Gracias Gran Canaria. Gracias a las 90.281 personas que apoyaron con su voto a la lista de Nueva Canarias y que nos otorgaron la victoria en las elecciones insulares del pasado domingo. Esos apoyos nos sitúan ante el hecho histórico de ganar por tercera vez consecutiva la presidencia y poder, por primera vez en la historia de la democracia posterior al franquismo en Gran Canaria, estar 12 años al frente de la institución. También quiero darle las gracias a los hombres y mujeres que apoyaron al resto de fuerzas progresistas que componen el Gobierno, pues su voto también ha sido fundamental. Y también a la ciudadanía en general que se acercó a las urnas para votar y ejercer ese derecho que tanto costó  conseguir y que ahora afronta riesgos en buena parte de este planeta.

Ha sido fundamental la renovación de esta confianza porque nos va a permitir darle continuidad al proyecto de transformación social, económica y ecológica que iniciamos en 2015, al que denominamos ecoisla. Este será el mandato en el que terminemos Salto de Chira, dando un paso definitivo para completar la transición energética en Gran Canaria y sentar las bases para tener un sistema 100% renovable así como garantizar el agua para el sector primario y, por tanto, la soberanía alimentaria, la lucha contra los incendios y la conservación de los ecosistemas. 

Será el mandato en el que completaremos -y ampliaremos- las 1.600 plazas sociosanitarias proyectadas, dotándonos de un sistema puntero de atención a la discapacidad y a la dependencia, lo que además tiene otros efectos sociales, de creación de empleo, de alivio de la carga de cuidados para miles de mujeres o de mejora de la conciliación. 

Van a ser los cuatro años en los que vamos a bregar por darle el impulso definitivo al tren, garantizando su financiación para revolucionar la movilidad sostenible de la isla. O en los que inauguraremos el Museo de Bellas Artes (MUBEA) que se convertirá en una referencia indiscutible de la cultura canaria. También queremos lograr la consecución de Guguy como el primer Parque Nacional de Gran Canaria, la ampliación de Infecar y el estadio de Gran Canaria, el polo de desarrollo azul de Taliarte, el radiotelescopio de Temisas, el desarrollo de la energía eólica marina, la modernización turística, la isla inteligente, el sector audiovisual, la industria y el comercio, la economía circular, la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático… 

Son solo algunos ejemplos de los cientos de iniciativas y proyectos que vamos a poder culminar o impulsar gracias a que existe hoy en Gran Canaria una mayoría social de progreso que quiere seguir construyendo la isla que hemos soñado: con soberanía, con justicia social y con sostenibilidad. 

Pero debo reconocer que se trata de una victoria agridulce, ya que se produce en un contexto de retroceso y de victoria generalizada de las derechas en su conjunto y de la derecha más reaccionaria. Aunque en Gran Canaria hemos logrado salvar la mayoría de los gobiernos de progreso, no podemos obviar que lo más probable es que se constituyan, en la comunidad autónoma y en buena parte de los cabildos, gobiernos de derechas y de retroceso y  que la extrema derecha se consolide  entrando con fuerza en casi todas las instituciones. 

Tenemos que estar atentos, en guardia. La sostenibilidad de un territorio no se entiende sin la protección de los más vulnerables y la defensa de los valores democráticos. Combatiremos con todos los instrumentos democráticos a nuestro alcance  el negacionismo del cambio climático, de la violencia machista o de los derechos LGTBIQ+ y los ataques a los derechos de los trabajadores con una contrarreforma laboral o la limitación del autogobierno en territorios como Canarias. 

Seguiremos defendiendo a Gran Canaria y sus fueros como cuando quisieron convertirnos desde la UE y el Gobierno de España en una isla cárcel para migrantes, instalar molinos eólicos muy cerca de la costa sin respetar nuestro medio marino, introducir el gas en las islas o cuando cambiaron las relaciones con Marruecos traicionando al Sáhara, lo que supone, además, un serio riesgo para Canarias en muchos aspectos. 

Nos mantendremos firmes, igualmente, en la defensa de nuestra isla frente a cualquier medida que ponga en riesgo los equilibrios entre los distintos territorios insulares – ya lo intentaron en la legislatura de 2015 a 2019-  y seguiremos trabajando codo con codo con la ciudadanía, las pymes, las oenegés, las organizaciones sindicales y empresariales y los veintiún ayuntamientos grancanarios.

En el Cabildo de Gran Canaria hemos demostrado que un gobierno de progreso puede generar el apoyo de una mayoría social con un proyecto claro y definido de ecoisla. Que  ha trabajado para generar consenso social en torno a las medidas que propone y que gobierna teniendo en cuenta las diversas sensibilidades de la sociedad civil.

Por mi parte,  prometo que no defraudaré la confianza que han vuelto a depositar en mí. Que el Cabildo de Gran Canaria seguirá siendo un bastión de progreso, no solo para la isla sino para el conjunto de Canarias. Que vamos a defender con todas nuestras fuerzas los intereses de Gran Canaria frente a cualquier ataque, venga de donde venga. En definitiva, vamos a hacer valer la voluntad de la mayoría de grancanarios y grancanarias que han manifestado que quieren que su isla siga siendo un referente de sostenibilidad, bienestar, equidad social y progreso. De nuevo, gracias, Gran Canaria. 

Millones de refugiados del planeta han sufrido, sufren y seguirán sufriendo las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos. Es inhumano y suicida dar la espalda a esta realidad; el primer informe del Banco Mundial analizando los efectos del calentamiento global sobre los flujos migratorios en el mundo establece que más de 140 millones de personas de África, América Latina y Asia tendrán que emigrar de sus países antes de 2050. De ellas, 86 millones migrarán desde la cercana región del África Subsahariana.

Los últimos tres años, es decir, 2015, 2016 y 2017, han sido los tres años más calurosos registrados hasta la actualidad desde 1880. Y los factores del cambio climático a largo plazo, como las concentraciones de dióxido de carbono, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, entre otros fenómenos preocupantes, continuarán a menos que actuemos. Además, esta situación afectará especialmente –está afectando especialmente- a los archipiélagos tal y como reflejan los diferentes informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. En Canarias las afecciones empiezan a ser significativas: desvíos de los alisios hacia el este con el riesgo de cambios serios en el clima; calentamiento de nuestras aguas con la aparición de riesgos ligados a la tropicalización del clima; aumento del nivel del mar;  periodos prolongados de sequía y calimas y precipitaciones intensas; aparición de enfermedades tropicales…

Mientras Donald Trump seguía cuestionando la pasada semana el calentamiento global, un informe del IPCCC ha reflejado el impacto inmediato del cambio climático más allá de como se pensaba que iba a ser hasta ahora y afirma que evitar el daño requiere cambiar la economía mundial a una velocidad y escala que no tiene “antecedentes documentados”.

Los noventa y tanto científicos implicados en el estudio se basan en 6.000 artículos irrefutables  para describir un mundo con escasez de alimentos y aumento de los incendios forestales, así como la desaparición de una gran cantidad de arrecifes de coral para el año 2040. También observaron que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan con el crecimiento actual, la atmósfera aumentará su temperatura en 1,5 grados en 2040, llegando a  una temperatura que el Acuerdo de París recomendaba no alcanzar hasta dentro de 82 años. Esto se traducirá en inundaciones de las costas e intensificación de las sequías y, como consecuencia, aumento de la pobreza.

Simplemente piensen que este estudio prevé, en un escenario de un aumento de la temperatura global en 1,5 grados, que países como EE.UU, Bangladesh, China, Egipto e India, entre otros, alberguen a 50 millones de personas que estarán expuestas a los efectos del aumento de las inundaciones costeras para 2040.

¿Cómo lograremos evitar esta situación? Los autores de  este informe lo dejan muy claro: se requiere transformar la economía mundial en unos pocos años y estiman que el daño del calentamiento global tendría un coste de 54.000 millones de dólares. Pero mientras concluyen que técnicamente es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados, también muestran su desconfianza de que sea posible alcanzar un acuerdo político al respecto. Afirman que se requerirán impuestos elevados para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que la contaminación de efecto invernadero deberá reducirse en un 45 % con respecto a los niveles de 2010 para 2030, y en un 100 % en el 2050. También nos dicen que, para 2050, el uso del carbón como fuente de electricidad tendría que prácticamente desaparecer y producirse una reducción importante en el consumo de energías fósiles como el petróleo y el carbón. Las energías renovables, como la eólica y la solar, que representan aproximadamente el 20 por ciento del mix energético actual, deberían aumentar hasta en un 67 por ciento.

Pues bien, ante este panorama, quiero decir que el Cabildo de Gran Canaria en este mandato ha sido el primero de la historia de esta institución que se ha tomado en serio la apuesta por un desarrollo sostenible que logre, por un lado, rebajar nuestro impacto sobre los recursos energéticos, y por otro,  conseguir un mayor autoconsumo y por tanto un importante ahorro en la factura eléctrica. Seguimos avanzando en la promoción de las energías renovables y la lucha contra el calentamiento global dentro de esa estrategia de convertir a Gran Canaria en una ‘ecoisla’. 

Y en ese marco, hemos ido poniendo en marcha diversas actuaciones para cumplir con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía de lograr que Gran Canaria sea una isla sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estamos instalando plantas fotovoltaicas y aerogeneradores en nuestros edificios y en las plantas de tratamientos de los residuos. La Red Insular de Cargadores para vehículos eléctricos en todo el territorio insular avanza a buen ritmo. Las subvenciones para la instalación de plantas fotovoltaicas en viviendas particulares han supuesto también un antes y un después en la implicación del Cabildo en la promoción de las energías renovables.

Estamos investigando e impulsando la búsqueda de nuevas alternativas que garanticen la soberanía energética Gran Canaria a través de la geotermia o la central hidroeólica de Chira- Soria. Nuestro Plan RENOVAGUA contempla una inversión de 18 millones de euros para la instalación de  aerogeneradores,  plantas fotovoltaicas y toda una serie de actuaciones de ahorro y eficiencia energética vinculadas al ciclo integral del agua (desalación, depuración, riegos agrícolas, abastecimiento humano…). Por otro lado, tenemos en marcha el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y las Mancomunidades que plantea una inversión de 9 millones de euros para actuaciones relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética. 

Así mismo, hemos logrado impulsar el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible en toda la isla y podemos afirmar con satisfacción que somos la única isla del archipiélago con todos los ayuntamientos adheridos a esta propuesta europea de lucha por la sostenibilidad de la Tierra. Incluye precisos y actualizados inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los 21 municipios y acciones para  contribuir a la descarbonización de la actividad humana en Gran Canaria.  Además, hemos elaborado una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades frente al Cambio Climático con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.

El Cabildo lleva también dos años ininterrumpidos trabajando en la configuración de una Estrategia Insular de Cambio Climático mediante un amplio proceso participativo. Durante este periodo hemos emprendido y desarrollado numerosas acciones y proyectos para conocer las vulnerabilidades de la isla y adoptar decisiones de adaptación a impactos y de mitigación de gases contaminantes. Hemos firmado recientemente un Convenio con la AEMET para hacer un seguimiento real de las afecciones del clima en la Isla; presentado  el proyecto INTERREG MAC-CLIMA; apoyado el Centro de Documentación de Cambio Climático y Medio Ambiente del Centro UNESCO Gran Canaria…

Estoy absolutamente convencido de que debemos y podemos hacer más en la lucha contra el cambio climático, redoblando esfuerzos desde la propia gestión pública y sensibilizando a la ciudadanía para que sitúe el calentamiento global en un lugar preferente dentro de sus preocupaciones. La mayor parte de las personas tienen vidas ajetreadas y multitud de cosas urgentes y cotidianas que atender. Y quizás deberíamos intensificar los esfuerzos para concienciar sobre algo llamado “calentamiento global”, aparentemente invisible y considerado erróneamente peligroso solo en el largo plazo. Es necesario convencerse de que luchando contra el cambio climático estamos protegiendo a nuestros seres queridos, nuestros hogares, nuestro territorio  y nuestros medios de vida.

Durante los últimos doscientos años, los seres humanos hemos demostrado claramente que podemos cambiar el clima, y lo hemos hecho en la dirección incorrecta. Ahora tenemos la oportunidad histórica de demostrar que podemos cambiarlo para hacer las cosas mejor. Les animo a todos a remar en esta dirección y a difundir  este mensaje.

La privatización del 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) reafirma con nitidez la política de privatizaciones y de jibarización de los estados

La privatización del 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) reafirma con nitidez la política de privatizaciones y de jibarización de los estados impuesta por la Troika, siguiendo los dictados de un neoliberalismo desbocado, porque el capitalismo no puede existir si no es desde el crecimiento continuo. Necesita siempre carnaza. Solo con el voto del PP, que utiliza su mayoría absoluta en contra del resto de las fuerzas parlamentarias para saquear el patrimonio de todos, se ha empezado a privatizar un ente estratégico para el país. Se pone en manos de grandes fondos de inversión del planeta, por 8.000 millones lo que vale 33.000, un patrimonio vital para la supervivencia de un Estado, condicionando su movilidad, su comercio, su industria turística… Se entrega al capital privado, que gana el primer día de su salida a Bolsa más de 800 millones de euros, la soberanía y el futuro del país y de territorios especialmente sensibles como Canarias, aislada, dependiente del turismo, frágil en su equilibrio insular… Pero de este hecho gravosamente consumado ya se ha hablado mucho en estos días. Poco puedo añadir a la operación concreta, pero si me gustaría insistir en una reflexión sobre las políticas liquidadoras del Estado que se han ido ejecutando en España desde los años ochenta. Por la derecha y por la socialdemocracia que ha asumido estas prácticas con convencimiento cuando le ha tocado gobernar.

La estrategia es siempre la misma. Se deteriora la empresa -intencionadamente o a través de una pésima gestión- para sanearla a continuación con fondos públicos y ponerla a la venta para hacer caja y para favorecer en la mayoría de las ocasiones a grupos empresariales de amiguetes que después terminan pagando los favores con puestos muy bien remunerados en sus consejos de administración. Es la táctica a la que nos tiene acostumbrado el bipartidismo en este país, que nos toma el pelo haciendo una cosa mientras gobierna y diciendo otra cuando se encuentra en la oposición. En el caso reciente de AENA las hemerotecas son contundentes. Realmente fue al gobierno de Zapatero al primero que se le ocurrió privatizar una parte importante de AENA, Loterías y Apuestas del Estado y la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Y los populares pusieron el grito en el cielo. Pero cuando llegó Rajoy al poder las posiciones se invirtieron: el PP cambió su discurso y empezó a privatizar lo que había ordenado la Troika -lo mismito que habían anunciado los socialistas- y es ahora el PSOE el que utiliza la demagogia para oponerse garantizando “una Aena pública si llega al gobierno” y afirmando que “solo 12 aeropuertos son rentables y el resto, hasta 48, están condenados al cierre, lo que significa quebrar la movilidad de muchos españoles, principalmente del ámbito insular y de otras zonas geográficas”. Y pasan por alto que en Francia en estos días los socialistas están haciendo lo mismo con los aeropuertos de Niza y Lyon. Ver para creer. Puro populismo bipartidista. Fraude descarado a la ciudadanía.

Realmente la madeja la inició Felipe González que le allanó -y de qué manera- el camino a Aznar. El presidente socialista vendió casi ochenta empresas públicas en su etapa de gobierno sin ningún pudor. Y a veces se le intenta aligerar de sus responsabilidades afirmando que solamente sacó a la venta una parte de las acciones, pero no es cierto ya que en muchísimas ocasiones se desprendió de propiedades estatales en su totalidad o en su mayor parte. Es el caso de Viajes Marsans, Textil Tarazona, SEAT, Astican, Entursa, Secoinsa, Ingenesa, Telesincro, ENASA, Artespaña, Enfersa y tantísimas otras. Además, inició la deriva privatizadora de Endesa, Argentaria (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial), Repsol, Telefónica y otras que después remataría José María Aznar, sumándole Iberia, Retevisión, Tabacalera, Gas Natural, Aceralia, Aldeasa, Indra, Red Eléctrica, Autopistas (ENA), etc. Siempre con amigos de por medio, favorecidos y enchufados. Siempre con precios dudosos y procesos cuestionados. Siempre atentando brutalmente contra lo público. Siempre sin que pasara nada. Más de 45.000 millones de euros recaudados malvendiendo el patrimonio público para después dejarnos un país endeudado y a punto casi de sufrir un rescate, solo salvado a través del empobrecimiento de la sociedad española, el enriquecimiento de unos pocos y la liquidación definitiva de lo poco público que quedaba. Y aún les resta una buena tajada en la educación, la sanidad o los servicios sociales. Porque todos estos servicios universales se están empezando a deteriorar gravemente y a abrir huecos a la iniciática empresarial privada: los ciudadanos se hacen un seguro si la sanidad pública no les da respuesta, los padres eligen un colegio concertado o privado si la escuela pública no funciona… Más pronto que tarde vendrán a decirnos que estos servicios públicos universales son insostenibles, que hay mucho despilfarro y que habrá que ponerlos en manos privadas para hacerlos rentables. Sin que lleguemos a considerar que solo con las ganancias anuales de las empresas malvendidas se podrían sostener el Estado de bienestar y las pensiones sin ningún tipo de agobios financieros.

Se trata de un saqueo a gran escala perfectamente organizado. Se nos vende que de esta manera la eficiencia, la productividad, la calidad de los servicios y la competencia es mucho mayor. Que el coste será también menor para los ciudadanos. Que todo redunda en progreso económico y social. Y la realidad es bien distinta: los servicios se deterioran, los trabajos se precarizan, los precios aumentan y los oligopolios se extienden (Sacyr y ACS controlan el 71% de las autopistas, Repsol y Cepsa el 65% del mercado del crudo, Telefónica más del 80% de la telefonía fija, la patronal eléctrica Unesa actúa como un auténtico lobbie…). Se controla y se desnacionaliza de esta manera también a la política, a las organizaciones sociales y a la economía de un país. Se acaparan las fuentes de producción y distribución. Se acumula el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Se debilita la democracia. Se ningunea a las instituciones. Se convierte al ciudadano en un objeto para el consumo.

Y los gobiernos títeres se ponen entonces a su servicio. Se merman los derechos laborales y sociales (despidos, bajada de salarios, convenios colectivos, pensiones, desahucios…). Se sanea a la banca antes que a los ciudadanos. Se rescatan los servicios cuando la iniciativa privada ya no los puede exprimir más (autopistas, cementerio de gas Castor…). Se utiliza a los gobiernos como empleados particulares para defender intereses privados concretos (Sacyr con las obras del Canal de Panamá, Repsol con el conflicto de YPF en Argentina…)… Y para legislar a su favor proponiendo, por ejemplo, la desaparición de la Cotmac o inventándose unas leyes para impulsar las inversiones estratégicas que no pretenden sino obviar los planeamientos… El Tratado de Libre Comercio que negocian EEUU y la UE, que deja todo el control en manos de la iniciativa privada, no es sino una vuelta de tuerca más al mandato europeo de que todo debe estar sometido a la competencia y a la liberalización. Que no ha lugar a privilegiar lo público para la defensa del interés general. Y eso a pesar de que el estudio PIQUE (Privatización de los Servicios Públicos y su Impacto en la Calidad, Empleo y Productividad) encargado por la propia UE, concluye que en los procesos de privatización analizados en el Viejo Continente, los monopolios públicos se convierten en monopolios privados con menos trabajadores; que se empeoran las condiciones laborales y el empleo; que se reduce el papel de los sindicatos; que no se garantiza el acceso universal y aumentan los precios; que empeora la calidad de los servicios; que le sale más caro al Estado (regulación de empleo; rescate de los servicios…); que aumenta la influencia sobre las corporaciones locales; que disminuye el nivel de la productividad y de la I+D+i; que los servicios cercanos pasan a ser gestionados por transnacionales que no conocen las necesidades la de comunidad; que los usuarios están más insatisfechos… Pero a pesar de todo nos lo venden como la panacea. Y no terminan de saciarse.

A principios de este año, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una amnistía fiscal ?que castigaba a los cumplidores y premiaba a los delincuentes- con el objetivo de atraer dinero líquido a las arcas del Estado. Visto el poco éxito obtenido, el verano pasado el ministro Montoro anunció mejoras a la amnistía inicial abriéndola al dinero en metálico, eliminando los controles sobre el origen del dinero y permitiendo pagar solo por los intereses de los activos evadidos antes de 2008 y, hace unos días, ha vuelto a insistir en lo mismo exonerando a los evasores de su responsabilidad penal. Pues bien, hasta este momento, el Estado solo ha podido recaudar un 2% de los miles de millones que se preveían recaudar con esta amnistía fiscal. Se calcula que han sido 52 millones de euros los recuperados hasta ahora y que se puede llegar a los 150 millones el 30 de noviembre, fecha en la que expira el plazo de la amnistía.

Un auténtico timo si nos atenemos a los datos que apuntan que entre 70.000 y 90.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente en las cuentas del Estado. España es el décimo país europeo en el ranking de un fraude fiscal que dobla la media del continente y que ha aumentado en un 3% durante la crisis, pero cada vez son más los estafadores que se llevan el dinero del país sin que se pongan en marcha los medios necesarios para evitarlo. Sería bueno saber qué doscientos empresarios eran los que operaban en la red del chino Gao Ping para lavar dinero oculto o conocer, como ha sucedido en Grecia, y sin que metan en la cárcel al periodista que lo denuncie, la lista de los miles de evasores españoles. Sería bueno que el Estado, los gobiernos de turno, dejaran de prestarles la seguridad jurídica necesaria para operar.

Claro que podrían decir que es que en este país pagan unos impuestos muy altos y que eso les impediría crear riqueza, invertir y bla, bla bla. Pero no parece ser el caso. En estos momentos el 40% de los asalariados españoles paga más impuestos que sus jefes. Según el periodista Daniel Montero (El club de los pringaos. Esfera de los libros), la OCDE mantiene que en 2010 España fue el segundo país del mundo donde más subió la presión fiscal sobre los asalariados (los que pagan a Hacienda por adelantado) mientras las multinacionales solo pagaban un 10% de sus ingresos en impuestos, muy por debajo de países considerados “balnearios fiscales” como Irlanda y Holanda. Los 17,8 millones de asalariados -23.000 euros brutos al año de nómina como media- aportan a Hacienda más del doble que todas las empresas españolas juntas. Mientras el sueldo de un trabajador se grava con hasta un 52% mensual, los millonarios que cobijan su dinero, propiedades e inversiones en sociedades patrimoniales, abonan un tope del 30% por sus ingresos y pueden además reducir la factura con sus gastos.

España es en la actualidad uno de los países con menor presión fiscal de toda Europa para los grupos económicos poderosos y las grandes fortunas. Mientras el país se empobrece y se ponen en peligro el Estado de bienestar, la cohesión social y el propio Estado, -y todo porque hemos asumido el pagar a intereses altísimos la deuda de la banca y las grandes empresas, porque hemos decidido trabajar para la élite económica mundial- resulta que las subidas de impuestos (el IVA o el IRPF, por ejemplo) la soportan los trabajadores y las clases medias. Se baja el impuesto de sucesiones, se elimina el de sociedades y se potencian las sicavs especulativas. Se hacen oídos sordos a las propuestas de los técnicos de Hacienda de que se aplique un tipo impositivo del 35% a bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios, a que se ponga en marcha cuanto antes un impuesto a las transacciones financieras, a que se combatan las prácticas abusivas para reducir su factura fiscal por parte de las grandes transnacionales (Google declara este año de nuevo pérdidas en España para no pagar), que se persigan realmente los paraísos fiscales (que ocultan según el FMI una cuarta parte de la riqueza mundial y que acogen al 69% de nuestras empresas que cotizan en el Ibex, como nuestro ejemplar Santander que mantiene 52 filiales en paraísos opacos) y que se implante un gravamen sobre la riqueza que supere los defectos y cierre la elusión del impuesto sobre el patrimonio.

Se calcula que en la actualidad entre 16 y 25 billones de euros se ocultan en los distintos paraísos fiscales sin que nadie ose poner fin a la desregulación neoliberal que se ha adueñado de la economía y la política a nivel planetario, en aras de esa libertad total de mercado que preconizan y que choca directamente con la redistribución de la riqueza que garantiza la justicia social imprescindible en una democracia. Ya lo decía F.A. Hayek: “la fe generalizada en la ”justicia social“ es probablemente en nuestros días la mayor amenaza para la mayor parte de los demás valores de una civilización libre”. Por eso, a perseguir a los trabajadores, a las clases medias, a las pymes y a los autónomos. Es lo más moderno.

Antonio Morales Méndez

Sería injusto cerrar los ojos y no reconocer los avances democráticos y sociales que se dieron hasta hace muy poco en Europa, pero la realidad hoy es que el deterioro y el retroceso en lo alcanzado y la implantación de una especie de guerra fría ultraliberal que destruye el ideal de equidad, igualdad y solidaridad es patente y notorio. Los rancios tics de los totalitarismos excluyentes, que han expuesto lo peor de si mismos en el pasado siglo, se vuelven a hacer realidad en la escenificación del poderío estructural del norte (los trabajadores) que gira en torno a Alemania, con el apoyo de países como Holanda o Austria, frente a los países del sur (los gandules y ociosos). La vieja fábula de la cigarra y la hormiga caricaturizada hasta la extenuación por los que no han renunciado nunca a imponer un colonialismo interior, muchas veces con terribles consecuencias. Y eso que la OCDE ha dejado expresamente claro que los países del sur de Europa trabajan más que las naciones ricas del norte y que España tiene 227 horas más de jornada laboral que Alemania.

Georges Soros expresaba hace muy poco su temor a que se conforme un nuevo imperio alemán en el seno de Europa. No son pocos los que hablan de un cuarto Reich como continuidad al Sacro Imperio Romano Germánico que aguantó desde la Edad Media hasta los inicios de la Edad Contemporánea, al Imperio Alemán o Segundo Reich que duró desde 1871 a 1918 y que desencadenó la Primera Guerra Mundial y al Tercer Reich de la Alemania nazi que provocó una Segunda Guerra Mundial atroz y sembró el continente de millones de muertos. Como señala Rafael Poch en La Vanguardia, la principal revista institucional alemana en el ámbito de las relaciones internacionales afirmaba recientemente que la UE es puramente teórica y que “ningún país puede ser salvado si Alemania no da su visto bueno”. Es la misma filosofía que la expresada por el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble: “es la segunda oportunidad histórica de Alemania”. No son pocos los medios de comunicación teutones que presumen continuamente de que Europa ahora habla alemán. Según The Guardian, “Berlín es ahora la capital de la UE, el lugar donde se toman las decisiones cruciales”. Habermas le da dado un repaso también hace unos días señalando sus ansias de poder.

El país al que se integró noblemente después de haber propiciado la guerra más terrible de los últimos siglos; al que se ayudó generosamente a superar sus déficits estructurales tras la unificación, a principios de los años noventa; al que se perdonaron los mayores incumplimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (19 vulneraciones Italia, 15 Alemania y Austria y 14 Francia y Bélgica, hasta hace muy poco), nos somete ahora a una política de rigor y austeridad sangrante en favor propio y de sus bancos. Todo se ha diseñado para su beneficio: los recortes y ajustes para el pago de una deuda privada solo benefician a sus entidades financieras (mientras a sus cajas, en peores condiciones que las españolas, no hay quién las examine porque se opone el Bundesbank). No pasa un día sin que la canciller presuma del “austericidio”, como lo llama Susan George, al que nos tiene subyugados. Ella sola decide si hay que nombrar y cuando a un supervisor único; impone el ritmo a seguir en el avance hacia la unión fiscal europea y en designar a un supercomisario que pueda vetar los presupuestos nacionales; frena o acelera a su conveniencia para imponer un nuevo tratado; hace lo propio con la Unión Bancaria; se pasea por los países “colonizados” como Grecia y España para escenificar su poder sobre si el rescate si o el rescate no y las exigencias de ajustes; impide que España consiga el rescate directo a la banca; castiga a Inglaterra impidiendo la fusión de EADS con BAE; impide la compra de deuda por el BCE para engordar sus arcas con intereses usureros; antepone el interés por reconducir el proceso electoral en su país al interés general europeo; su Tribunal Constitucional (celoso de su independencia al igual que el de España con la modificación de la Constitución para perpetuar el déficit cero, permítaseme la ironía), ha impuesto la supervisión del Mecanismo Europeo de Intervención (MEDE) antes de que tome ninguna decisión, etc.

Probablemente Europa no deja de ser una buena idea. No voy cuestionar el ideario de construir un continente próspero, solidario y socialmente justo. Pero no así. Un país con vocación imperialista no se puede imponer a los demás. No se puede sustituir la legitimidad democrática por un entramado tecnocrático. Alguien tiene que poner fin al sometimiento de los países que la componen, al empobrecimiento de su ciudadanía, a los millones de parados, a los millones de excluidos? A la pérdida de derechos y libertades. A la desesperanza y al miedo. A la desazón ciudadana que lleva al mancillamiento de la política, al rechazo a los políticos y a la estigmatización de las instituciones, mientras los grandes poderes económicos salen de rositas. Como decía recientemente Julián Ariza, Rajoy no puede seguir siendo el botones de Merkel. Los países del sur deberían unirse, formar una entente, para evitar este vasallaje. O romper. O negarse a pagar la deuda como hicieron los alemanes en 1933. O rebelarse los ciudadanos (Hans Magnus Enzensberger escribía recientemente que “la indiferencia con que los habitantes de nuestro pequeño continente aceptan que se les despoje de su poder político produce escalofríos”). Todo menos la aceptación sumisa que cuestiona la democracia y la justicia social. Porque como decía hace muy poco en El País el historiador Kevin O´Rourke, la historia “esta vez nos recuerda que estamos jugando con fuego”.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Desde luego, lo que está meridianamente claro es que los consumidores y las pymes renovables no tienen quién les defienda. A la vista están los resultados. Sin que se haya frenado un ápice el déficit tarifario, en los últimos seis años la luz ha subido en España más de un 70% (en los últimos cuatro años más del 50%) convirtiéndonos, según el Eurostat, en el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara (solo por detrás de Chipre e Irlanda, que ha pasado a ocupar el lugar de Malta). Al tiempo, las eléctricas han obtenido un beneficio neto de 52.300 millones de euros y repartido dividendos en los últimos seis años entre sus accionistas por un total de 28.123 millones, el equivalente al déficit que insisten en cobrar a costa de los usuarios. Claro que todas estas cifras se dan, además, con sus directivos cobrando tajadas como la de los 7,6 millones de Brufau (Repsol) que lo justifica diciendo que es porque paga mucho a Hacienda.

Resulta cuando menos paradójico que se produzcan esas enormes ganancias para la eléctricas y al tiempo todavía el Gobierno les deba por el déficit de tarifa una cantidad cercana a los treinta mil millones de euros. Y es que, como hemos dicho tantas veces, esa famosa y recurrente deuda está sustentada sobre una enorme trampa a la que nadie osa poner freno. Y es que nunca han devuelto los más de tres mil millones que se les adelantó para hacer frente en 1997 a los Costes de Transición a la Competencia; en las subastas que se hacen diariamente para fijar el precio de la energía, los precios se establecen linealmente, prevaleciendo el más alto, de forma que por la energía nuclear y la hidráulica (ya amortizadas) se paga un mayor precio de lo que cuesta realmente su producción; nunca se ha compensado el alargamiento de las concesiones de las nucleares y las hidráulicas; se han beneficiado de ayudas a los costes de emisiones que han incluido siempre en el pool; cobran por la interrumpibilidad por sobrecapacidad instalada; cobran en exceso por la capacidad de los ciclos combinados y la hidráulica; son juez y parte en la distribución, fijando los costes y la eficacia; están cobrando tres euros de promedio mensual por el alquiler del contador, que no cuesta más de 30 euros al año, lo que significa un ingreso neto injustificado de 800 millones de euros al año, en un parque de 20 millones de contadores, como viene denunciando el ingeniero jubilado Antonio Moreno, al que Endesa ha demandado por referirse a la empresa como “corsarios”?

Estamos ante una triste y cruel incongruencia. Europa pide más y más renovables (el Comisario de Energía amenaza a España con intervenir); el planeta se calienta y pone en riesgo su supervivencia cada vez a un ritmo más incontrolado; España gastó más de 50.000 millones de euros en comprar el 85% de la energía primaria que consume (el 50% de nuestro déficit comercial); según José Miguel Villarig, presidente de Appa, en los últimos años la cotización media del barril de Brent ha pasado de 61,84 a 111,17 dólares (+ 79%), el precio medio de la gasolina ha aumentado en 31%, el del gasóleo de automoción un 39% y la bombona de gas un 41%..., y aquí no dejamos de engordar a las eléctricas y de poner trabas continuas a las energías verdes que no dependen del exterior, que podrían crear miles de puestos de trabajo, desarrollar industrias, incentivar la investigación y las nuevas tecnologías? Según Yoram Krozer, investigador de la universidad holandesa de Twente, de 1998 a 2008 (con los precios del petróleo más bajos de los últimos cincuenta años) las energías limpias aportaron de media al año 8.000 millones de beneficio neto, una cantidad mayor que todo el dinero público que reciben las tecnologías verdes? ¿Y entonces? Pues lo de siempre. El poder de los lobbys. Y claro, se toman medidas que atacan directamente a la línea de flotación de las renovables y seguimos esperando sine die a que se pongan en marcha medidas reales de eficiencia y ahorro y el autoconsumo democratizador de la energía y dinamizador de las pymes del sector.

Y en Canarias la cosa está aún más peliaguda. Aquí producir electricidad cuesta 0,21 euros por kilovatio/hora a partir de combustibles fósiles y 0,12 con fotovoltaica y 0,08 con energía eólica, mientras el consumidor está pagando 0,16 euros /kWh, pero viene la semana pasada “nuestro” ministro -que dijo que iba a contemplar nuestras especificidades en el apartado de las primas- y nos dice, ante la indignación de todo el mundo, que no es verdad que en las Islas sea más barato producir con energías renovables. Y mientras, los parques eólicos paralizados, primero por la corrupción y ahora por la desidia. Y la central de Chira-Soria, que iba a tener el camino despejado en tres meses, sigue sin empezar a construirse. No es otra la razón por la que, con todos los elementos a favor, seguimos a la cola en energías limpias. Pura estulticia.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Y no se detienen. Las viejas mañas nunca se pierden y en esas siguen. Y en estos momentos andan instalados en una intensa campaña en defensa del neoliberalismo que pretende, a todas luces, desmantelar el Estado. No hay día en el que no aparezca, en cualquiera de sus medios, un ataque frontal a lo público, cuestionando la política, los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones, los funcionarios? Todo lo público, como editorializaba El Mundo hace unas semanas, es “chapuza y derroche”. Y, como se necesitan culpables de lo que está pasando, se lo cree, peligrosamente, una gran mayoría.

La pasada semana el ínclito Anson volvía a lanzar uno de sus ataques en el periódico de Pedro J. Ramírez. En esta ocasión recurre, de nuevo, a ese libelo que anda dando vueltas por ahí en el que se señala que existen más de 445.000 políticos que viven del dinero del Estado a los que el exdirector de ABC añade unos 200.000 más hasta situarlos en 600.000. ¡Toma ya! Al día siguiente, y en el mismo diario, Carlos Cuesta vuelve a las andadas con la retahíla de los 445.000 políticos que saquean las arcas de la administración. Y podría seguir poniendo ejemplos (ha ocupado también interesadamente la portada del ABC y las de otros medios conservadores) pero el muestrario es significativo. Y lo que más rabia me produce es que los dos saben que esa información no es cierta, que corre por las redes sociales como un rayo difundida por cómplices del neoliberalismo, por ingenuos indocumentados o por ignorantes supinos, pero a ellos no se les pasa por alto de donde proviene y qué fines persigue. Y se valen de ello para hacer daño, para condicionar la opinión pública, aún sabiendo que mienten como bellacos.

Ya se ha escrito mucho sobre el tema, muchas plumas han alertado sobre la falsedad de este panfleto, pero parece que nunca es suficiente el desmentido a tenor de como sigue distribuyéndose a través de internet el correíto reaccionario y antidemocrático de marras. Más allá de la contundencia con la que te advierte el panfleto de que ya está confirmado que son exactamente 445.568 políticos los que existen en España (e incluyen aquí a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a las cámaras de comercio, miembros de mancomunidades que no pueden ser otros que los de los ayuntamientos, responsables del catastro, bibliotecas, museos, institutos oceanográficos, agencias meterológicas, etc, etc), lo cierto es que el mensaje ha calado y se sigue difundiendo dolosamente a pesar de que la cifra real no alcanza los doscientos mil. Pero ¿saben realmente de donde ha salido este infundio? ¿Cuál es la fuente? Les cuento. Donde primero aparece esta información (que contribuye a difundir inicialmente el pagado de si mismo Pérez Reverte) es en un diario digital de extrema derecha (El Aguijón) -que acaba de firmar, por cierto, un acuerdo de colaboración con Alerta Digital, un periódico ultraderechista de la misma cuerda- y que está editado por César Román Viruete, colaborador de Intereconomía, exmiembro de Falange Española (de donde fue expulsado), exmiembro de la racista y xenófoba Plataforma por Madrid (de donde fue expulsado) y exmiembro de El Centro, partido que creó y del que también fue expulsado? Dicen en este medio que el informe se les filtró desde La Moncloa, lo que avalaría las afirmaciones posteriores de políticos populares como José Manuel Soria diciéndonos que “recortar la administración crea empleo”, o María Dolores de Cospedal prometiendo eliminar los sueldos de los diputados de Castilla-La Mancha para que solo se puedan dedicar a la política los más pudientes, para dar más poder a los poderosos y aislar a la ciudadanía.

Es la estrategia. Se trata de eliminar cargos públicos, eliminar o dejar sin recursos y sin competencias a miles de ayuntamientos, vaciar las autonomías, privatizar lo que quede del Estado. Y en eso está este nuevo “sindicato del crimen” en connivencia con el neoliberalismo político. No digo que no haya que corregir excesos, defectos e incompetencias, pero lo que está claro es que nos van inoculando día a día el virus del desprecio a las instituciones y sus representantes. Como escribía recientemente Antonio Avendaño en el diario Público, “una vez que consigamos que el sueldo de los políticos no supere en ningún caso el salario mínimo interprofesional; que acudan al trabajo en bicicleta preferentemente alquilada o bien de segunda mano si es de su propiedad; que les suprimamos el aire acondicionado en el despacho; que no tengan secretaria y mucho menos secretario; que no cobren desempleo si pasan al paro; que oculten a sus hijos pequeños que trabajan como políticos; que engañen a sus ancianas madres contándoles que se ganan la vida tocando el piano en un puticlub. Una vez que los hayamos asustado lo bastante y hayamos conseguido todo eso, ¿a quién diablos nos pensamos que vamos a ser capaces de convencer para que se ocupe de dirigir el puñetero chiringuito que, por definición, siempre necesita ser dirigido por alguien? ¿A un Monti, a un Draghi, a un De Guindos? ¿A un millonario, a un rentista? ¿A un redactor jefe?”.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Para justificarlo todo recurren de manera machacona y torticera a la deuda pública y a los costes que supone mantener el conjunto de los municipios españoles. Y es aquí donde adquiere mayor calado la mentira: la deuda española se cifra en una cantidad que gira en torno a los cuatro billones de euros (cuatro veces el PIB) y aunque las cifras puedan variar algo, la generalidad coincide en confirmar que la deuda pública no llega al 16%, la de las familias está en torno a un 22%, la de las empresas en un 30,5% y la de los bancos por encima del 32% . Es decir, la deuda fundamental del país es privada en más de un 83%, y de ésta, casi dos tercios corresponde a los bancos y a las empresas. Claro que la pública seguirá aumentando y aumentando hasta la extenuación al hacérsenos responsables del saneamiento de la banca y del pago de unos intereses usureros cada vez más altos.

Del conjunto de la deuda pública española (solo el 16% del total del país, el 60,1% del PIB), el 46% concierne a la Administración central, el 10,9% a las comunidades autónomas y un raquítico 3,3% a las entidades locales (más de la mitad de ésta pertenece a ayuntamientos capitales de provincia y Madrid se lleva la palma). Es más, según el Boletín Estadístico del Banco de España, la local fue la única administración pública que redujo su deuda en el último trimestre de 2011 frente al aumento que se produjo en las otras. Y todo eso sin Ley de Financiación, con la percepción de solo un 6% de los impuestos?Y aún así, la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la realizada por las comunidades.

Circula por ahí también en estos días un supuesto estudio, elaborado en los aledaños del PP, en el que se dice que los cargos públicos en España son más de 400.000 y que eso significa que tenemos el porcentaje y la cantidad más alta de Europa. Otra mentira. Otra tergiversación de la realidad. Según el catedrático y exrector de la UAB Josep María Vallés, en España son algo menos de doscientas mil personas las que ocupan cargos electos o dependientes directos de los mismos ¡para administrar los recursos públicos de más de 45 millones de españoles! Las administraciones públicas españolas tienen una dimensión inferior a las de la mayoría de los países avanzados y, tanto en presupuestos como en personas que los gestionan, España está en el penúltimo lugar en la EU-15, la misma posición que alcanza en la clasificación de gasto público per cápita. Igualmente, el personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a algo más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles territoriales, lo que equivale a menos de un 15% de la población activa, porcentaje claramente inferior al de la media europea. Según Eurostat, el peso del sector público en España es inferior al de la media europea. Mientras aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de la zona Euro es del 50,9%. Pero ya ven, se insiste una y otra vez en utilizar datos inflados para llamar al rechazo.

Mientras, se nos insiste machaconamente que no hay alternativas para salir de esta situación, pero, al tiempo, se amnistía a los evasores de impuestos y se facilita la salida de España de miles de millones de euros, los necesarios para acabar con el déficit sin llevar al país a la pobreza. Los últimos datos que conocemos son auténticamente definitorios. El año pasado el fiscal general del Estado Conde-Pumpido nos advertía que los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se habían incrementado en un 40% y por las mismas fechas Francia nos descubría que más de 3.000 fortunas españolas tenían una cuenta en Suiza. Pero claro, todo eso es pecata minuta. La realidad es que a través de recursos legales, más o menos legales o claramente ilegales en forma de fundaciones, paraísos fiscales, deslocalizaciones, sociedades patrimoniales, sicav, facturas falsas, argucias empresariales?etc, cada año se dejan de ingresar al fisco miles y miles de millones de euros. Según el Sindicato de Técnicos del ministerio de Hacienda, España es el tercer país más defraudador de la UE, con un 23,3% de su PIB. Mientras el 71% de la evasión (44.000 millones de euros) la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas, el ministerio “dedica el 80% de la plantilla (28.000 funcionarios frente a los 140.000 de Francia o los 150.000 de Gran Bretaña) a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pequeñas empresas y de algún trabajador que haya olvidado alguna partida en su declaración”. Según los técnicos de Hacienda el principal problema de la economía española es el profundo descenso de los ingresos tributarios y el fraude fiscal y calculan una reducción de más de 50.000 millones de ingresos por este concepto. Según el investigador en fraude fiscal Friedrich Schneider en un estudio realizado sobre España en 2009, “la erradicación de la economía sumergida supondría un aumento del PIB superior a los 200.000 millones de euros”.

Y hay casos sintomáticos. Resulta curioso ver en la lista de las empresas que se pasean por los paraísos fiscales a las eléctricas y petroleras españolas que se quejan de que soportan un déficit tarifario que tenemos que pagar todos los españoles con un aumento continuo del recibo de la luz; o a Zara que se ahorra un buen fajo de impuestos al facturar sus ventas en Internet desde Irlanda o al ínclito Emilio Botín, que aplaude a rabiar cada una de las medidas de ajustes y recortes de Rajoy y que pide más y más, (“las reformas son duras pero imprescindibles”) y que tenía como mínimo 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC?Y como Botín, vemos a muchos de ellos pidiendo cada día más reformas, menos impuestos, menos administración, menos servicios públicos?Pero toca atacar a los ayuntamientos y a sus cargos electos, a las autonomías?. Toca atacar lo público para quedarse con todo. Como dice Félix Ovejero, se ataca a las instituciones que se inspiran en valores que no tienen precio: “nada que ver con la tesis que tanto se pasea por los medios y cuya teoría más seria ?y única- consiste en que la actividad pública es un latrocinio, la redistribución un expolio y los impuestos una confiscación. Eso es otra cosa: mala economía y repugnante moral. Economía al mejor postor”. Y socavamiento de la democracia. O de lo que queda de ella.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

El mensaje machacón de atacar lo público para vaciarlo va calando poco a poco en la ciudadanía hasta el punto de que las encuestas señalan que la política y los políticos son la tercera preocupación de los españoles. El alejamiento de los ciudadanos de la política es cada vez mayor. Tras los recortes últimos del Consejo de ministros del viernes 13, los funcionarios se quejan amargamente acusando de manera genérica a los políticos de prebendas y de provocar la ruina del país. Si escuchas a muchos sindicatos los argumentos son los mismos, ¡ay los médicos y los bomberos con sus pancartas reaccionarias el pasado jueves! Ni les digo si leemos los anónimos en internet o las intervenciones de los hombres y mujeres de este país en las radios y televisiones diversas. La sensación de cabreo y hartazgo es cada vez mayor. Mientras, el Gobierno no deja de tomar medidas que atacan a las libertades y a los derechos sociales y laborales, llevando a la exclusión a un sector importante de la población, empobreciendo a las clases medias y enriqueciendo cada vez más a unos pocos, al mismo tiempo que amnistía a los delincuentes financieros. La percepción de que todo lo que se hace se decide fuera (Alemania, FMI, sistema financiero?) es cada vez más patente. No pocas son las voces que claman por un Gobierno de tecnócratas, de expertos al margen de la política. Poco a poco se nos va mostrando, cada vez de una manera más clara, que se están generando dos mundos distintos: el de la política y las instituciones y el de los ciudadanos de a pié.

Sin duda, se trata de un momento muy peligroso para la democracia y las libertades públicas. Frente a un sector minoritario de la sociedad que no renuncia a la crítica, a las manifestaciones, a las acciones pacíficas y al debate para fortalecer nuestro sistema de libertades, se alza otro para el que la política ha dejado de ser una alternativa. Es el mejor caldo de cultivo para el populismo y la extrema derecha y Europa lo sabe perfectamente porque vivió, desgraciadamente, una experiencia terrible el siglo pasado y porque, en su seno, no dejan de crecer movimientos de este tipo en la actualidad.

El fracaso generalizado de la socialdemocracia en el Viejo Continente (en España también), la dilución de las ideologías en una suerte de amalgama al servicio de los grandes poderes económicos, el miedo, la inseguridad, la ausencia de perspectivas y el fracaso de los partidos políticos tradicionales fundamentalmente, están propiciando el auge del populismo y de la extrema derecha en el continente europeo de una manera brutal (con mayor virulencia en los antiguos feudos socialdemócratas), como reconocía hace muy poco el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. El mapa extremista es el siguiente: en Alemania, donde un miembro del partido socialista, Sarracin, publicó un libro xenófobo de un éxito extraordinario, acabamos de ser testigos de cómo una célula oculta neonazi actuó en la clandestinidad durante una década con el apoyo de los propios servicios secretos alemanes. En estos días la ultraderecha germana, volcada en las ayudas a los “sin techos” y a los parados, ha decidido unirse para hacerse más visible. En Francia, Marine Le Pen ha conseguido los mejores resultados para la ultraderecha francesa de las últimas décadas, obteniendo el voto de los sectores más populares. En Grecia, Aurora Dorada, erigida en defensora de la gente humilde, ha tomado las calles y el Parlamento con sus camisas negras, utilizando la violencia contra los periodistas, los inmigrantes y los adversarios políticos. El Partido para la Libertad de Holanda se ha convertido en la tercera fuerza política del país y bisagra para conformar gobierno. En Rusia, el ultranacionalismo, que usa el saludo nazi, congrega en sus actos a miles de personas. En Hungría, el Gobierno de extrema derecha de Víctor Orbán se ha hecho con el poder. En Austria, el Partido de la Libertad, relanzado tras la muerte de Haider, ha conseguido más de una quinta parte de los votos del país. En Finlandia, el Partido de los Auténticos Finlandeses sigue teniendo una presencia importante, a pesar de que perdió escaños en las últimas elecciones de 2011. En Inglaterra, el Partido Nacional Británico consiguió situar a varios de sus miembros en el Parlamento Europeo. En Suiza, el Partido Popular Suizo gana cada vez más adeptos. En Noruega, el Partido del Progreso llegó a alcanzar la cuarta parte de los votos del país. En Suecia, los Demócratas Suecos han facilitado la formación de mayorías de gobierno. En Dinamarca, el Partido Popular Danés formó mayoría con los liberal-conservadores y sigue siendo el tercer partido. En Bélgica Vlaams Belang tiene una importante presencia en la sociedad. Y en Bulgaria, Ataka, Orden y libertad en lituania, la Liga Norte en Italia? En España, con una presencia testimonial de grupúsculos, la extrema derecha ha permanecido fiel al PP y hasta ahora le ha votado mayoritariamente, pero ¿seguirá siendo así?

Como pueden comprobar, no se trata de una anécdota. La presencia de la extrema derecha y los populistas en toda Europa avanza, es notable e inquietante y juegan con la demagogia de ser antisistema, defender a los más débiles, atacar a los inmigrantes que roban el empleo y sustituir a los partidos tradicionales inservibles. Y tienen además algo en común: se nutren, mayoritariamente, de antiguos votantes socialdemócratas y de la clase obrera. No debemos cerrar los ojos ante la enseñanza de la Historia: el nacimiento del fascismo en Italia tuvo su origen en la crisis que vivió ese país a finales de la I Guerra Mundial, con graves problemas sociales, económicos y políticos, lo que provocó una enorme conflictividad social y el rechazo a la política y a los políticos tradicionales incapaces de propiciar alternativas. También el nazismo y el peronismo bebieron de la misma pócima. Antoni Gutiérrez-Rubí define el problema con meridiana claridad: “las encuestas son concluyentes. La paciencia de los ciudadanos con la política, con los partidos, con las instituciones democráticas está seriamente dañada. Nunca como hasta ahora. Y el rumor de fondo es cada vez más audible. El populismo avanza. Los que promueven que sobran políticas y administraciones acabarán diciendo que sobran instituciones. El caldo de cultivo está ahí”. Es preciso que entre todos hagamos un ejercicio de responsabilidad. Todos debemos hacer una autocrítica seria y responsable. Todos: los partidos, los sindicatos, los empresarios, la ciudadanía? No podemos seguir alentando al monstruo.

Antonio Morales Méndez

En “Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos”, un libro coral que ya he citado y que está editado por J.M. Vallés y X. Ballart, en Ariel, el catedrático de ciencia política de la UAB, Joan Botella, analiza en profundidad esta cuestión. En el capítulo “Confusión. ¿Hay todavía diferencias entre los partidos políticos?”, el profesor catalán nos asegura que una de las percepciones más molestas para el ciudadano es sospechar que, en el fondo, no hay diferencias esenciales entre los diversos partidos y que la deformación fundamental de la democracia sería que las ofertas de estos “dejaran de ser distintas, coincidieran en las cuestiones esenciales y solo discreparan en los matices”. Asegura que en las políticas económicas y fiscales adoptadas por los gobiernos españoles entre 1993 y 2010 -acordémonos del pacto reciente para modificar la constitución con relación al déficit- no ha habido sino semejanzas y que van más allá aún para coincidir en modos de expresión y estilos de actuación hasta conseguir una homogeneización formal y una convergencia política de la que se nos distrae muchas veces con políticas “simbólicas”. En términos democráticos, afirma, se insinúa una conclusión demoledora: “inducen a sospechar que medidas parecidas adoptadas por gobiernos diferentes no son realmente decididas por ellos, sino que son dictadas o impuestas por fuerzas externas ante las cuales los gobiernos se manifiestan impotentes”.

No es ni mucho menos una casualidad que la socialdemocracia haya sido barrida prácticamente del Viejo Continente al distanciarse de sus bases sociales y de la sociedad y que muchos de sus antiguos votantes -abandonados a su suerte- hayan alimentado el auge de los partidos populistas y de extrema derecha que no dejan de aparecer y crecer, convertidos en defensores del pueblo llano y de los más desprotegidos (no nos olvidemos que así nació el fascismo). El Estado de Bienestar, como hemos comentado en otras ocasiones, se cimentó en un gran pacto tras la Segunda Guerra Mundial entre la derecha tradicional, democristianos, nacionalistas y socialdemócratas, pero el embate del neoliberalismo les llevó a encadenarse a sus propuestas, a la complicidad y a la renuncia a sus posiciones ideológicas, a rendirse ante “los mercados”, a claudicar en la defensa de la autonomía de los Estados, a nadar en la superficie a la hora de plantear alternativas a los ataques a la democracia y garantizar una verdadera equidad social protegiendo a los más débiles. La Tercera Vía, bautizada en España como Nueva Vía, no fue sino el soporte con el que se dotó para dar pábulo y abrazar la globalización y la desregulación que nos ha traído hasta este momento de crisis e injusticia planetaria. Y no estoy diciendo que no haya que pactar y provocar consensos ante determinadas situaciones extremas, pero está clarísimo que no hay diferencias a la hora de traicionar el mandato ciudadano con la excusa de que lo obliga Bruselas y de escenificar los mismos compromisos con la banca y los lobbies patronales.

Para Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de Asturias y uno de los grandes teóricos de la socialdemocracia, ésta ha olvidado su compromiso de defender a los pobres, los humillados, los abandonados o los discriminados. Ha olvidado que la comunidad tiene el deber de asegurar a cualquiera de sus miembros y que la calidad de la sociedad se debe medir por el bienestar de sus partes más débiles y, en lugar de eso, compite con la derecha política por allanar el camino al gobierno de los mercados, a pesar de la creciente injusticia, la desigualdad y el sufrimiento que ello conlleva.

Es lo mismo que sostiene el socialista y lingüista Raffaele Simone ( “El monstruo amable. ¿El mundo se vuelve de derechas?” E. Taurus ). Para el ensayista italiano “esta izquierda huele a derechas en actitudes y comportamientos. Está muy alejada de la calle y teme hasta presentarse como izquierda. Ha sido incapaz de entender en las últimas dos décadas qué era el mundo globalizado. Es un indicio preocupante, porque quiere decir que los mecanismos de la democracia han dejado de interesarnos y podríamos acabar por no querer partidos”. Se ha decidido, además, a renunciar a sus viejas aspiraciones, a sus ideales de siempre para abrazar un discurso genérico y pactista. Anclada en la derrota ideológica, sin haber sabido superar el pasado, sin identidad política, mantiene un alegato minimalista, contagiado del consumo y sin una verdadera visión de conjunto. “Mientras la Neoderecha se presenta moderna, afable y trendy, la Izquierda se ve polvorienta, aburrida y out (?) Bajo el rostro amable todo será fluido, divertido, fun?”

En el prólogo a este libro Joaquín Estefanía nos dice que “la crisis económica, el último combate por ahora, ha pillado a la izquierda sin una época propia, con su contenedor vacío y maltrecho por los golpes de quienes intentan evitar que se vuelva a levantar (?) puede que la socialdemocracia esté en una crisis terminal (o puede que no) pero no así las ideas de izquierda, que combinan un grado limitado de desigualdad con la búsqueda del bienestar general, la solidaridad, la instrucción y, naturalmente, la libertad” .

Frente al desprecio a la “cuevita de la izquierda” o frente a alternativas como las se planteaba no hace mucho, a través de la iniciativa Progreso Global que cuenta con el empuje de personajes como Clinton, Blair y Felipe González, todos ellos en estos momentos en la nómina de grandes grupos económicos mundiales, es necesario recobrar la confianza en la posibilidad de que, venciendo eternos cainismos, es hoy necesario, no sé si más que nunca, defender la vieja idea de que cambiar el mundo es posible, de que es viable recuperar la autonomía de la política y la democracia frente al ultraliberalismo, que debemos defender la justicia social, la igualdad y la equidad, que no podemos renunciar a la defensa del medio ambiente, de la solidaridad y de los valores y los principios humanistas y ciudadanistas frente al intento de convertirnos en individuos aislados y programados para el consumo.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

La lucha encarnizada a la que estamos asistiendo en los últimos meses en los medios de comunicación por quedarse con el lupanar de Adelson, deja a la intemperie lo más mezquino del sistema económico que padecemos y lo más miserable de la política. Y no se libra casi nadie. Resulta terriblemente patético observar la lucha sin cuartel entre Barcelona y Madrid (también lo intentaron Valencia y Tenerife) por hacerse con un proyecto que, como denuncia el escritor Roberto Saviano, experto en el crimen organizado, viene ligado a prostitución, ludopatía, tráfico de drogas y blanqueo de dinero de la mafia. Se trata de montar en un espacio, que habría que recalificar, de casi mil hectáreas, hoteles, campos de golf, casinos con más de ocho mil máquinas tragaperras y de modificar la legislación española para permitir la entrada de menores a las instalaciones, para reformar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería y los mecanismos de prevención de blanqueo y movimiento de capitales. Para consentir que se pueda fumar en el interior de las instalaciones, ampliar la edificabilidad urbanística, construir carreteras de acceso, permitir la exención de impuestos y cuotas a la Seguridad Social y un largo etcétera de despropósitos. Dicen que con todo esto van a crear 16.000 puestos de trabajo. Habría que ver cuantos crearían nuestras pymes y autónomos que ya emplean a cientos de miles de trabajadores, que invierten aquí, que generan riqueza aquí y que no se llevan su dinero a paraísos fiscales, si se les concedieran las mismas prebendas. Es penosamente humillante escuchar a Ana Botella tachar de falsa hipocresía el que se cuestione que se pueda cambiar la Ley del Tabaco para este fin, al ministro Soria que considera que la propuesta es “extraordinaria” y que “ojalá” se hubiese planteado en su tierra, o escuchar a una Esperanza Aguirre desbocada ensalzando las excelencias de su Comunidad y su gente para ponerlas al servicio del juego. Había que verla alabando el dominio del inglés de sus convecinos, y menos mal que se paró ahí y no siguió con el francés, el griego y hasta con alguna expresión del habla cubana? O ver el desfile de políticos y empresarios que acuden, cuando viene a España, a rendir pleitesía a Sheldon Adelson, el fundador de Las Vegas Sands y promotor de este dichoso Eurovegas que, como editorializaba The New York Times hace unos días, es el mayor financiador de los republicanos americanos y del Tea Party, hasta el punto de que es el estadoudinense que está dedicando más dinero a derrotar a Obama, quizás también porque la Justicia de su país está investigando si Adelson violó en Macao la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.

¿De verdad era éste el nuevo modelo productivo que estaban buscando y que se necesitaba para salir de la situación de crisis que vivimos? Se decantan por una salida a la crisis, y a la recesión que anuncia de Guindos, apostando por un modelo de tahúres y proxenetas mientras destruyen los pilares de un modelo productivo de futuro ligado a la educación, la investigación, la universidad y las energías limpias. Debe ser por eso entonces por lo que han herido de muerte a las renovables, imprescindibles para el medio ambiente, para romper nuestra dependencia energética, para la supervivencia de más dos mil empresas, para el mantenimiento de más de 40.000 puestos de trabajo y para la creación de muchos miles más. Se apoya la concesión de primas, ayudas y la ejecución de obras públicas para el juego y la prostitución, pero se torpedea a las renovables porque estorban al lobby eléctrico y echan por tierra una industria pujante, innovadora, que abre mercados para España en el exterior y espacios a la industria y la innovación tecnológica. Debe ser por eso por lo que se han reducido en un 30% , en tres años, los presupuestos españoles en I+D+i, a pesar de que el Congreso aprobó la Ley de la Ciencia que en su preámbulo establecía que “el modelo productivo español se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación?” y de que Luis de Guindos lo ratificó en febrero pasado (“vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía”), y a pesar de las críticas de Financial Times (por cortar “un motor de la recuperación”) y de Bruselas que denuncia que España ocupe en estos momentos el lugar número 18 en la UE-27. Debe ser por eso por lo que están recortando en 10.000 millones de euros los presupuestos dedicados a la educación, a la inversión en formación, y van a reducir en cinco años la inversión pública en enseñanza de un 4,9% al 3,9% del PIB, lo que, de nuevo, hace advertir a Bruselas que “los recortes en educación amenazan con socavar el potencial de crecimiento de la economía y la competitividad”. Debe ser por eso que se ataca a las universidades dificultando el acceso a los estudiantes, congelando la oferta de empleo público, disminuyendo la plantilla de docentes, recortando titulaciones, rebanando las inversiones en un 89%, las becas en un 25%... A lo que se ve, era el de una “casa de putas”, como calificó el presidente de Kutxabank a Eurovegas, el modelo económico que necesitábamos. Como dice Derek Bok, el que fuera rector de la Universidad de Harvard: “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia”.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Ante todo este caudal de intoxicaciones y de maniobras encaminadas a reducir lo público a la mínima expresión, un gran número de los que piensan lo contrario se achantan. Otros no cuentan con los espacios adecuados para expresarse. La ciudadanía se muestra resignada o marginada, cuando no indignada. Muchos intelectuales miran para otro lado?Bueno, afortunadamente no todos. J.M. Vallés y X. Ballart acaban de editar un libro valiente y arriesgado que cuestiona los tópicos y las estrategias encaminadas a poner chinitas a la democracia y sus instituciones. En “Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos”. (Ariel), participan además expertos en Ciencia Política de la talla de Joan Subirats, E. Anduiza, J. Botella, Q. Brugué, A. Casademunt, A. M. Fernández, F. Morata y S. Martí y se mojan en la profundización de las causas del desafecto, en aportar alternativas y en hacer una llamada a la participación de los ciudadanos al compromiso con la política y la democracia.

En la presentación de la publicación, J.M. Vallés, nos advierte que se está situando a la democracia en una posición de fragilidad y que se nos vende el fracaso económico como un “exceso de política”, lo que lleva a una des-democratización que entrega atribuciones políticas a autoridades no electas, agencias, bancos centrales, etc. Se trata de facilitar, además, una menor regulación pública de la actividad empresarial, la reducción de las cargas impositivas redistributivas y recortes de derechos y prestaciones sociales.

El libro es profundamente enriquecedor y, aún reconociendo desequilibrios, déficits de gestión, desorganizaciones, abusos sindicales que alimentan el desprestigio social, etc, no ahorra detalles para desmontar el entramado antidemocrático, como cuando nos dice que en España son algo menos de doscientas mil personas las que ocupan cargos electos o dependientes directos de los mismos; que las administraciones públicas tienen una dimensión inferior a las de la mayoría de los países avanzados; que tanto en presupuestos como en personas gestionan recursos equivalentes al 38% del PIB, mientras que la media para la EU-15 es del 46%, lo que hace que España esté en el penúltimo lugar de este ranking, la misma posición que alcanza en la clasificación de gasto público per cápita; que el personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a algo más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles territoriales, lo que equivale a menos de un 15% de la población activa, porcentaje claramente inferior al de la media europea?

Esta obra no pretende ser, desde luego, un panegírico. Y por eso dedica buena parte de sus análisis a dar cuenta de los enormes lastres que arrastra un sistema al que la partitocracia imperante, instalada cómodamente en la alternancia de poder, no sabe o no quiere dar respuesta. Así nos refiere en profundidad cómo la política se ha ido apartando de lo que interesa realmente al ciudadano con promesas generosas, titulares llamativos, declaraciones de intenciones vacuas; de cómo se ha intensificado la lejanía entre los ciudadanos y la política, por lo que sería necesaria la búsqueda de la mejora de la representatividad; del enorme divorcio entre la sociedad civil y los partidos, convertidos en organizaciones profesionales, sumidos en una espiral de concentración de poder. Nos habla de la percepción de corrupción generalizada -para la ciudadanía la honradez se está convirtiendo en una excepción y no en la regla- pero que no es mayor que la que se da en otros ámbitos y que es magnificada por su utilización como arma política y por unos medios de comunicación que prefieren el conflicto y la estridencia frente a las noticias positivas (“la comunicación parcial o deficiente pervierte la visión de la política”). Nos habla del fraude continuo de las ideas y las promesas de los partidos, homogeneizados por el planteamiento neoliberal y por sus prácticas al servicio de los lobbies o grupos de interés, y que solo se diferencian en algunas “políticas simbólicas”. Y, por último, nos advierte acerca de la apropiación indebida de la política por parte de los políticos, en detrimento del resto de la sociedad y de la sensación de inutilidad que transmite la constatación de que el poder económico de las grandes empresas transnacionales supera al de los estados.

Pero no se queda en ello. Da alternativas. El individualismo más radical y el poder económico no pueden arrinconar a la política, que no merece convertirse en una innecesaria molestia sino en fabricante de sueños colectivos. Afirmar -dice- que la iniciativa ciudadana no sirve para nada es como reconocer que los avances de la humanidad han sido fruto del azar, por lo que es preciso construir lazos de confianza entre políticos y ciudadanía. “El desarrollo sostenible, la seguridad colectiva, la protección real de los derechos individuales y, en último término, garantías efectivas para la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los habitantes del planeta” solo es posible desde una moral colectiva que comprometa al individuo con su comunidad ya que “cuando se denuncia el abandono del gobierno en manos de las élites y se reclama una intervención directa de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos, un sistema democrático infectado por actitudes de desinterés, desencanto o repulsa ni se justifica o mantiene?Si los ciudadanos no sienten aprecio por el sistema de gobierno del que son responsables, no está nada claro que puedan conservarlo”. ¿Cabe alguna duda de que es de suma urgencia reclamar más política, más ciudadanía y más democracia?.

Antonio Morales Méndez

Para UNICEF (Infancia en España 2012-2013) “la pobreza en España tiene rostro de niño” ya que la pobreza infantil afecta a un 26% de los menores españoles. En este país viven 2.200.000 niños por debajo del umbral de la pobreza (en dos años esta cantidad ha aumentado en 205.000) y entre 2007 y 2010 el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo se ha elevado en un 120%. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia afirma categórico que “la protección de la igualdad de oportunidades para la infancia es una cuestión de ética y justicia, pero además es una apuesta estratégica y transformadora” que de no considerarse puede tener consecuencias irreversibles a medio plazo. Y no son solo números. Son hombres y mujeres sufriendo que se ven cada día pululando por los despachos de los servicios sociales municipales o por las cáritas locales.

Pero eso sería hacer justicia social y, desde luego, eso no entra en los planes de los mercados. Si algo tiene claro el neoliberalismo es que la justicia social, según Hayek, anula la responsabilidad personal, eleva el poder del Gobierno sobre los ciudadanos y limita sus libertades. Y eso no se puede permitir. Por eso a los ciudadanos hay que darles caña y someterlos a la ley natural de la supervivencia. Y si hay que hacer justicia y sacar de la pobreza y rescatar a alguien no es, en absoluto a los pobres. Que aprendan a vivir en este mundo implacable. A quien hay que rescatar es a los bancos, a los pobres bancos a los que se les fue la mano inocente y nos metieron en esta durísima crisis. Y mientras, estupendo si además gana la Alemania que nos llevó a una Primera Guerra Mundial por su ambición imperialista, que no se conformó y nos empujó a una Segunda con un desmedido afán mesiánico y que se ha empeñado en mantener esta guerra fría en el seno de la actual UE por puro enriquecimiento de su sistema financiero.

Se rescata a los bancos con dinero público ?¡cuanto intentaron convencernos desde la mentira recurrente de que no era sino un préstamo que nos iba a sacar de la situación en la que estábamos!-; se socializan las pérdidas del sector financiero y se aumenta cada vez más la deuda estatal española, que se ha duplicado desde el inicio de la crisis por los altos intereses que pagamos a los bancos alemanes después de que nos presten dinero a precio de usura cuando ellos lo han recibido del BCE a un 1%. Se hace más palpable e igualmente pesada la deuda privada que arrastra a la pública asfixiando a un Estado que hace de avalista. Se consuma, por tanto, el sometimiento del Estado a los poderes económicos y a la banca alemana y aunque se nos repitió por activa y por pasiva que el “préstamo” para sanear a la banca española no implicaba ningún tipo de condiciones especialmente gravosas, la realidad es que el FMI ya se ha lanzado a pedir al gobierno de Rajoy otro severo plan de ajuste en el que se incluye la subida del IVA, un durísimo plan de privatizaciones y una bajada de sueldo a los funcionarios. Los voceros españoles del neoliberalismo no se quedan a la zaga y, asustándonos con los negros presagios de una intervención segura del país al situarse la prima de riesgo cerca de los 600 puntos, no dudan en demandar, además, la eliminación de la desgravación por vivienda, una drástica reducción de la administración, nueva reforma de las pensiones, replanteamiento de las prestaciones por desempleo? No les basta con lo que han hecho hasta ahora congelando los salarios, frenando la actualización de las pensiones, cercenando derechos sociales y laborales, precarizando la educación y la sanidad.., y nos anuncian más paro y más pobreza.

No le sirve para nada al neoliberalismo, que propicia un sistema financiero especulativo sin control alguno, las peticiones del G-8 para que se abran las ayudas también para los ciudadanos; le importa un bledo la llamada del G-20 a ir más allá de la austeridad acudiendo a estímulos y crecimiento; se las trae al pairo la rabia y la impotencia de los españoles que ven como aparece dinero a mansalva para salvar a los bancos pero no para rescatarlos a ellos de la pobreza y el paro. Sabe que es el momento para dar el golpe definitivo al Estado de Bienestar rompiendo el consenso con la socialdemocracia y los liberales que entendían otro modelo de capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial; es consciente de que están minando la legitimidad de la política (dice El Mundo que lo que más desean los ciudadanos es una contundente disminución de la administración en todos sus niveles) y saben que están ganando la guerra ? si no lo remediamos- de la pérdida de la soberanía de la democracia. Algún día la ciudadanía, la política, la democracia, pisarán las calles nuevamente y entonces habrá que exigir responsabilidades ante la justicia a los que nos han llevado a esta situación y a sus cómplices necesarios.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Hace unos días el Consejo Económico y Social afirmó con rotundidad que recortar en educación, sanidad y dependencia “cronificará” las desigualdades más allá de la crisis en un país que se empobrece más rápido que el resto de la UE y que presenta uno de los índices más altos de exclusión social, con uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza. El profesor Josep L. Barona (El precio de la enfermedad) nos decía hace unos días cómo los Ilustrados de fines del XVIII ya eran conscientes de que la pobreza y la desigualdad “constituyen el principal factor patógeno” y que la desigualdad social arruina a las naciones y es el enemigo principal del progreso. En el mismo sentido se expresaban recientemente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que insisten también en destacar la importante correlación entre el gasto en protección social de un país y la mortalidad y en ratificar que hay una relación directa entre la economía y la salud, por lo que en periodos de crisis se constatan problemas de desnutrición, de obesidad, de violencia doméstica con repercusiones en la salud infantil, de auge de las enfermedades mentales (han aumentado en un 15% las consultas desde el 2008 y afectan significativamente a las clases medias y empresarios). Señalan igualmente un incremento de la mortalidad ligada a enfermedades cardiovasculares, traumatismos y suicidios: “por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para acceder a ellos”. Y podría seguir aportando datos, pero lo resume todo Sergi Raventós (Crisis económica y salud mental) citando a Thomas McKeown (Los orígenes de las enfermedades humanas. Triacastela): “el mayor avance que podría hacerse en el campo de la salud sería eliminar las grandes desigualdades que existen entre los pobres y ricos, la eliminación de las desigualdades de la salud exige la distribución de la riqueza y es probable que en definitiva dependa de la eliminación de la pobreza. En el mundo actual, la mala salud se debe menos a la falta de recursos que a su distribución desigual entre naciones y dentro de ella”.

Desgraciadamente, y frente a lo que dicen los expertos, en España el Gobierno del PP rema empecinadamente, irresponsablemente y dolosamente en sentido contrario. Mariano Rajoy que nos repitió por activa y por pasiva que no tocaría nunca la sanidad y que no era partidario del copago ?“no es un asunto que esté sobre la mesa”-, ha puesto en marcha una contrarreforma sanitaria que supone un grave retroceso al llevarnos a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986, que supuso una auténtica conquista social que garantizaba la asistencia universal. Y eso que el gasto sanitario español está situado un punto por debajo que el de la media europea.

Al tiempo que se ha sometido a la sanidad pública a un recorte brutal de más de 7.000 millones de euros -en Canarias ha sido de 600 en tres años y nos anuncian muchos más- el ministerio de Sanidad pone en marcha una modificación en profundidad que avanza hacia la posibilidad de que los que más tengan puedan acceder a seguros privados financiados con fondos públicos y a establecer un sistema de copago que afecta directamente a pensionistas, enfermos crónicos y personas sin recursos o con pocos recursos que no podrán pagar sus medicamentos. Por supuesto que todo ello aderezado además con un tinte de inconstitucionalidad y de xenofobia brutal al criminalizar y dejar fuera del servicio, inhumanamente, a los inmigrantes no regularizados. Se tendrán, además, que pagar las prótesis, los transportes sanitarios y las medicinas; se excluyen, ambiguamente, servicios que hasta ahora se prestaban; se eliminan los fármacos para síntomas menores y se intenta dejar fuera igualmente a los jóvenes a partir de 26 años (afortunadamente, en esto han tenido que recular).

Y se abre la puerta a la privatización de servicios esenciales. Es la razón de fondo sin ningún género de dudas. Las urgencias colapsadas, los quirófanos de tarde eliminados, las interminables listas de espera, los hacinamientos hospitalarios, la escasez de medios, los recortes en investigación, la disminución de las plantillas de funcionarios, el aumento de sus horas de trabajo.., son el exponente de la pérdida de calidad de una sanidad hasta ahora modélica y son también, esencialmente, elementos disuasorios del uso de la sanidad pública. Una estrategia que casa perfectamente con el aumento de los conciertos y las externalizaciones, la introducción de empresas privadas en los centros públicos y las privatizaciones de hospitales. No es casualidad entonces el aumento importante de los seguros personales privados (más de diez millones de españoles ya disponen de uno) ni que en lugares como en Valencia o Madrid se empiece a poner en marcha un sistema de gestión privada en sus hospitales.

Como siempre, la excusa de los recortes y los ajustes por motivos económicos para imponernos el modelo neoliberal. Para ahuecar lo público. Para convertirnos en individuos que debemos existir para consumir y para ser objetos de beneficio económico. Como dice Adela Cortina (¿Sanidad sostenible?), en el mundo de la enfermedad el “beneficio” no ha de medirse en dinero sino en bienestar de las personas, de todas las personas, resulte su salud rentable o no para el conjunto de la sociedad: “si las metas de la sanidad son fundamentalmente prevenir la enfermedad, curar lo que puede curarse con los medios disponibles, cuidar lo que no puede curarse y ayudar a morir en paz, la rentabilidad del mundo sanitario ha de medirse en términos de ese beneficio”. Pero han elegido otro camino: el enriquecimiento de unos pocos.

*Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

El asunto Garzón supuso, sin duda, el primero de los aldabonazos más recientes. En medio de la instrucción del “caso Gürtel” y de la apertura de un proceso para la investigación de los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo echa por tierra la carrera de uno de los jueces que más había sintonizado con el sentir popular. Coincidiendo con la estrategia del PP y de la extrema derecha, siete jueces del Supremo ?“una casta de burócratas al servicio de la venganza”, según Jiménez Villarejo- hicieron prevalecer, frente a la opinión de los fiscales y otros jueces que también intervinieron en el proceso, los derechos de una delincuencia organizada, que alegó un pretendido desbaratamiento de las estrategias de defensa. Sucedió lo mismo con los que pretendían mantener impunes los crímenes de la dictadura de Franco. De un plumazo se cargan a uno de los jueces más valorados, se frena un caso de corrupción que salpica de lleno al PP y se impide investigar los crímenes del franquismo. Frente a cientos de casos archivados o durmientes de acusaciones de prevaricación contra jueces, la diligencia con la que se juzga a Garzón produjo serios cuestionamientos al proceso por parte de expertos españoles o internacionales como Human Rights que no dudó en atribuir la sentencia a “represalias”. Pero lo consiguieron y eliminan, a toda velocidad, a un juez progresista, defensor de los derechos humanos y reconocido internacionalmente. Gaspar Llamazares no dudó en afirmar que “nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo”.

Lo que sucede con el “caso Urdangarín” no mueve un ápice el escenario. Frente a aquello de que “la justicia es igual para todos”, lo cierto es que el Rey supo por adelantado que Iñaki Urdangarín iba a ser imputado por presunta apropiación de fondos públicos, lo que le permitió preparar las estrategias con antelación según apuntaron distintos medios de comunicación. A pesar de que tanto el supremo como el CGPJ aconsejan penar a los cónyuges, casualmente la infanta Cristina -miembro del consejo de administración de Nóos y titular del 50% de la sociedad patrimonial Aizoon, utilizada supuestamente para desviar fondos públicos- no ha sido imputada y, ni siquiera, llamada a declarar como testigo, al contrario que la esposa de Diego Torres, socio del yerno real, que si lo ha sido. La portavoz del CGPJ llegó a plantear el pasado mes de febrero que no “todos los imputados son iguales” y que no se puede “estigmatizar” la imagen de Urdangarín.

Por supuesto que lo de Carlos Dívar también clama al cielo. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo nos sorprende a todos con unas copiosas facturas de gastos fastuosos, en fines de semanas pletóricos de satisfacciones en Marbella, y no pasa nada. El fiscal cierra filas en su favor y se le acepta su informe, al contrario de lo que sucedió con Garzón. Los miembros del alto tribunal se enfrentan entre sí y se pide la dimisión del denunciante; se aumenta el cuestionamiento de la justicia, y no pasa nada. Pero lo cierto es que se ha producido un despilfarro considerable de dinero público en unos momentos durísimos y, como se haría en cualquier institución, no se ha abierto ninguna investigación, ni se le ha imputado, ni se le llama para que declare y dé las explicaciones necesarias. Dívar, que expresó hace un tiempo que “hace falta mucho valor para ser juez” y, más tarde, que no era tolerable tratar de prevaricadores a miembros del supremo ni dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial, “que soy testigo en ambas instituciones de las horas y del sacrificio que consigo llevan”, considera una “miseria” el dinero gastado en actos dudosamente oficiales y permite que la mayoría de los vocales trabajen de martes a jueves solamente. Es lo que él llama “tener la conciencia tranquila”. Austeridad, ajustes, recortes y la máxima autoridad del poder judicial y otros de sus miembros viviendo a cuerpo de rey (nunca mejor dicho). Pura transparencia y dedicación. Como dice José Antonio Martín Pallín (“¿Para qué servimos los jueces?”. E. Catarata), “no basta con jurar o prometer acatamiento a la Constitución para tener convicciones democráticas. Es necesario integrar en la vida de cada uno, los sentimientos, los principios y los valores que deben estar presentes en la aplicación de la ley”.

Y podríamos seguir hablando del archivo de la causa abierta contra el banquero Botín por fraude fiscal, de la orden del fiscal general del Estado para que no se recurra el veredicto del Jurado Popular a favor de Camps, del indulto al consejero del Santander Alfredo Sáenz, de la anulación de la expulsión como juez de José Antonio Martín? Pero llega Gallardón y para arreglarlo todo nos propone una justicia aún más retrógrada, clasista, conservadora y reaccionaria. Se trata en definitiva de alejar la justicia de los ciudadanos con menos posibilidades económicas aumentado enormemente las tasas judiciales y retornando al sistema de elección del Poder Judicial de 1980, lo que afianza el dominio de casta de los jueces más conservadores. Frente a la creación de más juzgados, a la búsqueda de más rapidez y eficacia, a un acceso más numeroso y más plural de los jueces a la carrera judicial, el PP nos pretende devolver a un pasado más oscuro, más endogámico, menos democrático. Mercedes Gallizo afirmó hace poco que “un estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes”. Es más o menos lo mismo que dice Martín Fierro en unos versos citados por Martín Pallín: “La ley es tela de araña./En mi ignorancia lo esplico:/no la teme el hombre rico,/nunca la tema el que mande,/ pues la ruempe el bicho grande/ y solo enrieda a los chicos”.

*Antonio Morales Méndez es alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Ya lo dice Tony Judt (Algo va mal. Taurus): los dueños de las empresas privatizadas, como es el caso de Repsol, pueden correr riesgos, malgastar, hacer uso indebido de los fondos, poner los precios que les convengan a los consumidores y al propio Estado sabedores de que, si algún día tuvieran problemas, el gobierno de turno acudirá a su rescate. No se tuercen un milímetro de lo que predica Mandeville en su Fábula de las abejas: los vicios privados son los que hacen la prosperidad pública.

Es lo que ha sucedido estos días con Repsol y la expropiación del Gobierno argentino de YPF. Para defender a una empresa privada -porque lo es, aunque trabajen para ella Felipe González, el exministro Luis Carlos Croissier o el vasco Josu Jon Imaz- el Gobierno del PP no ha dudado en provocar una tremenda crisis entre los dos países y, lo que es peor, entre sus ciudadanos, a través de una intensa campaña de información a la que se han prestado no pocos medios informativos, muchos de ellos propiedad de entidades que participan en la petrolera. Así hemos visto como se han puesto en marcha maniobras para boicotear la compra de productos argentinos, ataques a comercios de argentinos en España, etc. Como escribió el pasado sábado Carlos Boyero en El País: “ahora se alienta la furia colectiva entre los verdaderos patriotas contra todo lo que desprenda aroma argentino. No sería extraño que en los estadios de fútbol, los ultras se inventaran cánticos y lemas sobre la perversión de ese pueblo. Lo más preocupante es que sus insultos y lemas encontrarían eco y solidaridad entre el público descerebrado. Hay cantidad”. Estamos poniendo en riesgo a muchas empresas españolas que operan en Argentina y estamos poniendo en riesgo a muchísimos españoles que han emigrado a ese país buscando el empleo que aquí no encuentran.

Mas allá de la valoración de que la medida pueda ser buena o no para Argentina, de si responde o no a una medida populista, de si pudiera esconder o no intereses espurios, detrás de todo lo que está pasando se trasluce, con meridiana claridad, el enorme poder de una multinacional que mueve ingentes cantidades de dinero y que se juega ingentes cantidades de dinero también para apurar las pocas gotas de petróleo que van quedando en el mundo; que utiliza al Estado, al Gobierno español y a los partidos políticos mayoritarios como títeres y los pone a su servicio cada vez que lo considera necesario para sus intereses. Con la excusa de la Defensa del Derecho Internacional (que se esgrime para salvar los grandes intereses económicos o para invadir países en función de sus necesidades geoestratégicas y nada más) hemos visto en los últimos días las intervenciones y presiones del Rey, de Felipe González (Gas Natural-La Caixa), la UE y hasta de Obama ante la presidenta argentina. Y también las advertencias de Soria de provocar una irresponsable guerra diplomática, con el riesgo de causar perjuicio gravísimo a las empresas españolas que trabajan en ese país: “una reacción hostil contra una empresa española es por tanto en contra de España”. Y todo para torpedear el que un país ejerza su pleno derecho a nacionalizar una empresa que no cumple con sus expectativas y obligaciones y haga uso de su soberanía para negociar con los chinos o los americanos la venta de acciones de YPF como parece ser hacía Repsol. Y no es la primera vez que sucede. Ya Moratinos puso la política exterior española al servicio de la petrolera acudiendo como intermediario a negociar con el tirano guineano Obiang, al que recibió con todos los honores en España, o acompañando a Brufau a hacer negocios a algunas de las nada democráticas repúblicas de la antigua Unión Soviética o de África. Y todo con el pretexto de una españolidad absolutamente falsa pues la participación de empresas españolas en su capital no llega al 50% (Sacyr, Caixabank y otros inversores) perteneciendo el resto a México (Pemex), y a fondos de inversiones chinos, americanos y de otros lares. Repsol fue creada por el Gobierno español en 1986, a partir del Instituto Nacional de Hidrocarburos y se privatizó totalmente en 1997 de la mano de Aznar, a precios irrisorios según el Tribunal de Cuentas. A partir de ese momento se ha convertido en una multinacional con prácticas cuestionables en lugares como Nigeria, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, etc, donde se constatan serios problemas con las comunidades indígenas, con el medio ambiente, con el aumento de la corrupción inducida, etc. Forma parte también de ese 82% de empresas del Ibex que acude a paraísos fiscales creando en 27 países 272 filiales (13 son suyas) ocultas a la Hacienda pública española. Puro patriotismo. Pura españolidad.

Antonio Morales Méndez

Los últimos datos que conocemos de España son auténticamente definitorios. El año pasado el fiscal general del Estado Conde-Pumpido nos advertía que los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se habían incrementado en un 40% y por las mismas fechas Francia nos descubría que más de 3.000 fortunas españolas tenían una cuenta en Suiza. Pero claro, todo eso es pecata minuta. La realidad es que a través de recursos legales, más o menos legales o claramente ilegales en forma de fundaciones, paraísos fiscales, deslocalizaciones, sociedades patrimoniales, sicav, facturas falsas, argucias empresariales?etc, cada año se dejan de ingresar al fisco miles y miles de millones de euros. Según el Sindicato de Técnicos del ministerio de Hacienda, España es el tercer país más defraudador de la UE, con un 23,3% de su PIB. Mientras el 71% de la evasión (44.000 millones de euros) la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas, el ministerio “dedica el 80% de la plantilla (28.000 funcionarios frente a los 140.000 de Francia o los 150.000 de Gran Bretaña) a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pequeñas empresas y de algún trabajador que haya olvidado alguna partida en su declaración”. Según los técnicos de Hacienda el principal problema de la economía española es el profundo descenso de los ingresos tributarios y el fraude fiscal y calculan una reducción de más de 50.000 millones de ingresos por este concepto. Según el investigador en fraude fiscal Friedrich Schneider en un estudio realizado sobre España en 2009, “la erradicación de la economía sumergida supondría un aumento del PIB superior a los 200.000 millones de euros”.

Para el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 82% de las empresas del Ibex (Santander, BBVA, Endesa, Repsol, Iberdrola, Gas Natural, Inditex, etc), acude a paraísos fiscales para reducir sus impuestos y entre todas ellas cuentan, en 27 países, con 272 filiales ocultas a Hacienda. También la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) ha denunciado que los beneficios de las grandes sociedades españolas tributan mucho menos que un mileurista -por la ausencia de límites en la deducciones- y urge ?afirman- abordar la reforma del Impuesto de Sociedades si se quiere garantizar el cumplimiento de los objetivos del déficit.

Y hay casos sintomáticos, claro. Resulta curioso ver en la lista de las empresas que se pasean por los paraísos fiscales a las eléctricas y petroleras españolas que se quejan de que soportan un déficit tarifario que tenemos que pagar todos los españoles con un aumento continuo del recibo de la luz; o a Zara que se ahorra un buen fajo de impuestos al facturar sus ventas en Internet desde Irlanda o al ínclito Emilio Botín, que aplaude a rabiar cada una de las medidas de ajustes y recortes de Rajoy y que pide más y más, (“las reformas son duras pero imprescindibles”) y que tenía como mínimo 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC?Y como Botín, vemos a muchos de ellos pidiendo cada día más reformas, menos impuestos, menos administración, menos servicios públicos?

Un informe de la OCDE de diciembre del año pasado señalaba a España como uno de los países europeos donde más se nota el incremento de las desigualdades sociales debido a la pérdida generalizada del empleo y llamaba a la creación de puestos de trabajo, a la potenciación de la educación, la sanidad y los servicios sociales “gratuitos y de calidad” y aseveraba que, para garantizar todo esto “los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar porque los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente”. Es lo que hizo Obama en Estados Unidos poniendo en marcha la “tasa Buffett” que grava un 20% más a los millonarios para ahorrar tres billones de euros y reducir el déficit al 2,3% en 2020, o lo que puso en marcha Sarkozy en Francia o lo que planteó hace unas semanas Mario Monti: “Los sacrificios tenemos que hacerlos todos. Es justo que no sólo paguen la crisis los jubilados, sino también los ricos”.

Pero eso solo pasa fuera. Aquí nos gusta ser más papistas que el papa. Nos gusta ser más neoliberales que nadie y por eso Mariano Rajoy acaba de poner en marcha una enorme y tremendamente injusta amnistía fiscal que solo favorece a los más ricos y poco aporta a las arcas de un Estado que ya anda anunciando recortes a la sanidad y a la educación. Desde el PP nos dijeron que no se tocarían los impuestos ni se abarataría el despido y fue lo primero que hicieron. Más tarde afirmaron que se podría tocar todo menos la sanidad y la educación y ya andan anunciando otra cosa. Pero lo de ahora no tiene nombre: en el año 2010 se atisbó una amnistía fiscal por parte del PSOE y Rajoy afirmó que esa ocurrencia no la apoyaría su partido en ningún caso y María Dolores de Cospedal puso el grito en cielo porque la consideraba “impresentable”, “injusta” y “antisocial”. “No es de recibo ? decía- que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que defraudan se les perdone”. Y no le falta razón, pero lo han hecho. Han puesto en marcha una amnistía que permite repatriar fondos de paraísos fiscales tributando al 8% previa exoneración de cualquier responsabilidad penal. Como escribió Victoria Prego, el Gobierno se presta a hacer “de perista del dinero negro y lo compra a precio de oro”. Se premia de una tacada a los defraudadores en una medida cuestionada por las asociaciones judiciales y por eminentes juristas que dudan de su constitucionalidad, y se obvia la ejecución de una política fiscal justa y equitativa que haga que pague más quien más tiene para pagar, que ponga en valor la persecución del fraude y del delito fiscal. Y para colmo, el Gobierno popular designa como número dos de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) a Pilar Valiente, que tuvo que dejar la Comisión Nacional del Mercado de Valores por su implicación en el “caso Gescartera”. Para el profesor de Economía Política Luigino Bruni cuando se produce una amnistía de este tipo los comportamientos civilmente reprobables tienden a aumentar: “hay una parte de los ciudadanos honrados pero decepcionados que cambia de comportamiento, puesto que deja de incluir esos comportamientos ilícitos condonados en el ámbito de la ética pública y los deberes cívicos, para incluirlos en el ámbito del mercado, de los precios y de las mercancías”. En estos días la Agencia Tributaria nos está llamando a todos a consultar y confirmar nuestro borrador de la declaración de la renta 2011 ¿Lo haremos sin chistar? Los inspectores de Hacienda creen que la amnistía “deslegitima al Estado” y temen un derrumbe de la conciencia de los ciudadanos, pero me temo que ya no nos queda conciencia ni para el derrumbe.

Antonio Morales Méndez

No es casualidad, y por ello me parece absolutamente reprobable, que personas que han tomado decisiones fundamentales sobre el desarrollo energético de este país formen parte en la actualidad, y con importantes remuneraciones, de los consejos de administración de empresas que, sin ningún género de dudas, se vieron favorecidas con sus medidas. En realidad, todo parte desde la época de Felipe González cuando, para hacer frente a la falta de liquidez de las cuentas del Estado, se comienza a poner en marcha una política de liberalizaciones que se encargó de liderar el canario Luis Carlos Croissier Batista, impulsor de la reconversión industrial y del inicio de las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas. Hoy el expresidente socialista se sienta en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa (participada por La Caixa y Repsol YPF) con un sueldo superior a los ciento veinte y seis mil euros y el exministro Croissier lo hace a su vez en Repsol, con una asignación de 215.000 euros. Casualmente, González accedió al consejo de administración de la eléctrica tres meses después de que el Consejo de Participación de Doñana, presidido por él, se hiciera el sueco ante la decisión de Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural, de instalar un gasoducto en el entorno de este espacio protegido, en contra de la opinión de ecologistas y expertos.

Con la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno español las desnacionalizaciones en todos los campos (banca, telefonía, correos, etc) se precipitan ? se hacen realidad a partir de 1996- y Endesa pasa a manos de Acciona para, posteriormente, ser vendida a la empresa pública italiana Enel que pone al frente de ella a Borja Prado Eulate, amigo del príncipe Felipe, socio de la infanta Elena en el colegio Micos e hijo del empresario e íntimo amigo del Rey Manuel Prado y Colón de Carvajal. En la actualidad Aznar cobra 200.000 euros como asesor externo de Endesa y además forman parte de su consejo de dirección Pedro Solbes -que se embolsa 200.000 euros también y que fue el ministro que gestionó y dio el visto bueno a la venta de Endesa

a Enel-, Miguel Roca (CiU) y los exministros Joan Majó y ahora Elena Salgado, que hasta hace unas semanas tuvo mucho que ver con la aceptación de las cuentas del famoso y fraudulento déficit tarifario de las eléctricas. Por su parte, Luis de Guindos ha hecho el viaje en contra: de ser miembro de Endesa ha pasado a ser ministro de Economía y no se esconderá para tomar decisiones que afecten a la eléctrica italiana. Pero no queda aquí la cosa. También forma parte de Gas Natural Fenosa Narcis Serra; de Iberdrola, el expresidente valenciano José Luis Olivas; de Red Eléctrica, los exministros Atienza (sustituido ahora por José Folgado, ExSecretario de Estado de Energía con el PP), Mª de los Angeles Amador y Miguel Boyer y de Petronor y Repsol, Josu Jon Imaz ...

Pero, a pesar de todo, esta democracia se dotó de mecanismos correctores independientes (la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia?) para controlar las prácticas irregulares y abusivas de las empresas y garantizar la objetividad y la transparencia de su funcionamiento; para vetar las operaciones que pusieran en riesgo la libre competencia, el abuso a los consumidores, la concentración de sectores regulados o estratégicos, la inspección y la calidad de los servicios, la continuidad de los suministros, etc? Hasta ahora. El ministro de Industria, José Manuel Soria, acaba de presentar un proyecto de ley de fusión de los reguladores, que acabará dentro de tres meses con esos organismos autónomos y pasará a la Secretaría de Estado de Energía las competencias para autorizar o no la compra de participaciones de empresas estratégicas, las tareas de inspección, los expedientes sancionadores, etc, y al ministerio de Economía la investigación de las acciones contrarias a la libre competencia. Se quiebra por tanto la independencia y la transparencia de los controladores y queda todo en manos de ministerios mediatizados como hemos visto y comprobado.

Es la escenificación de la complicidad que se procura el trust eléctrico con políticos significados desprovistos de ética para conseguir, como cártel, pactar los precios, falsear los datos, imponer los fósiles y atacar las renovables, fijar déficits a su antojo, obligar a mantener un modelo caduco y frenar una industria boyante y alternativa en torno a las energías limpias, comprometer la soberanía energética?

Es muy duro, pero estamos ante la cruel realidad de ver ante nuestros ojos a unos políticos, carentes de integridad, que fueron y son valores instrumentales de determinados enriquecimientos. Estamos ante la constatación de que existe una minoría que gobierna para sí misma y pervierte la democracia. Estamos ante una peligrosa oligarquización de la política que genera desapego, desconfianza, desprecio y rechazo de la ciudadanía hacia la democracia y las instituciones que la sustentan y cada vez vemos como son menos los que conciben la política, desde la fortaleza de las convicciones éticas, como “el cuidado de la existencia” (H. Arendt) para el bien común y no para unos pocos.

*Antonio Morales es alcalde de Agüimes.

Antonio Morales Méndez*

Para el día 19 de este mes los sindicatos españoles mayoritarios han organizado manifestaciones en toda España llamando a la participación ciudadana en la calle para expresar el rechazo a las medidas adoptadas. El 23 la Federación Sindical Mundial (FSM) ha convocado en distintos lugares del planeta (también en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de sindicatos de base y otras organizaciones) una concentración-manifestación en defensa de los servicios públicos. Para el 29 los sindicatos europeos bajo el lema “por el empleo y la justicia social”, y dentro de una jornada de acción europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, también, han llamado a la movilización como muestra de oposición a las políticas de austeridad “socialmente injustas”, los ajustes presupuestarios y los recortes sociales que solo han conseguido aumentar la pobreza y las desigualdades sociales. Sé que no son precisamente los sindicatos mayoritarios españoles los llamados a transformar la realidad. La verdad es que han frustrado muchas veces a sus bases y a los trabajadores. Pero aunque algunas de estas convocatorias la hagan asustados y dudando sobre su éxito, no podemos dejar pasar cada ocasión que se presente para mostrar nuestro rechazo a lo que está sucediendo.

Se hace necesario ahora más que nunca que se venzan todos los miedos y se despierten todas las esperanzas para que las voces de millones de personas no renuncien a defender en la calle, en los trabajos y en las instituciones públicas los espacios de libertad alcanzados tras cruentas guerras mundiales o dolorosas dictaduras. Es el momento de la acción para hacer oír las reivindicaciones de ciudadanos libres que se rebelan contra el sometimiento de la democracia y de lo público y contra las campañas masivas de desmovilización social y de desprestigio de lo colectivo a las que nos encontramos sometidos. Es el momento de combatir el gas letal de la indiferencia, que según Chéjov “equivale a una parálisis del alma, a una muerte prematura”

Josep Ramoneda piensa que la indiferencia es probablemente una manera equivocada de reducir el riesgo y que tiene tres componentes: la contraria a la naturaleza del hombre según Aristóteles que es la apolítica, “la indiferencia como alejamiento de la política y abandono de las responsabilidades”; la indiferencia con los demás, “la sensación de que vivo en un espacio aislado, propio, a lo sumo de un entorno reducido, y los otros, como más diferentes y alejados me parecen, más hostiles me resultan” y finalmente “la indiferencia como una jerarquización: todo es igual, todo vale lo mismo, todo tiene la misma significación, da lo mismo un atentado con 40 muertos que un reality show”.

Para Baltasar Garzón, otra de las víctimas del involucionismo reinante, “alguien ha dicho que nos ha tocado vivir los tiempos de la vergüenza, la mediocridad y la renuncia. Vergüenza por el abandono de los principios que nos deberían ayudar a afrontar y superar los retos de una crisis económica fabricada por un capitalismo rampante; mediocridad porque se ha desarrollado una visión alicorta de la situación política y económica; y renuncia, porque todos, en un escenario de corresponsabilidad, estamos consintiendo y propiciando esta situación”.

Pero realmente todas estas opiniones sobre la indiferencia son solamente una excusa para llegar a donde realmente quería: para compartir con ustedes un bello texto de Antonio Gramsci (Odio a los indiferentes) que figura en una recopilación de sus escritos editada recientemente por Ariel con el mismo título. Redactadas en 1917, cuando apenas tenía 26 años, las palabras de Gramsci mantienen toda su vigencia: “Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebbel, que ”vivir significa tomar partido“ (?) Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes.(?) La indiferencia es el peso muerto de la historia. (?) Lo que ocurre no ocurre tanto porque algunas personas quieren que eso ocurra, sino porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, deja hacer, deja que se aten los nudos que luego sólo la espada puede cortar, deja promulgar leyes que después solo la revuelta podrá derogar, deja subir al poder a los hombres que luego solo un motín podrá derrocar. La fatalidad que parece dominar la historia no es otra cosa que la apariencia ilusoria de esta indiferencia, de este absentismo. Los hechos maduran a la sombra, entre unas pocas manos, sin ningún tipo de control, que tejen la trama de la vida colectiva, y la masa ignora, porque no se preocupa. (?) Algunos lloriquean compasivamente, otros maldicen obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: Si yo hubiera cumplido con mi deber, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, mis ideas, ¿habría ocurrido lo que pasó? (?) Odio a los indiferentes porque también me molesta su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos por cómo ha desempeñado el papel que la vida le ha dado y le da todos los días, por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho. Y siento que puedo ser inexorable, que no tengo que malgastar mi compasión, que no tengo que compartir con ellos mis lágrimas. (?) Vivo, soy partisano. Por eso odio a los que no toman partido, por eso odio a los indiferentes”.

Sin duda unas palabras muy duras para un momento muy duro, pero que no dejan de tener sentido en tiempos como los que vivimos. En cualquier caso, como dejó escrito André Gide: “El mundo será salvado, si puede serlo, solo por los insumisos”.

Antonio Morales Méndez

Se trata de la constatación palpable del miedo. De cómo, despacito, nos van inoculando el miedo como la mejor arma de sometimiento posible de la sociedad. Nos van contaminando de la filosofía de la obediencia paralizante. Pero esto no es nuevo, viene de lejos, de siglos, aunque estamos viviendo una etapa de especial recrudecimiento. El filósofo Ricardo Forster nos habla de que Spinoza concibe el miedo como una pasión negativa que impide a los seres humanos elegir su camino y que los conduce a la ciega aceptación de la tiranía y la dominación. Para Hobbes, en cambio, el miedo es la manera natural de conseguir la convivencia pacífica. No existiría el Estado si no tuviéramos miedo al caos que significa la ausencia de autoridad. Es el miedo quien regula las prácticas políticas y sociales. Maquiavelo en “El príncipe” nos dice que los que ejercen el poder tienen dos maneras para conseguir el respeto de sus súbditos: ganándose su afecto o utilizando el miedo. Hace unos días en Público J.G. Fouce y L. Muiño se hacían eco de la tesis de Georges Lakoff que afirma que “el miedo es un instrumento sumamente peligroso que el neoliberalismo (que es sin duda mucho más que una teoría económica) lleva alentando y manejando desde hace mucho tiempo, como uno de los marcos de interpretación clave para entender la realidad y definirla”. Es lo mismo que defiende Naomi Klein en “La doctrina del shock” donde se hace eco de la afirmación del neoliberal Milton Friedman de que “solamente una crisis real o percibida produce cambios verdaderos”. Es el tiempo entonces para debilitar las libertades y eliminar los derechos civiles, para burlar la soberanía popular. En el momento cumbre del miedo y el terror (da lo mismo utilizar ejércitos que al Banco Mundial o al FMI para conseguirlo) es cuando se deben adoptar todas las privatizaciones y las medidas “liberalizadoras” de mayor calado, y si no que se lo pregunten a los chilenos, a los argentinos, a los paraguayos, a los guatemaltecos, venezolanos?y ahora a los europeos. Para Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, “la política del miedo está generando una espiral descendente de abusos contra los derechos humanos en la que ya ningún derecho es intocable y donde nadie está a salvo”.

Nos han dibujado un escenario de miedos e incertidumbres que nos tiene absolutamente anulados. Es “La economía del miedo” (Galaxia Gutenberg) de la que nos habla Joaquín Estefanía en un documentado trabajo sobre la crisis y sus orígenes que no se puede dejar de leer. Para este periodista y economista “el miedo produce antipatía hacia el otro, cesiones continuas de derechos ante la posibilidad de inseguridad económica, impotencia ante las agresiones de los que aprovechan la crisis para lucrarse perjudicándonos, desafección respecto a los políticos que nos representan y que muchas veces no pueden actuar porque las decisiones más importantes se toman lejos de los Parlamentos?El miedo siempre ha sido un aliado natural del poder. Es una emoción que inmoviliza, que neutraliza, que no permite actuar ni tomar decisiones con naturalidad”. El miedo como arma de dominación política y control social, el miedo como destrucción masiva en la guerra de clases; un miedo de rostros inéditos que nos hace susceptibles de ser dominados; pánicos de consistencia líquida que “fluyen, calan, se filtran, rezuman?y nadie está a salvo de ellos, aunque siempre sean más los peligros que se anuncian que los que llegan efectivamente”.

La democracia retrocede en el Viejo Continente, pierde calidad y participación pública, mientras el mercado avanza en ausencia de normas y mediante abusos, escándalos y complicidades con el poder político (Estefanía), pero el miedo parece que nos ha atado a una especie de resignación sin límites. Es muy conocida una frase de Roosevelt pronunciada en su toma de posesión en 1933, metido de lleno en la crisis del crack de 1929: “A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo”. Quizás sea la hora de aplicárnosla y de reaccionar.

Antonio Morales Méndez