La Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times. El Ejército de EEUU ha desplegado un millar de soldados en Venezuela a raíz de los terremotos. La Asamblea Nacional venezolana ha ido aprobando diversas leyes a petición de Washington, desde la liberalización del petróleo hasta amnistías. Incluso Venezuela ha extraditado a EEUU a Álex Saab, ex ministro y hombre confianza de Nicolás Maduro, quien le representaba en muchos acuerdos económicos a causa de las sanciones impuestas por EEUU al presidente venezolano. Y la extradición se ha producido sin haber comunicado la detención en su momento ni explicado en virtud de qué elementos se produce esa extradición.

EEUU ha asumido el control de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es la principal vía de ingresos del país, y suspendió algunas sanciones tras secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, en enero e instalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país.

Se esperaba que el alivio de las sanciones impulsara considerablemente la economía, la cual ya atravesaba una crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado. Sin embargo, explica FT, seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas señalan que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente tenues, lo que podría indicar que EEUU no ha transferido la totalidad de los ingresos a Caracas.

Este lunes ha sido preguntado Trump por el dinero del petróleo venezolano:

“Hay informaciones de que EEUU ha recibido 13.000 millones de dólares procedentes de Venezuela. ¿A dónde va ese dinero?”, pregunta el periodista.

“Creo que incluso más que eso”, ha dicho Trump.

“Pero ¿a dónde va ese dinero?”, insiste el reportero.

“A gestionar el país”.

“No, el dinero que recibe EEUU: ¿a dónde va?”

“A gestionar el país”.

“Hay un acuerdo implícito de supervivencia que tiene como contrapartida la sumisión a Estados Unidos”, explica Francesca Emanuele, analista senior del think tank Center of Policy and Economic Research (CEPR), con sede en Washington DC: “El actual Gobierno venezolano opera con una pistola estadounidense apuntándole a la cabeza. La captura ilegal de Maduro en territorio venezolano, tras una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, es un recordatorio constante de cuál puede ser el destino de los dirigentes actuales de Venezuela si dejaran de obedecer a Washington”.

Según ha publicado recientemente The New York Times, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dirige a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mediante mensajes de texto y controla el acceso de su Gobierno a sus ingresos petroleros. Ella le informa de a quién desea incorporar, y él le indica qué funcionarios del aparato de Maduro debe purgar. Bajo la tutela de Rubio, afirma NYT, Rodríguez abrió el país a las empresas estadounidenses. En efecto, Delcy Rodríguez ha cedido un grado considerable de autonomía nacional a cambio de conservar el poder, o, al menos, la apariencia de este, por medio de un acuerdo opaco y beneficioso para gobernantes de ambos países.

“Hay una evidente pérdida del control económico. Los datos sugieren que EEUU podría estar reteniendo los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de depósito, sin desembolsarlos al gobierno venezolano. Al mismo tiempo, la economía venezolana se desaceleró hasta crecer apenas un 2,5% anual en el primer trimestre de 2026 (su ritmo más bajo desde 2021), a pesar de que los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron un 25%”, añade la analista de CEPR.

La difusa respuesta de Trump no deja de dar pistas de lo que Venezuela supone ahora mismo para la Administración Trump: un país teledirigido del que sacar petróleo y quedarse con el dinero.

“El dinero será controlado por mí”, ya dijo Trump el 6 de enero pasado, tres días después del ataque a Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo, pero no solo con el dinero.

“Puede destinarse al Ejército [de EEUU”, ha dicho este lunes el presidente de EEUU: “El Congreso tiene que aprobarlo, y al Congreso no le gusta aprobar fondos para el Ejército; prefieren destinarlos a cosas que no deberían hacerse. Pero estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela. Lo mismo ocurrirá con Irán”.

Hace unos días, el Departamento de Estado lanzó una campaña para acabar con la Corte Penal Internacional. En los últimos días, Venezuela anunció su salida, celebrada por el propio Departamento de Estado: “EEUU celebra la decisión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por EEUU para desmantelar la corrupta e inútil CPI”.

Y continúa: “La denominada corte lleva 'investigando' a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. [...] Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.

Pero no sólo: Venezuela, principal suministrador de petróleo para Cuba, no ha hecho ni amago de mandar un barco en lo que va de año, ni de combustible ni de ayuda humanitaria, en la línea de lo exigido por la Administración Trump.

“Si bien no existe un tratado ni un reconocimiento vigente en el derecho internacional que permita calificar jurídicamente a Venezuela como un protectorado de EEUU”, argumenta Emanuele, “es posible identificar una serie de elementos que apuntan a que el país funciona, en la práctica, como un protectorado de facto de EEUU. Por un lado, existe un condicionamiento de la política exterior. Venezuela ya no decide libremente aspectos fundamentales de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Existe también una tutela militar y de seguridad, reflejada en la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano y en la realización de operaciones militares directas dentro del país. Así ocurrió con el bombardeo contra el presunto líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, una operación anunciada primero por Donald Trump, quien reivindicó públicamente haber ordenado personalmente el ataque y afirmó que este fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos. Solo después las autoridades venezolanas confirmaron que la operación había tenido lugar”.

Y todo esto ocurre ante el silencio de la comunidad internacional que, en pleno siglo XXI, no denuncia la apropiación de soberanía realizada por parte de EEUU sobre un país independiente y el nacimiento de una seudocolonia en América Latina; pero también ante el silencio de la oposición venezolana de la extrema derecha que quiere aupar a María Corina Machado, ante el desdén de Donald Trump, por mucho que la líder opositora le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz. Pero también de la oposición más moderada con la que está negociando el Gobierno de Delcy Rodríguez, empujado por EEUU.

Hace unos días, decía Trump sobre la posibilidad de elecciones en el país: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente aún no están listos para ellas, pero vaya, se ha avanzado muchísimo. Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.

Y tampoco pone el grito en el cielo el chavismo, para el que ya queda lejos el “aquí huele a azufre” de Hugo Chávez en la ONU, que resume dos décadas de discurso abiertamente antiimperialista frente a EEUU en el continente.

En aquel discurso de 2006, Chávez llamaba “diablo” a George W. Bush, y denunciaba que hablaba “como dueño del mundo”.

Ahora, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no sólo no habla en esos términos sobre Donald Trump: recibe con honores a sus representantes en el mismo palacio de Miraflores en el que murieron más de 100 personas en el ataque de EEUU el pasado 3 de enero, entre ellos una treintena de soldados cubanos. Y mientras los recibe con honores, habla de reconstruir las relaciones bilaterales, y no dice nada del secuestro de Maduro.

Como tampoco lo dice en la entrevista reciente concedida a Javier Negre, uno de los periodistas extranjeros más afines a la Administración Trump y al mundo MAGA.

En esa entrevista, Rodríguez evita condenar los ataques de EEUU del 3 de enero, que enmarca en un proceso de cambio político en el país, y, si bien afirma que el presidente es Nicolás Maduro, no condena su secuestro ni su juicio en EEUU. “Todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad, y yo confío en que el presidente demuestre la verdad”, afirma Rodríguez.

“Independientemente de la gravedad que supone que, en pleno siglo XXI y ante los ojos de la comunidad internacional, se haya configurado un protectorado de facto en América Latina, lo que hoy necesitan los venezolanos es cubrir sus necesidades más urgentes y reconstruir el país”, señala Emanuele: “Por ello, si el gobierno de EEUU empatizara con el sufrimiento del pueblo venezolano, la medida más importante que podría adoptar sería levantar las sanciones económicas y financieras. Del mismo modo, si los gobiernos europeos empatizaran con el sufrimiento de la población venezolana, instarían a EEUU a poner fin a esas sanciones y promoverían que el Reino Unido liberara los cerca de 5.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que permanecen retenidos en el Banco de Inglaterra. Igualmente, presionarían a Portugal para que facilite la devolución de los aproximadamente 1.200 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y a filiales de PDVSA que están bloqueados en Novo Banco”.

En ese mismo sentido se expresó un grupo de 14 congresistas demócratas tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que han causado más de 5.500 muertos, en una carta dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump; a su secretario de Estado, Marco Rubio; y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Les escribimos para instarles a que levanten de inmediato las sanciones económicas y hagan todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”, afirma la carta, que se redactó después de que un centenar de economistas escribieran otra similar al Gobierno estadounidense y al FMI para pedir retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.

“Lo que existe hoy en Venezuela es una autoridad interina cuya legitimidad jurídica descansa en una decisión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, emitida tras el secuestro de Nicolás Maduro”, explica Emanuele: “No es un gobierno interino que emane de los mecanismos ordinarios de sucesión previstos en la Constitución, sino un arreglo excepcional nacido en un contexto de intervención extranjera que continúa, y que ha convertido a Venezuela en una suerte de protectorado o pseudo colonia. Mientras esa situación persista, es un contrasentido hablar de una transición democrática genuina. Para que haya una transición a la democracia, Venezuela necesita primero recuperar su soberanía”.

Mientras tanto, Trump ha convertido Venezuela en un país teledirigido desde su Departamento de Estado, ante el silencio de una comunidad internacional que prefiere mirar a otro lado.

Este martes he estado en la Casa Blanca, mientras recibía en el Despacho Oval el presidente de Líbano, Joseph Aoun, Donald Trump. En la comparecencia ante los periodistas se habló de nuevos ataques contra Irán, del diálogo roto y de las posibilidades de que se mantenga la tregua de Israel, que mantiene ocupado el sur de Líbano.

Pero nadie ha preguntado al presidente de EEUU por ese informe sobre el asesinato de dos centenares de personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní el 28 de febrero, día en que empezó la guerra de Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán.

De eso se habla muy poco, de ese misil estadounidense Tomahawk que destrozó una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab. Casi cinco meses después, la Administración Trump dice seguir investigando los hechos. Eso sí, hace un año, cuando EEUU bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Trump y todo su equipo afirmaron inmediatamente que el bombardeo había sido un éxito y que las instalaciones iraníes habían sido “destrozadas”. Es más, trató de sediciosos a los medios que publicaron que los informes preliminares no eran tan concluyentes como las afirmaciones de los dirigentes estadounidenses.

Ahora, sin embargo, ni Trump ni su secretario de Guerra, Pete Hegseth, hablan del asunto y, si lo hacen ante las esporádicas preguntas de los periodistas, tratan de quitarse el asunto de encima en lugar de asumir la responsabilidad.

De lo que tampoco se suele hablar en Washington D. C. es de los 221 asesinatos extrajudiciales en 66 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental reconocidos por la Administración estadounidense desde el 2 de septiembre hasta el 21 de junio, fecha del último ataque a una supuesta narcolancha reconocido por el Pentágono, con el resultado de ocho personas muertas.

Y si se habla poco de los 221 muertos, menos se habla de los pescadores desaparecidos, y de por qué ni la Administración Trump ni el Gobierno de Ecuador, en este caso, son capaces de dar ninguna respuesta.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y congresistas demócratas están preguntando por las desapariciones y detenciones de pescadores en Ecuador y, por los testimonios de los supervivientes, sospechan que pueden estar participando contratistas militares privados en las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Un grupo de pescadores ecuatorianos ha relatado cómo fueron atacados en un doble ataque con drones y posteriormente detenidos a punta de pistola por personal militar estadounidense.

El Don Maca, un barco pesquero de 35 toneladas que operaba con seis embarcaciones más pequeñas, se encontraba a unas 200 millas (320 km) al noroeste de las Islas Galápagos cuando desapareció el 26 de marzo. Sus 20 tripulantes insisten en que estaban pescando cuando fueron atacados y luego conducidos a El Salvador.

Uno de ellos, Erick Coello, ha perdido el 90% de la visión a causa del bombardeo de los drones de “embarcaciones americanas”.

Además, familiares de pescadores ecuatorianos han denunciado que el Fiorella, un barco pesquero ecuatoriano, desapareció en enero tras haber sido visto en llamas. Asimismo, las organizaciones humanitarias y los demócratas en el Congreso informan de que el 23 de marzo, 16 pescadores ecuatorianos de otro barco, el La Negra Francisca Duarte II, encontrados por la Guardia Costera de El Salvador, con las extremidades destrozadas y la espalda marcada por quemaduras.

Los pescadores contaron a Drop Site News que cinco días antes habían sido alcanzados por un dron con un cilindro amarillo, que se vieron obligados a saltar por la borda para escapar del fuego provocado por la explosión y que, posteriormente, fueron capturados por un barco estadounidense.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica: “El Departamento de Justicia y las autoridades de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no solo en relación con el Fiorella, sino con todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación sobre este grave incidente, con vistas a elaborar informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”.

“Si Estados Unidos no estuvo involucrado en estos incidentes”, dicen los congresistas demócratas de distintas comisiones en una carta solicitando información a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Seguridad Nacional, “solicitamos cualquier información que posean sobre las personas o entidades que estuvieron detrás de ellos y que respondan a las siguientes preguntas: ¿Participaron ciudadanos o entidades estadounidenses, incluidos contratistas de seguridad privada o militares privados, en los incidentes descritos? De ser así, por favor, proporcionen información sobre dichas personas o entidades. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de EEUU de las acciones de estas entidades antes, durante o después de los incidentes? ¿Ha proporcionado el Gobierno de EEUU algún tipo de apoyo, incluidos equipos o servicios de defensa o de inteligencia, para estas operaciones? ¿Está EEUU trabajando, coordinándose, manteniendo enlaces o interactuando de cualquier otra forma con organizaciones de seguridad privada o militares privados que operen en el Pacífico Oriental o frente a la costa de Venezuela y que pudieran haber estado involucradas en alguno de los incidentes? ¿Qué información tienen sobre la participación del Gobierno de El Salvador o de entidades salvadoreñas en estos incidentes?”.

Human Rights Watch también ha llevado a cabo una investigación para identificar el barco en el que varios pescadores de La Negra Francisca Duarte II dijeron haber sido detenidos, “y evaluar el mando y las operaciones. Human Rights Watch ha enviado solicitudes de información a dos empresas privadas que podrían operar barcos con características similares a las descritas por algunos tripulantes”. De momento, dice la organización, ninguna había respondido antes de la publicación de un informe al respecto, este martes, sobre los abusos y las preguntas sin respuesta en relación con la cooperación militar entre EEUU y Ecuador.

¿Hay contratistas militares, soldados privados o mercenarios pagados por la Administración Trump en operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, en las que han sido asesinadas 221 personas y hay numerosos pescadores ecuatorianos desaparecidos? De momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Daniel Noboa se dignan a responder ni a arrojar ninguna luz sobre los ataques contra, al menos, tres barcos pesqueros en lo que va de año.

Uno de mis primeros recuerdos políticos es la película ‘La Batalla de Chile’. No sé bien cuánto vi de sus tres partes, pero conservo la imagen de haber visto el documental de Patricio Guzmán en casa de mis padres, cuando era niño. Me faltan detalles; quizá incluso esa imagen esté parcialmente construida. La memoria, al fin y al cabo, suele tomar derroteros propios cuando se trata de evocaciones tan lejanas. Pero el caso es que me siguen viniendo a la memoria las imágenes de ese golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. Yo nací tres meses después de la muerte del expresidente chileno y del inicio de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos, que dos años más tarde impulsaría la Operación Cóndor para construir un verdadero eje criminal entre las dictaduras latinoamericanas al servicio de los intereses de Washington.

El exsecretario de Estado de EEUU Henry Kissinger tuvo mucho que ver con aquello, al igual que la Escuela de las Américas (primero en Panamá y luego en Georgia), en la que el Ejército de EEUU formó a los torturadores de todo el continente latinoamericano.

Los que nacimos en el 73 hemos crecido con la sombra de las dictaduras latinoamericanas patrocinadas por EEUU, pero también con las luchas emancipadoras en algunos de esos países. Y parte de todo eso ha vuelto a la actualidad estadounidense en estos días, en los que la renacida doctrina Monroe de Donald Trump se traduce en injerencias electorales, el secuestro de Nicolás Maduro y el establecimiento de un protectorado de facto en Venezuela desde la metrópoli, así como la asfixia de Cuba.

Pero no solo eso. El ICE siempre presume de detener a “lo peor de lo peor”, si bien, en la mayoría de los casos, las personas detenidas no han sido condenadas por ningún delito, ni siquiera grave, sino que simplemente presentan irregularidades en su estatus migratorio. Entretanto, desde el inicio de la actual presidencia de Trump, ya van 12 personas muertas en operaciones del ICE..

Sin embargo, en octubre pasado, el ICE sí detuvo a alguien que encajaba en su lema de “lo peor de lo peor”: Armando Fernández Larios.

Fernández Larios formaba parte de la Caravana de la Muerte, una operación criminal dependiente del Gobierno de Pinochet creada justo después del golpe y a la que se le atribuye alrededor de un centenar de asesinatos. Además de estos asesinatos, Fernández Larios participó en la operación para asesinar a Orlando Letelier (44 años) y su asistente, Ronni Moffitt (25 años), el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC con un coche bomba.

El atentado se cometió en Sheridan Circle, en una zona elegante, de embajadas, y en su lugar ahora hay una solitaria placa que recuerda el crimen de aquel día.

El 27 de octubre de 2025, agentes del ICE trasladaron a Fernández a un centro de detención en Miami. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que era responsable de “homicidio” por el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976 que acabó con la vida del exministro chileno Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, quien viajaba junto a su esposo, Michael Moffitt, en el automóvil de Letelier cuando se dirigían al Institute for Policy Studies, donde trabajaban.

En la plaza de Sheridan Circle, a 20 minutos andando de mi casa, frente a los jardines de la embajada de Irlanda, una bomba fue activada bajo el asiento de Letelier. En 1978, dos años después del atentado, un gran jurado de Washington imputó a Fernández por su participación en el asesinato, junto con el jefe de los servicios de inteligencia chilenos, Manuel Contreras, y otras cinco personas. The New York Times recuerda que ese mismo año el Gobierno chileno accedió a extraditar a Michael Townley, un agente de inteligencia chileno nacido en Estados Unidos que se había reunido con Fernández en un aeropuerto estadounidense, donde este le entregó un croquis con los movimientos de Letelier para facilitar la planificación del atentado. Sin embargo, Chile se negó a extraditar tanto a Fernández como a Contreras, entonces jefe de la DINA.

Con el tiempo, en enero de 1987, Fernández se marchó de Chile y se declaró culpable en EEUU de “complicidad a posteriori” en el asesinato de un funcionario extranjero. Fernández fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión, señala el NYT, que cuenta cómo en julio de ese año altos funcionarios del Departamento de Estado escribieron a la comisión de libertad condicional con el fin de pedir clemencia para Fernández, quien finalmente solo cumplió cinco meses de condena y comenzó a vivir en EEUU bajo protección del Gobierno federal.

En 1999, los familiares de Winston Cabello, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte en 1973, presentaron una demanda civil contra Fernández ante un tribunal federal de Florida. El caso llegó a juicio en septiembre de 2003 y, tres semanas después, un jurado lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, tortura y crímenes de lesa humanidad. El tribunal concedió a la familia Cabello una indemnización de cuatro millones de dólares, una indemnización que Fernández nunca pagó.

Durante el juicio, Henry Kissinger, exsecretario de Estado, envió una carta al tribunal en defensa de Fernández, informa el NYT.

A raíz de la detención en octubre por parte de agentes del ICE, Fernández defendía que en 1987 Estados Unidos había acordado no deportarlo, y presentó un recurso de habeas corpus para obligar al gobierno de EEUU a cumplir su palabra. Según el diario neoyorquino, el gobierno nunca respondió a la demanda de Fernández: en su lugar, el gobierno liberó a Fernández, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso el National Security Archive.

Fernández tiene otra vista programada para el 5 de agosto ante un juez de inmigración.

Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado para lograr la divulgación pública de documentos relacionados con el caso, explica: “En su demanda contra el ICE, Fernández Larios presentó 'una demanda por incumplimiento de contrato', alegando que el Gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal alcanzado a principios de 1987, cuando intentó ir a Estados Unidos durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de 'complicidad posterior al hecho de asesinato' y testificaría sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en la misma. A cambio, el Departamento de Justicia de EEUU recomendó una reducción de la pena y prometió que 'no solicitaría [su] deportación a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se produjera un incumplimiento del acuerdo'. Y, según la demanda de Fernández Larios, el Gobierno de Estados Unidos había 'incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un procedimiento de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Entre los documentos publicados por el National Security Archive, figura uno en el que recoge cómo, en 2016, el juez de derechos humanos chileno Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la Caravana de la Muerte.

En la solicitud de extradición autorizada por el Tribunal Supremo de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro de la Caravana de la Muerte que llegó a La Serena (capital de la región de Coquimbo en la costa de Chile) el 16 de octubre de 1973 y asesinó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende.

Las víctimas fueron posteriormente enterradas en una fosa común, según el resumen de los hechos que figura en la solicitud.

Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile en relación con Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo implicado.

El Gobierno de EEUU devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, entre las que se incluía una petición para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile para ser juzgado.

Fernández Larios ayudó a matar en la capital de EEUU a Letelier y a la estadounidense Moffitt hace 50 años. Pero el ICE, que está deteniendo a 2.000 migrantes al día y ya ha causado la muerte de 12 personas, lo ha dejado libre.

Cientos de neonazis del Patriot Front, una organización neonazi y supremacista blanca estadounidense, se pasearon impunemente por Washington DC el pasado sábado, día de la independencia de EEUU. Desfilaron por las calles con sus banderas, ocuparon vagones de metro con el rostro tapado y participaron en una concentración en la que su líder, Thomas Rousseau, pronunció un discurso en el que reivindicó la idea de que Estados Unidos fue fundado sobre una supuesta pureza racial.

Una vez terminaron su exhibición, se marcharon, habiendo sembrado el miedo entre las personas negras y latinas con las que se cruzaron a su paso.

Horas después, Trump agitaba el fantasma del enemigo interno y clamaba contra lo que ahora considera la principal amenaza para EEUU desde la independencia: el “comunismo”, que calificó como un “cáncer” que había que “extirpar lo antes posible”.

Todos sus terminales mediáticos aplaudieron sus palabras. Pero ninguno señaló lo que había pasado ese sábado por la mañana: que una banda de encapuchados con enseñas confederadas –el bando esclavista de la guerra de Secesión–; banderas Betsy Ross, de 1777, en alusión a las 13 colonias independizadas en 1776; símbolos del Patriot Front; y banderas estadounidenses al revés, en señal de que la nación se encuentra en grave peligro por la situación política, desfiló por la ciudad.

“Nuestra patria se ha convertido en un sórdido campo de especuladores e invasores, con un grupo de políticos traidores y sin carácter”, dijo Rousseau: “Anhelamos la soberanía y la libertad, que no pueden coexistir con las condiciones que se nos han impuesto. Nos encontramos en un punto de inflexión, en el momento decisivo para el destino de nuestra nación. Tan grave es nuestra situación, tan extremo es el peligro, que la única forma de asegurar nuestra existencia es convertirnos en todo aquello a lo que aspiramos”.

Además de glorificar ese pasado independentista anglosajón y de describir la situación actual como de peligro, Rousseau señalaba a los no blancos: “Nuestra libertad como estadounidenses se desperdicia en masas inasimilables. El Estado ha gastado años inestimables e innumerables fortunas intentando educar y civilizar a quienes pretenden sustituirnos étnicamente. A los verdaderos estadounidenses no solo se les ha dejado atrás, sino que se les ha sometido a un abuso interminable, indigno de los herederos de este continente. Podría enumerar a los enemigos de nuestro pueblo, desde las conspiraciones judías hasta los cárteles mexicanos, desde los delincuentes africanos hasta los homosexuales que trafican con el vicio y la explotación. Su conducta está decidida, sus destinos están escritos”.

“Este día es para los estadounidenses”, proseguía Rousseau: “El destino de la nación recae sobre nuestros hombros. Es nuestra identidad la que debemos recuperar. Somos estadounidenses, no por decreto ni por ideal, sino por sangre. Nuestra nación es nuestro credo. No deseamos nada más ni nada menos que una revolución, una época de grandes cambios y una perspectiva de valor inquebrantable de cara al futuro. El vicio que ha infestado nuestra tierra será erradicado. Los extranjeros que han invadido nuestra tierra serán expulsados. Y los estadounidenses que durante tanto tiempo han sufrido el destino de un pueblo derrotado serán salvados. En este día, una vez más, con más fuerza que nunca, declaramos nuestra resistencia como una promesa a nuestro pueblo y un desafío a nuestros enemigos”.

A escasa distancia de la Casa Blanca, un neonazi y supremacista blanco llamaba a la revolución. Pero su inquilino ni siquiera se inmutó. En lugar de condenarlo, pronunció un discurso en el que criminalizó a la izquierda y recurrió a una narrativa muy similar a la de Rousseau. Exaltó la recuperación de la supuesta grandeza estadounidense, arremetió contra las políticas de igualdad y diversidad y defendió la represión a los migrantes.

“El sistema comunista es lo contrario del sistema estadounidense”, dijo Trump en su discurso del sábado por la noche para señalar el avance de los socialistas democráticos en las primarias del Partido Demócrata: “El sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros soldados no lucharon contra el comunismo en los campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a asomar su horrible cabeza aquí mismo, en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Queremos detener una amenaza como esa de inmediato, y antes de que comience. Es como un cáncer: hay que extirparlo, hay que extirparlo rápido”.

Unos días antes, había definido el comunismo como “la mayor amenaza para EEUU desde la independencia, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor y el 11S”.

A la espera de saber qué hará el presidente de EEUU para responder a lo que él ha designado como la mayor amenaza para el país en 250 años, lo que resulta evidente es que la marcha neonazi por el centro de Washington no merece una palabra por parte de la Administración Trump.

La actitud de Trump es consistente con sus actos. Nada más regresar a la Casa Blanca, el presidente de EEUU indultó a 1.600 condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando las hordas trumpistas irrumpieron en el Legislativo, destrozaron despachos, atemorizaron a congresistas y golpearon a policías.

Asimismo, el presidente de EEUU ha designado Antifa como organización terrorista nacional, aunque ni siquiera es una organización.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos.

Decenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

El director del FBI durante el primer Gobierno de Trump, Christopher Wray, declaró en el Congreso de EEUU en septiembre de 2020 que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles. Estos incluyen tanto extremistas violentos nacionales de diversos tipos como extremistas violentos locales motivados por entidades extranjeras de tipo yihadista. Consideramos a Antifa más como una ideología o un movimiento que como una organización”.

El diagnóstico del exdirector del FBI contrasta con el rumbo que ha tomado la Administración Trump durante su actual mandato. Hace justo una semana, un comandante de la Fuerza Aérea de EEUU, Jason Watson, fue detenido por protestar en las escaleras del Capitolio, donde exigió una moción de censura contra Trump. Watson, militar en servicio activo con una trayectoria de más de 20 años, subió hasta la mitad de las escaleras de la Cámara de Representantes para sostener un cartel en el que se leía Impeach, Convict, Remove (destitución, condena y destitución).

Watson fue acompañado hasta la base de la escalinata por el diputado Al Green, demócrata por Texas, antes de que los agentes detuvieran a Watson “cuando el miembro del Congreso abandonó la zona” por considerarse que se estaba produciendo “una manifestación” ilegal.

A escasos metros de ese lugar, tres días después de esa detención por protestar, desfilaban más de 400 neonazis encapuchados con total impunidad.

“Es comunismo en toda regla”. El presidente de Estados Unidos está recurriendo a una narrativa propia de la Guerra Fría para hacer frente al avance de los socialistas en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –con las victorias de Claire Valdez, Brad Lander y Darializa Avila Chevalier–. Ese avance se traducirá en una mayor presencia en cargos institucionales apoyados por el DSA (Socialistas Democráticos de América), desde la Cámara de Representantes hasta la alcaldía de Washington DC –con Janeese Lewis George–, después de haber conquistado la alcaldía de la principal ciudad del país, Nueva York, con Zohran Mamdani al frente.

Sin embargo, la diferencia con respecto a la Guerra Fría es que ya no existe un bloque soviético que compita ideológicamente con el bloque occidental, ni lugares en el mundo en los que se dé esa disputa política por medio de las armas, desde Vietnam hasta América Latina o los procesos descolonizadores africanos. Y que el DSA no se reivindica como comunista ni sus programas electorales son marxistas-leninistas.

El mundo de 2026 es diferente: China está más interesada en generar influencia y dependencia económica que ideológica, EEUU parece más centrado en asaltar el continente americano que en lo que pasa en otras latitudes, y Rusia bastante tiene con aguantar las líneas en su estancada invasión de Ucrania.

Y como el mundo de 2026 es diferente, resulta de lo más estrambótico oír al presidente de EEUU tachar de comunistas a los candidatos del DSA en EEUU: sus programas se centran en medidas para aplacar el coste de la vida –transporte público, tope a los alquileres, educación infantil gratuita–, los impuestos a los ricos, la defensa de Palestina, la denuncia del genocidio israelí y las críticas al imperialismo de EEUU, básicamente.

En este sentido, Mamdani ha congelado recientemente los alquileres de casi un millón de viviendas en Nueva York, su principal promesa: la medida afecta a los contratos de alquiler de uno y dos años, lo que representa el 40% de todos los apartamentos de los cinco distritos.

Es verdad que, a diferencia del resto de candidatos republicanos y demócratas, no reciben dinero ni del lobby judío ni de grandes corporaciones, sino que hacen campaña con donaciones de voluntarios y un movimiento militante dedicado a hacer campaña puerta a puerta.

Pero también es verdad que no hacen campaña por la socialización de los medios de producción, ni por la lucha de clases o la nacionalización de sectores estratégicos, por mucho que pedir impuestos progresivos tenga un cierto eje de clase poco común en la política estadounidense, al igual que la apuesta por una sanidad para todos –que ni siquiera se atreven a decir que sea pública–, en un país donde las desigualdades nunca terminan de ser un motor político como en otros lugares del mundo.

Manolo de los Santos, del People's Forum de Nueva York, cuyo alcalde es Mamdani, socialista del DSA, explica: “Nueva York es la capital económica y financiera del país, es como el nexo financiero de Estados Unidos con el resto del mundo. Aquí se concentra tanto capital que es cuestionable realmente preguntar quién gobierna en Nueva York. ¿Es el alcalde o es el capital? Lo que sí ha generado la elección de Mamdani es un nivel de entusiasmo en la participación política que no se veía hace mucho tiempo, imaginarse cosas que para los pobres casi siempre nos están vedadas. Tenemos derecho a soñar. Y lo que vemos también es lo limitado que es todo a lo que se enfrenta, y que realmente nosotros, por ejemplo, desde nuestros espacios con otras organizaciones populares de la ciudad, lo que hemos dicho desde el principio es que Mamdani no puede gobernar solo. Si Mamdani no invita a la movilización política del pueblo, no va a avanzar ninguna agenda. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la campaña a las generales y el impuesto a los ricos”.

De los Santos añade en relación con el proceso que llevó a Mamdani a la alcaldía: “Hubo decenas de miles de voluntarios en toda la ciudad, pero no ha habido continuidad política a ese proceso. Es lo típico de la política en Estados Unidos, no tiene capacidad nunca de moverse más allá de un proyecto electoralista, no busca movilizar nunca para una transformación política en la realidad”.

Frente a eso, Trump está centrado en el fiasco de su reforma del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y en el dineral desbordante de su salón de baile en la Casa Blanca. Y en el comunismo como la mayor amenaza para EEUU, como no podía ser de otra manera, ya sea una pequeña isla de 9 millones de habitantes a 90 millas de Florida o los candidatos apoyados por el DSA.

Y, en ambos casos, el argumento es el mismo: son una amenaza nacional. Con esa coartada, ha decretado un bloqueo de combustible asfixiante a Cuba, y sanciones secundarias para cualquier entidad pública o privada que trate con el Estado cubano o algunas de sus empresas.

¿Y qué prepara ante el avance de los socialistas democráticos en EEUU? Está por ver.

“Yo creo que, en realidad, supone una gran amenaza para nuestra nación, porque no es socialismo, sino comunismo en toda regla”, decía Trump este lunes en el Despacho Oval a los periodistas: “Utilizan el término socialistas democráticos porque suena muy bien, pero en realidad se trata de comunismo”.

Y añadió: “Creo que es la mayor amenaza que existe para nuestra nación. Quizá desde nuestra fundación, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el 11 de septiembre. Incluido el ataque a Pearl Harbor. Creo que esta es la mayor amenaza para nuestra nación. La gente sonreirá cuando diga esto, pero las personas inteligentes dirán: 'Probablemente tenga razón'. Básicamente, se trata de introducir el comunismo en los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada tan peligroso”.

Si tenemos en cuenta que la amenaza para la seguridad nacional le ha servido de coartada a Trump para asfixiar a Cuba, asesinar a 215 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental, secuestrar al presidente de Venezuela y matar a 100 personas en el ataque, amenazar con tomar Groenlandia unilateralmente y desatar una guerra comercial contra todo el mundo, está por ver en qué se traduce esa designación para los miembros del DSA y los candidatos apoyados por ellos, entre los cuales se encuentra una de las congresistas más odiadas por Trump: Ilhan Omar, de Minnesota.

Otro ejemplo. Acaban de conocerse las penas de hasta 100 años de cárcel por participar en una protesta ante un centro del ICE en Texas que derivó en un tiroteo. La fiscalía calificó el delito de acto de terrorismo, a raíz de las heridas que sufrió un agente, y afirmó que los ocho participantes estaban vinculados a Antifa, como si fuera una entidad organizada, y han recibido condenas a partir de 30 años de prisión.

Hasta tal punto llega el despropósito, que uno de los condenados, Daniel Sánchez Estrada, no se encontraba en Prairieland la noche del tiroteo ni participó en la planificación. Sánchez Estrada, que está casado con otra de las acusadas, fue condenado por los cargos de ocultación de documentos: movió una caja con sus propias pertenencias —obras de arte, poesía, diarios y fanzines— tras el tiroteo, y fue condenado a 30 años de prisión acusado de manipular documentación de Antifa.

Clay Risen, autor de 'Red Scare', explica sobre el macartismo unas características que ya se están viendo en EEUU: “El otro problema grave era que uno de los criterios para considerar a alguien sospechoso era una lista de organizaciones que el fiscal general había elaborado por orden de Truman y que se consideraban subversivas. Al principio eran unas pocas docenas, pero acabaron siendo un par de cientos. Y algunas de ellas eran inofensivas. Algunas de ellas no suponían, ni por asomo, una amenaza para la seguridad nacional. Pero si tenías alguna conexión, aunque fuera indirecta, con alguna de ellas, tu carrera corría peligro. Y la lista no era secreta. Se filtró. Así que el sector privado, los gobiernos estatales y locales empezaron a utilizarla. En ese sentido, se difundió como la pólvora. Y la lista se convirtió en el baremo con el que se juzgaba a millones de estadounidenses”.

Esa lista ya existe hoy en los EEUU de Trump. Más allá de los señalamientos de las personas afines al DSA, hace poco, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la infraestructura de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes a través de organizaciones y activistas”. ¿Y cuáles son? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

El contexto está creado. Y apenas lleva un año y medio Trump en la Casa Blanca. Ya ha decidido calificar el avance de candidatos socialistas en las primarias demócratas como “comunismo en toda regla” y la mayor “amenaza nacional desde la independencia”. Ya sólo falta ver qué va a hacer a partir de ahora.

¿Habría ganado las elecciones legislativas Javier Milei sin el apoyo político y económico de Donald Trump en la campaña electoral? ¿Habría ganado el mismo Milei que había sufrido poco antes una sonora derrota en la provincia de Buenos Aires? ¿Y Nasry Asfura? ¿Habría ganado en Honduras el candidato de la extrema derecha sin el apoyo explícito de Trump, incluso con el indulto de un miembro de su partido, Juan Orlando Hernández, expresidente del país condenado en un tribunal de EEUU por introducir 500 kilos de cocaína en el país? El presidente de EEUU no tuvo empacho en indultar a Hernández antes de las elecciones y apostar por Asfura, quien se impuso por poco en unas reñidas elecciones al liberal Salvador Nasralla, quien se veía vencedor hasta las injerencias de Trump.

¿Y Abelardo de la Espriella? ¿Qué habría sido del ultra colombiano sin el acoso de Trump al presidente colombiano, Gustavo Petro, y sin la repetida apuesta en campaña contra el rival de Iván Cepeda? ¿Qué habría sido sin esos palos a la Colombia de Petro y esas promesas a una futura Colombia presidida por De la Espriella?

La proximidad y las relaciones de dependencia en América Latina con respecto a Washington son fundamentales para entender el impacto del intervencionismo de Trump. Del mismo modo, ya no funciona igual en la distancia europea.

Por ejemplo, por mucho que se alineara con Viktor Orbán, el ultra húngaro acabó derrotado en las urnas. Igual que AfD, los ultras alemanes apoyados por JD Vance y Elon Musk: no lograron el sorpasso en las últimas elecciones generales alemanas.

Y es que de la misma manera que en América Latina Trump juega con su poder de coerción para moldear los Gobiernos a su imagen y semejanza, en Europa el trumpismo resta ya en muchos países. Por ejemplo, en Italia, donde Giorgia Meloni ha sido una persona cercana a Elon Musk y comparte la mayoría de las ideas de Trump, pero se ha abierto una brecha entre ellos a raíz de los ataques del presidente de EEUU al Papa.

Se puede ser muy trumpista, pero en Italia la Iglesia católica está por delante.

Pero esa misma distancia con Trump la están mostrando otros líderes europeos, como se ha visto con las negativas a ayudar a la Casa Blanca a salir del avispero en el que ella sola se metió el 28 de febrero pasado en Irán. Eso apunta a un cambio de paradigma que no ocurre en el área en la que el presidente de EEUU ejerce más su influencia: lo que la Casa Blanca llama el patio trasero o Hemisferio Occidental, que viene a ser América Latina.

Y todas estas maniobras quedan impunes y no reciben ni el más mínimo reproche por parte de las organizaciones observadoras de los procesos electorales, pero tampoco por organismos multilaterales como la ONU, la OEA o la UE, a pesar de que el derecho internacional preserva el principio de no intervención de agentes externos en procesos electorales.

De esta manera, la democracia representativa en América Latina se ve rebajada cuando el país con mayor poder del mundo se pone a amenazar a los ciudadanos con repercusiones negativas, más aún en países que tienen tanta dependencia de EEUU. En efecto, Trump, desde la impunidad que tiene, practica sin complejos la injerencia en países que dependen de EEUU, logrando gobiernos afines por pocos votos, como se está viendo en Colombia y Perú, donde la izquierda está cayendo derrotada por décimas.

¿Hacia dónde se habrían inclinado esas décimas sin las sanciones, las amenazas, las coacciones y las intervenciones de la Casa Blanca? Y todo eso en un contexto en el que los procesos electorales reflejan las desigualdades históricas entre izquierda y derecha, con campañas austeras para la izquierda frente a campañas millonarias de la derecha, apoyada siempre por las élites económicas y políticas del continente.

A todo ello hay que añadir el crecimiento del consumo de las redes sociales, incluso más entre la clase trabajadora latinoamericana, que bebe mucho de TikTok, lo que hace muy difícil poder rastrear la financiación de esas campañas, que en algunos casos nace en el exterior y va dirigida a llenar las redes sociales de anuncios de los candidatos de derechas: la financiación de anuncios en las redes sociales es costosa, la propia elaboración de esos anuncios también, y en un mundo tan mediado por las pantallas esto convierte a las campañas de poco presupuesto en una pelea profundamente desigual.

“Estados Unidos no solo tiene las herramientas de los aranceles o de la presión económica”, explica Francesca Emanuele sobre las presiones de Trump en América Latina. La analista del think tank CEPR (Center for Economic and Policy Research) argumenta: “En la región vemos una amenaza militar directa, vital, sin contar la retirada de visados y los congelamientos de cuentas, a través de las sanciones que EEUU puede imponer a políticos que les sean molestos, como lo ha hecho con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido uno de los pocos que se ha enfrentado públicamente a Trump. Cualquier país de América Latina puede convertirse hoy en un objetivo militar. Y eso también se refleja en las reacciones de los gobiernos de la región, incluso aquellos que antes denunciaban con claridad los abusos de Washington, ahora parece que optan por la cautela, la autocensura o incluso el silencio”.

Emanuele añade: “Estoy convencida de que el mundo necesita que gobiernos con mayor capacidad de influencia, con mayor poder, por ejemplo, los gobiernos de Europa que dependen menos de Estados Unidos, dejen de mirar hacia otro lado y comiencen no solo a denunciar las políticas imperialistas de Estados Unidos, sino también a construir mecanismos, conjuntos capaces de frenar esta deriva militarista, demencial, que está causando muchísimo daño y que tendrá consecuencias durísimas y multigeneracionales si no le ponemos coto ya mismo”.

¿Y qué hacen luego cuando ganan? La Argentina de Milei es un ejemplo de negacionismo de la dictadura y las torturas, del apoyo incondicional al genocidio israelí en Palestina y de contorsionismo político: tan pronto se declara ultraliberal como es capaz de defender el proteccionismo arancelario de Trump. Milei es un incondicional del presidente de EEUU, porque sabe que sin su rescate económico podría estar ya fuera de la Casa Rosada. Milei también es un ejemplo de recortes sociales, de dejar desamparados a los más vulnerables, de combatir el feminismo y lo que el presidente argentino ultra llama “la agenda woke”.

Ecuador, otro país afín a la Administración Trump, con Daniel Noboa al frente, sobre quien han pesado acusaciones que vinculaban empresas de su entorno con el narcotráfico, tiene el país con uno de los niveles de violencia más altos de la región. Pero, eso sí, es un aprendiz avanzado de trumpismo y está desde primera hora en el Escudo de las Américas deseando contentar a Trump con sus acciones militares conjuntas, que ni están ayudando a reducir los niveles de violencia ni a reducir el tráfico de cocaína. Al contrario, están sirviendo para que caigan bombas en Colombia y mueran personas inocentes en granjas.

En el caso de Honduras, uno de los acontecimientos más alarmantes durante los primeros 100 días del Gobierno de Asfura ha sido la masacre, el 21 de mayo, de 21 campesinos en el departamento de Colón. Los asesinatos tuvieron lugar en el contexto de un conflicto territorial en la región del Bajo Aguán, que se remonta a los años setenta y ochenta y en el que están implicados poderosos intereses económicos.

El prolongado conflicto del Bajo Aguán se ha centrado en la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas de aceite de palma, en particular Dinant y sus filiales, que consolidaron vastas extensiones de tierra a través de una red de entidades comerciales que, en última instancia, permanecieron bajo el control efectivo de la familia Facussé.

Según InSight Crime, a finales de junio Honduras había registrado su decimoctava masacre de 2026, lo que ha dejado más de 80 víctimas de matanzas masivas en lo que va de año.

Y en el punto de mira sigue Cuba, el Gobierno que han querido derrocar numerosos presidentes de EEUU durante siete décadas. Ahora, como nunca, se ejerce una presión asfixiante, literal, con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias aprobadas el 1 de mayo a cualquier empresa o gobierno que tenga algún trato con empresas públicas cubanas o con el Ejecutivo cubano. Y el hecho de que hoy Venezuela sea un país tutelado por EEUU ha terminado sirviendo para amenazar y buscar derrocar al gobierno de Cuba con un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Y ese despliegue sirve tanto para asfixiar a Cuba como para asesinar de forma extrajudicial a más de dos centenares de personas en supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

“Washington ha empezado además desde el año pasado a designar organizaciones criminales y cárteles como organizaciones terroristas, y esta es una estrategia que amplía el margen para justificar futuras acciones militares en la región”, explica Emanuele: “La lógica detrás de estas designaciones es absolutamente refutable. Los cárteles son organizaciones criminales cuyo objetivo principal es el lucro económico, no los fines políticos o ideológicos, que es precisamente lo que tradicionalmente distingue al terrorismo del crimen organizado. En Venezuela se designó como organización terrorista al Tren de Aragua y a una organización ficticia como el Cártel de los Soles. Y con estas designaciones artificiosas como terroristas, EEUU busca tener bajo amenaza a diversos países, entre ellos México, y lo mismo ocurre con Brasil, donde hace apenas unas semanas EEUU designó a dos organizaciones criminales como terroristas. Y estas designaciones funcionan como una justificación destinada a dar cobertura a posibles acciones militares futuras y a aumentar la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los países de la región y, en la práctica, crear el marco para intervenir militarmente allí donde Washington considere que sus intereses están en juego”.

“No hay belleza sino en la lucha”, decía el Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en Le Figaro y que se considera precursor del fascismo, que conquistó el poder en Italia de la mano de Benito Mussolini en 1922.

Y proseguía: “Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra; queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer; queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”.

Aquel manifiesto que sembró las bases del fascismo en Europa hace un siglo representa a la perfección los valores que proyecta hacia el mundo este imperio bárbaro de Donald Trump durante la celebración del 250 aniversario de la independencia de EEUU.

La cara destrozada de Topuria, deformada por el estallido de los huesos propios, cegado por los golpes desde el segundo asalto, con un árbitro rehén del negocio, del festejo sangriento para mayor gloria del César Trump en el día de su 80 cumpleaños, que quiso mantenerlo en el octágono anteponiendo el grotesco espectáculo y el negocio por encima de una vida humana.

Ese es el legado de Trump, lo que proyecta al mundo, la glorificación de la violencia, de la lucha, de la guerra, como los futuristas que alumbraron el fascismo en Europa.

Y es el legado que abrazaba la multitud que se congregó el domingo por la tarde en el National Mall para ver en las pantallas gigantes el espectáculo salvaje. Incluso hubo quien llegó a pagar 400 dólares en la reventa por una de las 85.000 entradas que se sortearon para ver el espectáculo en el parque de la Ellipse, pegado al jardín sur de la Casa Blanca, donde estaban instaladas las gradas y el escenario. Vestidos con camisetas evocadoras del acontecimiento, siempre con barras y estrellas, casi siempre hombres en una exhibición de masculinidad colosal.

“Combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”, decía el Manifiesto Futurista, y es lo que se sentía en esa marea humana que se agolpaba a gritos para ver cómo dos hombres se destrozaban a puñetazos y así celebrar los 80 años de Trump y los 250 de independencia.

Mientras tanto, el centro de la ciudad permanecía cerrado, bloqueado por camiones, furgones policiales y autobuses militares de los cientos de soldados que habían sido convocados para asistir presencialmente al acto.

Y los que quisieran verlo en casa, tenían que estar abonados a Paramount +, la plataforma de David Ellison, hijo de Larry Ellison, dueño de Oracle y amigo y aliado de Trump.

La Casa Blanca, sede del Ejecutivo estadounidense, se convirtió en un circo romano el domingo por la noche, subcontratado a Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship) y aliado de Trump: el presidente de EEUU ha apoyado a White y a su empresa durante décadas. Asimismo, Trump posee acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de la UFC, según sus declaraciones financieras, y ha asistido con frecuencia a combates mientras realizaba campañas electorales.

Hasta tal punto fue subcontratado, que a Trump, quien afeó a Volodímir Zelenski haberse presentado en el Despacho Oval sin traje, le parecía sensacional que recorrieran los pasillos de la Casa Blanca, incluido su despacho, los luchadores en pantalón corto y chanclas, escoltados por el personal militar presidencial.

Y es que, efectivamente, la UFC no es más que un circo de gladiadores del siglo XXI que se destrozan la cara con artes marciales mixtas, montado por un empresario privado, amigo de Trump, en el que se presume de que el ring se llena de charcos de sangre, como si fuera un Club de la Lucha.

No en vano, EEUU ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, y su responsable, Pete Hegseth, uno de los principales representantes del ardor guerrero estadounidense, es muy aficionado a las exhibiciones físicas.

EEUU decidió abrir los festejos del 250 aniversario con la velada violenta por el cumpleaños de Trump, unos festejos que culminarán el próximo 4 de julio, día de la fiesta nacional de EEUU, con un desfile militar en el que participará España.

En efecto, el buque escuela Juan Sebastián Elcano llegará a Nueva York para el 4 de julio, día de la fiesta nacional. Y para el desfile de ese día España participará, de forma inusitada, con dos helicópteros Tigre y un Cougar, cuatro aviones Harrier, dos aviones Eurofighter, dos F-18, un A400 y otro A330 Tanker.

España quiere reivindicar su papel en la independencia de EEUU, si bien todos los fastos del 250 aniversario giran indefectiblemente en torno a Trump, su agenda ultra y sus valores, que tanto recuerdan a la Europa de Entreguerras.

Un Gobierno, un país, un imperio, un bloque político tiene capacidad para decidir qué valores muestra al mundo, con qué quiere asociar su nombre: puede ser la filosofía, la cultura, la arquitectura, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la libertad, la fraternidad... Pero el imperialismo trumpista prefiere apostar por la apología de la violencia.

Una violencia que no es solo física. También es verbal.

Como cuando el luchador Josh Hokit, después de derrotar a su compatriota estadounidense Derrick Lewis, cogió el micrófono y atacó a Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama. “Un saludo a Trump por tener las agallas de organizar algo así”, dijo Hokit, y añadió: “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, América?”.

No hubo reproches de quien tenía el micrófono en la mano, el popular podcaster ultra Joe Rogan. Tampoco del público. Y, por supuesto, tampoco de su anfitrión, el presidente de EEUU, Donald Trump.

A ninguno de los allí presentes les pareció digno de censura acusar a la exprimera dama de ser un hombre, en un insulto que suma el sexismo con la misoginia y el racismo.

Eso era dentro. Pero fuera sí hubo quien protestó contra los fastos, en medio de la marea humana trumpista, con un picnic con bocadillos, en recuerdo del hombre que lanzó un sándwich a un agente federal en Washington en plena redada del ICE y que acabó declarado inocente del cargo de agresión.

El lema del 250 aniversario es 'libertad', Freedom 250: 250 años de libertad e independencia, dicen los documentos oficiales. Lo cual también es una declaración de intenciones, en tanto que no reivindican los derechos humanos o de democracia. Y lo que no dicen es que esa libertad de 1776 era más que censitaria, en tanto que el esclavismo se prolongó un siglo más; la segregación sexual, 150 años más, y la segregación racial, otros 200 años.

EEUU no lleva vividos 250 años de libertad, salvo para algunos. Y en el EEUU actual hay millones de personas perseguidas por el ICE, sin libertad para ir a comprar antibióticos porque no tienen un seguro que les cubra la cita, que, si tienen una urgencia, prefieren pedir un Uber antes que una ambulancia o que pasan el día en bibliotecas públicas porque no tienen un techo bajo el que cobijarse.

Otros, sí. Otros tienen la libertad de pagar hasta 1,5 millones de dólares por ver la Casa Blanca convertida en un circo romano, de hacer turismo espacial, de comprar Warner para así tomar el control de la CNN y silenciar su voz crítica contra Trump, como ya ha pasado con la CBS, y de ser el primer billonario del mundo gracias, entre otras cosas, a los estratosféricos contratos públicos de los que se beneficia su empresa.

“¡Comunista!”, insultaba este domingo una mujer fuera de sí a las puertas del colegio electoral en el que estaba votando Roberto Sánchez, en Lima. “¿Por qué comunista?”, se me ocurrió preguntar a la mujer que se desgañitaba con el teléfono en la mano mientras grababa orgullosa su colección de improperios contra el candidato progresista en las elecciones presidenciales de Perú. “¡Lleva sombrero!”, me respondió, como si hubiera prendas definitorias de la ideología política de cada uno. “¿Y los sombreros son comunistas?”, me atreví a repreguntar. “¡Es por Pedro Castillo!”, replicó, a pesar de que Castillo nunca fue comunista ni militó en el marxismo ni se presentó con un programa socialista cuando ganó en 2021.

Lo que sí representaban Castillo y su sombrero chotano –de Chota, Cajamarca–, el mismo que porta Sánchez, es su origen campesino. Es decir, evoca al trabajo manual, al interior del país, que por extensión se vincula con la población serrana e indígena, en oposición a Lima, la costa, donde se encuentran las élites políticas y económicas del país, esas élites adineradas que han controlado el país durante la mayor parte de su historia.

Los insultos a Sánchez son como los que recibió Castillo y, antes que él, Ollanta Humala. Y tienen que mucho que ver con su color, con el origen humilde de a quienes representan: a las clases trabajadoras, personas humildes, vulnerables, indios, serranos... Y por eso este domingo a Sánchez le gritaban “fuera mierda” en el colegio electoral.

Y también por eso a sus votantes les llaman “cholos” en las redes sociales los seguidores de Keiko Fujimor, quienes se desatan con insultos racistas y clasistas, como recogía este martes en su podcast La Encerrona, de Marco Sifuentes.

Este fin de semana he estado en Lima cubriendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de una semana en La Habana. Y ya el lunes por la noche regresé a Washington DC, en una semana que culminará este domingo con el 80º cumpleaños de Donald Trump, que piensa celebrarlo con una jornada de lucha libre (UFC) en la Casa Blanca.

Era la primera vez que estaba en Perú, un país que me despierta gran interés político desde hace décadas, pero que resulta mucho más lejano para los españoles que otros países latinoamericanos.

Apenas he tenido tiempo de recorrer más que la capital, y de forma parcial, con lo que tendré que regresar lo antes posible para visitar lugares conocidos en todo el mundo, como Cusco, Machu Pichu o Ica.

Pero lo que sí que pude percibir es esa fractura social que evidenciaba la mujer que insultaba a Sánchez por su sombrero, o ese otro hombre que increpaba a la policía por impedir la entrada de más votantes al colegio electoral mientras se encontraba dentro el candidato de Juntos por el Perú para evitar aglomeraciones con la multitud de prensa allí concentrada, que estaba acordonada a las puertas del colegio electoral.

Los contrastes sociales son evidentes en Lima, incluso pasando pocas horas en la ciudad. Desde ese barrio adinerado, como Miraflores, con grandes restaurantes, y otras zonas de la ciudad, como la que rodeada la cárcel de Barbadillo, donde están encerrados Humala y Castillo, y donde se concentraron seguidores de Sánchez el domingo por la tarde para conocer los sondeos a boca de urna de las cinco de la tarde mientras su candidato estaba con el expresidente.

El viaje a Perú para cubrir las elecciones este fin de semana me hizo recordar un libro que compré hace tres décadas cuando viajé a Guatemala por primera vez. Se llamaba La patria del criollo, de Severo Martínez Peláez, centrado en las desigualdades, el racismo estructural y los privilegios de las élites heredado del régimen colonial español.

Así, los criollos perpetúan la explotación de la población indígena y de la tierra en las naciones independizadas latinoamericanas, constituyendo regímenes políticos basados en la herencia de sangre, porque el criollo no era solo un hijo de españoles nacido en América, era la encarnación de la élite política y económica que poseía las tierras y los recursos y controlaba el trabajo indígena, que prolonga el régimen de expropiación de las tierras y explotación de los indígenas, sometidos a trabajos forzados.

Así, el indio se consideraba, y se sigue considerando en muchos sectores, como el de los votantes de Keiko Fujimori en Perú, un ser inferior, por lo que puede ser explotado.

Y mientras en Miraflores, ese barrio adinerado de Lima casi el 90% de la población vota a Fujimori, quienes se concentraban el domingo por la noche en la plaza de San Martín, al grito de “libertad para Castillo”, no tenían nada que ver con aquellos, ni con los que coreaban a Fujimori e insultaban a los votantes de Sánchez con improperios racistas.

Los votantes de Sánchez, como los de Castillo, conocen de primera mano diversas formas de racismo, es su propia historia de opresión. Por eso, cuando se insultaba al expresidente Castillo “maestro rural elegido presidente” y se ataca a Sánchez con este tipo de insultos, se busca evitar “que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía” a la política institucional, escribe Francesca Emanuele, socióloga y analista del thik tank estadounidense CEPR: “El temor a recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno”.

Para los millones de peruanos y peruanas que votaron por Castillo y por Sánchez, es natural “encontrarse en su reflejo”, dice Emanuele, “más aún cuando la oposición repetía la táctica manida de ligarlo al fantasma de Sendero Luminoso. Las clases populares llevan décadas siendo cruelmente demonizadas con ese argumento falaz. Por ello mismo, los parlamentarios conservadores repitieron hasta la saciedad que Castillo era 'comunista', acompañando estas afirmaciones con el correlato de una supuesta militancia terrorista. Poco importaba que el presidente se hubiera alejado tempranamente de un plan de gobierno progresista, dejando claro que ni siquiera era un socialdemócrata. [...] Un 'nosotros contra ellos' que retumbaba entre las clases marginadas, en la que les situaban como el enemigo”.

Hasta tal punto es así hoy en día, que uno de los argumentos de que pudieron moverse unas décimas los votos el domingo a favor de Fujimori tuvo que ver con las vinculaciones sin pruebas de Sánchez con Sendero Luminoso. En una entrevista de uno de los candidatos de la primera vuelta, Jorge Nieto, con un conocido youtuber, éste acusó a Sánchez por tener en su equipo personas de Sendero Luminoso, que lleva tres décadas desaparecido, a raíz de la detención de Abimael Guzmán en 1992.

El concepto tiene un nombre: “Terruquear”. Y tiene que ver con acusar de “terruco” o terrorista al otro, simplemente por ser de izquierdas u opuesto al estatu quo.

Y esas clases populares demonizadas se fueron a celebrar la noche electoral de la plaza de San Martín a la humilde sede central de Juntos por el Perú, en el cercado de Lima, en un viejo edificio de techos altos, paredes desencaladas y aseos comunitarios donde había un ordenado trasiego por los pasillos, con banderas que entraban y salían y personas que confiaban en dar la vuelta a los primeros recuentos. “Vamos a voltear seguro”, decía un militante, “no puede ser que gane Keiko Fujimori, es impensable”.

El agónico recuento encabezado por Sánchez, no obstante, mantiene aún las opciones de Fujimori, gracias a que queda mucho voto del exterior por contar, donde ella es más fuerte que el progresista.

Este miércoles puede que todo acabe, y sabremos si Perú puede tener un presidente en el que se sientan reflejadas las personas históricamente explotadas y excluidas o las élites que, desde la colonia, han hegemonizado la política y la economía del país.

Una de las cosas más valiosas de mi trabajo en elDiario.es es la realización profesional en una comunión con nuestras banderas editoriales. Hace poco más de un año que me mudé a Washington DC como primer corresponsal de nuestro medio en Estados Unidos. Y también he tenido la suerte de venir a La Habana, hace una semana, para contar de primera mano la situación cubana en un momento excepcional, de recrudecimiento del bloqueo y de asfixia energética por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Es, coinciden académicos, economistas, funcionarios y ciudadanos de a pie, el periodo más difícil que ha vivido Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Uno de los asuntos fundamentales que nos planteamos en elDiario.es desde el primer día es intentar aportar una mirada propia a la información, libre de intereses económicos y de condicionantes ajenos a nuestros principios editoriales.

Y pocos temas exigen tanto ese esfuerzo como Cuba, un país que despierta pasiones, prejuicios y debates que a menudo impiden comprender su complejidad.

“En Cuba vivimos en estado de shock”, me decía alguien estos días. Cuba no es un país cualquiera. Cuba es un símbolo revolucionario de la emancipación contra el colonialismo y el imperialismo estadounidense. Eso es algo que es difícil de percibir en Europa, entre otras cosas porque los países europeos también han sido imperialistas y genocidas con sus colonias.

Por otro lado, es cierto que Cuba también despierta controversia en España por su sistema de partido único y de planificación económica socialista. Pero no es sencillo de abordar y, cuando vienes aquí por primera vez, como me ocurre a mí, en un momento tan excepcional de su historia, cada vez que te sientas frente al ordenador a escribir lo que has vivido ese día, se funden inevitablemente las vivencias con la mochila personal y política que cada uno carga. Más aún en mi caso, porque me resulta imposible observar lo que veo sin filtrarlo a través de la realidad de un bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, de las recientes amenazas militares y del recrudecimiento del que he venido informando durante este último año desde Washington.

Yo siempre quise venir a conocer Cuba, pero no ha podido ser hasta este momento, de los más complicados para la isla. Es verdad que La Habana no es la isla, como me han dicho muchos amigos y fuentes, en tanto que La Habana siempre está mejor que el interior del país. Pero también es verdad que simples paseos por La Habana resultan desgarradores.

La víspera de venir a La Habana, una amiga de Washington DC me dijo: “Prepárate, la situación es muy triste”. Y tenía razón. Es tristísima. Imposible estar preparado. Yo estoy ya fundido emocionalmente por ver montones de basura acumulada en las calles porque el bloqueo petrolero de Trump imposibilita que haya combustible para recogerla. Y eso son malos olores, focos de enfermedades cuando estás a más de 30ºC en la calle, y también son lugares en los que personas se acercan a rebuscar si hay algo rescatable en esos restos.

Y eso pasa en casi todos los barrios. Mi hotel, uno de los últimos construidos por el grupo empresarial del Ejército puesto en el disparadero por EEUU, GAESA, se encuentra en el barrio del Vedado. Un barrio en el que a menudo se corta la luz, que da al malecón, donde antaño se juntaban los ciudadanos de La Habana.

Hoy, sin embargo, queda poco de aquella imagen: los cortes de luz por falta de combustible duran a veces más de 20 horas, no hay casi vehículos circulando por la ciudad, más allá de los taxis y los eléctricos, y la sensación es que todo el mundo está en modo reposo. Es como si la falta de energía eléctrica también se hubiera traducido en falta de energía humana.

Bien es verdad que la gente tiene dificultades para dormir: la falta de corriente hace que no funcionen los ventiladores, o que la luz llegue de madrugada y haya que levantarse para cocinar para el día siguiente: la alternativa es cocinar con carbón o leña, algo cada vez más habitual en Cuba.

Personas con las que he hablado afirman que la crisis cubana es previa a la vuelta de tuerca de las sanciones trumpistas, que hace un puñado de años podrían haber decidido construir menos hoteles, que a día de hoy, además, están vacíos por la ausencia de turismo, para dedicar recursos a la soberanía alimentaria, energética y a blindar los pilares de la Revolución: la sanidad y la educación.

Pero también hay quien dice que la coyuntura del Gobierno cubano es endiablada, caracterizada por gestionar crisis tras crisis, cada una peor que la anterior: después de la distensión con Barack Obama, llegó el desmantelamiento de buena parte de esa política de acercamiento durante el primer mandato de Trump; después vino la pandemia y, más tarde, un Joe Biden que no cambió una sola coma de la política de sanciones heredada de Trump hasta una semana antes de dejar el cargo. Después de eso, llegó la segunda presidencia de Trump, hablando directamente de “tomar Cuba” y lanzando una imputación contra Raúl Castro por un asunto de hace tres décadas y de forma bastante retorcida.

En Estados Unidos son muchos los que contemplan como una posibilidad real, e incluso inminente, una acción militar contra Cuba. En Cuba, sin embargo, parecen más escépticos, te dicen que el Mundial está a la vuelta de la esquina, que no hay alternativa al Gobierno actual, que el país podría lanzar ataques a Florida y la base de Guantánamo. Es verdad que siempre te encuentras con alguno que te dice que está deseando que lleguen los estadounidenses, pero también es verdad que te encuentras con mucha gente dispuesta a defender su país ante el invasor. No en vano, murieron 32 cubanos en el ataque a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

“Esto no es Venezuela”, te dicen muchos, decepcionados por el Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, que no ha enviado una gota de petróleo en seis meses y que ha expulsado a las brigadas médicas de su país, donde llevaban lustros cooperando.

Pero hay una cuestión que aparece una y otra vez en las conversaciones con los cubanos estos días: la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrán los estadounidenses? ¿Está negociando el Gobierno cubano? ¿Qué conceptos? ¿Hay margen para un acuerdo?

Un amigo español que vive y trabaja en Cuba, me decía el otro día: “Esto se trata del gran reemplazo, de echar a los europeos para que EEUU se quede con sus empresas”. Y, de momento, eso está pasando. Una amiga apostillaba: “Lo que quieren es que el hotel Habana Libre vuelva a llamarse Habana Hilton”.

Lo cierto es que está habiendo presiones para salir del país. y que hay empresas de todos los países que lo están haciendo. Pero no es una cosa solo de hoteles. La minera canadiense Sherritt International Corp. ha firmado un acuerdo con Gillon Capital LLC, una sociedad vinculada a un exasesor de Trump, Ray Washburne, que permitiría a Gillon adquirir una participación mayoritaria en la empresa mientras esta afronta las sanciones impuestas a sus operaciones en Cuba.

Pero no solo eso, EEUU, el país que se negó a facilitar respiradores, oxígeno y jeringuillas a Cuba en lo peor de la pandemia, también impide que Cuba compre piezas para su termoeléctrica averiada, o que pueda acceder al crédito de instituciones internacionales como el FMI o Banco Mundial, bloquea las cuentas de residentes en Cuba que hagan pagos fuera de la isla a través de los bancos incluso.

Todo, desde alimentar una bomba de agua en un edificio para que se puedan lavar las familias, hasta tener combustible para cultivar los campos, o corriente para que no se caiga la conectividad de los móviles, es una carga que se vive de forma cotidiana.

Es verdad que te encuentras gente que anhela la invasión estadounidense. Me pasó con una mujer este lunes, camino de una visita a un hospital pediátrico en la que los médicos te cuentan que llegan al trabajo a primera hora de la mañana sin combustible para moverse y, a lo mejor, sin haber pegado ojo porque no les funcionaba el ventilador y entraban muchos mosquitos en la habitación, con el riesgo que eso hay ya en este país de contagiarse de enfermedades a través de los insectos.

También hay críticos al Gobierno desde dentro del sistema que reprochan al Gobierno la falta de un plan para lo que está por venir. Pero, en el fondo, el destino de Cuba está en buena parte en Washington DC: si el bloqueo y las sanciones se endurecen más o se relajan; si la Administración Trump renuncia a la aniquilación del sistema cubano o no; si decide una operación militar como el secuestro de Maduro, o si acaso le basta con instalar sus hoteles en los huecos que dejan las empresas europeas y canadienses.

Asimismo, es llamativa la paz social en Cuba. En países como Argentina, Francia o Grecia, por ejemplo, cinco meses de cortes de luz habrían desatado grandes revueltas. Pero, de momento, eso no pasa con Cuba. Hay quien dice que tiene que ver con las condenas tras las protestas del 11 de julio de 2021, también hay quien dice que el Gobierno goza de gran apoyo y recuerdan las movilizaciones del Primero de Mayo o las colas para despedir a los 32 soldados muertos por el ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero pasado.

En Cuba he podido visitar hospitales, y te cuentan las dificultades de llegar al trabajo de los sanitarios, mientras los pacientes tienen que operarse en un quirófano sin climatización si hay cortes de luz, o cómo tienen que racionar las medicinas por las dificultades para comprarlas, o cómo tienen que subir a los enfermos por las escaleras cuando se va la luz.

¿Hasta dónde llegaba la responsabilidad del Gobierno y hasta dónde de las sanciones del bloqueo? Esa es una pregunta recurrente en los últimos tiempos. El problema, sin embargo, es que ahora las sanciones y el bloqueo de combustible son tan duras que afectan a los más vulnerables, desde los recién nacidos –pasando de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2018 a 9,9 por cada 1.000 en 2025, según datos del Ministerio de Salud Pública– hasta los enfermos de cáncer, de hemodiálisis o incluso el enterramiento de muertos por no tener gasolina para el coche fúnebre.

Muchos miran al Gobierno cubano, lo tienen más cerca, y le piden cuentas por reformas económicas pendientes, o le piden un mayor liderazgo político, un plan de hacia dónde va el país. Otros te dicen que el Gobierno cubano sólo gestiona crisis y con escasos recursos, y aquí así es muy difícil gobernar. ¿Cómo juzgaríamos la gestión de cualquier gobierno si dirige un país sin combustible, sin poder comprar repuestos para sus equipos médicos, sin poder acceder a los mercados internacionales y tener el comercio limitado por la amenaza de sanciones a terceros?

Otro asunto recurrente es el de la pluralidad partidista del sistema político. ¿Puede ser un horizonte al que camine Cuba para quitarse de encima la presión de EEUU? No sabemos qué está pidiendo concretamente EEUU a Cuba, pero el objetivo político último de personas como Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, pasa por el fin de la Revolución cubana. Cuba, de momento, no está cediendo y sus señales son las de no ceder. EEUU, de momento, no deja de incrementar la presión. ¿Qué pasará? Es difícil hacer pronósticos, a corto plazo todo empeorará por la canícula veraniega que será durísima sin corriente eléctrica, y en Cuba históricamente las protestas se han dado en julio y agosto. ¿Habrá protestas este año? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo lidiará el Gobierno con la disidencia?

Las incógnitas son múltiples. En todo caso, aquí estaremos para contar cómo se van despejando.

“Soy culpable. Culpable de amar al pueblo cubano. Culpable de creer que los niños cubanos merecen medicinas en lugar de sanciones. Culpable de creer que intentar salvar vidas no debería ser tratado como un delito”. Así reaccionaba Medea Benjamin, cofundadora del colectivo pacifista estadounidense CodePink, a las informaciones sobre las citaciones en marcha contra ella y decenas de activistas implicados en el convoy a Cuba del pasado marzo. Las investigaciones parten de los departamentos de Justicia y del Tesoro.

A menudo contamos los periodistas que Donald Trump llama sleepy Joe [somnoliento Joe] al expresidente Biden; too late Powell [demasiado lento Powell], al expresidente de la Reserva Federal contra quien lanzó una investigación federal por parte del Departamento de Justicia que acabó cerrándose para que el candidato de Trump al frente de la Fed pudiera pasar la votación en el Senado.

Del mismo modo, los periodistas solemos contar cómo la Administración persigue a rivales políticos que le metieron en problemas judiciales, como James Comey, exdirector del FBI, o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los periodistas también contamos la represión migratoria, el acoso a la comunidad somalí en Minneapolis y los insultos diarios a los periodistas, con denuncias judiciales y amenazas de suspensión de licencias para las grandes cadenas de televisión.

En un artículo en The New York Times de hace unos meses, se explicaba que “la ofensiva autoritaria del gobierno ha tenido un impacto evidente. Ha transformado el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.

Y esa es una de las claves de lo que está sucediendo estos días en Estados Unidas: la inoculación del virus del miedo a la persecución por parte de la Administración Trump si, como ciudadano de a pie, no haces lo que la Casa Blanca espera de ti.

Así, la muy afín al presidente de EEUU Fox News publicaba estos días que “funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro están investigando a organizaciones y grupos activistas estadounidenses por supuestamente coordinar actividades de lobby, difusión de mensajes, recaudación de fondos, envío de delegaciones y esfuerzos de organización política con funcionarios del Gobierno cubano, como parte de una posible campaña de influencia extranjera que opera dentro de los Estados Unidos”.

El mensaje es demoledor: la Justicia estadounidense te investiga por difundir mensajes y viajar a Cuba, con la acusación de formar parte de una “campaña de influencia extranjera”.

Fox News, así, afirmaba haber identificado a 145 organizaciones sin ánimo de lucro, grupos sindicales, organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de activistas en todo Estados Unidos “que se están movilizando en apoyo al gobierno cubano y al Partido Comunista de Cuba”.

Es decir, la propia cadena amiga de Trump se remanga para señalar a quienes denuncian el bloqueo cubano. Y, lo que es mejor, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la campaña de mensajes de respuesta rápida ofrece un ejemplo contundente de la velocidad con la que la infraestructura nacional de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes políticos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas mediáticas, organizaciones sindicales y coaliciones de activistas”.

¿Y cuáles son las principales organizaciones señaladas? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

Ya hace unos meses, publicábamos aquí la campaña del Departamento de Estado contra estos colectivos. En aquel momento, la acusación era estar al servición del PCCh, ahora la investigación es por denunciar el bloqueo a Cuba.

Fuentes de la Embajada de Cuba en Washington niegan cualquier actividad indebida y afirman que los diplomáticos actúan dentro de los límites de la Convención de Viena, cuyo Artículo 41 establece que “tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos” de un país.

Según Fox, los investigadores están examinando las actividades de varios activistas vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba, entre ellos el streamer Hasan Piker, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la coordinadora de CodePink en Washington DC, Olivia DiNucci.

En total, la investigación se extiende a cerca de 40 estadounidenses que, según Fox, “presuntamente se coordinaron con funcionarios del gobierno cubano para llevar bienes y suministros a Cuba en 'convoyes' y 'flotillas' a principios de este año”.

Ahora bien, en contra de lo publicado por Fox, de momento no se han entregado citaciones.

“Contrariamente a los rumores, no he recibido ninguna citación judicial del Gobierno de los Estados Unidos”, escribia Medea Benjamin en un comunicado hecho público: “Quizás esté en camino. Pero quiero ser clara: no hicimos nada malo durante nuestro viaje a Cuba en marzo de 2026. Por el contrario, actuamos como ciudadanos estadounidenses con principios morales, tratando de llevar algo de alivio a una población que está siendo deliberadamente sometida al hambre por las crueles políticas de nuestro propio Gobierno”.

En el centro de la diana de la Administración Trump y Fox está uno de los principales mecenas de estas organizaciones y colectivos, esposo de una fundadora de CodePink, con familia proviente de Sri Lanka, nacido en Connecticut en 1954, y con residencia en Shanghai.

Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie a Fox y a la Administración Trump para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh. Una tesis aplicada por el Departamento de Estado en febrero pasado.

Ahora, la carga del delito pasa por coordinar con Cuba la ayuda para Cuba.

Son como una secta. Los trumpistas rezan juntos, se encomiendan a su dios ante la guerra contra Irán impulsada por su líder, como si se tratara de una nueva Cruzada. Han creado una oficina de asuntos religiosos en la Casa Blanca, que básicamente es una oficina de propagación del cristianismo. Combaten la libertad religiosa; amparan las batallas legales para que haya escuelas cristianas concertadas; organizan oraciones en instalaciones gubernamentales, como las dirigidas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth –quien habla de “soldados en una causa espiritual” cuando se refiere a los ataques sobre Irán–; e incluso se arremolinan para orar en el Despacho Oval en torno a Donald Trump.

No en vano, según dijo el propio presidente de EEUU en su día, Dios evitó que fuera asesinado en Butler (Pensilvania), el 13 de julio de 2024, para poder volver a la Casa Blanca. Es decir, como los Blues Brothers, Trump piensa de sí mismo que está en una misión divina. “Sólo dios impidió lo impensable”, afirmó tras el atentado.

Esa conexión de raíz entre la presidencia de Trump y lo divino se evidencia en gestos como el que tuvo Javier Negre en septiembre pasado, cuando regaló, según él mismo dijo, un “Rosario de Tierra Santa” a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al final de una amistosa conversación de cinco minutos que grabaron en vídeo y de la que cada vez quedan menos rastros en las redes sociales.

En aquella charla, Leavitt le dijo a Negre: “Esta Administración defiende con orgullo los valores judeocristianos, de fe en Dios y Jesucristo, de familia y libertad”.

En un país que históricamente ha hecho gala de estar compuesto por personas de diferentes orígenes y credos, lo cierto es que la Administración Trump avanza a toda velocidad hacia un modelo de país marcado por la vieja hegemonía WASP –blanco, anglosajón y protestante– actualizada a 2026, en la que se prioriza a los evangélicos y caben los católicos siempre y cuando se enfrenten al papa –como movimientos integristas católicos estadounidenses–, y los latinos, pero siempre y cuando hagan un ejercicio de disociación mental hasta el punto de defender la represión migratoria sobre su comunidad.

Es decir, hasta el punto de abogar por renunciar a uno mismo, como hace el congresista republicano Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Bogotá, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para prohibir la doble nacionalidad.

Porque, en realidad, el verdadero culto que existe en Estados Unidos no es tanto a dios como al líder, Donald Trump. En torno a él rezan en la Casa Blanca, a él le hacen la pelota como ha aprendido a hacer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y no hay un miembro de su Gabinete que abra la boca en público sin alabar previamente hasta la extenuación el “liderazgo” de su presidente.

El culto al líder se traduce en que todo lo que pasa en EEUU es gracias a Trump: ya sea atacar Irán como dejar de hacerlo; ya sea amenazar con aranceles como retirarlos; ya sea enfrentarse a China como ir a Pekín a regalarle el oído a Xi; o usar el Departamento de Justicia contra rivales políticos, desde el presidente de la Reserva Federal al director del FBI; o lo contrario, ayudando a Steve Bannon y a los agentes que asesinaron en Minneapolis a Renee Good y Alex Pretti.

Como rezan esas gorras que llevan los MAGA, “Trump tenía razón sobre todo [Trump was right about everything]”: ya sea para romper relaciones con aliados históricos de EEUU al tiempo que confraterniza con Vladímir Putin; o para encomendarse a los valores religiosos a la vez que intenta tapar los archivos de Epstein o asesinar a sangre fría a dos centenares de personas en el Caribe y el Pacífico, se asfixia a la población civil cubana o se bombardea una escuela en Irán sin consecuencias para nadie.

Para ellos, el líder, Trump, es infalible, como si de una monarquía absoluta, una teocracia o una dictadura clásica se tratase.

El domingo pasado miles de personas se dieron cita al lado de la Casa Blanca para un ejercicio de exaltación religiosa llamado Rededicate 250. Llegaron desde diferentes estados para agolparse frente a un escenario enorme, diseñado deliberadamente para parecer una mezcla entre templo cristiano y arquitectura imperial estadounidense, en ese estilo neoclásico rancio que tanto enamora al presidente de EEUU: grandes columnas blancas y arcos, que recordaban tanto a catedrales como a edificios oficiales de Washington. Vidrieras falsas, cruces, figuras de los padres fundadores para tejer ese hilo originario de EEUU con el nacionalismo cristiano.

La intención política y simbólica era clara, transmitir que el poder político estadounidense y el cristianismo forman parte de una misma tradición sagrada. De ahí que muchos críticos hablen de “nacionalismo cristiano” y de una puesta en escena casi teocrática.

El escenario, con el monolito del Monumento de Washington detrás, recordaba a películas clásicas como Los diez mandamientos, y estaba rodeado de casetas con la estética de las superproducciones bíblicas de Hollywood de los años 50 y 60, en las que se mezclan las estéticas antiguas, ya sea Egipto, Roma o la Jerusalén bíblica. Parecía más un decorado de epopeya bíblica que un acto político.Y no es casual: ese tipo de imaginería transmite grandeza, destino histórico y autoridad moral divina. Así, el nacionalismo cristiano trumpista intenta presentar la política casi como una misión religiosa o una batalla civilizatoria.

Y ante ese akelarre religioso en el centro de Washington DC el pasado domingo, al lado de la Casa Blanca, el líder supremo decidió participar a distancia, con un vídeo en el que aparecía leyendo un fragmento de la Biblia. Pero como los suyos lo consideran tan infalible, ni siquiera se quejan por que ese vídeo sea reciclado, y haya sido usado unas semanas antes para un acto similar llamado “EEUU lee la Biblia”.

El acto multitudinario del domingo en el National Mall, un interminable servicio evangélico cristiano, fue bautizado como Rededicate 250, para poder colarlo como un acto relacionado con las diferentes celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EEUU, y así poder ser financiado con fondos públicos –a través de concesiones del Servicio de Parques Nacionales y partidas de la conmemoración histórica–, y respaldado por el presidente Trump.

“Rededicate 250 es una jornada nacional de oración, alabanza y acción de gracias que se celebra en el National Mall con motivo del 250º aniversario de los Estados Unidos”, se dice en su web: “Se trata de un encuentro histórico para dar gracias por la providencia de Dios, reflexionar sobre la historia de nuestra nación y volver a consagrar a Estados Unidos como una nación bajo Dios”.

Es decir, se trataba de “rededicar la nación a Dios”.

El programa, de ocho horas de duración, incluyó canciones, oraciones y discursos de altos cargos del Gobierno, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El acto contó con la participación de líderes religiosos como el evangelista Franklin Graham y el cardenal Timothy Dolan.

“No había nada de cristiano en lo que vimos”, decía el obispo evangélico William J. Barber II en Democracy Now: “Esto es idolatría. Esto es herejía. Esto es una forma de nacionalismo religioso. Esto es adoración a Trump. Esto es intentar convertir a alguien en una figura mesiánica”. Barber, presidente de Repairers of the Breach y director fundador del Centro de Teología Pública y Política Pública de Yale, participó el domingo en un acto paralelo llamado Redirect 250.

Sarah Posner, autora de Unholy: How White Christian Nationalists Powered the Trump Presidency, and the Devastating Legacy They Left Behind, afirmaba: “Esto es realmente una batalla por el alma de Estados Unidos. Los evangélicos, durante décadas, se han empapado de la teología e ideología sionista cristiana, que sostiene que Estados Unidos tiene el deber bíblico de defender a Israel y, en particular, de defender a Israel de una agresión, ya sea nuclear o de otro tipo, de Irán”.

“Vivimos bajo una Constitución laica cuyas únicas referencias a la religión son excluyentes”, afirma Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la Freedom From Religion Foundation (FFRF): “Estados Unidos se fundó sobre los principios de la Ilustración, no sobre la autoridad bíblica. Ni por muchas concentraciones de oración ni por mucha historia revisionista se podrá borrar eso”.

Y las frases pronunciadas por alguno de los insignes participantes dejan poco lugar a dudas.

“Dios Todopoderoso, te pedimos que escuches estas solemnes súplicas. Así como al principio consagramos esta tierra a tu santísimo nombre, hoy, aquí, Señor, en este 250 aniversario de la independencia estadounidense, reafirmamos nuestra consagración de los Estados Unidos de América como una sola nación bajo Dios”, dijo Mike Johnson.

El locutor de radio ultra Eric Metaxas, terció con un razonamiento que seguro llenó de regocijo a Trump: “Cuesta creer que el Señor tardara dos siglos en crear a un gran hombre que, por fin, consiguiera que ese salón de gala ocupara el lugar que le corresponde. Es extraordinario. Solo hemos tenido que esperar 200 años”.

Posner, en Democracy Now, explicaba sobre el acto del domingo: “Es otro ejemplo de la agenda nacionalista cristiana del gobierno. Sus seguidores nacionalistas cristianos sostienen, falsamente, que Estados Unidos se fundó como una nación cristiana, que Dios quiso que se fundara como tal, y que la nación cristiana se ha alejado de esa fundación divinamente prevista, y que es su deber, tanto espiritual como políticamente, restaurarla. ¿Qué significa eso? Para ellos, el progreso político, social y legal de los siglos XX y XXI es lo que, según creen, ha provocado el declive de Estados Unidos y su caída en el pecado. Así que, en realidad, se trata de una batalla por el alma de Estados Unidos. ¿Nos convertiremos en una nación plural y laica, gobernada por leyes seculares que protejan la igualdad de derechos para todos, o en un país nacionalista cristiano, donde la religión de Mike Johnson y Paula White se imponga al resto?”

“Durante mucho tiempo en nuestro país, esto se habría considerado una grave violación de la separación entre la Iglesia y el Estado”, prosigue Posner, “que los contribuyentes financiaran un evento específicamente religioso, dirigido a un público en particular y que, además, busca proyectar el favoritismo del gobierno hacia una determinada orientación religiosa. En las últimas décadas, la Corte Suprema, que, cabe destacar, también ha sido moldeada por Donald Trump, ha erosionado la separación entre Iglesia y Estado. E incluso más allá de lo que pueda ser legal o ilegal según la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, Trump ha pisoteado prácticamente todas las normas y valores que tenemos, incluyendo el gasto de dinero de los contribuyentes en sus propios proyectos, incluyendo su proyecto de nacionalismo cristiano en este caso”.

En todo caso, Trump prefirió enviar un vídeo reciclado mientras jugaba al golf el domingo, en una muestra de que el acto no le importa lo suficiente como para mezclarse con la multitud, pero sí le importa lo bastante como para buscar el apoyo de esa multitud. Como cuando ha hecho inaugurar una estatua dorada de 6,7 metros de altura de un Trump levantando el puño, conocida como Don Colossus, instalada recientemente en el Trump National Doral Miami en una ceremonia religiosa en la que uno de los pastores, Mark Burns, señaló que “no es un becerro de oro”, para aplacar las críticas de los católicos.

Como decía el obispo William Barber II, el acto del domingo, pretendidamente cristiano, no fue nada piadoso: no mencionaron hablaron de la pobreza, la privación de la atención médica, la guerra injusta y el maltrato a los inmigrantes o el sufrimiento de los más desfavorecidos.

Por todo eso surge la brecha entre el papa León XIV y Donald Trump, que se hace más evidente cada día que pasa, por mucho que la Casa Blanca enviara al católico cubanoamericano Marco Rubio a Roma. Una misión que mostró con elocuencia los mundos paralelos en los que viven el Vaticano y la Administración Trump. Mientras el papa regaló a Rubio una planta de la paz, el jefe de la diplomacia estadounidense entregó un pequeño balón de cristal como símbolo del Mundial de fútbol.

Las provocaciones de Trump son incontables, como aquel post de hace un mes en sus redes sociales con una imagen suya en el cuerpo de Jesucristo, y que tanto enfadó a los católicos hasta el punto de borrarlo.

El inicio de la gran tensión entre Trump y el papa nace cuando el presidente de EEUU amenazó con “destruir” Irán y su “civilización”, el pasado 7 de abril. Aquel día, el papa declaró: “Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”. A partir de ahí, León ha realizado alegatos contra las guerras injustas, y Trump ha respondido llamando “débil” al pontífice, quien ha llegado a decir: “No tengo miedo a la Administración Trump, la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”.

En plena Semana Santa, la extelepredicadora Paula White, asesora espiritual principal de Trump, quien dirige la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca, afirmó: “Señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro”.

Paula White es la mujer que aparece a menudo dirigiendo grupos de oración, colocando las manos sobre el presidente en señal de oración y asistiendo a ceremonias de firma de leyes en el Despacho Oval.

Así, Trump ha creado la Oficina de Fe de la Casa Blanca para la participación de líderes religiosos en el diseño de políticas públicas, dirigida por la pastora evangelista White-Cain; ha fundado la Comisión de Libertad Religiosa, dentro del Departamento de Justicia para combatir el supuesto “sesgo anticristiano” en las normas federales; está combatiendo el aborto por todas las vías posibles, así como los derechos de identidad transgénero, al tiempo que flexibiliza las restricciones políticas en los púlpitos para permitir que los pastores y líderes religiosos respalden o critiquen abiertamente a candidatos políticos desde sus iglesias sin perder su estatus de exención fiscal.

Además, las comisiones gubernamentales y los oficiales están dominados de forma casi exclusiva por representantes evangélicos blancos, marginando a iglesias afroamericanas históricas, al protestantismo tradicional y a las minorías no cristianas como musulmanes, budistas o judíos reformistas.

El trumpismo se está entregando cada vez más al nacionalismo cristiano. Pero el verdadero culto sigue siendo al líder, a Donald Trump.

Donald Trump presume del boom de la bolsa, como si fuera un indicador de la salud de su economía y, en particular, de la de sus votantes. Lo ha vuelto a hacer este martes, antes de partir hacia China, hablando de los índices del Dow Jones y el S&P para oponerlo al peor dato de inflación en EEUU en tres años recién publicado: los precios se han disparado hasta el 3,8% por su guerra en Irán y el impacto que está teniendo en la energía y la gasolina.

Pero a Trump lo que le importa es que su corte de tecnoligarcas, con Larry Ellison (Oracle) al frente, junto a Mark Zuckerberg (Meta) y su exnuevo mejor amigo Elon Musk (X y Tesla), entre otros. Son a ellos a los que recibe en cenas, a quienes les pide que se hagan con la CNN y la CBS para convertirlas en cadenas afines, a quienes les ruega que se queden con la división estadounidense de TikTok, para así sortear la orden de cerrar la aplicación en EEUU. Pero a él le va bien en TikTok, y no quiere que desaparezca en EEUU.

Eso es lo que más le importa a Trump, y no que el galón –3,78 litros– de gasolina haya pasado de 3,1 dólares de media en EEUU hace un año a los 4,5 dólares de ahora, lo que supone una subida del 50%, y todo a raíz de su guerra en Irán, lanzada sin justificación ni amenaza.

Y es contra esos tecnoligarcas y sus centros de datos en ingentes terrenos repartidos por el país contra quienes se está generando un movimiento comunitario y vecinal creciente en Estados Unidos.

Saul Levin, participante del movimiento contra la concentración del poder de las grandes empresas tecnológicas y presentador del nuevo podcast The Hum, en el que comparte “historias de personas de todo Estados Unidos que luchan contra la incursión de la IA y los centros de datos en todos los aspectos de nuestras vidas”, me contaba este martes: “La lucha contra los centros de datos de IA en EEUU es una lucha por quién controla nuestro futuro. No se trata de estar a favor o en contra de la inteligencia artificial, sino de si los multimillonarios de Silicon Valley deben controlar nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra tierra y nuestra agua”.

Hace unos días hablé con ⁨⁨Matthew Rodríguez⁩⁩, miembro del colectivo Amanecer People’s Project en El Paso (Texas, 680.000 habitantes), y me contaba el caso que están viviendo en su comunidad. Actualmente, se están desarrollando tres gigantescos complejos de centros de datos en la región de El Paso: las instalaciones de Meta en el noreste de la ciudad; el Proyecto Júpiter, en Santa Teresa (Nuevo México) y, ahora, un complejo aún mayor proyectado en terrenos federales dentro de la base militar de Fort Bliss.

Rodríguez cuenta que en 2023 una empresa llamada Worldwide LLC se puso en contacto con el Gobierno municipal de El Paso para explicarles que iban a construir un centro de datos. No hace tanto de aquello, pero por aquel entonces no se sabía cómo ahora en qué consistían estos centros de datos, dedicados especialmente a la inteligencia artificial. “No explicaron que, en realidad, se dedicaría a la minería de datos, ni el enorme consumo de energía y agua que esto implicaría. Así que lo aprobaron y, al aprobarlo, concedieron una exención fiscal del 80% por un periodo de 25 años para ese proyecto en concreto. En aquel entonces, el proyecto estaba valorado en 800 millones de dólares”, explica Matthew Rodríguez⁩⁩.

Desde entonces, no hubo novedades significativas en ese proyecto hasta que se anunció otro, que técnicamente está en Nuevo México, pero se encuentra en el área metropolitana de El Paso: el Proyecto Júpiter (Santa Teresa, Nuevo México), un complejo de centros de datos con un presupuesto de 165.000 millones de dólares desarrollado por Stack Infrastructure, OpenAI y Oracle. Representa una de las mayores inversiones privadas de la historia de Estados Unidos, centrada en el entrenamiento de IA, la infraestructura de chips de alta tecnología y la capacidad energética a largo plazo.

“En cuanto se anunció ese proyecto, la gente empezó a interesarse más y a preguntarse: '¿Por qué se invierte tanto dinero en esto? ¿Por qué están solicitando todos estos permisos? ¿Qué son exactamente estas instalaciones?”, recuerda Rodríguez: “Y fue precisamente entonces cuando empezaron a confirmar que la empresa detrás del proyecto de El Paso era Meta, y se reveló que Meta tiene permiso para utilizar 1,5 millones de galones de agua al día”.

A partir de ahí, Meta redobló la apuesta y anunció que la inversión sería de 1.500 millones de dólares, manteniendo la exención fiscal. Así que ahora se trataba de una exención fiscal del 80% sobre un proyecto de 1.500 millones de dólares. “Fue en ese momento cuando realmente comenzamos a organizarnos”, explica Rodríguez: “Empezamos a celebrar reuniones comunitarias, asambleas ciudadanas, movilizamos a la gente y presionamos al Ayuntamiento en un momento en que la situación resultaba increíblemente impopular y en el que el alcalde y todos los miembros de la corporación municipal, salvo dos, son nuevos, por lo que reconocían que era un mal acuerdo pero añadían: 'Meta nos demandará y llevará a la ciudad a la bancarrota. Así que, básicamente, estamos siendo rehenes de Meta”.

“Personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las tendencias políticas están alzando la voz porque las empresas, con sus propios beneficios en mente, están imponiendo la instalación de centros de datos de IA en sus ciudades”, explica Levin: “Las empresas tecnológicas se benefician, mientras que el resto de la población se queda con facturas de electricidad elevadas, escasez de agua, ruido de drones y tierras en barbecho. En este país es más fácil abrir un centro de datos de la IA del tamaño de Manhattan que abrir una cafetería”.

Levin llama a su podcast The Hum. Según el Instituto de Estudios Medioambientales y Energéticos (EESI), los centros de datos emiten sonidos en una amplia gama de frecuencias, tanto altas como bajas. Las frecuencias más bajas, especialmente aquellas por debajo del umbral de audición humana, son particularmente difíciles de detectar sin un equipo fiable, lo que complica especialmente la evaluación del ruido para las comunidades locales. Y a ese zumbido que no se oye casi se le llama en EEUU hum.

Según denuncian los activistas, las personas que viven cerca de los centros de datos de IA en Estados Unidos señalan que tienen con cada vez más frecuencia enfermedades provocadas por un zumbido casi imperceptible. El infrasonido, que en algunos casos se siente más que se oye, “está provocando que las personas que viven en las inmediaciones de varios centros de datos enfermen con síntomas como dolores de cabeza, insomnio, náuseas y ansiedad”, denuncian, y alertan de que quienes viven cerca de determinados centros de datos han informado de niveles de ruido que se acercan a los 100 dB, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Arrasando con el agua y la energía

Rodríguez, por su parte, cuenta que el centro de datos de El Paso consumiría más agua que todas las escuelas juntas y requeriría más energía que la totalidad de las viviendas y edificios residenciales de la ciudad: “Para alimentarlo energéticamente, están construyendo una central eléctrica privada a gas, con generadores convencionales funcionando de manera ininterrumpida, lo cual generaría más contaminación atmosférica que todo El Paso y Juárez combinados”.

¿Y cuánto empleo aportará a la ciudad? “En ese acuerdo fiscal que firmaron en 2023, parte de las obligaciones estipuladas se referían a los empleos, y lo único que se le exige a Meta —en el sentido de que sea legalmente vinculante— son 50 empleos a tiempo completo. Tiempo después, se comunicó que la inversión de Meta ascendería a 10.000 millones de dólares, en lugar de los 1.500 millones previstos inicialmente.

“Texas no tiene esa clase de agua, ni energía. Faltan ambas cosas. Simplemente, no hay suficiente; no tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Hemos escuchado a representantes de ambos partidos —tanto republicanos como demócratas— y nadie está contento con esto. Nadie está entusiasmado con los centros de datos”, argumenta Rodríguez: “La pregunta es: ¿para quién son? Lo siguiente que veremos, debido a la gran oposición por parte de la comunidad, es que intentarán ubicarlos en bases militares, para así no tener que someterlos a la aprobación de ningún organismo gubernamental. El Departamento de Defensa podría simplemente aprobarlos como proyectos militares e instalarlos en terrenos pertenecientes a las bases”.

La lucha contra los centros de datos se está extendiendo por todo EEUU. Un caso cercano a El Paso es el de Tucson, en Arizona, donde se paró un proyecto de Amazon valorado en 1.500 millones de dólares. En San Marcos, situada justo entre Austin y San Antonio, se ha cancelado otro proyecto. Y en Nuevo México, ante el Proyecto Júpiter, la comunidad ha interpuesto demandas.

“En esencia, un centro de datos no es más que una inmensa superficie de terreno, un espacio vacío, desprovisto de personas, ocupado únicamente por máquinas que consumen energía y agua. Eso es todo lo que hacen; es decir, no generan empleos. No aportan nada, solo necesitan mucho espacio”, señala Rodríguez: “Y por eso nadie está haciendo nada al respecto; ni siquiera los sindicatos, porque por lo general se trata de un centro de datos gigantesco, que tal vez genere cien empleos permanentes como máximo. La mayoría de los puestos son de construcción, pero esos no son permanentes. Una vez construido, quedan muy pocos empleos permanentes. Los llaman 'personal de mantenimiento'. Implica un gran consumo de agua, contaminación atmosférica y una cantidad de empleos insuficiente para elevar de manera significativa los salarios de los habitantes de El Paso”.

Según Rodríguez, estos centros generarán una demanda eléctrica de casi 6,5 gigavatios, cuando El Paso Electric cuenta con una capacidad de generación de unos 2,9 gigavatios, y la demanda máxima que la compañía eléctrica ha logrado satisfacer simultáneamente en toda su historia ha sido de aproximadamente 2,3 gigavatios. “Por lo tanto, para abastecer de energía a tan solo tres centros de datos, estamos hablando de suministrarles el doble de electricidad que la que consumen, en conjunto, todos los hogares y negocios que se extienden desde Hatch (Nuevo México) hasta Van Horn. Estas inversiones podrían poner en riesgo los recursos hídricos de la región y generan cantidades astronómicas de contaminación atmosférica; todo ello con el fin de dar soporte a una tecnología de inteligencia artificial que, muy probablemente, traerá consigo cambios trascendentales para nuestro mundo: cambios que a algunos les resultan inquietantes y a otros, prometedores”.

Bernie Sanders da la voz de alarma

Hace unas semanas estuve en un acto organizado por Bernie Sanders en el Senado de EEUU sobre las amenazas de la IA. Sanders, junto con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ha lanzado diversas iniciativas legislativas y políticas para alertar de los riesgos de la IA, reclamar su regulación y apostar por una transición que tenga en cuenta las repercusiones en el mercado laboral de su extensión.

La mesa redonda, sobre amenazas existenciales de la IA, contaba con la participación de expertos como Max Tegmark (MIT), David Krueger (Universidad de Montreal) y los investigadores chinos Xue Lan (Universidad de Tsinghua) y Zeng Yi (Instituto de Pekín para la Seguridad y la Gobernanza de la IA).

Allí, Sanders defendió la importancia de la cooperación internacional en la regulación de la IA. Mientras las startups y los gigantes tecnológicos, sobre todo en Silicon Valley y Pekín, compiten por avanzar y ampliar su inteligencia artificial, el senador por Vermont, referente progresista estadounidense, se ha situado entre quienes abogan por medidas de protección, expresando su preocupación por las posibles implicaciones derivadas del uso generalizado de la IA, entre ellas la desinformación, la pérdida de la privacidad de los datos y el aislamiento social entre los adolescentes que dependen de los chatbots.

Sanders, junto con Ocasio, también ha expresado su alarma por los riesgos que la automatización puede suponer para la sociedad estadounidense, como el posible aumento del desempleo si las empresas prefieren la mano de obra automatizada a los trabajadores humanos.

“Las personas más ricas y poderosas del mundo están construyendo ahora un tren descontrolado sin frenos. Reconocen que no entienden cómo funciona y que no saben hacia dónde se dirige”, dijo Sanders en el acto, donde abogó por un tratado internacional similar al pacto nuclear de la era de la Guerra Fría: “Necesitamos cooperar. Necesitamos diálogo”.

En marzo, Sanders y Ocasio anunciaron un proyecto de ley que, de aprobarse, detendría la construcción de nuevos centros de datos de IA: “La IA y la robótica están creando la revolución tecnológica más radical de la historia de la humanidad. La escala, el alcance y la velocidad de ese cambio no tienen precedentes. El Congreso está muy por detrás de donde debería estar en cuanto a la comprensión de la naturaleza de esta revolución y sus repercusiones”.

“En 2025, unos 48 proyectos de centros de datos, con un valor estimado de 156.000 millones de dólares, fueron bloqueados o paralizados por la oposición local. Todo apunta a que 2026 será un año aún más importante para la resistencia a la IA”, explica Saul Levin en un artículo publicado en The Guardian con Astra Taylor, escritora y documentalista, además de cofundadora de Debt Collective: “Desde las zonas rurales de Carolina del Norte hasta los suburbios de Virginia, pasando por las estribaciones y tierras de cultivo de Nuevo México y Oregón, la gente común se está uniendo, superando las divisiones partidistas, para decir no a un statu quo que permite a los grupos de presión tecnológicos aprobar acuerdos de centros de datos a un ritmo vertiginoso, a menudo amparados en el secretismo impuesto por acuerdos de confidencialidad. En Indiana, un estado tradicionalmente republicano, más de 10 condados han decretado moratorias o prohibiciones temporales a nuevos centros de datos de IA; la Nación Seminola en Oklahoma aprobó recientemente una moratoria para su territorio; y en todo Nueva Jersey, se han cancelado numerosos proyectos debido a la indignación local por los acuerdos abusivos que se ofrecen”.

“El movimiento contra los centros de datos gira en torno a un conjunto de preocupaciones compartidas”, escriben: “Facturas de servicios públicos exorbitantes, un consumo insostenible de energía y agua, contaminación acústica y lumínica, degradación del suelo, la escasez de empleos locales de calidad (por no mencionar la perspectiva de un apocalipsis laboral a escala social) y un poder corporativo sin control; todo ello sumado a los usos socialmente problemáticos de la IA generativa, que van desde los bots que intentan desnudar digitalmente a adolescentes hasta la basura que satura nuestros muros en las redes sociales”.

Y añaden Levin y Taylor: “El extraordinario crecimiento orgánico del movimiento de resistencia contra los centros de datos —que abarca diversas geografías, intereses económicos e ideologías— refleja las enormes dudas que conlleva la infraestructura de la IA, así como la creciente indignación hacia la élite tecnológica. El movimiento contra los centros de datos no trata únicamente sobre el futuro de una tecnología novedosa; trata sobre el futuro de la democracia. Trata sobre quién controla la economía y sobre si la gente común tiene voz y voto en las decisiones que le afectan. Dado que a todos se nos ha negado una voz en esta convulsión tecnológica, todo el mundo debería estar animando a este movimiento. O, mejor aún, sumándose a la lucha”.

¿Hasta dónde llegará esa lucha? ¿Se puede corregir este tsunami desde las comunidades? Con Donald Trump, el foco mediático siempre está puesto en todo lo que dice. Pero, en EEUU, como en cualquier país, hay mucho movimiento por debajo del radar que puede tener un recorrido de largo alcance.

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. La frase, atribuida a George Orwell, aparecía en una pegatina en el ordenador de Amy Goodman en las escenas del documental sobre su carrera periodística. En un momento en el que cada vez hay menos medios de comunicación en Estados Unidos y en el que el presidente del país se dedica a perseguir a todo aquel que le lleve la contraria, el lema de esa pegatina de la creadora de Democracy Now! resuena de forma poderosa, al igual que uno de sus lemas: “No nos callaremos”.

Del mismo modo que resonaban las insistentes preguntas que le formulaba la periodista al representante de la Administración Trump en la cumbre del clima de Katowice, en 2018, Preston Wells Griffith III. Y así es como arranca el documental recién estrenado 'Steal This Story, Please!', con Goodman a la carrera, escaleras arriba y abajo, persiguiendo por toda la instalación al enviado de Estados Unidos, sin obtener respuesta alguna sobre el negacionismo climático de la Casa Blanca, hasta que éste se encerró en el despacho de la delegación estadounidense.

Esa perseverancia a la hora de hacer las preguntas incómodas y, más importante aún, las repreguntas necesarias, es uno de los elementos que definen la carrera de Goodman, y también la actual presidencia de Trump, donde la selección de los periodistas que forman parte del pool de la Casa Blanca por parte de la propia administración está favoreciendo que cada vez haya más pelotas haciendo preguntas que verdaderos periodistas. Un momento histórico, también, en el que las maniobras políticas han permitido la compra de CBS por parte de un estrecho aliado de Trump, Larry Ellison; y de Warner Bros (con la CNN incluida) por parte del hijo de Ellison, dueño de Paramount.

El sábado pasado me acerqué a Silver Spring, Maryland, para ver en el cine el documental sobre la figura de la periodista Amy Goodman y estos 30 años de Democracy Now!, desde sus inicios en una emisora independiente, Pacifica Radio, hasta el actual programa matinal diario en streaming que se emite en más de 1.500 emisoras de televisión, radio y plataformas de internet en todo el mundo. “No intentamos ganar dinero con esto”, dice Goodman sobre su documental, “intentamos hacer comunidad”.

A diferencia de los grandes medios, que desde la ley de 1996 de telecomunicaciones de Bill Clinton se han ido concentrando cada vez más en menos manos, Democracy Now! es un medio independiente que vive de las aportaciones de sus seguidores, de donaciones voluntarias que han logrado que se haya convertido en un medio de referencia para gran parte del mundo progresista estadounidense.

Después de la proyección del documental, se produjo un pequeño diálogo con Goodman en el que describió una de las claves de su programa, que describe en la cinta: abrir el foco de la atención a las personas omitidas por los medios tradicionales y las grandes corporaciones de la comunicación: “El valor es el de las personas a las que cubrimos. Esa es la inspiración”.

Tanto durante la proyección del documental como durante la conversación con Goodman, no pude evitar ver paralelismos –con todas las salvedades– entre su proyecto y algunas de las cosas que intentamos hacer en elDiario.es, como poner el foco en temas y enfoques que a veces han sido desdeñados u orillados por grandes medios. Asimismo, buscar el vínculo con una comunidad ante la que responder hasta el punto de considerar imprescindible publicar nuestras cuentas anuales y organizar actos con esa comunidad para escuchar lo que nos tiene que decir; unas socias y socios que, como los de Goodman, son garantes de nuestra independencia económica y editorial.

Así, Goodman explica que el “hilo conductor a lo largo de la película” tiene mucho que ver con “la consolidación de los medios corporativos” impulsada a partir de 1996. Y argumenta: “Cuando lo planteábamos hace 30 años, varios periodistas con muy buenas intenciones, que se incorporaron a las cadenas para tener una audiencia amplia con la que desafiar al poder, se encontraron con que los terminaban apartando. Y mucha gente de dentro decía: 'Dejad de criticar a los medios corporativos'. Y ahora son ellos los que dicen: 'Tenéis que decirlo cada vez más alto'. Hoy, en cambio, son esos mismos periodistas quienes advierten sobre los efectos de esa concentración, en parte porque también se han convertido en sus víctimas”.

Goodman lo ilustra con ejemplos recientes: “El Washington Post ha recortado un tercio de la plantilla, cientos de reporteros. Hace unas semanas tuvimos a un periodista del Washington Post que hizo un análisis increíble del primer día de los ataques aéreos de EEUU contra Irán, y hablaba del misil Tomahawk estadounidense que destruyó esa escuela primaria de niñas en el sur de Irán, en Minab, donde murieron al menos 175 personas. Pero ya no trabaja para el Washington Post. Unos días antes había recibido la notificación de despido”. Es decir, quienes intentaron resistir desde dentro acaban expulsados por las mismas dinámicas corporativas que, durante años, se les pidió no cuestionar.

El título del documental, Steal This Story, Please! —Roba esta historia, por favor— tiene que ver con el compromiso de Goodman de impulsar a la agenda pública historias de relevancia social; buscar que trasciendan el ámbito de los medios independientes y sean recogidas por los medios de comunicación convencionales. En este sentido, el lema de Goodman es que las historias lleguen a todo el mundo, a la mayor audiencia posible, como camino para mejorar el mundo.

Así, el documental recoge algunas de las grandes historias de Goodman que dieron la vuelta al mundo. Como cuando documentó el papel de Estados Unidos en el suministro de gran parte del armamento utilizado durante la ocupación represiva de Timor Oriental por parte de Indonesia. Tras viajar al país, Goodman fue testigo en primera persona y expuso la masacre de Santa Cruz de 1991, en la capital, Dili, cuando las tropas indonesias abrieron fuego contra manifestantes, causando la muerte de más de 270 personas. Tanto Goodman como su colega periodista Allan Nairn resultaron heridos, junto a miles de personas más.

Tras su reportaje, Timor Oriental, del que no se había hablado durante 17 años en los medios de comunicación mainstream en Estados Unidos se convirtió en objeto de numerosas protestas, y llevó a la suspensión de la venta de armas y la ayuda militar de Estados Unidos a Indonesia.

Años después, en 2016, Goodman grabó a guardias de seguridad privados del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) utilizando perros y gas pimienta contra manifestantes nativos estadounidenses en Dakota del Norte: los perros, algunos con sangre en el hocico, mordieron a los manifestantes, lo que generó una gran repercusión en todo EEUU.

En julio de 2020, un juez federal ordenó el cierre y vaciado del oleoducto Dakota Access (DAPL) para realizar una nueva evaluación ambiental, marcando un hito tras años de protestas lideradas por la tribu Standing Rock Sioux. La orden exigía detener el flujo de petróleo mientras se completaba una Declaración de Impacto Ambiental, aunque posteriores apelaciones permitieron que el oleoducto continuara operando durante el proceso legal.

Pero otras historias recogidas en el documental, aun sin finales felices, contribuyeron a visibilizar realidades hasta entonces ocultas y a transformar la percepción pública. Una de ellas es la que llegó a los grandes medios cuando Goodman expuso la connivencia de la petrolera Chevron con las fuerzas de seguridad nigerianas en la represión de protestas en 1998, en el delta del Níger, que se saldó con varias personas asesinadas y afectó seriamente a la imagen internacional de la compañía.

Otra es cuando dio una sección al periodista encarcelado Mumia Abu-Jamal, quien pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte en Pensilvania (hasta que su condena a muerte fue anulada en 2011, aunque aún permanece en prisión). Su caso, marcado por denuncias persistentes de irregularidades judiciales, se convirtió en un símbolo global, y su voz, difundida desde la cárcel, en un testimonio de las condiciones y vulnerabilidades del sistema penitenciario estadounidense.

A mediados de los años noventa, varias emisoras afiliadas a la radio pública NPR tenían previsto emitir unos comentarios grabados por Abu-Jamal desde el corredor de la muerte, pero la iniciativa fue cancelada tras fuertes presiones políticas y mediáticas. En ese contexto, Goodman decidió darle espacio en su propio programa, apostando por dar voz a alguien que otros medios habían optado por silenciar con los riesgos que eso comportaba.

Goodman ha seguido el caso de Abu-Jamal durante décadas, como parte de su compromiso en mostrar la crueldad de la pena de muerte en el sistema penitenciario y judicial estadounidense. Así, un caso representativo es el de la puesta en libertad de Moreese Bickham en 1996, quien había sido condenado a cadena perpetua.

Bickham era un hombre negro de Luisiana, condenado por un doble homicidio en 1958 y sentenciado a cadena perpetua. El periodista David Isay, tras fracasar en sus intentos por conseguir la puesta en libertad del preso, recurrió a Amy Goodman. Tras una intensa cobertura, que incluyó una avalancha de llamadas de oyentes a la oficina del gobernador de Luisiana, Edwin Edwards, la condena de Bickham fue conmutada y fue puesto en libertad tras 37 años y fue recibido en los estudios de Goodman en 1996.

Yo no asistí a la cena del sábado pasado. Soy miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca desde que me trasladé a Washington DC, en mayo pasado. La cuota anual es de 140 dólares y te da acceso directo, entre otras cosas, a las informaciones del pool, ese grupo rotatorio de periodistas que entra en el Despacho Oval y acompaña al presidente en el Air Force One, por ejemplo.

Históricamente, la asociación de corresponsales –se llama así a aquellos periodistas nacionales e internacionales cuyo principal cometido es cubrir la Casa Blanca– elegía los periodistas que integraban el pool, pero desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de EEUU, es la Casa Blanca la que elige quién entra y quién sale de ese pool, y eso se está notando en la mayor presencia de seudomedios y de periodistas que hacen halagos en lugar de preguntas.

Hace meses, a finales del año pasado, me llegó un correo electrónico en el que se me informaba de la cena, el día en que se iba a celebrar, el lugar y el coste: 480 dólares por cubierto.

En ese momento me lo planteé: esa cena se presenta como una fiesta de la libertad de expresión, acude la plana mayor de la Administración, hay congresistas, senadores, compañeros... Es, además, un acto tradicional en la ciudad, al que históricamente han acudido los presidentes y en cuyos discursos intentaban reírse de sí mismos.

En esta ocasión, sin embargo, quedaba la duda de que Donald Trump quisiera asistir, en tanto que se había negado a ir durante su primer mandato.

Le di muchas vueltas, y hablé con algún compañero, que me recordó que, además de los 480 dólares de la cena, tendría que pagar el alquiler de un esmoquin, que es la prenda obligatoria para los hombres.

Pero tenía dudas. ¿Era razonable pedir a mi periódico que pagara cientos de dólares por asistir a una cena así?

Durante este año que llevo en Washington DC he podido ver cómo el presidente de EEUU insulta día sí y día también a los periodistas, que se producen vejaciones y amenazas, mientras la reacción de la profesión es limitada. Después de cada insulto de Trump, no se produce una censura por parte de la siguiente persona que toma la palabra; tampoco se ha producido ningún plante por la falta de respeto a la libertad de expresión por parte del presidente de EEUU; nadie se ha levantado de una rueda de prensa en la que Trump o su portavoz, Karoline Leavitt, insulta a los periodistas por preguntar; ni siquiera se publican comunicados de colectivos denunciando esa situación.

Este mismo domingo, 24 horas después del intento de atentado, Trump tachaba de “vergonzosa” a la periodista del programa 60 Minutes por preguntarle por el documento escrito que el atacante de la cena, Cole Tomas Allen envió a sus familiares. “Yo no soy un violador ni un pedófilo, eres una vergüenza”, decía Trump enfurecido, sin que apenas haya desatado reacciones relevantes. ¿Y qué había escrito Allen? Lo siguiente: “Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Al día siguiente, el lunes por la mañana, Leavitt responsabilizaba a la izquierda y a los medios de comunicación no trumpistas del intento de atentado del sábado.

Y este martes, se ha sabido que el órgano ha ordenado revisar las licencias de Disney–ABC por un monólogo de Jimmy Kimmel de la semana pasada que ha desatado la ira de Melania y Donald Trump.

Es decir, en un contexto de una Administración Trump que ataca la libertad de expresión, se plantea la posibilidad de compartir cena con las mismas personas que persiguen, atacan y amenazan a periodistas y medios de comunicación.

Al final, decidí no pagar los 480 euros que daban derecho a solicitar el acceso a la cena, cosa que quedaba en suspenso en función de las solicitudes recibidas y la cantidad de autoridades presentes, que daría lugar a una criba posterior.

Tuve dudas hasta el último minuto. Me parecía muy correcta la decisión de acudir, pero creía tener motivos también para no hacerlo. Y, también, pensaba que, si en lugar de trabajar en elDiario.es estuviera trabajando en un medio más tradicional o público, quizá tendría unos compromisos de asistencia o de representación institucional diferentes que me llevarían a tener que asistir sin darle tantas vueltas.

El miércoles antes de la cena estuve con unos amigos, que me comentaron que el New York Times tampoco acudía a la cena. Es decir, contaba con dos periodistas en el salón para cubrir el acto, pero la empresa ya no compra entradas para la fiesta: la última cena a la que asistió el Times fue en 2007.

“En aquel momento llegamos a la conclusión de que el evento se había centrado demasiado en las celebridades y socavaba nuestra necesidad de demostrar a los lectores que siempre procuramos mantener una distancia adecuada con respecto a las personas sobre las que informamos, muchas de las cuales asisten como invitados”, explica Richard W. Stevenson, jefe de la delegación en Washington. Evidentemente, no es lo mismo un periodista del New York Times, uno de los periódicos más importantes de EEUU y del mundo, que uno de elDiario.es; y tampoco la hipótesis de proximidad o confraternización entre un corresponsal de un medio español o del NYT con un dirigente norteamericano.

Y así fue como llegó el pasado 25 de abril –aniversario de la liberación italiana y de la revolución de los Claveles portuguesa–. Había convocada una protesta a las puertas del hotel Washington Hilton en el que se celebraba la cena, y me quise acercar para ver el ambiente. Llovía, hacía frío, y había unas decenas de activistas propalestinos, fundamentalmente, denunciando los asesinatos de periodistas durante el genocidio israelí en Gaza, realizado con la complicidad de la Administración estadounidense, y criticando el papel de los medios estadounidenses en la cobertura de los crímenes cometidos por Israel y EEUU en Oriente Próximo, también a raíz de la guerra en Irán.

A continuación, decidí marcharme a mi casa para ver la retransmisión de la cena por la televisión. De acuerdo con los horarios anunciados, Trump saldría de la Casa Blanca a las 7.45 y se esperaba que la cena arrancara después de su llegada.

Y así ocurrió, pero solo hubo tiempo para unas palabras de presentación de la presidenta de la WHCA y a servir el primer plato, que fue interrumpido por el estruendo –que luego se supo que provenía de un tiroteo– y el alboroto de la evacuación del presidente de EEUU.

En aquel momento, me levanté del sofá y me puse a grabar con el móvil lo que veía en la televisión. Y temí que el desalojo tuviera algo que ver con algún escrache o acción de los activistas que se encontraban fuera y que podrían haber irrumpido en alguna zona restringida del hotel; unos manifestantes pacíficos que conozco de haber cubierto diferentes protestas en estos meses que llevo en EEUU.

Pero no, no eran ellos.

Luego se supo que se trataba de un joven que, según se ha ido desprendiendo de la investigación, actuó en solitario, que no pertenecía a ningún grupo organizado ni a ningún colectivo de izquierda. Como en el caso de Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de una poderosa aseguradora médica, Allen no cuenta con antecedentes penales, pero sí con una carrera académica respetable. Y ambos comparten la idea de que el sistema político estadounidense no tiene arreglo por vías pacíficas.

Entonces, una vez que la amenaza no pasó de ahí y de que todos los presentes en la cena salieron ilesos, mis pensamientos volvieron a aquel correo electrónico del 1 de diciembre pasado en el que se me invitaba a solicitar asistir a la cena de corresponsales.

Visto lo que ha pasado, ¿y si hice mal no intentando ir? Al fin y al cabo, me he perdido vivir en primera persona como periodista una de las noticias del año: un ataque frustrado contra la cúpula de la Administración estadounidense.

La cena es una ocasión única, con multitud de personas importantes, compañeros que saben mucho y un acontecimiento relevante en la agenda política estadounidense desde hace décadas. Y, además, en esta ocasión se ha producido una historia de la que llevamos días escribiendo sin parar.

¿Y si fue un error?

En todo caso, ya no se puede echar marcha atrás. Pero lo que ha ocurrido sí puede servirnos para reflexionar sobre decisiones difíciles que se toman sobre la marcha y que pueden tener consecuencias en la cobertura de las noticias. Y, todo ello, teniendo en cuenta que en esta profesión, como en la vida, a menudo hay que cabalgar contradicciones y lidiar con conflictos profesionales y personales sin perder de vista que, al fin y al cabo, nuestro trabajo es dar noticias. Y nuestro empeño debe ser estar en la mejor disposición posible para poder hacerlo.

Y, en este caso, se ha tratado de una cena que celebraba la libertad de expresión con una poderosísima persona caracterizada por perseguir la libertad de expresión como invitado de honor; un acontecimiento que no pudo celebrarse por un ataque violento que está siendo aprovechado por esa poderosísima persona para redoblar sus ataques a la prensa y a la izquierda y para apuntalar elementos clave de su agenda ultra como la renovación de una extraordinaria financiación del ICE sin que existan límites para los agentes en su represión migratoria.

EEUU está en guerra permanente. Desde los drones que atacan pescadores ecuatorianos, pasando por la guerra en Irán, el ataque a Venezuela, la amenaza sobre Cuba y Groenlandia y el Escudo de las Américas. Donald Trump quiere satisfacer sus ambiciones imperialistas y su concepto de la “paz a través de la fuerza”, que no es más que la ley del más fuerte. Y, para ser el más fuerte, tienes que recalentar la industria armamentística y acostumbrar a la presencia militar en tus propias calles, como ocurre en ciudades como Washington DC con la Guardia Nacional.

El presidente de EEUU, que durante su primer año de regreso a la Casa Blanca tonteó con la idea del Nobel de la Paz e incluso creó una Junta de la Paz para Gaza de la que ya no habla la Administración Trump, ha bombardeado en lo que va de segundo mandato un buen puñado de países: Irán, Yemen, Siria, Irak, Somalia, Nigeria y Venezuela.

Y todo eso cuesta dinero, mucho dinero, un dinero a costa de acumular deuda y recortar servicios sociales, que para eso sirve la megaley fiscal de Trump –que él llama Big Beautiful Bill–.

Hasta tal punto las ambiciones hegemónicas e imperialista de Trump cuesta dinero, que el presidente de EEUU quiere un presupuesto sin precedentes para el año fiscal de 2027 –del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027– para financiar su expansionismo militar y sus pulsiones imperialistas.

Así, los 2.000 millones de dólares diarios que Trump está gastando en su guerra contra Irán podrían haber servido para salvar más de 87 millones de vidas, según ha declarado este lunes el director de la agencia humanitaria de la ONU, Tom Fletcher.

No obstante, la solicitud de la Administración Trump debe ser aprobada por un Congreso escéptico ante el mayor incremento interanual del gasto en defensa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Como novedad, el Pentágono ha creado una categoría denominada “prioridades presidenciales”, que abarca la defensa antimisiles Golden Dome, la inversión en drones, la inteligencia artificial y la infraestructura de datos, así como la base industrial de defensa.

El año pasado, Trump ya pidió al Congreso de EEUU un presupuesto de defensa nacional de 892.600 millones de dólares y, posteriormente, añadió 150.000 millones de dólares mediante una solicitud de presupuesto suplementario, con lo que el coste total superó el billón de dólares por primera vez en la historia.

El presupuesto incluye más de 65.000 millones de dólares para adquirir 18 buques de guerra y 16 buques de apoyo fabricados por General Dynamics y Huntington Ingalls Industries, como parte de lo que el Pentágono denomina la iniciativa Flota Dorada, la mayor solicitud de construcción naval desde 1962.

El presupuesto aumenta la adquisición de F-35 de Lockheed Martin a 85 aviones al año e incluye 102.000 millones de dólares para la adquisición de aviones y para investigación y desarrollo, lo que supone un aumento del 26% con respecto al año anterior, según ha informado el Departamento de Pete Hegseth. Y, además, el desarrollo de sistemas de próxima generación, como el avión de combate F-47 de Boeing.

En medio de uno de los entornos de amenazas más complejos de los 250 años de historia de esta nación, el histórico presupuesto de Trump para el año fiscal 2027 reparte dinero para intentar estar preparados para hacer frente a nuestros adversarios en los ámbitos aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. También reconstruirá y ampliará la Base Industrial de Defensa (DIB) con una inversión de 756.800 millones de dólares en nuevas capacidades, proporcionando la innovación y la letalidad que necesitan nuestros combatientes, al tiempo que crea cientos de miles de puestos de trabajo para los estadounidenses.

De esta manera, Trump quiere financiar íntegramente el Golden Dome, invierte en minerales y municiones críticos, y ofrece un aumento salarial al personal militar.

En lo que respecta a los drones, representa la mayor inversión en tecnología de guerra con drones y de lucha contra los drones de la historia de Estados Unidos. El presupuesto solicita 53.600 millones de dólares para plataformas de drones autónomos y logística en zonas de conflicto, además de 21.000 millones de dólares para municiones, tecnologías de lucha contra los drones y sistemas avanzados.

¿Y para qué quiere EEUU los drones?

Pues, entre otras cosas, para asaltar barcos de pescadores en el Pacífico.

El Gobierno de EEUU lleva 180 personas asesinadas en el Caribe y el Pacífico tras 52 ataques desde el pasado 2 de septiembre, según el recuento del New York Times, y no ha aportado pruebas de que ninguna de las embarcaciones estuviera involucrada en el tráfico de drogas, y expertos jurídicos y grupos de derechos humanos afirman que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente tienen como objetivo a civiles que no representan ninguna amenaza inmediata. La Casa Blanca insiste en que las muertes son legales.

En este contexto, un grupo de pescadores ecuatorianos ha relatado cómo fueron atacados en un doble ataque con drones y posteriormente detenidos a punta de pistola por soldados a bordo de un buque patrullero con bandera estadounidense.

El Don Maca, un barco pesquero de 35 toneladas que operaba con seis embarcaciones más pequeñas, se encontraba a unas 200 millas (320 km) al noroeste de las Islas Galápagos cuando desapareció el 26 de marzo, y sus 20 tripulantes insisten en que estaban pescando cuando fueron atacados por el Ejército de EEUU y luego conducidos a El Salvador.

Uno de ellos, Erick Coello, ha perdido el 90% de visión a causa del bombardeo de los drones: “Pensamos lo peor”.

Coello explica que el Ejército de EEUU se comunicó con alguien que envió una lancha: “Estaban con los fusiles apuntándonos. A ellos les dijeron que nos habían encontrado a la deriva, náufragos, pero yo necesito psicólogo porque me quedé con ese trauma. Hay veces que me asusto por la noche, se me viene a la mente. Ya no puedo, dejo esta vida de pescador, porque ya no volvería a pescar, porque sabemos cuándo salimos, pero no sabemos cuándo regresamos. La vida del pescador es dura, bien dura. Tengo un 90% de pérdida de vista. Mi familia por acá empezó a pedir un dinero para poder internarme en una clínica particular, porque la verdad somos de bajos recursos y cuesta 7.000 dólares la cirugía de la vista y el oído, 4.500”.

Mientras tanto, familiares de pescadores ecuatorianos han denunciado en los últimos días que La Fiorella, barco pesquero ecuatoriano, ha desaparecido en enero tras haber sido visto en llamas, recuerda Drop Site, que también informa de que el 23 de marzo, 16 pescadores ecuatorianos de otro barco, La Negra Francisca Duarte II, fueron encontrados por la guardia costera de El Salvador, con las extremidades destrozadas y la espalda marcada por quemaduras.

Los pescadores contaron a Drop Site News que cinco días antes habían sido alcanzados por un dron con un cilindro amarillo, se vieron obligados a saltar por la borda para escapar del fuego provocado por la explosión y, posteriormente, fueron capturados por las fuerzas de un barco patrullero azul con bandera estadounidense. En el casco del barco azul estaba escrita la palabra Spear. El programa militar antinarcóticos de Trump en América se llama Operación Southern Spear.

Los juristas Mina Nur Basmaci y John Ramming Chappell , del Centro para Civiles en Conflicto (CIVIC), han publicado recientemente un artículo en el que sostienen, en relación con los ataques extrajudiciales de EEUU, que identificar a los terceros Estados que puedan estar colaborando o prestando asistencia a los ataques marítimos ilegales y reafirmar sus obligaciones es fundamental para el proceso de rendición de cuentas [...] República Dominicana, Trinidad y Tobago, Ecuador y otros Estados que han cooperado o es probable que estén cooperando con los ataques estadounidenses deben cesar su apoyo o se arriesgan a incurrir en responsabilidad legal“.

“¿Qué crees que pasará esta noche, Andrés?”. Era una pregunta recurrente que me hacían amigos desde España este martes. “¿Qué va a pasar hoy? ¿Te ha contado Donald sus planes?”, preguntaba otro. “¿Sensaciones, my friend?”, me decía uno más.

“Yo creo que ampliará el plazo con la excusa de la propuesta paquistaní”, contestaba a unos y otros. Y más o menos eso terminó pasando: Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, algo a lo que siempre se había negado, e Irán afirmó que permitiría el “paso seguro” por el estrecho de Ormuz.

En realidad, uno nunca sabe qué puede decidir el presidente de EEUU, porque Trump se desenvuelve sin límites; a diferencia de los demás, juega sin reglas, lo que hace que sea más difícil de predecir para quien aún mantiene cierta confianza en los equilibrios de poderes y en la condición humana.

Pero con Trump hemos terminado aprendiendo que es aficionado al plazo de “dos semanas”, aunque pueda ser prorrogado indefinidamente, y que a menudo no cumple con sus amenazas, como se ha podido comprobar, sobre todo, en las negociaciones comerciales y los ultimátums sobre aranceles. Por eso, muchos lo han bautizado como TACO, es decir, Trump Always Chickens Out —Trump siempre se raja—, un mote que no gusta nada al presidente de EEUU.

El TACO se cocinó inicialmente el 2 de mayo de 2025. Aquel día, el columnista del Financial Times Robert Armstrong escribía: “El reciente repunte económico tiene mucho que ver con que los mercados han llegado a la conclusión de que la administración estadounidense no tiene un umbral muy alto de tolerancia al dolor económico y de los mercados, y que se echará atrás rápidamente cuando los aranceles empiecen a causar estragos. A esto se le ha llamado la teoría del TACO: Trump Always Chickens Out —Trump siempre se acobarda—”.

El concepto, escondido en medio de un análisis sobre la coyuntura económica, comenzó a crecer hasta estallar en la Casa Blanca días después, cuando la periodista de CNBC, Megan Cassella, le preguntó a Trump por ello. “¿Que me echo atrás? ¿Que me acobardo? Nunca había oído eso —responde Trump enfurecido—. Y tú vienes con una pregunta tan desagradable como esa... Se llama negociar. No vuelvas a decir eso. Es una pregunta muy desagradable. Es de las más desagradables que me han hecho”, respondió un Trump enfurecido.

Pero lo cierto es que a menudo ocurre que Trump se sube tanto al monte que nadie le sigue, y luego busca la manera de desandar la escalada y encontrar una salida a la desesperada.

Trump, dos días después de llamar a los gobernantes iraníes “malditos bastardos” y decir que pronto estarían “viviendo en el infierno”, este martes los elogió como “una clase diferente, más inteligente y menos radicalizada”.

En este caso, Trump recula durante dos semanas en sus amenazas apocalípticas, que pasaban por aniquilar “una civilización”, lo que habría supuesto cometer un genocidio en Irán. Y es mejor que así haya ocurrido, pero vuelve a ser una muestra de cómo ejerce el poder y del modo caótico de negociación.

Mientras, Washington DC ha vivido el día en que el presidente de EEUU se disponía a cometer un genocidio sin grandes sobresaltos, más allá de que ese era un asunto de conversación habitual. Apenas había convocada una concentración frente a la Casa Blanca a partir de las seis de la tarde, media hora antes de que Trump publicara su anuncio de alto el fuego.

Más allá de eso, televisiones como el canal LiveNow, de Fox, tenían sobreimpresionada en sus pantallas una cuenta atrás para ver si, al final, el presidente de EEUU cumplía su amenaza de matar “una civilización entera”.

Numerosos congresistas demócratas se fueron manifestando públicamente a lo largo del martes sobre la falta de idoneidad de Trump para ocupar el Despacho Oval y la necesidad de que las órdenes ilegales sean desoídas.

La progresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha afirmado: “Esto constituye una amenaza de genocidio y justifica la destitución del cargo. Las facultades mentales del presidente se están deteriorando y no se puede confiar en él. A todas las personas que forman parte de la cadena de mando del presidente: tienen el deber de desobedecer las órdenes ilegales. Esto incluye llevar a cabo esta amenaza”.

La amenaza de un Trump fuera de sí muestra la desesperación del presidente de EEUU por encontrar una salida. El Washington Post explicaba este domingo que Amazon está aplicando un recargo por combustible a sus entregas de comercio electrónico, mientras los intereses hipotecarios están alcanzando su nivel más alto en siete meses, al tiempo que los consumidores se preparan para ver cómo se encarecen los precios de las botellas de refrescos y de los detergentes.

En efecto, el impacto de la guerra en Irán sobre la economía estadounidense ya se está notando en los bolsillos de la ciudadanía estadounidense, a pesar de que el Departamento de Trabajo informó el viernes pasado de la creación de 178.000 puestos de trabajo en el mes de marzo.

Sin embargo, el incremento de las facturas energéticas, los tipos de interés y la escasez de suministros son señales de que se avecinan tiempos peores. En este sentido, los estadounidenses, por un margen del 56% frente a un 7%, prevén que la guerra tenga un “impacto principalmente negativo” en su situación económica personal, según una encuesta de Ipsos realizada el 31 de marzo.

Un conflicto en Oriente Medio que se prolongue varios meses más extendería el alza de precios y las interrupciones en las cadenas de suministro más allá de Asia y Europa, llegando hasta las costas de Estados Unidos.

Una interrupción de tres meses en el comercio marítimo habitual elevaría los precios del petróleo a 170 dólares por barril, según Bloomberg. Si la guerra se prolonga durante seis meses, la economía mundial —privada de 13 millones de barriles de petróleo diarios— caería en una recesión, según Oxford Economics.

Ya están paseando los agentes del ICE por los aeropuertos de Estados Unidos. Responden a la orden del presidente, Donald Trump, de suplir las disfunciones que está ocasionando el bloqueo a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional por la negativa de los congresistas demócratas a financiar una institución con agentes que ejecutan una cruel represión migratoria en las ciudades estadounidenses. El mismo cuerpo responsable del asesinato de dos personas en las calles de Minneapolis ahora se ocupa, supuestamente, de ayudar en los controles de los aeropuertos. Pero, en realidad, siguen haciendo lo que hacen en la calle: perseguir personas.

El ICE se ha terminado convirtiendo en una fuerza armada federal al servicio del presidente de EEUU: los usa para su represión migratoria, elige en qué bastión demócrata los despliega o repliega –como ha pasado en Minnesota tras los dos asesinatos– y ahora los quiere para interferir en el pulso político que tiene abierto con los demócratas en el Capitolio.

Este fin de semana me acerqué al Museo Nacional de Historia de EEUU, aquí en Washington DC. Y me encontré con un detalle en la exposición que me llamó la atención: un debate abierto a finales del siglo XIX en Estados Unidos entre los conceptos de república e imperio. Eran los años en los que EEUU, tras su guerra civil, había iniciado una expansión colonial en Filipinas, Cuba, Hawái y Puerto Rico, entre otros, y se debatía el papel de EEUU en el mundo.

Y, de manera incipiente, surge esa dicotomía entre imperio y república –que tanto juego ha dado a la saga Star Wars, en otro orden de cosas–. Y surge en una sociedad de representación política censitaria –el voto femenino llegó en 1920–; levantada sobre el genocidio de la población indígena –de la mano del supremacismo blanco–; y sustentada en la segregación de la población afroamericana, que se prolongó hasta los años sesenta.

En ese contexto, y en pleno debate en la primera mitad del siglo XX sobre el imperialismo y la descolonización, el sociólogo, historiador y activista por los derechos civiles estadounidense W. E. B. Du Bois (1868-1963) teoriza hasta qué punto EEUU puede ser un imperio en el extranjero y una democracia en casa; hasta qué punto las formas imperiales autoritarias se replican dentro: y concluía que no puede haber democracia en un país que actúa como un imperio. En este sentido, frenar el imperialismo estadounidense no solo beneficiaría a las naciones dominadas o potencialmente sometidas, sino también a la ciudadanía estadounidense.

En efecto, si por república entendemos no sólo un modelo político sin monarquía, sino un sistema político sustentado en la radicalidad democrática y en la participación ciudadana, más allá de una formulación de reglas, la república estadounidense con Trump es cada vez más estrecha y más autoritaria: se persigue, insulta y deshumaniza a los rivales políticos internos; se reprime a la población migrante; se amenaza a los medios de comunicación que no aplauden a la Casa Blanca; se retiran fondos y se multa a las universidades que quieren ser independientes; se castiga a los despachos de abogados que defienden causas no compartidas por la Administración Trump; y se margina a quienes aplican políticas de diversidad e igualdad en sus entornos laborales.

Prueba de esos recortes democráticos es la decisión que acaba de tomar el departamento de Guerra en relación con la prensa acreditada en el Pentágono.

Como un juez ha considerado ilegales las normas restrictivas de censura previa que aprobó el departamento de Guerra para conceder acreditaciones de prensa, ha anunciado que las dependencias para la prensa ya no estarían en el Pentágono sino en otro lugar. En efecto, el área del Pentágono conocida como el pasillo de los corresponsales, que los reporteros han utilizado durante décadas para cubrir las actividades de las fuerzas armadas estadounidenses, se cerrará de inmediato y los periodistas podrán trabajar, llegado el momento, desde un “anexo” fuera del edificio, el cual “estará disponible cuando esté listo”.

“Negociamos con bombas”, afirmaba este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una frase que dice tanto con tan solo tres palabras: evidencia el desprecio por el diálogo; la exhibición de la ley del más fuerte por encima del derecho y las normas; y una pulsión por la agresividad que recuerda al manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en Le Figaro y que se considera precursor del fascismo, que conquistó el poder en Italia de la mano de Benito Mussolini en 1922.

Aquel manifiesto que sembró las bases del fascismo presentaba una serie de puntos –11 en total– que encajan muy bien con la Administración Trump y con los valores que preconiza cada día Hegseth.

“No hay belleza sino en la lucha”, decía el manifiesto: “Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra; queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer; queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”.

En efecto, como Marinetti, como los precursores del fascismo hace un siglo, Donald Trump glorifica la guerra, el militarismo y el patriotismo, combate el feminismo y muestra un total desprecio por el arte y la cultura.

Y en esa glorificación de la guerra, Trump desarrolla su lado más imperialista: ha bombardeado siete países en un año –Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Venezuela y Nigeria–; ha secuestrado un presidente de Gobierno –Nicolás Maduro–; ha colaborado en el asesinato de la cúpula dirigente iraní mientras lleva más de tres semanas bombardeando el país; se encuentra inmerso en una operación de acoso y derribo del Gobierno cubano a través de la asfixia económica, alimentaria y energética de la ciudadanía del país; y lleva 159 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Sur.

En definitiva, ese “negociamos con bombas” de Hegseth es una suerte de síntesis futurista del trumpismo en su deriva imperial frente a los valores republicanos y democráticos.

Cuba no es Venezuela. No tiene petróleo, ni grandes recursos naturales. Es una pequeña isla, de menos de 10 millones de habitantes, en medio del Caribe. Cuba tampoco es Irán, nunca imaginó ni acarició tener armas nucleares. Si acaso, algún misil para tener a tiro a EEUU de la misma manera que EEUU siempre ha tenido a tiro a Cuba, y como mecanismo disuasorio tras la fracasada invasión de Playa Girón, de abril de 1961, hace ahora 65 años.

Pero aquel intento de Fidel Castro de reforzar su armamento se frustró en 1962 durante la llamada crisis de los misiles, que representó uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Terminó sin misiles en Cuba, pero EEUU también tuvo que retirar los suyos de Turquía.

Hay un museo curioso en Washington DC, el International Spy Museum, que recoge y recrea diferentes operaciones de espionaje a lo largo de la historia. Y una de las que se relatan es precisamente la de Playa Girón, gestada, ideada y financiada desde EEUU por la CIA para tumbar al Gobierno de Fidel Castro.

El Gobierno de Castro fue atacado desde el primer día por EEUU, mucho antes incluso de que fundara el Partido Comunista de Cuba, en 1965. Y tiene que ver con que fue un gobierno nacido de la victoria de una revolución, en 1959, tras seis años de lucha contra la dictadura, y sus banderas tenían mucho que ver con la emancipación de la tutela que ejercía EEUU sobre la isla a través del dictador Fulgencio Batista y de la explotación de sus recursos a través de empresas estadounidenses de forma directa o indirecta.

Cuba ya había sido un protectorado de EEUU entre 1898, cuando dejó de ser colonia española, y 1902. Y Washington nunca ha dejado de querer tutelar una isla que se encuentra a 90 millas náuticas –unos 150 kilómetros–, y nunca aceptó que Cuba adoptara un camino independiente de EEUU: desde los primeros meses decretaron medidas de bloqueo que no han hecho más que endurecerse con el paso del tiempo: primero, con JFK en 1962 con un embargo comercial total; después, en 1996, con la ley Helms-Burton, que codifica el embargo en ley de manera que sólo pueda ser revertido por el Congreso y no el presidente; y ahora, con Donald Trump, un bloqueo energético que impide que el Estado cubano pueda recibir una sola gota de petróleo, abocando a sus casi 10 millones de habitantes a padecer una catástrofe humanitaria.

“Gracias por playa Girón”, le dijo el Che Guevara a John Fitzgerald Kennedy en 1961: “Antes de la invasión, la revolución era débil. Ahora es más fuerte que nunca”.

Después de 65 años de aquella invasión fracasada, planificada y financiada por la CIA, Cuba sigue siendo un objeto de deseo para la Administración estadounidense. La diferencia es que ahora Cuba no cuenta con la capacidad disuasoria de la URSS, ni con el petróleo barato venezolano, porque el Gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Washington, no envía una sola gota de petróleo a Cuba, cuando Venezuela ha sido el principal suministrador de crudo de la isla.

Pero tampoco envía una gota de petróleo México, el segundo suministrador, por miedo al castigo comercial de Trump después de amenazar con aranceles extraordinarios a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. A pesar de que esa amenaza está contenida en una orden ejecutiva vacía por la sentencia del Tribunal Supremo contra los atajos arancelarios del presidente de EEUU, Claudia Sheinbaum no se atreve a enviar petróleo. Lo que sí hace México es mantener los envíos de ayuda humanitaria a un país que, sin petróleo, tiene el tejido productivo parado y no puede ni vender ni comprar nada.

Cuba no puede ni vender ni comprar nada. Pero tampoco puede recoger las basuras, porque no hay combustible para los camiones, con lo que eso supone de enfermedades fruto de la insalubridad; ni realizar operaciones en los hospitales, porque no hay energía, quedando los quirófanos inservibles; o cocinar con otra cosa que no sea leña, con lo que eso supone para las enfermedades respiratorias. Tampoco puede facilitar combustible a los aviones que aterricen en la isla ni mantener los hoteles abiertos con ciertas condiciones, lo que hace que una de sus principales vías de ingresos, el turismo, haya desaparecido.

De la misma manera, la presión estadounidense está llegando a extremos de que países latinoamericanos estén cortando los programas de cooperación con médicos cubanos, algo que también suponía una vía de ingresos para La Habana.

“Sabemos lo que significa este embargo petrolero y lo que siempre ha significado, lo que siempre han significado las sanciones. Se trata de un cambio de régimen mediante el hambre. Eso es lo que intentan hacer”, decía este martes en Democracy Now Daniel Montero, periodista cubano de Belly of The Beast: “Y ahora mismo, con el bloqueo petrolero, la situación es peor que nunca. Como cubano, como residente de este país, donde vive toda mi familia, me resulta absolutamente indignante escuchar a Donald Trump y a la Administración estadounidense decir que intentan ayudar a Cuba, que intentan liberarla, porque no explican el precio que exigen. El camino para lograrlo es el sufrimiento del pueblo cubano, la muerte del pueblo cubano”.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de un “colapso humanitario” en Cuba hace un mes. Y más tarde ha hablado de “riesgos humanitarios agudos”, e incluso está en conversaciones con EEUU para que entre en Cuba “combustible con fines humanitarios”.

Pero la Casa Blanca es inflexible. Y más aún cuando quien habla es el cubanoamericano que más lejos ha llegado en la Administración estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado de Trump: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no pueden arreglar. Así que tienen que cambiar drásticamente. Tienen que tomar decisiones importantes allí”. Y cuando se le pregunta por la responsabilidad del bloqueo estadounidense en la crisis humanitaria en Cuba, contesta: “El embargo está ligado al cambio político en la isla. El embargo está codificado. Pero la conclusión es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional, que ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. Y los responsables no saben cómo solucionarlo. Así que tienen que poner a gente nueva al mando”.

Es decir, EEUU mantendrá la presión hasta que caiga el Gobierno cubano. Llevan 67 años así, pero la situación ahora parece más crítica que nunca. Y así lo transmite Trump, quien este lunes afirmaba: “Creo que voy a tener el gran honor de ser quien tome el control de Cuba”.

En efecto, porque Cuba es un símbolo, un fetiche de los presidentes estadounidenses desde hace 67 años, pero también un elemento fundamental de las batallas políticas y culturales que ha emprendido Trump en este mandato: Trump quiere pasar a la historia como el presidente que tumbó el chavismo y el castrismo. Y lo sabe, y le encanta.

Esta Administración ha teorizado desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de un año que Donald Trump está actualizando la doctrina Monroe, rebautizada como Donroe, que viene a trasladar al siglo XXI las tesis de control teorizadas a principios del siglo XIX por el presidente Monroe de lo que ellos llaman el Hemisferio Occidental, conocido como continente americano por el resto del mundo.

La doctina Monroe, reforzada por la teoría del Destino Manifiesto de finales del siglo XIX, aderezada con las ansias neoimperialistas de Donald Trump hasta el punto de amenazar con tomar Groenlandia, conduce a que el presidente de EEUU quiera intervenir en todos los procesos políticos posibles en Latinoamérica: desde soltar a un ex presidente hondureño condenado por narcotráfico para interferir en las elecciones del país, hasta condicionar un rescate a Argentina a un buen resultado de Javier Milei en las legislativas, hasta incluir en la lista de sancionados por narcoterrorismo al presidente colombiano, Gustavo Petro; o a secuestrar al venezolano, Nicolás Maduro; y asfixiar hasta lo imposible al pueblo cubano hasta que tenga que ceder, también, a la tutela estadounidense a cambio de una relajación del bloqueo... O crear una alianza militar con gobiernos afines, al margen de la OEA y cualquier organización multilateral existente para supuestas operaciones conjuntas contra el narcotráfico en América Latina.

Así, por ejemplo, ya han empezado hace unas semanas con operaciones militares en Ecuador, y este martes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciaba bombardeos en suelo colombiano provenientes de Ecuador. Y todo esto a escasas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia –31 de mayo–, a las que acude como favorito el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, después de haber sido la principal fuerza en las legislativas recién celebradas.

Trump asume que América Latina es su “patio trasero”, como dijo una vez su portavoz, Karoline Leavitt, quiere quedarse con Cuba y no va a parar hasta acabar con el último símbolo comunista de América Latina. “Sería un gran honor”, ha dicho esta semana. Y eso lo dice todo.

Buena parte de la historia de Estados Unidos está mediada por la guerra fuera de sus fronteras. No en vano es el país que ha protagonizado más intervenciones en países extranjeros en los últimos 100 años, una tradición que encaja muy bien en esa forma que tiene Donald Trump de hacer política buscando imponerse por la fuerza y saltándose todas las reglas.

Hace unos días, después de que Trump iniciara sus ataques sobre Irán de la mano de Israel, me di una vuelta por el National Mall, una explanada en Washington donde se concentran varios de los principales memoriales militares del país.

En concreto, quise ver más de cerca los de las guerras de Vietnam y de Corea. De alguna manera, sentía que había cierto paralelismo entre aquellas guerras y la actual en Irán: una misma potencia hegemónica, EEUU, queriendo intervenir por la fuerza en el designio de otros países, lejanos, que ni siquiera suponen una amenaza real para ella.

Y del mismo modo que EEUU entró en aquellas guerras movido por sus ambiciones geopolíticas, los bombardeos que arrancaron en la madrugada del 28 de febrero comparten esas motivaciones de reconducir políticamente, por la fuerza y saltándose el derecho internacional a un país de 91 millones de habitantes como Irán.

Para ello, EEUU e Israel han matado a la cúpula política del país, están arrasando con bombas zonas civiles y han asesinado a 175 personas en una escuela, la mayoría niñas. En total, la cifra de civiles muertos en Irán supera ya los 1.300, según el embajador ante Naciones Unidas. Entre las filas estadounidenses, por su parte, se han registrado siete víctimas mortales y unos 140 heridos.

Los memoriales –como llaman aquí a los monumentos conmemorativos– de Vietnam y Corea dicen mucho de cómo se vive la guerra en este país, y de cómo esa visión se transmite a lo largo de la historia.

El monumento de Vietnam recoge los nombres de los casi 60.000 soldados que fallecieron en la década en que EEUU desplegó tropas en el país –1963-1973–, si bien EEUU llevaba ya muchos años implicado en la zona, desde la guerra francesa de Indochina contra la independencia del país.

En la guerra de Vietnam, que duró dos décadas, entre otras cosas por la participación de EEUU en apoyo a Vietnam del Sur, murieron entre 1 y 3 millones de vietnamitas, según los cálculos, y entre 200.000 y 300.000 camboyanos. Es decir, fue una masacre prolongada en el tiempo por el imperialismo de la Casa Blanca, que incluso engañó a su población y al Congreso de EEUU sobre lo mal que le iba en el frente, como desvelaron los Pentagon Papers.

Los Papeles del Pentágono eran un estudio secreto del Departamento de Defensa filtrado en 1971 por Daniel Ellsberg. El informe demostraba que varias administraciones (desde Harry Truman hasta Lyndon Johnson) sabían que la guerra en Vietnam era muy difícil de ganar, pero siguieron escalándola mientras decían al público que iban hacia la victoria.

Pero nada de eso aparece en el monumento: ni una sola mención a lo que llevó a EEUU a desplegar tropas allí –impedir la unificación entre el Sur y el Norte comunista–; ni a los millones de civiles muertos en esa guerra alimentada por Washington; ni al daño del napalm del que huía la niña llamada Kim Phuc corriendo desnuda por una carretera; ni a la manipulación política que se realizó; ni al contexto histórico en el que se produjo; ni a las protestas civiles que se produjeron en EEUU contra la guerra y que movilizaron a una sociedad que sufrió una gran represión policial.

Uno de los ejemplos que queda en el recuerdo, recientemente relatados en una película que se puede ver en Netflix –El juicio de los 7 de Chicago–, tiene que ver con uno de los procesos judiciales más polémicos de la historia política reciente de EEUU tras las protestas contra la guerra de Vietnam durante la convención demócrata de 1968 en Chicago. El juicio se volvió simbólico porque muchos vieron el proceso como un intento del gobierno de castigar y disuadir la protesta contra la guerra de Vietnam.

Las protestas en Chicago fueron violentamente reprimidas por la policía. Una investigación posterior —la National Commission on the Causes and Prevention of Violence— concluyó que hubo un “riot policial”, es decir, disturbios provocados por la policía.

El caso se convirtió en un debate nacional sobre la libertad de expresión, el derecho a protestar y el abuso del sistema judicial contra activistas. En 1972, una corte de apelaciones anuló las condenas, señalando irregularidades en el juicio. El juicio fue importante porque mostró hasta qué punto el gobierno estaba dispuesto a usar el sistema judicial para controlar la oposición política durante un momento de enorme oposición a la guerra de Vietnam.

Pero nada de eso aparece en el memorial. EEUU llena su memoria de recuerdos de guerras en las que intervino, muchas de ellas a miles de kilómetros y por sus propios intereses, y en las que murieron civiles, víctimas inocentes. –miles, cientos de miles o millones– que no son tenidos en cuenta.

El monumento de la Guerra de Corea, en la que EEUU participó al frente de un ejército aprobado por el Consejo de Naciones Unidas en ausencia del embajador ruso (1950-1953), recuerda a los 33.600 soldados muertos en combate, pero no al millón de personas que murió en esa guerra, que supuso el primer pulso bélico entre el área de influencia de EEUU y el de las potencias comunistas –Rusia y, sobre todo en este caso, China–.

De momento, la narrativa en el caso de la guerra en Irán está siendo la misma: Donald Trump culpa de la matanza de la escuela iraní a los propios iraníes, a pesar de que todos los indicios apuntan a EEUU al haber sido causada por un Tomahawk; no tiene ningún recuerdo para los más de 1.200 muertos en el lado iraní, al tiempo que rinde homenaje solo a los siete soldados propios; y justifica la guerra a miles de kilómetros de EEUU por una amenaza no demostrada.

Si bien en este caso las movilizaciones sociales no son comparables con las que terminaron produciéndose con Vietnam, entre otras cosas porque aquella guerra duró una década e implicó soldados en el frente que no solo murieron, sino que muchos resultaron heridos –300.000–, mutilados o con secuelas mentales para siempre.

Sin embargo, según las encuestas que se han publicado, la guerra en Irán es la que menos apoyo tiene entre los estadounidenses desde el inicio de las acciones militares. De acuerdo con una recopilación hecha por medios estadounidenses, la actual guerra cuenta con un apoyo del 41%, lejos del 97% de la Segunda Guerra Mundial; el 92% de la invasión de Afganistán tras el 11S y el 76% de la invasión de Irak, por ejemplo.

El apoyo a las guerras suele disminuir con el paso del tiempo, a medida que aumentan las bajas y los estadounidenses empiezan a sentir los costes de la guerra. Uno de los casos paradigmáticos es la guerra de Vietnam: cerca de su inicio, el 60% de los estadounidenses no consideraba la guerra un error. Pero, a medida que aumentaba el número de bajas, también lo hacían las dudas de la ciudadanía.

En 1969, la mayoría afirmaba que la guerra había sido un error. Esa cifra siguió aumentando a medida que avanzaba la guerra.

No existen encuestas sobre la aprobación pública de la guerra de Vietnam al inicio del conflicto, explica The New York Times.

De alguna manera, todas estas guerras recientes, algunas desatadas con mentiras flagrantes, como la de Irak, han ido consolidando la oposición actual a las intervenciones militares en el extranjero, tanto entre demócratas como en buena parte del trumpismo. A pesar de eso, el actual presidente de EEUU, que llegó a la Casa Blanca prometiendo la paz en el mundo y el “final de las guerras interminables”, ya lleva bombardeados siete países desde que juró el cargo –Somalia, Venezuela, Irán, Yemen, Nigeria, Siria, Irak–.

Me pasa muchas veces en Estados Unidos. Las personas progresistas o de izquierdas con las que hablo me preguntan siempre por el Gobierno de España. Desde aquí, se ve como uno de los pocos referentes progresistas del mundo occidental, como uno de los pocos países que planta cara a Donald Trump en asuntos fundamentales, como el genocidio en Gaza, la migración, el gasto militar en la OTAN y los ataques a Venezuela e Irán.

Hay incluso alguno que te recuerda la intervención de Pedro Sánchez en un homenaje a José Mujica en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre pasado. En aquellos días, el presidente del Gobierno se convirtió en un antagonista del trumpismo por su denuncia del genocidio israelí, el apoyo a la flotilla a Gaza y la defensa de un mundo basado en las reglas que Trump se salta cada día.

En un contexto internacional en el que la Unión Europea se muestra paralizada ante los desmanes de Donald Trump y en el que las voces discordantes progresistas hay que buscarlas en Sudáfrica, Brasil o Colombia, la voz de España resuena fuerte entre la izquierda estadounidense.

La izquierda estadounidense no hila tan fino como para tener presente que se necesitaron varias repeticiones electorales y cuatro años –desde diciembre de 2015 a noviembre de 2019– para que Sánchez dejara de mirar a su derecha –ahí está el acuerdo con Albert Rivera de febrero de 2016– y se comprometiera a cogobernar con su izquierda, en aquel momento liderada por Pablo Iglesias y Unidas Podemos, para inaugurar en enero de 2020 el primer gobierno de coalición desde la restauración democrática en España.

Las personas de izquierdas en EEUU tampoco están en el detalle de que el Gobierno español no aprobó el embargo formal de armas a Israel hasta septiembre de 2025, cuando se cumplían dos años de genocidio, por las resistencias de la parte socialista, presionada por los movimientos sociales y los socios de gobierno –Sumar– y de investidura –Podemos, Bildu, ERC, BNG–.

Del mismo modo, tampoco saben que hasta ese embargo formal se han registrado transacciones comerciales relacionadas con armas mientras se producía el genocidio, y que tiene excepciones, como la concedida a Airbus a finales de diciembre pasado.

Pero también es cierto que el presidente del Gobierno español, consciente de sus socios de Gobierno y de investidura –como sabía el propio secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio–, se negó a comprometer el 5% del PIB en gasto en defensa como se pedía en la cumbre de la OTAN de junio de 2025. De la misma manera que el Gobierno español ha censurado el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y ahora ha prohibido el uso de sus bases militares para el ataque ilegal a Irán de la mano de Israel.

En efecto, ningún otro país se opuso frontalmente a Trump en la cumbre de la OTAN, si bien quedó sin resolverse el debate sobre si es realista o no el plan español de poder satisfacer los compromisos de los aliados con el 2% del PIB, cosa que no se cree la Alianza Atlántica.

En aquellos días, el Gobierno español se llevó la ira de Donald Trump, quien ya amenazó por primera vez con sanciones comerciales a España por no obedecer a sus exigencias.

No en vano, lo que está haciendo Trump es caja: exige un aumento del gasto militar en Europa para vender las armas que se suministran a Ucrania. Es decir, factura las armas, incentiva su industria y refuerza su mercado laboral, al tiempo que se lucra de la guerra de Ucrania.

Lo que tampoco le gusta a Trump es que España se presente como modelo de acogida de migrantes. A pesar de los asesinatos en la valla de Melilla en junio de 2022, que nunca tuvieron consecuencias políticas para Fernando Grande-Marlaska, es verdad que España acaba de aprobar una regularización de migrantes impulsada por las organizaciones sociales y la izquierda que sostiene al presidente Sánchez. Y que el discurso del Gobierno español no tiene nada que ver con la narrativa criminalizadora de la Administración Trump.

En efecto, el presidente de EEUU ha desatado una ola de represión migratoria que se ha traducido en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en enero pasado en las calles de Minneapolis y que ha ido tan lejos que hasta sus bases republicanas no la apoyan en las encuestas.

Trump se desquicia con España. Hasta por las medidas anunciadas por el Gobierno para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y combatir los contenidos ilegales online y la desinformación, abriendo la puerta a la persecución penal de los CEO de las plataformas digitales que los permitan e instando a la Fiscalía a investigar los delitos cometidos por Grok (la Inteligencia Artificial de X), Tik Tok y Meta. Una serie de decisiones que llevaron al aliado de Trump y dueño de X, Elon Musk, a atacar a Sánchez: “Es un traidor al pueblo de España”.

Pero lo de Irán ha sido la reacción más furibunda hasta el momento. A Trump le molestó mucho el gasto militar, pero ahí había mucho de resentimiento hacia quien no lo obedece, con lo que le gusta la gente que le hace la pelota hasta la vergüenza ajena, como Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Y ahora con Irán ha desatado su furia, amenazando incluso con “embargos” a España.

“España ha sido terrible”, ha dicho Trump: “De hecho, le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos”.

“Puedo decidir parar hoy todo lo que hacemos con España, podemos hacerlo ahora mismo. Nos lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, ha dicho Trump. Bessent ha dicho que el Supremo “reafirmó su capacidad para aplicar un embargo”.

¿Lo hará Trump? ¿Aterrizará por primera vez todas las amenazas que lleva acumuladas contra España, aunque eso suponga un conflicto general con la UE porque la política comercial europea está transferida a la Comisión Europea?

Pues eso es algo que iremos viendo en los próximos días. Pero lo que está claro es que Trump se desquicia con España.