vigor, como en el de la propuesta de revisión, se dedican varios artículos de su Normativa a la ordenación del “turismo interior”. En ambos textos encontramos las determinaciones y directrices que han de ser recogidas y asumidas por el resto del planeamiento, sean los planes municipales, sean los planes de gestión de los espacios naturales protegidos y en definitiva por todos aquellos que conforman la cadena de planeamiento.

Sin embargo, lo que planteamos, que en teoría se entiende como evidente, tropieza con una situación administrativa realmente peliaguda, no solo porque queda por dirimir si se aprobará la propuesta sobre el “turismo de interior” contenida en el PIO en revisión o se realizarán otros  cambios que se puedan introducir en el proceso en que se encuentra. Además, como otro añadido a esa maraña, hay que indicar que los Planes Rectores de Uso y Gestión del PR del Nublo y del PN de Tamadaba –que afectan a la mayor parte del territorio-, no solo se encuentran obsoletos –aprobados en 2002 y 2003-, sino que además se encuentran sub iudice.

A nivel de los procedimientos administrativos,nos encontramos con una situación compleja que además deberá conjugarse con las directrices que se proponen desde la UNESCO para los sitios declarados o que optan a la consideración de Patrimonio Mundial.

Planteamiento de UNESCO sobre el Turismo

Los sitios declarados como Patrimonio Mundial son destinos espectaculares, muy solicitados y visitados por millones de turistas. Cómo integrar el turismo en los planes de Gestión de los sitios del Patrimonio Mundial ha sido  una de las grandes preocupaciones de la UNESCO. Desde la aprobación de la Convención del Patrimonio Mundial (1972) y con la paulatina incorporación de más y más sitios a la Lista del Patrimonio Mundial y, por tanto, a la oferta turística, se ha ido comprobando y evaluando la influencia e impactos (pros y contras) que el turismo supone para la conservación y gestión del patrimonio (natural y cultural). Consecuentemente, la incidencia (ya negativa, ya positiva) del turismo sobre el patrimonio está presente en los planteamientos que la UNESCO propone para los sitios declarados como Patrimonio Mundial y es esta una temática de especial importancia, particularmente desde que, en 1999, se sancionó la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural que supuso un punto de inflexión en la actitud de UNESCO frente al impacto que la actividad turística incontrolada podría suponer sobre los bienes del Patrimonio Mundial y, a la par, los beneficios que a favor se derivarían de una gestión responsable y sostenible.

Tal es así que la UNESCO ha incorporadoen su ideario el desarrollo de  una estrategia acorde con los principios de turismo sostenible,  como se argumenta en el Programa Patrimonio Mundial y Turismo sostenible. (http://whc.unesco.org/en/tourism/)

Objetivo clave de este Programa es fortalecer la promoción de políticas y marcos que apoyen el turismo sostenible, como un vehículo importante para gestionar el patrimonio cultural y natural, así como el desarrollo de estrategias a través de un amplio compromiso de las partes interesadas en la planificación y en la gestión del turismo sostenible que se centra en empoderar a las comunidades locales.

Asimismo, el Programa se articula siguiendo los Principios del Turismo Sostenible en los bienes del Patrimonio Mundial, elaborados por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), asumidos por UNESCO, y de los que señalamos a los efectos de ilustrar este texto, el Principio 1: Contribución a los objetivos del Patrimonio Mundial que señala:

El desarrollo turístico y las actividades de los visitantes de los bienes del Patrimonio Mundial deben contribuir a la protección, conservación, presentación y trasmisión de los valores patrimoniales de los bienes, y no perjudicarlos. Además, el turismo debe generar un desarrollo socieconómico sostenible y aportar equitativamente beneficios materiales y no materiales a las comunidades regionales y locales de un modo que sea compatible con la conservación de los bienes.

Nota escueta sobre algunos factores que condicionan el desarrollo socioeconómico de La Cumbre

Entiendo pertinente, aunque sea en una apretada síntesis, apuntar una serie de factores que condicionan en general el desarrollo socioeconómico de las poblaciones cumbreras.

a. Demografía

La pérdida de población de los municipios cumbreros comienza a percibirse como una cuestión grave, unos pocos datos lo confirman. En el transcurso del siglo XXI, en apenas dos décadas, la población de Artenara y Tejeda (datos a 1 de Enero de 2019) ha descendido en un 44% y un 33%, respectivamente, situación análoga a la que registran los núcleos de Barranco Hondo, en el TM de Gáldar, y los de la cabecera del Barranco de Agaete, en el TM homónimo, incluidos en la delimitación del Paisaje Cultural.Además, para más inri, se ha de constatar el notorio envejecimiento de población, donde destacan los altísimos porcentajes que ocupa, en todos los núcleos de población del Paisaje Cultural, el grupo de personas de más de 65 años, siempre por encima del 25% del total de la población y que en algunos núcleos alcanza el 50%, etc. En definitiva, podemos concluir que ello es un reflejo de las carencias en recursos humanos, imprescindibles para las actividades productivas, debiéndose subrayar asimismo la escasa cualificación que se detecta para atender las nuevas ocupaciones laborales, no solo turísticas, sino también las vinculadas al Sector Primario

b. Perdida de actividades características del medio rural

Desde hace décadas el mundo rural cumbrero entró en quiebra. El sector primario, aún relevante en su vertiente paisajística, es totalmente marginal desde el punto de vista económico a escala insular. Las explotaciones agrarias y ganaderas relevantes se pueden contar con los dedos de una mano.

c. Espacios Naturales Protegidos

Cerca del 95% de toda la superficie del Paisaje Cultural está declarado como espacio natural protegido, en la que está incluida la totalidad del territorio de los municipios de Artenara y Tejeda. Asimismo, la parte incluida correspondiente al TM de Agaete también es parte de la RBGC, al igual que todo el territorio que abarca el Paisaje Cultural con la excepción de la zona afectada correspondiente a Gáldar (Barranco Hondo y Juncalillo).

Ya comentamos la obsolescencia de los planes de los espacios naturales protegidos, concretamente los de mayor superficie e importancia que afectan al Paisaje Cultural, a lo que habría que añadir grandes deficiencias en la gestión y la mencionada situación judicial.

d. La nueva oferta turística y la gentrificación en el medio rural

También hay que atender  una situación que hoy inquieta, con razón, a muchos vecinos de la zona. Al respecto, cabe hacer una reflexión sobre los que podríamos denominar la “gentrificación”,término que recoge ese fenómeno que viene produciéndose en muchas grandes ciudades, en las que la población local –principalmente en las áreas más deprimidas- es sustituida por personas de clase media alta que van a asentarse en las zonas de la ciudad ocupadas por la población originaria, y donde se observa asimismo, obviamente, el denominado fenómeno de las “casas turísticas”. Ciertamente, el fenómeno no es extrapolable en toda su dimensión a todo el ámbito del Paisaje Cultural, pero en mi opinión si cabe hablar de una cierta “gentrificación en el medio rural”, en el sentido de ocupación de determinadas áreas en la que se pueden observar situaciones encontradas entre los intereses de la “industria turística” y las demandas de la sociedad civil.

Recapitulando, podemos reafirmar que los pueblos de La Cumbre se encuentran ante una situación caracterizada/condicionada entre otros factores por: la eclosión de un “pequeño boom turístico”;la inexistencia virtual de  planificación territorial; las exigencias/directrices UNESCO y la complicada situación socioeconómica, especialmente la derivada de los problemas demográficos citados, entre otras cuestiones.

Consecuentemente, antes tales perspectivas parece en buena lógica que sería beneficioso “abrir el melón”, afrontando  de verdad los problemas y planificando con perspectivas realistas a medio y largo plazo.

En tal sentido, entiendo que sería oportuno realizar un debate formal propiciado por el cabildo –con el apoyo de las corporaciones municipales-,  entre todas las partes interesadas,con el fin de articular las bases de un acuerdo que permita desarrollar un plan específico sobre la actividad turística, consensuado entre las administraciones y los grupos de interés, y que aúne los objetivos de protección y conservación del Patrimonio (Natural y Cultural) con los de un uso sostenible para este territorio.

Finalizo, con una última reflexión destinada a glosar ciertos planteamientos expresados por responsables públicos y privados que alertan ante esta situación. En un caso, se nos dice que no podemos acabar con las gallinas de los huevos de oro y, en el otro, que podemos morir de éxito. Al hilo de estas manifestaciones queremos plantear que la realización de un PLAN específico, decidido de común acuerdo por todas las partes, administraciones públicas y la sociedad civil, para favorecer un turismo que se apoye y defienda efectivamente este Paisaje Cultural, que además opta a ser patrimonio mundial, no es una entelequia, sino que seguramente es una de las pocas opciones que quedan para el futuro de La Cumbre.

Esa iniciativa pasa por salvaguardar de los excesos a esa gallina ideal (de la que ya se hablaba en la Grecia clásica)y por planificar el “negocio” para evitar morir de éxito como haría un empresario de pro.

Nos encontramos ante una  nueva oportunidad para las poblaciones de la cumbre, quizás la última,  para organizar de forma sostenible un sistema que impida su desaparición. Ahora bien como nos empeñemos en hacer en el Paisaje Cultural de Risco Caído un gran hotel, o muchos hotelitos, y muchas casitas rurales, sin orden ni concierto, no solo mataremos a las gallinas de los huevos de oro, o moriremos de éxito, sino que los pocos niños que aún quedan aquí y las generaciones futuras dirán, podrán achacarnos, lo ignorante y malvados que eran sus antepasados.

El próximo mes de Julio se sabrá si el Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria pasa a engrosar la lista de sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ojalá se logré ese objetivo liderado por el cabildo grancanario, pero en nuestra opinión, en cualquier caso, aunque no se logre el preciado galardón,  se debería actuar contando con las líneas expresadas en este artículo. Es decir, contando con la opinión y el consenso de todas las partes en la planificación y gestión del Paisaje Cultural. Es la alternativa que tenemos para que  las generaciones futuras sepan que, cuando llegó esta oportunidad, entre todos desarrollamos una política sostenible pensando no solo en réditos inmediatos, sino atendiendo a la protección de un patrimonio y unos recursos que también les pertenecen a ellos.

Con la llegada del PP al gobierno estatal, la aplicación de políticas restrictivas económicas a la sanidad está suficientemente clara. El cambio de modelo privado contra el público es evidente. Se cierran hospitales tan emblemáticos como el de la Princesa en Madrid y se privatizan muchos más.

En Cataluña, gobernada por los “nacionalistas” conservadores, de modo similar se ataca al Hospital Clínico, emblema sanitario público de aquella comunidad. Y aquí en Canarias, para no ser menos, el Gobierno cierra unidades sanitarias tan específicas e importantes como la de Cirugía Cardiaca Infantil, sin olvidar cierres de quirófanos, de plantas hospitalarias, despidos de millares de trabajadores sanitarios, que traen como consecuencia un aumento de las listas de espera de consultas, diagnósticas y quirúrgicas, privatización de servicios centrales de lavandería de los grandes hospitales, intento de lo mismo con los servicios de mantenimiento hospitalarios en una pretendida política de ahorro energético. Y nada importa que los verdaderos especialistas sanitarios, los facultados para ese tipo de decisiones que afectan a la salud de los ciudadanos, nos opongamos a muchas de ellas alertando de las graves consecuencias que pueden darse en referencia a la vida de muchos de los enfermos. Pero nuestros políticos hacen caso omiso a quienes, con nuestras titulaciones, nuestras experiencias especializadas a lo largo de los años, somos los verdaderos responsables de nuestra tarea de curar o prevenir a quienes padecen enfermedades. Ellos, desde los despachos, desde sus Consejos de Gobierno, deciden en aspectos tan importantes como nuestro bienestar saludable y sanitario, recortando y retirando prestaciones que entre todos hemos logrado alcanzar con nuestras cotizaciones e impuestos durante décadas. Y obvian nuestras denuncias y nuestras propuestas para evitar lo que estamos sufriendo actualmente y lo próximo en llegar. Porque si hay que recortar habrá que hacerlo, que se puede, de otras partidas económicas y respetar los derechos humanos de la salud en este caso. Que se recorte en sueldos y pensiones vitalicias de políticos o banqueros, de prebendas fiscales y de jubilaciones a cargos públicos, de empresas públicas, en prescindir de asesores enchufados que parasitan la política, de corregir el fraude fiscal y la evasión de capitales a paraísos fiscales de grandes fortunas, de corregir la administración pública que nos gobierna, estatal, autonómica y municipal y de gastos suntuosos a los que acostumbran nuestros gobernantes. Pero que respeten y preserven los derechos sociales en salud, educación, dependencia, y que se esmeren en dar trabajo y viviendas a sus ciudadanos.

Porque la vida de uno solo de los niños enfermos de cardiopatía de nuestras islas, vale mucho más que todo lo que los políticos ganan y gastan en su gestión de gobierno.

Y señores gobernantes, señores gerentes y directores sanitarios: ustedes nos gobiernan y dirigen hospitales, yo vivo los hospitales; ustedes decretan y ordenan y yo realizo intervenciones quirúrgicas; ustedes pasarán y vendrán otros directores y políticos, yo, como otros médicos, seguiré ejerciendo mi profesión; ustedes recortan y dividen y yo quiero multiplicar; ustedes me atacan como sanitario y yo me defiendo; ustedes llevan realizando cuatro años su labor gestora y yo llevo cuarenta años de trabajo asistencial; ustedes dictan leyes y mandan y yo busco mejoras para los trabajadores y los ciudadanos; ustedes reparten lo que no es suyo y yo busco compartir; ustedes fueron elegidos mediante algunos cambalaches y yo elijo; ustedes son solo gobernantes? Yo soy un médico.

Por ello, NO AL DESMANTELAMIENTO SANITARIO PÚBLICO. NO AL NEGOCIO CON LA SALUD.

Carlos García

El Estado con mayor desempleo de toda Europa, el Estado con una de las mayores deudas públicas y privadas existentes, con niveles de pobreza alarmantes, con déficits en la educación que muestra índices de fracasos docentes, con una sanidad en franco deterioro como lo sufren sus usuarios, con una enorme situación de dependientes sin amparo, con una clase política alejada de la realidad social que dicen dirigir y que se identifica con privilegios que no se entienden, con prebendas fiscales, de jubilación, de sueldos y otras serie de ventajas que, en el estado actual de emergencia social que vivimos, nadie comparte y todos critican. Pero oídos sordos?. Nadie atiende a las demandas sociales. Nuestras voces no se escuchan en esa urna de cristal acordonada y protegida por las fuerzas públicas a la que no llegan los gritos y sollozos de los habitantes que claman por un cambio, que son los parlamentos. En esa burbuja, aislada de su entorno, no les gusta que se les moleste, que se le exijan sus promesas incumplidas, que se les recuerde lo prometido en campañas y programas electorales. Ellos están por encima del bien y del mal, son los elegidos, los que hemos puesto en esos cargos para que hagan y deshagan a su antojo durante cuatro años en que, nuevamente, volverán a mentirnos y ofrecernos toda clase de mejoras y beneficios sociales para que les votemos “democráticamente” y así continuar la rueda, el círculo vicioso del que parece no podemos salir nunca.

Con todo ello, no se entiende la apatía del pueblo, no se entiende como nos hemos resignado a soportarlo todo sin expresar nuestro grito y nuestra acción de repulsa. Nos han “adoctrinado” durante tantos años que no tenemos capacidad de reacción. Hemos humillado la cabeza y mantenemos una actitud pesimista y de sumisión. Nos convencemos de que no hay nada que hacer, que la culpa es de la crisis, que hay que aguantar hasta que pueda cambiar, que tienen mayoría absoluta de gobierno, que ya vendrán otros tiempos?.Estamos con el espíritu abatido, hemos entregado las armas, nos hemos rendido. ¡Y no lo entiendo!

Los ciudadanos tenemos que reaccionar, tenemos que cambiar nuestra actitud, hay que hacer escuchar nuestras voces, nuestras ideas. Tenemos que rebelarnos contra lo establecido porque otro mundo es posible. ¿Es que no lo fue antes?

Y una forma de hacerlo es participar en esta próxima huelga general, en acudir a las manifestaciones, en hacernos oír y ver en las calles. Que nuestros gobernantes y políticos sepan que no todo vale, que hemos llegado al límite, que no aguantamos más. Y podemos hacerlo ver de muchas formas, unas pacíficas y, ¿por qué no? , otras más vehementes y agresivas, para que se sepa que estamos vivos, que no hemos renunciado a lo que, entre todos hemos construido para nosotros y para nuestros hijos.

Debemos exigir un cambio de rumbo, retornar a la ciudadanía su protagonismo y poder. No se puede seguir aguantando más y asentir, con estas políticas, a nuestra propia desaparición como individuos y como sociedad.

Todos los ciudadanos, los parados, los jubilados, los pensionistas, los enfermos, los sanitarios, los discapacitados, los dependientes, los jóvenes, los mayores, los estudiantes, los profesores, los científicos, los desahuciados, los que pasan hambre, los sindicatos, los políticos?TODOS?.

¡A la calle?¡

Carlos García

Desde hace muchos años los facultativos médicos no tenemos acceso ni gestión sobre las listas de espera. Hace ya tiempo que ese control nos fue arrebatado y puesto en manos de la administración que controla, desde otros servicios, las famosas listas de espera. Y es algo paradójico que los verdaderos responsables de la sanidad ante la ley, no tengamos nada que decir ni decidir sobre el control de las listas puesto que la propia Ley General de Sanidad, con la figura del “Médico Directamente Responsable”, nos hace los verdaderos protagonistas ante el ciudadano y ante la propia Justicia del servicio sanitario prestado. Fue y sigue siendo una hábil maniobra para “controlar” este tipo de servicio fundamental y de pleno derecho de los seres humanos.

Las listas de espera controladas por nuestros responsables políticos y que publican, cuando interesa, están claramente manipuladas y maquilladas en beneficio de vender una gestión que ellos mismos definen como estupenda. Se puede admitir que con esos datos falseados se intente engañar a la ciudadanía, aunque pocas veces lo consiguen. Pero intentar engañar a los médicos y a los sanitarios, directamente responsables del servicio, del trabajo diario ante los pacientes, conocedores de primera mano de las largas esperas en la realización de consultas, pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas, es totalmente inútil, es un caso que la Administración y los Directivos tienen perdido.

Este abuso sistemático en las estadísticas que se publican en relación a las listas de espera, con cifras y datos irreales que no contemplan la realidad existente, son los propios ciudadanos quienes comprueban su falsedad al sufrir, en propias carnes, cuanto les toca esperar durante meses, años, o, incluso más, el ser atendido de sus padecimientos y enfermedades. Es, como bien aclaró una vez el escritor José Luis Borges, el intento, por medio de ese abuso de estadística, de aplicar lo que llaman Democracia, pero la suya. Un verdadero engaño a los ciudadanos que creemos en esa forma de gobernar que dicen es la menos mala de todas.

Existen muchas maneras de falsear y manipular listas de espera. Su poca transparencia y claridad pública lo permite. Una de ellas consiste en lo que denominan “cerrar las agendas”y que, al final, duplica una segunda lista de espera sobre la ya existente. Al cubrir un número determinado de citas se cierran las agendas y se le informa al paciente que, varios meses después, vuelva a solicitar ser apuntado en la lista de espera de una determinada especialidad. De esa forma se establece una lista de espera para ser apuntado más adelante cuando vuelvan a abrirse las agendas. Esta práctica, que conocen bien los pacientes, se realiza en distintos centros sanitarios públicos y permite ir capeando el temporal cuando el número de pacientes es elevado. Otra fórmula consiste en no apuntar al paciente en una lista quirúrgica desde que el especialista lo decide sino que es apuntado, tras realizarle el estudio preanestésico que puede tardar meses o años, y así se va ganando tiempo para poder dar unas estadísticas poco fiables de la verdadera situación. Esta práctica se aplica, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

Por tanto, existen diferentes métodos de falsificar una información que controlan los mismos que gestionan la sanidad pública y que las hacen poco fiables, situación inadmisible porque estamos negando la resolución de un problema de salud a los ciudadanos. Y la verdad de nuestras listas de espera sanitarias es que son de una gravedad a tener muy en cuenta y resolverlas cuanto antes o lamentaremos no hacerlo. No hace falta esperar al 2013 para que sea un año catastrófico como nos avisan desde el gobierno. Las decenas de miles de pacientes en listas de espera ya sufren la catástrofe desde hace años.

*Médico y miembro de Intersindical Canaria

Carlos García*

Luego, a un político del PSOE, Consejero de Sanidad en el Cabildo de Tenerife, se le escucha decir que se le pone la cara roja cuando lo que prometen y dicen luego no lo cumplen, esta vez con relación al Hospital del Norte, sobre el que llevan mintiendo hace décadas; que si ahora lo inauguramos, que si dentro de unos meses, que si abrimos las urgencias, que si los CAE, que si será un verdadero hospital o uno sociosanitario?Más mentiras y hoy dicen que se sonrojan, aunque yo creía que eso no les ocurría a los políticos, que estaban inmunizados. ¡Los pobres, como sufren con estas situaciones¡

Me pregunto que clase de políticos gobernantes tenemos cuando ellos mismos se cuestionan las gestiones que realizan. Hace pocos días en el congreso de CC se cuestionaron la labor realizada y aquel finalizó con una fractura dentro de los mismos militantes del partido. Ayer en el PSOE ocurrió lo mismo. Los que presentan su gestión a lo largo del año ven que sus correligionarios los rechazan y salvan por los pelos su posicionamiento. Si entre ellos mismos, los del mismo partido, se cuestionan y critican cómo gobiernan y lo que realizan con los resultados obtenidos en la aplicación de sus políticas, ¿qué no vamos a criticar y condenar los ciudadanos, a los que no se nos oye, a los que no se nos hace caso, a los que se nos castiga y humilla con la aplicación de las medidas que ellos elaboran y pactan en unos despachos alejados de la realidad social que solo sufrimos los canarios de a pie y de la que tan alejados están nuestros gobernantes?. Es que son tan malos que ellos mismos se suspenden.

Y luego se extrañan que los sindicatos se levanten y abandonen las mesas de negociación (¿de qué negociación hablan si ya lo tienen todo elaborado y publicado en los boletines oficiales?) y encima advierten y amenazan con que es la peor postura que podían haber tomado.

Esta gente que nos gobierna ha perdido el seso, no se puede entender de otra forma. Son unos sinvergüenzas, no la tienen, han perdido el pudor, ni se inmutan con lo que les aplican a los ciudadanos. Pero, además, mienten y no se sonrojan como dice alguno. Yo diría que al revés, como decía Pepe Monagas: “mentía tanto que cada vez que decía una verdad se le ponía la cara colorada”.

Cada día estamos más indignados, más cansados de esta casta social que soportamos hace ya mucho tiempo y que cada día más se separan de la realidad social que dicen defender y a la que se deben. ¡Qué altruismo, qué generosidad desprenden¡.Hay que seguir manteniéndolos en el poder, hay que seguir pagando su dedicación, hay que aumentarles el patrimonio con el que se jubilarán, sus sueldos, sus beneficios, sus modos de vivir. Hay que volver a votarlos en las urnas, en esas que ellos mismos condicionan para seguir en sus cargos, cambiando y modificando leyes a pesar de lo que digan los votos ciudadanos. Y otro jerifalte del PSOE invocando a Pablo Iglesias para justificar estar en la poltrona y en el poder. ¡Ay si aquel hombre levantara la cabeza¡

Si ustedes mismos se votan en contra en sus congresos políticos por lo mal que lo hacen, nosotros, los ciudadanos, los suspendemos y los reprobamos en sus gestiones?.

Y como ayer la selección de fútbol fue campeona de Europa nuevamente y lo están haciendo de maravilla, propongo cambiarlos a todos ustedes por ellos porque seguro que ganamos con el cambio.

*Médico. Delegado de Intersindical Canaria

Carlos García*

Esta obligatoriedad en el aumento de jornada laboral ha traído consecuencias de todo tipo por la manera de implantación en los distintos centros sanitarios de la comunidad canaria. Porque en cada uno de los centros, hospitales o ambulatorios se ha puesto en marcha de forma diferente, con criterios arbitrarios y abusivos por parte de los gerentes y directores que han finalizado con distintas denuncias ante organismos y la justicia.

En el Hospital Universitario de Canarias, por ejemplo, el próximo día 9 de Julio tendrá lugar un juicio ante el Juzgado de lo Social, por denuncia interpuesta por Intersindical Canaria, ante esta irracional puesta en marcha de las horas paulinas.

Y es que tras la aplicación de medidas fiscales y administrativas tomadas por el Gobierno de Canarias se encuentran tantas dudas legales, que la propia Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno ha puesto de manifiesto, igual el Consejo Consultivo de Canarias, advirtiendo que su aplicación dará lugar a reclamaciones, denuncias y toda clase de impugnaciones ante los agravios y atropellos que nuestros políticos gobernantes cometen contra los empleados públicos. Argumentan que se tratan de informes jurídicos no vinculantes y por ello no les hacen caso y lo llevan al Parlamento donde, aplican el rodillo de su mayoría de votos y sacan adelante temas que van a serles cuestionados más adelante. Si no les hacen caso a sus propios servicios jurídicos ¿para que los tienen?

Y es que están empeñados, siempre, en atacar a este estamento laboral para poder enjugar sus déficits, sus precariedades presupuestarias, sus erróneas aplicaciones sin mirar hacia otro lado para lograr algún cambio en lo que pretenden.

Estos ajustes económicos no tienen otro objetivo que seguir favoreciendo a los “mercados” y grupos financieros y creen poder conseguirlo eliminando y recortando derechos laborales antes nunca conocidos. Y de paso sacrifican servicios básicos ciudadanos, como el de la salud; eso sí, manteniendo privilegios personales y servicios no necesarios como la policía y televisión autonómicas, con sus sueldos y prerrogativas políticas, que, para poder mantenerlas, piden sacrificios y arrimar el hombro de los trabajadores públicos con la realización de horas paulinas.

Mientras el Gobierno Canario quiere comprar edificios para seguir aumentando la infraestructura administrativa, ya de por sí hipertrofiada, con un gasto de más de 44 millones de euros. Y sigue destinando 3,2 millones de euros al pago de asesores externos, enchufados a dedo, para “asistencia técnica y pública al Presidente o al Vicepresidente” y financian a empresas públicas que todos saben deficitarias. Y la Consejera de Sanidad, con la boca chica, se declara “insumisa” contra el copago y las políticas de recortes del PP (también para echarles de comer aparte). Y aquí cierran quirófanos, suspenden consultas, alargan las listas de espera, dejan sin empleo a centenares de empleados sanitarios, jubilan a los trabajadores, etc. etc.

Nada acerca de realizar una prestación sanitaria de calidad y, menos, de ofrecer a sus trabajadores una conciliación de vida familiar y laboral. No hay respuestas homogéneas e igualitarias en los centros sanitarios con gran arbitrariedad en la aplicación de las medidas que vulneran aspectos constitucionales y atentan contra la seguridad jurídica. Parece pretender solo un escarnio público contra los trabajadores de la sanidad a los que se les rebaja sueldos, pagas extras, derechos, se les anula convenios, para así distraer a la sociedad canaria, a esa que tiene los salarios más bajos del estado, de sus desmanes y abusos políticos. Y mientras, con lo que está cayendo, el Consejero de Presidencia nos habla de “buena gobernanza y ética pública”. ¡Ay PSC¡, quién te ha visto y quién te ve. ¡Váyanse por ahí todos?¡

Pues nada; nos veremos en los juzgados con las paulinas y con los recortes?..

* Médico. Delegado de Intersindical Canaria

Carlos García*

Yo como médico de un hospital público también tengo una nómina como los políticos. Eso sí, llevo cuarenta años ejerciendo mi profesión, con 11 meses de trabajo anual y uno de vacaciones reglamentarias. Ellos solo trabajan dos periodos hábiles en la legislatura de cuatro meses cada uno que suman 240 días al año. Nosotros en nuestra profesión realizamos consultas, intervenciones quirúrgicas, control de plantas de hospitalización, se hacen guardias de presencia física y a distancia, siempre fuera de la jornada ordinaria y que se cobran aparte, se elaboran proyectos de investigación, se imparte docencia a los residentes y postgraduados, se realizan consultas en los ambulatorios a donde nos desplazamos desde nuestros centros y un sin fin de labores más. Todo ello englobado en la nómina.

En contraposición, nuestros parlamentarios, cada vez que acuden a una sesión o realizan alguna labor se les compensa económicamente aparte. Si se trasladan de otras islas se les abona el transporte marítimo o aéreo. Luego tienen unas dietas para su alimentación, algunos coches oficiales, plazas de aparcamientos, tanto en sede parlamentaria como en otros lugares y hasta en el aeropuerto, teléfonos móviles, ordenadores y tabletas electrónicas.

Yo pediría, también, que cuando acuda a pasar la consulta diaria, se me abone un traslado y que no tenga que utilizar mi coche privado y pagar el aparcamiento por ir a trabajar, que nos dicen subirá hasta 28 euros mensuales a partir de ahora. Y que la comida que tengo que realizar en el recinto hospitalario cuando tengo que cubrir las ampliaciones de jornadas impuestas por ellos, se me paguen en concepto de dietas. Y que las llamadas telefónicas que haga a mi familia se carguen al teléfono que me facilite la empresa. Y que cada vez que opere en quirófano se me abone aparte como hacen los políticos por efectuar su trabajo y por el que se les paga una nómina. Y que pueda mantenerme en mi puesto de trabajo al cumplir los 65 años de edad porque me encuentro en plenas facultades profesionales, lo mismo que los políticos que no tienen edad de jubilación.

Yo quiero ser como los diputados que, por realizar actividades, reuniones o visitas, cobre un dinero extra; y que por tener responsabilidades y gestión al frente de mi trabajo, perciba dietas por cada reunión o sesión celebrada como le pagan a ellos, que también son empleados públicos como yo. Quiero que mis pagas extras sean completas como la perciben los políticos y no me la rebajen. Y que me permitan acogerme a una dedicación exclusiva que se me abone de forma añadida.

Mamá, yo no quiero estudiar una carrera universitaria, ni especializarme, ni hacer un master porque eso no da para comer. Yo quiero ser político, diputado o cualquier cargo de esos en los que te ponen en una lista y sales elegido, sin tener que apuntarme a la lista de paro y donde ganas bastante bien, y te tratan a cuerpo de rey, con coches oficiales y sales en los periódicos y haces viajes pagados en primera clase. Mamá, por favor, yo quiero ser diputado.

* Delegado de Intersindical Canaria

Carlos García

Los Jefes de Servicio son decisivos en el funcionamiento de los hospitales como responsables directos de la asistencia, docencia e investigación, del desarrollo profesional de los equipos médicos y del prestigio de los centros. Son los verdaderos líderes de los equipos profesionales y las instituciones deben reconocerles su autoridad. Pero la realidad en nuestro entorno es otra. Están en ocasiones supeditados a los Directores Médicos, enchufados en sus cargos por la cercanía política gobernante, o por el carnet que poseen o, en otros casos, anulados en su cometido por los directores.

Para la elección de los Jefes de Servicio se han dictado directrices impidiendo la nominación digital, esto es, a dedo, y se exige la realización de un concurso público, abierto, transparente y con garantías de la libre concurrencia, para que todo transcurra con limpieza, legalidad, ética y moralmente.

Este extraño caso ocurrido no viene sino a poner de manifiesto que en las instituciones públicas, repito la de todos, siguen manteniéndose vicios adquiridos por aquellos que creen que esos lugares le pertenecen, que piensan son sus fincas particulares donde pueden hacer y deshacer a su antojo. Y están equivocados. Un cargo directivo público debe realizar su misión con total transparencia y equidad, aplicando en la administración que tiene en sus manos una total legalidad y, además, no solo hacerlo sino parecer que lo hace. Lo de la mujer del césar...

Si existe una normativa, habrá que aplicarla y dejarnos de enjuagues y parches. Hay que aplicar y hacer cumplir lo dictado en las leyes y directrices. Si hay que elegir un Jefe de Servicio que se elija con todas las garantías que marca lo publicado en los boletines oficiales. Todo lo demás, es un chanchullo. No me vale que se diga que está votado entre todos porque ese no es el procedimiento. Llama incluso la atención saber que, por ejemplo, en el HUC, un referéndum, autorizado en el Convenio Colectivo a realizar entre los trabajadores para conocer su pensamiento y juzgar la labor directiva, fue impedido por el Gerente del centro enviando a las fuerzas de seguridad, situación que motivó una denuncia ante el Juzgado. Y, ahora, por otro Gerente, sí que se permite una votación para una elección de cargo de jefatura con mando asistencial. No se como mis colegas médicos han podido aceptarlo aunque se que algunos se han abstenido o han votado en blanco. Lo que tenían que haber hecho era negarse a participar en este circo montado por quien sabe y con que intenciones. Exigir el cumplimiento de una elección tras concurso público.

No se entiende, en contraposición, que en el mismo Servicio Canario de Salud, dependiente de la misma Consejería de Sanidad, exista un Jefe de Servicio por Concurso-Oposición, con plaza fija, de los pocos que están vigentes en la actualidad, al que no se le permitió ejercitar su cargo y se dividió su Servicio Asistencial en dos unidades funcionales para dar entrada a otro Jefe de Servicio, sin concurso, puesto a dedo, para satisfacer criterios estrictamente políticos creados en su momento por un responsable con cargo directivo, en este caso del HUC hace ya más de dos décadas; ejemplo que luego se extendió a varios Servicios Médicos y que hoy persiste en una inconcebible dualidad de mandos y duplicidades de servicios. Son las paradojas en este mundo que solo dirigen nuestros políticos y sus allegados y no los verdaderos profesionales de la sanidad.

Si hoy los Servicios Médicos de los centros sanitarios públicos son jerarquizados y sus Jefaturas se logran tras concurso, tras un procedimiento para su provisión, que se ponga en práctica. Todo lo demás entra de lleno en el sistema corrupto que estamos viviendo.

*Carlos García es médico y delegado de Intersindical Canaria

Carlos García*

Que lejos resulta todo eso si lo comparamos con el momento actual. Ahora, tras cuarenta años de servicio a los ciudadanos, de cobertura sanitaria obligada constitucionalmente como derecho a la salud, la situación es de una lastimosa indecencia.

Recortes en los presupuestos sanitarios, rebajas en las prestaciones, copagos farmacéuticos, listas de espera quirúrgicas intolerables, que en ciertos casos pueden provocar fallecimientos antes de lograr el tratamiento, pruebas diagnósticas y consultas que rayan la inmoralidad y la indecencia, servicios de urgencias colapsados, cierres de actividades programadas de quirófanos, cierres de camas hospitalarias, dilación en la apertura de hospitales del norte y sur tras décadas de espera, despidos de empleados públicos, precariedad laboral, rebajas de sueldos y salarios, pérdida de prestaciones socio-laborales, no sustituciones en bajas laborales y permisos, aumentos de las jornadas de trabajo y tantas cosas más que no sabemos ni imaginamos donde acabarán. Todo, al final, contra los ciudadanos. Totalmente indecente.

Mientras, somos el Estado que más políticos tiene por habitante: 450.000. En Alemania son 100.000;mientras, la suma de empleados públicos de médicos, bomberos y policías, dan un total de 340.000.

En Canarias, por centrarnos en nuestro ámbito autonómico, existen 18.000 sanitarios y 2.668 empleados públicos de justicia para toda la población. En contraposición, el número de Concejales municipales se elevan a 1.440; y 152 Consejeros de Cabildos; y 60 Diputados parlamentarios. Solo ellos electos por los ciudadanos. A estos hay que sumarles los Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios y Subsecretarios, Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, sin contar, además , con todos los asesores personales que nuestros políticos enchufan a dedo, y que nosotros no elegimos democráticamente, con lo cual, la hipertrofia institucional es inimaginable. Y todos cobran del erario público.

Y se sabe que en Canarias los empleados públicos no están sobredimensionados. Entonces, ¿por qué siempre intentan reducir el déficit público en base a los recortes contra los trabajadores públicos? Busquen por otro lado gobernantes... Lo dicho: de la Excelencia a la Indecencia. No hay más que mirar...

*Carlos García es médico y delegado de Intersindical Canaria

Carlos García*

Y todo esto lo digo tras leer y conocer, con gran indignación, las reformas y recortes que el Gobierno de Canarias quiere aplicar, como no, a sus empleados públicos y funcionarios, en cuadrados en el “Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias”. ¡Bien les gusta un léxico rimbombante que los hace creerse muy superiores¡ Tijeretazos pa' Canarias, hombre?.A las cosas por su nombre.

Porque cuando leo que la optimización de la gestión de los recursos humanos de Sanidad,- más palabros-, consiste en:

“control horario para aplicar deducción de haberes”,- ¿y los políticos por que no fichan sus horarios laborales también?, “reorganizar las guardias de los médicos y disminuir el 10% de la hora trabajada en guardias de sábados, domingos y festivos”,- y los políticos por qué no trabajan también los festivos y domingos? “modificación de la jornada ordinaria de trabajo del personal de las instituciones sanitarias pasando a 37 horas y 20 minutos semanales”,- ¿y los políticos por qué no trabajan esas mismas horas y solo lo hacen dos periodos de 120 días al año?, “reorganización de servicios y eliminación de duplicidades”,-¿ y por qué no se reducen las duplicidades administrativo-políticas, senado, diputaciones y cabildos, ayuntamientos, parlamentos autonómicos?, “intensificación del control del gasto en sustituciones, refuerzos, interinos,- ¿ y por qué existen tantos asesores de políticos y cargos de confianza colocados a dedo sin ningún control de actividad y productividad ni de necesidad pública?-, ”reducción de exenciones de guardias para mayores de 55 años y promover las jubilaciones forzosas a los 65 años“,- y por qué los políticos no se jubilan a esa edad y pueden mantenerse en el cargo-poltrona hasta su total senectud?, ¡que viva la gerontocracia política¡, ”revisión del libre acceso a urgencias y mayor control del derecho a la atención sanitaria gratuita( inmigrantes, tarjeta sanitaria, turistas..)“,- y por qué los políticos, familiares y allegados, sí pueden acudir a esos servicios, a consultas o a quirófanos sin estar en listas de espera, o realizándose sus intervenciones en sábados, y a los que los gerentes y directores sanitarios acompañan o llaman por teléfono al médico de turno para que sean atendidos?

¿Pero qué tipo de linaje o abolengo posee esta nueva estirpe de señores feudales que gobierna a la plebe y que no se equiparan al común de los mortales?

Por eso, cuando leo todo lo que dictan para gobernarnos me produce escalofrío y pavor. Y me rebelo ante ello. Y propongo a todos los empleados públicos, funcionarios y laborales de Canarias, que les neguemos todo lo que podamos.

Hay que denunciar cuando usen y abusen de nuestros servicios públicos como lo hacen. Que esperen en nuestras largas listas de espera sanitaria, que no sean atendidos sin cita previa, que sepan lo que sufren nuestros ciudadanos, porque no lo saben. Y cuando nos veamos presionados por nuestros Jefes, nuestros Directores o Gerentes, lo denunciemos públicamente. Abochornarlos y desenmascararlos.

Seamos valientes y demostremos a esta clase política que nos gobierna, convertidos ya en verdaderos dueños de nuestras vidas y haciendas, que no lo vamos a permitir. Si hay recortes que sean para todos, no solo para nosotros y no para ellos. Ni agua.

* Médico. Delegado de Intersindical Canaria

Carlos García*

Ahora nuestros políticos sacan pecho acudiendo a una encuesta de satisfacción de los usuarios en referencia a la calidad de la sanidad recibida. Y acuden a ella porque no tienen otra, maquillando y disfrazando el resultado. Nosotros, los trabajadores sanitarios públicos, sí que nos sentimos muy orgullosos del resultado de nuestro oficio, que causa admiración y agradecimiento ciudadano. Por nuestro trabajo de médicos, de enfermeros, de auxiliares, de cocineros, de limpieza, de mantenimiento y de todas las categorías laborales que trabajamos en los centros públicos. Esta encuesta agradece con nota alta los servicios prestados por los sanitarios. Y se realiza cuando el paciente ingresa, después de meses o años, de haber soportado una gestión nefasta de la sanidad, de haber aguardado en listas de esperas eternas. Entonces, al ingresar, olvida las penurias por las que ha pasado y se siente feliz por el tratamiento recibido...El de los trabajadores sanitarios. A los mismos que se nos rebajan los sueldos y nos quitan pagas extraordinarias, a los que nos aumentan las horas de jornadas laborales, a los que recortan derechos sociales, a los que persiguen y avasallan, a los que despiden y dejan en paro. Podían recordar las encuestas que informan de que estamos a la cola del estado en temas de sanidad pública, en educación y en servicios sociales. Esas no las consideran y están elaboradas a nivel nacional por asociaciones y plataformas de usuarios y en defensa de la sanidad pública. Esas no son válidas.....No les interesan y las cuestionan.

Las previsiones y dictámenes de los gerentes y directores de los hospitales públicos son de recortes y rebajas francas con disminución de actividad asistencial. Se les informa a los Jefes de Servicios que hay que realizar menos intervenciones, de que no hay que pedir tantas pruebas diagnósticas, de que no hay que apuntar tantos pacientes en lista de espera, de que durante los tres meses de verano se cerrarán quirófanos de mañana, porque los de tarde llevan meses cerrados...Hay que ahorrar. Y se cerrarán camas de plantas hospitalarias, ya lo verán. Y se despedirán a eventuales e interinos, que ya son más de mil. Y mientras tanto, los pacientes que se mantengan en listas de espera interminables, que no se prepararen para ser operados, de bajar la actividad sanitaria....Y eso es peligroso y los médicos no podemos permitirlo por impedirlo nuestro Código Ético y Deontológico, por atentar contra la salud. Incluso, puede estarse incurriendose en un delito penal por omisión del deber de socorro. Pienso que no debemos dejarnos chantajear por lo que opinan y dictan los gestores políticos responsables de la sanidad con visiones economicistas duras y puras. Debemos ser valientes y enfrentarnos a ellos.

Por otro lado, el PSOE que co-gobierna, hace mutis y mira para otro lado. Solo se empeña en demostrar la poca solidaridad que tienen los empleados de las administraciones locales y de cabildos que no están por la labor de rebajar, una vez más, los salarios a sus empleados. Y los llaman insolidarios. Pues yo pienso que la solidaridad debe empezar por ellos mismos. Que se rebajen su sueldo, que se jubilen forzosamente a los 65 años como el resto de empleados públicos de Canarias, que tengan movilidad geográfica y que los trasladen y cambien de instituciones públicas, que dejen sus privilegios ( dietas, aparcamientos, viajes, asesores) que aumenten su jornada laboral como lo hacemos nosotros - solo trabajan 240 días al año -. ¿Por que son tan diferentes los políticos del resto de trabajadores... no son empleados públicos también, no trabajan para la administración autonómica?

Este es el triste panorama que tenemos y tendremos en Canarias en relación con la sanidad pública. Cantemos como en los juegos infantiles... Erre con erre, cigarro; erre con erre, carril... Rebajas, Recortes, Reformas, Reconversiones, Restricciones... Rajoy, Rivero...

Carlos García

En mi caso personal no los admito y defenderé, como profesional libre en un estado de derecho, mi independencia en el ejercicio de la medicina pública, de la garantía que tienen los médicos a su derecho a escribir, denunciar y hablar libre y responsablemente sobre las materias que les conciernen sin que por ello sufran amenazas, presiones o interferencias por quienes dirigen los equipos, gestionen los hospitales, administran la salud u ocupan cargos directivos en sociedades profesionales.

El médico que actúa, sea individualmente o bien por mediación de las organizaciones profesionales, tiene el deber de llamar la atención de la comunidad respecto a las deficiencias en la calidad de los cuidados y a la independencia profesional de sus actuaciones. Por tanto tiene el deber de denunciar las carencias del sistema cuando afectan a la correcta atención de los pacientes, en un empeño permanente a favor de la suficiencia, la calidad y la dignidad ética del sistema sanitario.

En los últimos tiempos los médicos venimos asistiendo a un “dirigismo” de nuestro trabajo por parte de estamentos políticos, directivos, administrativos, de admisiones, de enfermería, de compras y de otros, que han desvirtuado nuestra profesión de verdaderos especialistas y conocedores de lo que precisa un paciente para solucionar su problema de salud. Porque la esencia, el sentido máximo y prioritario de un hospital es el enfermo y el médico y, sobre ellos, debe pivotar todo lo demás.

Los únicos técnicos cualificados para esa labor somos los médicos y, aquí, en este momento, no podemos ejercer nuestros conocimientos por impedirlo un sistema paralelo administrativo, que en ocasiones puede ser corrupto, que ha fagocitado nuestro cometido. Y esta situación da lugar a una ineficacia y a una merma de calidad en nuestras prestaciones profesionales y contra ella hay que oponerse y luchar.

Como médico reivindico una libertad e independencia en nuestro trabajo, tener herramientas para desarrollar nuestro trabajo con eficacia, con calidad de resultados, con productividad. Queremos trabajar mas y mejor con aplicación de nuestros conocimientos profesionales, con gestión de nuestro propio trabajo, ser los verdaderos responsables de lo que hacemos con nuestros pacientes, con los seres humanos que tratamos.

Y recordar que el personal directivo que desarrolla funciones profesionales en una administración pública debe actuar con neutralidad, imparcialidad, honradez y transparencia en su gestión Porque las administraciones públicas no son patrimonio personal de sus directivos o gestores, y pienso que el problema que se plantea es la confusión que experimentan estos responsables directivos cuando permanecen largos periodos en sus puestos creyéndose propietarios del sector público como algo personal y privado. Confunden la situación de la gestión pública con su propio patrimonio personal.

Como he dicho en alguna otra ocasión, no cambiaré mi condición de médico contratado en la administración pública, como empleado público, por mi condición de ciudadano libre, con opiniones e ideas personales que haré conocer en los medios que me permita, en total libertad, este estado de derecho en el que vivo y que a algunos tanto le molesta.

Carlos García

La Ley General de Sanidad establece que los pacientes tienen el derecho de tener un médico asignado que será su responsable asistencial. Este médico responsable garantizará la información adecuada y le atenderá durante el proceso asistencial.

Según las normativas deontológicas europeas y nacionales, el médico que acepta atender a un paciente, se compromete a garantizar la continuidad de sus cuidados. El paciente, a su vez, tiene el derecho de elegir libremente al médico para satisfacer el principio fundamental de la relación médico/enfermo. El médico debe respetar y hacer que se respete esa libertad de elección.

En relación con el trabajo de un facultativo médico en instituciones sanitarias, en particular en un hospital, la deontología insiste en la necesidad de promover la calidad y la excelencia para que la atención de los pacientes sea la mejor posible. La lealtad hacia estos obliga a la denuncia de las deficiencias, exigiendo que las instituciones respeten la legítima libertad clínica del médico y que éste ejerza la necesaria autoridad en el área de su competencia.

Deseo hacer constar que el médico responsable debe responder ante la ley de sus actuaciones. Por tanto, desde el momento en que se realiza una historia clínica, un diagnóstico y se propone una actuación terapéutica, todas ellas responsabilidad del facultativo que con su firma y número de colegiado lo hace constar en una lista de espera quirúrgica, responderá de los perjuicios, insuficiencias u omisiones se puedan cometer en la puesta en práctica de sus decisiones e indicaciones clínicas, ya que es el único responsable del proceso terapéutico.

No olvidemos que la responsabilidad profesional del médico no solo se basa en la negligencia o la mala práctica, bastando con que se contravengan determinados derechos de los pacientes para incurrir en una posible anomalía.

Todo lo que he expuesto seguro será negado desde la dirección hospitalaria. Seguro que darán otra versión y dirán que la no autorización del quirófano viene enmarcada en una distribución idónea de los recursos y que bla, bla, bla?.Darán una versión mediatizada e interesada haciendo ver que lo que denunciamos no es cierto. Pero mentirán como lo hacen frecuentemente. Tergiversarán la verdad en su favor, pero saben que mienten. Ocultarán lo que ocurre en nuestro cotidiano entorno de trabajo?Pero nosotros seguiremos denunciando públicamente para escarnio de nuestros gobernantes, de nuestros directivos y gestores de lo público. Para que se sepa que los empleados públicos sufrimos presiones y acosos en el desempeño de nuestras labores.

*Carlos García es médico y delegado de Intersindical Canaria.

Carlos García*

Parece que intentan hacer desparecer a los mayores de 65 años de este mundo porque, con estas restricciones, algunos tendrán que plantearse si comer o vivir con lo poco que ganan o medicarse y curarse sus enfermedades. Hay que elegir. No da para ambas cosas.

Pero no es solo que los pensionistas tendrán que pagar el 10% del precio de los medicamentos sino que, además, muchos fármacos pueden dejar de estar financiados públicamente: serán aquellos que cuesten menos de tres euros, entre los que están los analgésicos tipo paracetamol, los mucolíticos, ansiolíticos y los omeprazoles para la protección gástrica. Y entonces, un anciano que padezca de un simple catarro, que deba tomar un mucolítico, 3 euros, con dolores generalizados que deba tomar un paracetamol, 3 euros, y un ansiolítico para tenerlo tranquilo, otros 3 euros y con un omeprazol para protección de mucosa gástrica, suman al final 12 euros que no serán financiados y tendrá que pagarlos totalmente. Un verdadero oprobio, un bochorno.

Si esto no es un ataque contra los ciudadanos que baje Dios y lo vea?.Un ataque contra los más necesitados, contra nuestros padres y abuelos, contra los nuestros conciudadanos de más edad y frágiles.

En clave doméstica canaria, también tenemos tristeza. Nuestros políticos tampoco salen bien parados .Unos, los que gobiernan, se escudan en que, por culpa del gobierno estatal, no queda más remedio que subir impuestos, de que vendrán etapas muy duras, de que hay que ajustar los presupuestos. Y desde Presidencia se dice que el Gobierno español debe “reflexionar y corregir las cosas y que para que un gobierno sea fiable y serio tiene que cumplir sus compromisos y si se ha firmado un convenio de carreteras hay que mantenerlo”; y nuestra diputada Oramas le dice al gobierno de Rajoy que “sin diálogo ni consenso será muy difícil salir de la crisis”.

¿Pero, por qué aquí nuestro gobierno autonómico no ha dialogado ni consensuado con los trabajadores ni ha respetado los convenios firmados en mesas de negociación a nivel sanitario? ¿por qué dictó una Ley de Presupuestos anulando lo pactado, aumentando las jornadas laborales, rebajando los sueldos, retirando prestaciones sociales y mucho más, conculcando lo establecido en convenios laborales de muchos años de antigüedad?. Porque siempre ven la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio.

A estos políticos que tienen flaca la memoria hay que recordarles sus promesas y lo que dicen a base de hemerotecas.

Meses atrás, en Octubre pasado, el Presidente del Cabildo de Tenerife, junto su Vicepresidente segundo y Consejero de Sanidad, con la Consejera de Sanidad, la Directora del Servicio Canario de Salud, la Consejera del IASS, junto con el alcalde de Icod y miembros de la contrata del Hospital del Norte, nos garantizaron que en Marzo de 2012 tendría sus puertas abiertas. Ahora la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, admite que no se puede hacer dicho hospital que tendrá retrasos por los recortes y que empezará a funcionar “cuanto antes”. También la Presidenta del grupo parlamentario del PSOE se indigna con la hipocresía del PP en relación con la apertura de este hospital y con la negación de la deuda histórica en sanidad que llevaban tantos años pidiendo. Pero olvida que fueron los socialistas, con Jerónimo Saavedra, quién concertó con los hospitales privados del norte en su día. ¡ Dios mío ¡ Vaya tropa?.

Y mientras se pagan a directivos de nuestra sanidad cantidades ingentes de dinero que sonrojan a cualquiera. Y, encima, una Gerente de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, la Sra. Fuentes, defiende estos incentivos y los justifica por la tremenda labor que realizan en gestión sanitaria. Tengan vergüenza y prediquen con el ejemplo.

Hoy me acuesto afligido, apenado, abatido. Ha sido un día triste y aciago.

Carlos García

Un Director o Subdirector Médico de algún hospital público de la red canaria tiene un sueldo como facultativo especialista que abona el Servicio Canario de Salud con categoría laboral del grupo A. Si se da el caso, como así se produce por ejemplo en el Hospital Universitario de Canarias, que el directivo sea profesor de la Facultad de Medicina, obtiene un pago como funcionario docente con plaza vinculada asistencial. Estos cargos directivos realizan diariamente guardias localizadas que se pagan muy bien, a pesar de que son cantidades que guardan celosamente y no se divulgan por ser cargos de dirección que no aparecen en los convenios colectivos ni en los presupuestos, pero que sabemos oscilan entre 600 y 1400 euros según se trate de días laborales, sábados o domingos, como hace unos días denunció una diputada en La Palma. Y realizan muchas de esas guardias localizadas ya que son solo 4 los Subdirectores que se lo reparten a lo largo del mes. De igual manera los Subdirectores de Enfermería.

Pero no acaba ahí la cosa porque, a fin de año, se les abona en concepto de incentivos y por el hecho de “estar disponibles y localizados físicamente” como relató la Directora del Servicio Canario de Salud, unas cantidades que llegan a los 30.000 euros cuando al resto de los trabajadores les han bajado esta percepción económica. ¿Pero no cobran ya la guardia localizada? ¿Por que vuelven a pagarles unos incentivos por estar localizados? Cobran doblemente por el mismo trabajo. Incluso algunos tienen empresas privadas de asistencia sanitaria que simultanean con el cargo público que ostentan en una presunta incompatibilidad flagrante que ha sido denunciada y está investigándose actualmente.

En definitiva sumen todos los dobles sueldos, las guardias diarias y de sábados y festivos, más los incentivos anuales, para que entendamos que existen sanitarios que cobran más que el presidente, pero no de Canarias sino del Estado o, quien sabe si de algún país vecino.

¡Pero es que a estos cargos directivos los eligen los políticos gobernantes¡.Son ellos mismos quienes los colocan en esos puestos de gestión y los premian con cantidades que abochornan al resto de trabajadores y ciudadanos que aguantan una presión asfixiante cada vez más insoportable a nivel económico.

Y parece, entonces, que aunque sigan llorando ante Madrid por los recortes y por los pocos presupuestos que envían a Canarias, existen privilegiados que no tienen problemas económicos y a los que no les afectan las rebajas, propiciados por el Gobierno de Canarias. Sí que existe dinero en Canarias y a las pruebas me remito.

No nos sirven las excusas de lo mal que nos tratan aquí, de la deuda histórica en Sanidad, de que con lo que nos envían tendrán que bajarse las prestaciones y aumentar los impuestos. Porque manteniendo esta ignominiosa forma de pagarles a algunos cargos directivos no podemos creer lo que nos cuentan nuestros gobernantes.

Y dirán que es legal y que lo permiten los convenios actuales y que se contemplan en las partidas presupuestarias vigentes, puestas por ellos mismos.

Pero es una inmoralidad y antiético y antisocial. ¡Tengan vergüenza¡

* Médico. Intersindical Canaria HUC

Carlos García*