Y es que las eléctricas no tienen BOE pero se saben muy bien su negocio y su enorme poder disuasorio cuando insinúan el riesgo de quiebra que pondría en peligro 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, la amenaza del gran apagón y la consecuente impotencia inversora si no se satisfacen sus demandas.

Recuérdese que cuando llegó Sebastián a Industria estableció unilateralmente una “tarifa social” que en teoría representaba una bajada del 10 por ciento en el recibo de 4. 5 millones de hogares, los que contrataron con una potencia inferior a tres kilovatios.

Ellos no tendrían que pagar por potencia instalada sino solo por lo que consumieran. La tarifa social ya existía aunque con la denominación poco cálida de “tarifa 1.0”, pero solo afectaba a 135.000 consumidores. Sin embargo fueron muchos menos ? no más de 10.000 familias - los que se acogieron al invento del ministro.

Sebastián, que de tonto no tiene un pelo, llegó a la conclusión de que lo mejor era entenderse con el sector que proponía como compensación a unas tarifas “realistas” y la titulización del “déficit de tarifa” un bono social tal como funciona en el Reino Unido y en Italia.

Ayer el Ministerio de Industria envió un proyecto a la Comisión Nacional de la Energía que puede considerarse histórico para el sector: El Estado reconoce el déficit de tarifa y avala las emisiones de deuda de las compañías que hasta ahora no han podido financiar y que alcanza los 9.000 millones de euros.

Desde el año 2000, cuando reinaba Aznar, las eléctricas han ido haciendo unas cuentas con lo que denominan “déficit de tarifa” que es un eufemismo maravilloso. Este concepto se define como la diferencia entre los costes de generación y la tarifa oficial que en la actualidad es según las compañías de 14.000 millones de euros.

Aceptar este concepto es asumir por parte del Estado la invalidez de sus decisiones tarifarias y delegar tal potestad a las eléctricas, una formula que, por otra parte, tampoco gustaba a estas según declaró en su día el presidente de UNESA, Pedro Rivero.

Obviamente el Estado no podía aceptar semejante privatización del Boletín Oficial del Estado, pero tampoco podía mirar para otro lado pues lo que si es cierto es que todos los Gobiernos han decretado unas tarifas políticas que no responden a la realidad. Finalmente las compañías parecen haber convencido al ministro de la urgencia de la cuestión.

Con este gran esfuerzo del Estado se pondría el contador a cero y se daría a luz, finalmente, a la liberalización, a la transformación de tarifas por precios, con la excepción de la Tarifa de Último Recurso (TUR), otro eufemismo admirable, que a partir de 2009 regulará las potencias de la mayor parte de los usuarios domésticos.

Dentro del TUR habrá un segmento subvencionado para los ciudadanos con renta más baja- cuatro millones de clientes entre los 26 millones de usuarios - que podrán disfrutar de una cantidad fija sufragada por las compañías para lo que tendrán que aportar entre 800 y 1000 millones de euros al año. Este bono que podría alcanzar los 200 euros por consumidor tendría en cuenta aspectos como la renta de los consumidores, su situación de parados y el tamaño de la familia.

*Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político en elplural.comelplural.com José García Abad*

Cuando nuestra bendita derecha española es desalojada del poder olvida los principios y pierde las formas y el oremus. Todo vale para recuperarlo.

Ahora que el PP no puede objetar nada respecto a la voluntad y a la eficacia de la política antiterrorista del Gobierno se ha encastillado en la insolidaridad frente a la terrible crisis económica que padecemos que ha provocado ya cuatro millones de bajas laborales, un asunto, pues, no menos sagrado que la lucha contra el terrorismo.

Zapatero se queja y con razón de que el Partido Popular no echa una mano en este asunto, como no sea al cuello. Hay que reconocerle al presidente su insistencia en pactar con los populares una salida conjunta a la crisis.

Un empeño meritorio pero inútil puesto que el PP ha decidido utilizarla como una herramienta para volver a La Moncloa y no piensa respetar ni el Pacto de Toledo por el que todos los partidos se comprometían a no usar las pensiones en el debate electoral.

Mariano Rajoy, en su segundo periodo, parecía haber neutralizado un tanto a José María Aznar intentando que se percibiera en él un nuevo talante y una oposición constructiva. Sin embargo ahora vemos resurgir a este personaje renacido en su soberbia.

El mensaje fundamental de su antecesor en la presidencia del PP es que al Gobierno no hay que darle ni agua; nada pues de pactar soluciones pues sólo hay una que se llama José María Aznar. Sólo gobernando el Partido Popular teledirigido por su líder carismático se podrá conseguir semejante proeza.

La célebre foto del ex presidente con sus ministros en una escenificación en la que la presencia de Rajoy era secundaria y hasta humillante reflejaba expresivamente este mensaje.

La siguiente escena de la película ha sido su libro España puede salir de la crisis y las entrevistas que se le han hecho con este motivo en las que quiere expresar que sólo hay un Dios en el partido y que da igual quien sea su profeta siempre que siga a pies juntillas las instrucciones divinas. Él nos salvó y el puede salvarnos de nuevo.

“Conmigo en el Gobierno ? sostiene en un supremo ejercicio de modestia en una entrevista publicada por ABC XL Semanal - no se hubiera producido esta crisis que se ha producido”. Y a continuación vuelve a ofrecerse recordando que a sus méritos de entonces puede añadir ahora “un valor importante”: su experiencia. “Yo creo saber lo que España necesita para salir de la crisis” ? asegura ? y argumenta que llegó al poder en un país “con condiciones económicas muy malas ”y pude dejar el país más rico de la historia de España“. ”Esta herencia“ ?añade - ”se ha dilapidado en cinco años“.

La gestión económica de Rodrigo Rato fue, en efecto, buena y no me duelen prendas reconocerlo pero la brutal desautorización de la realizada por Solbes en la primera legislatura es injusta y muestra el simplismo de Aznar, demostrado en otras ocasiones que están en la memoria de todos.

Evidentemente, como ha recordado Sarkozy, la actual crisis no ha podido ser prevista ni por los más listos. Desde esta misma sección me he referido críticamente a la tardanza del Gobierno en asumir la gravedad de la crisis y a algunos aspectos de la gestión de Solbes en la segunda legislatura. Pero en estos momentos no puede decirse que el Gobierno no esté haciendo lo que debe hacer.

Ahora hay un nuevo responsable económico y lo menos que la cortesía obliga es dar a la vicepresidenta un margen de confianza y a ser posible algo de colaboración.

Le ha faltado a Rajoy grandeza para ello presionado de nuevo por su compañero que tanto está contribuyendo a complicarle la tarea. Ahora sólo nos queda rogar al ex presidente Aznar que no nos vuelva a salvar.

*Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político en El Sigloelplural.com José García Abad*

El PP quiere aprovechar la precariedad parlamentaria del PSOE organizando algo parecido a una moción de censura económica quizás con el ambicioso objetivo de lograr una censura propiamente dicha más adelante.

Como se sabe, la Constitución Española no admite la posibilidad de derribar al Gobierno si quien presenta la moción no obtiene los votos necesarios para gobernar. Es lo que se llama una moción de censura constructiva.

Hoy por hoy, el PP es un apestado para los partidos nacionalistas, incluidos los de centro y derecha y sería impensable que estos le sirvieran en bandeja de plata el gobierno de la nación.

Rajoy que es consciente de ello, y que se esfuerza en limar aristas, ha encontrado en la economía, que es lo que está desgastando al Gobierno, una zona de encuentro y el punto de partida para caminar juntos con los adversarios de toda la vida. El objetivo no confesado es que los dirigentes nacionalistas puedan justificar ante su parroquia una alianza hasta ahora difícil de tragar.

Las medidas anunciadas por Mariano Rajoy con la ampulosa denominación de “plan anti-crisis completo y global” tienen poco de plan y más de cajón de sastre, nada de anticrisis, son incompletas y parciales y en algunos aspectos recogen iniciativas planteadas por el Gobierno.

No es en puridad de conceptos una alternativa seria a la política económica de Zapatero a pesar de que Rajoy lo haya presentado “como alternativa a la nada y a la parálisis del Gobierno”.

En lo poco en que pudiera presentarse como “plan alternativo” sería en base a ideas liberales que hoy “no tocan” y que no se han adoptado ni en los países con gobiernos más conservadores.

Lo más concreto es la bajada de impuestos, una propuesta que aparece siempre en los programas de la derecha pero que tiene poco sentido en estos momentos en los que el Estado que pierde ingresos a chorros necesita aumentar fuertemente los subsidios a los parados y las obras públicas que generen empleo.

El Partido Popular defiende la idea de bajar los impuestos para reactivar la economía pero está por ver que la fiscalidad sea un factor decisivo para incrementar la actividad. Cuando hay posibilidades de negocio, los impuestos, si no son expropiatorios, no son un problema mayor.

Con impuestos relativamente altos, Clinton consiguió una elevación del producto USA que fue un record histórico mientras que Bush que los bajó drásticamente dejó a la economía norteamericana hecha unos zorros.

El grueso de propuestas del PP son generalidades o se refieren a actuaciones que en algún caso pueden ser interesantes pero que no responden a la urgencia de la situación.

¿Quién va a oponerse en principio a la austeridad del gasto público, a favorecer el crédito y la liquidez, a un acuerdo por el empleo y la competitividad, a un marco de pensiones sostenible, a abrir un debate sobre las nucleares, al cambio del modelo productivo, a garantizar una economía eficiente, a la lucha contra el fracaso escolar, a un sistema de bienestar sostenible, a un Estado viable y eficaz y a la modernización de la justicia?

* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista de elplural.com* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista deelplural.com

José García Abad*

Como se sabe el G20 está integrado por la Unión Europea (UE), el Grupo de los Siete (EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia) y Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía y Rusia.

De Londres deben salir soluciones y no un mero acercamiento al problema con remisión a futuras conferencias internacionales. Las fuertes palabras de Nicolás Sarkozy amenazando con dejar la silla vacía y las suspicacias expresadas por la canciller Angela Merkel y la reacción de Obama estableciendo la necesidad de medidas urgentes y asegurando que el presidente francés no se levantará del asiento mientras dure la crisis demuestran que el temor se ha hecho explícito pero también que existe el imperativo de conjurarlo ofreciendo medidas concretas al mundo.

No puede decirse en justicia que no se haya avanzado desde la cumbre de Washington por lo menos en lo que se refiere a poner dinero encima de la mesa para sanear a los bancos. Como recordaba Obama, desde dicha cumbre los gobiernos han acudido al rescate de las instituciones financieras con dos billones de dólares, algo que nadie hubiera creído hace cinco o diez años.

Sin embargo la crisis financiera no se ha resuelto plenamente y, en algunos países como los del este de Europa y de América Latina, están en peligro de quiebra no sólo los bancos sino también los propios Estados. Parece imprescindible que las grandes potencias económicas aporten dinero para los países en dificultades no sólo por solidaridad humana sino por el propio interés bien entendido. Nadie puede salvarse en solitario.

En opinión de los expertos a los que he consultado, las nuevas aportaciones deberían confiarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) al tiempo que se agiliza esta institución creada tras la II Guerra Mundial para evitar lo que está ocurriendo y que ha ganado grasa y perdido eficacia. Lo curioso del caso es que el FMI se había quedado casi sin trabajo por falta de peticiones de crédito en un mundo en que la financiación no era un problema. Ahora el organismo deberá ocupar un papel esencial.

Pero la reunión del G-20 se ocupará también y quizás primordialmente de la recuperación económica fomentando el comercio mundial y evitando la tentación del proteccionismo que solo serviría para agravar los problemas.

Lo que nadie duda es que se vigilará mejor a los bancos aunque no creo que prospere la propuesta francesa de una instancia única de supervisión. Naturalmente, “los veinte” tratarán de insuflar una nueva moral o al menos disciplina en el sistema financiero con fuerte vigilancia pública para lo que se esperan medidas contra los paraísos fiscales y los capitales “off shore”; una mejor regulación de los hedge funds o fondos de alto riesgo que gozaban del libertinaje más dañino; limitaciones salariales a los banqueros etc. Como dijo Gordon Brown habrá que tomar decisiones difíciles porque “los gobiernos deben actuar donde fallaron los mercados”.

Zapatero aprovechó el Congreso de UGT para expresar sus prioridades que están en línea con lo que acabo de exponer: un mayor esfuerzo en la “supervisión” de las entidades financieras; contribuir a un escenario de “crédito más estable” no permanecer “impasible ante el escándalo de las retribuciones” a los altos cargos de la banca; comprometerse de forma “firme y radical” contra los “paraísos fiscales, y establecer ”el principio de transparencia universal del sistema financiero“.

La reunión de Londres que dirigirá Gordon Brown no puede ofrecer contenidos tenues y menos la ceremonia de la confusión. Ya no hay duda alguna sobre el diagnostico de la crisis. No queda ningún pretexto para no actuar. Los ciudadanos no perdonarán a sus dirigentes políticos si no son capaces de ponerse de acuerdo y ofrecer una salida convincente.

* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista de elplural.com* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista deelplural.com

José García Abad*

La precipitación de acontecimientos no ha permitido al Gobierno desplegar su plan inicial: una actuación discreta que serviría de modelo para otros ajustes en el sistema. La idea inicial consistía en propiciar que una entidad sana absorbiera a un colega enfermo apoyando la operación con los avales que fueran necesarios.

Estaba previsto que la Unicaja que preside el socialista Braulio Medel absorbiera a la CCM del compañero Hernández Moltó con una normalidad que permitiría incluso el nombramiento de este hombre como vicepresidente de la nueva entidad, algo que hoy nos parecería asombroso.

Los acontecimientos se precipitaron porque el compañero no se fiaba del compañero. Braulio Medel no las tenía todas consigo sobre lo que se encontraría en la caja manchega que si se confirmaban los rumores que corrían por los corrillos financieros podría llevarse por delante a la entidad andaluza.

Razones había para la desconfianza aunque solo fuera por el hecho de que la caja manchega hubiera exhibido en su balance beneficios cuando ? insisto ? todo el mundo presumía que no era posible obtenerlos si no se retorcían y torturaban los datos más allá de lo que la razón e incluso la imaginación podían tolerar.

El Banco de España había “tragado” con una declaración de beneficios de cuya falsedad era el primer conocedor pues sus inspectores llevan tiempo husmeando en las cuentas de la caja pero, supongo, que aceptó los números para evitar lo que después ha ocurrido. El hecho de que Ernst & Young, el auditor de la entidad manchega se negara a firmar las cuentas resolvió las dudas de Unicaja.

El Gobierno tuvo que renunciar a su proyecto inicial de oficiar una fusión pacífica y se vio obligado a la solución más traumática: la convocatoria de un consejo de ministros extraordinario el domingo y la intervención pura y dura de la CCM. El Banco de España destituyó en el fin de semana a todos sus gestores a quienes sustituyó por tres inspectores de la casa e inyectó a la caja enferma 9.000 millones de euros.

Paradójicamente, ahora es cuando los clientes de CCM pueden estar más seguros pero el resto de las cajas y bancos a los que se les suponen dificultades tiemblan como cuando las barbas de tu vecino ves mojar. Una vez desencadenado el escándalo ? aún falta por saber lo que ha habido de mala gestión o cosas peores en la entidad ? lo importante es que el Gobierno aclare cual va a ser el destino de la caja manchega.

Lo normal es que una vez aclarada brutalmente la situación y puestas sobre la mesa 9.000 millones de euros, Unicaja se haga con la gestión. Pero en el momento de escribir este comentario no hay ningún indicio al respecto. Si a pesar de todo, la caja andaluza no quiere hacerse cargo de la compañera mala cosa. Más vale liquidarla pues como decía el presidente de la patronal bancaria y exsubgobrnador del Banco de España, Miguel Martín: “Cada una de las entidades débiles y sin futuro que subsista no añade nada, sino que resta”.

“Urge que el Gobierno nos diga que piensa hacer con los bancos” titulaba yo un comentario publicado el pasado 24 de marzo en “El Plural” en el que me permitía opinar: “Lo que es insostenible es que se generalice la sospecha sobre la solidez del sistema mientras el Gobierno permanece en Bavia. Está bien que éste proclame a los cuatro puntos cardinales la solvencia de la banca española pero ya no puede aplazar la concreción de acciones, para sanear los bancos y cajas dañados con nombres y apellidos, reduciendo el ámbito de la sospecha a quienes se hayan acreditado a ella”.

Es una pena que la primera intervención del Gobierno haya sido forzada por los acontecimientos y no el resultado de un plan que proporcionara un poco de calma en estos momentos de tribulación.

* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista de elplural.com* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista de elplural.com

José García Abad*

Bernanke utilizó la cadena de televisión CBS para lanzar su manifiesto y Trichet ha preferido las ondas de la cadena de radio francesa “Europe 1” pero el mensaje ha sido similar y los efectos, estimulantes, aunque de menor intensidad que los generados por el presidente de la Reserva Federal que provocó subidas en todas las bolsas del mundo.

“Hay un acuerdo bastante general para pensar que 2010 puede ser el año de la recuperación moderada. Pero eso depende de nosotros: no está ganado por adelantado”, sentenció el presidente del BCE y añadió una condición: “recuperar la confianza” para lo que no se tiene receta alguna.

En la misma ola de optimismo navega el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia quien ha detectado mejores síntomas de los que percibía hace tres meses a pesar del deterioro de las condiciones sociales.

Para que la confianza se instale entre nosotros, Trichet recomienda que la cumbre del G20 del próximo 2 de abril en Londres se centre lo menos posible en el corto plazo y lo máximo en el largo plazo. Es lo que ha hecho el presidente Obama pero es indudable que sin arreglar el corto ? léase crisis financiera ? no llegaremos al largo. Como decía Keynes, hoy elevado al santoral: “A largo plazo todos estaremos muertos”.

Es de esperar que al ponerse dos avales sobre la mesa, el de los presidentes de los bancos centrales de las dos grandes potencias, Estados Unidos y Europa, la confianza, ese fenómenos tan volátil que tiene algo de virtud teologal se abra camino. No es precisamente fe, esperanza ni caridad lo que han sembrado el premio Nobel Paul Krugman ni el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón, ni el Fondo Monetario Internacional en su último informe.

El primero, tras calificar la situación de “espantosa” en un acto público en el que participaba Zapatero, auguraba para España un quinquenio negro. Por su parte, Quintás, quien no ocultaba su angustia en su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Economía sentenció: Estamos ante la mayor crisis en 80 años y lo que estamos haciendo no está a la altura de la envergadura“ de una crisis que ”será más larga“ en España que en Estados Unidos o en el Reino Unido.

El presidente de la CECA urge la adopción de nuevas medidas: “Si fallan ? advirtió - la crisis nos arrastrará al fondo”. Aludía al “riesgo sistémico” que en su opinión “sería algo tan dramático que prefiero no comentarlo”.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y esto es más preocupante de lo que digan Krugman y Quintás, ha revisado sus previsiones a la baja anunciando que la economía de los países de la eurozona se contraerá un 3,2% este año, un record histórico, y se estancará en 2010 en las proximidades del cero.

*Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político en www.elplural.com

José García Abad*

Al parecer, incluso el secretario general de UGT, Cándido Méndez que ha sido un entusiasta de Pedro Solbes está ahora más reticente. Por supuesto por no hablar de las oposiciones que hoy abarcan todo el arco parlamentario menos los escaños ocupados por el segmento gubernamental.

La verdad es que Pedro Solbes que fue el gran activo de Zapatero en las últimas elecciones ? quizás las ganó gracias a él - no ofrece hoy la confianza ciudadana que es un imperativo categórico, un artículo de primera necesidad.

Respeto mucho a este hombre, un funcionario de toda la vida que, como el mismo recordó ayer, lleva más de cuarenta años desempeñando responsabilidades públicas pero hay que reconocer que no es el hombre de la situación. En estos momentos en los que la caída de Solbes se da por descontada según la expresión bursátil, me permito recordar en su honor que el vicepresidente económico ha parado nefastas ocurrencias sostenidas por el ala liberal del Gobierno aunque no pudo frenar otras como las absurdas medidas del reparto de los 400 euros por contribuyente o el “cheque bebé”. Con ellas se dilapidó un dinero precioso que ahora hubiera servido para que el déficit público no alcance las dimensiones que está experimentando o para ampliar las ayudas a los desempleados. Hoy el ala liberal del Gobierno y sus aledaños, a los que la revista “El Siglo” designó como “neoprog”, han caído: caso David Taguas; o han perdido influencia: Miguel Sebastián. No son pues alternativa pero tampoco lo es el propio Solbes.

El caso es que el Gobierno vive hoy sus momentos más bajos por la percepción que la gente tiene de que este hombre está cansado y desbordado por los acontecimientos, que la coordinación que ejerce sobre el equipo económico es insuficiente y en definitiva que, como decía antes, no ofrece la confianza de que la política económica esté en buenas manos.

No contribuyen a ello las manifestaciones que hace con frecuencia el propio vicepresidente con un humor discutible como la que expresaba su envidia por el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Por cierto, ayer el vicepresidente económico hizo una manifestación más positiva en el Congreso de los Diputados al hilo de la siguiente pregunta de Vicente Martínez Pujalte: “¿Es razonable que mientras más de 5.500 españoles pierden su empleo cada día, usted ironice con el deseo de perder el suyo?”. Solbes se explicó está vez sin recurrir a la socarronería mediterránea: “Me siento cómodo, satisfecho de ser ministro de Economía y no tengo ningún deseo de perder mi empleo”.

La necesidad del relevo del equipo económico es evidente pero también lo es la dificultad en la que se encuentra Zapatero para relevarlo.Destituir a Solbes como le pide todos los días Mariano Rajoy sería como reconocer el fracaso de su política económica en el momento en que la crisis se manifiesta de la forma más inquietante. Es una consideración que tiene consistencia pero estoy convencido de que en Zapatero prima más su sentido de la responsabilidad que pruritos partidistas.

Opino con todas las cautelas propias del caso que el presidente hará su crisis pero no inmediatamente aunque los acontecimientos pudieran precipitarse. Antes, Solbes debe dejar cerrado el espinoso asunto de la financiación autonómica y, por supuesto, Zapatero debe encontrar una alternativa que genere confianza.

Ya he expresado en otras ocasiones en “El Plural” que Joaquín Almunia sería la persona adecuada pero la cuestión es si Almunia, que desempeña brillantemente un puesto tan importante en la Unión Europea, estaría dispuesto a asumir una tarea tan difícil y abrasadora como la de asumir en estos momentos la dirección de la política económica de su país. En todo caso siempre queda la posibilidad de David Vegara, que se le ve crecer por momentos.

* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista de elplural.com* Periodista, escritor, director de El Siglo, analista político y articulista deelplural.com

José García Abad*

Sólo ha pasado un día para que MAFO contestara indirectamente al segundo banquero del país desde la tribuna de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El gobernador ha informado sobre este espinoso asunto con una prudencia de la que no ha hecho gala en otras intervenciones públicas y en la misma línea en que se había manifestado el vicepresidente económico Pedro Solbes aunque no ha podido resistir la tentación de advertir al Gobierno sobre el perverso efecto de ciertos análisis erróneos que se supone emanan del Palacio de la Moncloa.

De su intervención parlamentaria de ayer se desprende que no hay por qué preocuparse dado que nuestros bancos no disponen de activos tóxicos una afirmación contundente y hasta solemne que contrasta con las declaraciones que hiciera hace un par de meses al periódico El País: “Los bancos no se fían los unos de los otros pero tampoco de si mismos”.

Ahora el gobernador nos tranquiliza a todos incluyendo a los propios banqueros que al parecer están más sanos de lo que creían. Nadie como el Banco de España para conocer las tripas de los bancos que controla; nadie más autorizado para emitir un certificado médico solvente. Nadie puede tranquilizarnos con más eficacia.

Sin embargo, siempre hay un “sin embargo”, como quien previene una hipótesis meramente académica, MAFO advirtió que no parece una actitud prudente cerrar la puerta al posible uso de medidas de “recapitalización” de entidades, bendita palabra, ante la enorme incertidumbre de la crisis financiera internacional.

En definitiva que si los muy saludables bancos y cajas españoles que afrontaron con “relativa fortaleza” la primera fase de la crisis y se contagiaran ahora de la peste exterior en su “segunda ronda de efectos”, el Banco de España aplicaría su acreditado now how en crisis bancarias y su afinado instrumento, el Fondo de Garantía de Depósitos, “de la forma que lo ha hecho siempre, con el objetivo de que ni los depositantes ni los acreedores se vean afectados. Y, por supuesto ”con discreción y profesionalidad“.

Todo va muy bien en la banca española pero el gobernador del banco central que tiene la responsabilidad de vigilar a nuestras entidades financieras confirmó ayer el pronostico del presidente del BBVA sobre la necesidad de una reconversión del sector financiero como en su día se reconvirtió la construcción naval y la siderurgia: “Es posible ? auguró Miguel Ángel Fernández Ordóñez - que la profundidad de la crisis económica y financiera mundial pueda implicar un proceso de reestructuración del sistema bancario español”.

En lo que el gobernador no se ha valido de paños calientes ha sido respecto a la gravedad de la crisis. Dentro de un mes el Banco de España publicará su informe sobre las previsiones para 2009 de las que Fernández Ordóñez solo ha adelantado una recesión “de cierta magnitud”.

*Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político en El Sigloelplural.com José García Abad*

En España, el Estado ha intervenido indirectamente, garantizando emisiones y comprando activos, pero se espera algo más. Ya no basta con invocar el “Credo” de que los bancos españoles son los mejores del mundo y esperar a que escampe; aunque no hay motivos para dudar de la solvencia de la mayoría de ellos no hay entidad que resista una crisis general duradera y profundiza.

Me ha parecido muy significativo que Francisco González (“FG” para el mundillo financiero), presidente del BBVA, el segundo banco del país tras el Santander de Emilio Botín, pidiera que el Estado intervenga en las entidades con problemas ? sin citarlas por supuesto - como fórmula para minimizar su efecto en la economía y acelerar la recuperación.

En opinión de FG, el sistema financiero tendría que “estar preparado” para abordar estas actuaciones de forma rápida y eficaz, y lograr que tuvieran los menores impactos negativos sobre el conjunto de las entidades. González expresa así con bastante contundencia su temor al contagio al tiempo que reconoce que la crisis bancaria no se resuelve de la noche a la mañana por el mero procedimiento de inyectarla dinero.

El problema inmediato de liquidez se ha superado en general pero asistimos a una galopada de la morosidad, un fantasma que afecta a todos los bancos y cajas pues depende en buena medida de la marcha de la economía en general pero les afecta de forma diferente pues no todos tomaron las mismas precauciones ni todos están igualmente preparados para afrontarlo sin tambalearse.

Pero, aun superada esta segunda fase, no se habría resuelto el problema. El presidente del BBVA ha hecho una apreciación interesante respecto a una tercera fase definida por la necesidad de una reconversión industrial del sector.

La banca tiene pues que pasar por el Vía Crucis que lleva desde lo más volátil a lo estructural. Y no es González el único en manifestar que el sistema bancario está “tocado”.

Los bancos que han sido la enseña más potente de este país ya no volverán a ser lo que eran. No volverán a ocupar la vanguardia de la economía española ni valdrán lo que han valido sin antes someterse a una transformación profunda que exige reformas tecnológicas pero también una mejor adaptación al mundo productivo.

Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos lo ha expresado de forma muy gráfica en el mismo foro en el que intervino González, en la V Conferencia Internacional de ABC: Tras la crisis, el sistema financiero será más pequeño y tendrá una capacidad de empuje menor lo que “es una garantía de que no se va a salir por una curva del camino”.

No hay costumbre de que un banquero pida la intervención del Estado animando al presidente del Gobierno a aplicar sin titubeos el Fondo de Garantía de Depósitos tal como ocurrió en la crisis bancaria de los años ochenta. No hay costumbre pero no debe sorprendernos. Ello demuestra hasta que punto ha cundido la preocupación entre quienes, hasta ayer mismo, esgrimían con orgullo la palanca que mueve el mundo. Los dueños del Universo deberán adaptarse a un proceso de “desapalancamiento”.

*Periodista en elplural.com

José García Abad*

La Comisión Europea prevé que el PIB descienda este año un dos por ciento y el que viene en un 0.2 (Solbes pronosticó una caída del 1.6 en el presente año y un crecimiento del 1.2 en el próximo). Las previsiones para el conjunto de la Unión son algo mejores: caída del PIB del 1,8% y una ligera recuperación en 2010 con un crecimiento del 0,5%. Bruselas estima que el desempleo alcanzará este año el 16.1 % y el 15.7 en 2010 (Solbes espera una tasa máxima del 15.9 % para este año y del 15. 7 en 2010). Y en cuanto al déficit público la Comisión opina que alcanzará el 6. 2 del PIB en 2009 y que en 2010, bajará hasta el 5,7%. Solbes espera un déficit del 5,8% para 2009 y del 4,8% para 2010.

El futuro no está escrito y hasta que no concluya este año negro no sabremos quién estaba en la razón. Como se sabe, los economistas profetizan con notable precisión el pasado y explican con no menos elocuencia las razones por las que la realidad no se atuvo a sus análisis. En definitiva, la mayor discrepancia entre ambos políticos no se refiere a este año sino al que viene y previsiones a tan largo plazo ofrecen la fiabilidad de los pronósticos metereológicos; al ritmo que se están produciendo los acontecimientos dos años es la eternidad.

Es natural que Pedro Solbes, a quien hay que reconocer el valor de poner blanco sobre negro la gravedad del enfermo, no olvide que es Gobierno y tire un poco para casa. Casi todos los comentaristas hemos alabado el realismo de Solbes pero sus declaraciones del domingo al diario “El País” me han dejado estupefacto y no tanto porque reconociera que ya no queda nada que pueda hacer frente a la crisis: “Hemos utilizado todo el margen de gasto público que teníamos - como por el hecho de que reconozca con un exceso de honradez su perplejidad: ”Vivimos una situación insólita“. No es de extrañar que Mariano Rajoy haya aprovechado la oportunidad para decir: ”Si el señor Solbes no tiene ideas o ya ha agotado su margen, lo más patriótico es quitarse del medio“. En su opinión ”tendremos que empezar a rezar“.

Ayer lunes, Zapatero fue entrevistado en la SER ? se va notando la descongelación de relaciones del grupo Prisa con la Moncloa? y Zapatero no dijo nada significativo respecto a las previsiones de su vicepresidente ni de la Comisión, ni de Almunia ni de Solbes aunque dedicó a este unos piropos que yo de este consideraría inquietantes. Por cierto lo único significativo que dijo respecto a la crisis es que en la próxima reunión con los presidentes de los bancos y cajas les pedirá que faciliten el crédito a las familias y empresas, aunque no concretó si les pedirá su palabra de honor.

* Periodista, escritor, director de 'El Siglo', analista político y articulista de elplural.com* Periodista, escritor, director de 'El Siglo', analista político y articulista de elplural.com

José García Abad*

En todo caso y pensando en la economía en su conjunto es bueno que los precios se ajusten a la realidad pues, mientras semejante ajuste no se produzca, pinchando la burbuja del autoengaño, persistirá la desconfianza, y el sector del ladrillo y lo que este arrastra en la demanda de todo tipos de bienes, no encontrará un firme camino de recuperación.

La caída de los precios - ha sido mucho más fuerte en la de segunda mano que en las nuevas lo que tiene una explicación. El mercado de segunda mano es más transparente y más “real” que el de la vivienda nueva. El primero está formado por las decisiones individuales de millones de propietarios que no pueden confabularse para mantener un determinado nivel de precios. Sin embargo en el de vivienda nueva se dan dos hechos diferenciales. Por un lado hay que constatar que está controlado por un reducido número de grandes promotores que pueden ponerse de acuerdo con más facilidad. Tienen incluso unos cuantos lobby dedicados a ello: la Asociación de Promotores y Constructores Españoles (APCE) y el G14 que agrupa a los trece constructores más importantes. Curiosamente los presidentes de sendas agrupaciones, Guillermo Chicote y Fernando Martín tuvieron que dimitir porque sus respectivas empresas, Condal de Viviendas y Martinsa-Fadesa, estan en suspensión de pagos.

El segundo hecho diferencial es que una gran cantidad de las promociones de viviendas están en manos de los bancos y cajas como garantía de los préstamos otorgados con notable alegría y las entidades financieras se resisten a rebajar sus precios para que no afloren pérdidas en sus balances.

Afortunadamente, la vivienda no es el único que baja y el descenso de la inflación que estamos viviendo es una buena noticia, por el momento, pues de forma inmediata aumentará el poder adquisitivo de todos. Es verdad que el descenso del IPC, que es un bien en si mismo, pudiera degenerar en la indeseada espiral deflacionista pero no creo que este peligro sea algo más que una aprensión sin datos efectivos que la sustenten. La bajada del IPC se explica en razones poco alarmantes como el abaratamiento del petróleo, el referido de la vivienda y el de algunos productos alimentarios.

Según los datos que se conocieron también ayer, España es donde más han bajado los precios de la Unión Europea por primera vez en ocho años lo que se debe a que la bajada del petróleo, como ocurrió con su subida, impacta más en nuestra economía que tiene más dependencia del crudo. Es esta una ventaja no del todo saludable.

* Colaborador de

elplural.com José García Abad*

En resumen estimo que se notará un ligero cambio a la izquierda, sin doctrinarismos excesivos o, dicho de otra forma, el sindicato evolucionará hacia si mismo con un predominio de la cultura interna sobre la impronta personal impuesta por José María Fidalgo. La integración del sector crítico duro que ha encarnado Agustín Moreno así como la que en su día se denominó “Alternativa Confederal” encabezada por Rodolfo Benito, un grupo formalmente disuelto, refuerzan dicha orientación. Habrá pues más sindicato, sindicato, que maniobras políticas transversales que apuntaron con la dirección de Fidalgo y, en consecuencia, es de esperar un terreno de acuerdo más amplio con UGT el sindicato hermano que dirige sin aparente contestación interna Cándido Méndez.

Hace unos meses publiqué en la revista “El Siglo” un artículo en el que me refería de pasada a UGT como el sindicato hermano del PSOE y a Comisiones Obreras como el sindicato hermano del Partido Popular. Mi alusión a esta central provocó la airada respuesta de su Secretario de Comunicación, Fernando Lezcano quien, por cierto parece que continuará al frente de esta responsabilidad en la nueva dirección. La verdad es que mi pincelada en “El Siglo” era una exageración, casi una “boutade” y en todo caso no más de un cariñoso toque de atención. Sin embargo es innegable que la política separaba a Cándido Méndez de José María Hidalgo. O viceversa. Cándido Méndez ha cerrado las heridas con el partido hermano que se abrieron en los tiempos de Felipe González y Nicolás Redondo hasta el extremo de que durante algunos años la única oposición efectiva del PSOE era la UGT pues la derecha no había logrado salir de la caverna.

El itinerario de Comisiones Obreras ha sido diferente entre otras razones porque sus hermanos comunistas ? más que hermanos fueron durante algún tiempo, el de Marcelino Camacho, la cadena de transmisión del PCE ? nunca fueron una alternativa de poder. Cabe a Antonio Gutiérrez el mérito de romper la cadena de transmisión con el partido quizás animado por el lema marxista por aquello de que lo único que puede perder el proletario son las cadenas. A José María Fidalgo le corresponde otro mérito: el de la despolitización del sindicato que ya ni es correa de transmisión ni de “inspiración comunista”.

Hasta aquí todos en el sindicato estaban de acuerdo. Sin embargo muchos compañeros de Comisiones no veían con tan buenos ojos que se pasara de la independencia a la indiferencia política y observaban con disgusto la inclinación de altos cargos de Comisiones hacia el Partido Popular. Creo que no habremos perdido la memoria hasta el extremo de no recordar la luna de miel que vivieron y que según me dicen continúan viviendo Fidalgo y Aznar, ambos josemarías en unos momentos en que el Partido Popular adoptaba su vena más autoritaria. Tampoco se olvidan las manifestaciones de Maria Jesús Paredes, responsable de la federación de Banca a favor del Partido Popular de crítica feroz al PSOE y al Gobierno e incluso su propósito, aunque frustrado, de ir en las listas del PP en las pasadas elecciones. También fueron evidentes otras batallas entre ambos sindicatos con fondo político como la emprendida contra los compañeros de clase respecto a la decisión del Gobierno de devolver a UGT el patrimonio sindical expropiado por Franco. Otras discrepancias, como las diferentes actitudes de ambas centrales en conflictos con el Gobierno, como el de la huelga de la Justicia no contribuyeron a despejar malentendidos.

Con Toxo el sindicato se dedicará a defender los intereses de los trabajadores que representa por encima de planteamientos políticos pero el hecho de que recupere su intracultura política no será irrelevante aunque tal como están las cosas puede preverse una crítica dura a determinadas decisiones del Gobierno socialista. No creo, sin embargo que llegue al extremo de convocar una huelga general como promueve el también nuevo coordinador de Izquierda Unida Cayo Lara. Lo que ya no volverá es la “cadenas de transmisión” entre sindicato y partido que marcó el nacimiento de Comisiones Obreras y que, en alguna medida, sigue observándose en la UGT de Cándido Méndez.

* Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político de elplural.comelplural.com José García Abad*

Por parte española también se aclara el panorama resolviéndose las contradicciones internas del Gobierno de acuerdo con la decisión de su presidente, lo que no puede sorprender a nadie. Recordemos que el ministro de Industria Miguel Sebastián trató de abortar la operación filtrándola a la SER y a Radio Nacional y que Pedro Solbes se manifestó levemente en contra al aludir a la falta de reciprocidad entre ambos países que se resume en un hecho evidente: Lukoil puede comprar Repsol mientras que Repsol no podría comprar Lukoil por la alta implicación del Kremlin en las empresas de energía.

Zapatero, que ya había asegurado taxativamente que el Estado a través de la SEPI no compraría el 20 por ciento de Repsol que quiere vender Sacyr, a lo que se inclinaba Sebastián, ha emitido señales inequívocas de que no hará nada para impedir la entrada de la rusa siempre que la participación accionarial de esta se limite al 20 por ciento que de momento controla Luis del Rivero.

En ese mismo enfoque puede interpretarse el cambio de actitud de la Caixa que ahora no piensa vender su paquete con el que contaba Lukoil para conseguir un 29.9 por ciento de la petrolera española y ocho consejeros. Hay que recordar que La Caixa fue el accionista de referencia de Repsol y que puso al frente de la misma a su actual presidente Antonio Brufau. Con la llegada de Luis del Rivero a esta empresa, de la mano del influyente Javier de Paz y de la de Miguel Sebastián y con la bendición de Zapatero, la Caixa pasó a un segundo plano pero, una vez resistida la tentación de obtener buenas plusvalías vendiendo su paquete accionarial, no renuncia a seguir desempeñando un papel importante en el futuro.

Las razones profundas de Zapatero son más profundas que transparentes aunque se puede aventurar que tienen que ver con la insistente petición del el Rey en favor de su amigo Putin, pero también pudieran justificarse en un propósito perfectamente legítimo de llegar a un acuerdo de largo plazo con los rusos. Estos disponen de enormes reservas de petróleo del que no nos ha dotado Dios pero necesitan colaboración para el refino que España hace muy bien.

El presidente de Repsol también tiene algo que decir en esta historia. No podrá impedir la entrada de la rusa si finalmente se concreta la compra por parte de Lukoil del paquete de Sacyr pero sí puede negociar con aquella que firme un compromiso en el que manifieste de forma fehaciente sus intenciones pacíficas, o, en cristiano, que no pretende hacerse con el control de la compañía. El arma de Brufau es impedirle o dificultarle sillas en el consejo de administración apelando a que existen relaciones de competencia entre Lukoil y Repsol.

Por otro lado los bancos, atrapados por la formidable deuda de Sacyr, urgen la venta al precio anunciado que, recuerdo, es el doble de la cotización de las acciones de la petrolera española. El mayor implicado en esta deuda es el Banco de Santander cuyo presidente, Emilio Botín, es de suponer que ha trasmitido su inquietud a Zapatero. Pero el Santander no es más que la cabeza de un crédito sindicado a la constructora de Luis del Rivero en el que han participado numerosas cajas que si quiebra Sacyr se encontrarían en situación muy embarazosa. Son otras tantas explicaciones para entender la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero.

* Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político. Columnista de elplural.comelplural.com

José García Abad*

La crisis ha resucitado a la banca pública que se había enterrado con frivolidad y cierta saña, con las mismas saña y frivolidad con que se privatizaron empresas estratégicas en el sector de la energía que estamos pagando bien caras. El gobierno de González inició el proceso privatizador por el procedimiento del corte del salchichón, trozo a trozo y el de Aznar dio el último y decisivo corte, el que le permitió colocar al frente de las joyas de la Corona a sus amigos y correligionarios. Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Los bancos públicos que habían funcionado eficientemente, el Hipotecario, el de Crédito Local, el Industrial y el Agrícola fueron concentrados en Argentaria e integrados en el BBV al que se añadió la “A” de aquella entidad. Solo quedó el ICO como agencia publica del Estado con funciones y recursos muy limitados.

Ahora cuando los Gobiernos de todo el mundo nacionalizan sin complejos sus bancos, en España donde no se ha procedido a ello, el Gobierno ha reinventado el ICO convirtiéndolo en la entidad clave para manejarse en la tremenda crisis que padecemos. Al frente de la entidad se encuentra Aurelio Martínez, catedrático de Economía Aplicada, un aragonés competente, muy sensible a los problemas de la economía real y apasionado con la nueva función del Instituto en un mundo que escarmienta de la anarquía egoísta que hemos vivido en los mercados financieros.

El ICO dispone de casi 32.000 millones de euros para encauzar hacia los objetivos gubernamentales en 2009, más del triple de los recursos aplicados en el presente ejercicio. De la cantidad autorizada ? exactamente 31.900 millones de euros - 28.900 serán destinados a las pymes de los cuales 18.000 podrán dedicarse a circulante. A ello se añadirán 3.000 millones más de última hora de una nueva línea que se aplicará a la refinanciación de la deuda de aquellos promotores y constructores que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler.

Aurelio Martínez ha anunciado otras novedades destinadas a animar la inversión como la financiación del cien por cien de los proyectos que hasta ahora se limitaba al 80 por ciento y la posibilidad de que una parte importante del crédito concedido, el 40 por ciento de los proyectos de inversión se dedique a la financiación complementaria que toda inversión precisa. Por otro lado la financiación de proyectos en el extranjero por parte de medianas empresas pasan de 2.000 millones de euros concedidos en 2008 a 3.000 millones el próximo año. Además el ICO establece una moratoria de un año a todas las pymes que están devolviendo créditos que no tendrán que pagar las amortizaciones aunque si los intereses.

El Instituto de Crédito Oficial, no obstante, se encuentra con la seria limitación de no disponer de red propia ni suficiente personal para gestionar directamente tanto dinero y solo puede garantizar que llegue a las pequeñas y medianas empresas una parte de la financiación disponible, la de su línea ICO-PYME que alcanzará el próximo año 10.000 millones de euros. Para el resto tiene que contar con la colaboración de las entidades financieras privadas a las que no les interesa unas operaciones que deben destinar al usuario final al interés marcado por el Euribor más 0.50. Es un escollo que el Gobierno tendrá que eliminar para lo que no le falta fuerza moral tras el apoyo sin limites concedido a la banca privada a cuya autonomía no está tocando ni un pelo.

* Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político de elplural.comelplural.com

José García Abad*

En circunstancias normales el precio de la luz debería bajar como consecuencia de la caída del precio del petróleo pero no puede ser por el tremendo peso del “déficit de tarifa” que es lo que las compañías aseguran que se les debe por la diferencia existente entre lo que autoriza el Boletín Oficial del Estado y los costes de producción, una “deuda histórica” que como he señalado en otros comentarios para El Plural, es muy polémica. El caso es que hasta que no se resuelva este asunto que tiene a las eléctricas de los nervios y al borde de la huelga de inversiones no se procederá a la liberalización tantas veces anunciada y siempre aplazada, o sea a la sustitución del régimen tarifario marcado por el Estado por la formación libre de precios; algo, por otra parte muy problemático en un sector semi monopolista en España en la que no juega libremente la competencia que no puede compensarse con la entrada de compañías extranjeras al no existir un verdadero mercado europeo de la energía. España sigue siendo una isla eléctrica.

Según lo que se ha filtrado desde Industria, el Gobierno trata de pactar con las eléctricas un calendario para absorber el aludido “déficit de tarifa” a lo largo de un trienio. A cambio, las compañías aligerarían el recibo de los consumidores con menos recursos lo que no ha podido resolverse por exigencias legales.

Los Gobiernos, desde tiempo inmemorial y sea cual fuere su signo político, se han esforzado por contener las subidas hasta niveles aceptables por la opinión pública y, también desde tiempo inmemorial, las compañías han gritado al cielo y a la tierra afirmando que con tales tarifas estaban abocadas a la quiebra. Sin embargo desde que las eléctricas inventaron el término y el concepto “déficit de tarifa” han ganado la batalla por la vía de los hechos estimando como una deuda concreta y acreditable semejante déficit. De esta forma son las eléctricas y no el Gobierno quien marca, de hecho, las tarifas reales. El procedimiento se “perfecciona” convirtiendo el déficit en títulos que son comprados por la banca pero que el Estado no paga.

Ahora, como digo, el Gobierno ha decidido abordar este problema que va tomando unas dimensiones casi inmanejables con un plan trienal ? 2009-2011 - pactado con las compañías; durante este periodo la luz subiría entre el 8% y el 10% anual de media. La supuesta “deuda histórica” acumulada desde el año 2000 es en este momento de cerca de 13.000 millones de euros.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián “vendió” a la opinión pública la anterior subida estableciendo una tarifa social de la que supuestamente se beneficiarían 4. 5 millones de hogares que contrataron una potencia inferior a tres kilovatios; para ellos, en teoría, el recibo de la luz no solo no subiría sino que se reduciría en un 10 por ciento. Está visto que el papel lo aguanta todo pero al pasar la norma al recibo se vio que muy pocos, quizás no llegaron ni a las diez mil familias, fueron las que se acogieron al kilovatio social. Ahora las eléctricas han añadido al concepto de “déficit tarifario” una “iniciativa social” y le dicen a Sebastián que, ya que en el Ministerio no se aclaran, ellas pueden ocuparse de los pobres por medio de un “bono eléctrico” más realista que la tarifa sebastiana, una cantidad que se otorgaría a los usuarios con consumos inferiores a 4.4 kilovatios.

Es posible que los costes reales no sean los que proclaman las compañías pero en lo que estas tienen razón es que las tarifas sustentan no solo sus costos de producción sino también los dictados gubernamentales para integrar las energías renovables ? eólicas y fotovoltaicas sobre todo - que cuestan mucho más que las otras, en las que al Gobierno se ha excedido con sus bonificaciones, así como los sobrecostes del suministro a las islas y otras acciones de interés general.

Ha llegado el momento de clarificar las cuentas, de que el Estado asuma lo que es del Estado, y que el sector asuma sus propias responsabilidades. Si prospera el pacto el socavón de la deuda acumulada será sufragado básicamente por los consumidores a los que se les subirá la luz por encima del ocho por ciento en los próximos tres años y por los contribuyentes que pagarán el resto. O sea por los ciudadanos y por los ciudadanos.

* Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político de elplural.comelplural.com

José García Abad*

Pero además de estas circunstancias de fondo pueden observarse detalles de que Zapatero oculta sus cartas.

Me refiero al comentario que hiciera sobre la opinión crítica de Felipe González quien, por cierto, también se negó a explicar sus razones. El presidente dijo en esta ocasión que al expresidente González le faltaba información e insinuó que podría explicárselas.

Finalmente en la sesión parlamentaria del control del Gobierno celebrada ayer, el presidente, tras su primera intervención de ritual predicando el no intervencionismo dio una respuesta confusa en la que mezclaba la no intervención gubernamental con su decisión de proteger a las empresas españolas, mencionando en concreto a Repsol, Sacyr y La Caixa. El presidente concluyó con un “El Gobierno lo hará bien” que era como un guiño, como si dijera: “Confiar en mí aunque no puedo ser más explícito”.

La explicación que me parece más verosímil, es la petición hecha por el Rey de que se favoreciera a la rusa. El diario “Público”, poco sospechoso de desafección, informaba ayer que “el Rey telefoneó el pasado jueves 20 de noviembre en seis ocasiones al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para interceder a favor de la posible compra del 30 % de Repsol por la petrolera rusa Lukoil”. Y añadía que “el primer ministro ruso, Vladimir Putin, llamó a Juan Carlos de Borbón hace unos días y, entre otros temas, abordaron la posible compra, según filtraron fuentes del Kremlim” La Casa Real lo ha desmentido de forma poco convincente. Si la intervención real fuera cierta pondría al monarca en mala situación pues se relacionaría con sus cacerías en Rusia; en su día aquellas visitas privadas ? recuérdese el incidente del oso borracho ? se criticaron en base a la estética política pero ahora se reinterpretarían de forma más embarazosa.

Yo he alabado al Rey en mis libros ? “La Soledad del Rey” y “El príncipe y el Rey” ? por su positivo papel en las relaciones internacionales y le he calificado como el mejor Relaciones Públicas de la Nación pero a veces se producen confusiones entre las gestiones del monarca en pro de los intereses económicos españoles y sus implicaciones menos claras con empresas concretas de lo que Don Juan Carlos debería haber escarmentado. Recuérdense las relaciones peligrosas con Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal y Los Albertos. Todos terminaron en la cárcel menos estos últimos, amigos del jefe del Estado en todo tipo de cacerías, que se libraron de la prisión tras una polémica decisión del Tribunal Constitucional.

Tampoco puede negar Zapatero sin que le crezca la nariz la división que hay en el Gobierno y en su partido al respecto. Su ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba manifestaba sus preferencias por una empresa francesa, Solbes aludía a la reciprocidad exigible en estos casos, lo que no se cumple con Rusia donde Lukoil es una entidad privada “ma non tropo” y Miguel Sebastián se ha manifestado explícitamente sobre el asunto: “El Gobierno hará todo lo posible para que Repsol siga siendo española”, declaró el pasado jueves. Y en lo que al partido se refiere varios diputados socialistas sesgados hacia Izquierda Socialista encabezados por Manuel de la

Rocha se han manifestado en contra. Por cierto en la línea misteriosa a la que me estoy refiriendo hay que interpretar la respuesta del presidente del Grupo parlamentario socialista José Antonio Alonso quien pidió a los suyos confianza en que el Gobierno lo haría bien y la respuesta de Manuel de la Rocha de que confiaba en ello.

*José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político, en elplural.eselplural.es

José García Abad*

La justificación que se ha dado en el caso de Repsol en razón de un compromiso de la rusa para que el presidente sea español me parece una broma o una burla a la inteligencia ciudadana. Es evidente que, sea quien fuera quien se encontrara al frente de una empresa, nacional o extranjera, respondería a las órdenes del propietario. Un presidente español no sería más que un dirigente de paja.

Estas ideas las he defendido en El Plural ante los intentos de invasión de E.ON en Endesa y no creo que en el caso de Lukoil se justifique un cambio de criterios sino todo lo contrario, pues además de lo dicho, hay que considerar que Lukoil es una empresa de un país que no pertenece a la Unión Europea.

Las otras razones que se han manejado respecto a la presencia mafiosa en Lukoil me parecen un poco cogidas por los pelos aunque sí es digna de consideración la influencia del Kremlin en la compañía así como la evidencia de que en Rusia no funciona una economía de mercado propiamente dicha, lo que extiende a Lukoil, en parte, las lógicas suspicacias aplicables a las empresas públicas que justificaron la oposición gubernamental a Gazprom. La propia Unión Europea ve con recelo el avance de las compañías energéticas rusas en el mapa continental. La normativa sobre el Mercado Interior de la Energía otorga poderes a los Estados Miembros para vetar la entrada de socios no deseados por lo que el Gobierno español no tendría los habituales problemas que dirimió en los tribunales europeos en el caso E-ON- Endesa.

Parece que Zapatero ha cambiado de opinión a este respecto, desde el veto a la petrolera rusa a la bendición de su entrada en la gran empresa energética española. El presidente asume un importante riesgo si finalmente decide no oponerse a la toma de posiciones de Lukoil pues sería un nuevo error a añadir a la errática y a veces contradictoria política industrial mantenida hasta ahora; primero lanzó el lema de “los campeones nacionales” para frenar a E.ON en Endesa para, acto seguido, propiciar que una empresa pública italiana, Enel, se hiciera con la mayoría del capital de la joya eléctrica de la Corona.

A nadie se le oculta que el asunto Lukoil trasciende el ámbito de los negocios para entrar de lleno en el político. Comprendo, sin embargo, que es una decisión sumamente difícil para el presidente del Gobierno pues entran en colisión fuertes intereses de grandes empresas españolas como Sacyr, La Caixa y en menor medida de otras entidades financieras, que pudieran plantear serios problemas productivos y de empleo. Me estoy refiriendo a lo que podría ocurrir si una gran empresa constructora como Sacyr, asfixiada por la deuda, suspende pagos como Martinsa o Aifos.

El presidente de aquella, Luis del Rivero, se alió en su día con José Luis Rodríguez Zapatero, al parecer por medio de Miguel Sebastián en su intento de controlar al BBVA desplazando de la dirección del banco a Francisco González. Luis del Rivero, que pasó de las filas del Partido Popular murciano a visitar asiduamente La Moncloa, está ahora muy afectado por la crisis del ladrillo que golpea a su empresa y no puede devolver su enorme deuda ? más de 9.000 millones de euros, la mayor parte procedente de la compra del 20 por ciento de Repsol ? salvo y solo parcialmente, vendiendo su participación en esta compañía al doble de su cotización actual. A la Caixa, que era la madre de Repsol y que puso al frente de la misma a Antoni Brufau, hasta entonces uno de los dos directores generales de la caja ? el otro era Isidro Fainé, su actual presidente - le viene bien vender su participación al mismo precio que, como digo, es el doble de lo que ahora ofrece la Bolsa. La Caixa que ha sufrido, como todas las entidades financieras, el derrumbamiento del ladrillo necesita liquidez y debe ser muy selectiva en sus inversiones.

Es una decisión difícil del presidente que tiene la responsabilidad de contemplar todas las implicaciones del caso y tomar una decisión pero si deja entrar a Lukoil lo tendría muy difícil para explicarlo a la ciudadanía. Quizás se pueda encontrar otra solución para evitar la quiebra de Sacyr, una empresa que ha demostrado hasta ahora una notable eficacia, sin necesidad de tener que tragar con la intentona rusa.

*José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político, en elplural.eselplural.es

José García Abad*

Así ha funcionado el sistema hasta ahora pero hete aquí que llega la crisis, la sequía del crédito, las dificultades bancarias etc, los bancos dejan de adquirir tales títulos y el sistema estalla. Por eso decía antes que aunque el momento no es el más propicio no hay más remedio que afrontarlo pues no podemos seguir como hasta ahora. Las compañías aseguran que no pueden financiarse y en consecuencia amenazan con anular sus compromisos de inversión.

El sector eléctrico es muy singular, entre otras razones porque la electricidad no se puede almacenar, porque España es una isla eléctrica y no funciona un verdadero mercado comunitario que garantice una competencia efectiva; de hecho funciona un semiduopolio integrado básicamente por Endesa e Iberdrola los gigantes, acompañados a gran distancia por Unión Fenosa, en proceso de absorción por Gas Natural, e Hidrocantábrico en manos de EDP, la compañía portuguesa. Es una actividad compleja en sus cuentas por lo que siempre habrá dudas sobre la autenticidad de los costes que las compañías presentan en una contabilidad enrevesada. Esta es una cuestión previa que interesa resolver pero que no afecta al fondo del problema y de las propuestas alternativas para resolverlo.

Una de estas alternativas, la que podríamos llamar, “definitiva” o “solución final” es la propuesta por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) consistente en elevar la tarifa para el año que viene en un 30 por ciento, lo que es políticamente inviable. La propuesta ha sido calificada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián de “barbaridad” y acto seguido les ha reducido el presupuesto al órgano regulador que se encuentra con el alma en vilo porque es la hora de renovación de unos consejeros que están mejor pagados que los ministros. El recorte viene en un momento en que la CNE que preside Maite Costa reclamaba más margen de maniobra para ejercer sus funciones de supervisión de los mercados energéticos.

Otra opción sería que el Estado garantizara los “títulos” aludidos, los “vales” del fructífero “déficit de tarifa” o que comprara los “vales” a cuenta de los 50.000 millones de euros destinados por la Administración a la compra de activos decretada para aliviar a las entidades financieras. Queda finalmente otra solución: que el supuesto déficit tarifario entrará en el auténtico y genuino déficit del Estado a lo que, ya puede decirse, Solbes no está dispuesto. Lo que ya no se pude hacer es seguir al “tram-tram” de toda la vida, subiendo las tarifas a niveles aceptables por la opinión publica y prometiendo a las eléctricas que ya se lo pagará.

Es posible que los costes reales no sean los que proclaman las compañías pero en lo que estas tienen razón es que las tarifas sustentan no solo sus costos de producción sino también los dictados gubernamentales para integrar las energías renovables ? eólicas y fotovoltaicas sobre todo - que cuestan mucho más que las otras, en las que al Gobierno se ha excedido con sus bonificaciones, así como los sobrecostes del suministro a las islas y otras acciones de interés general.

Ha llegado el momento de clarificar las cuentas, de que el Estado asuma lo que es del Estado, quizás vía presupuestaria, y que el sector asuma sus propias responsabilidades. El caso es que las eléctricas están al borde de un ataque de nervios y amenazan con una huelga de inversiones y ya sabemos a lo que llevan los retrasos inversores en términos de apagones y deterioro del servicio además de en puestos de trabajo.

*José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político, en elplural.es

elplural.es José García Abad*

El comunicado de la cumbre de Washington es poco preciso pero no tan ambiguo como para que no pueda percibirse un consenso crítico contra la autorregulación y a favor de fortalecer las instituciones mundiales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial nacidos de Bretton Woods. Hay acuerdo aunque dicho con eufemismos de que el Estado debe intervenir en la economía tal como proclamaba John Maynard Keynes.

Sin embargo el hecho de que el Estado intervenga para garantizar el buen funcionamiento de los mercados no quiere decir optar por el proteccionismo. La globalización es un hecho irreversible y beneficioso si existen reglas del juego aceptadas por todos; restablecer los viejos esquemas de los proteccionismos nacionales sería un paso atrás y un factor de empobrecimiento general. Ambas cosas: libertad de mercado dentro de un orden, o sea con regulación, y condena de las tentaciones proteccionistas, han sido, en mi opinión, el eje esencial del G-20. Sin embargo, para ser consecuentes con un mundo globalizado y justo, habría que actuar contra todo tipo de proteccionismos sobre todo por el más injusto, el proteccionismo no declarado pero sumamente coercitivo que mantienen los países más desarrollados para defenderse de la competencia de los llamados países emergentes, los que ayer se llamaban subdesarrollados o más piadosamente en vías de desarrollo. La presencia de estos países en el G-20 ? China, Indía, Brasil etc ? ha servido por lo menos para que se oiga su voz.

No se podía esperar más de seis horas de debate pero, al menos, hay que reconocer que se han esbozado principios aceptables por todos, que se han logrado acuerdos de principio aunque sea en un mínimo común denominador bastante modesto; se han establecido prioridades y fechas de referencia para las decisiones más urgentes y se ha arbitrado un método para desarrollar los trabajos técnicos. No hay que olvidar que en Bretton Wood los trabajos se extendieron a lo largo de dos años, un tiempo del que hoy, sin embargo, no se dispone. Keynes solía decir: “A largo plazo todos estaremos muertos”. Mucho me temo que en estos tiempos acelerados que corren el largo plazo se ha acortado dramáticamente.

En lo que al capitulo financiero se refiere las soluciones deben ser globales y por tanto coordinadas, pero en el campo de la política económica son decisivas las actuaciones nacionales. Los estados de Europa ya no pueden actuar sobre el tipo de cambio o sobre la circulación del dinero pero si con políticas presupuestarias. Zapatero está dispuesto, diga lo que diga Solbes, a incrementar la inversión en obras públicas ? típica recomendación keynesiana - para activar la economía y el empleo aunque el déficit aumente. Buena falta hacía y para empezar habría que desbloquear la parálisis en la concertación de obras que están denunciando las empresas de obras públicas. Como decía el primer Barón Keynes: en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solamente pueden aumentarse el empleo y el ingreso total, incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión.

*José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político, en elplural.eselplural.es José García Abad*

Pero como decía antes, incluso sin crisis general, los Gobiernos habían tomado medidas para proteger un sector que proporciona empleo cualificado, más que en la construcción, y que, como en este sector subcontrata sus componentes a las empresas auxiliares donde predominan las pequeñas y medianas empresas, los mayores yacimientos de puestos de trabajo.

En lo que se refiere a España, el automóvil representa el 5 por ciento del Producto Interior Bruto; es el primer rublo de la exportación: el 22 por ciento de la producción se destina a los mercados exteriores; y ocupa al 10 por ciento de la población activa. Nuestra industria tiene sin embargo una debilidad: ninguna empresa es española por lo que hay que estar a resultas de lo que decidan las multinacionales en sus sedes centrales.

Hay un proverbio económico que dice que “Cuando la construcción va, todo va” pero también circula un dicho de parecida significación: “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos”. Lo cierto es que la construcción se derrumba y la General Motors se ha derrumbado en las bolsas hasta los niveles de 1943; con una cotización de tres dólares y una capitalización de 1.780 millones la compañía está abocada a la quiebra si no sale en su ayuda el Quinto de Caballería con subvenciones tal como ha propuesto el presidente electo, Barack Obama. En España la compañía americana reducirá los horarios y los sueldos en su planta de Zaragoza y ha condicionado su continuidad a la recepción de ayudas públicas.

Los datos españoles son alarmantes: en octubre las matriculaciones cayeron en un 40 por ciento, situando la cifra de ventas en menos de 78.000 unidades entre turismos y vehículos todo terreno, el tercer descenso peor de la historia y el más bajo desde 1995. Las cifras acumuladas de los diez primeros meses del año reflejan una caída del 24 por ciento lo que significa poco más de un millón de coches vendidos , 300.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. En el subsector de vehículos comerciales, furgonetas, camionetas, camiones etc la situación es peor como era de esperar por las dificultades por las que atraviesan las pequeñas y medianas empresas; las matriculaciones de este tipo de vehículos ha caído en octubre más de un 50 por ciento y en los diez primeros meses del año en un 35 por ciento. En consecuencia 20.000 trabajadores están afectados por expedientes de regulación de empleo.

Antes de que la crisis alcanzara la virulencia que vivimos estos días, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, había puesto en marcha el Plan Vive, (Vehículo Innovador-Vehículo Eficiente) que dentro del sector se conoce como “Plan Muere”. Bromas aparte no puede decirse que haya sido un éxito cuando se sabe que se han acogido a este plan, para el que se habían presupuestado 1.200 millones de euros destinados a renovar la flota facilitando el cambio del vehiculo viejo por otro nuevo, cincuenta personas. De sabios es rectificar y ahora Sebastián ofrecerá nuevos alicientes y hará la vista gorda a las exigencias medioambientales y de otro tipo del plan que ahora muere. Pero el problema del automóvil no se arregla con estos estímulos pues la crisis amenaza en todos los frentes por lo que el ministro está preparando un programa más ambicioso, un “Plan Integral” y en esta ocasión, antes de lanzarse a la piscina, ha tenido la cordura de consultar a los afectados y a aquellas entidades que pueden tener una opinión cualificada incluidas las patronales y los sindicatos y, lo que no es muy frecuente, la de los compañeros de gabinete que tengan relación con el asunto: los ministerios de Trabajo, Fomento, Ciencia e Innovación y Educación.

El ministro ha formado un grupo de trabajo que afronte un “Plan Integral de Automoción” que proclama en aburrida prosa tecnocrática y eufemística su propósito de “reforzar las bases del futuro del sector teniendo en cuenta el ajuste a corto plazo resultado de la situación internacional”. Lo que traducido al castellano común significa: “Pongámonos el casco y aguantemos como podamos el desastre de hoy y confiemos, con ayuda de Dios, en un futuro mejor”.

Sebastián ya ha probado en otras ocasiones su dominio del eufemismo y del maquillaje. Recuérdese cuando presentó la última subida de tarifas como si fuera una bajada al poner en marcha una “tarifa social” que beneficiaría a millones de personas con bajos ingresos. Pues bien a dicha tarifa social no se apuntaron más de mil consumidores.

Al menos esta vez, como digo, Sebastián magreará el asunto con gente que situará la cuestión en términos más realistas por lo que es de esperar que aunque el “Plan Integral” no sea muy integral al menos pueda interesar a más gente.

Miguel Sebastián está entusiasmado con el coche eléctrico que el ministro plantea con su habitual entusiasmo y su dominio del eufemismo y el metalenguaje sosteniendo que “es el futuro y llegar antes al futuro nos permitirá adelantar la llegada de un mejor presente”. Maravillosa jacaluatoria que ha irritado a los trabajadores en trance de regulación ? 1.680 en Nissan y 2.000 en SEAT - y al gobierno de la Generalitat, pues ambas plantas están en Cataluña, que estiman que mientras viene el coche eléctrico habría que tomar alguna medida efectiva. Concretamente los representantes sindicales de Nissan, empresa que en teoría desarrollaría el coche eléctrico en España, han recibido la noticia como una cortina de humo o como una broma de mal gusto. Por cierto, Cristina Garmendia a quien Sebastián hizo ministra de Investigación y Desarrollo ha echado agua fría al optimismo del ministro. No es la primera vez que esta ministra se resiste a que Sebastián le quite o le regatee competencias y representación nacional e internacional y lo del desarrollo del coche eléctrico que tanto fascina a su inicial protector estima que entra de lleno entre las suyas.

*José García Abad es periodista y analista político, en elplural.eselplural.es

José García Abad*