Otra confusión que no ha querido resolver la izquierda es la de establecer claramente quién o quiénes son los titulares de los derechos fundamentales, si los individuos o las colectividades. Tampoco ha abundado la reflexión sobre las diferencias, y vías de resolución de los conflictos que puedan surgir para establecer la prevalencia. Esto queda muy claro en el caso del los nacionalismos pues aceptan la idea de que el derecho de autodeterminación de los pueblo prevalece y lo argumentan por ser un derecho que hunde sus raíces en la historia, que es previo a la democracia y anterior al Siglo de la Luces. Justifican los partidos de izquierda el derecho de autodeterminación de los pueblos con el establecido por la ONU para resolver el grave problema creado por los países europeos cuando colonizaron gran parte del mundo. Cuando llegó el momento de independizarse tras la tragedia de la 2ª Guerra Mundial, las nuevas naciones tuvieron que aceptar que sus fronteras eran las heredadas del colonialismo y éste las trazó sin tener en cuenta la existencia de sociedades aglutinadas en torno a la cultura, el idioma, la religión o cualquier forma de diferenciar a un conjunto de individuos, a una sociedad, frente a otra. Eso fue así porque nunca se ha podido definir con precisión el concepto “pueblo”, ha resultado imposible incluir en los textos legales una palabra por admitir tantas acepciones, tantas interpretaciones, que no puede tener concreción jurídica. Además, la derecha más conservadora ha asumido, como una de sus principales señas de identidad, la identificación de patria con nación, con pueblo. Para estos partidos, el pueblo, la nación, la patria, están por encima de los derechos de los ciudadanos y por eso es inherente a las ideologías conservadoras establecer las diferencias con los otros, con los que nos son de mi pueblo.

Las ideologías de izquierda modernas nacieron en el siglo XVIII con el término libertad por bandera. Una palabra que significaba aspirar a una sociedad igualitaria y para serlo, su Ley Suprema debe reconocer la igualdad jurídica de sus miembros y amparar los derechos de los ciudadanos. La Nación (que no patria), es una sociedad en la que sus miembros (independientemente de sus creencias, idiomas, etnias o costumbres) deciden vivir bajo una ley común que garantiza sus derechos frente a la arbitrariedad. En el siglo XIX los teóricos de la izquierda, en base a esos principios, se proclamaban internacionalistas y, en su mayoría, abominaban de términos como patria, religión o monarquía. Frente a eso, las ideologías conservadoras inventan el concepto de patria (hasta el siglo anterior se pertenecía a una monarquía, independientemente de otras consideraciones territoriales, lingüísticas o religiosas). Como aglutinante del nuevo concepto pusieron el acento en las diferencias con los otros y tuvieron mucho éxito. Se dieron cuenta que a la hora de tomar decisiones colectivas las emociones tienen más peso que los argumentos basados en la razón. Los prolegómenos de la I Guerra Mundial fueron clarificadores pues en esos años, las izquierdas abandonaron el internacionalismo, la solidaridad de clase, para incorporar a su discurso ideológico el “derecho de los pueblos”, el nacionalismo, el apoyo a la patria por encima de la solidaridad entre los proletarios del mundo. El enemigo no es el sistema capitalista, son los de enfrente, los que hablan distinto, rezan a dioses diferentes o tienen costumbres que no entendemos.

Cuando acabó la Gran Guerra, dos grandes novedades trastocaron Europa: la revolución rusa y el triunfo del nacionalismo; tanto, que fue propuesto como elemento clave para el trazado de las nuevas fronteras surgidas con la derrota de los imperios europeos. El comunismo, que se puso en práctica en la Rusia revolucionaria, dejó en el camino los fundamentos del pensamiento progresista que no son otra cosa que la igualdad y la defensa de los derechos democráticos para todos sin excepción. El resultado fue la dictadura del proletariado y la transformación de una ideología política en una nueva forma de religión sin dioses, pero con libros sagrados, padres fundadores, reliquias, procesiones, cadáveres incorruptos, herejes, etcétera, etcétera, y que apelaba a los sentimientos para justificar la ausencia de libertades y de derechos democráticos de sus ciudadanos. Así se entiende que en la URSS el tema del nacionalismos tuviera entre sus teóricos al mismísimo Stalin y que impuso incluirlo en la constitución (la primera del mundo en incluir el derecho a la autodeterminación de los pueblo en su articulado) o que apelara a la “Madre Patria” en la guerra contra los nacional-socialistas alemanes.

Al término de la Segunda Guerra Mundial se hizo evidente el enorme daño que el nacionalismo había infringido a la humanidad y obligando a muchos dirigentes y pensadores políticos a buscar la manera de limitar las consecuencias de convertir unos sentimientos en ideología política. Para eso crearon un organismo internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), que supusiera la progresiva aceptación por parte de los países miembros de los derechos humanos y, también para expresar así una meta colectiva: la utopía de un mundo sin fronteras. En la Europa de la posguerra esa idea caló y dio lugar al Mercado Común y después a la Unión Europea.

Pero la ONU tuvo que hacer frente a la descolonización, a un proceso que permitiera a los habitantes de los territorios colonizados decidir su futuro sin la tutela interesada de sus metrópolis. Éstas no cedieron fácilmente, su oposición dio lugar al nacimiento de los Movimientos de Liberación Nacional y que, en su mayoría, fueron apoyados por la URSS con armas y con mucha retórica izquierdista, pero siempre en función de sus intereses de gran potencia. Esta lucha por la descolonización tiene otra cara: la revolucionaria. Había que conseguir la independencia pero también la revolución. El grupo armado se hace con el poder para imponer sus convicciones al resto de los ciudadanos y, para eso, sobra la democracia y los derechos humanos, bastan las armas. Muchos de los que consiguieron llegar al poder se convirtieron en dictadores con discursos “progresistas”. Afortunadamente también se dieron casos como el de Mandela.

Por desgracia, todavía hay sectores de la izquierda que siguen pensando que el llamado derecho “a decidir” es uno de los derechos democráticos básicos. Si en el país vasco esa concepción derivó en un grupo terrorista, eso sí con palabrería de izquierda y hechos propios de la extrema derecha; en Cataluña ha unificado a la derecha conservadora y corrupta tradicional con la extrema izquierda que se dice anticapitalista. Les une que todos ponen la prioridad en la independencia y en su rechazo (en alguno de sus miembros más teórico que real) a la violencia, en el recurso al voto del pueblo catalán que, según los independentistas, es quién ha de decidir lo que ellos quieren que decidan y eso está por encima de cualquier otra norma. Pero el problema para el pensamiento de izquierda sigue siendo el mismo: ¿quienes son el pueblo catalán? ¿Todos los que nacen en un determinado territorio? ¿los que residen? ¿interesa igual la independencia a los ricos que a los pobres o a los inmigrantes? ¿En qué se benefician los menos favorecidos con la independencia? En la Europa sin fronteras ¿tiene sentido poner una nueva?

Es evidente que hay una incompatibilidad frontal entre los principios que debe sustentar el pensamiento de izquierda y el sentimiento nacionalista, que no ideología. La igualdad y el respeto a los derechos humanos no tiene nada que ver con los sentimientos, están por encima de ellos, pero éstos sí tienen que ver con el nacionalismo, con las banderas y con lo bonito que es mi pueblo. No hay mucho margen para el optimismo cuando uno de las personas con mayor crédito intelectual en el partido de Podemos, el diputado Errejón, dice, ante el auge del nacionalismo españolista, que la izquierda debe asumir el concepto de patria. Así nos va.

La izquierda lo que en mi opinión debe asumir es que no puede trasgredir sus valores básicos con la justificación de ganar votos. No es admisible desde el pensamiento progresista dar medallas y reconocimiento a Vírgenes como han hecho en Cádiz. Tampoco se puede justificar saltarse el respeto de los derechos humanos para mantener puestos de trabajos. Una sociedad gobernada por partidos de izquierda debe ser laica y defensora de los derechos básicos de los individuos, tanto como marco base de la convivencia social como para el desarrollo de su programa político.

El señor Rodríguez Zaragoza tiene como único argumento su palabra: son legales las canteras porque lo dice él. Pero la realidad es bien distinta y las consecuencias las está pagando el medio ambiente y el estado de derecho.

Desde el comienzos de año las asociaciones El Foro contra la Incineración y ATAN denunciaban la proliferación de canteras ilegales, puesto que ninguna cumplía la normativa aplicable a este tipo de explotaciones. La difusión pública tuvo la consecuencia inmediata de que otros colectivos sociales y políticos, como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) o la misma asociación de las empresas legales del sector (AFA), se sumaran a los que reclaman que se ponga fin a estas graves infracciones. Una gran parte de estas canteras solo tenían una autorización municipal para mejoras de fincas, pero como se demuestra en las imágenes gráficas -que se pueden ver en la página de ATAN o en la del Foro contra la Incineración- nada tienen que ver con mejoras para la agricultura y sí con una cantera con maquinaria pesada y un intenso tráfico de camiones que trasladan los “residuos” hasta la obra del puerto.

La situación no era desconocida para el ayuntamiento, de hecho en abril el concejal de Sí se Puede, Antonio Cabrera, en unas declaraciones recogidas por Diario de Avisos, decía que este tipo de licencias sólo permite desmontes de un máximo de 4 metros, siendo actualmente en Chimiche y otras zonas de más de 20 metros. “Estos hechos se tratan de una clara prevaricación, ya que se da una licencia para una actividad a sabiendas de que se va a realizar otra bien diferente”,

Negando la evidente, la página del OAG informaba que todos los materiales procedían de canteras autorizadas. Ante esta actitud Atan denunció la situación en la Fiscalía de Medio Ambiente que comprobó la veracidad de los hechos y presentó denuncia penal en los juzgados de Granadilla, en concreto por la seudo-cantera de Chimiche. Además, ATAN también había solicitado al gobierno de Canarias información sobre este problema. Tras varios meses de espera el Director General de Minas decía en su contestación que la piedra está siendo comercializada, transportada, vendida y aprovechada en las obras del puerto de Granadilla “sin que conste autorización a alguno de los intervinientes” por parte de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias ni de la Administración del Estado.

El día cuatro La Opinión publicaba que el ayuntamiento había cerrado “la mayor cantera de áridos y rocas de la que se nutría el futuro recinto portuario. La presión del Gobierno canario se materializó durante el pasado sábado con el cierre de la cantera de Chimiche a cargo de la Policía Local del municipio sureño. La actuación del Gobierno municipal supone que las obras de construcción del Puerto se quedan sin su principal suministrador de rocas para el relleno del muelle. Tan solo entre marzo y agosto del presente año más de 313.000 toneladas de materiales salieron de Chimiche para el relleno de los diques del futuro recinto portuario”.

Está claro, la Autoridad Portuaria de la provincia miente, se salta la legalidad, oculta la información y desprestigia la esencia de una sociedad democrática que es el respeto a las normas propias de un estado de derecho pero, gracias al trabajo de ATAN y otros colectivos, la Justicia se encargará de restituir la legalidad, de devolver a los ciudadanos sus derechos. Y, también tendrá que ser la Justicia la que haga cumplir al Gobierno de Canarias sus propias resoluciones, pues de nada vale certificar la ilegalidad de las canteras si no se adoptan las medidas correspondientes.

En Tenerife tenemos muchos ejemplos de estos comportamientos, desde el caso de Las Teresitas al del Puerto de Granadilla. En Las Teresitas quedó absolutamente claro la conexión de dos grandes empresarios de la construcción, de políticos de los principales partidos, de la Caja de Canarias y de profesionales sin escrúpulos que ponen sus conocimientos y sus habilidades al servicio de la “operación”. Millones de beneficio a costa de los intereses públicos y todo ello sin tener que invertir ni un euro propio ni en el negocio ni en la playa.

Un caso similar es el del Puerto de Ganadilla, pero con grandes diferencias, mientras que la mejora de las Teresitas es una necesidad incumplida, la del puerto es fehacientemente innecesaria, tanto desde el punto de vista económico como técnico. Además, el proyecto especulativo de Las Teresitas está paralizado por sus múltiples irregularidades, mientras que el del puerto se encuentra en construcción a pesar de las irregularidades denunciadas. Por lo demás se parecen mucho. Se repiten los partidos que lo apoyan, empresarios, los técnicos sin escrúpulos capaces de tergiversar la realidad para justificar el negocio y la colaboración cómplice de muchos medios de comunicación.

El Observatorio Ambiental del puerto de Granadilla (OAG) en sus informes -y en su comportamiento- deja bien claro que para estos “negocios” se requiere la complicidad de los responsables de organismos públicos. En febrero de este año el OAG publicó su “Informe anual 2011. Seguimiento ambiental del puerto de Granadilla en fase de obras” en el que se puede leer -en el apartado dedicado a la vigilancia de las obras- que todos los materiales utilizados en la construcción proceden de canteras debidamente autorizadas. Una afirmación que resultó ser una mentira, un grave incumplimiento de los objetivos que justificaron la creación del OAG y una grave contradicción con los discursos autocomplacientes de su director. Un flagrante incumplimiento de la legalidad por parte de quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Un hecho denunciado desde el mes de abril pasado por ATAN, el Foro contra la Incineración, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y el sector empresarial afectado por unas decisiones que castigan a los que cumplen con la ley y, por el contrario, premian a los que la incumplen.

A pesar de la denuncia en los medios de comunicación, el OAG no consideró necesario informar, aclarar o matizar los hechos, y no sería hasta el 2 de noviembre cuando en su página en Internet informa con detalle de la situación legal de los suministros, una vez que la denuncia de la fiscalía había llegado a los juzgados de Granadilla. Pero, en lugar de reconocer lo evidente, el OAG tergiversa la realidad. Da por buena y conformes a derecho, las autorizaciones municipales para mejora de fincas, aunque su único fin sea el suministro para el puerto, algo para lo que no tienen competencia los ayuntamientos.

En su última actualización del 21 de noviembre, dice que los materiales de acopio externo para la construcción de las infraestructuras portuarias y rellenos de explanadas se obtendrán de movimientos de tierras o canteras debidamente autorizadas. Parecen ignorar en el OAG que en Tenerife solo existe, según nos ha informado la Consejería de Industria, una sola cantera autorizada, el resto, por tanto, son aprovechamientos ilegales. Según el cuadro que se acompaña, el OAG reconoce que ha mentido y engañado a la ciudadanía desde su página. No solo porque la información ha variado de manera sustancial en las distintas actualizaciones, fundamentalmente porque reconoce, marcadas con el color rojo, que varias canteras o aprovechamientos geológicos -no lo aclara- son ilegales.

Un caso llamativo es el de las situadas en Vilaflor (según el OAG fueron utilizadas hasta el mes de mayo) están marcas con el color rojo lo que indica “Incorrecto: sin autorización o no se ajusta a los términos de la autorización” y también con un asterisco que señala que estas dos canteras ilegales son “zonas de origen de los materiales para el puerto de Granadilla en las que existiendo un plazo de tiempo razonable para que expire el permiso, se ha abandonado la actividad después de la extracción de materiales, dejando la obra autorizada inacabada.” Y para que no haya dudas de la incongruencia, son las únicas marcadas con asterisco. Es lo que ocurre cuando se trata de ocultar lo evidente: que se saltan, sin el menor escrúpulo, el estado de derecho, los objetivos para los que fueron creado y, por si fuera poco, tiran a la basura el dinero público que gastamos en el mantenimiento del OAG.

La puntilla esta situación la pone el propio Gobierno Canario, en concreto de la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio . Hace pocos días llegaba a ATAN el escrito de esa Dirección General (Contestaba a otro enviado en agosto por la Comisión Jurídica de ATAN) en el que se dice: “Que se han realizado visitas de inspección a los diversos puntos en los que esa Asociación Ecologista, junto a otras como el Foro contra la incineración o el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)” El resultado de las inspecciones confirman los hechos denunciados: “La piedra está siendo comercializada, transportada, vendida y aprovechada en las obras del Puerto de Granadilla, sin que conste autorización a alguno de los intervinientes, ni de la Dirección General de Industria, ni del Departamento de Obras Públicas de la Administración del Estado, que en aplicación de la Ley de Minas, artículo 37.3 de R. D. 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

En tanto no se obtengan las correspondientes autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos del Dominio público, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas, y la Ley 1171990, de 3 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, las labores de explotación y la puesta en el mercado de recursos geológicos extraídos de los diferentes ámbitos no pueden continuar en activo, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven por la explotación de recursos sin la debida autorización, de acuerdo con lo establecido.“ Así de tajante se muestra el firmante del informe, Juan Antonio León Robaina, Director General de Industria.

Confirma nuestra denuncia, dejando bien claro el comportamiento ilegal y la total sumisión del OAG a los interese particulares en detrimento de los intereses públicos. Una situación como esta, en la que el Gobierno canario desautoriza de forma tan contundente a un organismo público, exige que se pidan responsabilidades a sus responsables.

Eustaquio Villalba Moreno

Según la página web del OAG, esta fundación tiene cuatro proyectos de investigación: biodiversidad marina, la tortuga boba, la red natura 2000, la futura dársena de San Andrés y un cuarto sobre la calidad de las aguas portuarias. Todos tienen en común que se solapan con los trabajos de la Consejería de Medioambiente y con otras instituciones relacionadas con la investigación marina en Canarias, con más experiencia en el medio marino, mejores expertos y, lo que es más importante, con mayor control de sus gastos, objetivos y presupuestos. Surgió así una consejería mediombiental paralela, que pugna por apropiarse con los escasos fondos destinados a investigar el medio marino canario, como si sobraran y no se necesitaran para cubrir las necesidades de la depauperada Consejería oficial. ¿Cuál de las dos lleva las directrices sobre la investigación oficial y asesora al gobierno sobre lo que está ocurriendo realmente en la construcción del puerto? ¿la oficial o la paralela? Sin duda será la que no contradiga su política medioambiental intervencionista y la que menos impedimentos le ponga a la realización de la obra en todas sus fases. ¿Se entiende ahora la ventaja de tener dos Consejerías?

Esta amplitud de objetivos del OAG y su dedicación a estos proyectos debe ser la razón por la cual ha descuidado el cumplimiento de sus fines iniciales. Por eso mantienen silencio con respecto al gravísimo impacto ambiental que está produciendo en los paisajes del sur de la isla. El “desconocimiento” de la magnitud del “picoteo” ilegal en todo Tenerife en la búsqueda de materiales de relleno, es fruto de la falta de interés del OAG para acometer su objetivo fundacional.

Desde que el Gobierno Canario comenzó la promoción del puerto de Granadilla, se hicieron públicos informes negativos de los expertos de sus dos universidades, de organismos de investigación, técnicos de las consejerías y, la oposición a su construcción, abarcó prácticamente a toda la comunidad científica. Al igual que lo hizo con la petición ciudadana de debate en el parlamento, las administraciones canarias optaron por desoír los informes y las opiniones que contravenían sus proyectos. Y, para poder sobreponerse a las innumerables pegas y trabas legales que fueron interponiéndose, no dudaron en recurrir a numerosos subterfugios y triquiñuelas, como la de desproteger una parte de la zona del futuro emplazamiento del muelle, eliminar a las especies más incordias de los catálogos de protección y un sinfín de medidas, muy contestadas por la opinión pública y, prácticamente, ninguna apoyada por técnicos y especialistas en la materia. La opción del Gobierno fue la creación de un organismo “independiente e imparcial” que no estuviera ni a favor ni en contra de esta construcción, al que se le encargaría el velar por el cumplimiento de las medidas compensatorias, dictadas para paliar los efectos negativos de la construcción del muelle. Pero este organismo público ha dejado claro en los años que lleva funcionando que no es imparcial aunque, eso si, completamente independiente, puesto que es dueño de investigar lo que su director quiera, aunque no tenga relación con el muelle y su construcción.

La propia existencia de este observatorio, nacido de la desconfianza de un Gobierno hacia los organismos encargados por ley de asesorarlo, le deben de producir al ciudadano recelo e inquietud. Este puerto no se hubiera hecho nunca en la situación, el tamaño, ni en las condiciones que el Gobierno planteó, de haber existido un mínimo de entendimiento y sensatez. Si no hubiese sido por este comportamiento antidemocrático, este Observatorio tampoco hubiera existido. En cualquier caso, las tareas de vigilancia ambiental de las obras del puerto de Granadilla las podrían desempeñar perfectamente las consejerías correspondientes, asesoradas por las instituciones que investigan el medio marino canario, expertas en calcular impactos ambientales, dotadas con los medios necesarios para conocer sus efectos y tomar las medidas oportunas, para eso deberían estar.

Este fiasco era lo esperable si tenemos en cuenta quiénes lo componen y, sobre todo, quién lo preside.

La página web Informa poco y de manera selectiva sobre las obras del puerto. Tampoco incluye en la documentación los trabajos de científicos ni las opiniones de asociaciones y ciudadanos que cuestionen las suyas. Por eso suena a cinismo que aparezcan frases como esta: “La relación de las instituciones europeas con asociaciones ciudadanas, ONG, empresas, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es constante, legítima y necesaria para mantener la calidad de la democracia y la capacidad de ofrecer políticas adecuadas a las necesidades y la realidad. Los ciudadanos tienen derecho a esperar que ese proceso sea transparente, cumpla la normativa y respete debidamente los principios éticos evitando presiones indebidas y accesos ilegítimos o privilegiados a la información o a los responsables de las decisiones.” Cuando el problema de las canteras ilegales para el suministro de los áridos hace meses que aparece en los medios de comunicación, resulta inadmisible que hasta ahora, el OAG no haya tenido a bien contestar estas denuncias ni de aclarar de dónde piensan conseguir los materiales para la escollera, el relleno o los áridos necesario para el puerto.

Tampoco he tenido éxito cuando el día 28 septiembre solicité, como Portavoz de ATAN, información sobre estos temas en su pagina web. Es evidente que en el Observatorio Ambiental (de) Granadilla ni saben, no contestan y, además, incumplen claramente con su prometida y publicitada transparencia.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

En Tenerife no existe ninguna cantera que tenga, ni de lejos, capacidad para abastecer las necesidades de una obra de esas dimensiones. De hecho, en las isla solo hay una cantera autorizada . Ante estos hechos ¿qué dice el OAG en su último informe? Generalidades y eludir el problema: “La DIA establece que los materiales de préstamo necesarios para la construcción de las infraestructuras portuarias, así como para el relleno de explanadas (exceptuando los materiales procedentes de las operaciones de dragado) se obtendrán de movimientos de tierra o canteras debidamente autorizados. Los tipos de material contemplados son: relleno general, todo uno, pedraplén y escollera.”

Según el proyecto, estos materiales suman más de siete millones de m3. Solo el dique exterior necesita 5,1 millones de toneladas de material para escollera, todo en uno, rellenos y pedraplen, a lo que hay que añadir 330.000 de áridos par fabricar el hormigón. Este enorme volumen necesariamente implica vaciar la isla de una cifra equivalente. A título comparativo la presa de los Campitos en Santa Cruz tiene una capacidad de 2 millones de m3 y ocupa una superficie de 12 Ha. Si una sola cantera suministrara el material necesario se tendría que hacer un hueco que superaría tres veces el volumen de ta inútil obra y afectaría una superficie superior a las 40 Ha.

Legalmente solo existen dos posibilidades de obtener esta materia prima: recurrir a canteras debidamente autorizadas y a los aprovechamientos geológicos, pero ambas plantean problemas. La autorización de nuevas canteras conlleva superar una enorme cantidad de trabas administrativas que retrasan durante años las autorizaciones y, por tanto, el suministro para la construcción del puerto. La paralización de las grandes obras, principal fuente de los aprovechamientos geológicos, ha disminuido drásticamente estos suministros, ya de por si insuficientes para cubrir la demanda. Esta situación obligará a la paralización de las obras por falta de suministros que cumplan los requisitos que impone la normativa legal. No hacerlo significaría que se seguirían utilizando materiales procedentes de canteras y aprovechamientos ilegales que están ocasionando un enorme impacto ambiental.

El picoteo por todo el territorio es una desgraciada actualidad, como lo es que una obra promovida por las administraciones públicas actúe de esta forma. Según el OAG durante el año 2011 se emplearon unas 93.000 toneladas en la construcción del dique y 54.000 en el contradique, todas procedente de explotaciones autorizadas según afirma el informe. Son estas: Hospital del Sur, desaladora de Granadilla, Bco. del Agua, Las Chafiras, Chayofa, Vilaflor, desmonte La Tejita, acopios Alcalá y Dársena del Este, pero ninguna es una cantera autorizada y algunas de las citadas, como la del Barranco del Agua o la de Vilaflor son ilegales, por lo que cabe preguntarse ¿Qué observa, qué controla, el Observatorio Ambiental de Granadilla?

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

La cortedad de miras de muchos responsables políticos o, en el peor de los casos su ignorancia, les ha llevado a presentar las leyes que protegen o territorio y la biodiversidad como obstáculos al desarrollo, al progreso económico económico y al crecimiento del empleo. Como afirmaba con reiteración un ex consejero de Medio Ambiente de un cabildo: “Se protege más a los lagartos y a las ahulagas que a los campesinos”. Quizás por ello dedicó mucho tiempo a las papas y poco al medio ambiente, pero las consecuencias están ahí: la falta de interés en controlar lo que entra en las islas por puertos y aeropuertos ha sido la causa de un desastre que puede acabar con un cultivo tradicional en Canarias y con una de sus señas de identidad cultural.

Deberían ocuparse los responsables políticos de impedir que se pueda seguir comprando, sin ningún tipo de control, especies que pueden resultar peligrosas para la salud de las personas, para sus actividades económicas y para el medio ambiente. Pero la realidad es que a los únicos que quieren controlar es a las personas nacidas fuera de las islas; por eso el Presidente del Gobierno de Canarias aboga por restringir los derechos de los inmigrantes: les acusa de ocupar los puestos de trabajos de los canarios, de ser responsables de las altas tasas de paro y de alterar la idiosincracia de los isleños.

La oposición a la introducción de especies exóticas no es un capricho de científicos de gabinete y de ecologistas de salón, como han dicho algunos responsables públicos; es un problema que tiene una grave repercusión en nuestra salud, en la conservación de nuestro patrimonio natural y en nuestra economía. Sin embargo, el gobierno canario ha retirado las subvenciones a los grupos de científicos y técnicos que estaban estudiando la forma de combatir estas plagas y, en concreto, la producida por la introducción de la polilla guatemalteca.

A pesar de los evidente del problema, siguen sin entenderlo. Hechos como el catálogo de especies, el puerto de Granadilla, o que exijan competencias sobre las aguas próximas al archipiélago para impedir las prospecciones petrolíferas y que no las pidan para ejercer el control fito-sanitarios a la entrada a las islas, prueban el desinterés ante la situación de invasión de especies exóticas. Este año, el cultivo afectado ha sido la papa ¿Mañana?

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

Al margen del análisis de la roca, el Catedrático Gimeno no entiende cómo esta caracterización no se llevó a cabo desde el primer momento por parte del IGN y de su equipo asesor científico del CSIC, dado que el IGN tiene entre sus funciones la vigilancia en exclusiva de la actividad volcánica y la determinación de los riesgos asociados al fenómeno volcánico por un Real Decreto del año 2004. Una decisión que ninguneó los esfuerzos realizados desde Canarias en la investigación y gestión del riesgo volcánico en en las islas. Al mismo tiempo, las instituciones científicas canarias y los investigadores que trabajan en las islas hacen público sus quejas por haber sido marginados, no tener presencia en el comité científico que asesoraba a los responsables de la Protección Civil (PEVOLCA), ni de haber recibido ninguna muestra de los extraños piroclastos. A pesar de ello, y con muestras extraoficiales, se aportan nuevos análisis y varias hipótesis sobre la génesis de las restingolitas. El Profesor Titular de Geología y Petrología de la Universidad de La Laguna (ULL) y colaborador científico del Institituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), José A. Rodríguez Losada, las resumía así el día 15 del mes de noviembre en un foro en Internet: “a) Origen a partir de la fusión de sedimentos silíceos, mucho más viejos que el material magmático, de la corteza oceánica. Dicha fusión es inducida por el basalto que acaba recubriendo al material blanco, b) Perlita expandida es decir materiales volcanosedimentarios o volcanoclásticos también fundidos, también más viejos que el magma emitido, pero no necesariamente de la corteza oceánica y c) Que se trate realmente de magma riolítico tal vez reactivado por la intrusión de magma basáltico. Los dos primeros casos tienen escasa relevancia en términos de riesgo de explosividad volcánica. El último implica un riesgo mucho mayor de mecanismos eruptivos explosivos, pues es a éstos a los que suelen ir asociados los magmas riolíticos. No se dispone todavía (y si se dispone no se han mostrado) de evidencias adicionales, principalmente de tipo geoquímico, que permitan confirmar, de manera objetiva e incontestable, cual es el origen de ese magma o pseudomagma de composición riolítica.” El científico lo deja claro: Todas las hipótesis sobre el origen de la restingolitas tienen fecha de caducidad.

El debate parecía transcurrir dentro de lo normal en las discusiones científicas, en las que están ausentes las descalificaciones, los argumentos de autoridad o la tergiversación de las palabras de quienes no comparten sus opiniones. Pero con un artículo publicado en el periódico El Día el 10 de noviembre del 2011 Juan Carlos Carracedo (profesor de investigación del del CSIC y en la actualidad Profesor Asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) vuelve a conseguir que sus opiniones tengan un gran impacto mediático, casi tanto como el que consiguió con sus anteriores declaraciones sobre el el ridículo internacional ocasionado por las exageradas medidas tomadas por el PEVOLCA. En su artículo no se limitaba a presentar las conclusiones de un trabajo dirigido por el Profesor de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Upssala (Suecia), V. Troll, también descalificaba personalmente y como científico al catedrático de la UB, el doctor Gimeno y a los autores del informe elaborado por el CSIC: “¿De dónde, pues, la interpretación de los científicos de la Universidad de Barcelona y el CSIC? Podría darse en un error de principiantes utilizar un sistema de clasificación de rocas volcánicas para un material que es de origen sedimentario. Según el autor del artículo el problema radica en un vetusto y anticuado sistema de selección, lastrado por las tradiciones católicas.

El artículo de Juan Carlos Carracedo concluía descalificando a todos los autores que no coinciden con su opinión: “En un libro reciente se define el ”efecto piloto“, que considera que, al igual que a los pilotos de aviación, se debería exigir diez mil horas de vuelo/experiencia al seleccionar a los encargados de realizar funciones específicas. Tal vez así no haríamos tantas veces el ridículo internacional y no se partirían de risa al observar el papelón que con frecuencia hacemos, sea con ”bichitos que se caen al suelo y se matan“, el ”Prestige“, los ”brotes verdes“ o las bombas volcánicas explosivas de El Hierro, en realidad tranquilas ”restingolitas“ sin carga explosiva.”. Sin embargo esta rotundidad desaparece en los estudios en los que ha participado, allí no hay certezas como las de su artículo periodístico y se queda en una propuesta de explicación que no tiene los datos suficiente para ser confirmada: “En consecuencia, el origen de las ”restingolitas“ es un apasionante debate petrológico aún abierto, donde estudios más precisos (p. ej., isótopos discriminadores, inclusiones fluidas y vítreas, etc.) podrán precisar con mayor exactitud su génesis.” ( F.J. Perez-Torrado1, J.C. Carracedo1, A. Rodriguez-Gonzalez1, V. Soler2, V.R. Troll3, S. Wiesmaier4 La erupción submarina de La Restinga en la isla de El Hierro, Canarias: Octubre 2011-Marzo 2012 Estudios Geológicos, 68 (1) enero-junio 2012, 5-27)

Con tantos laboratorios analizando las restingolitas, solo era cuestión de tiempo que los datos permitieran avalar una de las teorías propuestas. Hasta el momento lo único seguro, pues en ello había unanimidad, es que su riqueza en sílice la incluía entre las riolitas alcalinas. Sin embargo, las interpretaciones continuaron, algunas tan curiosas como la expuesta por el profesor de investigación del CSIC, Ramón Ortiz, (asesor científico del IGN y que en ocasiones actúo como portavoz del Comité Científico del PEVOLCA durante la erupción de El Hierro) ) en una conferencia impartida en la Universidad Autónoma de México el pasado mes de marzo de 2012. Según este científico, la parte blanca son sedimentos recientes entre los que se encuentran las botellas de coca cola o las zapatillas arrojadas por lo buceadores. Esa no fue la única novedad que aportó, también dijo que en el Museo Nacional de Ciencias Naturales tenían una restingolita de la época de Alfonso X El Sabio. Pero, si sus conocimientos en petrología son equiparables a los que tiene sobre la historia y la geografía del Hierro, no se puede dar credibilidad a sus opiniones, ni aceptar sus generalizadas descalificaciones a personas e instituciones. Una conferencia que produce vergüenza ajena.

Como era de esperar, la publicación de todos los análisis ha zanjado la polémica. Los datos obtenidos indican lo que ya se sabía, la parte blanca es una riolita y se confirma su origen magmático. En el VIII Congreso Geológico de España (Oviedo, 17-19 julio 2012) el Catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Barcelona, Dr. Gimeno, presentó una comunicación con el revelador título “Negro sobre blanco: restingolita y el papel de la Petrología en la gestión de una crisis volcánica.” El autor deja claro que, pese a la campaña de descrédito, los nuevos datos aportados por el IGN avalan su primer análisis y demuestran la importancia de este tipo de trabajos en el estudio y seguimiento de una erupción volcánica. En su exposición señala hechos y datos, no hay descalificaciones personales, ni pone en entredicho los conocimientos científicos de quienes discrepan. La ciencia no entiende de dogmas ni acepta los argumentos de autoridad, desgraciadamente no se puede decir lo mismo de algunos científicos.

*Geógrafo

Eustaquio Villalba Moreno*

Ser reconocido como culto oficial podía generar dividendos en forma de bien remuneradas conferencias, organización de “jornadas”, subvenciones a empresas “culturales”, asesores, septenios, exposiciones, observatorios, publicaciones... Bastaba con hacer el juego a los políticos, con servir de altavoces publicitarios a su gestión y a la de su partido. Es lo que la “cultura popular” denomina política del pesebre porque es allí donde se puede mamar leche de los presupuestos públicos.

Mientras la vaca daba abundante leche había para “todos”, aunque el reparto no era igualitario -a unos pocos siempre le tocaba más- no había conflictividad. El problema ha surgido cuando ha empezado secarse las ubres de los presupuestos públicos y hay que repartirse la escasez. Los “cultos oficiales” y, sobre todo, los empresarios del sector han salido en tromba a defender la importancia de la cultura y, por supuesto, piden que no les afecte los recortes presupuestarios ya que sus empresas dependen de las subvenciones y sin ellas no pueden desarrollar su “impagable” labor cultural. Es verdad que no todas las empresas culturales responden a este estereotipo, pero las pocas que si lo hacen suelen ser las beneficiarias de las más suculentas inversiones. Dos conocidos negociantes de la cultura han encabezado en Tenerife las protestas: el empresario Leopoldo Mansito y el periodista-empresario Martín Rivero, antiguos socios de la desaparecida empresa Guaguas Producciones, la organizadora del macro concierto Son Latinos. En su momento este festival de la canción fue presentado como un modelo de acto cultural, hasta que su evidente ilegalidad puso fin a la mascarada cultural del festival de la playa de Las Vistas.

Basta comparar el dinero público destinados a asociaciones culturales sin ánimo de lucro, escuelas de teatro, iniciativas culturales vecinales o proyectos empresariales que necesitan ayuda para empezar a funcionar y compararlo con el que reciben estas empresas especializadas en organizar festivales y conciertos masivos amparándose en las cultura. Si el sistema funciona en todos estos casos como lo hizo durante los años de celebración del Son Latinos, se puede concluir que se basa en un esquema muy simple: el erario público paga los gastos mientras que los beneficios van a parar a la cuenta de resultados de la empresa. Aquí no hay riesgo, es un negocio que nunca sale mal.

Lo ocurrido con el clausurado concierto San Latinos es el paradigma de la forma de actuar de estos “empresarios culturales”. Lo primero que llama la atención es la absoluta falta de transparencia en su gestión del dinero del contribuyente, jamás hicieron público el balance económico. Utilizaban ilegalmente ella playa, los servicios de limpieza municipales, tachaban de incultos a quienes denunciábamos esta situación y justificaban con argumentos “culturales” las transgresiones a la ley. Es más no dudaron en utilizar sus influencias en los medios de comunicación para denigrar a los críticos, sin tan siquiera darles la posibilidad de réplica. Fue escandaloso el comportamiento de algunos medios de comunicación como la Cadena SER, donde el hermano de uno de estos empresario utilizaba sus micrófonos para descalificar a los denunciantes del festival, tacharlos de incultos y otros epítetos más gruesos. Y para colmo, esta emisora no permitió a los perjudicados contestar y rebatir los infundios que casi diariamente nos dedicaba algunos contertulios de Radio Club. Y, como todo esto les pareció poco, presentaron una querella contra ATAN y su portavoz por difamación y calumnias que, por supuesto, fue desestimada por los jueces. En el libro editado por ATAN “Conciertos en playas y el caso Son Latinos” está este “conflicto” recogido y nadie se ha atrevido a salir públicamente a rebatir las versión de los hechos reflejadas en sus páginas.

El término cultura resulta poco preciso por abarcar una realidad tan diversa, pero lo que si resulta claro que la mezcla de dinero público con empresas “culturales” resulta a veces poco transparente, éticamente reprobable y, en el mejor de los casos, sus resultados culturales son más que discutibles. Algunos son tan disparatados como los informes del Observatorio Canario del Paisaje. Un organismo que nadie sabe para que sirve y que sigue financiando la Viceconsejería de Cultura con un presupuesto 30 veces superior al que maneja ATAN. Pero en nuestro caso el dinero procede de la cuota de los socios, no tenemos, ni queremos, subvenciones.

Santa Cruz, su arruinado ayuntamiento promociona y financia un macroconcierto que según dicen tiene un presupuesto de 5 millones de euros y los empresarios de siempre. Así nos va, millones para los macro-conciertos y unas migajas para la ciencia y las asociaciones culturales.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

El debate sobre el concepto de paisaje es tan antiguo como la Geografía, no en vano es el objeto de su análisis, y la bibliografía sobre el tema es enorme. Sin embargo, no encontré ni una sola referencia a lo que otros han hecho, como su hubiesen sido ellos los descubridores del paisaje. Para comprobarlo, basta leerse el manifiesto que acaban de dar a conocer con tan pomposo título. Lo primero que llama la atención es lo farragoso de su redacción más parecido a una jerigonza que a la propia de un documento científico-tecnico. En el punto uno, donde el lector espera que le delimiten y expliquen, lo que entienden por paisaje estos autonombrados expertos, podemos leer: “ El paisaje no es la naturaleza, sino una ”mirada“ activa e intencionada que evite la visión superficial, y por ello vacía y hueca, de la naturaleza, que enturbia el verdadero sentido de la percepción obviando relaciones fundamentales (biológicas, emocionales... ecosistémicas)”.

Esta definición es un puro disparate conceptual, carece de rigor científico y no sirve absolutamente para nada, pura palabrería. Para confirmarlo está el resto del documento con frases como esta: “El arte, a través de su necesidad de imitación y representación, nos ha enseñado a mirar y valorar los escenarios de la naturaleza, contribuyendo decisivamente, por medio de la pintura, la poesía, la jardinería? a configurar el concepto de paisaje”. El entusiasmo de los redactores llega a tal punto que en el octavo punto dicen: “El paisaje está constituido por formas vivientes y, por lo tanto, cambiantes, como la vegetación o los mismos agentes atmosféricos y climáticos.” El cambio en la naturaleza. Obviamente, afecta tanto a los seres vivos como a los inanimados (hecho que queda bien claro en una región volcánica). Y, por otro lado ¿qué quieren decir cuando separan a los agentes atmosféricos del clima? ¿Para esto tenemos que sufragar un Observatorio del Paisaje en Canarias?

Estos días está de actualidad el recorte de los presupuestos dedicados a la cultura y el clamor que ha levantado la drástica medida. No se si afecta a este Observatorio pero si hay que elegir entre subvencionar escuelas de música, bibliotecas, asociaciones culturales sin ánimo de lucro... o dedicar el dinero público a entelequias como ésta, tengo claro cual sería la elección lógica.

Eustaquio Villalba Moreno

Cuando se descubrieron ejemplares de un escarabajo endémico catalogado en peligro de extinción, dijeron que el catálogo estaba equivocado y que esta especie no debía tener ese grado de protección y, por tanto, no era motivo para paralizar la construcción del puerto. Todo parecía resuelto, pero estos escarabajos no eran las únicas especies en peligro de extinción que se encuentran en el área afectada y no era cuestión volver a modificar el Catálogo para empezar las obras en el litoral. Dicho y hecho, las obras han comenzado con la bendición de los populares, los socialista y los nacionalistas de CC.

El día 11 de abril del 2011 ATAN presentó a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (¡vaya nombrecito!) un escrito que concluía así: “Por todo ello y sin perjuicio del ejercicio de cuantas acciones legales se estimen oportunas, por medio del presente escrito y con invocación expresa de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, viene a interesar de esa Dirección General se notifique a esta asociación acerca de los argumentos científicos utilizados para la no inclusión, en el LESPE y el CEEA, de las especies propuestas por esta asociación, solicitando, asimismo, copia de los informes técnicos, jurídicos y científicos utilizados para tal determinación, así como del acta de la reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestres, de 1 de junio de 2010, con la cual se dio por finalizado el proceso de consultas llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, a las Comunidades Autónomas para la elaboración de un nuevo Real Decreto de Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA); así como copia del acta, acuerdo o resolución e informes que lo justifiquen, por el cual se aprueba definitivamente el proyecto de Real Decreto de referencia.”

Por supuesto, la Dirección General de tan largo nombre no se ha dignado en contestar. ATAN ha tenido que recurrir a los Tribunales y, en estos momentos, está en la Audiencia Nacional. Esperemos que los tribunales, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, obliguen a los socialistas del Ministerio a facilitar (como obliga la ley que ellos tanto utilizan en los discursos) la información requerida.

ATAN, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eco-océanos y Green Peace han presentado una denuncia penal por el inicio de las obras. Como dicen en su denuncia a la fiscalía de Medio Ambiente, se han cometido “hasta ocho hechos delictivos relacionados con acciones acometidas a fin de sortear obstáculos legales y ambientales para realizar el puerto de Granadilla. Tras la exposición de todos estos motivos, solicitan la adopción de medidas cautelares dados los efectos irreversibles que esta obra ilegal podrían causar al medio ambiente.” No cabe duda, la transparencia no es lo que caracteriza a estos partidos políticos, los hechos lo certifican.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

Ignacio González ha invertido mucho dinero en este partido-empresa para convencer a los electores. Lo primero que hizo fue incorporar a su consejo de administración o como se llame su máximo órgano dirigente, a personajes que tuvieran algún tipo de relevancia social, “gente conocida”. Expolíticos, dirigentes vecinales o cualquier otro rostro medianamente popular, son los elegidos para “mandar” en el partido-empresa que tiene un accionista único. Uno de sus contratos estrellas ejemplifica muy bien lo que se puede denominar “Síndrome Wladimirus britus” el correspondiente a Pedro Medina, actualmente consejero del Cabildo de La Gomera, antiguo militante del MAPIAC y dirigente ecologista. Pero su curriculum palidece si se compara con el del flamante viceconsejero del Gobierno. Éste pasó del comunismo que apoyaba a los de Batasuna en Canarias, a consejero por los “nacionalistas de izquierda” de José Carlos Mauricio y desde allí dio el salto más espectacular: Secretario General de los socialistas tinerfeños y consejero del Cabildo. Posteriormente sería presentado por el dueño del partido como como uno de los grandes fichaje del CCN.

Una muestra evidente de los síntomas del síndrome “Wladimirus britus” fue su intervención en Radio El Día al contestar a un oyente que le reprodujo en las redes sociales el programa electoral de ese partido en las elecciones del año 2007. Ante la evidencia del carácter xonófobo y racista, propio de la extrema derecha cristiana del programa electoral de su partido, este señor dijo que era el clásico intento de desprestigiar a la clase política y que eso iba en el sueldo. Cuando le explicaron al flamante cargo que esta palabra no era un insulto, dio las gracias al oyente por felicitarlo. Negó públicamente! conocer esta parte del programa electoral. De todas maneras, dijo, eran otros tiempos, cuando el archipiélago estaba sometido a la “invasión” de pateras. Como le dijo el periodista: tienes los principios de Gruxo Marx.

Es verdad que este profesional de la política, como su partido, carece de escrúpulos ideológicos y lo mismo denuncian la corrupción en La Gomera de los socialistas, que tapan la información e insultan a los que denunciamos los graves casos judiciales en los que están implicados la familia propietaria del partido-empresa CNN. Pero eso no es, desgraciadamente, algo que se tenga en cuenta en la política canaria, por el contrario es el poder, y sus prebendas asociadas, lo que mueve esta constelación de políticos que padecemos.

El cargo de Melchor Núñez le tocó en reparto de gobierno entre CC y el PSOE, y quedó bajo la dependencia de una consejería de CC. Ya conocemos las ideas del CCN sobre el fenómeno de la inmigración, las suscribiría cualquier grupo de extrema derecha europea ¿pero que dice el programa del partido con el que fue coaligado a las elecciones? Pues poca cosa: cuando se habla de empleo insiste en dar prioridad a los residentes (Medidas 26 y 27) y la 150 dice que hay que controlar el incremento del población como el experimentado por el archipiélago en las últimas décadas. Evidentemente, como el incremento no es atribuible al tasa de natalidad, se refieren, sin nombrarla a la inmigración.

En el apartado dedicado a África no dice sino generalidades y buenos deseos pero ni una sola referencia a la situación y los derechos de las personas procedentes de este continente residentes en las islas. El caso más llamativo lo encontramos en su referencia a América, en este apartado solo se habla de los derechos de los emigrantes isleños y reivindican que tengan el mismo derecho al voto que los residentes en Canarias. Todos sabemos las razones de tanto interés, es un voto comprable y puede decidir quién será el alcalde o el presidente del cabildo de un pueblo y de una isla que no han visto en su vida pero según esta propuesta pueden votar porque han heredado la nacionalidad española. Tampoco hace referencia a los derechos de los ciudadanos procedentes de América. Con éste programa no cabe duda que Coalición Canaria ha elegido bien y, por supuesto, cuenta con la bendición del PSOE, pues la trayectoria del nuevo cargo ejemplifica perfectamente la deriva que ha tomado la Política en Canarias. No hay ideología, solo interesa lo que permite llegar al poder y, en consecuencia, el populismo, la corrupción y el más rancio caciquismo se han apoderado de estos partidos. Por esa razón eligen a una persona con la trayectoria política de Melchor Núñez y a un partido de extrema derecha para compartir las labores del Gobierno de Canarias e imponer sus ideas extremistas en todo lo relacionado con la inmigración.

Eustaquio Villalba Moreno

Casimiro nunca ha trabajado, siempre ha vivido de la política. Es de suponer que sus múltiples cargos en escenarios tan alejados entre si como San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de Tenerife y Madrid, lo tenga ocupado en viajes, reuniones, mariscadas, salones de relax, y le deje muy poco tiempo para gobernar en la institución en la que es responsable. Esta situación, políticamente impresentable, está amparada por el partido socialista canario al igual que sus comportamientos antidemocráticos, el despilfarro del dinero público en obras ilegales o sus imputaciones por corrupción. Por eso los dirigentes socialistas canarios guardan silencio, esta vez les resulta imposible hacer compatible el discurso ideológico con los hechos, sus soflamas defendiendo los valores progresistas, con con sus comportamientos caciquiles.

No es casualidad que Casimiro coincidiera con Jerónimo Saavedra en la batalla para eliminar del partido socialista el sector regeneracionista, el que era consciente de la necesidad de recuperar la ideología y los valores socialistas. Es la alianza entre el elitismo cultural burgués y el populismo de las verbenas y romerías para mantenerse en el poder y disfrutar de las prebendas inherentes a los cargos. Tampoco es casualidad que el señor Saavedra haya sido el único que ha salido en su defensa. Les une su afán de perpetuarse sentados en las poltronas, para ellos no existe la jubilación, se creen imprescindibles.

Casimiro es un político con mucho poder, basta leer y oír como muchos periodistas y comentaristas reducen el hecho a a la vida privada del personaje. Lo dejan en a una anécdota de su vida privada y no caen en la cuenta que es una clara expresión del tipo de personajes que se han hecho con la marca electoral del PSOE. Un control que le ha permitido convertirse en una nueva versión del cacique tradicional, en el nuevo señor de la Isla. No es un caso único entre los socialistas, por el contrario abundan los alcaldes socialistas que se comportan (y duran) como Casimiro, utilizan los mismos métodos y, por supuesto,con idénticos resultados. Algunos tan llamativos como los obtenidos por los socialistas con la urbanización Radazul en el municipio de el Rosario donde gobierna el eterno e imputado alcalde Macario Benítez.

El problema no es la trifulca de borrachos nuevos ricos que protagonizaron en Madrid Casimiro y su hijo, es el hecho absurdo que personas de esta catadura moral y política sean quienes dominen un partido que se define de izquierda, democrático y con 100 años de honradez proclamada. Lo esperpéntico de la situación lo ha puesto Casimiro en Madrid. No ha hablado nunca (solo para jurar el cargo) en el Senado, para él solo ha sido lugar idóneo para el tráfico de influencias, aunque emplee el eufemismo muy propio de caciques de conseguidor de fondos para La Gomera. Y, por supuesto, él mismo se encarga de repartir para afianzar su red clientelar.

Resulta llamativo algunos tratan de justificar a Casimiro por sus éxitos electorales con argumentos referidos a la proverbial inteligencia de los gomeros (Hasta el más tonto arregla un reloj) y saben a quién votan, y al mismo tiempo se asombran que se reelijan con mayorías absolutas a políticos implicados en casos de corrupción. Olvidan un pequeño detalle, los ciudadanos no elegimos a los políticos, votamos por las listas que proponen los partidos, tenemos que elegir a quienes ellos quieren, ese es su gran poder. Un pequeño grupo, los que controlan los partidos, son los que deciden quienes salen en las fotos, quienes ocuparán los cargos de senador o diputado y, a través ellos controlan los otros poderes del estado. Por eso, cuando no se ponen de acuerdo, estas instituciones ni tan siquiera se pueden renovar como ocurre con el Tribunal Supremo o con el Diputado del Común en Canarias. Este nudo gordiano no se puede deshacer hasta que la sociedad no obligue a cambiar el modelo en el que los ciudadanos estamos condenados a optar entre opciones arropadas bajo las marcas de los distintos partidos pero no podemos votar a los que queremos ni castigar a los que no cumplen los que prometen, a los que ponen sus intereses personales por encima de los públicos y utilizan los cargos para enriquecerse Los mismos que defienden y practican los recortes salariales a sus funcionarios y predican moderación en los gastos, les sobra el dinero para gastarlo en mariscadas y salones de sauna. Es lo que hay.

Eustaquio Villalba Moreno

Con motivo del cuarenta aniversario de ATAN se ha hecho una exposición que trata de reflejar las actividades de la asociación en estas cuatro décadas y, en uno de los paneles, figura la lucha que llevó a cabo ATAN para erradicar estos soportes publicitarios de las carreteras de la Tenerife. A comienzos de los años noventa las autopistas de la isla estaban llenas de vallas publicitarias, sus llamativos colores destacaban sobre los amarillo y ocres que predominan en el sur, mientras que en la curva del Sauzal, en el norte de la isla, la exuberante vegetación apenas se veía entre las abundantes vallas. Anta la flagrante ilegalidad, ATAN denunció estos visibles cuerpos del delito. No se tomaron medidas. (con una notable excepción, Paulino Rivero, entonces alcalde del Sauzal, retiró las que habían en su municipio). Sí se pusieron dos denuncias en los juzgados de Güímar y Granadilla por los empresario de publicidad contra el portavoz de ATAN por los daños sufridos (una mañana amanecieron emborronadas) por la que tuve que ir a declarar sin que hasta la fecha haya recibido más noticias. La pasividad de las autoridades e instituciones fue total, afortunadamente una noche, y por razones todavía inexplicadas, más de 60 vallas situadas en la autopista del sur perdieron sus paneles y solo quedaron sus estructuras metálicas rompiendo la línea del paisaje divisado desde la carretera. Veinte años más tarde seguimos en lo mismo, gastando el dinero del contribuyente en promociones turísticas disparatadas que tratan de vender las singularidades canarias en el mercado turístico y, al mismo tiempo, incumpliendo las leyes y deteriorando aún más nuestro escaso territorio.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

En rueda de prensa sobre el proyecto Son de Arona, el alcalde se quejó ayer de que en la Península (citó Cádiz, La Coruña y Alicante) “se celebran este tipo de actos, y no podemos permitir que Costas nos discrimine”, pues “hay que poner en valor nuestras playas, con una oferta complementaria para el turismo”.

Reverón reconoció que para ello hay que “usar la costa con racionalidad y tomar medidas correctoras para que una playa quede en perfecto estado después de un evento”, al tiempo que sostuvo que “no debemos olvidar tampoco que playas como la de Las Vistas no son naturales, sino artificiales”. En la misma línea, el edil de Cultura, Miguel Ángel Méndez, dijo que estaría “encantado de retomar las actuaciones musicales en la playa”.

ATAN denunció en la Demarcación de Costas el proyecto de reeditar el Son Latino. Como nada ha cambiado desde su última edición y ningún dato nuevo que trate de justificar lo injustificable, aportamos los mismos razonamientos para avalar jurídicamente nuestra postura. Lo más curioso es que la solicitud está firmada, no por los empresarios promotores, sino por cargos relevantes de Coalición Canaria: El presidente del partido y Viceconcejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias Javier González Ortíz, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y candidato a la alcaldía de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y el actual alcalde Arona, José Alberto Reverón. Lo primero que llama la atención es ver a responsables públicos de las tres administraciones olvidando lo establecido en la normativa -y en las sentencias de los tribunales- vuelvan a solicitar permiso para una manifiesta ilegalidad. Lo segundo es que actúen, no en aras del interés general, sino en beneficio de unos empresarios que montan este negocio con dinero público. Y, estas mismas instituciones, niegan al mismo tiempo subvenciones para la cultura o la conservación del medio ambiente. Y, en tercer lugar, asombra que vuelvan a proponer lo mismo, que sean los mismos personajes, para recibir la misma respuesta: celebrar este tipo de actos en las playas no está permitido por la legislación vigente.

Para que no falte nadie en este remake, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, dice, en un escrito que acompaña a la solicitud, que el Área de Medio Ambiente ha informado favorablemente. Afirma Wladimiro Rodríguez (no los técnicos) en su escrito dirigido a Tenerife Sur de Música S. L. (empresa que sustituye, con los mismos personajes, a Guaguas Producciones en la promoción de este tipo de conciertos) que, “analizada la documentación aportada por el promotor el impacto ambiental producido tendría carácter puntual, reversible y que admite medidas correctoras; que no existen razones de interés público que justifiquen la denegación; que se contará con todas las garantías medioambientales y económicas, que se estará en contacto con organizaciones ecologistas (?) y que se ofrecerá un amplia programación cultural.” Pero Costas tiene en cuenta en su resolución denegatoria que ese mismo informe ya fue presentado en la etapa anterior y fue desestimado por los tribunales. En este caso son los mismos perros con los mismos collares.

Han recurrido a todo, desde querellas por calumnias, a las presiones políticas (también llamadas tráfico de influencias) y a las descalificaciones personales, nada les ha importado para conseguir este negocio para sus afines, ni tan siquiera el respeto a la ley ni a quienes dedicamos nuestro tiempo a defender nuestro patrimonio natural.

En ATAN hemos celebrado la noticia, la lucha ha valido la pena. Es un premio a todos los que defendemos la naturaleza utilizando las vías que marcan nuestro ordenamiento legal, un disgusto para lo que tratan de favorecer intereses privados en perjuicio de la mayoría.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

El escrito tuvo un efecto inmediato, y no porque accedieran a nuestra solicitud, lo normal es que las administraciones se nieguen a facilitar información a pesar de establecido en la ley. No fue esa la reacción de los responsables, se limitaron a poner en su página web: “Blue Trail modifica, por razones de seguridad, (?) el recorrido de tres pruebas”. No hay más aclaración, nada dicen de la ilegalidad palmaria del los trayectos propuestos. Tampoco explican como hacen compatible los objetivos estas pruebas con el respeto a las normas, entre ellas la obligación de hacer previamente un informe de impacto ambiental al afectar a espacios protegidos y, además, estar financiada con dinero público. Supongo que, si lo hubiesen hecho, se habrían dado cuenta que las normas que rigen estos espacios protegidos prohíben taxativamente este tipo de actividades. Los responsables del Área de Medio Ambiente del Cabildo, están obligados a cumplir y hacer cumplir la legalidad, no pueden alegar que desconocían las normas básicas que rigen los espacios protegidos, es su trabajo.

Afortunadamente para el medio ambiente de la Isla, parece que el consejero no seguirá al frente de ese departamento, lo que abre la posibilidad de un cambio. Por lo menos esperamos que el nuevo actúe, como mínimo, según el principio de legalidad. El actual ha destacado más por su defensa del sector agrario, que por su dedicación al medio ambiente. Incluso ha cuestionado en numerosas ocasiones la aplicación las leyes y normativas que protegen el territorio su fauna y su flora.

Esperamos el nuevo responsable respete el derecho a la información pública y, sobre todo, que no mienta tan descaradamente, como se hace por parte de la consejería en la página web de Blue Trail. ¿Cuáles son los problemas de seguridad en los tramos que coincidían con espacios en los que está prohibida este tipo de pruebas? ¿Cómo los detectaron? ¿Dónde están los informes técnicos? Nos toman por tontos, el cambio lo han hecho al enterarse por el escrito de ATAN de la ilegalidad del proyecto o por el temor a que lo denunciemos en en los tribunales por incumplir la ley, no por motivos de seguridad.

Desgraciadamente, lo que ocurre en el área de Medio Ambiente no es cinismo, es pura ignorancia, es desconocimiento de los más elementales principios democráticos.

Eustaquio Villalba Moreno

Al día siguiente, el El Día dedicaba una página completa al acontecimiento, y no era para menos, ya que la nueva asociación nacía bien arropada: “Entre los asistentes se hallaba el ingeniero jefe del Patrimonio Forestal del Estado, una amplia representación del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; alcalde de Candelaria; concejales de Tacoronte así como de otras localidades isleñas. Asistieron también el presidente y secretario de la Asociación para la defensa de la naturaleza, de Las Palmas, el señor García Correa y el secretario de la misma el señor Cardona. También asistieron profesores y alumnos de la Sección de Biológicas de la Universidad de La Laguna y representantes del Grupo Montañero, Boy Scours, Club de Leones del Puerto de La Cruz, Centro de Iniciativas y Turismo de dicha localidad, así como numerosos público en el que figuraban muchos extranjeros residentes en Tenerife.”

La sesión fue abierta, continuaba la crónica, por el periodista Gilberto Alemán. De él decía “que había sido el verdadero campeón de la defensa de nuestras bellezas naturales, cuyas campañas a través de El Día han constituido un factor fundamental en la creación de la Asociación.” Y es cierto, la primera asociación ecologista de Tenerife tuvo la suerte de contar con el apoyo entusiasta del periódico más leído en la Isla. Allí, en la sede del periódico, Gilberto Alemán, el nuevo vicepresidente de ATAN, dijo en la presentación: “Hace algunos meses llegaron a la redacción de este periódico dos jóvenes estudiantes que plantearon, con toda seriedad, su enorme preocupación por las enormes matarrasas que se venían realizando en los montes de la isla. Ellos, que querían permanecer en el incógnito, facilitaron los primeros datos sobre un tema que, posteriormente, preocupó a nuestro periódico iniciándose con ello una campaña que culmina hoy con este acto de constitución de la Comisión organizadora de la Asociación Tinerfeña de Defensa de la Naturaleza.” Concluyó su intervención con estas palabras: “Yo les doy la bienvenida en nombre de la empresa de El Día y del director del periódico, Ernesto Salcedo y espero que todos podamos entregarnos un poco al trabajo que nos espera a partir de este momento.”

La noticia estaba acompañada de las fotos y de las intervenciones de algunas de las personalidades asistentes, como la del entonces estudiante de biología Carlos Silva, elegido secretario de la nueva asociación, Checho Bacallado, Wolfredo Wilpret (primer presidente de la asociación), la profesora Cristina Roldán o el escritor y entomólogo Rafael Arozarena. Éste fue muy aplaudido, según el periodista, cuando dijo: “que venía a poner el dedo en la llaga de lo que ocurre con la naturaleza de Tenerife y, desde luego, lo puso, hablando claro y bien de muchos aspectos referentes a repoblaciones de plantas no autóctonas, a la suelta de muflones en Las Cañadas, con el peligro de que extingan la flora de la zona, a la existencia del teleférico del Teide, etc. etc.”

En un recuadro, aparece una amplia entrevista a Luis Cristobal García Correa, Presidente de ASCAN. Las frases entresacadas por el periodista han servido de guía a nuestra asociación: “En Tenerife, como en Las Palmas, existen aspiraciones comunes”. “Nuestro objetivo es sensibilizar a las gentes en la necesidad de defender la naturaleza”. “Debéis buscar hombres, no nombres”. “La regionalización permitiría mayores logros”.

Cumplimos cuarenta años persiguiendo los mismos objetivos. ATAN sigue siendo rabiosamente apartidista y defensora del estado de derecho, pues es el que nos da los instrumentos democráticos para intervenir en la vida pública. Pero, lo que ha hecho posible alcanzar esta edad, a pesar de contar con un presupuesto muy pequeño -y nutrido casi exclusivamente por las cuotas de los socios- ha sido el trabajo voluntario y desinteresado de muchos compañeros que a lo largo de estos cuarenta años le han dedicado a la Asociación su tiempo y su dinero.

Atan ha tenido muchos logros, ha sufrido situaciones muy dolorosas, altibajos en su funcionamiento, pero nunca ha dejado de estar presente en la sociedad. Tal es así, que es imposible escribir la historia de Canarias en los últimos cuarenta años obviando el papel que ha jugado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Para comprobarlo basta con repasar las hemerotecas.

* Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*

Ésta era (es) su cara progresista, la que vertía esos encendidos discursos llenos de términos como aguamangantes, latifundistas, caciques y de especuladores que querían “jonkonizar” Canarias. Pero, al poco tiempo mostró su otra cara, la que le convierte en un ser bifronte, en un nuevo Jano. A diferencia de su criticado compañero de coalición, el cambio ideológico, el que implica pasar de Secretario General de los comunistas tinerfeños a consejero del cabildo con Coalición Canaria, no vino acompañado de un cambio en el discurso, no hay ninguna declaración de Wladimiro expresando su admiración por el banquero de moda. Continua con los mismos tópicos sin importarle la evidente contradicción con los hechos: Coalición Canaria, y también él, llevan muchos trienios en el poder y son los responsables de lo que denuncia en sus soflamas.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo es un prolífico articulista y, cabría suponer que la mayoría de sus colaboraciones periodística en el periódico El Día (portavoz del más cutre independentismo tinerfeño) tienen como objetivo explicar a los ciudadanos lo que hace su Consejería en pro de la conservación del patrimonio natural de la isla. Nada más lejos de la realidad, la mayoría de sus colaboraciones en prensa se refieren a temas agrícolas y, desgraciadamente para la naturaleza, lo hace desde una óptica en la que poco tienen que ver las políticas conservacionistas, y mucho con una visión trasnochada de la agricultura canaria derivada de su admiración de la sociedad isleña de su niñez. Por eso resulta compresible, pero no justificable, que su ardorosa defensa de una sociedad agraria inexistente, haya sido compatible con propuestas como celebrar una etapa de la carrera de 4x4 en el Parque Nacional del Teide, oponerse a la continuidad del teleférico y figurar en su consejo de administración, manifestarse en contra del tendido de alta tensión que afectaba al bosque de Vilaflor y votar en el Cabildo a su favor, apoyar la construcción de un hotel de cinco estrellas en Las Cañadas o avalar, en contra de la opinión de sus técnicos y de su evidente ilegalidad, la celebración en la playa de Las Vistas del festival de música Son Latino. No cabe duda de que son méritos suficientes para figurar en el Olimpo de la política canario como su dios bifronte, pero el problema de tener dos caras es que no queda espacio para el cerebro.

Entre los pocos artículos dedicados al medio ambiente del responsable de la Consejería del Cabildo, destacan los dedicados a criticar las leyes que protegen el territorio y los ecosistemas asociados, pero resulta llamativo que eluda sistemáticamente los graves problemas ambientales que sufre la isla. Es verdad que en algunas veces, pocas, las palabras de Wladimiro coinciden con los hechos. Es el caso de su proyecto de un puente en el Barranco del Río declarado ilegal por no cumplir las normas que protegen los espacios naturales. Esta “coherencia” del consejero nos costó a los contribuyentes un montón de dinero en su construcción,desmontaje y recuperación de los espacios afectados.

Sus manifestaciones en contra de cumplimiento de las leyes (las que su partido ha aprobado) son recurrentes en sus artículos. Como muestra estas frases: “Mientras, aquí, nuestros vigilantes ambientales continúan aplicando unas leyes hechas desde los despachos urbanos por ignorantes del campo y de la sabiduría popular que protegían todo excepto a los agricultores y ganaderos, el campo y la naturaleza como lugar de contemplación y estudio, olvidando que en el siglo XXI el agua y los alimentos son temas claves para todo el planeta. [...] Son leyes hechas en Canarias en unos despachos de la administración, cargados de burócratas y ordenadores que no han tenido voluntad para hablar ni entender la cultura del medio rural y, sobre todo, el trabajo, el esfuerzo y la sabiduría popular que esconde cada barranco, chapa o morra” (El día, 3-10-2010) “De tal manera que tenemos sobre la piel de la isla más de 20 categorías de protección de espacios y suelos, mientras la especie campesina no aparece protegida en ninguna ley”. (El Día 31-10-2010).

Aunque parezca increíble, este señor ocupa el bien remunerado cargo de Consejero de Medio Ambiente desde hace muchos años, pero es un hecho que olvida cuando habla y cuando escribe. Alguien debería explicarle lo que significa el estado de derecho en una sociedad democrática y cual es su responsabilidad en la conservación del patrimonio natural de Tenerife.

Eustaquio Villalba Moreno

Si un canario se preguntara cómo sería un gobierno presidido por los socialistas no tendría más que mirar a La Gomera. Prácticamente el PSOE ha controlado la isla desde que sustituyeron a la UCD en el cabildo; es, sin duda, el mejor ejemplo para comprobar si lo que predican tiene algo que ver con lo que hacen. Basta repasar las hemerotecas digitales para ver una enorme cantidad de artículos

(la mayoría firmados por el pluriempleado presidente del cabildo) en los que se sostiene el discurso oficial: defensa del patrimonio natural, transparencia, diálogo con la sociedad, fomento y práctica de los usos y normas democráticas, respeto por el estado de derecho, etcétera, etcétera y por otra podemos leer como han actuado en casos como el de la embotelladora de Taguluche, las plantas de áridos en Santiago, la carretera de Arure, el tratamiento de residuos, los encauzamiento de barrancos, la cochinera de Arure o los vertidos en su red de saneamiento, etcétera, etcétera. Los hechos demuestran que los socialistas gomeros gobiernan con la mentira, el oscurantismo y el clientelismo como normas de comportamiento y, como objetivos ideológicos reales, solo les interesa mantenerse y beneficiarse del poder.

Hace dos años se denunció a todos los organismos responsables de unos hechos gravísimos al afectar a la salud de las personas y a la integridad del patrimonio natural gomero: se estaba excavando un pozo filtrante en el barranco de La Azucena para verter los residuos de la red sin ningún tipo de depuración. Se construyó, al parecer, para sustituir al colmatado “depósito” anterior, una la cueva sobre-excavada en el cantil del barranco. La tubería de la red, que no cumplía los requisitos técnicos según el informe, estaba rota en distintos puntos y vertiendo sus nauseabundos contenidos al barranco. La ilegalidad de la obra era tan manifiesta que se paralizó después de una visita del SEPRONA a raíz de las denuncias presentadas. Lo mismo ocurrió con la granja para cochinos negros construida sobre el el Lomo del Carretón -uno de los espacios protegidos más singulares de la isla- y que tenía previsto conectarse a la red de saneamiento de Arure. De ese disparate tan flagrante quedan unas instalaciones abandonadas a las que dicen que van a buscar un nuevo destino, pero no aclaran nada sobre la responsabilidad de tan costoso desatino.

Es su forma de entender la transparencia. Pero en esta ocasión han vuelto a ser la justicia la que ponga las cosas en su sitio pues el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Sebastián de La Gomera abrió, a solicitud de la fiscalía, Diligencia Previas del procedimiento 0000191/2010. El juez ya ha solicitado diversos informes, entre ellos, el de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el día 19 de mayo. El informe fue remido al juzgado el 10 de noviembre y resulta demoledor. Las inspecciones realizadas constatan la existencia de una tubería que pretendía conectar la cochinera con la red saneamiento, aunque al haberse paralizado las obras era evidente que no causaban ningún tipo de contaminación, pero dejan claro que la preocupación por el medio ambiente y la salud de los vecinos no estaba entre los objetivos ni las preocupaciones de sus responsables. También constata el informe que el pozo filtrante excavado no está siendo utilizado, pero en sus conclusiones no deja dudas del grado de incongruencia de los responsables de esta añeja situación y de las “soluciones” que pretendían llevar a cabo : “Por tanto, se deduce que los vertidos de aguas residuales sobre el barranco causan un impacto significativo sobre las condiciones de hábitat dulceacuícola y su flora y fauna asociada, que se desarrolla en el primer tramo del barranco, que se extiende desde la pared de la presa de Santa Azucena, hasta unos 200 o 300 metros cauce abajo, incluyendo los 3 saltos de agua y los 5 charcos o pozas principales, igualmente afectadas, todo ello en Zona de Uso Moderado y Suelo Rústico de Protección Paisajístico del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey. Asimismo se aprecia riesgo de afección por contaminación en los tramos inferiores del barranco donde se desarrollan este tipo de hábitat dulceacuícola; incluyendo el tramo medio y bajo del Barranco de Los Ancones (Arure) por arrastre de las aguas residuales y de los residuos sólidos asociados, durante episodios de aumento de pluviales en el cauce del barranco, en Zona de Uso Moderado, Suelo Rústico de Protección Natural y Área de Sensibilidad Ecológica del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey.”

La Justicia investiga si hay responsables de estos hechos delictivos, ha pedido informes y ha comenzado a citar a responsables de las administraciones, entre ellos al alcalde de Valle Gran Rey, que no pudo acudir a la cita el pasado día 13, aunque sí lo hizo el teniente de alcalde al día siguiente. Esperemos que la Justicia, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, impida estos desaguisados y, por supuesto, depure las responsabilidades a que haya lugar. Mientras tanto, seguimos esperando que los socialistas expliquen y aclaren cual es su cuota de responsabilidad en estos lamentables disparates ambientales.

Así gobiernan los socialistas en La Gomera, esos son los hechos. Y, ¿éste es el modelo que el PSOE aplicaría a toda Canarias si ganaran la elecciones ? En los discursos seguro que no, en ellos dicen lo que no hacen, que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Eustaquio Villalba Moreno

A finales del siglo pasado, solucionar el abastecimiento hidráulico era el objetivo a conseguir y, las opciones estaban claras: si no había agua subterránea, habría que recurrir a las desaladoras lo que implica la construcción de potentes centrales térmicas que utilizan hidrocarburos para abastecerse de energía. Los estudios llevados a cabo por los técnicos, cuyo resumen lo podemos encontrar en libro El agua en El Hierro editado por el cabildo y del que son autores Juan Manuel Navarro y Carlos Soler, demostraron que la isla contaba con agua subterránea suficiente para abastecer a la isla y en consecuencia consideraron que no era necesario construir desaladoras. Amparado en esos estudios técnicos, el gobierno insular decidió adquirir el pozo de Los Padrones, el de mayor caudal de la isla. Se reperforó el pozo y se excavó una galería horizontal que aumentó por cuatro el volumen de agua. Por esta razón fue reconocida esta obra con el premio Agustín de Bethencourt que concede el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. No era mal punto de partida para conseguir la sostenibilidad, pero la primera sorpresa que depara el proyecto herreño es que este hecho no cuenta, no existe, a pesar de las ventajas que aportaría a cualquier planteamiento que pretenda la sostenibilidad en aspectos tan importantes como el agua y la energía.

El Plan Hidrológico (aprobado en el año 2002) estimaba que en el año 2006 la demanda total superaría los 3 millones. La realidad demuestra que la estimación no fue correcta: la demanda actual, según el Consejo Insular de Aguas (CIA), es de unos, 2,4 millones de m3 procedentes mayoritariamente del subsuelo. El Plan calcula, en una estimación a la baja, que solo se aprovecha el 60% de los recursos subterráneos explotables. Es decir, el acuífero insular puede abastecer la demanda actual y futura de la isla con aguas de calidad, menor impacto ambiental y sin necesidad de aumentar el consumo eléctrico. Esa era también la opinión de los autores del Avance del Plan Hidrológico y así se dice el plan vigente: “Este avance era, en síntesis, un estudio que incidía especialmente en la hidrogeología insular ya que, tal como en él se exponía, la solución más segura, más barata y que más respetaba el débil medio insular, era el aumento de producción a partir del agua subterránea.”En el año 2008 el asesor de Recursos Hídricos de El Hierro, Cayo Francisco Armas hacía una declaraciones a la prensa en las que aseguraba “Podemos afirmar que garantizamos el 100% del consumo a la población y al sector primario en todas las zonas utilizadas para los cálculos de consumo que son aquellas en las que existen redes de riego y se trabaja para extender aún más estas redes por toda la isla”.

La lógica conclusión es que el Hierro no necesita otras fuentes de suministro pues, sería invertir en instalaciones industriales que demandan mucha energía para obtener algo que ya nos da la naturaleza. Sin embargo este asesor termina afirmando: “El Cabildo de El Hierro ha apostado por la utilización ”sostenible“ de los recursos hídricos. La isla cuenta en la actualidad con dos desaladoras en funcionamiento, en El Tamaduste y en La Restinga, y este año entrará en funcionamiento otra en el Valle del Golfo. A partir de 2010 se contará con una cuarta, ya que la Central Hidroeólica que se construirá en El Hierro tiene asociada una desaladora. Además, la producción de energía limpia gracias a esta central garantizará en el futuro la extracción de agua desde el acuífero insular sin tener que dependen de fuentes energéticas provenientes del exterior. Por eso, a este proyecto ya hay quien lo llame en El Hierro ”el nuevo Garoé“. Si las comillas que aparecen en la reseña periodística significan que el asesor pone en duda el concepto de sostenibilidad, entonces se entiende el resto, pues la sostenibilidad es incompatible con la construcción de tantas desaladoras. Este tipo de instalaciones industriales son los principales clientes de Unelco-Endesa en Canarias, cuantas más se hagan más ganan. Ellos tienen el monopolio del servicio y, a diferencia de otras islas, en El Hierro también son dueños de la red de distribución eléctrica.

La sostenibilidad no se consigue aumentando el consumo energético, aunque provenga de energías renovables, así solo se consigue aumentar la dependencia. Buscar el equilibrio entre población y recursos es aplicar la ciencia y la tecnología a reducir las necesidades energéticas sin mermar la calidad de vida de la población. Es absurdo dedicarla a producir un bien, el agua, del que ya dispone la isla de manera natural y en cantidad suficiente, tal y como reconoce el CIA del Hierro.

El proyecto de la central hidro-eólica incluye una desaladora para producir el agua necesaria para alimentar el circuito de la central y compensar las pérdidas que se producen en el proceso. Una instalación que lógicamente consumirá energías fósiles. ¿Por qué no se optó por concluir la red que una las distintas vertientes de la isla y abastecer con agua subterránea la central hidroeléctrica? Esta solución haría innecesaria las desaladoras, la energía eólica se emplearía producir electricidad para elevar el agua hasta las cotas altas y distribuirla por gravedad al resto de la isla. Así se resolverían dos problemas sin aumentar la dependencia energética.

Otra solución adicional, y técnicamente viable, es alimentar la central hidroeléctrica con agua salada, se ahorraría el embalse inferior, que tiene una capacidad muy limitada, y permitiría obtener agua desalada mediante una central de ósmosis inversa que utilice, en lugar de derivados del petróleo, la diferencia de presión entre el depósito superior y el nivel del mar. Esta planta desaladora (una idea propuesta desde hace tiempo por el novelista Vázquez Figueroa) podría paliar las posibles irregularidades en el suministro de agua potable de origen subterráneo sin necesidad de aumentar consumo de energía procedente de combustibles fósiles. Además, puede producir electricidad turbinando una parte del caudal acumulado en la balsa superior con la energía eólica sobrante.

Creo que ha sido un error del proyecto no tener en cuenta (paradójicamente) el binomio energía-agua. Al obviar la realidad de las aguas subterráneas de la isla, tienen que recurrir a un aumento exagerado del consumo eléctrico para desalar agua, cuando es la isla no hace falta aumentar la oferta, solo completar la distribución. Como dice el propio CIA de la Isla, las aguas subterráneas pueden asegurar el 100% de la demanda y hacer frente a su posible aumento en los próximos años. Por tanto ¿a quiénes benefician las desaladoras y el consiguiente aumento del consumo eléctrico en El Hierro?

* Geógrafo

Eustaquio Villalba Moreno

El proyecto del túnel entre las Breñas y Los Llanos partía del supuesto de atravesar una zona sin agua subterránea y por tanto con el declive hacia la vertiente occidental para que el agua circulara por gravedad. Afortunadamente, el director de la obra cambió el proyecto inicial y propuso excavar simultáneamente desde las dos vertientes con el declive hacia las respectivas bocaminas. Y, lo que iba a ser un túnel de trasvase, se convirtió en dos galerías con cuantiosos caudales, tanto que hizo imposible continuar la perforación y la hizo económicamente inútil. La explicación hidrológica de este hecho la dio el geólogo José Manuel Navarro, miembro del equipo redactor del Plan Hidrológico de la Isla dirigido por el ingeniero de la Consejería de Obras Públicas, Carlos Soler, el mismo que dirigió, hasta su cese, las obras del trasvase y responsable del cambio hecho en el proyecto. Sin quererlo sus promotores, el inacabado trasvase se transformó en la mejor obra hidráulica de La Palma y ha dejado en evidencia algunas cuestiones. Por ejemplo, aunque la obra no se terminó (se perforaron 5 de los 10 km presupuestados) la empresa cobró, incluyendo las acostumbradas ampliaciones de presupuesto, como si la hubiese hecho totalmente. Esta misma empresa es la que construyó la Laguna de barlovento que se llenó una sola vez en veinte años y se rompió y la misma que colocó una lámina para evitar las fugas del canal Barlovento Fuencaliente y que tres años después de colocada se había degradado desapareciendo en muchos tramos. También resulta llamativo (y desde luego poco presentable) que el representante de esta empresa sea el marido de la gerente del Consejo Insular de Aguas y “perjudicados” los que promovieron la obra, pues lo que llega al Valle no es el caudal de “sus” galerías en el barlovento de la Isla, sino el agua pública procedente del inconcluso trasvase.

Si con la obra del trasvase les sonó la flauta, con la política actual es una posibilidad que no se podrá repetir con las obras programadas en la Isla. Afortunadamente, por fin han abandonado la idea de construir una presa en Dos Aguas y un embalse en La Viña para aprovechamiento de las esporádicas escorrentías del Barranco de Las Angustias. Pero, en su lugar, proponen la construcción de un tomadero que las desvíe a través de un largo túnel hacia la balsa del Vicario. No es una propuesta novedosa, Las Haciendas han construido cuatro, pero el comportamiento torrencial del barranco y la enorme cantidad de acarreos les ha obligado a abandonar tres. Si se tienen en cuenta los costes de presas o embalses en el barranco de Las Angustias, el riesgo de catástrofes aguas abajo, el impacto ambiental que ocasionan y lo poco que aportarían al conjunto de los recursos hídricos, está claro que estos proyectos serán un despilfarro del dinero público y un fracaso como infraestructura hidráulica. Dejar correr el barrancos implica permitir la limpieza y el funcionamiento natural de la cuenca, se llevaría los acarreos que de otra manera quedarían retenidos por los tomaderos, presas o embalses situados en el cauce y mantendría el equilibrio de la actual línea de costa en su desembocadura. Cualquier actuación en el barranco de Las Angustias puede repercutir en el puerto de Tazacorte.

La decisión del tomadero, además de los problemas de accesibilidad en un territorio tan agreste, tendría un impacto ambiental enorme desde el mismo momento de iniciar su ejecución. Además, según la ley de Aguas de Canarias, toda el agua que se capte por encima de la Hacienda del Cura, aunque la obra sea financiada con el presupuesto público, es propiedad de Las Haciendas al ser ellos los dueños del terreno de la cuenca hidrográfica de La Caldera. Es decir, en el hipotético caso de que fuera un éxito, los que se habría conseguido con el dinero público es aumentar los beneficios privados de los hacendados.

Un tomadero sería inútil si no viene acompañado de otras dos obras, una conducción para transportar el agua desviada y un lugar donde almacenar las infrecuentes escorrentías. Por ello está previsto la construcción de una balsa, la del Vicario, con capacidad para más de tres millones de pipas. Esta gran capacidad de almacenamiento se justifica porque serviría para regular los caudales procedentes de las galerías de Tijarafe, donde se extraen cuatro millones de pipas al año, y las de Garafía con seis millones de pipas, pero resulta excesivo disponer de una balsa tan grande a no ser que se desaprovechen actualmente un 30% de estos caudales. Aunque esto fuera así, que no lo es, resultaría mucho más barato y eficiente poner tranques en esta galerías para regular el flujo en función de la demanda y así utilizar el acuífero como depósito y no hay necesidad de construir otro.

El almacenamiento de las aguas captadas en por el tomadero es otra de las razones que esgrimen los gobernantes palmeros para justificar las dimensiones de la balsa y para ello tendrán que excavar un túnel de enlace de más tres kilómetros, con las dificultades y el costo que tendría una obra de esa magnitud Además, habrá que hacer frente al enorme gasto que implicaría intentar mantener operativa la obra de captación, sería enterrar grandes sumas en el vano intento de modificar la naturaleza del Barranco de Las Angustias.

El Avance del Plan Hidrológico de La Palma dejó claro que la Isla puede satisfacer la demanda de agua con sus recursos subterráneos, las escorrentías solo aportarían un porcentaje mínimo que no justifican los gastos en estas obras ni su impacto en la naturaleza. Si todo esto se sabe desde hace tiempo ¿porqué los responsables de la política hidráulica mantienen este despropósito? Para contestar a esta pregunta solo hay que averiguar a quienes benefician estas decisiones de los políticos de API.

* Geógrafo

Eustaquio Villalba Moreno*