La respuesta del ministro de Industria en el Congreso sobre la crisis abierta en la multinacional Alcoa, a consecuencia de la primera subasta eléctrica, no ha gustado al comité de empresa de Avilés. José Manuel Soria responsabilizó a la compañía de aluminio de ser la única responsable de no obtener las bonificaciones, “por ser poco activa, por no decir nada” en la subasta.

El presidente del comité de empresa de Asturias, Daniel Cuartas, ha instado a Soria “a que cumpla de una vez con su trabajo, porque más que un ministro de Industria, parece un ministro liquidador”. José Manuel Soria dijo que “lo que hay que explicar es por qué de las tres fábricas en una adoptó estrategia y obtuvo lo que quería, y en cambio, en las otras dos, la de Avilés y la de La Coruña, la estrategia fue muy poco activa, por no decir nada”.

El Gobierno asturiano y los sindicatos han exigido al ministro que publique ya en el BOE los términos y la fecha de la segunda subasta eléctrica para terminar con esta incertidumbre. Primero fue el presidente del Ejecutivo, Javier Fernández, quien reclamó en Madrid la publicación de la orden ministerial, y después el secretario general de CCOO-Asturias, Antonio Pino.

“La culpa es huérfana”, ha dicho Pino, en referencia a que el Gobierno le echa la culpa a Alcoa y ésta al Ejecutivo central, y “en medio hay un ERE de extinción de contratos”.

En su intervención en el Congreso, Soria aseguró que la multinacional apenas participó diez segundos en la subasta para las plantas de Avilés y A Coruña, “que duraron una media de dos minutos. Como consecuencia, ahora dicen que van a hacer un ERE. Esa es la primera preocupación del Gobierno, pero que cada cual responda de los que ha hecho”.

Pino ha pedido al ministro que “no se meta en debates de patio de colegio, ni cabreos, ni actitudes de soberbia. Desgraciadamente, tenemos en algunos casos los políticos que tenemos”, ha señalado.

La oposición parlamentaria ha acusado al Gobierno de tomar medidas en materia energética que están poniendo en riesgo la industria, la competitividad y los puestos de trabajo.

La respuesta de la nacionalista gallega Rosana Pérez ha sido contundente: “Usted es ministro del Gobierno, deje de eludir sus responsabilidades y de imputárselas únicamente a la empresa”.

Pérez ha recordado a Soria que “la electricidad no es un bien de consumo cualquiera y sus cambios regulatorios amenazan la viabilidad de las empresas grandes consumidoras de energía”. En este sentido, ha solicitado que se vuelva al anterior mecanismo, mientras “reformula todo el sistema eléctrico”. Los socialistas, por su parte, llevan meses reclamando al Gobierno un gran pacto de Estado energético.

Javier Fernández, presidente del Gobierno de Asturias (PSOE), ha afirmado que el éxito de Podemos está en difundir que “España tiene unos actores políticos inservibles” como consecuencia de la mala gestión de la crisis.

“Los ciudadanos perciben que los políticos han fracasado; que están sufriendo costes personales altísimos y, encima, inútiles. El colmo es la corrupción, que aparece como la peste, capaz de alcanzar cada rincón más augusto de palacio”, ha asegurado.

Esa es, a su juicio, la base de Podemos; “extender la desconfianza hacia los corruptos e incompetentes al conjunto de los políticos”.

En el transcurso de un desayuno informativo, organizado por el diario La Nueva España, el líder socialista ha dedicado gran parte de su intervención a analizar los efectos de la formación de la organización de Pablo Iglesias, que ha irrumpido en la escena política española gracias “a la cancha mediática. Nunca un partido sin representación en las Cortes, dispuso de tanto plató y tribuna pública”.

Fernández ha reconocido que la sociedad española está ante “el fin de un ciclo electoral. No quiero incomodar a nadie, pero la fase hegemónica de la derecha ha pasado. Hay un afán de cambio”.

A su juicio, la victoria en los próximos comicios será del partido que mejor movilice e interprete la voluntad de cambio de los ciudadanos. “No digo que sea seguro, pero sí muy probable”.

Y en ese nuevo escenario, según Fernández, Podemos ha sabido aprovechar la situación de crisis profunda, utilizar una propaganda adecuada y unos medios de comunicación en un momento de cambio electoral, en el que se ha extendido la desconfianza al conjunto de los políticos a causa de la corrupción.

“Vivimos en una sociedad del espectáculo que confunde la realidad con su representación; aborrece la cotidianidad y necesita emociones continuas. En el mismo sofá donde una cantante destripa a sus amantes, un político anuncia soluciones como quien vende crecepelo”, ha dicho.

En esta nueva realidad, Podemos “ha sabido aprovechar la desilusión de la gente para que vote contra algo, no por algo, mediante el discurso de que los otros son peores”.

El líder socialista ha indicado que si lo que quiere Podemos es mejorar el modelo democrático español, nada tiene que objetar, pero si lo que pretende es “barrer a sus protagonistas” de la escena política, primero tiene que ganar a partidos como el PSOE.

“Podemos no tiene sobre la mesa un programa rompedor insólito, ni nuevas banderas ni nuevas políticas”, ha asegurado. En este sentido, ha advertido del peligro del populismo y de “sus políticas, que siempre han fracasado con un coste terrible para los colectivos que quieren favorecer”.

El presidente de Asturias ha insistido en que la base de Podemos está “en destruir y neutralizar en vez de construir e impulsar. Se trata de renunciar a construir esperanza política, aprovechando la desilusión”.

“Buena parte de la militancia considera que mi candidatura responde a los criterios de renovación aprobados por IU tanto a nivel federal como autonómico”. Con esta afirmación ha anunciado el coordinador regional de IU-Asturias, Manuel Orviz, su intención de rivalizar en primarias con el diputado nacional Gaspar Llamazares la candidatura a las elecciones autonómicas de mayo.

Orviz aprovechó la reunión de coordinadores de áreas para anunciar su decisión de presentarse a las primarias, que se celebrarán el 24 de enero, de acuerdo con el calendario aprobado por los órganos de dirección de IU. La intención de Llamazares de presentarse con una lista de consenso en Asturias ha acelerado los tiempos en la ejecutiva regional.

Unos días antes, el diputado nacional dijo estar dispuesto a encabezar la lista para gobernar el Principado si se lo pide la organización. “Además de un compromiso sería un honor”, aseguró ante los medios. Llamazares abogó por una lista de consenso, mestiza y abierta a los no afiliados, “no para defender al grupo, sino para ganar y defender Asturias”. En esa lista estaría incluido el coordinador regional.

La reacción de Orviz ha sido inmediata. No sólo rechaza la propuesta del ex coordinador general, sino que da el paso de rivalizar con él en las primarias. En rueda de prensa, el coordinador regional ha dicho que “si el tren sale a las dos, lo puedes coger; si llegas a y diez, no puedes echar la culpa a Renfe”, en relación al anuncio de la candidatura de Llamazares al que considera un reto en estas primeras primarias de IU.

El líder de la coalición ha adelantado una semana su decisión (la apertura de candidatos está prevista para el 15 de diciembre) ante el pasó de Llamazares. El dirigente de IU ha asegurado que se presenta “por responsabilidad ante los difíciles momentos que está viviendo la región. El coordinador general no debe quedarse atrás ante problemas como Alcoa, el paro o los retrasos en el salario social”.

Orviz se refirió a Podemos, Equo o el propio PSOE como “fotocopias de la izquierda alternativa. Venimos de la casta alternativa”. Aunque no es nuevo en política, es la primera vez que Orviz participa en la carrera por la presidencia del gobierno asturiano.

En su trayectoria está haber sido director general de Vivienda en dos legislaturas con el PSOE. Se presentó a coordinador general en 2012 y ganó a la favorita, Noemí Martín, que había sido su consejera en Bienestar Social. En esta victoria tuvo mucho que ver el ex diputado Ángel González, que fue el primer diputado en ser expulsado de un parlamento en España al ser condenado por prevaricación administrativa.

Llamazares, por su parte, ya concurrió en dos ocasiones a la presidencia de Asturias, en 1995 y en 1999. En 2000 fue elegido coordinador general de IU y encabezó la lista a las elecciones generales. Desde entonces es diputado nacional.

Su candidatura en estas primarias parte con dos requisitos: ser un candidato de consenso, que cuente con buena parte de la organización, y una lista abierta a personas no afiliadas a IU. “Yo aspiro a candidaturas mestizas, de ciudadanos”, dijo cuando se propuso como candidato. Llamazares se mostró abierto a un consenso con Podemos.

El Gobierno asturiano reconoce que no podrá ejecutar, en su mayor parte, los 2,5 millones de euros que comprometió en agosto para proyectos de investigación con la Universidad de Oviedo, según confirmó el consejero de Economía, Graciano Torre, durante su comparecencia en la Junta General del Principado, donde explicó el presupuesto de su departamento.

La citada consejería anunció en agosto por todo lo grande conceder este dinero al desarrollo de proyecto científicos y, a punto de acabar el año, todavía no está adjudicado. Torre matizó que se ha concedido la convocatoria y que se están evaluando determinados conceptos, pero la falta de tiempo impide que salgan todos.

Los plazos administrativos están ahogando a los científicos. Días antes, la gerente de la institución académica, Marta González Prieto, alertaba en la cámara autonómica que se perderán esas ayudas ante el eminente cierre del ejercicio por parte de la administración.

Para no perder la partida prometida y salvar los proyectos en marcha, la Universidad reclamó al Ejecutivo socialista añadir los 2,5 millones de euros de ayudas a la investigación al presupuesto de 122,9 millones de euros que tiene para 2015, porque sino “quedará en peor situación que este años”, señaló González Prieto.

El rector de la Universidad, Vicente Gotor, se reunirá el martes con todos los grupos científicos que se presentaron a la convocatoria para analizar la nueva situación y variar la planificación de los proyectos. Sin los 2,5 millones de euros, los equipos no podrán contratar personal ni equipamiento.

La ausencia de esos millones significa que el Principado acumula cuatro años seguidos sin dar ayudas al desarrollo científico de la Universidad de Oviedo; un panorama que no ocurre en casi ninguna comunidad autónoma.

El consejero responsabiliza de este retraso a la prórroga presupuestaria para este ejercicio. “Nosotros hicimos una convocatoria plurianual de cuatro años, que no pudo salir en febrero porque no se aprobó el presupuesto y nos obligó a trasladar las previsiones al mes de junio”.

En el BOPA de agosto, el ejecutivo autonómico publicó la convocatoria de 11,5 millones de euros para proyectos de investigación en cuatro años; los 2,5 para este año y 3 millones de euros al año en el resto de los ejercicios hasta 2017. Este anunció suponían las primeras ayudas regionales a la ciencia académica tras un parón de tres años. Los científicos tenían hasta mediados de octubre para presentarse a la convocatoria.

Para salvar la situación, Torre manifestó su intención de que la cuantía pendiente se aplique en los tres próximos ejercicios de vigencia de la convocatoria. “Habrá que hacer una modificación de anualidades para que se pueda pagar”, ha dicho. El consejero ya trasladó esta idea a la consejería de Hacienda.

Los grupos políticos de la oposición han criticado “la dejación de funciones” de la Consejería de Economía y apuntan al Gobierno como “único responsable” de la ejecución del plan de investigación y no al hecho de que, en 2014, Asturias no tenga un presupuesto aprobado.

Ante el retraso que se acumula, la institución académica envió un escrito a la consejería de Economía en la que le advertía sobre la imposibilidad de tramitación de ese dinero. La Universidad no puede hacer el gasto hasta que no aparezca publicado en el BOPA.

El Gobierno de Asturias aprobó hace un año el Plan de Ciencia con una inversión de 1.288 millones de euros hasta 2018. Para 2014, anunció que destinaba 74 millones en ayudas a proyectos científicos. La realidad es que de esa partida, 40 millones estaban destinados a pagar los salarios de los profesores y organismos existentes.

Cuando publicó la convocatoria de 2,5 millones de euros, los grupos científicos respiraron. Cuatro meses después, el dinero sigue en el aire y el Ejecutivo evita por todos los medios pisar ese charco.

La multinacional americana de aluminio Alcoa ha asegurado al presidente de Asturias, Javier Fernández, que retirará la propuesta de cierre, y con ella el anunciado ERE, si el Ministerio de Industria le da 30 millones de euros, la misma cantidad que este año,  en ayudas a la tarifa eléctrica en la segunda subasta, prevista para este mes de diciembre. Es la misma disposición que trasladó a los comités de empresa en la reunión del jueves.

Estas bonificaciones tienen que distribuirse en unos paquetes muy específicos: Un lote de 90 megavatios y cuatro de cinco para cada una de las plantas de Avilés y A Coruña y a un precio adecuado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que “la responsabilidad del futuro de Alcoa está en el tejado de Red Eléctrica y del Ministerio, que son los que tienen que diseñar esa segunda subasta”. José Manuel Soria ya advirtió que no admitirá chantajes ni tratos de favor a unas empresas sobre otras. Fernández ha insistido en que la dinámica implantada por Industria “está generando inestabilidad. Yo no le digo que dé trato de favor, sólo que la primera subasta se ha asignado con más empresas y menos dinero, que ha derivado en menos ayudas”.

El presidente asturiano pide una solución para este año y, “a partir de ahí, todos los partidos políticos tenemos que hablar de buscar una fórmula que dé estabilidad. De lo contrario, si se mantiene la incertidumbre sobre el coste de la energía, las empresas dejarán de invertir”. El Gobierno central es quien tiene que fijar las condiciones de esta segunda subasta, para que Alcoa pueda seguir operando en todas sus plantas en España. Entre los representantes sindicales de la multinacional se comenta que podría anunciarse en el BOE la próxima semana.

Por su parte, los dirigentes del sector industrial de CCOO y UGT han pedido al ministro que aplique el hecho diferencial en la región; “lo mismo que se actúa en otras comunidades con sus hechos diferenciales, se debe actuar con Asturias, cuyo hecho diferencial es la alta concentración de grandes industrias”. “Nos dicen que queremos un trato de favor, pues sí, exactamente queremos un trato de favor para las empresas, porque si no tendremos casi mil familias en el paro”, afirman.

También colocan la pelota en el teja del ministro Soria para que asuma su responsabilidad, porque si no “vamos a tener que empezar a pedir su dimisión día sí y día también”. Los sindicatos asturianos han convocado una manifestación para el día 11  en Avilés, donde está ubicada una de las plantas afectada.

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares se ha postulado hoy para encabezar una candidatura de consenso a la Presidencia de Asturias, siempre y cuando haya consenso en la organización regional y se cumplan una serie de requisitos entre los que destacan listas abiertas y “mestizas”. “Además de un compromiso, sería un honor”, ha asegurado en rueda de prensa. Llamazares ha asegurado que está “disponible” para concurrir a las elecciones autonómicas de mayo de 2015 “no para defender al grupo, sino para ganar y gobernar Asturias”.

El ex coordinador federal de la coalición ha descartado competir en las primarias abiertas para elegir al candidato a las próximas elecciones generales. “Yo ya cubrí esa etapa”, ha afirmado ante los medios. Sobre la posibilidad de repetir en las listas a las generales por Asturias, Llamazares ha asegurado que se lo planteará al final de la legislatura, “en función de análisis colectivos tanto en IU como en Izquierda Abierta”, según fuentes del partido que colidera junto a Montse Muñoz.

Antes de dar el paso definitivo, el diputado nacional ha puesto sobre la mesa dos condiciones: ser un candidato de consenso, o que cuente con el respaldo de buena parte de la organización, y que la lista esté abierta a personas no afiliadas a IU.

“No soy objeto de disensión; estoy muy viejo para eso”, ha afirmado Llamazares. El diputado ha explicado que “una candidatura monocolor es un esfuerzo excesivo para un resultado pequeño”. “Yo aspiro a candidaturas mestizas, de ciudadanos”, ha precisado. Desde hace años, los resultados de IU en el Principado no se mueven de los cinco diputados. Llamazares ha considerado que las próximas elecciones autonómicas no se deben presentar en clave de “defensa del grupo, sino para ganar y gobernar Asturias”. Ahí entraría el consenso con Podemos, “por supuesto”, añade.

Aunque su trabajo como diputado termina en noviembre de 2015, Gaspar Llamazares mueve ficha ante la perspectiva de un adelanto electoral por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. A su juicio, el nombramiento de Alfonso Alonso como ministro de Sanidad, indica “un enroque” del ejecutivo y “las caras de los ministros dicen de que ya se está hablando de ello”, asegura.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha solicitado a Mariano Rajoy una reunión urgente para hablar de la situación de la empresa Alcoa, que anunció despidos masivos en las plantas de Avilés y A Coruña tras no obtener bonificaciones en el gasto energético. En el escrito, el líder socialista culpa al Ejecutivo central de los precios de la energía, que hacen que la multinacional americana de aluminio se plantee la continuidad en la región.

“Los experimentos hay que hacerlos con gaseosa”, dice como crítica al modelo de subasta implantado por el Ministerio de Industria y respaldado por el Gabinete de Rajoy. Según Fernández, no se puede tener a empresas consumidoras de electricidad sin un marco que garantice precios estables.

El presidente de Asturias le recuerda que ya advirtió al ministro de Industria, en una carta anterior, que el sistema “podría llevar al cierre de empresas. Esta situación era previsible” y le reitera su petición del Pacto de Estado por la Energía, “si queremos que haya industria en este país y que alcanza el 20 por ciento del PIB”.

Fernández ha mantenido una reunión con los sindicatos UGT y CCOO y con miembros del comité de empresa de Alcoa, en la que les informó del contenido de la carta, remitida el mismo lunes a Mariano Rajoy. Del mismo modo, se han puesto en contacto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñezx Feijóo, para que ambas comunidades aborden juntas ante Madrid el problema de Alcoa.

“Galicia también hará esfuerzos para convencer al Ministerio y a Red Eléctrica de que es un problema subsanable”, apunta Fernández tras hablar con el presidente Feijóo. La cuestión prioritaria para el ejecutivo asturiano es solucionar el precio de la energía para las empresas catalogadas como grandes consumidoras.

Tras el encuentro de más de una hora, los representantes sindicales del sector de UGT y CCOO han solicitado la dimisión del ministro José Manuel Soria. “Es un inepto en el ejercicio de su cargo que debería volverse a su casa y dejar paso a otro que solucione los problemas de este país”, dicen.

Ambos han advertido que van a ejercer “la máxima presión posible para revertir esta situación” y acabar “con el mecanismo chapucero e inútil de la subasta”, apuntan. Los dos grandes sindicatos descartan los despidos y piden a Alcoa que retire el ERE que afectará a trabajadores de las plantas asturiana y gallega.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Asturias, Antonio Pino, ha criticado “la inacción” del ministro, que, con este sistema, “se está cargando al sector”. En un comunicado, considera que la decisión de Alcoa “es cobarde y soez” y amenaza con “una respuesta contundente contra esta medida unilateral y antisocial”.

En este contexto de incertidumbre, el presidente de Asturias pide al gobierno popular que se mire en los países europeos, que disponen de fórmulas para garantizar una industria competitiva. “Esta es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Industria”, dice para que cambie el planteamiento para favorecer un marco estable a las empresas como Alcoa, muy sensibles al coste de la electricidad.

Por su parte, el ministro de Industria, que confirmó una segunda subasta, ha dejado entrever en sus declaraciones la posibilidad de que Alcoa busque el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña al no mostrar intereses por una rebaja eléctrica. Soria plantea por qué en la primera subasta logró las bonificaciones para la factoría de Lugo y no para el resto.

A su juicio, la subasta de noviembre “se ha hecho en las mismas condiciones para todas las empresas. Habrá que preguntarle a cada una de ellas por qué en unos lotes han bajado mucho y en otros se ha mantenido un precio muy elevado y no se los llevaron”.

Soria ha precisado que “supongo que nadie está planteándole al Gobierno que establezca unas condiciones singulares y particulares para un determinado número de empresas en relación a otras”, en respuesta a las exigencias del Gobierno asturiano, de los sectores empresariales y de la propia multinacional americana, que se refugia en el modelo para iniciar los despedidos, ante el elevado precio que debe pagar por la electricidad en 2015.

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, defiende la postura del ministro y asegura que Alcoa “tiene algún interrogante que contestar” sobre por qué no aprovechó la oportunidad de lograr bonificaciones para su gasto energético en la subasta eléctrica de noviembre.

A la espera de una solución, los trabajadores de Alcoa en Avilés permanecen acampados ante la fábrica. En la asamblea del lunes quedó claro que la plantilla va a pelear “hasta la muerte y con todas las consecuencias. Antes que ver cerrada esta fábrica, le metemos fuego”, proclamaron algunos. Este es el ánimo que provocó el anuncio de los despidos colectivos y la amenaza de cierre de las instalaciones de la multinacional en Asturias.

La multinacional americana Alcoa ha comunicado a los trabajadores el inicio de los trámites para un despido colectivo en las plantas de Avilés y A Coruña, que como mínimo afectará a treinta trabajadores.

En una carta remitida al comité de empresa, alega que “la falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y A Coruña no puedan producir aluminio a un precio competitivo, lo que la sitúa a la empresa en una situación muy difícil a partir del 1 de enero”.

Alcoa se acoge al artículo 51 del Estatuto de Trabajadores para iniciar el procedimiento de despido colectivo “por causas objetivas”. La multinacional está abierta a estudiar la segunda subasta que anunció el ministro de Industria, José Manuel Soria, pero insiste en que la decisión parte “de la situación a fecha de hoy tras los resultados de la subasta”.

La multinacional, líder mundial en producción, ingeniería y tecnología de metales ligeros, expresa su compromiso de “trabajar para minimizar el impacto de su resultado, tanto en los empleados como en las comunidades locales”.

Las sospechas sobre que el Gobierno había puesto en bandeja a Alcoa la posibilidad de cerrar sus fábricas de alumino en España cobra realidad. El consejero de Economía del ejecutivo asturiano, Graciano Torre, cree que “todo apunta a un proceso de cierre o venta de las plantas”.

Torre ha solicitado una reunión “urgentísima” con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y el presidente Javier Fernández ha convocado otra para este martes con representantes de CCOO y de UGT y miembros del comité de empresa, que no acudan a la cita con la empresa en Madrid, para intentar revertir esta situación, mientras que los trabajadores se reunirán en asamblea para adoptar medidas.

El reconocimiento de la compañía al esfuerzo realizado por los trabajadores para mejorar la competitividad, no sirve como argumento a CCOO, que rechaza de plano las intenciones de la empresa por “oportunistas”.

“Lo hemos dicho claramente, que si querían utilizarnos como moneda de cambio para pedir una buena subasta, lo único que han conseguido es que ellos sean nuestros enemigos, porque son quienes nos despiden”, dice José Manuel Gómez de la Uz, representante sindical en la planta de Alcoa de Avilés.

Izquierda Unida también se ha movilizado contra la decisión de los despidos. En un comunicado, exige la retirada del ERE y un nuevo modelo de energía eléctrica para grandes consumidores. “La empresa tiene que asumir su responsabilidad social para con los trabajadores y el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que dejar de estar sometido a los intereses de las eléctricas y de dar cobertura a las grandes compañías para justificar cierres y deslocalizaciones”, dice.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), a la que pertenece Alcoa, Asturiana de Zic y Arcelor-Mittal, también se ha sumado al descontento por el resultado de la subasta del servicio de interrumpibilidad, en la que la multinacional americana se quedo sin los incentivos eléctricos.

“El resultado del reciente proceso de subasta ha tenido resultados muy insatisfactorios para esta industria, que puede ver seriamente amenazada su posición competitiva”. En el comunicado, Unesid reitera su disposición al diálogo con el Ministerio de Industria con el fin de conseguir un precio competitivo de la electricidad para la industria siderúrgica.

Asturias es la tercera comunidad, por detrás de Madrid y Navarra, con mayor porcentaje de facturación de las filiales extranjeras en la industria y en los servicios (un 32,4 por ciento), que mueve al año una cifra de negocio superior a los 8.000 millones de euros y da empleo directo a unos 16.000 trabajadores.

“El Soma-FITAG-UGT somos todos, porque las personas pasan, pero las siglas permanecen y son sagradas para nosotros”, señala en un comunicado el nuevo líder minero, José Luis Alperi, tras la aplastante victoria en las elecciones sindicales en la empresa pública Hunosa.

Estas elecciones eran una prueba de fuego para el SOMA, tras el escándalo de la fortuna personal de su anterior dirigente, José Ángel Fernández Villa, de 1,4 millones de euros, que regularizó en la amnistía fiscal de 2012; la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la constitución de una comisión de investigación en la cámara autonómica.

Para la nueva dirección, el resultado “es un reconocimiento al esfuerzo, a la honestidad de una organización que está por encima de personalismos y que va con la verdad por delante”.

La participación de los mineros fue masiva (1.568 operarios) y se prolongó hasta las once de la noche. El SOMA gana en los diez centros de trabajo y obtiene el 61,7 por ciento de los votos, logrando 42 de los 68 delegados, frente a los 21 representantes CCOO (el 30,8 por ciento).

Con este resultado, la dirección celebra que el sindicato minero no se resienta por el comportamiento de sus antiguos dirigentes, “que poco tienen que ver con los valores que el SOMA defiende”, dice Alperi. La organización está realizando una auditoria interna tras conocerse la fortuna de Villa, que fue líder de la organización durante más de treinta años.

Además de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, el parlamento asturiano ha constituido una comisión de investigación para conocer la procedencia de esos 1,4 millones de euros y la implicación que pueda tener en la gestión de los Fondos Mineros. La comisión celebrará el miércoles su primera reunión.

Podemos lanzará la marca electoral 'Somos Asturias' para concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo en las 25 localidades principales de la región. Asturias es la comunidad donde el partido ha logrado una mayor implantación en relación con su población. La iniciativa tendrá implantación municipal ya que Podemos sí se presentará con su propia marca en las elecciones autonómicas,

“Desde hace tiempo, llevamos trabajando en un diseño común que sea la plasmación de Podemos en los distintos municipios”, señala Xuacu Rodríguez, uno de los impulsores de la iniciativa y miembro electo del Consejo Ciudadano estatal de Podemos. La iniciativa nace en Asturias pero sus impulsores esperan que se pueda extender a otras zonas de España. Rodríguez asegura que 'Somos Asturias' ha sido consensuada con Juan Carlos Monedero y otros miembros de la ejecutiva nacional.

La formación de Pablo Iglesias ha descartado en Asturias integrarse en la candidatura Ganemos, donde sí participan partidos como Izquierda Unida o Equo. “Nosotros no somos una sopa de siglas, sino parte del ADN de Podemos”, dice.

La fórmula elegida es la agrupación de electores, que deberá recoger firmas antes de presentar la candidatura. “Es la prueba del algodón. Si tenemos respaldo, nos presentamos. No estamos aquí para ocupar dos puestos en los ayuntamientos; estamos para gobernar y cambiar las cosas”, señala Rodríguez.

Una interpelación de Francisco Álvarez Cascos al presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández, sobre la publicidad institucional, la información veraz y el juego limpio terminó en un cruce de acusaciones sobre corrupción, juego sucio, mentiras y muertos en el armario entre el líder socialista y el de Foro. La raíz del agrio debate es el expediente por incompatibilidad a la empresa de un diputado forista, que terminará en la anulación del contrato que mantiene con la administración pública autonómica.

La presión que sufrió la consejera de Bienestar Social por parte de los grupos de la oposición, por su participación en la empresa de su marido, hasta su renuncia el pasado lunes, y la empresa del diputado forista Cook Gastronomía Integral, que en 2013 facturó 3,7 millones de euros, han destapado la caja de los truenos entre el ejecutivo autonómico y el principal partido de la oposición parlamentaria.

La guerra sin cuartel comenzó cuando Javier Fernández retó a Álvarez Cascos a un debate monográfico en la cámara autonómica sobre corrupción y responsabilidades políticas, incluyendo los casos Gürtel y Bárcenas, a los que aparece vinculados el actual líder forista en su etapa como dirigente del PP. Ese pistoletazo de salida ha terminado con la dimisión de una consejera y un diputado de Foro, sentado “sobre el tic tac de una bomba de relojería”, según Fernández.

Álvarez Cascos cree que “la conducta del gobierno despide el inconfundible aroma de la prevaricación, porque comenten una injusticia. Es inusual y expeditiva”, en relación a la revisión del contrato de gestión de los comedores de dos colegios públicos. La actuación de la Consejería de Educación se asienta en los informes emitidos por órganos del Ministerio de Hacienda.

El Tribunal Central de Recursos Contractuales desestimó el recurso de la empresa del diputado forista, que quedó excluida del servicio de comedor en centros de salud mental, porque se encontraba “incursa en prohibición al ser administrador único el diputado autonómico, lo que supone la incompatibilidad de actividades privadas”, basándose en la Ley de Contratos del Sector Público. El informe dictado por la Junta Central Consultiva insiste en la misma cuestión.

Foro no reconoce a la fuente y considera que el gobierno socialista “ha hecho muy mal basarse en lo que decide y opina ese tribunal, que es un órgano meramente administrativo. La jurisprudencia la sienta el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia”. Los foristas se acogen a los informes de los servicios jurídicos del Principado que dieron el visto bueno a los informes de compatibilidad. Los mismos servicios que aceptaron el 19,8 por ciento de participación de la consejera de Bienestar Social en la empresa de su marido.

Martínez cuenta, además de la alimentaria, con tres empresa más, una de limpieza, otra de contratas y una productora de televisión. De las cuatro, dejó de ser administrador único en mayo de 2014, después de los informes de los órganos del Ministerio de Hacienda. Algunos de los contratos de Cook Gastronomía Integral han sido adjudicados por instituciones gobernadas por Foro.

Que todo esto salga a luz es, a juicio de Cascos, parte del “juego sucio” del gobierno, que cuenta, según él, con casos que salpican a los socialistas asturianos. “El listón del que presume es lo más aparecido al palo de un gallinero”, dijo.

Fernández no le pasa y se mostró dispuesto a que Hacienda revise sus cuentas, las de su mujer y las de su hija, todos los años que el diputado de Foro quiera, “porque usted no va comprometer ni mi decencia ni mi honradez. En ningún caso se me va a abrir el armario y se me van a caer un par de muertos; a lo mejor usted no puede decir lo mismo.”

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano estudia anular, por incompatibilidad, la concesión de un servicio de comedor a dos colegios públicos del Principado a la empresa Cook Gastronomía Integral, de la que es copropietario el diputado de Foro, José Antonio Martínez. Según el parlamentario, el mismo día que la consejera de Bienestar anunciaba su dimisión, desde Educación salió un oficio para informarle de la apertura del expediente para anular el contrato.

Martínez, arropado por todo su grupo parlamentario, acusa al ejecutivo autonómico de “vendetta” por la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, al airearse su participación en la empresa de su marido. Las tensiones entre el Gobierno socialista y el tripartito, que conforma la oposición parlamentaria (IU,UPyD y Foro), se han acentuado tras la marcha de Díaz y los ataques al pacto presupuestario alcanzado con el Partido Popular. En veinticuatro horas, el gabinete de Javier Fernández ha enseñado sus garras y ha entrado en el cuerpo a cuerpo.

Con los nervios a flor de piel, Foro asegura que el Gobierno “pone el ventilador en marcha para intoxicar a la opinión pública”. Asegura que hay informes de la cámara autonómica favorables a que el diputado pueda optar con sus empresas a adjudicaciones públicas. Hay que recordar, que los servicios jurídicos del Principado tampoco detectaron incompatibilidad en el caso de la consejera de Bienestar Social.

Los portavoces de IU y UPyD han salido en apoyo del parlamentario forista. El primero para defender que “un diputado no tiene capacidad de gestión” y por lo tanto no se puede comparar con el caso de la consejera, y el segundo para quejarse de lo que “parece una reacción sectaria; dice muy poco de la práctica política medianamente razonable”.

La consejera de Educación, Ana González, bromea sobre que “hay gente que le gusta el complot y esas cosas”, y explica que la decisión de abrir expediente administrativo se adoptó el 24 de septiembre, después de que la secretaria técnica de la Consejería de Bienestar Social advirtiera que un informa del Ministerio de Hacienda alertaba sobre incompatibilidades en el servicio de catering por parte de la empresa del diputado de Foro.

Los informes de los organismos dependientes de Hacienda desmonta la estrategia de “vendetta” ideada por Foro, ya que acreditan que la condición de parlamentario de José Antonio Martínez hace incurrir a la sociedad en uno de los supuestos que le inhabilitan para contratar con la administración pública, desde la fecha de su nombramiento como diputado autonómico electo. La empresa del parlamentario forista fue contratada en 2012.

“Tendría que tener una mente muy preclara para saber en septiembre que se iba a producir un ataque a la consejera de Bienestar Social. No se pueden unir las dos cosas de ninguna manera”, dice. Ana González argumenta que su Consejería no puede “obviar la legislación. Se le comunicó ahora cuando se terminó el informe. La documentación no viene con una fotografía del diputado y a esa empresa se la trata como a cualquier otra”.

En esta euforia por acorralar al gabinete de Javier Fernández, un concejal de IU del ayuntamiento de Oviedo tendrá que hacer frente a sendas demandas, una del consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, y otra de su hijo, el diputado regional Nino Torre, por la acusación en falso, en el trascurso de una rueda de prensa, de tener una empresa constructora, OCA Construcciones. En un momento de exaltación dijo: “Todo el mundo lo sabe”.

La respuesta fue inmediata; demandas por separado del consejero y del diputado contra el concejal y un comunicado oficial rotundo: “Ni mi mujer, ni yo, ni mis hijos, ni nadie de mis familiares en cualquier grado de parentesco tuvimos en ningún momento ni tenemos acciones, ni ningún tipo de participación en la empresa OCA, ni de manera directa, indirecta, no por persona interpuesta”.

El cruce de acusaciones terminó con el edil de IU retractándose de sus acusaciones y pidiendo disculpas al consejero: “No tengo información alguna de que el consejero, ni su hijo, sean propietarios total o parcial de ninguna empresa constructora. Quede constancia que nunca pretendí atribuir al señor Torre un comportamiento inadecuado o falta de ética”.

El presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha roto el silencio mantenido durante todo el proceso en el que se vio involucrada su consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, que el lunes renunció a su cargo tras despatarse una serie de adjudicaciones a la empresa de su marido. En concreto, Díaz participa con un 19,8% en la compañía de su conyuge. Los grupos de la oposición parlamentario aprovecharon esta ausencia para elevar las críticas al jefe del ejecutivo autonómico y sembrar la duda ante “su silencio atronador”.

Fernández ha salido en rueda de prensa para defender la dignidad de su consejera y visualizar el listón que están poniendo los socialistas asturianos. “Se trata de una doctrina genuina de Asturias” y deja caer que “ahora, que miren dónde estamos colocando el nivel de exigencia en el Partido Socialista”.

El líder socialista asegura que no hubo presión por parte del Gobierno para que la consejera renunciara a su cargo. “Yo no le pedí nada. Ella quiso dar la cara”, dice y asegura que “dimite porque no está dispuesta a asumir más el deterioro de su dignidad profesional y familiar, no por ocultar algo ni por haber vulnerado la legalidad”.

La consejera, que asistió al Consejo de Gobierno, anunció durante su comparecencia en la Junta General del Principado su “renuncia inmediata” para cerrar el chorreo de noticias sobre la actividad de la empresa de su marido, Davelco S.A. El presidente no habló hasta ahora y lo hizo en el contexto en el que su gobierno alcanzó un acuerdo con el PP para aprobar las cuentas de 2015.

Javier Fernández cierra, en un mismo acto, de cara a la opinión pública, dos cuestiones que han servido de crítica para la oposición: las dimisiones, en menos de una semana, de la consejera y del director general de Administración Local y el inédito pacto presupuestario con el PP, que ha dejado fuera de juego de la negociación al resto de los partidos, principalmente IU y UPyD.

“Hay que saber convivir con la decepción. Este gobierno tiene diecisiete diputados y hay que negociar. Las cosas no salen redondas y tienes que hacer concesiones”, ha dicho en defensa de un acuerdo que, a su juicio, sólo se hizo pensando en Asturias, sin teorías de la conspiración de por medio de cara al resultado electoral de mayo.

Tras hacerse oficial el acuerdo, sus antiguos socios, IU y UPyD, vieron en él, una estrategia de futuro para mantener el bipartidismo. “El PP es mi adversario político y el acuerdo no va más allá de este ámbito”, asegura. En este sentido, no entiende porque resulta tan sorprendente, sobre todo a IU, al que recuerda que tiene un acuerdo de Gobierno con el presidente Monago (PP) en Extremadura y con el alcalde, también del PP, en Oviedo.

El Gobierno asturiano, que espera aprobar el presupuesto el 29 de diciembre, presenta unas cuentas de 3.955,6 millones de euros, un 1,2% de aumento. Como novedades se incorporan una reducción fiscal en el tramo autonómico de dos puntos del IRPF; deducciones fiscales por la compra de libros y material escolar, con un limite de entre 50 y 100 euros por hijo, y de hasta 330 euros por niño de gastos derivados de las escuelas de 0 a 3.

El director de la prisión de máxima seguridad de Villabona (Asturias), Esteban Suárez, presenta su dimisión en medio de la investigación “por negligencia” en el fallecimiento, este mes de noviembre, de dos internos a causa de un cóctel de pastillas de metadona. Le sustituye el sudirector de tratamiento y coordinación del centro, Luis Fernández Fanjul.

Durante su último mandato, la cárcel asturiana ha vivido momentos de gran tensión. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF protagonizaron un encierro ante la escasez de personal, que “pueda garantizar y salvaguardar la integridad de los empleos y de los funcionarios”, según recogían en el comunicado conjunto. Reclamaron la paralización de la privatización de Instituciones Penitenciarias y que “no se someta a falsos criterios economistas algo tan esencial como la privación de libertad”.

Con motivo de los recortes, la dirección ha ido desmantelando poco a poco la Unidad Terapéutica Educativa (UTE), pionera en la atención a la población toxicomana de Villabona. La muerte de los dos internos, a principios de noviembre, por una sobredosis dejó en evidencia la falta de control, denunciada por partidos políticos y sindicatos. Los internos habían comprado metadona a otros presos.

Tras conocerse las muertes, el diputado de IU Gaspar Llamazares solicitó la dimisión del director y la depuración de responsabilidades, que “son el reflejo de un profundo deterioro de la administración penitenciaria en general”. El parlamentario aseguró que en Villabona “llueve sobre mojado. La desorganización es cada vez mayor y la falta de dirección también”.

Llamazares califica de “magnífica” la noticia y espera que la nueva dirección sirva para reorganizar de nuevo la UTE y recuperar el diálogo. Culpa a la dirección saliente de “poner en peligro” una cárcel que es referente nacional en reinserción de penados.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Asturias, Esther Díaz, anuncia su dimisión en la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado. Tras una extensa explicación, sobre la variada legislación nacional y autonómica sobre contratos con la administración pública e incompatibilidades, para demostrar que su participación, un 19,8 por ciento, en la empresa de su marido es legal y no incurre en incompatibilidad, dijo: “No quiero ser un obstáculo y a la vista del escarnio público, anuncio que presentaré mi renuncia inmediata al cargo”.

Demacrada y con el gesto cansado, Díaz dice adiós a su carrera política con “frustración y dolor”, pero con “la satisfacción de salir con la cabeza alta y poder mirar a los ojos a mis vecinos. He podido equivocar, pero no soy una corrupta, ni robé, ni me lucre, ni utilicé mis cargos en beneficio de empresa alguna”.

En su intervención, dijo que “el ruido, la insidia pertinaz y el contexto político actual ahogan sus razones”, a pesar de que, aquellos que aprecian su labor, le han pedido que no dimita, porque “ni he vulnerado la ley ni he intentando esquivarla”, dijo.

Desde que saltó la noticia, el Ejecutivo autonómico guardó silencio, aunque en los discursos que pronunció el presidente Javier Fernández, a lo largo de la pasada semana, sobre que “en política, no basta ser legal sino que hay que dar ejemplo”, ya marcarban el camino que iba a seguir la consejera.

Esther Díaz es el segundo cargo público del Gobierno asturiano que, en una semana, deja su puesto, aunque el primero en relevancia. El pasado jueves lo dejaba el director general de Administración Local, por una investigación judicial que le relaciona con una estancia en un balneario de cinco estrellas a cuesta de Aquagest, y ahora la consejera, por su participar en la empresa de su marido.

Díaz espera que, con su marcha, se cierre este asunto y “dejar de ser un blanco fácil que contribuye al debilitamiento del Gobierno y al reproche de su presidente. También espero dejar de ser un ariete de desgaste a mi partido (PSOE), sobre todo a los miles de militantes y simpatizantes para que puedan seguir defendiendo en cada rincón de Asturias la labor del Gobierno”.

Los grupos parlamentarios creen que “no tenía otra salida”, porque, a pesar de la vasta explicación legal de la consejera, había incurrido en una falta grave de incompatibilidad, según UPyD.

Por su parte, IU aclaró que nadie la había acusado de corrupta ni de tráfico de influencias, pero “los ciudadanos hoy, nos exigen que no haya el más mínimo indicio de tráfico de influencias en un cargo público ni conflicto de intereses entre los negocios privados y el cargo público”.

En su intervención, Foro desveló su estrategiade elevar el caso hacia la responsabilidad de Javier Fernández, porque “no debería haber sido consejera ni se entiende que siguera en su cargo”, tras airearse su participación en la empresa Davelco S.A., propiedad de su marido, y la relación de las obras públicas en las que ha participado como subcontratista.

El PP ha aprovechado el momento para pedir mayores filtros, porque “algo ha fallado”, entre ellos los servicios jurídicos del Principado que no advirtieron de una posible incompatibilidad, cuando la consejera de Bienestar Social presentó su declaración de bienes y patrimonio, en el que está recogida los beneficios y su participación en la empresa, en la que trabajó antes de iniciar su carrera política primero como alcaldesa y después como consejera.

El Gobierno de Asturias (PSOE) está viviendo su 'semana negra'. En este breve espacio de tiempo, tiene a una consejera cuestionada por participar en la empresa de su marido, Davelco S.A., que ha ejecutado importantes obras públicas promovidas por el Principado, y a un director general cesado por pasar unos días en un balneario de cinco estrellas a cuenta de Aquagest, investigada en el 'caso Pokemon', según la investigación judicial.

A todo esto se unen dos comisiones de investigación, una sobre la fortuna oculta del exsindicalista José Ángel Fernández Villa y la otra sobre la gestión de la ampliación del puerto de Gijón.

La consejera de Bienestar Social, que no acudió al pleno de los viernes de la Junta General del Principado, está en el punto de mira de los partidos de la oposición, tras reconocer que participa con un 19,8 por ciento en la empresa que administra su marido. Esther Díaz comparecerá el lunes en la Comisión de Presidencia para dar explicaciones a los grupos.

El PP aprovecha “el conflicto de intereses”, que ha creado la participación de Esther Díaz, para presentar una batería de medidas sobre el control de los contratos con la administración pública. A pesar de calificarla de “oportunista”, no ha habido fisuras entre los grupos políticos para aprobar un mayor control y transparencia en los llamados contratos menores con la administración pública.

Lo que sí reprocha la oposición al presidente socialista Javier Fernández es que no haya actuado, en este caso, con la misma rapidez que lo hizo con José Ángel Fernández Villa. Para Izquierda Unida, el caso de la consejera “es difícil de entender” y para UPyD, “hay silencios atronadores y éste es uno de ellos”, señala su portavoz.

El jefe del ejecutivo autonómico decretó la expulsión del histórico dirigente minero nada más conocer que había regularizado, en la amnistía fiscal de 2012, 1,4 millones de euros que había ocultado al fisco. Pero, con la consejera de Bienestar Social, ha preferido “no hacer valoraciones” hasta conocer sus argumentos.

A la espera del lunes, el único fleco de unión que quedaba pendiente con Fernández Villa se ha resuelto en la cámara autonómico con su destitución en el consejo de administración de la hullera pública Hunosa, aprobado por unanimidad.

Pero estos no son los único casos. La investigación de una juez de Avilés, sobre la empresa Aquagest, implicada en la 'caso Pokemon', ha salpicado al director general de Administración Local del Gobierno del Principado, que paso unos días en un balneario ovetense de cinco estrellas a cargo de la citada firma. El cargo público puso su cargo a disposición de Javier Fernández y éste, no ha duda en aceptar su cese.

En la carta al jefe del Ejecutivo, el director general señala que “se echa a un lado para no permitir que cuestiones pendientes de aclaración dañen al Gobierno del PSOE. Detesto la corrupción como ciudadano y político y no tengo que ver con ella; nada tengo que ocultar y nada temo”.

En este paquete de actuaciones, también le ha tocado el turno al exministro Rodrigo Rato. El ayuntamiento de Gijón le ha retirado, a petición del PSOE, el título de hijo adoptivo. Para el portavoz municipal del PP, que respaldó la iniciativa, “a los políticos honestos nos asquea la corrupción y la falta de ética”. Por su parte, el PSOE asegura que “no podemos permitir la codicia sin freno”.

El Gobierno de Asturias no quiere “hacer valoraciones” sobre la situación de su consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que participa con un 19,8% en la empresa Davelco S.A, cuyo administrador es su marido. El portavoz del ejecutivo autonómico se remite a las explicaciones que dará, el próximo lunes, en la Junta General.

La presión de los grupos parlamentarios ha forzado a la consejera a acelerar la petición de comparecencia y adelantarla una semana. Esther Díaz dará explicaciones en la Comisión de Presidencia, competente en materia de transparencia, y no en la de Bienestar, tal como se había registrado en su primera petición.

En la nueva solicitud, que alega “en defensa de su honorabilidad personal” y para “responder a todas las cuestiones que los señores diputados consideren oportunas”, sobre la relación que mantiene con la empresa de su marido. Davelco S.A está vinculada a importantes obras públicas promovidas por el Principado, como el nuevo hospital, el soterramiento de las vías de Feve en Langreo, de la que ella fue alcaldesa, la construcción de la autovía Riaño-Sama o la ampliación del puerto de Gijón.

Hasta el lunes, el Gobierno regional “no tiene ninguna valoración que hacer”, asevera el portavoz del Ejecutivo, a la espera de las explicaciones públicas de la consejera. Ella misma hizo pública en rueda de prensa su participación en Davelco S.A. Esther Díaz defendió “la legalidad, limpieza y transparencia” de su relación accionarial y aseguró que nunca estuvo al frente de la gestión.

Izquierda Unida pidió su dimisión, “por ejemplaridad y coherencia”, tras conocer su participación y que la empresa trabajó en un proyecto de 6,5 millones de euros en un geriátrico, adjudicado por Bienestar Social, y por el que obtuvo un beneficio de 12.000 euros. Además de las obras ya citadas y que están recogidas en la declaración pública sobre su patrimonio.

La coalición de izquierdas empleó para solicitar su renuncia el proyecto de ley de incompatibilidades, aprobado por el Gobierno y en trámite parlamentario. Aunque todavía no está en vigor, la futura normativa impide a un cargo público una participación superior del 10% en empresas que contraten o subcontraten con el sector público. Para IU es “incompatible” la continuidad de Díaz al frente de la consejería con el espíritu de la ley, que está previsto se apruebe la próxima semana.

Por su parte, Foro resalta que el proceder de la consejera incumple la Ley de Contratos del Sector Público. “La empresa no puede contratar con el sector público autonómico”, dice su portavoz, ya que dicha ley establece el 10% de participación como límite.

“Las cuestiones que tiene que explicar son las relacionadas con la legalidad y el conflicto de intereses, más allá de escudarse en su ”honorabilidad personal“, que no es asunto de la Junta General”, añade.

Para el PP, “hay que aplicar las más estrictas exigencias de control” sobre la contratación pública, “porque es evidente que algo va mal”, dice la diputada Emma Ramos. Entre la batería de medidas que presentan los populares, está la difusión pública de la identidad de los subcontratistas, el importe y el porcentaje en volumen de cada contrato que ha sido subcontratado.

La empresa Davelco S.A. se constituyó en 1992. Se dedica a la venta y alquiler de maquinaria, herramienta y vehículos para la construcción y obras públicas. También realiza servicios a contratistas y subcontratas.

El portavoz del grupo parlamentario asturiano de IU ha pedido, “por ejemplaridad”, la renuncia de la consejera de Bienestar Social, la socialista Esther Díaz, tras reconocer que participa, con un 19,8%, en la empresa de su marido, Davelco S.A. Según el diputado de la coalición, su situación es incompatible con el artículo 10 de la Ley del Buen Gobierno y Transparencia, aprobada por el gobierno y en trámite en la cámara autonómica.

Pendiente de aprobación, IU recuerda que el artículo 10 recoge que el desempeño de un alto cargo “es incompatible con una participación superior al 10% en empresas que tengan suscritos conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico, o bien que sean subcontratas de tales empresas, o reciban subvenciones de cualquier entidad integrante del sector público”.

En base a este criterio y al discurso del presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández, de que no basta con medidas, sino que es necesario “practicar con el ejemplo”, IU considera que la situación de la consejera es “incompatible con el contenido de la Ley. Por coherencia y ejemplaridad, ella misma debería de abandonar la consejería”.

La consejera, que ha reconocido su participación en la empresa de su marido, ha defendido desde un principio “la legalidad, transparencia y limpieza” de su participación, que nunca ha ocultado. Davelco S.A, constituida en 1992, se dedica a la venta y alquiler de maquinaria, herramienta y vehículos para la construcción y obras públicas. También presta servicios a contratistas y subcontratas.

Entre las obras que ejecutó para la administración regional, como subcontrata, están la ampliación del puerto de Gijón, el nuevo hospital de Asturias o el campo de la Universidad de Mieres, entre otras. Toda la información sobre sus ingresos y patrimonio se puede consultar en la página web del Gobierno del Principado.

Por su parte, la presidenta del PP en Asturias ha animado a Esther Díaz a que “haga esa comparecencia, a petición propia, en la Junta General cuanto antes, porque hay veces que el tiempo corre en contra de uno y lo mejor es responder con prontitud”.

A la espera de sus explicaciones, los grupos parlamentarios exigen al Gobierno asturiano “niveles éticos de máximos y establecer mayores incompatibilidades, después de lo que está pasando en el país”.

“Hay que deslindar con mucha más claridad de la que hay ahora el conflicto de intereses”. Es lo que exige la oposición parlamentaria asturiana al Gobierno del socialista Javier Fernández, tras airearse la participación del 19,8% de su consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, en la empresa Davelco S.A, administrada por su marido y que ejecutó obras para la administración regional.

Los partidos reclaman que, “en los tiempos que corren, y con lo que está pasando en el país, hay que exigir niveles éticos de máximos y establecer mayores incompatibilidades”, reclama el portavoz parlamentario de IU.

Entre las obras en las que participó Davelco S.A como subcontrata, están el nuevo macro hospital de Asturias, la ampliación del puerto de Gijón, la autovía minera Riaño-Sama, el campus de la Universidad de Mieres, el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, la localidad minera de la que Díaz fue alcaldesa, o la residencia del Montepío en Felechosa, ahora investigada a raíz del 'caso Villa'.

Tras la noticia publicada por El Comercio, la consejera de Bienestar Social ha defendido la legalidad, limpieza y transparencia de su actuación política y ha asegurado que “la lógica crítica política está reñida con la práctica indecente de difundir sospechas para deteriorar la imagen de cargos públicos. Es un comportamiento indeseable que retrata a quien lo ejerce”.

Díaz reconoce su participación en la empresa, constituida en 1992, de la que su marido es administrador. Davelco S.A. se dedica a la venta y alquiler de maquinaria, herramienta y vehículos para la construcción y obras públicas. También presta servicios a contratistas y subcontratas.

La titular autonómica asegura que su participación en la empresa es legal y que nunca estuvo involucrada en la gestión de la misma. “La situación no está para ligerezas”, dice. Asegura que toda la información está recogida en la página web del Principado de Asturias, en la que se detallan sus ingresos y patrimonio, así como que ya se hicieron públicos en su etapa como alcaldesa de Langreo, en cuya etapa se promovió el Código del Buen Gobierno, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Esther Díaz asegura que la actividad de su marido en el ramo comenzó en 1987, cuando ella estaba en la Universidad y no tenía responsabilidad política alguna. Además, invita a que, si hay dudas sobre la rectitud de su proceder, “el camino está en los tribunales de justicia”.

Los grupos parlamentarios ahora esperan a su comparecencia en el parlamento autonómico a petición propia. “Lo importante es conocer si la empresa se ha beneficiado por ser propiedad del marido de la consejera o por ser Díaz accionista”, ha dicho el PP de cara a lo que plantearán el día en que Díaz dé explicaciones.

Para IU y UPyD lo más prioritario es deslindar, con más claridad, el conflicto de intereses que se puede generar entre el ámbito privado y los altos cargos, “porque en la actualidad hay un vacío de poder”, dicen.

Por su parte, los socialistas, sin poner en duda la legalidad y transparencia de la consejera, aprovechan este caso para señalar que “es el momento adecuado para discutir estas cuestiones” e introducirlas en las leyes de Transparencia y Buen Gobierno que se están tramitando en el parlamento regional.

Las comisiones de investigación se acumulan en el parlamento asturiano. A la del 'caso Villa', sobre los 1,4 millones de euros que regularizó el exsindicalista José Ángel Fernández Villa se une la de los sobrecostes de la obra de ampliación del puerto de Gijón, El Musel. La iniciativa del Partido Popular ha sorprendido al resto de los grupos parlamentarios, que, sin dudarlo, respaldaron por unanimidad la propuesta.

El PP ha justificado la necesidad de esta comisión de investigación en la petición de la Comisión Europea de reclamar a España la devolución de los 198 millones de euros de los fondos de cohesión y cancelar los 49,5 aún pendientes, tal y como recomienda el informe de la Oficina de la Lucha Anticorrupción (OLAF) de la UE tras detectar supuestas irregularidades y fraudes en la contratación y ejecución de la obra.

“Por una gestión calamitosa se puede perder una ingente cantidad de fondos europeos”, dice el diputado popular encargado de la propuesta. Con esta iniciativa, los populares quieren colocar la pelota en el tejado de los socialistas, que consideran que es un asunto del Gobierno central, quien debe argumentar la defensa del puerto de Gijón ante las instituciones europeas.

“No vamos a consentir que culpen al actual Gobierno de España”, esgrime el diputado popular, que acusa al Gobierno de Javier Fernández de “deslealtad institucional”.

En la carta de la Comisión Europea al Ministerio de Hacienda, se responsabiliza al Ejecutivo de Rajoy de “inacción ante el informe OLAF” con el fin de que prescriba el tema. El Gobierno asturiano ha recurrido a este argumento para responsabilizar a Madrid de “aparentar defender con firmeza los intereses del puerto, cuando lo que en realidad se puede estar haciendo es una defensa de pacotilla”.

Las acusaciones mutuas entre PSOE y PP han terminado en una comisión de investigación parlamentaria que, a juicio de IU, quedará coja si sólo comparecen las personas nombradas por el Gobierno de Asturias y no otras con responsabilidades directas en la Autoridad Portuaria.

La coalición va a exigir “responsabilidad y transparencia” para clarificar una obra que “está viciada desde el minuto uno porque fallaron los mecanismos de control desde el principio”, asegura su portavoz.

La iniciativa del PP ha causado cierta confusión al adelantarse a Foro, que ya tiene regristrado en la cámara autonómica solicitar una comisión de investigación sobre la gestión del puerto asturiano. “Vamos a tener dos comisiones sobre lo mismo”, se pregunta el portavoz socialista, que le dice al diputado del PP que “una mala persona puede ser cualquier cosa menos una buena persona”.

Por su parte, Ciudadanos por Asturias ha presentado una denuncia contra los responsables de UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra, el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, el ex director del puerto, José Luis Díaz Rato, y a todos los ex consejeros responsables desde 2005 hasta el 2011.

En la demanda se cita como testigo al ex presidente asturiano Vicente Álvarez Areces para conocer si estaba en el consejo de adjudicación de la obra y que hacía en él sin ser miembro.