La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por la Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011), indica que seis de cada diez mujeres y niñas de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida en Ecuador. La encuesta muestra también que un cuarto de mujeres en el país ha sido víctima de violencia sexual, el 25.7% antes de los 18 años.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo mujeres en un 80%. La violencia sexual se da preferentemente en los ámbitos familiar y educativo. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, se atendieron 49.303 casos por violencia de género, intrafamiliar, sexual y maltrato infantil en los Centros de Equidad y Justicia a cargo del municipio hasta septiembre de 2017, más que en todo 2016.

En la actualidad, se tramita en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley contra la Violencia de Género lo que ha generado la reacción fundamentalista de organizaciones católicas y evangélicas bajo una campaña denominada Con mis hijos no te metas con el objetivo de impedir que se incluyan términos como orientación sexual o identidad de género así como el enfoque de género, que es constitucional. Esta campaña tiene su origen en España y también se ha desarrollado con virulencia en varios países de América Latina como Perú, México y Colombia, dejando una huella de alta regresividad en derechos por las intromisiones que provocan en las políticas públicas, leyes y normativas de los países por donde pasa.

Pero si esta violencia es de por sí terrible, la situación que sufren muchas mujeres lesbianas es peor aún, si cabe. Desde 1989 funciona el Taller Comunicación Mujer, colectivo que en los últimos doce años se ha destacado por investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres lesbianas, un ejemplo de resistencia y de resiliencia.

Su última publicación, Retratos del encierro. Sobrevivientes a las clínicas de deshomosexualización (octubre 2017), contiene cuatro testimonios de víctimas de encierro en centros de rehabilitación para tratar adicciones, alcoholismo y drogodependencias, donde intentaron imponerles la heterosexualidad a través de torturas, encierro forzado y otra serie de graves vulneraciones a los derechos humanos, casos que se suscitaron entre 2014 y 2016. El libro editado por el Taller se publica con apoyo de Astraea, asociación estadounidense que trabaja por la justicia lésbica que apoya a colectivos en América Latina, y contiene ilustraciones de La Suerte, una artista ecuatoriana.

Hablamos con Cayetana Salao, coordinadora del libro, justo antes de entrar a un foro organizado por la comunidad LGBTI donde gays, lesbianas y trans debatieron sobre la difícil situación que afronta esta comunidad ante la arremetida fundamentalista que se vive en Ecuador, que ha instalado un ambiente de mayor hostilidad y amenaza para la población LGBTI, dados sus discursos y mensajes que fortalecen el estigma, la discriminación y la vulneración de sus derechos.

¿Desde cuándo ocurren estos encierros en Ecuador?

Esta es una realidad que sucede desde hace más de doce años, según el conocimiento que tiene el Taller de Comunicación Mujer. En vista de que no había ninguna respuesta por parte del Estado, se realizaron varias denuncias a través de tribunales de Justicia e informes ante las distintas instancias de derechos humanos a nivel internacional que han generado presiones al Estado. Estas presiones no han sido suficientes para que el Estado busque frenar y sancionar esas prácticas, por lo que se hicieron varias manifestaciones, entre ellas un Juicio Popular el 21 de junio de 2012, en El Arbolito (parque quiteño). Al juicio fueron notificadas algunas autoridades relacionadas con Justicia, Salud y Seguridad, que no fueron. Fue una asambleísta que en ese momento era de APAIS, María Paula Romo, y la directora del Consejo de Igualdad, que se llamaba Lucía Herrera, ya fallecida. Fueron por simpatía e hicieron notar la inasistencia de las autoridades. Contamos con un testimonio muy poderoso, de Paola Concha Zirit, que estuvo encerrada dos años en uno de estos centros. Fue muy duro. Su testimonio y la forma de abordar el juicio generó mucha conmoción social e impacto mediático y se desencadenó una serie de trabajos para negociar con el Estado sobre mejores condiciones, especialmente en el sistema de regulación de estas clínicas que en su mayoría son privadas, cuya competencia es del Ministerio de Salud. Pero gracias al impacto de las acciones que hicimos, no solo con el juicio, sino las de carácter formal también empezaron a darse de una manera especializada algunos mecanismos de regulación y control para detectar vulneraciones de derechos humanos por razones de orientación sexual e identidad de género en estos centros de rehabilitación de adicciones que de manera clandestina ofrecen terapias de corrección para personas del colectivo LGBTI.

¿Qué hizo el Estado tras el juicio popular?

Hubo cambios en el Ministerio de Salud, con la entrada de una mujer lesbiana, Karina Vance, y con su voluntad política se pudieron mejorar los mecanismos de control en estos centros. De todos modos, detectamos una serie de irregularidades que no ha permitido que estas prácticas se erradiquen y se aborden adecuadamente.

De alguna manera estos avances se dieron en el período del correísmo, pero lo lamentable es que no ha habido ninguna sanción, pese a que el Código Penal contempla los delitos de odio. El único caso judicializado es el de Zulema Constante por lo mediático que fue y porque fue la única persona que llegó a las últimas instancias. En el resto de casos, es difícil que las víctimas denuncien porque están involucrados varios sectores, como las familias que generan el encierro, las clínicas, en donde es difícil identificar el representante legal y los terapeutas, que producen y perpetúan las vulneraciones de Derechos Humanos. Para las víctimas es muy difícil denunciar.

Estamos hablando de centros de rehabilitación de adicciones como alcoholismo y drogas donde se encierra a mujeres lesbianas…

Hay un sinnúmero de entidades y de situaciones que generan que estas clínicas existan y que esas terapias se den. La figura que las clínicas usan para realizar estos atentados a los derechos humanos es que en el contexto de trabajar las adicciones consideran que el hecho de que mujeres que amen a otras mujeres, hombres que amen a hombres, hombres o mujeres que transitan en su género, eso puede y hasta debe ser corregido. Hace muchos años eso se manejaba de manera abierta, entre los ochenta y los noventa. Después de las denuncias y la visibilización de estos casos, esto ha dejado de ser ofertado tan abiertamente pero siguen ocurriendo en la clandestinidad. Hemos detectado vínculos entre las iglesias cristiana y evangélica con estas clínicas. También en función del papel que cumplimos con sociedad civil organizada, en la vigilancia y garantía de los derechos humanos de las poblaciones con las que trabajamos, solicitamos información y vamos armando expedientes. Con mucha dificultad hemos llegado a registrar datos y direcciones de estos centros que cambian año a año, observaciones sobre las irregularidades y los procedimientos que se hacen de los mecanismos de regulación y control, pero notamos una constante de sanciones de tipo administrativo y reaperturas con otros nombres y otras direcciones. Esto es por la normativa del Ministerio de Salud que no permite que, de hecho, haya una denuncia: hay una serie de contradicciones y vacíos normativos que no permiten que los funcionarios denuncien cuando se constate una vulneración de derechos humanos, así como tampoco se nota que haya voluntad política para sanear estas debilidades.

Tanto en el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas el año pasado como en el Examen Periódico Universal en la ONU este año ven con preocupación la falta de sanciones adecuadas ante estas graves vulneraciones a los derechos humanos de la población LGBTI. Si bien entre 2013 y 2015 se dio una mayor atención no se ha generado ningún mecanismo concreto para que estas clínicas dejen de existir.

¿Quién sería la autoridad responsable? ¿El Ministerio de Justicia, el de Salud?

Ambos sectores son importantes: las instancias que tienen que ver con la seguridad y la justicia, en donde están tanto Fiscalía, la Función Judicial y la Policía, tienen que cumplir con sus obligaciones por precautelar la judicialización de casos de violación de derechos humanos, el debido proceso, el respeto y la protección de las poblaciones más vulnerables. En el ámbito de la salud, el papel del Ministerio de Salud es importante no solo por los procedimientos de regulación y control del funcionamiento de estos centros sino por su rol en el desarrollo y formación de profesionales de la salud que tienen que tener claro los avances científicos que han descartado la homosexualidad y a la transexualidad del manual de patologías y enfermedades mentales por ejemplo, así como la aplicación del enfoque de género y la garantía de los derechos humanos dentro de los servicios de salud.

¿La homosexualidad está considerada una enfermedad en este país?

En Ecuador hay un imaginario social muy conservador. Pese a que se despenalizó la homosexualidad el 27 de noviembre de 1997 (antes significaba pena de cárcel, entre cinco a seis años), se sigue considerando la homosexualidad como algo malo que debe corregirse. Creo que todas las personas LGBTI del país somos sobrevivientes de mucha violencia, por una heterosexualidad impuesta de manera rígida, forzada y obsesiva. Actualmente, con la serie de intromisiones de los grupos fundamentalistas y conservadores estamos experimentando un recrudecimiento y una mayor amenaza para la comunidad LGBTI, no solo por estos encierros sino por todo tipo de discursos y pensamientos que se están legitimando.

¿En todos los casos registrados hay torturas y violaciones? ¿Cómo llegan a los centros?

Los mecanismos de tortura varían mucho; hay mucha violencia psicológica inicialmente. Dentro de las familias ya existe una serie de vulneraciones para que el encierro se dé. El mecanismo funciona más o menos así: la familia contrata a la clínica y el personal de la clínica realiza la captura, como ellos lo llaman. Van a la casa a buscarla o generan una situación, como ir a un restaurante, o los convocan en un lugar. En dos casos hubo participación de la Policía Nacional en la captura. Incluso se han registrado encierros en hospitales públicos. El resto sucede en centros privados. Lo que ocurre básicamente es un secuestro, con violencia física, con maltrato, casi como capturar a un delincuente. La criminalización sigue vigente en el pensamiento de las personas que realizan las capturas. Dentro de las clínicas lo primero que sucede es la interdicción forzada, es decir, la consideración de no ser personas autónomas, responsables de sus vidas, sino que las familias toman la decisión por ellas. Estas personas están siendo encerradas contra su voluntad. Se genera patologización y psiquiatrización forzadas; adentro se ha registrado medicación forzada y malos tratos, desde no darles de comer, golpes, agua fría, amanecidas, ha habido casos de personas colgadas durante días, violaciones y muertes.

Los hechos más graves dentro de estas clínicas es que se considera que a las mujeres lesbianas se las tiene que violar para otorgarles el gusto de ser heterosexuales. Esto lo consideramos una violencia patriarcal que buscar hacer prevalecer una ley moral por la que las mujeres no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos ni sobre nuestra sexualidad. Cuando una persona considera que violar a una mujer lesbiana es hacerle un favor a esta ley moral, estamos mal. El mensaje que nos da la Justicia, si es que se llega a judicializar un caso, es el mismo: es correcto violar a una mujer lesbiana para que se corrija. Por eso no nos atienden adecuadamente, no investigan, no sancionan. Sí, la mayoría de mujeres ha sido violada… Pero no hay ninguna denuncia contra ninguna clínica.

¿Cuánto duran los encierros?

El patrón es un mínimo de tres meses. Aquí hay una intención de lucro, que nosotras consideramos fraude, porque estas clínicas cobran entre 800 y 2.000 dólares por mes de encierro por algo que no debe ser considerado enfermedad, ni algo que deba corregirse. El promedio de encierro es de cinco a ocho meses.

¿Cómo es la vida de estas mujeres cuando salen? ¿Tienen ayuda?

Hay un sistema de protección de víctimas y testigos que no opera hasta que no haya una judicialización. Como no hay denuncias, ninguna víctima entra al sistema de protección y tampoco hay ningún sistema de contingencia para las víctimas. Es súper alto el nivel de impunidad. No hay ninguna capacidad para entender la problemática ni para realizar una denuncia, que un funcionario podría realizar, pero siempre se está esperando a que la víctima reaccione cuando además está en una situación de alta vulnerabilidad. La mayoría de las víctimas no reacciona y no cuenta su caso hasta después de unos años o meses. A nosotras a veces nos llega información de casos que están sucediendo y podemos hacer lo mejor posible para sacarlas, como presentar habeas corpus, avisar a las autoridades, o informes de desaparición de mujeres lesbianas en redes sociales… Lo que sucede normalmente es que conocemos el caso después de años, cuando la víctima ha decidido hablar. Entonces el subregistro y la invisibilidad de los casos es mucho más grande de los datos que tenemos.

¿Qué pasará si el Proyecto de Ley contra la Violencia de género excluye finalmente la orientación sexual y la identidad de género por presiones religiosas?

Hasta que no se comunique masiva y oportunamente el respeto al principio de igualdad y no discriminación y hasta que no se respete el principio de laicidad del Estado, nada va a cambiar. Es necesario comunicar sobre los derechos de la comunidad LGTBI y que se realicen campañas de sensibilización para respetar la diversidad. Ninguna voz oficial de ninguna autoridad, ninguna voluntad política se ha manifestado para frenar las intromisiones de grupos conservadores. Es una realidad muy discriminatoria la que tenemos en Ecuador. Tenemos cifras, estudios y artículos constitucionales que consideran a la población LGTBI como vulnerable, pero no ha habido ninguna voluntad ni mención de ninguna autoridad que realmente intente frenar esas condiciones de vulnerabilidad, esto se ha notado, por ejemplo, en la construcción de le Ley para erradicar la violencia contra las mujeres donde se han retirado las condiciones de diversidad de las mujeres. Consideramos que todavía sigue habiendo una condición de negación de las existencias LGBTI en el país y esa negación no solo no permite el ejercicio pleno de los derechos humanos sino que genera discriminación y violencia concretas.

Para las mujeres lesbianas, expresarnos con nuestra identidad e intentar vivir libremente es extremadamente difícil y doloroso; consideramos que todas las mujeres somos sobrevivientes porque hemos sufrido abusos desde niñas. Peor aún si somos lesbianas, trans, bisexuales, corremos mayores riesgos sin que eso le importe al Estado. Hay una especie de ley moral que considera que tenemos que ser corregidas, normalizadas. Hay bonitas leyes en el Ecuador, pero la realidad es que hay cosas que no van a cuajar hasta que no hay un cambio de comportamiento.

Sobre el territorio hay suficiente materia orgánica como para que la movilización del día 20 de abril de 2024 sea verdaderamente histórica, pues ya no se trata solo de parar una obra. Estamos hablando de poner fin a un modelo económico injusto, depredador, construido para beneficio de unas pocas familias; un sistema que perjudica notablemente nuestra salud –porque Aquí vive gente-, que contamina nuestro litoral y nos enferma a través de centenares de emisarios submarinos ilegales y de vertidos incontrolados; que no aprovecha la inmensa capacidad potencial de sus recursos energéticos ni de sus residuos; que desprecia al sector primario. 

La pandemia nos abrió los ojos, por muchos motivos, antes, durante y después del confinamiento. Durante el encierro pudimos observar a lo lejos cómo la fauna recuperaba espacios, tanto en tierra como en el mar, cómo se limpiaba el aire y mejoraba la vida de las plantas… comprobamos que los destinos turísticos de las islas eran ciudades fantasmas y disfrutamos de una mejor circulación sin tanto vehículo de alquiler ni tanto turista cuando concluyó el confinamiento. 

El Gobierno del pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos-Sí Se Puede, Casimiro Curbelo) anunció un Plan de diversificación económica que nunca pasó de las palabras y solo apostó con más fuerza por el turismo, destinando millones de euros de fondos Next Generation a promoción turística de Canarias. De la mano de la pandemia llegaron los nómadas digitales –esa nueva plaga- y la Consejería de Turismo intentó urbanizar hasta los charcos, los únicos lugares donde aún la gente local no se sentía invadida. 

Por el camino, los representantes políticos surgidos tras las masivas movilizaciones sociales han defraudado las expectativas de decenas de miles de personas, viendo cómo incluso votaban a favor de obras como el cierre del Anillo Insular o la impresentable posición respecto a la sentencia condenatoria por el atentado ambiental en los áridos de Güímar. Obviamente, el descrédito también afecta a los partidos políticos que los propusieron como candidatos. 

El negocio de hacer obras inútiles

Se paró el Puerto de Fonsalía, aunque ahora Casimiro Curbelo vuelve a la carga, no se sabe muy bien por qué; se frenó la obra ilegal del hotel en la Reserva Natural de Montaña Roja, en La Tejita, aunque como aquí algunas personas cumplen las leyes y otras no, ahí sigue la empresa Viqueira ocupando el dominio público marítimo-terrestre; se aprobó el cierre del Anillo Insular (inmensa la destrucción causada hasta ahora por el noroeste de la isla) y también el Circuito del Motor, en Granadilla. El Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo y el Gobierno prosiguen a la chita callando con su proyecto para pasar un túnel con ocho carriles por debajo del aeropuerto de Los Rodeos y se prepara un pelotazo urbanístico en el suelo de la Refinería de Santa Cruz que atraerá más gente y más coches. Proyectan gastar 4.000 millones de euros en un tren de Santa Cruz a Adeje. 

La Federación de Empresarios de la Construcción estima en unos 5.000 millones de euros el presupuesto para las próximas obras de carreteras e infraestructuras que están preparando. El negocio está en hacer la enésima obra inútil… con el dinero de nuestros impuestos. Da igual que luego sea rentable o no, ni económica ni mucho menos socialmente. Y esa es la tragedia: la falta de visión estratégica y de un proyecto verdadero de país de nuestros gobernantes, especialmente de los supuestos nacionalistas que han liderado y lideran Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Canario y fuerzas políticas de carácter insular o municipal. 

Pero no se libra ninguno de los partidos que han gobernado o gobierna en Canarias. En el PSOE, sus dirigentes en Tenerife son promotores de proyectos como Cuna del Alma o el Circuito del Motor, siempre han defendido a los dueños del negocio turístico, o del disparate viario bajo Los Rodeos. De ahí que este 20 de abril se mirará con lupa lo que digan alcaldes y alcaldesas y cargos públicos que han mantenido un discurso antes de las elecciones y que en algún caso coincide bastante con las demandas de la manifestación. ¿Se avecina una nueva fractura en el PSOE de Tenerife? ¿Podrán justificarse ante sus electores más adelante?     

¿A quién le interesa que vengan millones de turistas?

El presidente Fernando Clavijo (CC), por ejemplo, ha echado más leña al fuego con sus declaraciones vinculando la manifestación con la turismofobia y, obviamente, en defensa de los dueños del negocio, no del sector económico porque este incluye, por ejemplo, a las Kellys, las grandes damnificadas de la explotación laboral ejercida por los dueños del negocio.   

Ni qué decir de los propietarios de parques temáticos, zoológicos camuflados, centros comerciales, cadenas hoteleras, cadenas de grandes superficies o del sector sanitario privado (sin la competencia de los inexistentes hospitales del norte y del sur prometidos por el presidente del Cabildo Ricardo Melchior en 1999). Son a los dueños de estas empresas y no al pueblo canario a quienes les interesa la llegada de 14, 16 o 24 millones de turistas, que es lo que han previsto para los próximos años. No conozco un solo ex trabajador del sector turístico que quiera volver a trabajar ahí, con contratos de cuatro horas haciendo ocho o más al día. 

El vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, ha declarado que tengamos cuidado con la turismofobia, porque “a la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita”, eufemismo de “no nos vayan a joder el negocio”. Si al menos hubiera vacas en Tenerife… Pero la comparación, desde otro punto de vista, es que vivimos la parte del síndrome donde la rana se da cuenta de que el agua empieza a hervir. Igual estamos a tiempo de saltar del caldero. Por eso la manifestación del próximo 20 de abril no será sino otro hito en el marco de un proceso que lleva ya años.

Huelga de hambre y turismofobia

La huelga de hambre anunciada por diez jóvenes en caso de que no se paralicen los nuevos proyectos turísticos que impulsan unos belgas en el Puertito de Adeje y una empresa gallega en La Tejita es también la advertencia de algo más serio, que deben tener en cuenta tanto el Gobierno como los dueños del sector turístico y de otros negocios vinculados. Parece que ha llegado la gota que ha colmado la paciencia de una parte de la juventud isleña. Este jueves 11 de abril empieza la huelga de hambre si el Gobierno de Canarias no reacciona. 

Medios de comunicación y algunos periodistas se han sumado a la Cámara de Comercio, a ASHOTEL, CEOE, Foro por el Progreso, a FEPECO (los mismos actores de siempre), defendiendo el actual modelo económico con una contracampaña a modo de cortina de humo: la turismofobia. Demuestran que no se quieren enterar o que, directamente, sirven a intereses particulares y cobran por ello. La manifestación convocada va de moratoria turística –no más plazas turísticas-, de ecotasa, de limitar la población atendiendo a la capacidad de carga de cada isla; de impedir que los extranjeros sigan comprando viviendas –muchas veces como negocio-; de reducir el número de turistas, porque se descongestionarían las carreteras, se ahorrarían millones de litros cúbicos de agua y millones de kilos de basura; porque, simplemente, Tenerife no tiene la capacidad para depurar toda la mierda que producen esos millones de turistas y porque se evitaría la insufrible presión sobre nuestro patrimonio natural y cultural y sobre nuestras propias vidas.

A la campaña orquestada por quienes ostentan el poder real y desplegada por sus títeres políticos y mediáticos contra la manifestación, la ultraderecha lanza en redes la suya propia contra los migrantes africanos, calificando de invasión la llegada de unas 6 o 7.000 supervivientes de travesías oceánicas en pateras, una cifra irrisoria si se compara con 14 millones de turistas que vienen a todas las islas cada año, más de 6 millones a Tenerife.

No es posible que países que triplican el territorio de España reciban 3 o 4 millones de turistas y que unas diminutas pero biodiversas islas en el Atlántico noroccidental africano soporten 14 millones porque es un territorio de la Unión Europea, aunque las compañías aéreas estén exentas de pagar la tasa por contaminación, que para eso no somos europeos. La llegada de migrantes africanos también tiene que ver con eso: son islas en su continente, pero con estatus europeo, por lo que por aquí vienen de paso, es su trampolín hacia el jardín borrelliano. Nuestro modelo de desarrollo es colonial, impuesto desde afuera. Por tanto, la solución a los problemas de Canarias también tiene una vertiente jurídica, en el marco del Estado español y de la Unión Europea, y en el contexto de las guerras en curso, tanto en el Este de Europa, como en Oriente Medio y, particularmente, la media decena que se desarrolla en África y de las que no nos informan.

Es probable que algunos partidos traten de vampirizar al movimiento social. Desde fuera, parece un craso error el intento de Clavijo de aparecer doce días antes de la movilización sumándose incluso a las demandas públicas del 20-A (igual se quiere hacer un Ricardo Melchior) en un ejercicio supremo de cinismo, o el de partidos como Podemos y otros minoritarios que también han gobernado y que, en su día, fueron pieza clave para la desmovilización ciudadana. Tampoco me parece acertado que haya un Bloque Independentista, pero al menos esa gente no solo no ha gobernado, sino que han mantenido parte de históricas reivindicaciones que ahora parecen gozar de amplio consenso social. Que cada quien se ponga detrás de la pancarta que considere… y siempre queda la opción de hacerse un cartel propio para salir a la calle el 20-A. 

Ahora, hasta el próximo sábado 20 de abril, toca que cada una de las personas consciente de lo que está en juego contribuya a difundir la convocatoria en la medida de sus posibilidades. Después del día 20 de abril vendrá el 21. Canalizar de forma constructiva la energía que se desplegará el día de la manifestación es tarea de todas las personas que la organizan y también de quienes salgan a gritar que en Canarias ya hemos sobrepasado todos los límites. 

A lo largo de mi vida he atravesado por situaciones complicadas. Por ejemplo, cuando el 26 de diciembre de 1989, en un control militar israelí cerca de Ramallah, entre Nablús y Jerusalén, un soldado paró el taxi Mercedes de nueve plazas donde iba sentado en el medio de dos amigos estudiantes de último año de periodismo, un ceutí y un madrileño. Estábamos en la tercera fila del taxi, completado por seis palestinos, cuando el soldado fue apuntando en la cabeza a todos los que iban por el lado derecho del vehículo, hasta que llegó a nosotros y cargó la metralleta mientras apuntaba a Manuel. Se me pusieron los pelos de punta, pero algo me decía que, teniendo pasaportes europeos, no nos iba a pasar nada. Todo quedó en la amenaza del soldado y en su recomendación para que visitáramos Masada, el Mar Muerto o el balneario de Elat en lugar de estar recorriendo pueblos palestinos.

A finales de septiembre de 1992 fui detenido por la policía kuwaití en la frontera con Irak, a donde había llegado en autostop saltándome tres controles de una zona militar de emergencia, a lo largo de la autopista Al Mutlaá que une por el desierto la ciudad de Kuwait con Irak y donde fueron asesinados unos 25.000 iraquíes que iban en retirada a su país después de la invasión en 1991. Fueron bombardeados por la aviación de Estados Unidos y los restos de las bombas e impactos de metralla se conservaban visiblemente cuanto más me acercaba a la frontera. Hice los últimos kilómetros a pie y cuando me disponía a llegar al puesto de los cascos azules de la ONU, entre las dos fronteras, fui detenido. Pero no se me pusieron los pelos de punta.

A los pocos días y una vez en El Cairo, donde trabajaba como corresponsal de El Mundo y Onda Cero, el 5 de octubre se produjo un espantoso terremoto que provocó centenares o miles de muertos, nunca se supo la cifra oficial pues la dictadura de Hosni Mubarak se encargó de ocultar los datos de la tragedia. Fue un gran susto que continuó con las sucesivas réplicas que duraron varios días.

En 1993, después del atentado en los garajes de las Torres Gemelas, que Estados Unidos atribuyó como ideólogo a un sheykh egipcio llamado Omar Abdel Rahman radicado en Nueva York, el periódico me encargó que fuera en barco, en avión o como pudiera, al lugar de residencia del líder religioso e hiciera un reportaje. Era viernes de Ramadán, mi amigo y profesor de árabe Gamal me dio la información sobre el origen del sheykh y en un transporte colectivo llegué hasta el oasis de Al Fayoum, al oeste de El Cairo, donde por pura casualidad, o por suerte, llegué hasta la casa de la familia de Abdel Rahman. Claro que, para ello, tuve que preguntar por la calle y después de hablar con dos de sus hijos me detuvo la policía. Me tuvieron una hora de pie en la comisaría sin saber qué hacer conmigo hasta que, ya entrada la noche y ante mis protestas, el gobernador de la región dio la orden de que me expulsaran y me llevaran de vuelta a El Cairo, acompañado por cuatro militares. No tuve sensación de inseguridad pues llevaba mi carnet de la Asociación de Corresponsales Extranjeros acreditados en Egipto.

Viví otro gran terremoto en abril de 2016 en Ecuador, seguido de muchas réplicas. Fue diferente al sismo de 1992, porque en Quito no se oyó nada, sino que todo el edificio comenzó a moverse de repente y pasaron largos segundos hasta que reaccioné. Después de pasar el primer gran temblor, cuando empieza la primera réplica el temor es que esa vez sea más fuerte que el primer sismo, así que se pasa un período en vilo, esperando a que la tierra se calme. Pero por ser algo natural e inesperado lo único que hay que hacer es no entrar en pánico.

He tenido más situaciones complicadas en mi trayectoria profesional como periodista o asesor en comunicación y análisis político, como un secuestro exprés en Guayaquil en marzo de 2009, pero nunca había tenido esta sensación de absoluta vulnerabilidad como con la COVID-19. Ni siquiera estaba en Perú, donde cuento con una red de amigos y conozco el sistema de salud. Estaba sin seguro médico en Buenos Aires pensando que, en cada tienda, en cada esquina o en el supermercado del chino ubicado al lado del estudio podía contagiarme en cualquier momento. Había pasado muchos días consumiendo demasiadas informaciones e imágenes del coronavirus.

No obstante, el miedo no solo paraliza, sino que debilita el sistema inmunológico, así que decidí no ver noticias catastróficas, hacer meditación y hablar con las arañas y las cucarachas del alojamiento; los chats y conversaciones con personas en distintos países, también en Canarias, me ayudaron a sobrellevar la situación.

Después de renunciar a regresar a Perú, por dos veces intenté en vano tomar un vuelo de repatriación de Buenos Aires a Madrid. La compañía Iberia solo admitía un método de pago, la tarjeta de crédito, y había que presentarla en el mostrador de facturación. Finalmente, a la tercera pude adquirir el billete de avión (la repatriación no es gratis) y salí el 16 de abril hacia el aeropuerto de Ezeiza muy temprano.

Al llegar, un sanitario equipado con un mono blanco con casco de seguridad tomaba la temperatura a todos los que entrábamos a la terminal. Me enseñó el termómetro, que marcaba 36 grados, y me dijo “perfecto, pase”. Ese fue el único control antes de subir al avión, junto con la obligación de llevar mascarilla las once horas y media que duró el vuelo. Al llegar a Madrid, el lugar de España con mayor tasa de contagios y de muertes con gran diferencia, la única medida de seguridad fue desembarcar por escaleras en lugar de un finger y dividir a los pasajeros de treinta en treinta en las guaguas de aeropuerto. Me llamó la atención que al abrirse la puerta por la que iba a salir todo el pasaje (estaba al lado pues viajaba en salida de emergencia) lo primero que vi fue a dos funcionarios de la Policía Nacional preguntando a la azafata si venía algún deportado. No sé; me pareció como si preguntaran por si venía algún pasajero de 120 kilos o alguna persona pelirroja, porque se supone que las deportaciones, y he visto varias, vienen acompañadas de un protocolo y un papeleo; son comunicadas con anterioridad.

La medida de seguridad de salir en guaguas en grupos de treinta personas fue un buen intento… que duró diez minutos, el tiempo que tardó en generarse una aglomeración a la entrada de la puerta donde nos iban dejando las guaguas. En pocos minutos, se armó un tapón en el control policial de migraciones y la cola salía por la puerta terminal de llegada como una serpiente gigante. La lentitud en el control no se debía a ninguna medida sanitaria añadida sino a la escasez de puestos habilitados y de personal.

Tras pasar el control, me dirigí hacia la salida de la T4 de Madrid-Barajas con la idea de subir al segundo piso y tomar el vuelo que salía minutos después hacia Tenerife. Fue imposible. Bajé de nuevo y salí de la terminal, donde solo había taxis como medio de transporte. Como tenía tiempo de sobra hasta la hora de entrada en el alojamiento que había reservado, volví a entrar a la terminal y me dirigí a la estación de Renfe para llegar hasta Atocha, cerca de donde pasaría las dos noches antes de tomar el vuelo a Tenerife el domingo 19 de abril. El tren iba prácticamente vacío a las 8.30 de la mañana, no hubo ningún control, ni al subir en la estación de Madrid-Barajas ni al bajar en Atocha, donde desayuné en un bar abierto en la estación. Salí a buscar un taxi que me llevó cerca de la Puerta de Toledo, donde estaba el hospedaje y el propietario me recibió sin mascarilla. No hubo ni un solo control sanitario a la llegada al aeropuerto ni en las estaciones de tren ni en ningún lado.

El domingo 19 salí en taxi tan temprano hacia el aeropuerto que al llegar no había ni policías, poco antes de las siete de la mañana. No hubo control sanitario de ningún tipo hasta llegar a la puerta de embarque ni ninguna autoridad me preguntó por qué estaba tomando el vuelo a Tenerife (se sabe que hay una serie de condiciones para viajar). Lo único destacable fue la llegada de una pareja de la Guardia Civil que preguntó a tres hombres sentados a mi izquierda en la sala de embarque, que justificaron su viaje porque “somos trabajadores de Mercadona; nuestro trabajo es ir por todos los territorios” y mostraron unos papeles. Como ya había empezado el embarque, me levanté y me fui hacia el avión, donde todos los pasajeros íbamos con mascarilla y había casi dos tercios de asientos libres.

Finalmente, al llegar a Los Rodeos, desembarcamos por el finger e hicimos una cola con distancia suficiente hasta la puerta de entrada a la terminal, donde esperaban tres guardias civiles y un sanitario que nos tomaba la temperatura. Una vez pasado el trámite, la gente se dividía entre los que salían directamente con su equipaje de mano y los que esperábamos las maletas en la cinta, pero una vez recibida pudimos salir tranquilamente, algunos tomar un taxi y llegar a nuestras respectivas casas.

Solo puedo sugerir que no debemos dejarnos llevar por el miedo que difunden algunos medios de comunicación de masas, pero siempre debemos cumplir recomendaciones como la distancia física interpersonal. Es posible que muchos hayamos pasado el coronavirus (en mi caso, tuve un par de síntomas en Buenos Aires, pero me pasaron a los tres días tomando remedios naturales y desconozco si era o no el famoso bicho). Lo que no logro entender son las prisas del Gobierno de Canarias por recuperar la actividad del sector hotelero o el consumo en centros comerciales, donde se podrían producir grandes aglomeraciones, en vez de fomentar el consumo de cercanía y de pequeños comercios.

Por ello, y dado que parece que el Gobierno no se lo está planteando ni lo va a hacer, se debería abrir un debate público desde ya para pensar en otro modelo económico-productivo para Canarias que minimice la dependencia del exterior, desde los alimentos hasta la energía. Algunas organizaciones y personas, como se observa en el comunicado emitido por Ben Magec-Ecologistas en Acción, ya han empezado a plantear ese necesario debate respecto al sector primario. Otros colectivos ya lo hacen desde el punto de vista de la destrucción de empleo. Porque un modelo productivo basado en la llegada de 16 millones de turistas que en muchos casos ven a las islas como un enorme bar o un burdel hace tanto daño o más que el Coronavirus y es absolutamente inviable desde el punto de vista ambiental, por mucho que la OCDE haya incluido el consumo de drogas y la prostitución como factores para medir el crecimiento del Producto Interior Bruto, como bien recuerda Federico Aguilera Klink.

Canarias ya estaba en crisis económica y social antes de la pandemia y se lo debemos a una oligarquía avara y a la incapacidad o falta de voluntad política, histórica, de los líderes de los partidos tradicionales para ofrecer un proyecto de futuro sustentable, donde prevalezca el bien común y no la codicia de una veintena de familias.

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determina que Marruecos carece de legitimidad sobre territorios allende sus fronteras reconocidas y que el Sahara no está entre ellas, estableciendo la prohibición de incluir productos saharauis en el acuerdo comercial comunitario con Marruecos. ¿Qué hace el Estado español para cumplir esa sentencia y que no se descargue en sus puertos aceite de pescado embarcado en los territorios ocupados de El Aaiún, por ejemplo?

Igualmente, la incapacidad de la ONU para imponer a Marruecos la celebración del referéndum de autodeterminación, aprobado mediante el Plan de Paz de 1990, deja en evidencia a la llamada comunidad internacional, que nos acostumbra a hacer la vista gorda con regímenes donde se vulneran a diario los derechos humanos de sus pueblos, como México y Marruecos, que también se caracterizan por ser narcoestados.

¿Por qué se permite que kilos y kilos de hachís producidos en Marruecos se distribuyan por Europa, lo que supone el 38% de un negocio que factura entre 21 y 31 mil millones de euros al año?

¿Son España-UE y Marruecos cómplices y responsables de las muertes de miles de migrantes que salen en barcazas desde las costas marroquíes?

¿Por qué se permite a Marruecos la vulneración sistemática de los Derechos Humanos? ¿Por qué esa impunidad de uno de nuestros principales vecinos, con quien compartimos frontera sur? ¿Qué hacían dos altos significados dirigentes del Gobierno marroquí y Emilio Botín en una cena con Colin Powell y el secretario general de la OTAN en casa de la ex ministra Ana Palacio, en el contexto de la Conferencia de Países Donantes creada tras la invasión de Irak?

¿Por qué no se suspenden los tratados comerciales con Marruecos hasta que su régimen no acate el Plan de Paz 1990 de la ONU? ¿Por qué este asunto no figura como punto fundamental en la agenda electoral francesa? ¿Por qué tampoco es un punto prioritario en la agenda internacional en el Estado español? ¿Sigue siendo España la potencia administradora del Sahara, como indica la ONU en un informe de 2002? Si es así, ¿por qué no se involucra en la resolución del conflicto?

“En su Auto 40/2014, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar la actuación 2010 de las fuerzas de seguridad marroquíes contra los habitantes del asentamiento saharaui de Gdeim Izik, sobre la base de que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental de iure y por tanto debe dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”, se recuerda en la pregunta parlamentaria de Unidos Podemos al Gobierno.

¿Qué ha investigado la Audiencia Nacional en estos más de seis años en relación con el ataque marroquí al campamento saharaui de Gdeim Izik? ¿Va a decir algo el Gobierno español respecto a la farsa de juicio que se celebra en Rabat contra el grupo de presos políticos de Gdeim Izik, uno de ellos con el estatus de refugiado político concedido por España contra quien Marruecos ha retirado su acusación –por razones obvias- tras alcanzar el asilo político?

El juicio contra los presos políticos saharauis que se ha celebrado este lunes en Rabat es una verdadera farsa. La comunidad internacional debe hacer cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el referéndum en el Sahara Occidental y no puede seguir eludiendo su responsabilidad con un Estado que viola los derechos humanos de su propio pueblo y de seres humanos de otros pueblos como el saharaui. O los intereses económicos son más importantes, como ocurre en el caso de las relaciones con la dictadura de Arabia Saudí, y entonces reconocemos que ni el Derecho Internacional, ni resoluciones de la ONU, ni la Carta de los Derechos Humanos se aplican…que todo es pura hipocresía.

El nuevo Consejo de Seguridad de la ONU tiene una última oportunidad para emitir una nueva y última resolución para cumplir con los acuerdos del Plan de Paz de 1990 y promover la celebración del referéndum del Sahara Occidental. O su credibilidad, como en el caso palestino, caerá definitivamente por los suelos.

El 27 de noviembre de 2004, hace casi once años, más de 80.000 personas salieron a las calles de Santa Cruz de Tenerife para manifestarse contra la corrupción

El 27 de noviembre de 2004, hace casi once años, más de 80.000 personas salieron a las calles de Santa Cruz de Tenerife para manifestarse contra la corrupción y a favor de otro modelo de desarrollo, convocatoria realizada por el movimiento social Asamblea por Tenerife bajo el lema ¡Ya está bien! El éxito de la movilización fue mayor, si cabe, por la descarada ocultación que hicieron los medios de comunicación de Tenerife y Canarias, que boicotearon los intentos de la Asamblea por informar a la población de la isla, unas 900.000 personas.

En Asamblea por Tenerife confluimos personas sin afiliación política con otras militantes del PSOE, de IU, del PCE, del PCPC, de los independentistas APC y MUPC o de Los Verdes; de sindicatos como IC, CCOO, UGT, CGT y CNT; miembros de asociaciones vecinales, colectivos sociales, culturales y deportivos; profesionales independientes y destacadas personas del mundo académico.

Esa convocatoria no estuvo exenta de tensiones: un sector pretendía que solo fuera contra el megaproyecto de Puerto Industrial en Granadilla de Abona, mientras que otro, en el que me incluyo y que lideraba la Coordinadora de Pueblos y Barrios del área metropolitana, abogaba por incluir todas las luchas. De hecho, ante la magnitud de la manifestación (50.000 personas según la Policía Local, 20.000 según el diario El País), el ex presidente de la Autoridad Portuaria y otros dirigentes de ATI-CC argumentaron que era una manifestación contra todo, no solo contra el Puerto.

Sin embargo, lo que se produjo fue lo siguiente: los vecinos que se reunían en multitudinarias asambleas cada semana para articular acciones contra los Planes Generales de Ordenación Urbana de Santa Cruz y La Laguna entendieron que estos planes tenía estrecha relación con inútiles obras de infraestructura como la Vía Exterior, la Vía Cornisa, el cierre del Anillo Insular, el megapuerto industrial de Granadilla y la segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur, entre otros proyectos diseñados en beneficio de unos pocos empresarios para llenar de asfalto y cemento un frágil ecosistema como la isla de Tenerife. Esos vecinos, entre los que había académicos más no iluminados, relacionaron todo, planes y megaobras, con un modelo económico depredador y antidemocrático, algo que ni siquiera al final consiguió interiorizar un sector del ecologismo que se opone a la tala de árboles pero no al modelo económico que la promueve y que cree que el capitalismo puede tener rostro humano.

Es decir, aquellas demandas, por separado, serían solo demandas democráticas, según Laclau, pero todas juntas constituían una cadena de equivalencias y lo que se expresó en las calles aquel 27 de noviembre de 2004 fue un pueblo, sí, demandando la democratización política y económica de Canarias.

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Si tuvieran un mínimo de dignidad (pero eso es mucho pedir a la escoria que se sienta en los escaños del Parlamento), los diputados de CC y PP deberían renunciar a su inmunidad, para que puedan ser enjuiciados por el acto ilegal que acaban de cometer. Esta Ley es inconstitucional, pues vulnera derechos fundamentales básicos y además jurídicamente es impresentable, pues en lugar de aprobar una Ley para construir el Puerto de Granadilla (pues no tienen el valor) se aprueba otra para descatalogar especies protegidas con la misma finalidad.

Si en Canarias existiera un pueblo organizado, no se dejaría robar impunemente. En algunas zonas andinas, a más de un alcalde de los que trajinan en las islas lo habrían quemado en la plaza pública: justicia popular (poco civilizada para los parámetros occidentales, pero eficaz).

Tavío, tan locuaz como siempre, ha dicho en voz alta lo que pensaban los diputados de CC, Manuel Hermoso y Adán Martín: la ley que descataloga los sebadales “pone las cosas en su sitio para que se pueda iniciar una obra de estas dimensiones”. Y añado: “y de las dimensiones de los beneficios que proporcionará a algunos amigos de los que votaron la Ley”.

Hasta ahora, los movimientos y organizaciones sociales de Tenerife han conseguido frenar el disparate gigantesco que supondría construir el Puerto Industrial de Granadilla. Han sido seis años de dura lucha, con altibajos, con diferencias. Esto lo aprovecharon muy bien en las últimas elecciones y, ante el contexto actual de mantenimiento de esas diferencias, aún salvables, en los sectores políticos, sindicales y sociales que impulsaron la manifestación del 27 de noviembre, CC y PP aprueban la Ley que permitirá la construcción del Puerto Industrial en Granadilla cuando queda todavía un año para los próximos comicios.

Canarias está en vías de extinción. Sebadales y tortugas bobas son sólo un testimonio que estamos viviendo en directo. A esta situación nos han llevado los partidos políticos tradicionales que han tenido representación parlamentaria en los últimos 20 años. Ellos han sido también quienes han alimentado un sistema corrupto?desde el propio Parlamento; quienes han engañado sistemáticamente a la población. Mayor responsabilidad tiene sin duda ATI-CC, los falsos defensores del tinerfeñismo, los vendepatrias, los destructores de la isla.

La crisis sistémica, la crisis del modelo económico (cuestionado ampliamente en la manifestación del 27-N de 2004), es también una crisis de los partidos que la han generado. Así que difícilmente serán ellos quienes la resuelvan y menos aún con la continuidad del mismo modelo.

Lo que está en juego en Canarias en las próximas elecciones es la supervivencia misma de las Islas y de un pueblo; se requiere empezar un cambio de época, no una época de cambios, como dicen en algunos países de América Latina. En Tenerife, en Canarias, y más allá de dos o tres diferencias, es necesaria la constitución de un frente, de una alianza similar a lo que fue Asamblea por Tenerife en 2004: con autoridad moral y política y con capacidad de movilización. Para reponer las cosas en su sitio y mandar al paro a esa caterva de cínicos que abunda en el catálogo de políticos corruptos.

Ramón Pérez Almodóvar

Estos políticos profesionales desvergonzados han destrozado las ciudades donde vivimos para hacerse de oro especulando con el precio del suelo; han derrochado nuestro dinero, construyendo obras que disfruta una minoría, como el Auditorio, mientras que los trabajadores de la cultura se las ven y las desean para sobrevivir; han despilfarrado los recursos de todos construyendo infraestructuras innecesarias, como el tranvía; nos han robado en nuestra cara, a la vista de todos, como en Las Teresitas; han vendido nuestro derecho al agua, como el caso de EMMASA en Santa Cruz; han construido obras e infraestructuras con dinero público para regalarlas en concesión privada a sus amigos, como el Parque Marítimo de Santa Cruz o el mismo tranvía; en suma, han aplicado el programa de la Escuela de Chicago sin ruborizarse, privatizando derechos y servicios, como la salud, la educación, el abastecimiento de agua, la generación y distribución de energía eléctrica, la recogida de basura, el mantenimiento de parques y jardines, etc.

Estos sinvergüenzas han condenado al paro estructural a más del 25% de la población, a la economía sumergida a otro tanto por ciento similar, a bajos salarios y largas jornadas de trabajo a la mayor parte de los trabajadores, mientras una minoría se ha ido haciendo cada vez más rica gracias a un sistema fiscal de corte feudal, una evasión fiscal masiva legalizada (RIC).

Todo, claro está, con la clara complicidad y participación de un buen número de medios de comunicación que se han lucrado con algunos de los negocios de los piratas del cemento y el asfalto, ocultando a la población tal estado de cosas, vulnerando día a día los derechos de los ciudadanos, como la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz. Estos caraduras todavía tienen la desfachatez de despotricar contra la supuesta falta de libertad de expresión en Venezuela, donde los medios de la oligarquía han preparado y ejecutado un golpe de estado. Sin duda, les gustaría que sus socios pudieran hacer allá lo mismo que ellos hacen aquí.

Los piratas del cemento, empezando por Miguel Zerolo y siguiendo por Ricardo Melchior, son los responsables del caos que se forma en Santa Cruz cada vez que cae un 'palo de agua': no pueden culpar al Instituto de Meteorología ni tampoco a una fuerte lluvia. En 2002 hubo varios muertos, seis, y no dimitió nadie, ni Zerolo ni Hilario Rodríguez, el santero del Suroeste. En 2005, una intensa lluvia mezclada con fuerte viento, que no era una tormenta, dejó a oscuras durante varios días a media isla. No sabemos si UNELCO-ENDESA ha pagado multa alguna. Ahora, una fuerte lluvia, anunciada, preavisada como en 2002, una borrasca, saca a relucir los efectos de la aplicación del neoliberalismo salvaje en Tenerife, que ha urbanizado barrancos, colmatado de edificaciones lomas como Ifara, que quiere cementar los sebadales, que ha borrado paisajes (caso Mamotreto, que además es ilegal), que pretende extinguir especies por Ley, que asfalta cerebros con su apisonadora mediática?y buena parte de todo lo anterior, al margen de la Ley.

Porque los piratas del cemento tampoco cumplen las sentencias que pierden. Por lo tanto, el ejemplo que dan nuestras autoridades es que la Ley está para no cumplirla. Siendo esto así, quedan pocas opciones: una es organizarse y prepararse para tomar pacíficamente las instituciones públicas que unos pocos traidores vendepatrias han prostituido.

Ramón Pérez Almodóvar

El sábado, 9 de enero de 2010, unas 10 mil personas han salido a la calle a gritar contra el propietario del mismo chalete y el PGO, que expropia sus derechos a decenas de miles de personas. En los archivos de la Coordinadora de Pueblos y Barrios se encuentran testimonios de esta lucha histórica desde el año 2004. El gran debate que giraba en torno a quienes sólo pretendían que la manifestación del 27 de noviembre fuera contra el Puerto de Granadilla y quienes decíamos que más importantes, aún siendo importantes, que sebadales y tortugas bobas, eran las miles de personas afectadas por el PGO y por la Vía Exterior.

Sabes que hubo dos o tres listillos que trataron de aprovecharse de toda esa fuerza social que iba en aumento, que derrotó el cerco informativo en 2004 sacando su propio periódico y que tuvo que enfrentarse al Ferrari de Schumacher en 2005; al final, como vaticinábamos, ese movimiento sufrió la traición de esos dos o tres dirigentes que renunciaron a su fuerza independentista, Alternativa Popular Canaria, para quebrar la Coordinadora de Pueblos y Barrios y Asamblea por Tenerife y tratar de sacar rédito político. Resultado: rompieron, no totalmente, el movimiento social.

Algunos de ellos gritaron el sábado 9 de enero 'PP y Coalición, la misma mierda son' cuando ellos, en una clara traición, pactaron con CC y PP para gobernar en Granadilla. Sí, aunque no te lo puedas creer, los mismos que trataron de manipular el movimiento social en 2004, los mismos que ahora han ido asambleas vecinales a decir que Felipe Campos es un alarmista que tergiversa el fuera de ordenación, son los mismos que el 9 de enero de 2010 gritaban 'PP y Coalición, la misma mierda son', cuando gobiernan con CC y PP en Granadilla. Sí se puede hacer cualquier cosa faltando el respeto a decenas de miles de personas. Sobre todo, cuando hay dos o tres dirigentes que si no están pagados por ATI-Coalición Canaria, al menos lo parece.

Sabemos que la última vez llevaron sus banderitas multiusos a la manifestación contra el PGO. Hay algunos que no pueden evitar comportarse como lo que son: sanguijuelas. Pero los tenemos calados. La gente no es boba, y sabe distinguir un parterre de una maceta. Ahora, otro de sus 'ideólogos', Domingo Garí, que a algunos iba ofreciéndonos ser candidatos, se atreve a hablar del derecho a la política y de populismo en un escrito infame, impropio de un profesor universitario, que es así como se presentaba en las asambleas. Si hay algo que están haciendo hoy los vecinos de Santa Cruz es política, porque están interviniendo directamente en los asuntos públicos, pero no partidista. En cuanto al populismo, por suerte hay testigos de una conversación donde otro de esos dirigentes, Fernando Sabaté, nos decía que era necesario ser populistas para llegar a tener representación?una vez que se llega, no importa si hay que pactar con 'PP y Coalición, la misma mierda son'. Hay que desterrar esas viejas prácticas de la partidocracia, el 'todo vale' de algunos dirigentes de ASSPTUVXYZ, hijos putativos de los traidores de antaño, de los Mauricio y compañía, y hay que hacer las cosas de frente, mirando a los ojos, sin conchabeos ni conspiraciones de mesa-camilla.

Pero quiero decirte, José Manuel, que afortunadamente no todos los militantes y votantes de ese nuevo partido son como algunos de sus dirigentes que tardaron pocos días en traicionar a todo el movimiento social. No. Hay bastantes personas decentes. Por eso no hay que volver a perder más tiempo con dos o tres farsantes. Eso sí: debemos tener claro a qué intereses sirven.

En los últimos seis años, Tenerife ha sido una auténtica avanzada del cambio democrático en el Estado español y así va a continuar porque todos los regímenes tienen un fin. Con el PGO de Santa Cruz, han llegado demasiado lejos y después de este 30 de enero se seguirán escribiendo páginas en la historia para acabar con la dictadura de cuatro caciques, mezcla de viejos oligarcas y nuevos ricos.

Ramón Pérez Almodóvar

Por si quedara alguna duda, casi dos años antes, La Gaceta de Canarias publicaba en portada 'Un temporal de corrupción azota las islas', declaraciones de Francisco de la Barreda. Según el diario, De la Barreda aseguró que ya es hora de que exista una limpieza de la clase política canaria y afirmó que el Archipiélago 'es la finca de unos cuantos', llegando a comparar nuestra comunidad con el sur de Italia“.

En el desarrollo de la información, en la página 23 de La Gaceta del 23 de enero de 1999, De la Barreda insistía: “Canarias necesita una limpieza de aquellos que están en política por intereses de grupos de presión o multinacionales”. (?) Francisco de la Barreda dijo que ha sufrido amenazas, entre las que mencionó el saqueo de su despacho en la sede del PP insular y la recepción de una foto en la que aparece una lápida con su nombre“.

Junto a De la Barreda, conozco otro caso de cacería de una persona, en esa ocasión sin utilizar medios de comunicación como principal ariete, sino las instituciones públicas y la jerarquía administrativa: el caso de mobbing al que se sometió al ex director del Museo de Historia de Tenerife, José Manuel Castellano, al que posteriormente se abrió un expediente de expulsión en el Organismo Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife porque le dio por escribir, y publicar, una serie de artículos críticos en su tiempo de ocio, fuera de su trabajo.

“Los mafiosos, por mucho dinero que tengan, no pueden entrar en algunos círculos de poder. Cuando tratan de instalarse en una zona, necesitan gente que les lleve de la mano, ya sean políticos o empresarios, y aquí en Canarias esa gente no ha faltado”.

De la Barreda sí fue objeto de una cacería, consentida y auspiciada, incluso, en medios de comunicación que hoy publican el conocido 'caso del salmón' y no ha tenido ni el 0,1% de tiempo o espacio en los medios, para argumentar y/o demostrar sus denuncias, del que ha disfrutado Soria. Al imputado José Manuel Soria, aún vicepresidente del Gobierno canario (qué vergüenza para CC y PP), lo que le molesta es que el escándalo destapado por Canarias Ahora -que su director Carlos Sosa ha tenido el coraje de llevar a los tribunales-, no sólo haya pasado de Internet a los periódicos de papel de mayor tirada de Canarias, sino que en el resto del Estado se empiece a conocer su figura y su forma de relacionarse con determinados empresarios que tramitan expedientes (que implican negocios multimillonarios) en instituciones públicas como el Cabildo que él presidía (aunque por supuesto, Soria no lo sabía) o participaba: nada menos que el Parlamento (seguro que Adán Martín también desconocía lo de las camas) (1).

De José Manuel Soria sólo se han publicado informaciones que lo dejan en evidencia. A Francisco De la Barreda lo menos que lo llamaron fue 'loco' y el caso de José Manuel Castellano ha pasado sin apenas eco por los medios de desinformación canarios. Eso sí fue una cacería y una persecución política y laboral, con consecuencias para la salud que no se valoran.

Soria es un ser despreciable. Responde al arquetipo de los políticos neoliberales que llevan gobernando Canarias los últimos 15 años, aquellos que privatizan los servicios públicos de todos los ciudadanos, los beneficios, quienes hacen apología diaria de la empresa privada, pero que, curiosamente, no dejan de vivir, a todo tren, de lo público. Son como parásitos. Políticos-parásitos y antisociales.

Cuando aparecen los piojos, a los niños les echan de todo en la cabeza, una vez rapada y limpia, para eliminar los parásitos y lo que van regando. Canarias necesita una limpieza de políticos-parásitos antisociales, que no hacen sino chupar la sangre, el sudor y los impuestos de todos los ciudadanos mientras lo van cagando todo a su paso.

(1) Esta es parte de la conversación entre Santiago Santana Cazorla, promotor de Anfi Tauro junto con Björn Lyng, y el entonces presidente del Gobierno Adán Martín, publicada por el diario El País el 13 de febrero de 2007:

“Con el presidente canario hablé una sola una vez. Le llamé varias veces y en una ocasión me devolvió la llamada. Adán me dijo: 'mira Santiago, eso tiene que ir al Parlamento de Canarias y nosotros lo llevamos allí'. Coño, Adán, le dije, pero es que se va a acabar la legislatura y al final no va dar tiempo de llevarlo. Llevamos dos años con ello. Bueno, me dijo Adán, 'en cuanto yo tenga los cuatro proyectos preparados yo lo voy a llevar al Consejo de Gobierno, en cuanto estén preparados, y después los llevo al Parlamento. Tú sabes que eso lo aprueba el Parlamento'. Coño, Adán, eso ya lo sé”.

Ramón Pérez Almodóvar

De hecho, Estados Unidos acaba de abrir una base en Tan Tan (Marruecos), a 300 kilómetros de Canarias, mientras los rusos acuerdan con Libia abrir otra base en Benghazi.

Expulsados de sus sociedades por las guerras fomentadas por Estados occidentales, africanos de todos los lugares tratan de huir desesperadamente de sus países. Tras cruzar desiertos como el del Teneré -expuesto de forma magistral en 14 Kilómetros por Gerardo Olivares-, mujeres violadas y forzadas a la prostitución durante el trayecto a Europa, consiguen un embarque a última hora, ya con el bebé en brazos.

Llegan a Canarias y son recibidos con los brazos abiertos por una lancha de la Guardia Civil, atendidos por la humanitarista Cruz Roja, con sede en el paraíso fiscal de Suiza, e introducidos en cárceles con nombre de CETI, su sala de espera hasta que un avión de no se sabe qué compañías aéreas los devuelve a algún aeropuerto africano.

Una forma distinta de ver Canarias como plataforma transcontinental y comercial es comprenderla como un espacio geográfico y político, geopolítico?o geoestratégico. La población de Canarias utiliza masivamente productos como playstation, ordenadores portátiles y, sobre todo, teléfonos móviles, producidos con el coltan, uno de los objetivos principales de la guerra contra el Congo, una vez casi agotados los recursos petrolíferos en el África subsahariana (2).

Por tanto, formamos parte de uno de los bandos de la guerra que se disputan la hegemonía por la 'refundación' del capitalismo, que sólo conllevará más concentración y monopolio y mayor exportación de mano de obra barata. A las compañías navieras se unen las mafias que trafican con personas, que si llegan vivas caerán en los brazos de las respectivas Beneméritas.

De África, el Magreb y América Latina procede el mayor número de emigrantes trabajadores que llegan a Canarias. La mayor parte de alemanes y británicos viene aquí a descansar y por sexo (aunque la consejera de Turismo lo haya eliminado de la publicidad institucional), donde son atendidos por trabajadoras y trabajadores canarios, africanos, sudamericanos y del Este de Europa.

En esta situación, parte de la estrategia de la derecha será enaltecer el rechazo a los emigrantes y vincularlos a la delincuencia sin más, creando un nuevo objeto de odio y desviando la atención de los responsables que han generado la situación actual.

La oligarquía canaria siempre se ha ofrecido al mejor postor y algunos ya han sopesado qué beneficios traería una tendencia soberanista. Hace tiempo que las multinacionales de Estados Unidos comercializan en la UE parte de la producción de plátano de Canarias. En el siglo XIX, los británicos de Fyffes convirtieron Canarias en una base del Imperio británico para la producción de plátanos. A principios de ese siglo, durante la invasión napoleónica de España, la oligarquía canaria escribió a los recién creados Estados Unidos de América para tantear la posibilidad de negociar un tratado de adhesión, según han contrastado dos investigadores tinerfeños que publicarán el trabajo próximamente.

La derecha tinerfeña camuflada de nacionalista sigue dando algunos pasos y ya está expuesto a información pública el expediente medio ambiental para instalar una planta cementera en la zona industrial de Granadilla (3). Esto puede significar el comienzo de la obra.

Seguramente también debe haber un auge del protestantismo en Canarias. Ya la Iglesia católica se ha manifestado en contra de Halloween. El nacionalismo de CC trata de asemejarse al del PNV (han ido a Euskadi a estudiar su red de clientelismo) y el de CiU, pero el 'nacionalismo' de CC no deja de financiar fiestas como Halloween, que nada tiene que ver con la cultura canaria.

En este contexto, ante el actual proceso histórico mundial y la desorientación de CC, un espacio del nacionalismo canario, el que nada tiene que ver con la CoCa, que dicen que dijeron otra cosa de la que querían decir, tendrá que ser necesariamente antiimperialista en sus formas y su discurso. Las referencias de ese nacionalismo pueden estar en la República Árabe Saharaui Democrática, en países del entorno o en América Latina (4), bando de la paz (que se encuentra en Bolivia, como diría Les Luthiers), y de un nuevo orden financiero mundial, sin FMI ni Banco Mundial? y se supone que sin Bolsas ni paraísos fiscales.

(1) Obama desde África, un tema sentimental o esperanza real, Jacques Lhuillery, AFP.

http://es.noticias.yahoo.com/12/20081029/twl-obama-desde-africa-un-tema-sentiment-2802f3e.html

(2) Petróleo subsahariano en declive, Juan Jesús Bermúdez.

http://www.canariasahora.es/opinion/3235/

(3) Expediente para instalaciones de cemento.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/217/022.html

(4) La hora de América Latina.

http://www.publico.es/internacional/169896/hora/iberoamerica

Ramón Pérez Almodóvar

Pero Oramas habló de modelo de Estado confederal en el Congreso, aludiendo a una posible reforma constitucional (tampoco es casual la campaña pro monárquica que estamos viendo en marcha, ahora que la Ley de Memoria Histórica nos refresca el pasado reciente). En CC, ya han desplegado un argumentario donde aconsejan a los dirigentes no hablar en ningún caso de Estado confederal. Ni tan siquiera federal. Nada. No lo han dicho. C-O-N-F-E-D-E-R-A-L. (1)

El presidente del Gobierno contradice lo aprobado en la parte del congreso de su partido que él abandonó para irse a candidato también pierde, pero él sigue adelante. CC está hecha trizas, dividida entre lo que giran para un lado en alianza con otros y los que se enrocan en cada isla, entre los que se preguntan '¿entonces, no somos nacionalistas?' y los que afirman 'somos insularistas', pero divididos. (2)

María del Mar Julios niega que se esté ofreciendo la cabeza de Jorge Rodríguez para salvar el 'reparto de bienes o acuerdo de Gobierno' por ser coautor de la ponencia ideológica que pone en aprietos al PP. Los majoreros de CC rompen con los conejeros de CC porque “no son de fiar” y Castro Cordobez está mal visto en un amplio y poderoso sector de ATI, lo que aprovecha Perestelo. Son demasiados viajes juntos a Venezuela, los de Perestelo y Rivero. Castro Cordobez ya se puede ir cuidando la espalda.

Por lo tanto, ojo Tenerife y ojo autoridades de Tenerife, tanto insulares como provinciales. Ojo igualmente con determinado político de La Palma, que quiere rematar a Tenerife aunque presida una de las principales instituciones de Canarias“. (3)

Prosigue el editorial de El Día: “Su enemistad con el presidente del Gobierno autonómico puede perjudicar a Tenerife y, por ende, a todo el Archipiélago. Es un político que no sirve, pero que sabe aprovechar las circunstancias en su favor. Un político que en su etapa de consejero de Obras Públicas favoreció descaradamente a Canaria, con el consentimiento de Adán Martín”.

CC de Gran Canaria es una vampira en el mundo de la serpiente amarilla

Pensaba éste que postrándose de rodillas ante los canariones conseguiría árnica de la serpiente amarilla. Craso error, como quedó demostrado en las pasadas elecciones, donde la representación de CC quedó reducida a la vampira que quería administrar la sangre de los tinerfeños desde Las Palmas. Es el presidente del Parlamento un político con sonrisa jesuítica. Ruinito, ruinito. Y entramos en el asunto de La Orotava“, concluye este párrafo dedicado al presidente de API, donde El Día llama ruinito al Presidente del Parlamento. Siguen practicando el partido único, propietario del Estado. Lo confunden todo. Se creen que siempre van a seguir ahí, intocables.

Asistimos atónitos a este sainete en directo, porque no tenemos más datos de lo que sucede entre bambalinas: un presidente sin apoyo social ni de su propio partido tiene de vicepresidente a un individuo con mil líos judiciales, querellante de periodistas y ciudadanos honrados, querellado por presuntos actos de corrupción e investigado por la Fiscalía para la Represión de los Delitos Económicos, él, que es también consejero de Economía y Hacienda. Éticamente es impresentable.

Coalición Canaria es una inmobiliaria“ es uno de los pareados con más uso en las manifestaciones. Puede ser casi cierto, por el hundimiento del sector. CC sale de su congreso peor de cómo lo empezó: se elije a una presidenta que sólo se conoce que es de La Oliva, territorio de un Marqués del PP, medio ATI se ha quedado fuera de la Ejecutiva, hay poder de veto para cada representante insular (ya sea de una realidad tan distinta como una isla donde habiten 10.000 o 70.000 personas frente a otra donde vivan 900.000) y CC de Lanzarote no se fía de CC en Fuerteventura. Son los efectos secundarios del sistema electoral que impusieron antidemocráticamente.

El sainete se convierte en tragicomedia si comprobamos que son los que nos llevan gobernando 15 años y se observan las estadísticas socioeconómicas que han conseguido para Canarias: 17,5% de tasa de paro, sueldos más bajos del Estado, mayor número de horas extras, cesta de la compra por las nubes, kilométricas listas de espera hospitalarias, conflicto interminable con los trabajadores de , y con sus madres y padres, etc.? y coautores del mayor destrozo ecológico que ha vivido el Archipiélago canario en toda su historia: todo ello concentrado en menos de 20 años e hipotecando el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.

Ahora, contagiados por la crisis financiera, se comportan como el mercado interbancario: una desconfianza mutua que va en aumento, entre ellos internamente y frente a sus socios. No se fían ni entre sí y pretenden que la sociedad confíe en ellos.

1) Rajoy rechaza la ponencia de Coalición. La Opinión de Tenerife, 30-10-08

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008103100_22_179082__Politica-Rajoy-rechaza-ponencia-Coalicion.htm

) 2ATI critica que la división provincial en CC 'está más acentuada que nunca'. El Día, 27-09-08.

http://www.eldia.es/2008-09-27/canarias/canarias4.htm)

3La Orotava se suma a la infamia. 30-10-08

http://www.eldia.es/2008-10-30/criterios/criterios7.htm

Ramón Pérez Almodóvar

Eso lo saben en Génova 13 y el sector más derechista del PP lo advierte, como el eurodiputado Alejo Vida Quadras: “lo que tiene que hacer el PP es romper las relaciones” con CC. Para el dirigente, su grupo “tiene dos caminos”: “buscar una acción común” con el PSOE para combatir los nacionalismos por una vía constitucional, o “seguir su propio camino”. Para el popular, el “envalentonamiento” de los canarios es una “muestra” de una deriva nacionalista “imparable, a no ser que los dos grandes partidos enderecen el rumbo que han perdido”. (1)

La Delegación del Gobierno (la de Zapatero, De la Vega y Rubalcaba) considera que la ponencia política está al margen de la Constitución de 1978, luego CC es ilegal y se le debe aplicar la Ley de Partidos. Como en Euskadi.

El propio Gobierno liderado por Paulino Rivero debería presentar una cuestión de confianza ante el pleno del Parlamento, pues no es nada serio lo que está sucediendo en Canarias. No pueden seguir cayendo tan bajo para mantener ese 'repacto' del botín, cada vez más inútil, costoso y dañino para los intereses del pueblo canario.

Si el Gobierno no lo hace, sus socios del PP deben obligar a que lo haga para que nos aclaren a todos de qué va esto:

“No llegamos a comprender la negativa del Estado Español a reconocer nuestro hecho diferencial; más aún cuando la Unión Europea ha entendido nuestra necesidad de obtener un status diferenciado al objeto de desarrollarnos al nivel de los territorios más avanzados de la Unión Europea. Y es que tras siglos de dependencia de centros de poder ajenos, ha llegado el momento en el que Canarias plantee una nueva alternativa política para, de ese modo, articular una sociedad que le permita desarrollar un marco social con instrumentos socio-económicos y políticos propios”.

“En este IV Congreso Nacional de Coalición Canaria tenemos que definir claramente la ideología del Nacionalismo Canario sobre la base de lo que significa la Conciencia Nacional Canaria como factor clave para continuar mejorando las condiciones de vida de nuestra sociedad. Es decir, cuáles son nuestras raíces, hacia dónde nos queremos dirigir y clarificar la estrategia para conseguir nuestros objetivos”.

“Estamos abiertos al diálogo para encontrar vías de consenso pero con el firme propósito de profundizar en el desarrollo de la Conciencia Nacional Canaria y del pleno Autogobierno, al objeto de gestionar nuestro territorio desde y para Canarias a través de decisiones propias no marcadas desde entidades ajenas a nuestra manera de ser y pensar. Todo ello desde la firme convicción en la defensa de nuestros legítimos intereses y actuando con la firmeza que consideremos necesaria”.

“Porque somos una Nación. Y lo avala nuestra ubicación geográfica, nuestra historia y desarrollo cultural y, sobre todo, porque los Canarios y Canarias tenemos una conciencia colectiva que nos hace identificarnos como un pueblo diferenciado y singular. Y la Comunidad que conformamos excede, geográficamente, del territorio de nuestro Archipiélago. Incluye a todos los canarios y canarias que tomaron la decisión de trasladar su residencia y siguen

sintiendo la Canariedad como propia y como parte fundamental de su identidad personal. Todos ellos son parte de la comunidad, que como pueblo, conformamos“.

“El hecho de aspiración política que siempre Canarias a lo largo de siglos ha intentado, estando en algún momento de la historia (Guerra de independencia de España) en su punto más álgido. Esta aspiración política como pueblo diferente debe estar en nuestros manuales de la profundización de nuestro ideario nacionalista, si así nos consideramos”.

Y, por último, la nazionalización:

“Para alcanzar este objetivo, clave y esencial en la construcción del nacionalismo canario, Coalición Canaria debe apostar por el desarrollo de un currículum educativo propio e identitario y que se garantice la impartición efectiva de dicho currículo tanto en las enseñanzas regladas como en las no regladas”.

Lo dicho: presenten una cuestión de confianza y dejen de hacer el ridículo.

(1) El plural.com

Ramón Pérez Almodóvar

Ahora, en su IV Congreso, CC decide celebrar el 22 de octubre el Día de la Bandera Canaria, la del Movimiento Para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) de Cubillo, mientras en las instituciones ha gastado millones de euros para celebrar el 30 de mayo como día de Canarias y su bandera sin estrellas, ni verdes ni azules. Con todo, en la ponencia ideológica, se establece cómo pretenden vender CC: “ese punto central de equilibrio entre la izquierda y la derecha, lo cual constituye una fortaleza más de la organización”.

A partir de ayer, para CC y todos sus militantes no existe el Gobierno de Canarias, sino el Cabildo de Canarias. Lo que no sabemos es cómo lo piensan encajar en el ordenamiento jurídico.

También han defendido una relación federal con el Estado. Debemos esperar a ver si Ana Oramas y José Luis Perestelo presentan una iniciativa en el Congreso de los Diputados para modificar la Constitución de 1978, quizás convocando una Asamblea Constituyente, para pasar de Reino a República Federal. Esta gente es capaz de escribir cualquier cosa, porque no lo van a cumplir: sólo tratan de seguir ocupando el espacio político del nacionalismo, que consideran que está 'entre la derecha y la izquierda'?en algún sitio tiene que estar.

En cuanto a Claudina Morales, los motivos de su nombramiento ya lo explicó Juan García Luján este lunes (Siempre nos quedará la Guayana). La familia siempre agradece el trabajo realizado. Y tampoco fue ninguna sorpresa. Alfonso González Jerez, jefe de prensa de Enmasa (empresa pública que el 'nacionalismo' de ATI puso en manos de una multinacional francesa), ya lo anunció la semana pasada en un artículo de opinión publicado en Diario de Avisos.

CC sigue siendo una suma de partidos insularistas no un partido nacionalista. Su estructura organizativa también desmiente su discurso. Es un gran fracaso después de 15 años en el Gobierno.

En relación con el último Congreso del PP, se aprobó una ponencia donde las huestes de Soria se comprometían con 'tolerancia cero frente a la corrupción'.

Ha sido táctica de la derecha, tanto de CC como de PP, decir exactamente lo contrario de lo que hacía. Ese manejo del lenguaje y de los marcos se aprende en los denominados think tanks conservadores.

Los Congresos de PP y CC se asemejan no sólo en el fondo de los contenidos que defienden (a la derecha le conviene que una parte importante de la población siga engañada y piense que está votando nacionalista, por lo que lanzan matices como el uso simbólico de banderas) sino en las formas antidemocráticas: en ambos congresos no se permitió el voto secreto, un derecho constitucional.

Ambos coinciden en pasarse por la piedra el ordenamiento jurídico, también en lo que se refiere al equilibrio territorial y el aparato administrativo institucional vigente, como ha explicado el diputado socialista Santiago Pérez.

Ya tienen experiencia, aunque fuera temporal, cuando el Cabildo de Tenerife subrogó las competencias urbanísticas del municipio de San Miguel de Abona, con la inestimable ayuda de Gestur, empresa que merecería una investigación exhaustiva.

Eran tiempos del enfrentamiento entre Adán Martín, socio fundador de Promotora San Miguel SA junto a su hermano y a Miguel Zerolo, entre otros promotores de Golf del Sur, y el padre de Cristina Tavío, propietario de Amarilla Golf. Eran parcelas casi colindantes y competencia en el mercado turístico del golf, que tanto promocionan con dinero público. Adán Martín era presidente del Cabildo, pero qué más daba actuar con tanto descaro.

Con la impunidad que hay en Canarias pudo hacerse cargo de la regulación del urbanismo en San Miguel de Abona, donde tenía uno de sus negocios. Antonio Castro Feliciano se lamenta de los problemas de la justicia por la falta de medios. Sin duda que será cierto. Pero los jueces de Canarias celebraron su último foro en un hotel ilegal de cinco estrellas ubicado de Lanzarote. Cómo no va a haber impunidad.

Ahora CC y PP, por la vía de urgencia, quiere modificar una la Ley de Medidas Urgentes, las de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo. No es que sean muy mal planificadores. Después de 15 años en el Gobierno, les cada vez queda menos territorio que destrozar, de ahí la urgencia de que sean ellos quienes gestionan su uso, aunque estén dando un grave paso adelante.

Se pasan la isla por el arco del triunfo cuando no les conviene y, de hecho, sólo la defienden para mantener un sistema electoral antidemocrático. También son tan cicateros y avariciosos que reclaman 200 millones de euros a Cabildos y Ayuntamientos.

El punto central de equilibrio

Lo absurdo es que una manada de indocumentados y de troncos siga gobernando Canarias sólo gracias al sistema electoral, al que CC ha adaptado su estructura organizativa para seguir ejerciendo lo que llaman 'punto central de equilibrio'.

Ese 'punto central de equilibrio' no es otra cosa que estar siempre en el Gobierno para colocar a sus amigos y militantes y hacer negocios con sus amiguetes y financistas, destrozando pueblos, territorios, la cultura, la agricultura, la ganadería y la pesca, la flora y la fauna y privatizando los servicios públicos (la educación, la salud, etc.), la energía, el suelo y el agua. Los neoliberales que dicen defender 'lo nuestro'.

CC pretende presentarse ante la sociedad como “ese punto central de equilibrio entre la izquierda y la derecha, lo cual constituye una fortaleza más de la organización”, pero su verdadera fortaleza, su muralla defensiva, es el sistema electoral. El discurso de CC cada vez se lo traga menos gente y de ahí sus sucesivas derrotas electorales, porque ni son nacionalistas ni tienen credibilidad, lo que no quiera decir que no traten de seguir proyectando esa imagen, porque han dominado y dominan los medios masivos para crear una percepción distinta de la realidad.

Pero ahora el punto más débil de este pacto es la posición política en que se deja al PP, que se ve obligado a negar que en el acuerdo de Gobierno figure lo aprobado este fin de semana en el Auditorio Alfredo Kraus. A ver cómo se explica que sigan manteniendo un pacto con quien propone la ruptura de lo que llaman pomposamente España, cuando de eso hicieron una bandera con Euskadi y Cataluña.

Los congresos del PP y de CC han empeorado aún más la situación política en Canarias, también a nivel interno, en ambas fuerzas políticas, pero sobre todo en la gestión de los problemas de los ciudadanos, lo que sí requeriría una solución urgente. Lo mejor sería que disolvieran el Parlamento y convocaran nuevas elecciones con un régimen electoral democrático: una persona, un voto. Y entonces se verá qué ocurre.

Por los ciudadanos ustedes no se preocupen, como siempre, que la sociedad canaria es adulta como para entender la convocatoria anticipada de elecciones ante la actual crisis político-institucional y más si su voto tendrá el mismo valor, sea de Frontera o de Tuineje, de Escaleritas o Los Gladiolos. Parece que se les está acabando la fiesta. Y quizás por eso proyectan macrocárceles y aumentan un 9,5% el presupuesto para tener más policías en la calle, para criminalizar la protesta social que se avecina.

Ramón Pérez Almodóvar

Apoyar a los trabajadores de La Gaceta sería apoyar la pluralidad informativa y política si la gestión estuviera en sus manos y contaran con el apoyo económico de un amplio sector social que demanda otro tipo de información. Lo segundo estuvo en el origen de Medios Informativos de Canarias SA (MICSA), sociedad formada por centeneras de pequeños socios capitalistas sin poder de control real sobre la empresa.

Quizás por eso después llegó el empresario de la construcción y los hipermercados Amid Achi y se hizo con la mayoría de la sociedad mediante una curiosa operación de contracción de capital. Sabemos que su socio Jesús Martínez es un vendedor de electrodomésticos y que a ambos les puede importar poco el artículo 20 de la Constitución: el derecho a recibir información veraz, vinculado a la libertad de expresión.

Para más inri, es casi imposible comprar el periódico, porque no se puede tener el mundo en las manos al mismo tiempo. Lo lógico sería que cambiara de socio peninsular, para que coincidiera con cierto público. Esa sería una posible salida empresarial.

Una salida para los trabajadores es refundar el proyecto original de MICSA, con participación activa del colectivo laboral en la propiedad de los medios de producción, para garantizar mayor independencia informativa. Quizás así podrían encontrar un mayor apoyo de la sociedad. Mientras tanto, habría que dejar de comprar un periódico que es capaz de reproducir lo siguiente en su editorial:

“Tenemos que empezar a hablar claro de una vez, por mucho que algunos medios de comunicación hipócritas se empeñen en lo contrario. Las Islas están repletas de africanos, magrebíes, chinos, sudamericanos, rusos, etc., y nuestro territorio no puede absorberlos. Todo el mundo lo piensa, pero casi nadie se atreve a decirlo con claridad y hasta con riesgo, quizás por falsedad y cobardía. Sí, nos han invadido y nos siguen invadiendo, lo cual produce temor, reduce las posibilidades de los canarios de encontrar trabajo y congestiona las Islas. Con el tiempo, si no se frena este tsunami humano, perderemos hasta nuestra sangre guanche, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestras ideas, nuestra sanidad, nuestra religión, nuestra cultura de siglos. Y, a través del inevitable mestizaje, nuestra identidad canaria y española. Seremos más colonia y menos España y Europa”. José Rodríguez Ramírez. (El Día, 13 de febrero de 2005)

El periódico El Día ha sido el único medio escrito que no ha estado en la rueda de prensa, celebrada el pasado viernes 10 de octubre, de los vecinos del poblado marinero de Cho Vito), de sus abogados y de varios colectivos sociales, donde los letrados afirmaron que detrás del derribo del Cho Vito se prepara un pelotazo, incluido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo con forma de puerto deportivo. De ahí el silencio de CC y PP, de Paulino Rivero y Ricardo Melchior.

Más motivos que la línea editorial para dejar de comprar un periódico: su desinformación y su manipulación informativa mediante el silencio de los hechos.

El periódico El Independiente fue comprado por la ONCE, cercana al PSOE, para cerrar la cabecera, que publicó la financiación ilegal del partido a través de Filesa. Dicen que los actuales empresarios propietarios de La Gaceta son cercanos a algunos destacados socialistas.

Debería empezar a regularse sobre el conflicto de intereses que supone poseer empresas de construcción y de medios de comunicación al mismo tiempo, sobre todo cuando se utilizan para beneficio del negocio del ladrillo y el cemento, como es habitual en Canarias.

El futuro de esa joven cabecera debería estar en las manos y las cabezas de sus trabajadores si se ganan ese apoyo de la sociedad, porque son ellos los que hacen el periódico a diario, aún sin cobrar dos meses de salario con absoluta pasividad de los propietarios de la empresa Salatín. Los vecinos de Cho Vito y diversos colectivos sociales ya se han solidarizado con los trabajadores. Ahora, de momento, debemos comprarlo masivamente y tirar los restos de porquería a la papelera.

*Afiliado de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias

Ramón Pérez Almodóvar*

Sin duda la imagen del Parlamento canario es paupérrima, en niveles que en algunos países sudamericanos provocan duras respuestas populares. Esa imagen es consecuencia directa de sus actuaciones en la última década, incluyendo en buen puesto el bochornoso espectáculo del cierre de legislatura pasada, con el Gobierno de Adán convocando un pleno fuera del período de sesiones para aprobar miles de camas turísticas, “eso está hecho en cuanto llegue al Parlamento, Santiago” (Santana Cazorla), y con el cierre en falso del 'caso eólico'.

Ahora, se inicia un nuevo período de sesiones y se asiste a la lectura de dos declaraciones institucionales: una sobre el accidente de Spanair y otra sobre los editoriales del periódico El Día. Incomprensible.

Condenar, sin ninguna medida económica, los insultos de El Día a Gran Canaria es un ejercicio de hipocresía, pues los irresponsables políticos de las islas seguro que conocen que esa no es sólo la línea editorial de un periódico, sino el origen ideológico de un partido que lleva gobernando Canarias desde 1995: ATI. Se les ha empezado a caer la careta nacionalista y debajo de la piel aparece la herencia franquista común a muchos de ellos.

Es decir, la declaración institucional que escuchó impasible en el Parlamento el diputado y alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, condena a ATI por fomentar el odio entre ciudadanos de distintas islas. Todo un canto al sol de sus señorías, que se acaban de enterar ahora que El Día insulta a todos los canarios y es racista con las personas que llegan desesperadas a las islas, huyendo del hambre.

Acaso no recuerdan que El Día y ATI convocaron una manifestación en contra de que los ciudadanos de Gran Canaria tuvieran acceso a la educación superior universitaria? A nadie puede extrañar, por tanto, que todos los gobiernos de ATI-CC hayan maltratado a la comunidad educativa, con el objetivo de mantener a la población en la ignorancia para controlarla mejor por sus televisiones, radios y periódicos.

Los diputados hacen las leyes y en su toma de posesión juran cumplir y hacer cumplir las leyes. Si el periódico infringe las leyes, pues que actúe quien tenga que actuar, independientemente de que siempre exista la posibilidad de no contratar publicidad institucional con la empresa editora, pues la pagan todos los canarios, incluidos los de Gran Canaria.

Por eso, la primera declaración institucional que debió emitir el Parlamento para recuperar algo su credibilidad era la reprobación del diputado y vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, por pretender que alguien mienta en el Parlamento. Sólo así se entiende su demanda por injurias y calumnias contra un compareciente en una comisión de investigación, donde se está obligado por ley a decir la verdad.

Todos los acuerdos del Consejo de Gobierno que preside Paulino Rivero (ATI-El Día) han sido tomados con la votación o el consenso de un mentiroso, capaz de llevar a la aprobación del congreso regional de su partido una ponencia política donde se propone tolerancia cero frente a la corrupción. Inaudito.

El zr. Soria, que debía abandonar de inmediato la actividad política, ha mentido varias veces, porque también juró cumplir y hacer cumplir las leyes. Es una cuestión de moralidad pública, quizás inalcanzable para quien se cree que está por encima del bien y del mal.

El régimen antidemocrático que gobierna Canarias va a pasar otra prueba en su cadena de desprestigios: si Soria sigue en el Gobierno, se acelerará el deterioro del actual sistema político canario, sin vuelta atrás.

Es responsabilidad de AHI y API servir de apoyo para que no se desmorone ATI-El Día: todos son cómplices y todos van a pasar a la historia como los herederos del franquismo que aprobaron leyes electorales antidemocráticas para perpetuarse en el poder y un sistema económico caciquil para acaparar la riqueza que producen todos los trabajadores de las islas.

Ramón Pérez Almodóvar

Es repugnante esa reivindicación de la españolidad como algo propio de un partido, el PP, que vota en contra del derecho que tienen miles de personas a saber en qué fosa común fueron a parar los cuerpos de sus abuelos, padres o familiares. Y es auténticamente asqueroso que se haga con la bandera y el himno español por delante, porque se manipula a millones de ciudadanos desprevenidos. Para quienes no tienen banderas, o tienen otras, es un ataque frontal a derechos básicos como la libertad de opinión, expresión o reunión.

En Santa Cruz, no hace falta que ondee ninguna bandera: basta caminar desde la Plaza del genocida Weyler para subir por la calle 18 de julio hasta la Rambla General Franco. Si continuamos rambla abajo, nos toparemos necesariamente con el abominable monumento a Franco realizado por Avalos, la conocida fuente. De ahí podemos seguir hasta la Plaza de España para asombrarnos con un monumento a los caídos, sólo los del bando fascista, que se rehabilita ante nuestros ojos treinta y dos años después de la muerte del dictador.

Los defensores de estos símbolos sí saben lo que hacen: esos símbolos producen una gran violencia y hacen pensar al común de los mortales que nada ha cambiado porque se repite el mismo apellido en la alcaldía de Santa Cruz, Zerolo, cuarenta años después, y persisten en pie, y remozados, plazas, calles y monumentos franquistas, que conviven con nuevos nombres en la zona de ampliación y cercanías, como la Avenida Manuel Hermoso o la calle José Rodríguez Ramírez.

Quienes gobiernan Santa Cruz no son demócratas: utilizan las maltrechas reglas del juego democrático para seguir en el poder y repartir los impuestos de todos los ciudadanos entre sus amigos. Son unos farsantes que se niegan a retirar los símbolos franquistas y rechazan hasta la nueva Ley del Gobierno central que los obliga. El nuevo portavoz de ATI-CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz lo tiene claro. José Alberto Díaz-Estébanez, en declaraciones reproducidas por el periódico nivariensis, dijo que si se aprueba la ley “el ayuntamiento no tendrá más remedio que acatarla, pero hay que determinar quién, cómo y de qué forma se irán eliminando los nombres. La ley ya nace herida”.

Las calles y los monumentos franquistas son su bandera, que sin izar golpean a la cara de los ciudadanos a cada momento. Franco es su bandera desde 1936, a donde nos quieren llevar con el clima guerracivilista que generan. Pero esta vez no pasarán. Va a ser que no. No pueden pasar por demócratas quienes mantienen nombres de calles, plazas y monumentos dedicados a quienes asesinaron a miles de personas por pensar distinto, con el apoyo de la Iglesia Católica, que los comulgaba después de bombardear ciudades enteras porque su reino no es de este mundo, aunque su caja fuerte sí.

Ramón Pérez Almodovar

Ha sido una fórmula muy empleada por altos cargos de ATI-CC en Tenerife: llamada al propietario de la empresa, petición de acabar con las informaciones molestas e incluso, si es precio, aislar al mensajero y, a ser posible y en función de la recompensa o compensación recibida a cambio del 'sacrificio', castigarlo con una degradación de categoría o con el despido.

Podría escribir varias situaciones a modo de ejemplo, incluyendo vetos a nombramientos para cargos directivos en diarios regionales, que Martín J. Marrero, jefe de gabinete de Paulino Rivero, conoce a la perfección.

Ahora leo que Carolina Déniz defiende la 'rigurosidad' del procedimiento para adjudicar las licencias de la TDT y no salgo de mi asombro cuando critica las declaraciones del todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán, que cuestiona la adjudicación de las licencias regionales por tener un tufo político. Según Carolina Déniz, las declaraciones de Alemán “se sitúan al margen de la propia Constitución, que en su artículo 14 establece la prohibición de cualquier acto de discriminación por razón de opinión”. Seguro que lo que no se ha leído la señora Déniz es el artículo 20 de esa misma Constitución, porque el Gobierno de Canarias y altos cargos de ATI-CC en distintas administraciones lo vulneran a diario.

Es realmente asombroso: se va a producir el cierre de emisoras de radio y televisión cuando existe tecnología suficiente para que todas las empresas del sector obtengan una licencia y operen y que sean los ciudadanos los que decidan lo que oyen o ven. Si estuviéramos en Venezuela la mayoría de los medios pondría el grito en el cielo, se montarían campañas alucinantes sobre recortes a la libertad de expresión y de información y Reporteros Sin Fronteras, financiados por el Departamento de Estado USA, elaboraría un informe sobre vulneración de derechos humanos. Pero estamos en Canarias, un paraíso fiscal y neoliberal.

Aquí se adjudica a la cadena de la Iglesia Católica una televisión regional de TDT y tenemos que creernos que es la mejor oferta, cuando en muchos casos ni contratan a los trabajadores, y cuando se dedica básicamente a reproducir los mensajes de la derecha, que políticamente representan el PP y CC. Pero ellos sí pueden ejercer su libertad de opinión de forma masiva.

Dice la señora Déniz que el Gobierno respeta a todos los periodistas y eso ya es el colmo del cinismo. Su presidente, el señor Rivero, tiene antecedentes como censor: ha pedido que se retirara los servicios de una agencia de noticias canaria al responsable de ediciones regionales del diario ABC, el único de papel que en Tenerife publicó la operación mediática montada por Hermoso contra Román Rodríguez, el único que publicó documentación sobre el caso del intento de secuestro de la concejala lagunera, pese a que estaba enviada por fax a todas las redacciones.

No sé si se ha ruborizado al leer estas declaraciones el jefe de gabinete, o como se llame el cargo, de Paulino Rivero, pero producen estupor, máxime con la desfachatez de un gobierno presidido por un señor que se pasa por el arco del triunfo la libertad de información y que la cercena si hace falta. Con métodos parecidos a los empleados por otros dirigentes de ATI-CC en distintas instituciones.

Ramón Pérez Almodóvar

Ramón Pérez Almodóvar

Ramón Pérez Almodóvar

Ramón Pérez Almodóvar