Todo son síntomas de la desesperación. Del miedo a perder. Por mucho, incluso. Son síntomas de que la promesa con la que Donald Trump volvió a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre de 2024, hace exactamente dos años, está siendo incumplida: mejorar la vida de los estadounidenses, golpeados por los precios de la vivienda, la cesta de la compra y la falta de competitividad de las empresas. Trump prometió que EEUU sería su prioridad –America First– para hacerlo grande –MAGA–.

Pero lo cierto, dos años después, es que las cosas están peor que hace dos años debido al efecto de sus caprichosos aranceles y sus guerras unilaterales, como la desatada contra Irán el 28 de febrero pasado.

Trump sabe que las encuestas le sitúan por los suelos y que se arriesga a perder el control del Congreso, lo que puede traducirse en una ofensiva de audiencias contra decisiones polémicas o de dudosa legalidad –desde los asesinatos extrajudiciales en el Caribe hasta la represión migratoria, pasando por el uso de la justicia contra rivales políticos, las obras arbitrarias en la Casa Blanca o los negocios de su yerno, Jared Kushner, aprovechándose de su posición–.

Pero también se puede traducir en poner en marcha el impeachment –procedimiento de destitución–, para lo que basta con la mayoría simple de la Cámara de Representantes, si bien para ejecutar la destitución serían necesarios 67 senadores –de 100–, algo que no va a pasar.

Y todo eso le mantiene inquieto, haciendo campaña todos los días, con varios actos, recorriendo el país, poniéndose al frente de una campaña que cada vez se le pone más cuesta arriba al Partido Republicano, precisamente, por la crisis de popularidad del presidente y sus políticas.

Así, Trump ha decidido huir hacia adelante con medidas desesperadas, como el acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para desmontar las sanciones contra el petróleo ruso por la invasión de Ucrania, con el deseo iluso de ver una caída del precio de los combustibles en EEUU antes de las elecciones de mitad de mandato, afectados por las consecuencias de la invasión de Irán.

Pero esa desesperación también se evidencia en que cada vez está teniendo un comportamiento más burdo y agresivo. Así, este fin de semana llamó a Noruega “país de mierda”, dolido por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. En efecto, la misma persona que lanzó un bombardeo ilegal sobre Irán el 28 de febrero, en el que murieron, entre miles de personas, dos centenares de escolares, y que ha amenazado con “eliminar una civilización” de 90 millones de habitantes, no entiende por qué no tiene el Nobel de la Paz.

Trump, además, sugirió que Estados Unidos debería aceptar a menos inmigrantes noruegos y afirmó: “A mí no me han dado el Premio Nobel. Así que no quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega”.

Y si el presidente de EEUU está obsesionado con el Nobel, no lo está menos con Abdul El Sayed, el candidato demócrata al Senado por Michigan que puede lograr una victoria fundamental al imponerse en un territorio tradicionalmente republicano y convertirse en el primer senador musulmán, al tiempo que amplía la representación de la familia más progresista.

Así, este fin de semana la huida hacia adelante islamófoba ha llevado a Trump a asociar a El Sayed con el 11S. En un mitin celebrado este domingo en Michigan, Trump acusó a El Sayed de ser “un yihadista” al tiempo que invitaba a participar en el acto al padre de un pasajero que se enfrentó a los secuestradores del 11S. Trump, además, dijo que El Sayed “tendría que pasar por un detector de metales antes de que se le permitiera entrar en el Senado”.

El propio El Sayed respondió este lunes a la obsesión de Trump por referirse a él por su segundo nombre, Mohamed, durante un acto con Bernie Sanders: “Para ti seré el senador Mohamed, bro”. Y añadió, dirigiéndose a sus seguidores: “Creen que, al señalar mi nombre y mi fe, de alguna manera vais a ignorar el hecho de que no podéis pagar la gasolina ni la compra, ni ir al médico”.

El Sayed se enfrenta al candidato republicano Mike Rogers el 3 de noviembre, en una de las contiendas más reñidas por uno de los pocos escaños que podrían decidir el equilibrio de poder en el Congreso. Actualmente lo ocupan los demócratas.

Para dar la vuelta a la mayoría de 53-47 del Senado que poseen los republicanos, los demócratas necesitan recuperar cuatro escaños.

Las plazas donde lo están acariciando son: Carolina del Norte (el exgobernador Roy Cooper lidera en las encuestas al republicano Michael Whatley); Ohio (el exsenador demócrata Sherrod Brown busca recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted); Alaska (la demócrata Mary Peltola desafía al senador republicano Dan Sullivan); Maine (la veterana senadora republicana Susan Collins se enfrenta al demócrata Troy Jackson); Texas (el demócrata James Talarico compite frente al republicano Ken Paxton); Iowa (el demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson) y Kansas (entre el republicano Roger Marshall y el demócrata Adam Hamilton).

Durante su intervención del domingo, Trump acusó, sin ninguna prueba: “Si Abdul y los demócratas ganan, abrirán las compuertas e invitarán a hordas de yihadistas a nuestras costas, creando una pesadilla de violencia y terror hasta el punto de que ni siquiera podréis celebrar la Navidad”.

Trump lanzó diversas acusaciones falsas contra El Sayed, como que era miembro de los Hermanos Musulmanes, y presentó como orador invitado al padre de Todd Beamer, un hombre de Míchigan que formaba parte del grupo de pasajeros que se enfrentó a los secuestradores del vuelo 93 de United Airlines, antes de que el avión se estrellara en un campo de Pensilvania. “Míchigan tiene que levantarse y luchar, tal y como hizo Todd, para impedir que un yihadista entre en el Capitolio”, afirmó Trump.

Anuncio brutal

En la campaña para gobernador de Ohio, el republicano Vivek Ramaswamy está difundiendo el testimonio de la madre de su rival, Amy Acton, en el que, básicamente, tacha a su hija de mentirosa y afirma que no se puede confiar en ella: “Me llamo Donna Arthur y soy la madre de Amy Acton. Ha mentido toda su vida. Mi hija necesita ayuda, y no puede ayudaros si ella misma necesita ayuda. No votéis a gente que miente. No dejéis que se convierta en vuestra gobernadora”.

Y lo que ese anuncio omite por completo es la historia de fondo de por qué la madre de Amy Acton está distanciada de su hija.

La candidata demócrata, Amy Acton, afirma que no habla con su madre desde que ella tenía 12 años, y eso se debe a que su madre perdió la custodia tanto de ella como de su hermano.

Y los documentos facilitados por la campaña muestran que su padrastro había sido acusado de violarla. Su padrastro se declaró inocente y huyó del estado antes del juicio.

Así que la persona que aparece en este anuncio, su madre, estuvo casada con el hombre que supuestamente la violó y por el que tomó partido en lugar de su hija.

Ahora el temor de los republicanos es que el anuncio no solo vaya a perjudicar potencialmente a Ramaswamy, sino también a toda la candidatura republicana en un estado que es crucial para el Senado y que también cuenta con al menos una contienda clave para la Cámara de Representantes.

Pero Trump prefiere desatar la máquina del fango. “Vivek Ramaswamy ha publicado un anuncio muy contundente en el que una madre afirma que su hija, Amy Acton, que se presenta a gobernadora de Ohio, es una mentirosa y cosas mucho peores”, ha afirmado el presidente de EEUU en Truth Social: “La prensa, en un ataque concertado y bien coordinado, está intentando que Vivek Ramaswamy 'retire el anuncio'. Francamente, si la madre de cualquiera hablara así de su hija, lo normal sería que a la hija se le impidiera ocupar un cargo público, y mucho menos el de gobernadora. [...]. Yo sugerí que Vivek siguiera adelante y dejara que todo el mundo escuchara a la madre de una candidata defectuosa, deshonesta e incapaz explicar cómo su hija es un DESASTRE que, sin control alguno, miente, engaña y roba. La prensa está intentando convencer a todo el mundo de que este anuncio es malo, ¡porque es demasiado bueno! ¿Quién no utilizaría un anuncio así? Yo lo haría; a eso se le llama 'dar en el clavo”.

De llamar “país de mierda” a Noruega a acusar de “yihadista” a El Sayed, pasando por la difusión de anuncios brutales contra sus rivales. Trump está convirtiendo el último tramo de la campaña en una sucesión de insultos, islamofobia y ataques personales.

“Esto es lo que significa que los multimillonarios sean los propietarios de los medios de comunicación”, decía estos días el senador Bernie Sanders en X: “Meta, de Mark Zuckerberg, cerró la cuenta de No Kings durante horas en pleno apogeo de sus protestas. Meta suprimió cuentas que apoyaban al presidente de Brasil, Lula da Silva, en las recientes elecciones. TikTok, de Larry Ellison, bloqueó la publicidad de un documental que criticaba a Elon Musk”.

Y sentenciaba: “Luchad. Derrotad a la oligarquía. Defended la democracia”.

Y es que eso es lo que está en juego en estos momentos en el mundo: la propia democracia, a menudo imperfecta, incompleta y mejorable. Porque entran en juego granjas de bots, publicaciones manipuladas con inteligencia artificial, la parcialidad de los tecnoligarcas como Mark Zuckerberg, Elon Musk o Larry Ellison, que cenan cotidianamente en la Casa Blanca con Donald Trump, y los que ponen todos sus medios para contribuir a victorias electorales en América.

Estos días hemos visto cómo el PT, el partido de Lula, iba a los tribunales a denunciar que Meta estaba favoreciendo la viralidad de los posts relacionados con Flavio Bolsonaro, al tiempo que su IA se veía trabada a la hora de hacer carteles con Lula, presidente, cosa que, casualmente, no le ocurría con el candidato ultra.

Precisamente la regulación de las plataformas digitales fue uno de los primeros grandes encontronazos entre Lula y los tecnoligarcas, que han contado con un aliado fundamental en la Casa Blanca desde enero pasado. Ya Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil en una campaña llena de contaminación, bulos y mentiras en redes sociales. Ahora, ocho años después, con la IA mucho más desarrollada y los algoritmos más perfeccionados, la situación es mucho más compleja para aquellos candidatos que no tengan afinidad con el eje Trump-tecnoligarcas, engrasado por los creadores de granjas de bots para viralizar contenidos, ya sean contra el rival o a favor del candidato.

En este caso, el ejemplo paradigmático es el de Cerimedo, aliado de Javier Milei y Javier Negre, detenido por intento de asesinato de su esposa, Nadia Beller, y actor imprescindible en las victorias recientes de todos los candidatos deseados por Trump: desde Honduras hasta Bolivia, donde el Gobierno ha detenido al Fiscal General señalado por el Departamento de Estado de EEUU, Roger Mariaca, después de que éste investigara a Cerimedo, colaborador del presidente del país, Rodrigo Paz.

Pero, claro, Cerimedo no sólo se lleva bien con los presidentes ultras latinoamericanos. También trabaja estrechamente con un experto en desinformación en redes sociales, Brad Parscale, quien sirvió a Trump nueve años desde 2011. Se desempeñó como asesor principal de datos y operaciones digitales para la campaña presidencial de Donald Trump en 2020, y ahora está en nómina del Gobierno de Israel.

Cerimedo, además, ha frecuentado al hijo mayor de Trump, Donald Jr, junto con Parscale. Y su esposa, Nadia Beller, ha asegurado que tiene conexiones con la CIA.

A la espera de lo que pase el domingo en Brasil, lo cierto es que la segunda presidencia de Trump se está caracterizando por el efecto dominó en los gobiernos latinoamericanos, cayendo uno tras otro hacia la extrema derecha, siempre con los mismos actores en cada teatro de operaciones, cada uno desde su trinchera. Pero todos alineados con Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

De la misma manera, Trump ha expresado sus simpatías por el húngaro Viktor Orbán, el polaco Karol Nawrocki, el británico Nigel Farage y la ultraderecha alemana AfD. Además, está señalando a Macron por las movilizaciones en Francia, contraponiendo esas protestas, a las que asocia con la migración, con su agenda ultra de cierre de fronteras. Casualmente, Parscale está tuiteando en la misma línea.

El siguiente hito son las midterms, en dos semanas, para las que ya se ha denunciado el boicoteo por parte de Meta de las cuentas de No Kings. Y luego llegan las elecciones en España, dentro de cinco, donde el Gobierno, uno de los más antagonistas del planeta con la Casa Blanca, se juega su supervivencia frente a una coalición de las derechas que incluye a los trumpistas de Vox.

El último episodio de esa ofensiva trumpista contra el Gobierno español ha sido la amenaza de gravámenes contra navíos españoles en venganza por el cierre de los puertos españoles para las escalas de mercantes con armas para Israel.

“Especialmente, tras las elecciones de mitad de mandato, existe un riesgo real de que Estados Unidos dirija su atención hacia España”, afirma Connor Mulhern, investigador experto en campañas que ha trabajado sobre las diversas conexiones en relación con Cerimedo y cómo dirigentes políticos maniobran con Meta políticamente.

Mulhern añade que “resulta extremadamente difícil rastrear estas operaciones, sobre todo porque implican el uso de bots u otras manipulaciones entre bastidores que son difíciles de detectar, pero aquí hay algunas señales”.

En este sentido Mulhern señala la difusión de más de 152.000 mensajes que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU tenía sobre José Luis Rodríguez Zapatero desde hace más de cinco años relacionados con el caso Plus Ultra como un ejemplo de las maniobras de la Administración Trump para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez con la exposición de información de forma selectiva para presentar una determinada imagen.

“Yo diría que la primera parte son ataques a nivel administrativo, lo que incluye a Zapatero, pero también críticas generales al Gobierno español, incluso sobre Ceuta; eso ya se ha hecho”, prosigue Mulhern: “Quizá no se pueda expresar de forma contundente, pero sí que encaja en el patrón general de utilizar recursos estatales para respaldar a la extrema derecha. La investigación a Zapatero y la puesta en libertad de Cerimedo forman parte de una estrategia en la que, a diferencia de administraciones anteriores, que evitaban cualquier apariencia de partidismo en las elecciones nacionales, ahora dicen: 'A la mierda, no nos importa, apoyamos a los nuestros'.

Musk ya potenció su propio algoritmo en el pasado porque se enfadó, así que no cuesta mucho imaginar que los ingenieros de Meta pudieran hacer lo propio. “Y es difícil rastrear sistemáticamente estas cosas porque, en el fondo, es muy complicado distinguir entre un tuit viral (orgánico), un tuit potenciado por bots (pagado mediante métodos turbios) o cuando alguien está manipulando el algoritmo. El Estado ya ha tomado algunas medidas, y es muy difícil distinguirlas; cualquiera de las tres cosas podría estar ocurriendo en un caso concreto, no les cuesta mucho manipular las cosas, y es casi imposible darse cuenta”, subraya Mulhern, quien recuerda que Israel ha intentado alterar las respuestas de los bots de chat para que sean más proisraelíes.

“Luchad. Derrotad a la oligarquía. Defended la democracia”, clamaba Sanders. En efecto, los gobiernos que quieran proteger su democracia necesitan regular el ecosistema de influencers pagados, bots y datos que se utilizan como armas contra los procesos democráticos, garantizando así que estos actores extranjeros no puedan intervenir con tanta facilidad. Eso sí, tendrán enfrente a Zuckerberg, Musk y la Administración Trump.

Por el camino, la encarcelación de Cerimedo no impide que actores paraestatales israelíes y estadounidenses —Parscale, Black Cube, Black Core y otros— mantengan el acceso a las mismas herramientas de marketing que hicieron más eficaz el trabajo de Cerimedo. Lo único es que necesitarán un nuevo socio local a través del cual puedan comercializar sus herramientas y defender sus intereses, constata la investigación de la IR.

Si bien Cerimedo había desarrollado una red de bots y construido una influencia real mediante un aparato de desinformación de derechas —La Derecha Diario—, su confesión reveló que la tecnología y el apoyo operativo provenientes de Estados Unidos resultaron ser mucho más eficaces que sus propios esfuerzos.

Dada la profunda integración de esta red dentro del aparato estatal estadounidense, Cerimedo es un peón de la versión más reciente de la Doctrina Monroe, dice la IR. Pero la verdadera amenaza no reside en un solo individuo, sino en el sistema que lo engendró. Un sistema que seguirá produciendo otros como él. Y que seguirá socavando la democracia si no se le pone límites.

Quedan tres semanas para las elecciones de mitad de mandato. Y una diferencia fundamental entre estos comicios y los de noviembre de 2024 es que, ahora sí, el movimiento propalestino y contra el genocidio israelí en Gaza ha ganado posiciones gracias a las primarias en el partido demócrata. Si en noviembre de 2024 Kamala Harris prefería hacer campaña con una republicana como Liz Cheney –hija de Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y uno de los principales artífices de la invasión estadounidense de Irak en 2003 con premisas falsas– en vez de mirar a las bases que denunciaban la limpieza étnica que estaba cometiendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Palestina, en 2026 Nueva York cuenta con su primer alcalde musulmán –además de socialista– y cuadros políticos progresistas propalestinos han ido ganando posiciones frente al establishment demócrata.

Hace poco estuve viendo American Doctor, una película documental dirigida por Poh Si Teng que cuenta la historia de tres médicos estadounidenses que viajan como cooperantes a Gaza y sufren los bombardeos de Israel sobre el hospital en el que trabajaban, operando a la multitud de civiles y niños alcanzados por el fuego generalizado del Ejército israelí.

La cinta muestra la desesperación de los médicos y su incredulidad ante la posibilidad de que las bombas alcancen su hospital, en el que no había ni escudos humanos ni militantes de Hamás armados ni nada de lo que la narrativa israelí, repetida por numerosos medios relevantes de Occidente, afirmaba cada día.

Días después, este domingo, estuve en una librería-cafetería, Busboys and Poets, en la presentación del libro de Mahmoud Khalil, el activista palestino y exestudiante de la Universidad de Columbia que fue arrestado por su participación en las protestas contra el genocidio en Gaza y que, pese a contar con residencia permanente en Estados Unidos, pasó 104 días detenido en un centro de detención migratoria en Luisiana. El local estaba abarrotado, y Khalil contaba su experiencia durante el encierro y la persecución que sigue enfrentando por parte de la Administración Trump, que continúa intentando deportarlo pese a que no ha presentado ningún cargo en su contra.

En efecto, la lucha propalestina, muy impulsada también en ámbitos universitarios, no es solo un ejemplo de solidaridad con Gaza, sino también un ejercicio de rendición de cuentas ante unas Administraciones estadounidenses que han financiado con su ayuda un genocidio que lleva más de 80.000 asesinatos y que ha sido televisado desde el primer minuto sin que le esté pasando una gran factura al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Esa lucha, además, se ha conectado directamente con la movilización contra otras políticas de Donald Trump, como el despliegue de la Guardia Nacional, la represión migratoria con el ICE o la deriva autoritaria.

El movimiento propalestino ha inyectado a las movilizaciones en Estados Unidos un vigor que no siempre las caracteriza y ha contribuido a reconfigurar hacia la izquierda la representación institucional del Partido Demócrata. Esta transformación se refleja en figuras como Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York; Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan; Janeese Lewis George, candidata a la alcaldía de Washington D. C.; Chris Rabb, aspirante al Congreso por Pensilvania; o Adam Hamawy, candidato al Congreso por Nueva Jersey. Todos ellos han expresado públicamente su rechazo a la ofensiva israelí en Gaza y han defendido un cambio de rumbo en la política estadounidense hacia Israel que ponga fin al apoyo de Washington al genocidio.

“El criterio para medir si un político es bueno o malo es si califica como genocidio lo que ocurre en Gaza”, decía este domingo Mahmoud Khalil. Y ese criterio ha pesado en las primarias del Partido Demócrata, en las que han ganado candidatos progresistas, tengan o no carné de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la mayor organización socialista de Estados Unidos.

El rechazo al genocidio israelí ya tiene dos de sus voces más destacadas en la Cámara de Representantes: Ilhan Omar (Minnesota), una de las congresistas más atacadas por Trump y cuya vivienda fue registrada este lunes por agentes federales en plena precampaña electoral, y Rashida Tlaib (Michigan), de origen palestino. Su presencia podría crecer considerablemente tras las elecciones del 3 de noviembre, con la posible llegada al Congreso de tres figuras de la izquierda socialista neoyorquina —Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez y Brad Lander—, además de los ya mencionados Chris Rabb y Adam Hamawy. En el Senado, esa corriente también podría ganar terreno con una eventual victoria de Abdul El-Sayed, mientras que el movimiento propalestino ya ha dejado sentir su influencia en Bernie Sanders, que ha adoptado una postura cada vez más contundente en su denuncia del genocidio en Gaza y del apoyo estadounidense a Israel. Un caso similar es el de Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata del DSA por Nueva York.

A esta ola de candidaturas progresistas se suma también James Talarico, aspirante al Senado por Texas, aunque procede de una cultura política distinta y su discurso no tiene el mismo componente antiimperialista que el de los anteriores.

Y todo esto no se entiende sin el movimiento propalestino, su capacidad de multiplicación y de articulación con otras luchas y activismos, así como sin su creciente relevancia en la política interna estadounidense. Según una encuesta de YouGov de octubre de 2026, el 41% de los estadounidenses considera que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza, frente a un 27% que rechaza esta afirmación y un 32% que no tiene una posición definida al respecto. Estas cifras reflejan un cambio histórico en la percepción de Israel entre la población estadounidense, en un país donde el apoyo al Estado israelí ha sido durante décadas uno de los grandes consensos de la política exterior. Y es que el genocidio en Gaza, para los estadounidenses, también es una cuestión de política doméstica, pues se lleva a cabo con dinero estadounidense, armas estadounidenses y municiones estadounidenses.

Este cambio de percepción y el surgimiento de una nueva generación de candidatos progresistas se están produciendo a pesar de la enorme influencia que ejerce en la política estadounidense AIPAC, el poderoso lobby proisraelí que, a través de sus estructuras de financiación electoral, destina millones de dólares a intentar derrotar a candidatos propalestinos, ya sean demócratas o republicanos, apoyando económicamente a sus rivales y financiando campañas en su contra.

En este contexto, fui este lunes a ver NAZA, un documental recientemente estrenado que recoge los testimonios de militares israelíes sobre el genocidio. Entre el público de la sala estaba el congresista demócrata por Maryland Jamie Raskin, quien durante años apoyó la asistencia militar estadounidense a Israel, pero que en una última votación respaldó recortar la ayuda militar al Gobierno de Netanyahu. En NAZA, los ejecutores del genocidio en Gaza cuentan cómo lo han llevado a cabo de forma sistemática con el uso de programas de inteligencia artificial y drones. NAZA es un acrónimo militar hebreo que se traduce como “daño colateral”, y algunos de los testimonios de la película explican cómo los mandos militares israelíes aceptaron 500 NAZA a cambio de matar a un supuesto dirigente de Hamás. En la cinta se aprende el grado de espionaje de Israel sobre los palestinos y cómo se ha diseñado su limpieza étnica por el Gobierno de Netanyahu, apoyado por todas las Administraciones estadounidenses.

Los antiguos miembros de las fuerzas armadas israelíes explican cómo bombardeaban a supuestos miembros de Hamás cuando creían que estaban en sus casas, a costa de aniquilar a toda la familia, incluidos bebés; se ve cómo se arrasaban las casas del norte de Gaza, vacías, porque toda la población había sido desplazada al sur. “Eliminamos su historia”, decía una fuente, al describir cómo quemaban las casas en apenas 8 minutos, con fotos, recuerdos, enseres... Todo.

¿Y por qué? Porque, para ellos, todos los palestinos son supuestos terroristas y, por extensión, también lo son todos los musulmanes, y, en ese contexto, como dijo Netanyahu en la ONU, “los israelíes son las víctimas de un genocidio, no al revés”.

NAZA es demoledora porque muestra la crudeza de un genocidio en curso y cómo incluso quienes acceden a contarlo, supuestamente arrepentidos, lo hacen con una naturalidad escalofriante. “Si no lo hacía yo, lo habría hecho otro”, decía uno de los testimonios. “Cumplía una misión”, alegaba otro de los participantes. “Yo tuve un papel técnico”, afirmaba el desarrollador de uno de los sistemas de inteligencia artificial utilizados para llevar a cabo el exterminio.

Cuando terminó la cinta, nadie del público se atrevía a hablar, y muchos de los asistentes no podían contener las lágrimas por lo que acababan de presenciar: el manual de un genocidio en pleno siglo XXI financiado por EEUU y con armas de EEUU.

'NAZA' nos muestra cómo se ejecuta un genocidio paso a paso, financiado y apoyado por EEUU, y todo eso ha generado un movimiento que está impulsando a la izquierda estadounidense a lograr una representación institucional nunca vista frente al autoritarismo de Trump.

Los parecidos son asombrosos. Y muy reales. El domingo por la noche, Donald Trump publicó en Truth Social: “125 millones de personas han votado hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se dieron a conocer poco después del cierre de las urnas, el MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EEUU, los resultados, con cifras mucho menores, suelen tardar semanas en ser 'amañados', quiero decir, en ser calculados. ¡¡¡Las elecciones en Estados Unidos son CORRUPTAS!!!”

¿En qué cabeza cabe que el presidente electo de EEUU afirme con rotundidad que las elecciones en su país, las mismas que acaba de ganar, están “amañadas” y son “corruptas”? En la de un presidente al que le interesa mantener siempre en circulación la carta del fraude para sacarla cuando pierde. Esa misma carta le sirve, además, para cuestionar o tratar de restringir aquellos mecanismos del sistema electoral que amplían el acceso al voto y facilitan la participación de sectores que tienden a votar por el Partido Demócrata.

Por ejemplo, la posibilidad de votar sin presentar una identificación oficial con fotografía, una práctica histórica en EEUU, un país que carece de un DNI oficial y obligatorio. A diferencia de España, EEUU no cuenta con un carné identificativo que todos los ciudadanos estén obligados a tener. Y eso es lo que quiere imponer Trump con su Save America Act que se encuentra varada en el Senado por falta de apoyos.

En efecto, millones de estadounidenses carecen de un documento con fotografía, e históricamente han podido ejercer su voto sin presentarlo. Sin embargo, obtenerlo puede requerir dinero, documentación adicional y tiempo, obstáculos que afectan especialmente a personas de bajos ingresos.

Algo parecido ocurre con el voto por correo y el voto anticipado. En EEUU, el día oficial de las elecciones cae en martes, un día laborable, y no existe un festivo federal que garantice a todos los trabajadores tiempo libre para acudir a las urnas. Poder votar antes o enviar la papeleta por correo facilita, por tanto, la participación de quienes tienen más dificultades para ausentarse del trabajo sin perder horas de salario.

La paradoja es que las restricciones de identificación se justifican habitualmente como una forma de combatir el fraude, sin pruebas de que ese fraude exista. Además, el tipo de fraude que podrían prevenir esas medidas (que una persona acuda a las urnas haciéndose pasar por otra) es extraordinariamente raro en EEUU. Y los estados donde no se exige presentar un documento siguen verificando la identidad de los votantes mediante otros mecanismos.

El argumento del fraude termina, así, sirviendo no solo para justificar nuevas barreras al ejercicio del voto, sino también para cuestionar resultados electorales adversos.

Esto es lo que pasa de forma cotidiana en EEUU desde hace seis años, con el asalto al Capitolio incluido y alentado por el presidente saliente entonces, Donald Trump, quien lleva hablando desde entonces de pucherazo sin pruebas. Por no mencionar que el sistema electoral brasileño alabado por Trump cuenta con urnas electrónicas similares a las denostadas por él mismo y sus seguidores MAGA. Eso sí, cuando luego volvió al cargo en enero de 2025, lo primero que hizo fue indultar a 1.600 condenados por el asalto al poder Legislativo estadounidense.

Pocas horas después de que Trump alabara el recuento del voto brasileño al tiempo que denostaba el estadounidense, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía este lunes, siguiendo el manual del presidente de EEUU: “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”. Y añadía, comparando a Pedro Sánchez con el expresidente venezolano: “Maduro también convoca elecciones”.

La música suena muy parecida: deslegitimación del proceso electoral, deshumanización del adversario y, si las elecciones no salen como estaban previstas, el camino de la insurrección ya habrá sido abonado. Como ocurrió en EEUU en enero de 2021; y en Brasil en enero de 2023 con el asalto al Palacio del Planalto –poder Legislativo–, en Brasilia antes de que jurara Lula: la ultraderecha abonó el camino al golpismo con la deslegitimación previa del proceso electoral. Algo parecido hizo también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones del 23J de 2023: “Le pido a los carteros que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo sagrado”. Y añadió, dando a entender que los directivos de la empresa pública promueven algún tipo de boicot a las opciones del voto por correo: “Les pido, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos”. 

El guion es el mismo cuando el PP critica la llamada Ley de Nietos sobre un supuesto intento de “alterar los censos” por parte del Gobierno central.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado: “La Ley de Nietos y el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez están alterando significativamente los censos electorales. Son millones de personas que aparecen en determinados municipios y pueden cambiar artificialmente el resultado de unas elecciones”.

Los marcos de Trump y el PP son calcados: deslegitimación de los procesos electorales, sombras y sospechas sin una sola prueba que avale esas teorías de la conspiración sobre supuestos fraudes.

Junto a la conspiranoia sin evidencias sobre los procesos electorales, las derechas europeas, y también españolas, asumen algunos ejes fundamentales de la agenda ultra trumpista: el llamado America First se convierte en “prioridad nacional” –abrazada por el PP en sus gobiernos con Vox– para justificar la represión de la migración y la criminalización del diferente como se ha visto recientemente en Ceuta en España o en Italia con Giorgia Meloni y Matteo Salvini, o en los programas de la ultraderecha alemana de AfD, que gana posiciones en las regiones del Este de Alemania.

De la misma manera, el combate político y cultural contra la transición energética y las políticas de diversidad y LGTBIQ+ en todos los ámbitos de la Administración Trump tiene su espejo en el negacionismo sobre los valores de la Agenda 2030, el cambio climático y las políticas machistas, homófobas y tránsfobas que defienden las derechas inspiradas por la presidencia estadounidense.

Y lo cierto es que el trumpismo gana posiciones en todo el mundo. Sobre todo en América Latina, donde este domingo Flávio Bolsonaro, hijo del condenado por golpismo Jair Bolsonaro, quedó primero en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Y donde Trump ya ha ganado para su causa a Colombia (Abelardo De la Espriella), Honduras (Nasry Asfura), Perú (Keiko Fujimori), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz Pereira), además de Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro. Además, Daniel Noboa y Javier Milei han consolidado su poder en Ecuador y Argentina, respectivamente. Y todo ello mientras mantiene el bloqueo energético a Cuba desde hace diez meses.

Y en todos los cambios de Gobierno, la Administración Trump no solo no ha sido neutral, sino que en muchos casos ha tenido un papel activo para extender el trumpismo en el continente. El recurso utilizado ha sido la bautizada como Doctrina Donroe, que es una adaptación a los tiempos de la teoría decimonónica de Monroe que ampara el neoimperialismo de Washington en lo que denomina Hemisferio Occidental.

¿Y cuál es una consecuencia inmediata de eso? La incorporación de los países a su Escudo de las Américas, para extender la presencia militar de EEUU en la región con la excusa de la “guerra contra el narcoterrorismo”.

Pero no solo eso: EEUU anunció la semana pasada “una nueva política de restricción de visados a los ciudadanos extranjeros, y a sus familiares directos, que socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico”. Y añadía el Departamento de Estado: “Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado. El Departamento de Estado está tomando medidas de inmediato para imponer restricciones de visado en virtud de esta política, en apoyo de los países participantes en la iniciativa Escudo de las Américas: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.

Horas después de publicarse ese anuncio del Departamento de Estado de Marco Rubio, el Gobierno boliviano detuvo al Fiscal General del país, Roger Mariaca, por supuestamente liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público que, según EEUU, protegía al “narcoterrorismo” en el país.

Injerencias, inspiración ideológica, temor o admiración. Las causas son variadas. Pero lo cierto es que el trumpismo está cruzando fronteras, y se extiende, como se está viendo estos días en España, azuzando teorías de la conspiración sin fundamento, cuestionamientos electorales sin pruebas y una difusa “prioridad nacional” que ampara la criminalización del diferente y la represión migratoria.

Hay un fantasma que recorre EEUU: el fantasma del affordability [asequibilidad]. Más allá de la broma de parafrasear el arranque del Manifiesto Comunista, de Friedrich Engels y Karl Marx, lo cierto es que el concepto affordability se ha convertido en una poderosa herramienta electoral para los demócratas y en un talón de Aquiles para Donald Trump, al tiempo que conecta las luchas en EEUU y las del resto del mundo, incluida España, por una vivienda digna.

Hace poco menos de un año, fui a Nueva York a un acto de Zohran Mamdani en la recta final de su campaña a la alcaldía de la ciudad. Se celebró en Queens, un domingo en el que aún tirito al recordar cómo, a medida que se ponía el sol, aumentaba el frío.

Aquel 26 de octubre de 2025 se abarrotó el centenario estadio de Forest Hills, donde han jugado al tenis Arthur Ashe, Ilie Năstase y Guillermo Vilas, entre otros; y donde han cantado Frank Sinatra, Bob Dylan y The Beatles, por ejemplo. A ese histórico escenario de Queens, repleto, Mamdani llegó impulsado por los 100.000 voluntarios que visitaron más de tres millones de viviendas en aquella campaña, en un puerta a puerta interminable para conducir a la alcaldía de la principal ciudad de Nueva York al primer musulmán, a un socialista de 34 años en un país criado en la Guerra Fría contra el socialismo; a un país que se encuentra presidido por un ultra sin complejos y con el Partido Demócrata con pocas respuestas.

Un año después, el manual de aquel joven militante del DSA (Democratic Socialists of America) se ha convertido en un modelo para el avance de posiciones progresistas en EEUU en general y en el Partido Demócrata en particular, con sonoras victorias en primarias en Nueva York, Michigan, Texas, Nueva Jersey, Providence, Washington DC... Y sus ejes programáticos están lejos de una revolución bolchevique, por mucho que Trump los llame comunistas cada día.

Los principales elementos del programa de Mamdani y del resto de progresistas, incluido el veterano e incansable Bernie Sanders, pasan por rebajar el coste de la vida a los estadounidenses, es decir, por el concepto de affordability que desde entonces domina la agenda política en EEUU, en particular entre las familias trabajadoras y vulnerables. Y eso pasa por la gratuidad del autobús, poner en marcha economatos municipales, limitar los alquileres para los más necesitados, construir vivienda pública y financiar escuelas infantiles gratuitas.

Y para que sea creíble la affordability, esta debe ir de la mano de políticas que supongan un reequilibrio económico; es decir, de intervención en los mercados y de mordiscos al capitalismo. En este sentido, Sanders y el resto de progresistas se esfuerzan por introducir en las campañas políticas el eje de clase –como la gira por todo EEUU bajo el lema “contra la oligarquía”–, que no cultiva el establishment demócrata, mientras el Partido Republicano se reivindica como la organización de la clase trabajadora estadounidense, por mucho que las políticas de la Casa Blanca aumenten la desigualdad y el presidente se reúna cotidianamente con tecnoligarcas.

Como explica un ex colaborador de Biden, Tim Wu, “se supone que las tiendas de alimentación gestionadas por el Gobierno de Mamdani abaratarán la leche, sí, pero también reducirán el poder de los grandes conglomerados alimentarios. La tasa de servicios públicos propuesta por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, para los centros de datos está diseñada para reducir los precios de la energía para los consumidores, sí, pero también para obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar por su propia infraestructura. Rob Sand, candidato a gobernador de Iowa, espera reducir los precios de la vivienda, sí, pero en parte impidiendo que los fondos de capital riesgo adquieran viviendas unifamiliares como inversión. Lo que estamos viendo es el resurgimiento de una ideología estadounidense ancestral basada en el equilibrio económico. Aunque carece de un nombre oficial, bien podría ser la ideología más popular del país”.

Es decir, la affordability no es un concepto revolucionario, y puede que sea uno de esos significantes flotantes que teorizó Ernesto Laclau; símbolos o nombres, términos o expresiones, que significan una cosa u otra en función de quién los lea o escuche. Salvo que se les empiece a poner apellidos, y entonces, sí, el concepto pueda ser más o menos reformista, o más o menos transformador.

Quizá por eso está teniendo tracción electoral en EEUU, y justo por eso molesta profundamente a la Casa Blanca.

Todas las fuerzas de la vieja América se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma, empezando por Donald Trump, podríamos decir, si queremos seguir parafraseando el Manifiesto Comunista, de Engels y Marx. De hecho, Trump despotrica del concepto de affordability diariamente, lo que supone un síntoma evidente de que le molesta profundamente.

“Hay algunas cosas que han hecho los demócratas que han sido muy perjudiciales para nuestro país”, decía este lunes Trump en un acto en Iowa: “Los precios estaban por las nubes. Yo he bajado los precios, pero a ellos les gusta hablar de affordability. Sin embargo, son ellos los que han provocado el problema de la asequibilidad. Son ellos los que han causado todos estos problemas”.

Pero, a pesar de sus palabras, la realidad es tozuda, y una gran parte de los estadounidenses afirma que el presidente Trump es el responsable de la situación económica actual a la que se enfrenta el país, incluyendo la elevada inflación y las preocupaciones sobre la capacidad de compra. La encuesta de Politico/Public First, publicada el jueves pasado, revela que el 43% de los encuestados cree que el presidente es en gran parte o totalmente responsable de la situación económica. La encuesta, además, pone de manifiesto una profunda división sobre el tema, ya que el 19% de los republicanos y el 70% de los demócratas atribuyen la culpa a Trump.

La mayoría de los estadounidenses encuestados considera que la preocupación por el coste de la vida es el principal problema al que se enfrenta Estados Unidos en este momento. Alrededor del 27% señala el “mal estado” de la economía y el 22% marca los altos impuestos como el principal problema del país.

Esta semana, el precio medio del galón –3,8 litros– de la gasolina sin plomo normal está en 4,45 dólares, según la American Automobile Association (AAA). El precio medio del gasóleo subió 40 céntimos durante el último mes. El diésel está en 6,43, lo que supone 80 céntimos más que hace un mes.

Al mismo tiempo, el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, sigue alrededor de los 100 dólares, frente a los poco más de 70 dólares de julio.

Además, los compradores de vivienda se encuentran con que la tasa media de los préstamos hipotecarios a tipo fijo a 30 años lleva meses subiendo y está en torno al 7%, su nivel más alto en más de 19 meses. El tipo medio no alcanzaba este nivel desde el 30 de enero de 2025.

“Hoy en día, más de 20 millones de hogares destinan más de la mitad de sus limitados ingresos a la vivienda y casi 800 000 personas carecen de hogar”, denuncia Bernie Sanders. En efecto, más de 43 millones de hogares estadounidenses destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda, incluidos 21,6 millones que gastan más de la mitad, mientras que casi 800 000 personas carecen de hogar.

Es decir, los costes de la vida siguen disparados para los estadounidenses, y, en este contexto, la affordability se ha convertido en ese fantasma que recorre todo el país y conecta las luchas por la vivienda digna con el resto del mundo.

Hace un año, cada día que entraba en la sede de la ONU para cubrir la Asamblea General, tenía que atravesar una concentración propalestina. Este año no hay ninguna. Hace un año, se produjo una cascada de reconocimientos del Estado palestino y se convirtió en el asunto central de la Asamblea. Este año, la Administración Trump ha vuelto a negar el visado a las autoridades palestinas para intervenir, por lo que han tenido que hacerlo con un mensaje enviado en vídeo, pero ya no ha sido un escándalo.

Mientras las víctimas del genocidio hablan a través de un vídeo, el responsable de ese genocidio, Benjamín Netanyahu, se paseará esta semana por las calles de Nueva York sin temer ser detenido por las órdenes de La Haya, cuyo tribunal quiere destruir Washington.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sí ha dicho que habría que detener a Netanyahu, pero no tiene competencias. Y el primer ministro israelí ha decidido que era buena idea amenazarle antes de aterrizar en la ciudad: “Voy a dirigirme a la ONU. Voy a decir la verdad sobre nuestros heroicos soldados... y voy a decir la verdad sobre usted [Mamdani]”.

El Grupo de La Haya, impulsado por Suráfrica –otro de los gobiernos más detestados por Donald Trump–, ha convocado un par de actos esta semana para seguir visibilizando el genocidio israelí. El lunes, con Bernie Sanders; y este viernes, con ministros de los países integrantes de la iniciativa.

Hace un año, en Nueva York estaba Gustavo Petro, que llegó a pedir una suerte de Brigadas Internacionales para defender a los palestinos, y llamó a los policías a no obedecer órdenes ilegales de la Administración Trump durante una gran manifestación propalestina en las calles de Nueva York, lo cual le valió la retirada del visado por parte de EEUU.

Este año no está Petro, ni nadie ha ido tan lejos en los discursos ni tampoco se prevé una manifestación masiva: el mundo ahora parece mirar hacia otro lado. Como ha dicho António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas en la Asamblea General, “los mal llamados 'alto el fuego' no han sido más que 'menos fuego', y son los civiles quienes siguen pagando el precio. Ya basta. Los combates deben parar; la ayuda humanitaria tiene que fluir; y hay que restablecer por completo los derechos y las libertades de navegación de conformidad con el derecho internacional. No debemos perder de vista la devastadora situación que impera en el Territorio Palestino Ocupado. Han pasado casi tres años desde los abominables atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Lo que siguió fue una acometida contra la población palestina de Gaza cuyo grado de matanza y destrucción no vi nunca en todos mis años como secretario general”.

Mientras Guterres habla de “un grado de matanza y destrucción” nunca visto en la historia reciente del mundo, EEUU trabaja para acabar con el organismo que persigue esos crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional.

Naciones Unidas, ese instrumento multilateral para la resolución de los conflictos creado tras la Segunda Guerra Mundial, esta semana se convierte en una sucesión de monólogos, una multitud de actos y actividades paralelas y en los márgenes, que se solapan unas con otras, en las que este periodista se multiplica para poder llegar a contar una mínima parte que pueda interesar a los lectores, en este caso.

Y te quedas con la sensación de no haber terminado de explicar bien las cosas, el contexto en el que ocurren, el significado, las implicaciones. Trump ha llegado exhibiendo su fuerza, la coacción con la que logra acuerdos que muchas veces ni se cumplen, apretando para quedarse con Groenlandia, y consiguiendo expandir su presencia militar allí. Y amenazando, de nuevo, con “aniquilar” Irán, un país de 90 millones de habitantes.

¿Cómo alguien puede hablar de aniquilar un país de 90 millones de habitantes y quedarse tan tranquilo? ¿Y cómo pueden oírlo 200 países con total normalidad?

Quizá no huela a azufre, recordando lo que dijo Hugo Chávez una vez aquí hace exactamente 20 años, pero la crueldad de los poderosos se respira en cada rincón de Naciones Unidas. Trump se pasea exhibiendo su diplomacia de la fuerza.

Para Guterres, la cuestión fundamental es la siguiente: “¿Haremos algo para que el poder se rija por el derecho en vez de la fuerza? ¿Por la cooperación en vez de la coacción? ¿Por el sentido de responsabilidad hacia la juventud y las generaciones futuras en vez de la indiferencia ante su destino? Porque los retos decisivos de nuestra época no son ajenos a la cuestión del poder: son más bien manifestaciones de ese poder. Y serán esos retos los que determinen si nos dejamos arrastrar cada vez más hacia la división y la inestabilidad o si nos encaminamos hacia la cooperación, la justicia y la seguridad colectiva”.

Este lunes, la noche previa a la inauguración de la Asamblea General, me acerqué a la iglesia de Riverside, un símbolo progresista de Nueva York, que ha acogido discursos históricos de Martin Luther King (1967) y Nelson Mandela (1990). Allí se reunió más de un millar de personas para escuchar a oradores hablar sobre el genocidio en Palestina y la deriva autoritaria en EEUU.

Y Bernie Sanders, referente progresista de EEUU, afirmó: “Nos dirigimos rápidamente hacia una oligarquía mundial extremadamente peligrosa. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas personas habían concentrado tanta riqueza y tanto poder. Nunca antes habíamos visto una concentración de la propiedad tan enorme, ni un nivel tan sin precedentes de codicia, arrogancia e irresponsabilidad por parte de la clase dirigente mundial. En muchos sentidos, hoy asistimos a un retorno a la ideología de los monarcas, reyes, reinas y zares del siglo XIX, quienes creían, y creían sinceramente, que Dios les había otorgado el derecho a gobernar”.

La semana pasada estuve en el akelarre trumpista de Dallas. Era la primera vez que acudía a una convención de un partido estadounidense. Y fue bastante agotador: una sucesión de intervenciones durante dos días, cada uno de los cuales termina con un discurso de Trump y una actuación de un personaje con uno de los apelativos más singulares del mundo: Christopher Macchio, tenor presidencial.

¿Se imaginan qué pasaría si hubiera un tenor presidencial en España? Pues Donald Trump tiene uno y se lleva sin ningún tipo de polémica en Estados Unidos.

Al final del segundo día, cuando me disponía a salir del American Airlines Center de Dallas, dos señoras me preguntaron cómo había logrado entrar con una mochila. Les respondí que era periodista, y replicaron: “¡Fake news, fake news!” A su pregunta de a qué medio pertenecía, les dije: “Soy corresponsal español”. Y se lanzaron en español: “Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez a prisión”.

Ellas no sabían ni de lo que hablaban, pero les daba igual: repetían el mensaje de sus referentes políticos y mediáticos: los periodistas somos “fake news” y Pedro Sánchez debería estar en la cárcel, y eso que no tiene ni una acusación en los tribunales ni una causa abierta, ni una imputación, ni un suplicatorio, ni un juicio ni nada de nada.

Esa es una de las principales lecciones que aprendí en Dallas: el trumpismo tiene mucho que ver con una secta, y el culto al líder hace que Trump aparezca como infalible. Y cuando no dice la verdad de forma evidente, como cuando insistía en que el aforo estaba repleto, sus seguidores se ríen mientras miran las gradas vacías, pero no se sienten decepcionados. Al revés, les hace gracia.

En las pantallas, además, no paraban de poner un vídeo alucinante en el que explicaban cómo “Dios dio al mundo a Trump”, de forma totalmente mesiánica, mientras el eje de los discursos era persistente: Trump y los republicanos representan el “sentido común” mientras los demócratas están cooptados por “comunistas e islamistas”.

Y todo el mundo aplaudía, incluso cuando los ponentes prometían prohibir la ley sharía, como si en EEUU fuera esa una amenaza, como si alguien en alguna institución de EEUU defendiera la ley islámica, como si los únicos que en EEUU quieren llenar de religión la vida pública no fueran los cristianos. Pero ante eso no dicen nada, al revés, invitan a pastores evangélicos a dar discursos en la convención republicana. Y esta es otra lección: cómo el evangelismo cultural y político está penetrando en el Partido Republicano y el trumpismo.

Junto a la reivindicación de un supuesto sentido común frente al supuesto comunismo, prácticamente todos los intervinientes celebraron la represión migratoria y fronteriza.

Eso sí, ninguno tuvo un pensamiento para los miles de inocentes maltratados, los ciudadanos estadounidenses asesinados por el ICE ni los abusos a los derechos humanos cometidos.

Unos días después de concluir la fiesta del trumpismo en la que el presidente se permitió ofrecer 5.000 dólares a cambio de la victoria en noviembre, en lo que supone una evidente forma de comprar votos, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional constata las torturas en Alligator Alcatraz, que en lugar de ser un centro de detención temporal de inmigrantes, se constituyó en un lugar de castigo y tortura, en el que, además, se forzaba a los migrantes a ser recluidos en jaulas individuales como castigo.

Aquel centro se levantó como espectáculo de sus crueldades, y por eso lo llamaron Alligator Alcatraz, fantaseando con caimanes acechando a los migrantes.

El propio Donald Trump visitó el centro antes de su inauguración hace un año, y se presentó como un ejemplo de lo que había que hacer y de la cooperación entre el Gobierno federal y los estados, en este caso de Florida, en materia de represión migratoria en EEUU.

Pero el centro fue demasiado lejos hasta para algunos en la propia Administración Trump, y un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional concluye que el centro no cumplía con las normas de salud y seguridad ambiental; con las normas médicas; las normas de servicio de alimentos; las de higiene personal y las de recreo. Es decir, no cumplía con nada.

El centro ha terminado siendo clausurado a finales de junio, pero nadie ha rendido cuentas por ello. Al revés, el concepto de la represión de la migración y del avance del autoritarismo siguen siendo fundamentales en los EEUU de Donald Trump.

Este mismo fin de semana, el zar de la migración de Trump, Tom Homan, confirmaba que hay un proceso abierto contra la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí y una de las personas más odiadas por el presidente de EEUU, para intentar expulsarla del país por supuesto fraude migratorio: esto es lo que ocurre cuando el Gobierno del país más potente del mundo te tiene en el punto de mira.

El enemigo interno está presente en el día a día del trumpismo. En Dallas se veía claramente: el candidato demócrata por Michigan Abdul El Sayed era sistemáticamente insultado, por socialista y musulmán; el texano James Talarico, por encarnar una Texas diferente a la que mostraban los viejos anuncios de Winston; y por supuesto los progresistas Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez. El mensaje era burdo: el Partido Demócrata ha sido abducido por el comunismo y el islamismo, como decía el senador Ted Cruz, una de las personas más entregadas a Israel, junto con el senador supuestamente demócrata John Fetterman.

Pero no es verdad, ni los progresistas estadounidenses son comunistas ni habrá ningún cargo institucional comunista, y, aunque lo hubiera, poco margen de maniobra iba a tener para socializar los medios de producción, como se está evidenciando en la alcaldía de Nueva York, cuyos principales objetivos programáticos pasan por poner un tope al alquiler, abrir un puñado de supermercados públicos, avanzar en la gratuidad de los autobuses y en la de las escuelas infantiles.

Pero a las personas que no les importa que Trump mienta con algo tan irrelevante como el aforo de un estadio, poco les importa la brocha gorda sobre la oposición. Y, menos aún, si las personas a las que aplauden meten en jaulas de 1,7 metros cuadrados a otro ser humano solo por venir de otro país, que es lo que llevan haciendo siglos los antepasados de los estadounidenses. Incluso los de los presentes en el auditorio de Dallas, en tanto que Texas es frontera con México.

Y no solo hacen eso: criminalizan al rival político, abren investigaciones contra activistas, persiguen la disidencia, insultan a periodistas, niegan los riesgos de la inteligencia artificial, desprecian el cambio climático, interfieren en los procesos electorales de todos los países en los que pueden hacerlo, amparan el genocidio israelí en Palestina, no rinden cuentas por asesinar a dos centenares de niñas en una escuela en Irán, acechan a cargos públicos por motivaciones políticas, arremeten contra los jueces del Supremo y afirman estar cumpliendo una misión divina –como los Blues Brothers–.

Y, así, los discursos incendiarios de Dallas se traducen en políticas tangibles, como las que llevan a encerrar en jaulas metálicas de unos 1,7 m² a seres humanos durante casi dos horas sin que pase nada.

Este viernes me reincorporé al trabajo. Me levanté temprano para correr un poco por la ciudad, después de una noche en la que se vivió una fuerte tormenta en Washington DC. Al llegar a la glorieta de Dupont Circle, en una zona relativamente céntrica de la ciudad, me topé con un enorme árbol caído en medio de la plaza. La tormenta había podido con él. Este martes, el árbol seguía en el mismo lugar, pero tenía ya numerosas notas pegadas al tronco, escritas por vecinos consternados por la pérdida del árbol.

“Eras muy querido y se te echará de menos”, decía una nota; “muchas gracias por tantos años de sombra”, decía otra. “Fuiste un árbol hermoso y muy querido. Durante muchísimos años, custodiaste la esquina de Dupont Circle. Aportaste belleza, sombra y refugio para la fauna, además de ayudar a oxigenar nuestro aire. Estabas aquí cuando yo era joven; aunque no nos conocimos entonces, ahora se nota tu ausencia. Dupont Circle ya no es lo mismo sin ti. Descansa en paz, noble árbol”, terciaba otro.

Lo que no decía ninguna nota es que los servicios públicos de la ciudad estaban tardando días y días en limpiar las calles tras la tormenta, como tardaron semanas en hacerlo tras las grandes nevadas de principio de año. Tampoco las notas se acordaban de las personas sin hogar que frecuentan el lugar y otros muchos lugares de la ciudad, como las bibliotecas públicas, ni de la falta de atención hacia ellas.

En estos últimos días he podido conocer de primera mano las complicaciones del sistema de salud estadounidense. Y he recordado la reflexión del senador Bernie Sanders: “¿Por qué Estados Unidos es el país más rico de la historia del mundo [y] la única gran nación que no garantiza la atención médica a todas las personas como un derecho humano?”

En efecto, las escuelas públicas de Washington DC, que son gratuitas, exigen un informe pediátrico y otro dental para formalizar la inscripción. Y esos informes requieren una visita pediátrica que puede alcanzar precios de 1.500 dólares, y puede que el seguro cubra solo una parte. Lo mismo ocurre con el dentista, que no está cubierto por el seguro médico, porque el seguro dental va por otro lado.

Y por eso hay algunas clínicas recomendadas por los servicios de atención a las personas migrantes del departamento escolar de la ciudad, en las que ayudan a las personas sin seguro médico. Y un empaste, que cuesta unos 250 dólares, puede tener diferentes descuentos si puedes demostrar unos determinados ingresos y un determinado número de personas a tu cargo.

¿Y dónde queda lo público? ¿Y qué pasa con quien no puede pagar una visita al médico para lograr una receta con la que poder comprar un antibiótico, que a lo mejor tampoco puede pagar?

Estos días, precisamente, estaba viendo la segunda temporada de la serie 'The Pitt', en HBO, que muestra con toda crudeza las dificultades del hospital para prestar los servicios necesarios por la falta de fondos, pero también las complicaciones de las personas necesitadas para poder pagar facturas de hasta 100.000 dólares por una breve estancia en Urgencias. Incluso se ve cómo las tablas de los descuentos para las personas necesitadas a menudo dejan desamparadas a quienes no ganan lo suficiente para tener un seguro ni ganan lo suficientemente poco para entrar en la horquilla de las personas de menores recursos.

Y en ese limbo están millones de personas en EEUU, como se vio en el cierre gubernamental tan largo del año pasado, cuando empleados públicos hacían cola para recoger alimentos porque no tenían ahorros suficientes para afrontar las facturas durante más de dos semanas sin cobrar.

“Las brechas de desigualdad en este país no suponen un gran debate: se considera que la redistribución no es una función del Estado, sino del mercado de trabajo a través de la creación de empleo”, afirmaba en elDiario.es Federico Steinberg, catedrático en la Universidad de Georgetown e investigador del Real Instituto Elcano.

Sanders decía en elDiario.es: “La razón por la que no se ha hablado mucho aquí en el Congreso sobre la desigualdad de ingresos y riqueza es que los multimillonarios desempeñan un papel enormemente importante en ambos partidos políticos. Y esos son temas que ellos no quieren tratar”.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el aumento de la desigualdad de ingresos es la razón principal por la que la asequibilidad parece inalcanzable para demasiadas familias estadounidenses. Durante más de cuatro décadas, la mayor parte del crecimiento de los ingresos en la economía de EEUU se ha concentrado en los sectores de mayores ingresos. Si los ingresos de los hogares de clase media hubieran seguido el ritmo del crecimiento promedio de los ingresos desde 1979, hoy percibirían unos 30.000 dólares más, según el Economic Policy Institute.

“Hay más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca en la historia de este país”, decía Bernie Sanders: “La Gilded Age (Edad Dorada) es la época de las décadas de 1870 y 1880, la de Rockefeller, J.P. Morgan, Jay Gould y todos esos hombres inmensamente ricos. La situación hoy es mucho, mucho peor. El 1% más rico posee más riqueza que el 93% restante. El propio Elon Musk posee ahora tres veces más riqueza que la mitad más pobre de los hogares estadounidenses. Es una locura”.

EEUU se encamina a unas elecciones legislativas de mitad de mandato muy relevantes, porque pueden suponer un freno al poder total que ha exhibido Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca en enero pasado. Y el debate sobre la desigualdad, como decía el veterano senador por Vermont, básicamente está presente entre los candidatos más progresistas, afines a Sanders y al DSA de Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez.

Y se da la paradoja de que la Casa Blanca reivindica al Partido Republicano como el partido de la “clase trabajadora”, a pesar de que Trump esté gobernando para su propio bolsillo, para el de los tecnoligarcas y para el de otros multimillonarios del mundo, incluidos los de las criptomonedas.

Mientras tanto, como dice Sanders, “hay personas que no pueden pagar la compra ni la vivienda, ya que los precios están por las nubes. En cuanto a la atención sanitaria, somos el único país importante que no cuenta con un sistema nacional de salud. La gente no puede permitirse la atención médica, ni enviar a sus hijos a la universidad, ni costearse la jubilación. Las familias trabajadoras pasan apuros mientras los ricos se hacen cada vez más ricos”.

La Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times. El Ejército de EEUU ha desplegado un millar de soldados en Venezuela a raíz de los terremotos. La Asamblea Nacional venezolana ha ido aprobando diversas leyes a petición de Washington, desde la liberalización del petróleo hasta amnistías. Incluso Venezuela ha extraditado a EEUU a Álex Saab, ex ministro y hombre confianza de Nicolás Maduro, quien le representaba en muchos acuerdos económicos a causa de las sanciones impuestas por EEUU al presidente venezolano. Y la extradición se ha producido sin haber comunicado la detención en su momento ni explicado en virtud de qué elementos se produce esa extradición.

EEUU ha asumido el control de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es la principal vía de ingresos del país, y suspendió algunas sanciones tras secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, en enero e instalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país.

Se esperaba que el alivio de las sanciones impulsara considerablemente la economía, la cual ya atravesaba una crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado. Sin embargo, explica FT, seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas señalan que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente tenues, lo que podría indicar que EEUU no ha transferido la totalidad de los ingresos a Caracas.

Este lunes ha sido preguntado Trump por el dinero del petróleo venezolano:

“Hay informaciones de que EEUU ha recibido 13.000 millones de dólares procedentes de Venezuela. ¿A dónde va ese dinero?”, pregunta el periodista.

“Creo que incluso más que eso”, ha dicho Trump.

“Pero ¿a dónde va ese dinero?”, insiste el reportero.

“A gestionar el país”.

“No, el dinero que recibe EEUU: ¿a dónde va?”

“A gestionar el país”.

“Hay un acuerdo implícito de supervivencia que tiene como contrapartida la sumisión a Estados Unidos”, explica Francesca Emanuele, analista senior del think tank Center of Policy and Economic Research (CEPR), con sede en Washington DC: “El actual Gobierno venezolano opera con una pistola estadounidense apuntándole a la cabeza. La captura ilegal de Maduro en territorio venezolano, tras una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, es un recordatorio constante de cuál puede ser el destino de los dirigentes actuales de Venezuela si dejaran de obedecer a Washington”.

Según ha publicado recientemente The New York Times, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dirige a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mediante mensajes de texto y controla el acceso de su Gobierno a sus ingresos petroleros. Ella le informa de a quién desea incorporar, y él le indica qué funcionarios del aparato de Maduro debe purgar. Bajo la tutela de Rubio, afirma NYT, Rodríguez abrió el país a las empresas estadounidenses. En efecto, Delcy Rodríguez ha cedido un grado considerable de autonomía nacional a cambio de conservar el poder, o, al menos, la apariencia de este, por medio de un acuerdo opaco y beneficioso para gobernantes de ambos países.

“Hay una evidente pérdida del control económico. Los datos sugieren que EEUU podría estar reteniendo los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de depósito, sin desembolsarlos al gobierno venezolano. Al mismo tiempo, la economía venezolana se desaceleró hasta crecer apenas un 2,5% anual en el primer trimestre de 2026 (su ritmo más bajo desde 2021), a pesar de que los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron un 25%”, añade la analista de CEPR.

La difusa respuesta de Trump no deja de dar pistas de lo que Venezuela supone ahora mismo para la Administración Trump: un país teledirigido del que sacar petróleo y quedarse con el dinero.

“El dinero será controlado por mí”, ya dijo Trump el 6 de enero pasado, tres días después del ataque a Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo, pero no solo con el dinero.

“Puede destinarse al Ejército [de EEUU”, ha dicho este lunes el presidente de EEUU: “El Congreso tiene que aprobarlo, y al Congreso no le gusta aprobar fondos para el Ejército; prefieren destinarlos a cosas que no deberían hacerse. Pero estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela. Lo mismo ocurrirá con Irán”.

Hace unos días, el Departamento de Estado lanzó una campaña para acabar con la Corte Penal Internacional. En los últimos días, Venezuela anunció su salida, celebrada por el propio Departamento de Estado: “EEUU celebra la decisión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por EEUU para desmantelar la corrupta e inútil CPI”.

Y continúa: “La denominada corte lleva 'investigando' a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. [...] Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.

Pero no sólo: Venezuela, principal suministrador de petróleo para Cuba, no ha hecho ni amago de mandar un barco en lo que va de año, ni de combustible ni de ayuda humanitaria, en la línea de lo exigido por la Administración Trump.

“Si bien no existe un tratado ni un reconocimiento vigente en el derecho internacional que permita calificar jurídicamente a Venezuela como un protectorado de EEUU”, argumenta Emanuele, “es posible identificar una serie de elementos que apuntan a que el país funciona, en la práctica, como un protectorado de facto de EEUU. Por un lado, existe un condicionamiento de la política exterior. Venezuela ya no decide libremente aspectos fundamentales de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Existe también una tutela militar y de seguridad, reflejada en la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano y en la realización de operaciones militares directas dentro del país. Así ocurrió con el bombardeo contra el presunto líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, una operación anunciada primero por Donald Trump, quien reivindicó públicamente haber ordenado personalmente el ataque y afirmó que este fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos. Solo después las autoridades venezolanas confirmaron que la operación había tenido lugar”.

Y todo esto ocurre ante el silencio de la comunidad internacional que, en pleno siglo XXI, no denuncia la apropiación de soberanía realizada por parte de EEUU sobre un país independiente y el nacimiento de una seudocolonia en América Latina; pero también ante el silencio de la oposición venezolana de la extrema derecha que quiere aupar a María Corina Machado, ante el desdén de Donald Trump, por mucho que la líder opositora le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz. Pero también de la oposición más moderada con la que está negociando el Gobierno de Delcy Rodríguez, empujado por EEUU.

Hace unos días, decía Trump sobre la posibilidad de elecciones en el país: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente aún no están listos para ellas, pero vaya, se ha avanzado muchísimo. Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.

Y tampoco pone el grito en el cielo el chavismo, para el que ya queda lejos el “aquí huele a azufre” de Hugo Chávez en la ONU, que resume dos décadas de discurso abiertamente antiimperialista frente a EEUU en el continente.

En aquel discurso de 2006, Chávez llamaba “diablo” a George W. Bush, y denunciaba que hablaba “como dueño del mundo”.

Ahora, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no sólo no habla en esos términos sobre Donald Trump: recibe con honores a sus representantes en el mismo palacio de Miraflores en el que murieron más de 100 personas en el ataque de EEUU el pasado 3 de enero, entre ellos una treintena de soldados cubanos. Y mientras los recibe con honores, habla de reconstruir las relaciones bilaterales, y no dice nada del secuestro de Maduro.

Como tampoco lo dice en la entrevista reciente concedida a Javier Negre, uno de los periodistas extranjeros más afines a la Administración Trump y al mundo MAGA.

En esa entrevista, Rodríguez evita condenar los ataques de EEUU del 3 de enero, que enmarca en un proceso de cambio político en el país, y, si bien afirma que el presidente es Nicolás Maduro, no condena su secuestro ni su juicio en EEUU. “Todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad, y yo confío en que el presidente demuestre la verdad”, afirma Rodríguez.

“Independientemente de la gravedad que supone que, en pleno siglo XXI y ante los ojos de la comunidad internacional, se haya configurado un protectorado de facto en América Latina, lo que hoy necesitan los venezolanos es cubrir sus necesidades más urgentes y reconstruir el país”, señala Emanuele: “Por ello, si el gobierno de EEUU empatizara con el sufrimiento del pueblo venezolano, la medida más importante que podría adoptar sería levantar las sanciones económicas y financieras. Del mismo modo, si los gobiernos europeos empatizaran con el sufrimiento de la población venezolana, instarían a EEUU a poner fin a esas sanciones y promoverían que el Reino Unido liberara los cerca de 5.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que permanecen retenidos en el Banco de Inglaterra. Igualmente, presionarían a Portugal para que facilite la devolución de los aproximadamente 1.200 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y a filiales de PDVSA que están bloqueados en Novo Banco”.

En ese mismo sentido se expresó un grupo de 14 congresistas demócratas tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que han causado más de 5.500 muertos, en una carta dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump; a su secretario de Estado, Marco Rubio; y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Les escribimos para instarles a que levanten de inmediato las sanciones económicas y hagan todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”, afirma la carta, que se redactó después de que un centenar de economistas escribieran otra similar al Gobierno estadounidense y al FMI para pedir retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.

“Lo que existe hoy en Venezuela es una autoridad interina cuya legitimidad jurídica descansa en una decisión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, emitida tras el secuestro de Nicolás Maduro”, explica Emanuele: “No es un gobierno interino que emane de los mecanismos ordinarios de sucesión previstos en la Constitución, sino un arreglo excepcional nacido en un contexto de intervención extranjera que continúa, y que ha convertido a Venezuela en una suerte de protectorado o pseudo colonia. Mientras esa situación persista, es un contrasentido hablar de una transición democrática genuina. Para que haya una transición a la democracia, Venezuela necesita primero recuperar su soberanía”.

Mientras tanto, Trump ha convertido Venezuela en un país teledirigido desde su Departamento de Estado, ante el silencio de una comunidad internacional que prefiere mirar a otro lado.

Este martes he estado en la Casa Blanca, mientras recibía en el Despacho Oval el presidente de Líbano, Joseph Aoun, Donald Trump. En la comparecencia ante los periodistas se habló de nuevos ataques contra Irán, del diálogo roto y de las posibilidades de que se mantenga la tregua de Israel, que mantiene ocupado el sur de Líbano.

Pero nadie ha preguntado al presidente de EEUU por ese informe sobre el asesinato de dos centenares de personas, la mayoría niñas, en una escuela iraní el 28 de febrero, día en que empezó la guerra de Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán.

De eso se habla muy poco, de ese misil estadounidense Tomahawk que destrozó una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab. Casi cinco meses después, la Administración Trump dice seguir investigando los hechos. Eso sí, hace un año, cuando EEUU bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Trump y todo su equipo afirmaron inmediatamente que el bombardeo había sido un éxito y que las instalaciones iraníes habían sido “destrozadas”. Es más, trató de sediciosos a los medios que publicaron que los informes preliminares no eran tan concluyentes como las afirmaciones de los dirigentes estadounidenses.

Ahora, sin embargo, ni Trump ni su secretario de Guerra, Pete Hegseth, hablan del asunto y, si lo hacen ante las esporádicas preguntas de los periodistas, tratan de quitarse el asunto de encima en lugar de asumir la responsabilidad.

De lo que tampoco se suele hablar en Washington D. C. es de los 221 asesinatos extrajudiciales en 66 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental reconocidos por la Administración estadounidense desde el 2 de septiembre hasta el 21 de junio, fecha del último ataque a una supuesta narcolancha reconocido por el Pentágono, con el resultado de ocho personas muertas.

Y si se habla poco de los 221 muertos, menos se habla de los pescadores desaparecidos, y de por qué ni la Administración Trump ni el Gobierno de Ecuador, en este caso, son capaces de dar ninguna respuesta.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y congresistas demócratas están preguntando por las desapariciones y detenciones de pescadores en Ecuador y, por los testimonios de los supervivientes, sospechan que pueden estar participando contratistas militares privados en las operaciones del Pentágono en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Un grupo de pescadores ecuatorianos ha relatado cómo fueron atacados en un doble ataque con drones y posteriormente detenidos a punta de pistola por personal militar estadounidense.

El Don Maca, un barco pesquero de 35 toneladas que operaba con seis embarcaciones más pequeñas, se encontraba a unas 200 millas (320 km) al noroeste de las Islas Galápagos cuando desapareció el 26 de marzo. Sus 20 tripulantes insisten en que estaban pescando cuando fueron atacados y luego conducidos a El Salvador.

Uno de ellos, Erick Coello, ha perdido el 90% de la visión a causa del bombardeo de los drones de “embarcaciones americanas”.

Además, familiares de pescadores ecuatorianos han denunciado que el Fiorella, un barco pesquero ecuatoriano, desapareció en enero tras haber sido visto en llamas. Asimismo, las organizaciones humanitarias y los demócratas en el Congreso informan de que el 23 de marzo, 16 pescadores ecuatorianos de otro barco, el La Negra Francisca Duarte II, encontrados por la Guardia Costera de El Salvador, con las extremidades destrozadas y la espalda marcada por quemaduras.

Los pescadores contaron a Drop Site News que cinco días antes habían sido alcanzados por un dron con un cilindro amarillo, que se vieron obligados a saltar por la borda para escapar del fuego provocado por la explosión y que, posteriormente, fueron capturados por un barco estadounidense.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica: “El Departamento de Justicia y las autoridades de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no solo en relación con el Fiorella, sino con todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación sobre este grave incidente, con vistas a elaborar informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”.

“Si Estados Unidos no estuvo involucrado en estos incidentes”, dicen los congresistas demócratas de distintas comisiones en una carta solicitando información a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Seguridad Nacional, “solicitamos cualquier información que posean sobre las personas o entidades que estuvieron detrás de ellos y que respondan a las siguientes preguntas: ¿Participaron ciudadanos o entidades estadounidenses, incluidos contratistas de seguridad privada o militares privados, en los incidentes descritos? De ser así, por favor, proporcionen información sobre dichas personas o entidades. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de EEUU de las acciones de estas entidades antes, durante o después de los incidentes? ¿Ha proporcionado el Gobierno de EEUU algún tipo de apoyo, incluidos equipos o servicios de defensa o de inteligencia, para estas operaciones? ¿Está EEUU trabajando, coordinándose, manteniendo enlaces o interactuando de cualquier otra forma con organizaciones de seguridad privada o militares privados que operen en el Pacífico Oriental o frente a la costa de Venezuela y que pudieran haber estado involucradas en alguno de los incidentes? ¿Qué información tienen sobre la participación del Gobierno de El Salvador o de entidades salvadoreñas en estos incidentes?”.

Human Rights Watch también ha llevado a cabo una investigación para identificar el barco en el que varios pescadores de La Negra Francisca Duarte II dijeron haber sido detenidos, “y evaluar el mando y las operaciones. Human Rights Watch ha enviado solicitudes de información a dos empresas privadas que podrían operar barcos con características similares a las descritas por algunos tripulantes”. De momento, dice la organización, ninguna había respondido antes de la publicación de un informe al respecto, este martes, sobre los abusos y las preguntas sin respuesta en relación con la cooperación militar entre EEUU y Ecuador.

¿Hay contratistas militares, soldados privados o mercenarios pagados por la Administración Trump en operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, en las que han sido asesinadas 221 personas y hay numerosos pescadores ecuatorianos desaparecidos? De momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Daniel Noboa se dignan a responder ni a arrojar ninguna luz sobre los ataques contra, al menos, tres barcos pesqueros en lo que va de año.

Uno de mis primeros recuerdos políticos es la película ‘La Batalla de Chile’. No sé bien cuánto vi de sus tres partes, pero conservo la imagen de haber visto el documental de Patricio Guzmán en casa de mis padres, cuando era niño. Me faltan detalles; quizá incluso esa imagen esté parcialmente construida. La memoria, al fin y al cabo, suele tomar derroteros propios cuando se trata de evocaciones tan lejanas. Pero el caso es que me siguen viniendo a la memoria las imágenes de ese golpe contra Salvador Allende en septiembre de 1973. Yo nací tres meses después de la muerte del expresidente chileno y del inicio de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos, que dos años más tarde impulsaría la Operación Cóndor para construir un verdadero eje criminal entre las dictaduras latinoamericanas al servicio de los intereses de Washington.

El exsecretario de Estado de EEUU Henry Kissinger tuvo mucho que ver con aquello, al igual que la Escuela de las Américas (primero en Panamá y luego en Georgia), en la que el Ejército de EEUU formó a los torturadores de todo el continente latinoamericano.

Los que nacimos en el 73 hemos crecido con la sombra de las dictaduras latinoamericanas patrocinadas por EEUU, pero también con las luchas emancipadoras en algunos de esos países. Y parte de todo eso ha vuelto a la actualidad estadounidense en estos días, en los que la renacida doctrina Monroe de Donald Trump se traduce en injerencias electorales, el secuestro de Nicolás Maduro y el establecimiento de un protectorado de facto en Venezuela desde la metrópoli, así como la asfixia de Cuba.

Pero no solo eso. El ICE siempre presume de detener a “lo peor de lo peor”, si bien, en la mayoría de los casos, las personas detenidas no han sido condenadas por ningún delito, ni siquiera grave, sino que simplemente presentan irregularidades en su estatus migratorio. Entretanto, desde el inicio de la actual presidencia de Trump, ya van 12 personas muertas en operaciones del ICE..

Sin embargo, en octubre pasado, el ICE sí detuvo a alguien que encajaba en su lema de “lo peor de lo peor”: Armando Fernández Larios.

Fernández Larios formaba parte de la Caravana de la Muerte, una operación criminal dependiente del Gobierno de Pinochet creada justo después del golpe y a la que se le atribuye alrededor de un centenar de asesinatos. Además de estos asesinatos, Fernández Larios participó en la operación para asesinar a Orlando Letelier (44 años) y su asistente, Ronni Moffitt (25 años), el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC con un coche bomba.

El atentado se cometió en Sheridan Circle, en una zona elegante, de embajadas, y en su lugar ahora hay una solitaria placa que recuerda el crimen de aquel día.

El 27 de octubre de 2025, agentes del ICE trasladaron a Fernández a un centro de detención en Miami. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que era responsable de “homicidio” por el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976 que acabó con la vida del exministro chileno Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, quien viajaba junto a su esposo, Michael Moffitt, en el automóvil de Letelier cuando se dirigían al Institute for Policy Studies, donde trabajaban.

En la plaza de Sheridan Circle, a 20 minutos andando de mi casa, frente a los jardines de la embajada de Irlanda, una bomba fue activada bajo el asiento de Letelier. En 1978, dos años después del atentado, un gran jurado de Washington imputó a Fernández por su participación en el asesinato, junto con el jefe de los servicios de inteligencia chilenos, Manuel Contreras, y otras cinco personas. The New York Times recuerda que ese mismo año el Gobierno chileno accedió a extraditar a Michael Townley, un agente de inteligencia chileno nacido en Estados Unidos que se había reunido con Fernández en un aeropuerto estadounidense, donde este le entregó un croquis con los movimientos de Letelier para facilitar la planificación del atentado. Sin embargo, Chile se negó a extraditar tanto a Fernández como a Contreras, entonces jefe de la DINA.

Con el tiempo, en enero de 1987, Fernández se marchó de Chile y se declaró culpable en EEUU de “complicidad a posteriori” en el asesinato de un funcionario extranjero. Fernández fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión, señala el NYT, que cuenta cómo en julio de ese año altos funcionarios del Departamento de Estado escribieron a la comisión de libertad condicional con el fin de pedir clemencia para Fernández, quien finalmente solo cumplió cinco meses de condena y comenzó a vivir en EEUU bajo protección del Gobierno federal.

En 1999, los familiares de Winston Cabello, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte en 1973, presentaron una demanda civil contra Fernández ante un tribunal federal de Florida. El caso llegó a juicio en septiembre de 2003 y, tres semanas después, un jurado lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, tortura y crímenes de lesa humanidad. El tribunal concedió a la familia Cabello una indemnización de cuatro millones de dólares, una indemnización que Fernández nunca pagó.

Durante el juicio, Henry Kissinger, exsecretario de Estado, envió una carta al tribunal en defensa de Fernández, informa el NYT.

A raíz de la detención en octubre por parte de agentes del ICE, Fernández defendía que en 1987 Estados Unidos había acordado no deportarlo, y presentó un recurso de habeas corpus para obligar al gobierno de EEUU a cumplir su palabra. Según el diario neoyorquino, el gobierno nunca respondió a la demanda de Fernández: en su lugar, el gobierno liberó a Fernández, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso el National Security Archive.

Fernández tiene otra vista programada para el 5 de agosto ante un juez de inmigración.

Peter Kornbluh, investigador del National Security Archive, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado para lograr la divulgación pública de documentos relacionados con el caso, explica: “En su demanda contra el ICE, Fernández Larios presentó 'una demanda por incumplimiento de contrato', alegando que el Gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal alcanzado a principios de 1987, cuando intentó ir a Estados Unidos durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de 'complicidad posterior al hecho de asesinato' y testificaría sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en la misma. A cambio, el Departamento de Justicia de EEUU recomendó una reducción de la pena y prometió que 'no solicitaría [su] deportación a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se produjera un incumplimiento del acuerdo'. Y, según la demanda de Fernández Larios, el Gobierno de Estados Unidos había 'incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un procedimiento de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Entre los documentos publicados por el National Security Archive, figura uno en el que recoge cómo, en 2016, el juez de derechos humanos chileno Mario Carroza intentó reactivar el proceso judicial por los asesinatos de la Caravana de la Muerte.

En la solicitud de extradición autorizada por el Tribunal Supremo de Chile, el juez Carroza identificó a Fernández Larios como miembro de la Caravana de la Muerte que llegó a La Serena (capital de la región de Coquimbo en la costa de Chile) el 16 de octubre de 1973 y asesinó, uno por uno, a 15 funcionarios locales partidarios de Allende.

Las víctimas fueron posteriormente enterradas en una fosa común, según el resumen de los hechos que figura en la solicitud.

Esta solicitud de extradición fue una de las cinco enviadas desde Chile en relación con Fernández Larios, mientras las autoridades judiciales chilenas investigaban las atrocidades contra los derechos humanos en las que estuvo implicado.

El Gobierno de EEUU devolvió, rechazó o no respondió a esas solicitudes formales de extradición, entre las que se incluía una petición para que Fernández Larios fuera devuelto a Chile para ser juzgado.

Fernández Larios ayudó a matar en la capital de EEUU a Letelier y a la estadounidense Moffitt hace 50 años. Pero el ICE, que está deteniendo a 2.000 migrantes al día y ya ha causado la muerte de 12 personas, lo ha dejado libre.

Cientos de neonazis del Patriot Front, una organización neonazi y supremacista blanca estadounidense, se pasearon impunemente por Washington DC el pasado sábado, día de la independencia de EEUU. Desfilaron por las calles con sus banderas, ocuparon vagones de metro con el rostro tapado y participaron en una concentración en la que su líder, Thomas Rousseau, pronunció un discurso en el que reivindicó la idea de que Estados Unidos fue fundado sobre una supuesta pureza racial.

Una vez terminaron su exhibición, se marcharon, habiendo sembrado el miedo entre las personas negras y latinas con las que se cruzaron a su paso.

Horas después, Trump agitaba el fantasma del enemigo interno y clamaba contra lo que ahora considera la principal amenaza para EEUU desde la independencia: el “comunismo”, que calificó como un “cáncer” que había que “extirpar lo antes posible”.

Todos sus terminales mediáticos aplaudieron sus palabras. Pero ninguno señaló lo que había pasado ese sábado por la mañana: que una banda de encapuchados con enseñas confederadas –el bando esclavista de la guerra de Secesión–; banderas Betsy Ross, de 1777, en alusión a las 13 colonias independizadas en 1776; símbolos del Patriot Front; y banderas estadounidenses al revés, en señal de que la nación se encuentra en grave peligro por la situación política, desfiló por la ciudad.

“Nuestra patria se ha convertido en un sórdido campo de especuladores e invasores, con un grupo de políticos traidores y sin carácter”, dijo Rousseau: “Anhelamos la soberanía y la libertad, que no pueden coexistir con las condiciones que se nos han impuesto. Nos encontramos en un punto de inflexión, en el momento decisivo para el destino de nuestra nación. Tan grave es nuestra situación, tan extremo es el peligro, que la única forma de asegurar nuestra existencia es convertirnos en todo aquello a lo que aspiramos”.

Además de glorificar ese pasado independentista anglosajón y de describir la situación actual como de peligro, Rousseau señalaba a los no blancos: “Nuestra libertad como estadounidenses se desperdicia en masas inasimilables. El Estado ha gastado años inestimables e innumerables fortunas intentando educar y civilizar a quienes pretenden sustituirnos étnicamente. A los verdaderos estadounidenses no solo se les ha dejado atrás, sino que se les ha sometido a un abuso interminable, indigno de los herederos de este continente. Podría enumerar a los enemigos de nuestro pueblo, desde las conspiraciones judías hasta los cárteles mexicanos, desde los delincuentes africanos hasta los homosexuales que trafican con el vicio y la explotación. Su conducta está decidida, sus destinos están escritos”.

“Este día es para los estadounidenses”, proseguía Rousseau: “El destino de la nación recae sobre nuestros hombros. Es nuestra identidad la que debemos recuperar. Somos estadounidenses, no por decreto ni por ideal, sino por sangre. Nuestra nación es nuestro credo. No deseamos nada más ni nada menos que una revolución, una época de grandes cambios y una perspectiva de valor inquebrantable de cara al futuro. El vicio que ha infestado nuestra tierra será erradicado. Los extranjeros que han invadido nuestra tierra serán expulsados. Y los estadounidenses que durante tanto tiempo han sufrido el destino de un pueblo derrotado serán salvados. En este día, una vez más, con más fuerza que nunca, declaramos nuestra resistencia como una promesa a nuestro pueblo y un desafío a nuestros enemigos”.

A escasa distancia de la Casa Blanca, un neonazi y supremacista blanco llamaba a la revolución. Pero su inquilino ni siquiera se inmutó. En lugar de condenarlo, pronunció un discurso en el que criminalizó a la izquierda y recurrió a una narrativa muy similar a la de Rousseau. Exaltó la recuperación de la supuesta grandeza estadounidense, arremetió contra las políticas de igualdad y diversidad y defendió la represión a los migrantes.

“El sistema comunista es lo contrario del sistema estadounidense”, dijo Trump en su discurso del sábado por la noche para señalar el avance de los socialistas democráticos en las primarias del Partido Demócrata: “El sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros soldados no lucharon contra el comunismo en los campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a asomar su horrible cabeza aquí mismo, en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Queremos detener una amenaza como esa de inmediato, y antes de que comience. Es como un cáncer: hay que extirparlo, hay que extirparlo rápido”.

Unos días antes, había definido el comunismo como “la mayor amenaza para EEUU desde la independencia, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor y el 11S”.

A la espera de saber qué hará el presidente de EEUU para responder a lo que él ha designado como la mayor amenaza para el país en 250 años, lo que resulta evidente es que la marcha neonazi por el centro de Washington no merece una palabra por parte de la Administración Trump.

La actitud de Trump es consistente con sus actos. Nada más regresar a la Casa Blanca, el presidente de EEUU indultó a 1.600 condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando las hordas trumpistas irrumpieron en el Legislativo, destrozaron despachos, atemorizaron a congresistas y golpearon a policías.

Asimismo, el presidente de EEUU ha designado Antifa como organización terrorista nacional, aunque ni siquiera es una organización.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos.

Decenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

El director del FBI durante el primer Gobierno de Trump, Christopher Wray, declaró en el Congreso de EEUU en septiembre de 2020 que Antifa es una ideología, no una organización, y que carece de la estructura jerárquica que normalmente permitiría que el gobierno federal la designara como grupo terrorista: “Consideramos que la mayor amenaza a nivel nacional no es una organización, y mucho menos una ideología, sino actores solitarios, en gran medida autorradicalizados online, que persiguen objetivos fáciles con armas fácilmente accesibles. Estos incluyen tanto extremistas violentos nacionales de diversos tipos como extremistas violentos locales motivados por entidades extranjeras de tipo yihadista. Consideramos a Antifa más como una ideología o un movimiento que como una organización”.

El diagnóstico del exdirector del FBI contrasta con el rumbo que ha tomado la Administración Trump durante su actual mandato. Hace justo una semana, un comandante de la Fuerza Aérea de EEUU, Jason Watson, fue detenido por protestar en las escaleras del Capitolio, donde exigió una moción de censura contra Trump. Watson, militar en servicio activo con una trayectoria de más de 20 años, subió hasta la mitad de las escaleras de la Cámara de Representantes para sostener un cartel en el que se leía Impeach, Convict, Remove (destitución, condena y destitución).

Watson fue acompañado hasta la base de la escalinata por el diputado Al Green, demócrata por Texas, antes de que los agentes detuvieran a Watson “cuando el miembro del Congreso abandonó la zona” por considerarse que se estaba produciendo “una manifestación” ilegal.

A escasos metros de ese lugar, tres días después de esa detención por protestar, desfilaban más de 400 neonazis encapuchados con total impunidad.

“Es comunismo en toda regla”. El presidente de Estados Unidos está recurriendo a una narrativa propia de la Guerra Fría para hacer frente al avance de los socialistas en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –con las victorias de Claire Valdez, Brad Lander y Darializa Avila Chevalier–. Ese avance se traducirá en una mayor presencia en cargos institucionales apoyados por el DSA (Socialistas Democráticos de América), desde la Cámara de Representantes hasta la alcaldía de Washington DC –con Janeese Lewis George–, después de haber conquistado la alcaldía de la principal ciudad del país, Nueva York, con Zohran Mamdani al frente.

Sin embargo, la diferencia con respecto a la Guerra Fría es que ya no existe un bloque soviético que compita ideológicamente con el bloque occidental, ni lugares en el mundo en los que se dé esa disputa política por medio de las armas, desde Vietnam hasta América Latina o los procesos descolonizadores africanos. Y que el DSA no se reivindica como comunista ni sus programas electorales son marxistas-leninistas.

El mundo de 2026 es diferente: China está más interesada en generar influencia y dependencia económica que ideológica, EEUU parece más centrado en asaltar el continente americano que en lo que pasa en otras latitudes, y Rusia bastante tiene con aguantar las líneas en su estancada invasión de Ucrania.

Y como el mundo de 2026 es diferente, resulta de lo más estrambótico oír al presidente de EEUU tachar de comunistas a los candidatos del DSA en EEUU: sus programas se centran en medidas para aplacar el coste de la vida –transporte público, tope a los alquileres, educación infantil gratuita–, los impuestos a los ricos, la defensa de Palestina, la denuncia del genocidio israelí y las críticas al imperialismo de EEUU, básicamente.

En este sentido, Mamdani ha congelado recientemente los alquileres de casi un millón de viviendas en Nueva York, su principal promesa: la medida afecta a los contratos de alquiler de uno y dos años, lo que representa el 40% de todos los apartamentos de los cinco distritos.

Es verdad que, a diferencia del resto de candidatos republicanos y demócratas, no reciben dinero ni del lobby judío ni de grandes corporaciones, sino que hacen campaña con donaciones de voluntarios y un movimiento militante dedicado a hacer campaña puerta a puerta.

Pero también es verdad que no hacen campaña por la socialización de los medios de producción, ni por la lucha de clases o la nacionalización de sectores estratégicos, por mucho que pedir impuestos progresivos tenga un cierto eje de clase poco común en la política estadounidense, al igual que la apuesta por una sanidad para todos –que ni siquiera se atreven a decir que sea pública–, en un país donde las desigualdades nunca terminan de ser un motor político como en otros lugares del mundo.

Manolo de los Santos, del People's Forum de Nueva York, cuyo alcalde es Mamdani, socialista del DSA, explica: “Nueva York es la capital económica y financiera del país, es como el nexo financiero de Estados Unidos con el resto del mundo. Aquí se concentra tanto capital que es cuestionable realmente preguntar quién gobierna en Nueva York. ¿Es el alcalde o es el capital? Lo que sí ha generado la elección de Mamdani es un nivel de entusiasmo en la participación política que no se veía hace mucho tiempo, imaginarse cosas que para los pobres casi siempre nos están vedadas. Tenemos derecho a soñar. Y lo que vemos también es lo limitado que es todo a lo que se enfrenta, y que realmente nosotros, por ejemplo, desde nuestros espacios con otras organizaciones populares de la ciudad, lo que hemos dicho desde el principio es que Mamdani no puede gobernar solo. Si Mamdani no invita a la movilización política del pueblo, no va a avanzar ninguna agenda. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la campaña a las generales y el impuesto a los ricos”.

De los Santos añade en relación con el proceso que llevó a Mamdani a la alcaldía: “Hubo decenas de miles de voluntarios en toda la ciudad, pero no ha habido continuidad política a ese proceso. Es lo típico de la política en Estados Unidos, no tiene capacidad nunca de moverse más allá de un proyecto electoralista, no busca movilizar nunca para una transformación política en la realidad”.

Frente a eso, Trump está centrado en el fiasco de su reforma del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y en el dineral desbordante de su salón de baile en la Casa Blanca. Y en el comunismo como la mayor amenaza para EEUU, como no podía ser de otra manera, ya sea una pequeña isla de 9 millones de habitantes a 90 millas de Florida o los candidatos apoyados por el DSA.

Y, en ambos casos, el argumento es el mismo: son una amenaza nacional. Con esa coartada, ha decretado un bloqueo de combustible asfixiante a Cuba, y sanciones secundarias para cualquier entidad pública o privada que trate con el Estado cubano o algunas de sus empresas.

¿Y qué prepara ante el avance de los socialistas democráticos en EEUU? Está por ver.

“Yo creo que, en realidad, supone una gran amenaza para nuestra nación, porque no es socialismo, sino comunismo en toda regla”, decía Trump este lunes en el Despacho Oval a los periodistas: “Utilizan el término socialistas democráticos porque suena muy bien, pero en realidad se trata de comunismo”.

Y añadió: “Creo que es la mayor amenaza que existe para nuestra nación. Quizá desde nuestra fundación, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el 11 de septiembre. Incluido el ataque a Pearl Harbor. Creo que esta es la mayor amenaza para nuestra nación. La gente sonreirá cuando diga esto, pero las personas inteligentes dirán: 'Probablemente tenga razón'. Básicamente, se trata de introducir el comunismo en los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada tan peligroso”.

Si tenemos en cuenta que la amenaza para la seguridad nacional le ha servido de coartada a Trump para asfixiar a Cuba, asesinar a 215 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental, secuestrar al presidente de Venezuela y matar a 100 personas en el ataque, amenazar con tomar Groenlandia unilateralmente y desatar una guerra comercial contra todo el mundo, está por ver en qué se traduce esa designación para los miembros del DSA y los candidatos apoyados por ellos, entre los cuales se encuentra una de las congresistas más odiadas por Trump: Ilhan Omar, de Minnesota.

Otro ejemplo. Acaban de conocerse las penas de hasta 100 años de cárcel por participar en una protesta ante un centro del ICE en Texas que derivó en un tiroteo. La fiscalía calificó el delito de acto de terrorismo, a raíz de las heridas que sufrió un agente, y afirmó que los ocho participantes estaban vinculados a Antifa, como si fuera una entidad organizada, y han recibido condenas a partir de 30 años de prisión.

Hasta tal punto llega el despropósito, que uno de los condenados, Daniel Sánchez Estrada, no se encontraba en Prairieland la noche del tiroteo ni participó en la planificación. Sánchez Estrada, que está casado con otra de las acusadas, fue condenado por los cargos de ocultación de documentos: movió una caja con sus propias pertenencias —obras de arte, poesía, diarios y fanzines— tras el tiroteo, y fue condenado a 30 años de prisión acusado de manipular documentación de Antifa.

Clay Risen, autor de 'Red Scare', explica sobre el macartismo unas características que ya se están viendo en EEUU: “El otro problema grave era que uno de los criterios para considerar a alguien sospechoso era una lista de organizaciones que el fiscal general había elaborado por orden de Truman y que se consideraban subversivas. Al principio eran unas pocas docenas, pero acabaron siendo un par de cientos. Y algunas de ellas eran inofensivas. Algunas de ellas no suponían, ni por asomo, una amenaza para la seguridad nacional. Pero si tenías alguna conexión, aunque fuera indirecta, con alguna de ellas, tu carrera corría peligro. Y la lista no era secreta. Se filtró. Así que el sector privado, los gobiernos estatales y locales empezaron a utilizarla. En ese sentido, se difundió como la pólvora. Y la lista se convirtió en el baremo con el que se juzgaba a millones de estadounidenses”.

Esa lista ya existe hoy en los EEUU de Trump. Más allá de los señalamientos de las personas afines al DSA, hace poco, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la infraestructura de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes a través de organizaciones y activistas”. ¿Y cuáles son? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

El contexto está creado. Y apenas lleva un año y medio Trump en la Casa Blanca. Ya ha decidido calificar el avance de candidatos socialistas en las primarias demócratas como “comunismo en toda regla” y la mayor “amenaza nacional desde la independencia”. Ya sólo falta ver qué va a hacer a partir de ahora.

¿Habría ganado las elecciones legislativas Javier Milei sin el apoyo político y económico de Donald Trump en la campaña electoral? ¿Habría ganado el mismo Milei que había sufrido poco antes una sonora derrota en la provincia de Buenos Aires? ¿Y Nasry Asfura? ¿Habría ganado en Honduras el candidato de la extrema derecha sin el apoyo explícito de Trump, incluso con el indulto de un miembro de su partido, Juan Orlando Hernández, expresidente del país condenado en un tribunal de EEUU por introducir 500 kilos de cocaína en el país? El presidente de EEUU no tuvo empacho en indultar a Hernández antes de las elecciones y apostar por Asfura, quien se impuso por poco en unas reñidas elecciones al liberal Salvador Nasralla, quien se veía vencedor hasta las injerencias de Trump.

¿Y Abelardo de la Espriella? ¿Qué habría sido del ultra colombiano sin el acoso de Trump al presidente colombiano, Gustavo Petro, y sin la repetida apuesta en campaña contra el rival de Iván Cepeda? ¿Qué habría sido sin esos palos a la Colombia de Petro y esas promesas a una futura Colombia presidida por De la Espriella?

La proximidad y las relaciones de dependencia en América Latina con respecto a Washington son fundamentales para entender el impacto del intervencionismo de Trump. Del mismo modo, ya no funciona igual en la distancia europea.

Por ejemplo, por mucho que se alineara con Viktor Orbán, el ultra húngaro acabó derrotado en las urnas. Igual que AfD, los ultras alemanes apoyados por JD Vance y Elon Musk: no lograron el sorpasso en las últimas elecciones generales alemanas.

Y es que de la misma manera que en América Latina Trump juega con su poder de coerción para moldear los Gobiernos a su imagen y semejanza, en Europa el trumpismo resta ya en muchos países. Por ejemplo, en Italia, donde Giorgia Meloni ha sido una persona cercana a Elon Musk y comparte la mayoría de las ideas de Trump, pero se ha abierto una brecha entre ellos a raíz de los ataques del presidente de EEUU al Papa.

Se puede ser muy trumpista, pero en Italia la Iglesia católica está por delante.

Pero esa misma distancia con Trump la están mostrando otros líderes europeos, como se ha visto con las negativas a ayudar a la Casa Blanca a salir del avispero en el que ella sola se metió el 28 de febrero pasado en Irán. Eso apunta a un cambio de paradigma que no ocurre en el área en la que el presidente de EEUU ejerce más su influencia: lo que la Casa Blanca llama el patio trasero o Hemisferio Occidental, que viene a ser América Latina.

Y todas estas maniobras quedan impunes y no reciben ni el más mínimo reproche por parte de las organizaciones observadoras de los procesos electorales, pero tampoco por organismos multilaterales como la ONU, la OEA o la UE, a pesar de que el derecho internacional preserva el principio de no intervención de agentes externos en procesos electorales.

De esta manera, la democracia representativa en América Latina se ve rebajada cuando el país con mayor poder del mundo se pone a amenazar a los ciudadanos con repercusiones negativas, más aún en países que tienen tanta dependencia de EEUU. En efecto, Trump, desde la impunidad que tiene, practica sin complejos la injerencia en países que dependen de EEUU, logrando gobiernos afines por pocos votos, como se está viendo en Colombia y Perú, donde la izquierda está cayendo derrotada por décimas.

¿Hacia dónde se habrían inclinado esas décimas sin las sanciones, las amenazas, las coacciones y las intervenciones de la Casa Blanca? Y todo eso en un contexto en el que los procesos electorales reflejan las desigualdades históricas entre izquierda y derecha, con campañas austeras para la izquierda frente a campañas millonarias de la derecha, apoyada siempre por las élites económicas y políticas del continente.

A todo ello hay que añadir el crecimiento del consumo de las redes sociales, incluso más entre la clase trabajadora latinoamericana, que bebe mucho de TikTok, lo que hace muy difícil poder rastrear la financiación de esas campañas, que en algunos casos nace en el exterior y va dirigida a llenar las redes sociales de anuncios de los candidatos de derechas: la financiación de anuncios en las redes sociales es costosa, la propia elaboración de esos anuncios también, y en un mundo tan mediado por las pantallas esto convierte a las campañas de poco presupuesto en una pelea profundamente desigual.

“Estados Unidos no solo tiene las herramientas de los aranceles o de la presión económica”, explica Francesca Emanuele sobre las presiones de Trump en América Latina. La analista del think tank CEPR (Center for Economic and Policy Research) argumenta: “En la región vemos una amenaza militar directa, vital, sin contar la retirada de visados y los congelamientos de cuentas, a través de las sanciones que EEUU puede imponer a políticos que les sean molestos, como lo ha hecho con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido uno de los pocos que se ha enfrentado públicamente a Trump. Cualquier país de América Latina puede convertirse hoy en un objetivo militar. Y eso también se refleja en las reacciones de los gobiernos de la región, incluso aquellos que antes denunciaban con claridad los abusos de Washington, ahora parece que optan por la cautela, la autocensura o incluso el silencio”.

Emanuele añade: “Estoy convencida de que el mundo necesita que gobiernos con mayor capacidad de influencia, con mayor poder, por ejemplo, los gobiernos de Europa que dependen menos de Estados Unidos, dejen de mirar hacia otro lado y comiencen no solo a denunciar las políticas imperialistas de Estados Unidos, sino también a construir mecanismos, conjuntos capaces de frenar esta deriva militarista, demencial, que está causando muchísimo daño y que tendrá consecuencias durísimas y multigeneracionales si no le ponemos coto ya mismo”.

¿Y qué hacen luego cuando ganan? La Argentina de Milei es un ejemplo de negacionismo de la dictadura y las torturas, del apoyo incondicional al genocidio israelí en Palestina y de contorsionismo político: tan pronto se declara ultraliberal como es capaz de defender el proteccionismo arancelario de Trump. Milei es un incondicional del presidente de EEUU, porque sabe que sin su rescate económico podría estar ya fuera de la Casa Rosada. Milei también es un ejemplo de recortes sociales, de dejar desamparados a los más vulnerables, de combatir el feminismo y lo que el presidente argentino ultra llama “la agenda woke”.

Ecuador, otro país afín a la Administración Trump, con Daniel Noboa al frente, sobre quien han pesado acusaciones que vinculaban empresas de su entorno con el narcotráfico, tiene el país con uno de los niveles de violencia más altos de la región. Pero, eso sí, es un aprendiz avanzado de trumpismo y está desde primera hora en el Escudo de las Américas deseando contentar a Trump con sus acciones militares conjuntas, que ni están ayudando a reducir los niveles de violencia ni a reducir el tráfico de cocaína. Al contrario, están sirviendo para que caigan bombas en Colombia y mueran personas inocentes en granjas.

En el caso de Honduras, uno de los acontecimientos más alarmantes durante los primeros 100 días del Gobierno de Asfura ha sido la masacre, el 21 de mayo, de 21 campesinos en el departamento de Colón. Los asesinatos tuvieron lugar en el contexto de un conflicto territorial en la región del Bajo Aguán, que se remonta a los años setenta y ochenta y en el que están implicados poderosos intereses económicos.

El prolongado conflicto del Bajo Aguán se ha centrado en la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas de aceite de palma, en particular Dinant y sus filiales, que consolidaron vastas extensiones de tierra a través de una red de entidades comerciales que, en última instancia, permanecieron bajo el control efectivo de la familia Facussé.

Según InSight Crime, a finales de junio Honduras había registrado su decimoctava masacre de 2026, lo que ha dejado más de 80 víctimas de matanzas masivas en lo que va de año.

Y en el punto de mira sigue Cuba, el Gobierno que han querido derrocar numerosos presidentes de EEUU durante siete décadas. Ahora, como nunca, se ejerce una presión asfixiante, literal, con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias aprobadas el 1 de mayo a cualquier empresa o gobierno que tenga algún trato con empresas públicas cubanas o con el Ejecutivo cubano. Y el hecho de que hoy Venezuela sea un país tutelado por EEUU ha terminado sirviendo para amenazar y buscar derrocar al gobierno de Cuba con un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Y ese despliegue sirve tanto para asfixiar a Cuba como para asesinar de forma extrajudicial a más de dos centenares de personas en supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

“Washington ha empezado además desde el año pasado a designar organizaciones criminales y cárteles como organizaciones terroristas, y esta es una estrategia que amplía el margen para justificar futuras acciones militares en la región”, explica Emanuele: “La lógica detrás de estas designaciones es absolutamente refutable. Los cárteles son organizaciones criminales cuyo objetivo principal es el lucro económico, no los fines políticos o ideológicos, que es precisamente lo que tradicionalmente distingue al terrorismo del crimen organizado. En Venezuela se designó como organización terrorista al Tren de Aragua y a una organización ficticia como el Cártel de los Soles. Y con estas designaciones artificiosas como terroristas, EEUU busca tener bajo amenaza a diversos países, entre ellos México, y lo mismo ocurre con Brasil, donde hace apenas unas semanas EEUU designó a dos organizaciones criminales como terroristas. Y estas designaciones funcionan como una justificación destinada a dar cobertura a posibles acciones militares futuras y a aumentar la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los países de la región y, en la práctica, crear el marco para intervenir militarmente allí donde Washington considere que sus intereses están en juego”.

“No hay belleza sino en la lucha”, decía el Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en Le Figaro y que se considera precursor del fascismo, que conquistó el poder en Italia de la mano de Benito Mussolini en 1922.

Y proseguía: “Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra; queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer; queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”.

Aquel manifiesto que sembró las bases del fascismo en Europa hace un siglo representa a la perfección los valores que proyecta hacia el mundo este imperio bárbaro de Donald Trump durante la celebración del 250 aniversario de la independencia de EEUU.

La cara destrozada de Topuria, deformada por el estallido de los huesos propios, cegado por los golpes desde el segundo asalto, con un árbitro rehén del negocio, del festejo sangriento para mayor gloria del César Trump en el día de su 80 cumpleaños, que quiso mantenerlo en el octágono anteponiendo el grotesco espectáculo y el negocio por encima de una vida humana.

Ese es el legado de Trump, lo que proyecta al mundo, la glorificación de la violencia, de la lucha, de la guerra, como los futuristas que alumbraron el fascismo en Europa.

Y es el legado que abrazaba la multitud que se congregó el domingo por la tarde en el National Mall para ver en las pantallas gigantes el espectáculo salvaje. Incluso hubo quien llegó a pagar 400 dólares en la reventa por una de las 85.000 entradas que se sortearon para ver el espectáculo en el parque de la Ellipse, pegado al jardín sur de la Casa Blanca, donde estaban instaladas las gradas y el escenario. Vestidos con camisetas evocadoras del acontecimiento, siempre con barras y estrellas, casi siempre hombres en una exhibición de masculinidad colosal.

“Combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias”, decía el Manifiesto Futurista, y es lo que se sentía en esa marea humana que se agolpaba a gritos para ver cómo dos hombres se destrozaban a puñetazos y así celebrar los 80 años de Trump y los 250 de independencia.

Mientras tanto, el centro de la ciudad permanecía cerrado, bloqueado por camiones, furgones policiales y autobuses militares de los cientos de soldados que habían sido convocados para asistir presencialmente al acto.

Y los que quisieran verlo en casa, tenían que estar abonados a Paramount +, la plataforma de David Ellison, hijo de Larry Ellison, dueño de Oracle y amigo y aliado de Trump.

La Casa Blanca, sede del Ejecutivo estadounidense, se convirtió en un circo romano el domingo por la noche, subcontratado a Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship) y aliado de Trump: el presidente de EEUU ha apoyado a White y a su empresa durante décadas. Asimismo, Trump posee acciones de TKO Holdings, la empresa matriz de la UFC, según sus declaraciones financieras, y ha asistido con frecuencia a combates mientras realizaba campañas electorales.

Hasta tal punto fue subcontratado, que a Trump, quien afeó a Volodímir Zelenski haberse presentado en el Despacho Oval sin traje, le parecía sensacional que recorrieran los pasillos de la Casa Blanca, incluido su despacho, los luchadores en pantalón corto y chanclas, escoltados por el personal militar presidencial.

Y es que, efectivamente, la UFC no es más que un circo de gladiadores del siglo XXI que se destrozan la cara con artes marciales mixtas, montado por un empresario privado, amigo de Trump, en el que se presume de que el ring se llena de charcos de sangre, como si fuera un Club de la Lucha.

No en vano, EEUU ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, y su responsable, Pete Hegseth, uno de los principales representantes del ardor guerrero estadounidense, es muy aficionado a las exhibiciones físicas.

EEUU decidió abrir los festejos del 250 aniversario con la velada violenta por el cumpleaños de Trump, unos festejos que culminarán el próximo 4 de julio, día de la fiesta nacional de EEUU, con un desfile militar en el que participará España.

En efecto, el buque escuela Juan Sebastián Elcano llegará a Nueva York para el 4 de julio, día de la fiesta nacional. Y para el desfile de ese día España participará, de forma inusitada, con dos helicópteros Tigre y un Cougar, cuatro aviones Harrier, dos aviones Eurofighter, dos F-18, un A400 y otro A330 Tanker.

España quiere reivindicar su papel en la independencia de EEUU, si bien todos los fastos del 250 aniversario giran indefectiblemente en torno a Trump, su agenda ultra y sus valores, que tanto recuerdan a la Europa de Entreguerras.

Un Gobierno, un país, un imperio, un bloque político tiene capacidad para decidir qué valores muestra al mundo, con qué quiere asociar su nombre: puede ser la filosofía, la cultura, la arquitectura, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la libertad, la fraternidad... Pero el imperialismo trumpista prefiere apostar por la apología de la violencia.

Una violencia que no es solo física. También es verbal.

Como cuando el luchador Josh Hokit, después de derrotar a su compatriota estadounidense Derrick Lewis, cogió el micrófono y atacó a Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama. “Un saludo a Trump por tener las agallas de organizar algo así”, dijo Hokit, y añadió: “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, América?”.

No hubo reproches de quien tenía el micrófono en la mano, el popular podcaster ultra Joe Rogan. Tampoco del público. Y, por supuesto, tampoco de su anfitrión, el presidente de EEUU, Donald Trump.

A ninguno de los allí presentes les pareció digno de censura acusar a la exprimera dama de ser un hombre, en un insulto que suma el sexismo con la misoginia y el racismo.

Eso era dentro. Pero fuera sí hubo quien protestó contra los fastos, en medio de la marea humana trumpista, con un picnic con bocadillos, en recuerdo del hombre que lanzó un sándwich a un agente federal en Washington en plena redada del ICE y que acabó declarado inocente del cargo de agresión.

El lema del 250 aniversario es 'libertad', Freedom 250: 250 años de libertad e independencia, dicen los documentos oficiales. Lo cual también es una declaración de intenciones, en tanto que no reivindican los derechos humanos o de democracia. Y lo que no dicen es que esa libertad de 1776 era más que censitaria, en tanto que el esclavismo se prolongó un siglo más; la segregación sexual, 150 años más, y la segregación racial, otros 200 años.

EEUU no lleva vividos 250 años de libertad, salvo para algunos. Y en el EEUU actual hay millones de personas perseguidas por el ICE, sin libertad para ir a comprar antibióticos porque no tienen un seguro que les cubra la cita, que, si tienen una urgencia, prefieren pedir un Uber antes que una ambulancia o que pasan el día en bibliotecas públicas porque no tienen un techo bajo el que cobijarse.

Otros, sí. Otros tienen la libertad de pagar hasta 1,5 millones de dólares por ver la Casa Blanca convertida en un circo romano, de hacer turismo espacial, de comprar Warner para así tomar el control de la CNN y silenciar su voz crítica contra Trump, como ya ha pasado con la CBS, y de ser el primer billonario del mundo gracias, entre otras cosas, a los estratosféricos contratos públicos de los que se beneficia su empresa.

“¡Comunista!”, insultaba este domingo una mujer fuera de sí a las puertas del colegio electoral en el que estaba votando Roberto Sánchez, en Lima. “¿Por qué comunista?”, se me ocurrió preguntar a la mujer que se desgañitaba con el teléfono en la mano mientras grababa orgullosa su colección de improperios contra el candidato progresista en las elecciones presidenciales de Perú. “¡Lleva sombrero!”, me respondió, como si hubiera prendas definitorias de la ideología política de cada uno. “¿Y los sombreros son comunistas?”, me atreví a repreguntar. “¡Es por Pedro Castillo!”, replicó, a pesar de que Castillo nunca fue comunista ni militó en el marxismo ni se presentó con un programa socialista cuando ganó en 2021.

Lo que sí representaban Castillo y su sombrero chotano –de Chota, Cajamarca–, el mismo que porta Sánchez, es su origen campesino. Es decir, evoca al trabajo manual, al interior del país, que por extensión se vincula con la población serrana e indígena, en oposición a Lima, la costa, donde se encuentran las élites políticas y económicas del país, esas élites adineradas que han controlado el país durante la mayor parte de su historia.

Los insultos a Sánchez son como los que recibió Castillo y, antes que él, Ollanta Humala. Y tienen que mucho que ver con su color, con el origen humilde de a quienes representan: a las clases trabajadoras, personas humildes, vulnerables, indios, serranos... Y por eso este domingo a Sánchez le gritaban “fuera mierda” en el colegio electoral.

Y también por eso a sus votantes les llaman “cholos” en las redes sociales los seguidores de Keiko Fujimor, quienes se desatan con insultos racistas y clasistas, como recogía este martes en su podcast La Encerrona, de Marco Sifuentes.

Este fin de semana he estado en Lima cubriendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de una semana en La Habana. Y ya el lunes por la noche regresé a Washington DC, en una semana que culminará este domingo con el 80º cumpleaños de Donald Trump, que piensa celebrarlo con una jornada de lucha libre (UFC) en la Casa Blanca.

Era la primera vez que estaba en Perú, un país que me despierta gran interés político desde hace décadas, pero que resulta mucho más lejano para los españoles que otros países latinoamericanos.

Apenas he tenido tiempo de recorrer más que la capital, y de forma parcial, con lo que tendré que regresar lo antes posible para visitar lugares conocidos en todo el mundo, como Cusco, Machu Pichu o Ica.

Pero lo que sí que pude percibir es esa fractura social que evidenciaba la mujer que insultaba a Sánchez por su sombrero, o ese otro hombre que increpaba a la policía por impedir la entrada de más votantes al colegio electoral mientras se encontraba dentro el candidato de Juntos por el Perú para evitar aglomeraciones con la multitud de prensa allí concentrada, que estaba acordonada a las puertas del colegio electoral.

Los contrastes sociales son evidentes en Lima, incluso pasando pocas horas en la ciudad. Desde ese barrio adinerado, como Miraflores, con grandes restaurantes, y otras zonas de la ciudad, como la que rodeada la cárcel de Barbadillo, donde están encerrados Humala y Castillo, y donde se concentraron seguidores de Sánchez el domingo por la tarde para conocer los sondeos a boca de urna de las cinco de la tarde mientras su candidato estaba con el expresidente.

El viaje a Perú para cubrir las elecciones este fin de semana me hizo recordar un libro que compré hace tres décadas cuando viajé a Guatemala por primera vez. Se llamaba La patria del criollo, de Severo Martínez Peláez, centrado en las desigualdades, el racismo estructural y los privilegios de las élites heredado del régimen colonial español.

Así, los criollos perpetúan la explotación de la población indígena y de la tierra en las naciones independizadas latinoamericanas, constituyendo regímenes políticos basados en la herencia de sangre, porque el criollo no era solo un hijo de españoles nacido en América, era la encarnación de la élite política y económica que poseía las tierras y los recursos y controlaba el trabajo indígena, que prolonga el régimen de expropiación de las tierras y explotación de los indígenas, sometidos a trabajos forzados.

Así, el indio se consideraba, y se sigue considerando en muchos sectores, como el de los votantes de Keiko Fujimori en Perú, un ser inferior, por lo que puede ser explotado.

Y mientras en Miraflores, ese barrio adinerado de Lima casi el 90% de la población vota a Fujimori, quienes se concentraban el domingo por la noche en la plaza de San Martín, al grito de “libertad para Castillo”, no tenían nada que ver con aquellos, ni con los que coreaban a Fujimori e insultaban a los votantes de Sánchez con improperios racistas.

Los votantes de Sánchez, como los de Castillo, conocen de primera mano diversas formas de racismo, es su propia historia de opresión. Por eso, cuando se insultaba al expresidente Castillo “maestro rural elegido presidente” y se ataca a Sánchez con este tipo de insultos, se busca evitar “que otros peruanos de origen humilde y provinciano intenten tal travesía” a la política institucional, escribe Francesca Emanuele, socióloga y analista del thik tank estadounidense CEPR: “El temor a recibir el mismo trato alimentaría la ausencia de políticos de origen humilde y provinciano. Y sin ellos será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno”.

Para los millones de peruanos y peruanas que votaron por Castillo y por Sánchez, es natural “encontrarse en su reflejo”, dice Emanuele, “más aún cuando la oposición repetía la táctica manida de ligarlo al fantasma de Sendero Luminoso. Las clases populares llevan décadas siendo cruelmente demonizadas con ese argumento falaz. Por ello mismo, los parlamentarios conservadores repitieron hasta la saciedad que Castillo era 'comunista', acompañando estas afirmaciones con el correlato de una supuesta militancia terrorista. Poco importaba que el presidente se hubiera alejado tempranamente de un plan de gobierno progresista, dejando claro que ni siquiera era un socialdemócrata. [...] Un 'nosotros contra ellos' que retumbaba entre las clases marginadas, en la que les situaban como el enemigo”.

Hasta tal punto es así hoy en día, que uno de los argumentos de que pudieron moverse unas décimas los votos el domingo a favor de Fujimori tuvo que ver con las vinculaciones sin pruebas de Sánchez con Sendero Luminoso. En una entrevista de uno de los candidatos de la primera vuelta, Jorge Nieto, con un conocido youtuber, éste acusó a Sánchez por tener en su equipo personas de Sendero Luminoso, que lleva tres décadas desaparecido, a raíz de la detención de Abimael Guzmán en 1992.

El concepto tiene un nombre: “Terruquear”. Y tiene que ver con acusar de “terruco” o terrorista al otro, simplemente por ser de izquierdas u opuesto al estatu quo.

Y esas clases populares demonizadas se fueron a celebrar la noche electoral de la plaza de San Martín a la humilde sede central de Juntos por el Perú, en el cercado de Lima, en un viejo edificio de techos altos, paredes desencaladas y aseos comunitarios donde había un ordenado trasiego por los pasillos, con banderas que entraban y salían y personas que confiaban en dar la vuelta a los primeros recuentos. “Vamos a voltear seguro”, decía un militante, “no puede ser que gane Keiko Fujimori, es impensable”.

El agónico recuento encabezado por Sánchez, no obstante, mantiene aún las opciones de Fujimori, gracias a que queda mucho voto del exterior por contar, donde ella es más fuerte que el progresista.

Este miércoles puede que todo acabe, y sabremos si Perú puede tener un presidente en el que se sientan reflejadas las personas históricamente explotadas y excluidas o las élites que, desde la colonia, han hegemonizado la política y la economía del país.

Una de las cosas más valiosas de mi trabajo en elDiario.es es la realización profesional en una comunión con nuestras banderas editoriales. Hace poco más de un año que me mudé a Washington DC como primer corresponsal de nuestro medio en Estados Unidos. Y también he tenido la suerte de venir a La Habana, hace una semana, para contar de primera mano la situación cubana en un momento excepcional, de recrudecimiento del bloqueo y de asfixia energética por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Es, coinciden académicos, economistas, funcionarios y ciudadanos de a pie, el periodo más difícil que ha vivido Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Uno de los asuntos fundamentales que nos planteamos en elDiario.es desde el primer día es intentar aportar una mirada propia a la información, libre de intereses económicos y de condicionantes ajenos a nuestros principios editoriales.

Y pocos temas exigen tanto ese esfuerzo como Cuba, un país que despierta pasiones, prejuicios y debates que a menudo impiden comprender su complejidad.

“En Cuba vivimos en estado de shock”, me decía alguien estos días. Cuba no es un país cualquiera. Cuba es un símbolo revolucionario de la emancipación contra el colonialismo y el imperialismo estadounidense. Eso es algo que es difícil de percibir en Europa, entre otras cosas porque los países europeos también han sido imperialistas y genocidas con sus colonias.

Por otro lado, es cierto que Cuba también despierta controversia en España por su sistema de partido único y de planificación económica socialista. Pero no es sencillo de abordar y, cuando vienes aquí por primera vez, como me ocurre a mí, en un momento tan excepcional de su historia, cada vez que te sientas frente al ordenador a escribir lo que has vivido ese día, se funden inevitablemente las vivencias con la mochila personal y política que cada uno carga. Más aún en mi caso, porque me resulta imposible observar lo que veo sin filtrarlo a través de la realidad de un bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, de las recientes amenazas militares y del recrudecimiento del que he venido informando durante este último año desde Washington.

Yo siempre quise venir a conocer Cuba, pero no ha podido ser hasta este momento, de los más complicados para la isla. Es verdad que La Habana no es la isla, como me han dicho muchos amigos y fuentes, en tanto que La Habana siempre está mejor que el interior del país. Pero también es verdad que simples paseos por La Habana resultan desgarradores.

La víspera de venir a La Habana, una amiga de Washington DC me dijo: “Prepárate, la situación es muy triste”. Y tenía razón. Es tristísima. Imposible estar preparado. Yo estoy ya fundido emocionalmente por ver montones de basura acumulada en las calles porque el bloqueo petrolero de Trump imposibilita que haya combustible para recogerla. Y eso son malos olores, focos de enfermedades cuando estás a más de 30ºC en la calle, y también son lugares en los que personas se acercan a rebuscar si hay algo rescatable en esos restos.

Y eso pasa en casi todos los barrios. Mi hotel, uno de los últimos construidos por el grupo empresarial del Ejército puesto en el disparadero por EEUU, GAESA, se encuentra en el barrio del Vedado. Un barrio en el que a menudo se corta la luz, que da al malecón, donde antaño se juntaban los ciudadanos de La Habana.

Hoy, sin embargo, queda poco de aquella imagen: los cortes de luz por falta de combustible duran a veces más de 20 horas, no hay casi vehículos circulando por la ciudad, más allá de los taxis y los eléctricos, y la sensación es que todo el mundo está en modo reposo. Es como si la falta de energía eléctrica también se hubiera traducido en falta de energía humana.

Bien es verdad que la gente tiene dificultades para dormir: la falta de corriente hace que no funcionen los ventiladores, o que la luz llegue de madrugada y haya que levantarse para cocinar para el día siguiente: la alternativa es cocinar con carbón o leña, algo cada vez más habitual en Cuba.

Personas con las que he hablado afirman que la crisis cubana es previa a la vuelta de tuerca de las sanciones trumpistas, que hace un puñado de años podrían haber decidido construir menos hoteles, que a día de hoy, además, están vacíos por la ausencia de turismo, para dedicar recursos a la soberanía alimentaria, energética y a blindar los pilares de la Revolución: la sanidad y la educación.

Pero también hay quien dice que la coyuntura del Gobierno cubano es endiablada, caracterizada por gestionar crisis tras crisis, cada una peor que la anterior: después de la distensión con Barack Obama, llegó el desmantelamiento de buena parte de esa política de acercamiento durante el primer mandato de Trump; después vino la pandemia y, más tarde, un Joe Biden que no cambió una sola coma de la política de sanciones heredada de Trump hasta una semana antes de dejar el cargo. Después de eso, llegó la segunda presidencia de Trump, hablando directamente de “tomar Cuba” y lanzando una imputación contra Raúl Castro por un asunto de hace tres décadas y de forma bastante retorcida.

En Estados Unidos son muchos los que contemplan como una posibilidad real, e incluso inminente, una acción militar contra Cuba. En Cuba, sin embargo, parecen más escépticos, te dicen que el Mundial está a la vuelta de la esquina, que no hay alternativa al Gobierno actual, que el país podría lanzar ataques a Florida y la base de Guantánamo. Es verdad que siempre te encuentras con alguno que te dice que está deseando que lleguen los estadounidenses, pero también es verdad que te encuentras con mucha gente dispuesta a defender su país ante el invasor. No en vano, murieron 32 cubanos en el ataque a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

“Esto no es Venezuela”, te dicen muchos, decepcionados por el Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, que no ha enviado una gota de petróleo en seis meses y que ha expulsado a las brigadas médicas de su país, donde llevaban lustros cooperando.

Pero hay una cuestión que aparece una y otra vez en las conversaciones con los cubanos estos días: la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrán los estadounidenses? ¿Está negociando el Gobierno cubano? ¿Qué conceptos? ¿Hay margen para un acuerdo?

Un amigo español que vive y trabaja en Cuba, me decía el otro día: “Esto se trata del gran reemplazo, de echar a los europeos para que EEUU se quede con sus empresas”. Y, de momento, eso está pasando. Una amiga apostillaba: “Lo que quieren es que el hotel Habana Libre vuelva a llamarse Habana Hilton”.

Lo cierto es que está habiendo presiones para salir del país. y que hay empresas de todos los países que lo están haciendo. Pero no es una cosa solo de hoteles. La minera canadiense Sherritt International Corp. ha firmado un acuerdo con Gillon Capital LLC, una sociedad vinculada a un exasesor de Trump, Ray Washburne, que permitiría a Gillon adquirir una participación mayoritaria en la empresa mientras esta afronta las sanciones impuestas a sus operaciones en Cuba.

Pero no solo eso, EEUU, el país que se negó a facilitar respiradores, oxígeno y jeringuillas a Cuba en lo peor de la pandemia, también impide que Cuba compre piezas para su termoeléctrica averiada, o que pueda acceder al crédito de instituciones internacionales como el FMI o Banco Mundial, bloquea las cuentas de residentes en Cuba que hagan pagos fuera de la isla a través de los bancos incluso.

Todo, desde alimentar una bomba de agua en un edificio para que se puedan lavar las familias, hasta tener combustible para cultivar los campos, o corriente para que no se caiga la conectividad de los móviles, es una carga que se vive de forma cotidiana.

Es verdad que te encuentras gente que anhela la invasión estadounidense. Me pasó con una mujer este lunes, camino de una visita a un hospital pediátrico en la que los médicos te cuentan que llegan al trabajo a primera hora de la mañana sin combustible para moverse y, a lo mejor, sin haber pegado ojo porque no les funcionaba el ventilador y entraban muchos mosquitos en la habitación, con el riesgo que eso hay ya en este país de contagiarse de enfermedades a través de los insectos.

También hay críticos al Gobierno desde dentro del sistema que reprochan al Gobierno la falta de un plan para lo que está por venir. Pero, en el fondo, el destino de Cuba está en buena parte en Washington DC: si el bloqueo y las sanciones se endurecen más o se relajan; si la Administración Trump renuncia a la aniquilación del sistema cubano o no; si decide una operación militar como el secuestro de Maduro, o si acaso le basta con instalar sus hoteles en los huecos que dejan las empresas europeas y canadienses.

Asimismo, es llamativa la paz social en Cuba. En países como Argentina, Francia o Grecia, por ejemplo, cinco meses de cortes de luz habrían desatado grandes revueltas. Pero, de momento, eso no pasa con Cuba. Hay quien dice que tiene que ver con las condenas tras las protestas del 11 de julio de 2021, también hay quien dice que el Gobierno goza de gran apoyo y recuerdan las movilizaciones del Primero de Mayo o las colas para despedir a los 32 soldados muertos por el ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero pasado.

En Cuba he podido visitar hospitales, y te cuentan las dificultades de llegar al trabajo de los sanitarios, mientras los pacientes tienen que operarse en un quirófano sin climatización si hay cortes de luz, o cómo tienen que racionar las medicinas por las dificultades para comprarlas, o cómo tienen que subir a los enfermos por las escaleras cuando se va la luz.

¿Hasta dónde llegaba la responsabilidad del Gobierno y hasta dónde de las sanciones del bloqueo? Esa es una pregunta recurrente en los últimos tiempos. El problema, sin embargo, es que ahora las sanciones y el bloqueo de combustible son tan duras que afectan a los más vulnerables, desde los recién nacidos –pasando de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2018 a 9,9 por cada 1.000 en 2025, según datos del Ministerio de Salud Pública– hasta los enfermos de cáncer, de hemodiálisis o incluso el enterramiento de muertos por no tener gasolina para el coche fúnebre.

Muchos miran al Gobierno cubano, lo tienen más cerca, y le piden cuentas por reformas económicas pendientes, o le piden un mayor liderazgo político, un plan de hacia dónde va el país. Otros te dicen que el Gobierno cubano sólo gestiona crisis y con escasos recursos, y aquí así es muy difícil gobernar. ¿Cómo juzgaríamos la gestión de cualquier gobierno si dirige un país sin combustible, sin poder comprar repuestos para sus equipos médicos, sin poder acceder a los mercados internacionales y tener el comercio limitado por la amenaza de sanciones a terceros?

Otro asunto recurrente es el de la pluralidad partidista del sistema político. ¿Puede ser un horizonte al que camine Cuba para quitarse de encima la presión de EEUU? No sabemos qué está pidiendo concretamente EEUU a Cuba, pero el objetivo político último de personas como Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, pasa por el fin de la Revolución cubana. Cuba, de momento, no está cediendo y sus señales son las de no ceder. EEUU, de momento, no deja de incrementar la presión. ¿Qué pasará? Es difícil hacer pronósticos, a corto plazo todo empeorará por la canícula veraniega que será durísima sin corriente eléctrica, y en Cuba históricamente las protestas se han dado en julio y agosto. ¿Habrá protestas este año? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cómo lidiará el Gobierno con la disidencia?

Las incógnitas son múltiples. En todo caso, aquí estaremos para contar cómo se van despejando.

“Soy culpable. Culpable de amar al pueblo cubano. Culpable de creer que los niños cubanos merecen medicinas en lugar de sanciones. Culpable de creer que intentar salvar vidas no debería ser tratado como un delito”. Así reaccionaba Medea Benjamin, cofundadora del colectivo pacifista estadounidense CodePink, a las informaciones sobre las citaciones en marcha contra ella y decenas de activistas implicados en el convoy a Cuba del pasado marzo. Las investigaciones parten de los departamentos de Justicia y del Tesoro.

A menudo contamos los periodistas que Donald Trump llama sleepy Joe [somnoliento Joe] al expresidente Biden; too late Powell [demasiado lento Powell], al expresidente de la Reserva Federal contra quien lanzó una investigación federal por parte del Departamento de Justicia que acabó cerrándose para que el candidato de Trump al frente de la Fed pudiera pasar la votación en el Senado.

Del mismo modo, los periodistas solemos contar cómo la Administración persigue a rivales políticos que le metieron en problemas judiciales, como James Comey, exdirector del FBI, o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los periodistas también contamos la represión migratoria, el acoso a la comunidad somalí en Minneapolis y los insultos diarios a los periodistas, con denuncias judiciales y amenazas de suspensión de licencias para las grandes cadenas de televisión.

En un artículo en The New York Times de hace unos meses, se explicaba que “la ofensiva autoritaria del gobierno ha tenido un impacto evidente. Ha transformado el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.

Y esa es una de las claves de lo que está sucediendo estos días en Estados Unidas: la inoculación del virus del miedo a la persecución por parte de la Administración Trump si, como ciudadano de a pie, no haces lo que la Casa Blanca espera de ti.

Así, la muy afín al presidente de EEUU Fox News publicaba estos días que “funcionarios de los Departamentos de Justicia y del Tesoro están investigando a organizaciones y grupos activistas estadounidenses por supuestamente coordinar actividades de lobby, difusión de mensajes, recaudación de fondos, envío de delegaciones y esfuerzos de organización política con funcionarios del Gobierno cubano, como parte de una posible campaña de influencia extranjera que opera dentro de los Estados Unidos”.

El mensaje es demoledor: la Justicia estadounidense te investiga por difundir mensajes y viajar a Cuba, con la acusación de formar parte de una “campaña de influencia extranjera”.

Fox News, así, afirmaba haber identificado a 145 organizaciones sin ánimo de lucro, grupos sindicales, organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos de activistas en todo Estados Unidos “que se están movilizando en apoyo al gobierno cubano y al Partido Comunista de Cuba”.

Es decir, la propia cadena amiga de Trump se remanga para señalar a quienes denuncian el bloqueo cubano. Y, lo que es mejor, Fox explicaba que “para los funcionarios de seguridad nacional de EEUU que examinan la influencia de gobiernos extranjeros en el país, la campaña de mensajes de respuesta rápida ofrece un ejemplo contundente de la velocidad con la que la infraestructura nacional de 'solidaridad' con Cuba sincroniza sus mensajes políticos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, plataformas mediáticas, organizaciones sindicales y coaliciones de activistas”.

¿Y cuáles son las principales organizaciones señaladas? “ANSWER Coalition, el Partido por el Socialismo y la Liberación, BreakThrough News, CodePink, el People's Forum y Tricontinental”, que “forman parte de una red financiada por el magnate tecnológico y expatriado estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en Shanghái, la cual respalda al Partido Comunista Chino y su agenda global, incluida su defensa del régimen comunista en Cuba”.

Ya hace unos meses, publicábamos aquí la campaña del Departamento de Estado contra estos colectivos. En aquel momento, la acusación era estar al servición del PCCh, ahora la investigación es por denunciar el bloqueo a Cuba.

Fuentes de la Embajada de Cuba en Washington niegan cualquier actividad indebida y afirman que los diplomáticos actúan dentro de los límites de la Convención de Viena, cuyo Artículo 41 establece que “tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos” de un país.

Según Fox, los investigadores están examinando las actividades de varios activistas vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba, entre ellos el streamer Hasan Piker, la cofundadora de CodePink, Medea Benjamin, y la coordinadora de CodePink en Washington DC, Olivia DiNucci.

En total, la investigación se extiende a cerca de 40 estadounidenses que, según Fox, “presuntamente se coordinaron con funcionarios del gobierno cubano para llevar bienes y suministros a Cuba en 'convoyes' y 'flotillas' a principios de este año”.

Ahora bien, en contra de lo publicado por Fox, de momento no se han entregado citaciones.

“Contrariamente a los rumores, no he recibido ninguna citación judicial del Gobierno de los Estados Unidos”, escribia Medea Benjamin en un comunicado hecho público: “Quizás esté en camino. Pero quiero ser clara: no hicimos nada malo durante nuestro viaje a Cuba en marzo de 2026. Por el contrario, actuamos como ciudadanos estadounidenses con principios morales, tratando de llevar algo de alivio a una población que está siendo deliberadamente sometida al hambre por las crueles políticas de nuestro propio Gobierno”.

En el centro de la diana de la Administración Trump y Fox está uno de los principales mecenas de estas organizaciones y colectivos, esposo de una fundadora de CodePink, con familia proviente de Sri Lanka, nacido en Connecticut en 1954, y con residencia en Shanghai.

Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie a Fox y a la Administración Trump para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh. Una tesis aplicada por el Departamento de Estado en febrero pasado.

Ahora, la carga del delito pasa por coordinar con Cuba la ayuda para Cuba.

Son como una secta. Los trumpistas rezan juntos, se encomiendan a su dios ante la guerra contra Irán impulsada por su líder, como si se tratara de una nueva Cruzada. Han creado una oficina de asuntos religiosos en la Casa Blanca, que básicamente es una oficina de propagación del cristianismo. Combaten la libertad religiosa; amparan las batallas legales para que haya escuelas cristianas concertadas; organizan oraciones en instalaciones gubernamentales, como las dirigidas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth –quien habla de “soldados en una causa espiritual” cuando se refiere a los ataques sobre Irán–; e incluso se arremolinan para orar en el Despacho Oval en torno a Donald Trump.

No en vano, según dijo el propio presidente de EEUU en su día, Dios evitó que fuera asesinado en Butler (Pensilvania), el 13 de julio de 2024, para poder volver a la Casa Blanca. Es decir, como los Blues Brothers, Trump piensa de sí mismo que está en una misión divina. “Sólo dios impidió lo impensable”, afirmó tras el atentado.

Esa conexión de raíz entre la presidencia de Trump y lo divino se evidencia en gestos como el que tuvo Javier Negre en septiembre pasado, cuando regaló, según él mismo dijo, un “Rosario de Tierra Santa” a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al final de una amistosa conversación de cinco minutos que grabaron en vídeo y de la que cada vez quedan menos rastros en las redes sociales.

En aquella charla, Leavitt le dijo a Negre: “Esta Administración defiende con orgullo los valores judeocristianos, de fe en Dios y Jesucristo, de familia y libertad”.

En un país que históricamente ha hecho gala de estar compuesto por personas de diferentes orígenes y credos, lo cierto es que la Administración Trump avanza a toda velocidad hacia un modelo de país marcado por la vieja hegemonía WASP –blanco, anglosajón y protestante– actualizada a 2026, en la que se prioriza a los evangélicos y caben los católicos siempre y cuando se enfrenten al papa –como movimientos integristas católicos estadounidenses–, y los latinos, pero siempre y cuando hagan un ejercicio de disociación mental hasta el punto de defender la represión migratoria sobre su comunidad.

Es decir, hasta el punto de abogar por renunciar a uno mismo, como hace el congresista republicano Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Bogotá, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para prohibir la doble nacionalidad.

Porque, en realidad, el verdadero culto que existe en Estados Unidos no es tanto a dios como al líder, Donald Trump. En torno a él rezan en la Casa Blanca, a él le hacen la pelota como ha aprendido a hacer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y no hay un miembro de su Gabinete que abra la boca en público sin alabar previamente hasta la extenuación el “liderazgo” de su presidente.

El culto al líder se traduce en que todo lo que pasa en EEUU es gracias a Trump: ya sea atacar Irán como dejar de hacerlo; ya sea amenazar con aranceles como retirarlos; ya sea enfrentarse a China como ir a Pekín a regalarle el oído a Xi; o usar el Departamento de Justicia contra rivales políticos, desde el presidente de la Reserva Federal al director del FBI; o lo contrario, ayudando a Steve Bannon y a los agentes que asesinaron en Minneapolis a Renee Good y Alex Pretti.

Como rezan esas gorras que llevan los MAGA, “Trump tenía razón sobre todo [Trump was right about everything]”: ya sea para romper relaciones con aliados históricos de EEUU al tiempo que confraterniza con Vladímir Putin; o para encomendarse a los valores religiosos a la vez que intenta tapar los archivos de Epstein o asesinar a sangre fría a dos centenares de personas en el Caribe y el Pacífico, se asfixia a la población civil cubana o se bombardea una escuela en Irán sin consecuencias para nadie.

Para ellos, el líder, Trump, es infalible, como si de una monarquía absoluta, una teocracia o una dictadura clásica se tratase.

El domingo pasado miles de personas se dieron cita al lado de la Casa Blanca para un ejercicio de exaltación religiosa llamado Rededicate 250. Llegaron desde diferentes estados para agolparse frente a un escenario enorme, diseñado deliberadamente para parecer una mezcla entre templo cristiano y arquitectura imperial estadounidense, en ese estilo neoclásico rancio que tanto enamora al presidente de EEUU: grandes columnas blancas y arcos, que recordaban tanto a catedrales como a edificios oficiales de Washington. Vidrieras falsas, cruces, figuras de los padres fundadores para tejer ese hilo originario de EEUU con el nacionalismo cristiano.

La intención política y simbólica era clara, transmitir que el poder político estadounidense y el cristianismo forman parte de una misma tradición sagrada. De ahí que muchos críticos hablen de “nacionalismo cristiano” y de una puesta en escena casi teocrática.

El escenario, con el monolito del Monumento de Washington detrás, recordaba a películas clásicas como Los diez mandamientos, y estaba rodeado de casetas con la estética de las superproducciones bíblicas de Hollywood de los años 50 y 60, en las que se mezclan las estéticas antiguas, ya sea Egipto, Roma o la Jerusalén bíblica. Parecía más un decorado de epopeya bíblica que un acto político.Y no es casual: ese tipo de imaginería transmite grandeza, destino histórico y autoridad moral divina. Así, el nacionalismo cristiano trumpista intenta presentar la política casi como una misión religiosa o una batalla civilizatoria.

Y ante ese akelarre religioso en el centro de Washington DC el pasado domingo, al lado de la Casa Blanca, el líder supremo decidió participar a distancia, con un vídeo en el que aparecía leyendo un fragmento de la Biblia. Pero como los suyos lo consideran tan infalible, ni siquiera se quejan por que ese vídeo sea reciclado, y haya sido usado unas semanas antes para un acto similar llamado “EEUU lee la Biblia”.

El acto multitudinario del domingo en el National Mall, un interminable servicio evangélico cristiano, fue bautizado como Rededicate 250, para poder colarlo como un acto relacionado con las diferentes celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EEUU, y así poder ser financiado con fondos públicos –a través de concesiones del Servicio de Parques Nacionales y partidas de la conmemoración histórica–, y respaldado por el presidente Trump.

“Rededicate 250 es una jornada nacional de oración, alabanza y acción de gracias que se celebra en el National Mall con motivo del 250º aniversario de los Estados Unidos”, se dice en su web: “Se trata de un encuentro histórico para dar gracias por la providencia de Dios, reflexionar sobre la historia de nuestra nación y volver a consagrar a Estados Unidos como una nación bajo Dios”.

Es decir, se trataba de “rededicar la nación a Dios”.

El programa, de ocho horas de duración, incluyó canciones, oraciones y discursos de altos cargos del Gobierno, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El acto contó con la participación de líderes religiosos como el evangelista Franklin Graham y el cardenal Timothy Dolan.

“No había nada de cristiano en lo que vimos”, decía el obispo evangélico William J. Barber II en Democracy Now: “Esto es idolatría. Esto es herejía. Esto es una forma de nacionalismo religioso. Esto es adoración a Trump. Esto es intentar convertir a alguien en una figura mesiánica”. Barber, presidente de Repairers of the Breach y director fundador del Centro de Teología Pública y Política Pública de Yale, participó el domingo en un acto paralelo llamado Redirect 250.

Sarah Posner, autora de Unholy: How White Christian Nationalists Powered the Trump Presidency, and the Devastating Legacy They Left Behind, afirmaba: “Esto es realmente una batalla por el alma de Estados Unidos. Los evangélicos, durante décadas, se han empapado de la teología e ideología sionista cristiana, que sostiene que Estados Unidos tiene el deber bíblico de defender a Israel y, en particular, de defender a Israel de una agresión, ya sea nuclear o de otro tipo, de Irán”.

“Vivimos bajo una Constitución laica cuyas únicas referencias a la religión son excluyentes”, afirma Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la Freedom From Religion Foundation (FFRF): “Estados Unidos se fundó sobre los principios de la Ilustración, no sobre la autoridad bíblica. Ni por muchas concentraciones de oración ni por mucha historia revisionista se podrá borrar eso”.

Y las frases pronunciadas por alguno de los insignes participantes dejan poco lugar a dudas.

“Dios Todopoderoso, te pedimos que escuches estas solemnes súplicas. Así como al principio consagramos esta tierra a tu santísimo nombre, hoy, aquí, Señor, en este 250 aniversario de la independencia estadounidense, reafirmamos nuestra consagración de los Estados Unidos de América como una sola nación bajo Dios”, dijo Mike Johnson.

El locutor de radio ultra Eric Metaxas, terció con un razonamiento que seguro llenó de regocijo a Trump: “Cuesta creer que el Señor tardara dos siglos en crear a un gran hombre que, por fin, consiguiera que ese salón de gala ocupara el lugar que le corresponde. Es extraordinario. Solo hemos tenido que esperar 200 años”.

Posner, en Democracy Now, explicaba sobre el acto del domingo: “Es otro ejemplo de la agenda nacionalista cristiana del gobierno. Sus seguidores nacionalistas cristianos sostienen, falsamente, que Estados Unidos se fundó como una nación cristiana, que Dios quiso que se fundara como tal, y que la nación cristiana se ha alejado de esa fundación divinamente prevista, y que es su deber, tanto espiritual como políticamente, restaurarla. ¿Qué significa eso? Para ellos, el progreso político, social y legal de los siglos XX y XXI es lo que, según creen, ha provocado el declive de Estados Unidos y su caída en el pecado. Así que, en realidad, se trata de una batalla por el alma de Estados Unidos. ¿Nos convertiremos en una nación plural y laica, gobernada por leyes seculares que protejan la igualdad de derechos para todos, o en un país nacionalista cristiano, donde la religión de Mike Johnson y Paula White se imponga al resto?”

“Durante mucho tiempo en nuestro país, esto se habría considerado una grave violación de la separación entre la Iglesia y el Estado”, prosigue Posner, “que los contribuyentes financiaran un evento específicamente religioso, dirigido a un público en particular y que, además, busca proyectar el favoritismo del gobierno hacia una determinada orientación religiosa. En las últimas décadas, la Corte Suprema, que, cabe destacar, también ha sido moldeada por Donald Trump, ha erosionado la separación entre Iglesia y Estado. E incluso más allá de lo que pueda ser legal o ilegal según la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, Trump ha pisoteado prácticamente todas las normas y valores que tenemos, incluyendo el gasto de dinero de los contribuyentes en sus propios proyectos, incluyendo su proyecto de nacionalismo cristiano en este caso”.

En todo caso, Trump prefirió enviar un vídeo reciclado mientras jugaba al golf el domingo, en una muestra de que el acto no le importa lo suficiente como para mezclarse con la multitud, pero sí le importa lo bastante como para buscar el apoyo de esa multitud. Como cuando ha hecho inaugurar una estatua dorada de 6,7 metros de altura de un Trump levantando el puño, conocida como Don Colossus, instalada recientemente en el Trump National Doral Miami en una ceremonia religiosa en la que uno de los pastores, Mark Burns, señaló que “no es un becerro de oro”, para aplacar las críticas de los católicos.

Como decía el obispo William Barber II, el acto del domingo, pretendidamente cristiano, no fue nada piadoso: no mencionaron hablaron de la pobreza, la privación de la atención médica, la guerra injusta y el maltrato a los inmigrantes o el sufrimiento de los más desfavorecidos.

Por todo eso surge la brecha entre el papa León XIV y Donald Trump, que se hace más evidente cada día que pasa, por mucho que la Casa Blanca enviara al católico cubanoamericano Marco Rubio a Roma. Una misión que mostró con elocuencia los mundos paralelos en los que viven el Vaticano y la Administración Trump. Mientras el papa regaló a Rubio una planta de la paz, el jefe de la diplomacia estadounidense entregó un pequeño balón de cristal como símbolo del Mundial de fútbol.

Las provocaciones de Trump son incontables, como aquel post de hace un mes en sus redes sociales con una imagen suya en el cuerpo de Jesucristo, y que tanto enfadó a los católicos hasta el punto de borrarlo.

El inicio de la gran tensión entre Trump y el papa nace cuando el presidente de EEUU amenazó con “destruir” Irán y su “civilización”, el pasado 7 de abril. Aquel día, el papa declaró: “Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”. A partir de ahí, León ha realizado alegatos contra las guerras injustas, y Trump ha respondido llamando “débil” al pontífice, quien ha llegado a decir: “No tengo miedo a la Administración Trump, la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”.

En plena Semana Santa, la extelepredicadora Paula White, asesora espiritual principal de Trump, quien dirige la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca, afirmó: “Señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro”.

Paula White es la mujer que aparece a menudo dirigiendo grupos de oración, colocando las manos sobre el presidente en señal de oración y asistiendo a ceremonias de firma de leyes en el Despacho Oval.

Así, Trump ha creado la Oficina de Fe de la Casa Blanca para la participación de líderes religiosos en el diseño de políticas públicas, dirigida por la pastora evangelista White-Cain; ha fundado la Comisión de Libertad Religiosa, dentro del Departamento de Justicia para combatir el supuesto “sesgo anticristiano” en las normas federales; está combatiendo el aborto por todas las vías posibles, así como los derechos de identidad transgénero, al tiempo que flexibiliza las restricciones políticas en los púlpitos para permitir que los pastores y líderes religiosos respalden o critiquen abiertamente a candidatos políticos desde sus iglesias sin perder su estatus de exención fiscal.

Además, las comisiones gubernamentales y los oficiales están dominados de forma casi exclusiva por representantes evangélicos blancos, marginando a iglesias afroamericanas históricas, al protestantismo tradicional y a las minorías no cristianas como musulmanes, budistas o judíos reformistas.

El trumpismo se está entregando cada vez más al nacionalismo cristiano. Pero el verdadero culto sigue siendo al líder, a Donald Trump.

Donald Trump presume del boom de la bolsa, como si fuera un indicador de la salud de su economía y, en particular, de la de sus votantes. Lo ha vuelto a hacer este martes, antes de partir hacia China, hablando de los índices del Dow Jones y el S&P para oponerlo al peor dato de inflación en EEUU en tres años recién publicado: los precios se han disparado hasta el 3,8% por su guerra en Irán y el impacto que está teniendo en la energía y la gasolina.

Pero a Trump lo que le importa es que su corte de tecnoligarcas, con Larry Ellison (Oracle) al frente, junto a Mark Zuckerberg (Meta) y su exnuevo mejor amigo Elon Musk (X y Tesla), entre otros. Son a ellos a los que recibe en cenas, a quienes les pide que se hagan con la CNN y la CBS para convertirlas en cadenas afines, a quienes les ruega que se queden con la división estadounidense de TikTok, para así sortear la orden de cerrar la aplicación en EEUU. Pero a él le va bien en TikTok, y no quiere que desaparezca en EEUU.

Eso es lo que más le importa a Trump, y no que el galón –3,78 litros– de gasolina haya pasado de 3,1 dólares de media en EEUU hace un año a los 4,5 dólares de ahora, lo que supone una subida del 50%, y todo a raíz de su guerra en Irán, lanzada sin justificación ni amenaza.

Y es contra esos tecnoligarcas y sus centros de datos en ingentes terrenos repartidos por el país contra quienes se está generando un movimiento comunitario y vecinal creciente en Estados Unidos.

Saul Levin, participante del movimiento contra la concentración del poder de las grandes empresas tecnológicas y presentador del nuevo podcast The Hum, en el que comparte “historias de personas de todo Estados Unidos que luchan contra la incursión de la IA y los centros de datos en todos los aspectos de nuestras vidas”, me contaba este martes: “La lucha contra los centros de datos de IA en EEUU es una lucha por quién controla nuestro futuro. No se trata de estar a favor o en contra de la inteligencia artificial, sino de si los multimillonarios de Silicon Valley deben controlar nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra tierra y nuestra agua”.

Hace unos días hablé con ⁨⁨Matthew Rodríguez⁩⁩, miembro del colectivo Amanecer People’s Project en El Paso (Texas, 680.000 habitantes), y me contaba el caso que están viviendo en su comunidad. Actualmente, se están desarrollando tres gigantescos complejos de centros de datos en la región de El Paso: las instalaciones de Meta en el noreste de la ciudad; el Proyecto Júpiter, en Santa Teresa (Nuevo México) y, ahora, un complejo aún mayor proyectado en terrenos federales dentro de la base militar de Fort Bliss.

Rodríguez cuenta que en 2023 una empresa llamada Worldwide LLC se puso en contacto con el Gobierno municipal de El Paso para explicarles que iban a construir un centro de datos. No hace tanto de aquello, pero por aquel entonces no se sabía cómo ahora en qué consistían estos centros de datos, dedicados especialmente a la inteligencia artificial. “No explicaron que, en realidad, se dedicaría a la minería de datos, ni el enorme consumo de energía y agua que esto implicaría. Así que lo aprobaron y, al aprobarlo, concedieron una exención fiscal del 80% por un periodo de 25 años para ese proyecto en concreto. En aquel entonces, el proyecto estaba valorado en 800 millones de dólares”, explica Matthew Rodríguez⁩⁩.

Desde entonces, no hubo novedades significativas en ese proyecto hasta que se anunció otro, que técnicamente está en Nuevo México, pero se encuentra en el área metropolitana de El Paso: el Proyecto Júpiter (Santa Teresa, Nuevo México), un complejo de centros de datos con un presupuesto de 165.000 millones de dólares desarrollado por Stack Infrastructure, OpenAI y Oracle. Representa una de las mayores inversiones privadas de la historia de Estados Unidos, centrada en el entrenamiento de IA, la infraestructura de chips de alta tecnología y la capacidad energética a largo plazo.

“En cuanto se anunció ese proyecto, la gente empezó a interesarse más y a preguntarse: '¿Por qué se invierte tanto dinero en esto? ¿Por qué están solicitando todos estos permisos? ¿Qué son exactamente estas instalaciones?”, recuerda Rodríguez: “Y fue precisamente entonces cuando empezaron a confirmar que la empresa detrás del proyecto de El Paso era Meta, y se reveló que Meta tiene permiso para utilizar 1,5 millones de galones de agua al día”.

A partir de ahí, Meta redobló la apuesta y anunció que la inversión sería de 1.500 millones de dólares, manteniendo la exención fiscal. Así que ahora se trataba de una exención fiscal del 80% sobre un proyecto de 1.500 millones de dólares. “Fue en ese momento cuando realmente comenzamos a organizarnos”, explica Rodríguez: “Empezamos a celebrar reuniones comunitarias, asambleas ciudadanas, movilizamos a la gente y presionamos al Ayuntamiento en un momento en que la situación resultaba increíblemente impopular y en el que el alcalde y todos los miembros de la corporación municipal, salvo dos, son nuevos, por lo que reconocían que era un mal acuerdo pero añadían: 'Meta nos demandará y llevará a la ciudad a la bancarrota. Así que, básicamente, estamos siendo rehenes de Meta”.

“Personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las tendencias políticas están alzando la voz porque las empresas, con sus propios beneficios en mente, están imponiendo la instalación de centros de datos de IA en sus ciudades”, explica Levin: “Las empresas tecnológicas se benefician, mientras que el resto de la población se queda con facturas de electricidad elevadas, escasez de agua, ruido de drones y tierras en barbecho. En este país es más fácil abrir un centro de datos de la IA del tamaño de Manhattan que abrir una cafetería”.

Levin llama a su podcast The Hum. Según el Instituto de Estudios Medioambientales y Energéticos (EESI), los centros de datos emiten sonidos en una amplia gama de frecuencias, tanto altas como bajas. Las frecuencias más bajas, especialmente aquellas por debajo del umbral de audición humana, son particularmente difíciles de detectar sin un equipo fiable, lo que complica especialmente la evaluación del ruido para las comunidades locales. Y a ese zumbido que no se oye casi se le llama en EEUU hum.

Según denuncian los activistas, las personas que viven cerca de los centros de datos de IA en Estados Unidos señalan que tienen con cada vez más frecuencia enfermedades provocadas por un zumbido casi imperceptible. El infrasonido, que en algunos casos se siente más que se oye, “está provocando que las personas que viven en las inmediaciones de varios centros de datos enfermen con síntomas como dolores de cabeza, insomnio, náuseas y ansiedad”, denuncian, y alertan de que quienes viven cerca de determinados centros de datos han informado de niveles de ruido que se acercan a los 100 dB, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Arrasando con el agua y la energía

Rodríguez, por su parte, cuenta que el centro de datos de El Paso consumiría más agua que todas las escuelas juntas y requeriría más energía que la totalidad de las viviendas y edificios residenciales de la ciudad: “Para alimentarlo energéticamente, están construyendo una central eléctrica privada a gas, con generadores convencionales funcionando de manera ininterrumpida, lo cual generaría más contaminación atmosférica que todo El Paso y Juárez combinados”.

¿Y cuánto empleo aportará a la ciudad? “En ese acuerdo fiscal que firmaron en 2023, parte de las obligaciones estipuladas se referían a los empleos, y lo único que se le exige a Meta —en el sentido de que sea legalmente vinculante— son 50 empleos a tiempo completo. Tiempo después, se comunicó que la inversión de Meta ascendería a 10.000 millones de dólares, en lugar de los 1.500 millones previstos inicialmente.

“Texas no tiene esa clase de agua, ni energía. Faltan ambas cosas. Simplemente, no hay suficiente; no tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Hemos escuchado a representantes de ambos partidos —tanto republicanos como demócratas— y nadie está contento con esto. Nadie está entusiasmado con los centros de datos”, argumenta Rodríguez: “La pregunta es: ¿para quién son? Lo siguiente que veremos, debido a la gran oposición por parte de la comunidad, es que intentarán ubicarlos en bases militares, para así no tener que someterlos a la aprobación de ningún organismo gubernamental. El Departamento de Defensa podría simplemente aprobarlos como proyectos militares e instalarlos en terrenos pertenecientes a las bases”.

La lucha contra los centros de datos se está extendiendo por todo EEUU. Un caso cercano a El Paso es el de Tucson, en Arizona, donde se paró un proyecto de Amazon valorado en 1.500 millones de dólares. En San Marcos, situada justo entre Austin y San Antonio, se ha cancelado otro proyecto. Y en Nuevo México, ante el Proyecto Júpiter, la comunidad ha interpuesto demandas.

“En esencia, un centro de datos no es más que una inmensa superficie de terreno, un espacio vacío, desprovisto de personas, ocupado únicamente por máquinas que consumen energía y agua. Eso es todo lo que hacen; es decir, no generan empleos. No aportan nada, solo necesitan mucho espacio”, señala Rodríguez: “Y por eso nadie está haciendo nada al respecto; ni siquiera los sindicatos, porque por lo general se trata de un centro de datos gigantesco, que tal vez genere cien empleos permanentes como máximo. La mayoría de los puestos son de construcción, pero esos no son permanentes. Una vez construido, quedan muy pocos empleos permanentes. Los llaman 'personal de mantenimiento'. Implica un gran consumo de agua, contaminación atmosférica y una cantidad de empleos insuficiente para elevar de manera significativa los salarios de los habitantes de El Paso”.

Según Rodríguez, estos centros generarán una demanda eléctrica de casi 6,5 gigavatios, cuando El Paso Electric cuenta con una capacidad de generación de unos 2,9 gigavatios, y la demanda máxima que la compañía eléctrica ha logrado satisfacer simultáneamente en toda su historia ha sido de aproximadamente 2,3 gigavatios. “Por lo tanto, para abastecer de energía a tan solo tres centros de datos, estamos hablando de suministrarles el doble de electricidad que la que consumen, en conjunto, todos los hogares y negocios que se extienden desde Hatch (Nuevo México) hasta Van Horn. Estas inversiones podrían poner en riesgo los recursos hídricos de la región y generan cantidades astronómicas de contaminación atmosférica; todo ello con el fin de dar soporte a una tecnología de inteligencia artificial que, muy probablemente, traerá consigo cambios trascendentales para nuestro mundo: cambios que a algunos les resultan inquietantes y a otros, prometedores”.

Bernie Sanders da la voz de alarma

Hace unas semanas estuve en un acto organizado por Bernie Sanders en el Senado de EEUU sobre las amenazas de la IA. Sanders, junto con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ha lanzado diversas iniciativas legislativas y políticas para alertar de los riesgos de la IA, reclamar su regulación y apostar por una transición que tenga en cuenta las repercusiones en el mercado laboral de su extensión.

La mesa redonda, sobre amenazas existenciales de la IA, contaba con la participación de expertos como Max Tegmark (MIT), David Krueger (Universidad de Montreal) y los investigadores chinos Xue Lan (Universidad de Tsinghua) y Zeng Yi (Instituto de Pekín para la Seguridad y la Gobernanza de la IA).

Allí, Sanders defendió la importancia de la cooperación internacional en la regulación de la IA. Mientras las startups y los gigantes tecnológicos, sobre todo en Silicon Valley y Pekín, compiten por avanzar y ampliar su inteligencia artificial, el senador por Vermont, referente progresista estadounidense, se ha situado entre quienes abogan por medidas de protección, expresando su preocupación por las posibles implicaciones derivadas del uso generalizado de la IA, entre ellas la desinformación, la pérdida de la privacidad de los datos y el aislamiento social entre los adolescentes que dependen de los chatbots.

Sanders, junto con Ocasio, también ha expresado su alarma por los riesgos que la automatización puede suponer para la sociedad estadounidense, como el posible aumento del desempleo si las empresas prefieren la mano de obra automatizada a los trabajadores humanos.

“Las personas más ricas y poderosas del mundo están construyendo ahora un tren descontrolado sin frenos. Reconocen que no entienden cómo funciona y que no saben hacia dónde se dirige”, dijo Sanders en el acto, donde abogó por un tratado internacional similar al pacto nuclear de la era de la Guerra Fría: “Necesitamos cooperar. Necesitamos diálogo”.

En marzo, Sanders y Ocasio anunciaron un proyecto de ley que, de aprobarse, detendría la construcción de nuevos centros de datos de IA: “La IA y la robótica están creando la revolución tecnológica más radical de la historia de la humanidad. La escala, el alcance y la velocidad de ese cambio no tienen precedentes. El Congreso está muy por detrás de donde debería estar en cuanto a la comprensión de la naturaleza de esta revolución y sus repercusiones”.

“En 2025, unos 48 proyectos de centros de datos, con un valor estimado de 156.000 millones de dólares, fueron bloqueados o paralizados por la oposición local. Todo apunta a que 2026 será un año aún más importante para la resistencia a la IA”, explica Saul Levin en un artículo publicado en The Guardian con Astra Taylor, escritora y documentalista, además de cofundadora de Debt Collective: “Desde las zonas rurales de Carolina del Norte hasta los suburbios de Virginia, pasando por las estribaciones y tierras de cultivo de Nuevo México y Oregón, la gente común se está uniendo, superando las divisiones partidistas, para decir no a un statu quo que permite a los grupos de presión tecnológicos aprobar acuerdos de centros de datos a un ritmo vertiginoso, a menudo amparados en el secretismo impuesto por acuerdos de confidencialidad. En Indiana, un estado tradicionalmente republicano, más de 10 condados han decretado moratorias o prohibiciones temporales a nuevos centros de datos de IA; la Nación Seminola en Oklahoma aprobó recientemente una moratoria para su territorio; y en todo Nueva Jersey, se han cancelado numerosos proyectos debido a la indignación local por los acuerdos abusivos que se ofrecen”.

“El movimiento contra los centros de datos gira en torno a un conjunto de preocupaciones compartidas”, escriben: “Facturas de servicios públicos exorbitantes, un consumo insostenible de energía y agua, contaminación acústica y lumínica, degradación del suelo, la escasez de empleos locales de calidad (por no mencionar la perspectiva de un apocalipsis laboral a escala social) y un poder corporativo sin control; todo ello sumado a los usos socialmente problemáticos de la IA generativa, que van desde los bots que intentan desnudar digitalmente a adolescentes hasta la basura que satura nuestros muros en las redes sociales”.

Y añaden Levin y Taylor: “El extraordinario crecimiento orgánico del movimiento de resistencia contra los centros de datos —que abarca diversas geografías, intereses económicos e ideologías— refleja las enormes dudas que conlleva la infraestructura de la IA, así como la creciente indignación hacia la élite tecnológica. El movimiento contra los centros de datos no trata únicamente sobre el futuro de una tecnología novedosa; trata sobre el futuro de la democracia. Trata sobre quién controla la economía y sobre si la gente común tiene voz y voto en las decisiones que le afectan. Dado que a todos se nos ha negado una voz en esta convulsión tecnológica, todo el mundo debería estar animando a este movimiento. O, mejor aún, sumándose a la lucha”.

¿Hasta dónde llegará esa lucha? ¿Se puede corregir este tsunami desde las comunidades? Con Donald Trump, el foco mediático siempre está puesto en todo lo que dice. Pero, en EEUU, como en cualquier país, hay mucho movimiento por debajo del radar que puede tener un recorrido de largo alcance.