UGT Andalucía ha aumentado la demanda de asesoramiento en planes de igualdad en un 400% con motivo de la entrada en vigor en España de los dos reales decretos de planes de Igualdad e igualdad retributiva. La nueva normativa concreta y aumenta las obligaciones de las empresas en esta materia, y el sindicato ha visto cómo su actividad en este sentido se ha incrementado considerablemente, según resalta Vera Martín, técnica de la Secretaría de Igualdad y Juventud del sindicato, desde donde se impulsan iniciativas en favor de que la igualdad entre mujeres y hombres se convierta por fin en una realidad, así como medidas para la corresponabilidad y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Y es que, desde el pasado 7 de marzo, las empresas de más de 100 personas en plantilla tienen obligación de tener aprobado y registrado su plan de igualdad. Asimismo, las de 50 lo tendrán el 7 de marzo de 2022, por lo que muchas entidades están negociando a marchas forzadas sus planes de igualdad. Además, según comenta Martín, todas las empresas deben tener desde el pasado 14 de abril los registros retributivos realizados, otra obligación empresarial que deben consultar con la parte social por la que UGT está asesorando. Asimismo, las empresas sin representación legal de trabajadores/as deben negociar con los sindicatos más representativos del sector. UGT, por tanto, está presente en las comisiones negociadoras de todas las empresas, grandes o pequeñas, que no hayan hecho elecciones sindicales.

Mujer y empleo

Según recuerda UGT, dos han sido las principales razones por las que la pandemia ha afectado más al empleo de las mujeres. Los sectores más afectados por la pandemia están muy feminizados, como la hostelería y el turismo. La crisis del coronavirus ha afectado especialmente a quienes que tenían peores condiciones laborales, como sucede a las trabajadoras, debido a la destrucción de empleo o a la reducción de horas trabajadas.

Otra razón es la asunción de las responsabilidades familiares durante el estado de alarma. En el caso de mujeres con hijos e hijas más del 66% se vieron obligadas a quedarse en el hogar para asumir los cuidados de menores y personas dependientes, además de ver incrementadas sus horas de trabajo doméstico. Además cuando el cuidado se profesionaliza se hace en condiciones precarias, escasos salarios, horarios interminables con una fuerte varga física y mental, con la pandemia de Covid la situación ha empeorado enormemente, puesto que las bajas, los contagios y el sobre esfuerzo ha sido una realidad constante en las residencias de mayores, en la ayuda a domicilio y en la sanidad.

Otra cuestión a resaltar en este punto es la brecha salarial. Actualmente en España hay un porcentaje de brecha salarial entre mujeres y hombres del 21,42% y en Andalucía del 24,68%. Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor brecha salarial entre mujeres y hombres. La brecha mayor entre mujeres y hombres se da en la percepción de las pensiones, tanto en la cuantía como en el tipo de pensión que perciben. Perciben un 34% menos de pensión de los hombres, y son un 65% de las perceptoras de las no contributivas, que son las más bajas.

Conciliación y corresponsabilidad

UGT Andalucía también reivindica que la crisis derivada del coronavirus no puede incrementar la desigualdad de las mujeres, por lo que exige el refuerzo de recursos públicos de conciliación en Andalucía, como la creación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de carácter público y gratuito y de calidad, así como centros día públicos que aseguren los cuidados de las personas dependientes.

Según apunta el sindicato, los datos siguen mostrando que la asunción de las tareas de cuidados familiares es mayoritariamente femenina y que, aunque aumenta por parte de los hombres en los permisos retribuidos, en los no retribuidos, las mujeres son abrumadora mayoría.

En estos meses se han puesto de manifiesto las graves consecuencias sociales que tienen para las mujeres las tareas de cuidados y la ausencia de buenas políticas de corresponsabilidad y de protección social, tanto para las mujeres que trabajan en el sector de cuidados, como para las trabajadoras que asumen de forma estas tareas en el ámbito del hogar y han tenido que compatibilizar trabajo y cuidados familiares, sobre todo en los periodos más restrictivos de la movilidad y los confinamientos domiciliarios, según indica UGT.

Por ello, apunta el sindicato, es necesario dignificar el sector de cuidados, contar con servicios públicos de calidad en esta materia, adoptar más y mejores políticas de corresponsabilidad y compatibilidad de la vida familiar y laboral y de protección social igualitaria, imprescindible para toda la sociedad porque, aunque las consecuencias recaen sobre las mujeres, los cuidados son esenciales para toda la sociedad.

En un tiempo tan marcado socialmente por la salud, resulta imprescindible también en el ámbito laboral. Resulta vital nunca mejor dicho. En nuestro país mueren cada año más de 700 trabajadores y trabajadoras. En Andalucía, en 2020 más de un centenar perdió la vida, evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es “más formal que real”. “La salud y la seguridad en el trabajo deberían ser cuestiones de primer orden en la agenda política a nivel mundial, pero desgraciadamente no es así”, lamenta el manifiesto por el Día Internacional para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se conmemora este miércoles 28 de abril.

Fue la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a los compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, así como para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esos daños. Pese a ese esfuerzo reivindicativo, el pasado año el número de accidentes de trabajo mortales, lejos de disminuir, ha aumentado un 2% en España y un 9% en Andalucía pese al evidente descenso de la actividad económica provocado por la pandemia. Para UGT se trata de unas “cifras inasumibles” que hacen “prioritarias y urgentes medidas dirigidas a la mejora de las condiciones de trabajo, unidas al cambio normativo necesario para adaptarnos a las nuevas realidades, así como el refuerzo de la Inspección de Trabajo para luchar contra el elevado grado de incumplimiento de la ley”.

Según los sindicatos que firman conjuntamente el documento, esa circunstancia pone de manifiesto que “la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas y administraciones”. Andalucía, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas que menos enfermedades profesionales declara teniendo en cuenta la población asalariada, “lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías con el entorno laboral, algunas de ellas muy graves o mortales, como por ejemplo, los cánceres de origen laboral”.

Al igual que en otros ámbitos, en el 28 de abril de este año toca hacer balance de un año de pandemia y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que “se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública”, reza el documento sindical. “Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades”.

Recientemente, recuerda el manifiesto, se ha asimilado la Covid-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. UGT y CCOO Andalucía considern “insuficiente” esta medida y exigen que la Covid-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.

Cáncer de origen laboral

En todo caso, “2021 debe ser el año que marque el inicio del fin del inmenso problema del cáncer de origen laboral”, apunta el manfiesto. “La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral es un grave problema que está privando a los afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional”. Los sindicatos quieren presionar para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. También van a seguir reivindicando la trasposición de la Directiva para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, entre las que se encuentra el gas radón, que causa cáncer. Por otro lado, este mes ha comenzado la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una reivindicación formulada desde hace décadas por los sindicatos y las asociaciones de víctimas.

“Tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos, los daños a la salud en el trabajo siguen estando presentes en nuestro día a día. Seguimos lejos de alcanzar el objetivo que se marcó de conseguir interiorizar la prevención de riesgos en las empresas, al contrario, tenemos que seguir denunciando la mercantilización de la salud laboral”, se lamenta en el manifiesto.

UGT, junto a CCOO, vuelve a reclamar la “plena integración de la salud laboral en la salud pública”, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige “una mayor coordinación entre la Consejería de Salud y Familias y la de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo”. “Vamos a seguir demostrando que la salud y la seguridad en el trabajo es una de las líneas prioritarias de nuestra acción sindical, tal y como lo demuestran día a día en los centros de trabajo las delegadas y los delegados de prevención. UGT y CCOO aseguran apostar para que ”el trabajo sea digno, de calidad y libre de riesgo“. ”Que no se antepongan otros intereses a la salud o a la vida de las personas. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud“, concluyen.

Propuestas de UGT para reducir la siniestralidad laboral

UGT Andalucía tiene varias propuestas para reducir las cifras de siniestralidad laboral, entre ellas un aumento significativo del cuerpo de inspectores y subinspectores de Trabajo, así como también, de técnicos habilitados de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que puedan llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento efectivo de la normativa en prevención de riesgos, así como también de todas aquéllas medidas establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El sindicato quiere también continuar incidiendo en la inclusión en los centros de salud de médicos especializados en Medicina del Trabajo, de forma que contribuyan al afloramiento de las enfermedades profesionales. UGT considera también importante la creación de la figura del Delegado de Prevención Sectorial o Territorial, sobre todo para atender a aquéllas empresas sin representación sindical, de menos de diez trabajadores. Asimismo, aboga por priorizar la seguridad y la salud de los trabajadores frente a intereses y beneficios económicos en las empresas, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, UGT considera que la formación en materia de prevención de riesgos laborales es fundamental, estando el empresario obligado a impartirla entre sus trabajadores. El incumplimiento de esta obligación debe ser sancionado duramente, ya que pueden evitar muchos accidentes, opinan desde el sindicato. UGT también apuesta por la implantación de un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, incidiendo en los factores de riesgos psicosociales. Por último, el sindicato apuesta paralelamente por acabar con la precariedad laboral (contrato temporal y a tiempo parcial obligatorio) y por crear un juzgado y una fiscalía específica para la siniestralidad laboral.

Los centros educativos andaluces fueron muy protagonistas al principio de la pandemia. ¿Podrá ir el alumando a clase? ¿Podrán las familias conciliar la vida familiar y laboral? ¿Cómo se desarrollaría el curso? La evolución ha sido mejor de la esperada desde este punto de vista y el 95,9% de los centros educativos andaluces está ahora mismo libre de coronavirus. El papel del sindicato UGT Andalucía durante la crisis ha sido asesorar al personal educativo y proponer fórmulas de aplicación del teletrabajo, seguridad en las aulas y vigilancia de las medidas. Pero también ha sido mirar al futuro, con diferentes reivindicaciones que, entre otras cuestiones, persiguen la equiparación retributiva para el profesorado, en la que que se va a empezar en mesa técnica a partir de mayo, y la continuación de los refuerzos Covid-19 que han tenido lugar en los colegios andaluces a lo largo de este año tan difícil.

Desde el comienzo de esta pandemia, que aún continúa desde hace más de un año, las peticiones desde UGT han sido constantes en todos los foros pertinentes. Era más necesario que nunca. La reducción coyuntural de alumnos se quiere aprovechar desde el sindicato para reducción de ratios, por lo que sigue demandando potenciar la educación hasta garantizarse un 7% del PIB. Desde hace años, UGT viene reivindicando una bajada de ratios en los centros educativos, así como personal sanitario en los mismos, para poder llevar a cabo una enseñanza de calidad. La bajada de ratios propiciaría, a su vez, la creación de nuevos puestos de trabajo puesto que se podrían hacer desdobles en las aulas, aseguran desde la Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT Andalucía.

Después de semanas de negociación, la Consejería de Educación se negó a hacer una inversión importante en personal educativo y hubo un aumento de plantilla que, desde UGT, se consideró totalmente insuficiente si bien es cierto que se consiguió que se reforzase la plantilla del profesorado de infantil, que la administración no prentendía reforzar, según asegura la FESP de UGTA. Asimismo, otro logro del que presume el sindicato es alcanzar el permiso para aquellos docentes que tenían hijos en cuarentena.

Vacunación del personal docente

Por otro lado, durante toda esta pandemia UGT-A ha denunciado en multitud de ocasiones la falta de organización e interés por parte de la Consejería de Educación hacia la seguridad de los propios docentes, dejando a estos incluso desvalidos con una sola mascarilla quirúrgica para toda la jornada, siendo los propios centros, en la mayoría de los casos, los que se han encargado de comprar su propio material. Ante esto, a principios del mes de enero, cuando aún nadie lo pedía, UGT comenzó a exigir, con éxito, que se considerase al personal de centros educativos como prioritario para la vacunación.

Aparte de ello, y después de mucho insistir, el sindicato consiguió que en el pasado febrero comenzase la vacunación del profesorado. Aunque en primera instancia se dejó fuera a los mayores de 56 años, tras la petición reiterada se consiguió que se comenzasen a vacunar.

En una reciente bilateral con la Consejería de Educación, el pasado 13 de abril, UGT lleó estas y otras reivindicaciones, entre las que se encuentran las citadas equiparación retributiva de los docentes andaluces con el resto de comunidades autónomas (Andalucía es la sexta comunidad donde el Cuerpo de Maestros percibe menos retribuciones, la quinta en el caso de Cuerpo de Profesorado de Secundaria de FP y la cuarta en el Cuerpo de Secundaria) o la continuación de los contratos de refuerzo Covidde manera definitiva y que estos puestos salgan en la colocación de efectivos, de forma que se pudiera llevar a cabo desdobles de aulas y, por tanto, bajada de ratio.

Asimismo, entre las reivindicaciones sindicales destacan que no se produzcan más supresiones de unidades en la enseñanza pública; la recuperación de las pagas extraordinarias adicionales, recuperación todas las medidas de acción social y desarrollo de los fondos adicionales; la jubilación anticipada para los docentes pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social; la transparencia en todos los procedimientos de la administración; una mayor efectividad en las convocatorias y adjudicaciones del Sistema de Provisión de Interinidades; la publicación de ofertas de empleo pública masivas. Y, en términos más generales, la mejora de las condiciones laborales de los docentes (cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, seguro de accidentes , mismos derechos entre todos los funcionarios), la mejora en la infraestructura en los centros escolares y eliminación de la limitación del 10% para la adquisición de equipo y material inventariable, la presencia de personal sanitario en todos los centros educativos, y el desarrollo e implementación de un programa de climatización en las aulas.

Una catástrofe en forma de pandemia como la de la Covid-19 hace aflorar las debilidades pero también las fortalezas, sostiene Estrella Salas, secretaria de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Andalucía. No hay nada como echar la vista atrás para conocer los orígenes. “En una primera fase, quedó patente la debilidad que tiene el sector turístico ante un problema de salud global, pero también quedó patente el compromiso, la dedicación, la responsabilidad y el espíritu de lucha de los delegados y delegadas de UGT que desde el primer minuto han dado todo lo mejor de sí mismos para ayudar a afrontar esta situación de la mejor manera posible”, apunta.

El primer reto del sector de hosteleria y turismo de la FeSMC de UGT Andalucía fue proteger la seguridad y la salud tanto de trabajadores como de clientes.“Quedó patente la importancia y la relevancia del papel de nuestros delegados y delegadas de prevenciónm con información, asesoramiento y control de las medidas de seguridad en los establecimientos turísticos para garantizar la máxima seguridad de todos”.

Luego llegó el confinamiento y el “cierre obligatorio de todas las empresas del sector turístico”. En esa etapa, la labor de información, asesoramiento y ayuda, tanto a trabajadores como a empresas sobre la gestión de los expedientes, fue de vital importancia para su mejor desarrollo, recuerda Salas. “Pronto tuvimos que hacer frente a a una posible ola de expedientes de regulación de empleo, en algunos casos debido a que el carácter temporal de los expedientes puso muy nerviosas a algunas empresas pero, desgraciadamente en otros casos, porque ciertas poderosas empresas del sector vieron una oportunidad para 'hacer limpieza'”, lamenta la representante sindical.

Distintos gobiernos, distinto color, distinta gestión

A su juicio, “hemos tenido la enorme suerte, dentro de la desgracia, que este desastre mundial nos ha pillado con un gobierno de izquierdas, que ha sabido entender y afrontar la crisis desde un punto de vista global, y que la prioridad no son solo las grandes economías ni las empresas, que no se puede hablar de economía sin contar con la clase trabajadora”, dice Salas respecto al Ejecutivo central.

“Por desgracia, en nuestra comunidad andaluza la pandemia, nos ha pillado con un gobierno que en absoluto entiende las cosas de esta forma”, lamenta. Así, “cuando ya todo hacía presagiar el desastre al que nos íbamos a enfrentar, la macroconsejería que engloba turismo de lo único que se preocupó fue de sacar, sin pasar por la aprobación del Consejo Andaluz de Turismo, un nuevo decreto de clasificación hotelera por puntos, que supuso una apertura de mangas a la hora de la clasificación de los establecimientos del sector turístico, en contra del contenido garantista y pionero que se había estado trabajando con la anterior administración socialista donde. a instancias de UGT, se habían introducido cláusulas sociales para garantizar que la calidad de los hoteles sea real, protegiendo la calidad de servicio”, señala la sindicalista.

Según explica, “han sido numerosas las veces que hemos solicitado acción a nuestro gobierno autonómico, en una comunidad donde el PIB directo del turismo supone un 13%, pero cuya influencia económica va mucho más allá de ese porcentaje, la actitud de nuestros dirigentes autonómicos no ha sido precisamente la de una preocupación real y efectiva por la problemática de un sector tan importante para Andalucía”. “Lejos de aprovechar de manera real y efectiva la pionera y efectiva fórmula de dialogo y consenso que han venido siendo el Consejo Andaluz de Turismo y las mesas de turismo, que en esta crisis han copiado y usado otras autonomias, en Andalucía se ha quedado relegada a una escenificación donde la participación real y efectiva con carácter previo a la toma de decisiones importantes para el sector brilla por su ausencia”, opina Salas.

Algunos ejemplos

Como ejemplos, Salas hace constar “la laguna inicial” que existió con respecto a los trabajadores fijos discontinuos. “Las medidas de restricción y el confinamiento comenzaron en marzo, mes en el que por un lado, muchos establecimientos del sector de carácter estacional estaban iniciando su actividad o estaban a punto de hacerlo, y en el resto se estaban empezando a realizar los llamamientos a los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos así como procediendo a la contratación de personal de refuerzo. Dado que las empresas debían pagar un porcentaje de los seguros sociales, intentaron no incluir a estos trabajadores en los expedientes iniciales, incluso dando de baja a los que ya estaban en activo”, recuerda.

UGT se dedicó “en cuerpo y alma” a la defensa de estos trabajadores para que fuesen incluidos en los expedientes en todas y cada una de las empresas. “Conscientes de que, a pesar de ser un sindicato mayoritario y de que estamos presentes en la mayoría de las empresas del sector, quisimos garantizar la cobertura de todos los trabajadores y trabajadoras instando a la Junta a tomar cartas en el asunto como había sucedido en otras comunidades autónomas con relevancia turística como Baleares y Cataluña, donde se habían firmado acuerdos tripartitos (administración, empresarios y sindicatos) para la protección y cobertura de estos trabajadores y trabajadoras”, señala Salas.

Según añade, “la Junta abandonó a sus propios trabajadores del sector hostelero, enviando al paro puro y duro a los trabajadores y trabajadoras de hosteleria de Sierra Nevada, pertenecientes a una empresa publica a los que nuestra administración negó en un principio cualquier cobertura, aun la mínima de la cobertura de un expediente temporal por causa mayor”. Algo similar sucedió con Isla Mágica, que también tiene participación pública. “Gracias a UGT se pudo dar cobertura y, junto con CCOO, aunamos esfuerzos y planteamos la no participación en la mesa de turismo hasta que nuestra administración no se comprometiera a que no se quedase en lo puramente formal sino que fuese real y efectiva”.

A río revuelto,...

“Si algo hemos aprendido en el sector es que 'a río revuelto, ganancia de pescadores'. Ya en la crisis económica de 2008 pudimos observar cómo, si bien el sector turístico no fue, ni de lejos, el más castigado, sí que fue el que mejor aprovechó las medidas de las reformas laborales, en especial la última del PP, que abrió puertas y ventanas a la precarización laboral”.

El sector de hosteleria y turismo de FeSMC-UGT es consciente de que esta vez “el turismo está siendo el más perjudicado y desde el primer momento hemos abogado y defendido la necesidad de proteger a las empresas del sector, pero dada la experiencia, no vamos a permitir que sea a costa de la clase trabajadora”. “Todas las previsiones vaticinan una fuerte y pronta recuperación del sector turístico, por tanto, se debe garantizar la pervivencia de las empresas del sector turístico, pero cualquier ayuda y protección al sector deben ir siempre vinculadas a la protección del empleo para garantizar, y no solo se presuponga, que se está ayudando al sector y a la economía andaluza”, indica Salas.

La representante sindical destaca que UGT ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo en cuanto a negociación colectiva “para intentar aunar esfuerzos y poder salir de la crisis todos juntos”. “Hemos negociado y renegociado algunos convenios provinciales, y seguimos trabajando con otros, bajo la premisa de la contención necesaria actual, pero sin perder derechos y con garantías de que, cuando llegue el momento, la clase trabajadora recupere también su economía”. “Seguimos trabajando sin descanso, para defender los intereses del Sector Turístico, en su conjunto, por la dignificación del empleo turístico, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras gracias a los cuales el sector de la hosteleria y turismo de andalucia está entre los grandes a nivel mundial”.

“El turismo, guste o no, es un sector basado en la humanidad, de sensaciones y experiencias que son gratas a nuestros visitantes sobre todo por el calor, profesionalidad y excepcional atención que proporcionan nuestros trabajadores y trabajadoras cuya sonrisa y amabilidad, pese a cualquier situación, brilla y es más cálida que nuestro siempre brillante sol”, concluye Sala, que destaca también que teme que se produzca una ola de ERE en cuanto acabe el estado de alarma o sus coberturas pero, incide, “vamos a seguir al pie del cañón para defender el empleo”.

La crisis sanitaria, económica y social derivada de la Covid-19 está dejando a muchas familias en una situación de pobreza sobrevenida. Los datos ya eran malos: en Andalucía, un 37,7% de la población se encontraba en situación de pobreza o exclusión en 2019, según la tasa AROPE, que continuaba estando por encima de la media nacional (25,3%). Nuestra comunidad es la tercera con una tasa de riesgo de pobreza más alta, sólo superada por Extremadura (44,3%) y Canarias (40,2%).

Las cifras del paro también evidencian la complicada situación para miles y miles de familias. De los datos del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa se desprende que los hogares en España con todos sus miembros en paro subieron en 2020 en 183.900, un 18,1% más respecto a 2019 hasta situarse en 1.197.000, la mayor cifra desde el año 2017. De acuerdo a la EPA, el 12,98% de los hogares andaluces tiene a todos sus miembros en paro.

El desolador escenario obliga a las administraciones públicas a dar respuestas inmediatas para garantizar los recursos necesarios a las familias más vulnerables para que puedan hacer frente a esta crisis. De un tiempo a esta parte, la Renta Mínima de Inserción Social que ofrece la Junta de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital aprobado hace casi un año en el Congreso de los Diputados de España se han convertido en ayudas más necesarias que nunca. Pero la realidad no se dibuja tan fácilmente.

Trabas administrativas

En Andalucía, desde enero de 2018 se puso en marcha la Renta Mínima de Inserción Social tras un amplio consenso de partidos políticos y de organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encontraba UGT Andalucía. Es una prestación económica que tiene consideración de derecho subjetivo dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía con el objetivo de garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y promover su inclusión e integración social y laboral incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral.

Para UGT Andalucía, la Renta Mínima de Inserción Social se constituye como una de las herramientas más potentes y eficaces para dar respuestas y protección a las familias que se encuentran en situación de extrema necesidad, haciéndose efectiva una de nuestras reivindicaciones históricas. No obstante, desde su aprobación, su gestión y tramitación no ha sido lo suficientemente efectiva, y así lo hemos ido poniendo de manifiesto, al haber ocasionado largas listas de espera, falta de personal encargado de gestión y tramitación, colapsos en los servicios sociales comunitarios, dificultad para cumplir los requisitos marcados por las personas potencialmente beneficiarias, escaza o nula vinculación de la prestación económica al plan de inclusión, entre otras. UGT considera necesaria una revisión y modificación de la normativa que la regula, adaptándola a las necesidades de las familias que más la necesitan.

Por otro lado, en junio de 2020 el Gobierno Central aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ha supuesto un hito en las políticas contra la pobreza en España, como una nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social, con carácter de derecho subjetivo, que tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas o unidades de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Desde el sindicato recuerdan que la aprobación de esta renta ha supuesto, además, el cumplimiento a una reivindicación histórica de UGT. De hecho, hace cinco años presentó, junto a CCOO, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas;

El Ingreso Mínimo Vital se presenta como una oportunidad para Andalucía, para ampliar la cobertura tanto en número y tipo de personas, como de la prestación económica, para luchar contra la de desigualdad, poniéndose a la altura de otras comunidades autónomas en nivel de prestaciones. Pero, después de casi un año desde su aprobación, la gestión y tramitación no está respondiendo a las expectativas creadas, dejando a muchas familias sin ningún tipo de ingresos debido a las innumerables trabas administrativas en cuanto a la solicitud, largos tiempos de espera para resolución y percepción del mismo, etc. 

Compatibilidad y/o complementariedad

Para muchas andaluzas y andaluces, este estado de 'stand by del IMV', imposibilita el poder solicitar la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, puesto que ésta tiene carácter subsidiario respecto a otras prestaciones. Por ello, ambas situaciones están conllevando a dejar sin cobertura a muchas personas. En Andalucía, como en todas las comunidades autónomas, nos encontramos ante la convivencia de estas dos prestaciones, con carácter de derecho subjetivo, dirigidas a personas de muy escasos recursos y que persiguen el mismo objetivo. Por eso, UGT considera que la Junta debe dar respuesta inmediata de modificar su prestación en Andalucía para que permita la compatibilidad y/o complementariedad de las dos prestaciones y no dejar ninguna familia atrás.

Ante esta convivencia de prestaciones nos encontramos con personas que, estando en situación de pobreza y/o exclusión, no están dentro de situaciones que protege el Ingreso Mínimo y deberán ser atendidos por la Renta Mínima. También suceden casos en los que las personas beneficiarias coinciden en los dos sistemas de renta y resulta necesario que la renta autonómica deba ser complementaria a la estatal.

Desde el sindicato UGT, y con objeto de solventar esta situación, se va a seguir reivindicando en Andalucía que se refuerce la dotación presupuestaria de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, se refuerce el personal encargado de su gestión y tramitación, que se amplíe su cobertura, que el procedimiento sea más ágil y efectivo y que permita la compatibilidad y/o complementariedad de las dos prestaciones. El fin últmo es resolver las necesidades de las personas sin los ingresos básicos necesarios para que puedan tener una vida digna.

Dos meses después de que arrancara la comisión de expertos para diseñar la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, una nueva posible subida del SMI, actualmente congelado en 950 euros mensuales, vuelve a ser tema de actualidad. Para UGT, es una cuestión fundamental para los que, como asegura el sindicato, tienen como objetivo defender los derechos e intereses de los trabajadores y, muy especialmente, de los que menos recursos tienen. Por eso, UGT asegura que 'ahora sí toca' demandar al Gobierno de España el cumplimiento de la agenda de reformas sociales comprometidas, esto es, la subida del SMI, asi como la derogación de las reformas laborales y de pensiones de 2013.

UGT considera que la subida del SMI va ligada, directamente, con un incremento del poder adquisitivo de los que menos cobran y, por tanto, se erige como un elemento trascendental en la lucha contra las desigualdades sociales, contra la pobreza y contra la exclusión social. Ha habido un enorme avance del 45% respecto a los 655 euros de 2016, pero UGT no tiene dudas: con 950 euros al mes no se puede garantizar un estándar de vida digno. Por lo que el sindicato seguirá peleando por los beneficios de continuar con la tendencia al incremento del SMI llevada a cabo a lo largo de los dos últimos años.

Países como Francia, Alemania, o Bélgica se encuentran por encima de 1.300 euros al mes, computando 14 pagas al año como en España. A pesar del avance, sigue habiendo personas en España que no llegan a ser mileuristas cobrando menos de 1.000 euros, algo totalmente inaceptable a estas alturas, trasladan desde el sindicato, que exige ese aumento en el SMI de 2021, acompañado de un plan de aumento y consolidación para los próximos años que lo haga equivalente, al menos, a un 60% del salario medio del país, ya que actualmente hablamos de un 50,2%, en bruto. Con el precio actual de la vida, un sueldo de mil euros no permite alquilar una vivienda y poder vivir de forma independiente, cubriendo todos los gastos. Y es que una vida digna es más que trabajar para tener techo y comida.

UGT considera que hay que situar a las personas en primer lugar en las políticas de reconstrucción del país. Por eso, además de la subida del SMI, es de vital importancia para recuperar los derechos de los trabajadores y acabar con la temporalidad y precariedad laboral tanto la derogación de las reformas laborales, la ampliación de los ERTE y la firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. Son las bases de la campaña 'ahora sí toca', que reclama las medidas justas, prometidas y acordadas por el Gobierno a las que hay que dar respuesta con responsabilidad. Y así seguirán demandándolas mensualmente hasta que se acometan por el Gobierno las actuaciones necesarias que doten de calidad en el empleo a las y los trabajadoras y que redunden en el bienestar social y laboral de las y los ciudadanos.

La aplicación extraordinaria del teletrabajo a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus ha puesto en evidencia sus virtudes, ha eliminado muchos prejuicios de las empresas frente a la forma de organizar el trabajo y ha hecho que España avance en su regulación. Pero también ha mostrado su lado oscuro, ya que se han advertido importantes incertidumbres en torno a la duración de la jornada laboral, los límites del control, la ruptura entre de la frontera entre la vida privada y profesional, o la asignación de los medios. UGT Andalucía destaca la importancia del Diálogo Social para que se haya desarrollado el teletrabajo en un tiempo récord, lo que ha evitado situaciones de riesgo en el ámbito laboral y educativo. Su aplicación a la función pública y el establecimiento de medidas concretas que aseguren la conciliación están siendo cuestiones claves por las que el sindicato sigue luchando a fin de garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación entre las personas trabajadoras a distancia y las personas que desarrollan la actividad de forma presencial.

La rapidez en el desarrollo del teletrabajo a partir de la Covid-19 supone también que haya que estar muy vigilantes para ir adaptando el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, y el resto de acuerdos al respecto, también en los ámbitos autonómico y local, a las situaciones que se vayan generando y para solventar los problemas que puedan ir surgiendo. UGT tiene claro que la regulación laboral del teletrabajo debe ser similar a las condiciones que el trabajador tiene en su centro en cuanto a horarios, desconexión digital, permisos, adaptación del puesto y prevención de riesgos laborales, etc. Las administraciones y las empresas deben establecer las medidas y ayudas que eliminen la brecha digital de trabajadores, demandantes de empleo, y hogares con niños y jóvenes en edad escolar.

En la función pública: una medida de salud pública

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) del sindicato lo ha tenido claro desde el prinicipio de la pandemia y se han volcado en hacer propuestas a la Administración de la Junta que después se plasmaron en algunos acuerdos, como el del pasado septiembre en la Mesa General de Función Pública, y ampliado en enero. Para el sindicato se trata claramente de una medida de salud pública para los funcionarios y laborales de la Administración Pública andaluza y para toda la ciudadanía.

El pacto alcanzado en enero descansa sobre acuerdos como la previsión de un 100% de teletrabajo para el personal que se encuentre en localidades de nivel 4, grado 2. Un porcentaje que baja hasta un 50% de teletrabajo como regla general para todo aquel empleado que lo solicite, distribuido de tal forma que haya grupos burbuja, y realizando turnos rotatorios semanales en días alternos, mientras que una semana presta servicio presencial el 60% y la siguiente el 40%. En el caso del personal que venía desempeñando su trabajo no presencial un 20%, de forma automática se amplía al 50%. Para el personal que no realizaba el 20% de trabajo no presencial puede solicitar pasar directamente al 50% de trabajo a distancia si así lo estima conveniente.

En la negociación colectiva: desarrollo equilibrado

Por otro lado, el incremento masivo del teletrabajo ha tenido varias consecuencias. Por una parte, ha ido diluyendo gran parte de los recelos que suscitaba en la clase empresarial cada vez más convencida de las importantes ventajas que aporta. Sin embargo, desde el punto de vista sindical, y, por ende, del trabajador, junto a las ventajas en el ámbito personal y familiar, se han advertido incertidumbres y carencias derivadas de una regulación escasa y ambigua que ha llevado a abusos y prácticas indeseables contra los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales. La reciente regulación del teletrabajo exige un esfuerzo importante a los negociadores, en los que reside en gran parte la suerte acerca del éxito o fracaso de esta forma de organización del trabajo.

El Real Decreto-Ley 28/2020 otorga una importancia transcendental a la negociación colectiva en la ordenación de esta forma de prestar la actividad laboral, convirtiéndola en un instrumento indispensable en el desarrollo y perfeccionamiento de los principios y medidas que deben gobernar el trabajo a distancia y el teletrabajo, en cada uno de los sectores específicos y en cada una de las empresas. Este papel que se da a la negociación colectiva precisa de una fuerte colaboración y cooperación entre la representación de los trabajadores y las empresas, con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado del teletrabajo que proporcione la máxima certeza y seguridad en la práctica laboral.

La ley elimina toda posible interpretación que pueda relacionar directamente el teletrabajo como una medida de conciliación en sí misma y lo hace claramente de forma deliberada, con la finalidad de evitar que su utilización pueda estar basada en estereotipos de género, lo que supondría una discriminación y una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

Con perspectiva de género: la corresponsabilidad aún no existe

En ese sentido, el teletrabajo venía siendo históricamente una cuestión muy solicitada en la negociación de convenios y planes de igualdad como herramienta de conciliación, pero las empresas, en muchas ocasiones, lo denegaban puesto que, al perder la presencia física del trabajador o trabajadora, les daba sensación de pérdida también de control sobre el cumplimiento del horario y las funciones de la persona que lo solicitaba. Ante la pandemia, estas mismas empresas se han visto obligadas a instaurarlo de forma generalizada cuando era posible y así mantener la producción. Es evidente que, aunque no la única, el teletrabajo es una herramienta que favorece la conciliación. Lo que está claro es que no a cualquier precio.

UGT Andalucía lleva tiempo denunciando que, aunque debería ser el objetivo a perseguir, la corresponsabilidad todavía no existe. No se puede pasar del término conciliación a corresponsabilidad pues se estaría obviando la realidad que las estadísticas demuestran: las mujeres se acogen a excedencias, reducciones de jornada, contratos a tiempo parcial, abandono del empleo, etc. en un porcentaje casi total con respecto a los hombres. Además, invierten muchas mas horas al trabajo doméstico, cuestión que se ha visto incrementada por la pandemia.

Desde UGT Andalucía se propone una aplicación del teletrabajo con garantías que promocione el derecho a conciliar pero conjugándolo con el derecho a la igualdad, puesto que muchas mujeres plantean la dificultad de teletrabajar y asumir responsabilidades, cuya única opción les supone interminables jornadas de trabajo en casa y desde casa.

UGT cuenta en España con más de 87.000 delegados y delegadas sindicales que defienden día a día los derechos de las personas empleadas en España, 13.000 de los cuales desarrollan su importante labor en Andalucía. La participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa es un derecho constitucional recogido en el artículo 129.2  de la Constitución Española así como en el art.7 y art. 28. Una de las formas de participación es aquella que se articula a través de los representantes que son elegidos de entre los propios trabajadores. Esta representación se denomina representación unitaria y es la representación establecida legalmente.

Junto a esta forma de representación, tenemos también la representación sindical que es aquella que actúa dentro de la empresa bajo la dirección del sindicato correspondiente y es ejercida únicamente por sus afiliados y afiliadas. Su principal atribución consiste en garantizar y mejorar las condiciones laborales y sociales en sus centros de trabajo.

Los representantes de los trabajadores tienen encomendada legalmente la misión de controlar el cumplimiento de las normas laborales, de Seguridad Social y de prevención, así como las acordadas en el seno de la propia empresa. Tienen derecho a recibir información sobre la marcha de la compañía, a saber de qué forma se está contratando, a conocer las sanciones que se imponen a los empleados y a acceder a la estadística de absentismo, accidentes y enfermedad. Deben estar presentes en el registro de la taquilla de un trabajador ordenado por la dirección de la empresa, ser informados de las horas extra que se realizan en el centro de trabajo e intervenir en la elaboración del calendario laboral anual, y tienen también capacidad para convocar asambleas, negociar los convenios, interponer conflictos colectivos y, cumpliendo algunos requisitos, convocar huelgas, entre otras atribuciones.

UGT Andalucía, con unos 160.000 afiliados, cuenta desde 2007 con una Oficina de Atención Sindical, surgida para fortalecer y mejorar el acercamiento y atención del sindicato a su afiliación y representación, a los trabajadores y trabajadoras así como a la sociedad andaluza en general, a través de un plan de acción basado en la atención, información, asesoramiento y comunicación en materias relacionadas con el mundo laboral y social, en un entorno menos presencial, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de un servicio gratuito al que acudir, tanto de forma oral (a través del teléfono 900188808) como escrito (mediante el correo electrónico oas@andalucia.ugt.org), donde informarse y asesorarse sobre cualquier materia de su ámbito profesional o laboral, informarse sobre los servicios que ofrece el sindicato, recibir información socio laboral actual, etc…

Priorizar atender las necesidades básicas de información

La actividad de esta Oficina ha ido creciendo en los últimos años de manera considerable en cuanto a las acciones realizadas. En 2020 han sido más de 19.600 acciones. En un marcado de trabajo caracterizado desgraciadamente por la precariedad y la temporalidad, a lo que se suma que muchos trabajadores y trabajadoras no tienen las más básicas nociones de una relación laboral (tipos de contrato, derechos laborales básicos, conceptos de la nómina, permisos, conciliación de la vida familiar y laboral, etc.…), la Oficina de Atención Sindical de UGT-A es un servicio de información y asesoramiento laboral cada vez más amplio y necesario. El sindicato ha priorizado atender las necesidades básicas de información, potenciando este servicio y generando contenidos informativos en redes sociales, convirtiando la Oficina en un referente andaluz y a nivel nacional.

Con todo, la labor diaria del delegado sindical es de vital importancia. No es nada fácil ya que, al fin y al cabo, es la persona encargada de velar por un equilibrio real en las relaciones laborales en la empresa. El muro de contención para frenar los abusos y las discriminaciones que puede recibir el conjunto de la plantilla o un compañero de manera particular. En definitiva, la pieza fundamental que hará del día a día en la empresa un lugar un poco más justo y más seguro para los trabajadores y trabajadoras.

El delegado sindical es también la imagen de UGT y, como tal, se le presuponen unos valores fundamentales, entre ello la solidaridad, que le llevará siempre a perseguir el bien más justo para el conjunto de la plantilla y no solo para unos pocos de ella, y la valentía, al enfrentarte a los abusos y no ceder ante ellos por muy grande que sean las presiones y la constancia, sabiendo que se ha de rehacer ante las adversidades una y otra vez.

Y, ahora, en tiempos tan complicados, más necesaria es su tarea. Así lo reconoció en los albores de la pandemia el propio secretario General de UGT, Pepe Álvarez: “Sois la vanguardia de nuestro sindicato en las empresas, permanecéis vigilantes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Una labor en la que no estáis solos”, expresó Álvarez durante una carta de apoyo de la Ejecutiva Confederal ante una situación que, como se ha visto durante todo este año que, con miles de ERTE y dificultades máximas en el mercado laboral, ha mostrado una vez más la importancia del delegado sindical en las empresas.

A punto de cumplirse un año del primer estado de alarma en España como consecuencia del coronavirus, no parece mal momento para hacer balance respecto a un personal muy expuesto al contagio y con una carga de trabajo excepcional. Miles de empleados del ámbito sanitario y sociosanitario en Andalucía han visto cómo una grave crisis sanitaria se cernía sobre su salud y, también, sobre sus condiciones laborales. Un intenso trabajo sindical por parte de UGT ha servido para contribuir a defender los derechos de los trabajadore. Una ayuda indispensable para pasar la grave situación pandémica que padecemos y salir más fuertes, si cabe, de ella.

En los primeros meses de la pandemia, los esfuerzos de UGT se centraron en reclamar constantemente a las distintas administraciones mejor protección para los trabajadores de la sanidad andaluza. La falta de equipos de protección individual (EPI) llegó a causar una enorme preocupación en hospitales, centros de salud, ambulancias, farmacias, residencias de mayores, servicio de ayuda a domicilio, provocando que el número de profesionales contagiados por Covid-19 aumentara cada día. Los contagios, por desgracia, siguen entre nosotros pero poco a poco se consiguió normalizar la situación hasta llegar a disponer cada sanitario de uno de esos equipos imprescindibles para desarrollar su trabajo.

También ha sido necesario solventar muchas cuestiones relativas a la conciliación de la vida laboral y familiar. Con quién y dónde poder dejar los hijos, compatibilizar trabajo de ambos cónyuges o compañeros que no encontraban dónde dormir en una ciudad en la que les ofrecía un contrato eventual, entre otras situaciones, han provocado trastornos. Y ahí estuvo UGT para negociar con la administración y la empresa privada para que se pudieran solventar estas cuestiones de alojamiento.

Ofertas públicas de empleo desbloqueadas

Además, UGT solicitó el plan vacacional para los profesionales de instituciones sanitarias que han estado y están trabajando durante la pandemia, con un evidente agotamiento psicológico y físico. También se ha exigido incremento en las retribuciones de todo el personal sanitario y sociosanitario que compensara el enorme esfuerzo que vienen realizando. Para UGT era incomprensible la actitud de la administración andaluza y, en ese sentido, el sindicato se levantó de la Mesa Sectorial de julio por la falta de acuerdo para todas las categorías en cuestiones tan trascendentales como 'Carrera Profesional', 'Mejoras retributiva's, 'Promoción Profesional'.

Por otra parte, UGT exigió a la Administración la retirada de la famosa Orden del 23 de noviembre (la “Orden de la vergüenza”), por vulnerar los derechos fundamentales de los casi 120.000 trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía. Además, fue el único sindicato que se negó a la paralización de los procesos de incorporación de las ofertas públicas de empleo y traslados en el mes de noviembre. Así las cosas, el pasado 11 de febrero la Administración desbloqueó la situación y los trabajadores podrán tomar posesión de sus plazas mediante un calendario acordado en Mesa Sectorial, que deberá estar finalizado a finales del mes de mayo. En este sentido, UGT ha estado asesorando a miles de profesionales en las distintas ofertas públicas de empleo del SAS, y como consecuencia de ello, unos 26.000 van a tomar posesión en los próximos meses. UGT se encuentra ahora inmerso en la negociación de una Oferta Pública correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021 que facilitará que otros 14.000 trabajadores tengan una plaza en propiedad en el sistema público andaluz.

Por todo ello, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía quiere hacer un reconocimiento expreso y sincero a todas las categorías profesionales que representa en el sector de salud, servicios sociosanitarios y dependencia por la inmensa labor que están realizando y que ha tenido un coste tremendo en enfermos y fallecidos durante el tiempo que llevamos de pandemia.

El coste de la primera línea

UGT también quiere poner en valor el coste de trabajar en la sanidad andaluza durante esta pandemia. La FeSP de UGT Andalucía detalla que, desde su comienzo, en torno a 12.000 trabajadores se han contagiado. Ninguna categoría se ha librado, pero el más expuesto, con diferencia, ha sido el personal de enfermería. Otros 22.000 profesionales han tenido que permanecer en aislamiento durante el último año.

Una nota triste en este sentido la puso la muerte en diciembre de Massimo Colombi, un enfermero italiano que trabajaba en el Hospital Regional de Málaga y que se conoció en los inicios de la pandemia al impulsar una bonita iniciativa para que los pacientes de Covid-19 se pudieran despedir de sus familias. Afincado en Málaga desde hacía 10 años, era el delegado sindical de UGT en el centro sanitario. Poco antes de su falleciminto había impulsado otra campaña para pedir responsabilidad a los ciudadanos de cara a las fiestas navideñas.

Dependencia 'bloqueada'

En el ámbito sanitario, la dependencia sigue siendo un tema clave, y UGT alerta de que al sector le sigue acompañando un empleo en precario. El problema, según el sindicato, es que un año después sigue bloqueado el Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes, que regula las condiciones laborales de 180.000 trabajadores y trabajadoras del ámbito privado en España, en torno a 50.000 en Andalucía. Se trata, además, de un colectivo laboral muy feminizado, siendo un 90% mujeres, pero la negativa de los empresarios a negociar impide una salida a la paralización del convenio.

Para UGT, la reciente subida en relación al precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio no ayuda al fortalecimiento del sector ni a su mantenimiento. La FeSP de UGT Andalucía sigue exigiendo a la Administración que la financiación del sector sea la suficiente para que posibilite la calidad del empleo con la negociación de un convenio digno y la prestación de unos servicios de calidad. Según las empresas, se debe a la falta de financiación de un sector que, también en pandemia, se ha demostrado imprescindible para nuestra sociedad.

Los trabajadores del campo, como bien se ha demostrado durante la pandemia, son fundamentales en la para la sociedad por su participación necesaria en la cadena alimentaria. La importancia de la agricultura y de las empresas agroalimentarias debe estar acompañada, por tanto, de unas buenas condiciones para sus trabajadores. Trabajadores temporeros se desplazan estas semanas por las diferentes provincias para poner mano de obra en las campañas agrícolas. Las condiciones de trabajo no son siempre las mejores y la pandemia no ayuda. UGT pide a las administraciones públicas que la precarización no siga siendo la tónica habitual y que los temporeros puedan llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad y cumpliendo los protocolos que establecen las autoridades sanitarias para evitar contagios.

UGT-FICA pide que ayuntamientos y patronales faciliten el alojamiento de los trabajadores desplazados en establecimientos como albergues, hostales u hoteles para garantizar su salud y seguridad, así como un transporte seguro hasta las explotaciones agrarias. No es una cuestión baladí ya que, pese a la pandemia, las exportaciones agroalimentarias españolas crecieron entre enero y septiembre de 2020 un 5,8% y necesitan mano de obra.

Aparte de eso, el sindicato también exige a la patronal la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional a todos los trabajadores del campo, como sucede en el resto de sectores productivos. El Gobierno de España pasó el SMI de 735,90 euros brutos mensuales en 14 pagas a 900 euros. Así lo ha corroborado el Tribunal Supremo, que el pasado octubre reconoció el derecho a los trabajadores del campo a cobrar el salario mínimo, rechazando el recurso de cuatro empresas onubenses de frutos rojos contra la subida establecida.

Por tanto, el salario de los eventuales y temporeros tiene que aumentar, según se desprende la resolución judicial. Es más, el SMI ya está en 950 euros y desde UGT se está reclamando que suba a 1.000 euros. La negativa a la aplicación del nuevo SMI supuso en 2019 un menoscabo de cuatro euros en cada una de las 110 millones jornadas laborales declaradas en España, según los cálculos del sindicato. En resumen: los trabajadores del campo dejaron de percibir 440 millones de euros en 2019.

Más inspectores de trabajo

Al sindicato le preocupa, en ese sentido, que buena parte de los empresarios agrícolas españoles prefieren contar con trabajadores inmigrantes y les ofrezcan peores condiciones laborales y salarios más bajos. A ese respecto, UGT considera que las administraciones no logran cubrir la demanda de empleo agrario pese a que muchos desempleados se inscriben en las oficinas de empleo para trabajar en el campo. Según las cifras que maneja el sindicato, solo en Andalucía más de 8.000 trabajadores siguen esperando a ser llamados para un contrato de trabajo. El sindicato pide un incremento de la vigilancia para detectar las bolsas de fraude, más inspectores de trabajo y la creación de la figura del delegado sectorial para que pueda defender los derechos laborales en aquellas fincas donde no hay representación sindical.

Con todo, la situación de pandemia hace centrar los ojos en evitar contagios. Desde UGT valoran la decisión del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, de reactivar las comisiones de coordinación sobre las temporadas agrícolas. Pero siguen viendo necesario garantizar que los problemas de la pasada campaña no vuelvan a repetirse. Según el sindicato, unos 150.000 jornaleros se desplazan por España en los meses de más campañas agrícolas. Actualmente, la recogida de cítricos y el fin de la campaña del olivar centran los esfuerzos, pero para la fresa, por ejemplo, se prevén 15.000 personas para Huelva.

UGT, asimismo, tiene solicitada una reunión con la dirección provincial del Servicio de Empleo Estatal para tratar en profundidad que preocupa al sindicado desde hace tiempo: la situación que tienen que atravesar los trabajadores del sector agrario que pasan de estar contratados de manera eventual, con contratos por campañas, a establecere como fijos discontinuos.

Otra cuestión laboral es la que viene afectando a las envasadoras almerienses, que reclaman su derecho a la conciliación laboral y familiar, y que les llevó a la huelga a finales del pasado año. El sector del manipulado hortofrutícola en la provincia de Almería, con unas 25.000 trabajadoras, cuenta con unos horarios “infinitos”, como ya informó este periódico, siguen reclamando el desbloqueo de la Negociación Colectiva del Convenio del Manipulado que lleva desde 2018 sin renovarse.

La pandemia está haciendo estragos en la ya de por sí dañada industria andaluza. Según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la cifra de negocio en la industria en cada una de las comunidades autónomas relativos al pasado mes de diciembre y publicados este jueves, los datos en Andalucía respecto a diciembre de 2019 suponen un descenso de la cifra de negocios del sector industrial del 10,2%. Mientras, y aunque la situación de bajada ha sido prácticamente generalizada para el conjunto del Estado, en España el descenso fue de apenas un 2,6% en el último año. Es decir, la tasa interanual en Andalucía es 7,6 puntos peor que en España, lo que hace que la industria andaluza cierre un nuevo año, otra vez, en el furgón de cola del sector estatal.

Para UGT Andalucía, “la pandemia no ha hecho más que profundizar la histórica brecha que nos distanciaba de las regiones tradicionalmente más industrializadas y ha vuelto a poner de manifiesto la debilidad de un modelo productivo en el que la industria tiene un peso que se sitúa muy lejos del aconsejado por todos los organismos económicos internacionales”. De hecho, antes de conocerse los datos de final de año, la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato se movilizó en toda Andalucía el pasado de diciembre bajo el lema 'Nuestra industria se muere. Mañana es tarde. ¡Movilízate'.

El sindicato exige al Gobierno central un plan por la industria y que se posicione a nivel europeo para demandar más carga de trabajo para España, por ejemplo en Airbus, que ha perdido 1.133 millones en 2020. UGT Andalucía también reclama al Gobierno de la Junta que desarrolle el Pacto Andaluz por la Industria firmado en 2017 que, a pesar de se suscribió con un gobierno de signo distinto al frente de la administración autonómica aún sigue vigente.

UGT Andalucía también pide a la Junta, como se le ha hecho llegar por escrito en las pocas reuniones mantenidas en las mesas técnicas, que apruebe, en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y Social de Andalucía firmado el pasado verano, medidas que fomenten el desarrollo industrial y la atracción de inversiones, asi como un apoyo complementario a las medidas que apruebe el Gobierno central para una transición justa hacia las energías renovables y el empleo verde, para que no se pierda empleo, con acuerdos con los ayuntamientos y diputaciones de cara a la recolocación de trabajadores. En paralelo, el sindicato clama por un ambicioso plan de formación, para adaptar las capacidades laborales a la digitalización, la tecnificación y el trabajo a distancia, cuando éste sea posible.

Pese a la amenaza de la pandemia, a juicio del sindicato, “el Gobierno de la Junta de Andalucía parece no querer darse cuenta de la importancia de la situación actual y cada paquete nuevo de medidas que presenta para superar la crisis y reactivar la economía parece ir encaminada a repetir los errores del pasado: actividades económicas de muy escaso valor añadido, precarización del empleo y empobrecimiento de la clase trabajadora”. La apuesta de UGT-A es “radicalmente distinta” ya que entiende que “el futuro de Andalucía es directamente proporcional a su desarrollo industrial”, exigiendo un 'sí a la industria' y un 'sí al empleo industrial'.

Como muestra, un botón. El pasado 1 de febrero, unos 60 vehículos de trabajadores de la cementera Holcim de Jerez de la Frontera (Cádiz) y empresas auxiliares se unieron a la protesta por el ERE extintivo que afecta a 59 empleos directos e implica a más de 200 empleos indirectos. Los trabajadores recorrieron durante hora y media las calles de la localidad gaditana para alertar del riesgo de la extinción de muchos de sus puestos de trabajo o incluso del cierre de sus empresas a causa del despido colectivo presentado por la multinacional.  

Los últimos datos de diciembre

En el último de los meses del año, la cifra de negocio en la industria andaluza se redujo un 4,8% con respecto a noviembre, por lo que repite lo acontecido en el mes anterior, cuando también se obtuvo una tasa mensual negativa. Aún así, el descenso en Andalucía ha sido levemente menor al obtenido para el conjunto del Estado (-6,7%). A pesar de este segundo mes con descensos mensuales, la tasa media del año ha mejorado y pasa ahora a situarse en el -10,2%. De esta forma, se eleva 5,6 puntos con respecto a la tasa registrada a lo largo del mes pasado (-15,8%).

El descenso mensual de la cifra de negocios de la industria ha sido prácticamente generalizado para el conjunto del Estado (-6,7%), materializándose en 12 CC.AA. Entre las excepciones, destacan especialmente Castilla – La Mancha (13,3%) e Illes Balears (10,0%). En sentido contrario, las regiones con las tasas mensuales de retroceso en la cifra de negocios más elevadas fueron la Comunidad Foral de Navarra (-19,7%), País Vasco (-17,5%), Aragón (-13,2%) y La Rioja (-10,2%), las cuatro muy por encima del valor medio alcanzado para el conjunto del Estado.

En esta ocasión, solo 4 de las 17 CCAA han registrado peores datos que Andalucía en términos medios del pasado 2020. En sentido negativo, destacan muy especialmente, de nuevo, Illes Balears (-21,5%) y el Principado de Asturias (-19,4%) que junto con Canarias (-17,4%) y País Vasco (-16,2%) y la propia Andalucía se sitúan como las peores cinco CCAA.

Por el contrario, entre las regiones que registraron tasas medias de lo que va de año mejores que las de Andalucía, Extremadura (-3,8%) Galicia (-5,8%) y la Comunitat Valenciana (-6,7%), destacan, realmente, por lo reducido de su descenso. Junto a ella, los otros retrocesos más suaves en la cifra de negocios han sido los experimentados por Aragón (-8,4%) y Castilla y León (-8,5%), con tasas que, aunque negativas, si sitúan por debajo del -9% y, por tanto, resultan muy inferiores a la media del conjunto del Estado (-11,7%).

En términos interanuales, en este caso, la posición de Andalucía en la comparación con el resto de CCAA resulta incluso más negativa. De esta forma, con respecto a diciembre de 2019, registramos un descenso de la cifra de negocios del sector industrial del 10,2% mientras que, en el conjunto del Estado, el descenso fue de apenas un 2,6%, es decir, 7,6 puntos menor que la tasa interanual registrada en Andalucía.

UGT-A es una organización esencial para la defensa de los derechos laborales y sociales. Casi todo ha cambiado desde el inicio de la pandemia pero la actuación de la Unión General de Trabajadores ha jugado un papel fundamental en defensa de los trabajadores y trabajadoras, negociando iniciativas de protección social para toda la ciudadanía andaluza. Por eso, y por muchas más cosas, es, sin duda, #TuSindicatoUtil.

¿Por qué? Porque ha llegado a acuerdos con el Gobierno de España que han sido fundamentales para mantener el empleo, los ingresos a las familias y la actividad económica. En las ayudas para los ERTE y sus prórrogas, que han salvado miles de empresas y millones de puestos de trabajo; en la aprobación y puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se consolidó finalmente mediante el Diálogo Social y el debate parlamentario; en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora volvemos a reivindicar que se suba hasta mil euros, siguiendo la senda de la Carta Social Europea, que aconseja un SMI del 60% del salario medio (en España hay margen hasta los 1.200 euros); en los acuerdos para garantizar a las familias con escasos ingresos vivienda, suministros básicos de luz, agua y telecomunicaciones; en la Ley del Teletrabajo; en las ayudas para evitar la brecha digital en el empleo y en la educación; en el plan de ayudas a autónomos; etc.

Asimismo, desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo de 2020, UGT-A ha atendido cerca de un millón de consultas si sumamos todos los ámbitos: telefónicas, delegados y delegadas sindicales, presenciales en las sedes, por correo electrónico o a través de las redes sociales. Los temas son los que le están preocupando entre la clase trabajadora durante todos estos meses de pandemia (ERTE, despidos, teletrabajo, prestaciones, Ingreso Mínimo Vital, convenios colectivos, conciliación de vida laboral y familiar) e incluso se ha gestionado directamente las solicitudes personales con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a aquellos ciudadanos que han tenido problemas.

Cuando llegó la pandemia, el sindicato activó una campaña de atención telefónica, que aparece en nuestra página web, para atender por un lado dudas laborales, asesoría ante un ERTE o despidos. Es la Oficina de Atención Sindical (900188808). También existe el servicio de defensa legal de la mujer, que incluye asesoría para ayudas a las familias, para la renta mínima, consultas sobre hipotecas, empleadas de hogar e inmigración. Es el 954506377. Y otra línea de atención sobre salud laboral (954506352), que incluye atención para las medidas de aplicación antipandemia, planes de prevención de riesgos y siniestralidad. También UGT Andalucía tiene activo en la web, en la parte superior, un 'Contador de la vergüenza' donde aparece el número de fallecidos en el trabajo durante el año en curso, para recordar la importancia del cumplimiento de las medidas de salud laboral. También hay teléfonos de atención en cada provincia. A través de la web, Facebook, Twitter e Instagram también se responden dudas.

Y, como siempre, #TuSindicatoUtil también está presente en la atención de los delegados y delegadas a los trabajadores, y en la acción sindical. En medio de la pandemia, hemos seguido negociando convenios colectivos, hemos asesorado a miles de empresas para negociar ERTE, hemos llegado a acuerdos en los organismos mediadores, como el SERCLA, para evitar conflictos y la pérdida de miles de horas de trabajo por huelgas y, sobre todo, hemos estado día a día con los trabajadores y trabajadoras exigiendo que se cumplan todas las medidas de prevención frente a la COVID y aprobando planes de teletrabajo en las empresas.

Por todo eso, y por muchas más cosas que se irán contando en este blog, UGT Andalucía es #TuSindicatoUtil