Supongo que muchos de ustedes leyeron este pasado fin de semana que, en Mali, una alianza de los tuaregs independentistas del norte del país, el llamado Azawad, ha hecho oficial una alianza con la filial de Al-Qaeda en el Sahel, el JNIM, que ha dado una vuelta de tuerca más, la más grave desde el año 2012, a la inseguridad en el Sahel. 

Por si no lo sabían, el estallido de esta revuelta sorprendió en Bamako a una delegación de ciudadanos españoles que participaban en dos actividades organizadas por Casa África. El hecho salió ampliamente reflejado en los medios de comunicación. 

En la madrugada del sábado 25 de abril, una célula terrorista infiltrada en Bamako detonó un camión explosivo en Kati, un barrio de la capital, frente a la vivienda que dentro de un campo militar alojaba al Ministro de Defensa, Sadio Camara y a su familia. Imaginen el estruendo e impacto que se produjo que la onda expansiva de la explosión, a las 5 de la mañana, fue percibida a 14 kilómetros de distancia por buena parte de los miembros de la delegación de Casa África que se alojaban en un hotel, muy cercano a la Embajada de España en Mali. 

La explosión en Kati formaba parte de una operación coordinada entre tuaregs del norte y yihadistas de JNIM por todo el país, y comprendía una infiltración en Bamako, pero sobre todo, el control del norte y centro del país. 

Quizás lo primero es contarles qué hacíamos en Mali. En total coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y nuestra Embajada en Bamako, juntamos dos proyectos diferentes: por un lado, un taller de periodismo de migraciones, que planificó nuestro jefe del área de comunicación, Joan Tusell, y que incluía la participación del periodista canario Nicolás Castellano, en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones. Celebrado las mañanas de jueves y viernes, el taller fue un éxito, con la participación de 30 periodistas malienses, que aprendieron, entre otras cosas, cómo es el camino que hacen muchos jóvenes malienses que se acaban jugando la vida en la mar en la llamada Ruta Canaria o Atlántica de las migraciones. En esa experiencia, constatamos que los periodistas malienses no sabían que estamos hablando de la ruta migratoria marítima más peligrosa y mortífera del mundo, los días de navegación que afrontan pateras y cayucos, y la cantidad de jóvenes que se calcula mueren en el intento. 

En la segunda de nuestras actividades, liderada por nuestra jefa del área de Cultura y Educación, Ángeles Jurado, llevamos un grupo de programadores culturales españoles (dos de ellos canarios), para hacer una edición más, y van 12, de nuestro proyecto Vis a Vis, una iniciativa que genera contactos y redes entre los sectores culturales africanos y español, y acaba provocando que, cada verano, los escenarios de los principales festivales españoles que apuestan por las músicas del mundo incorporen grupos africanos que normalmente antes no han tenido la oportunidad de mostrar su talento en nuestro país. El proyecto Vis a Vis, para aprovechar sinergias, se insertó en el Festival HOLA Bamako, un evento anual que lleva en Mali once ediciones ininterrumpidas pese a la difícil situación del país, lo que muestra el empeño y la resiliencia de la cooperación cultural hispano-maliense, cuyo mérito recae en la Embajada de España. Fíjense si el HOLA Bamako ha sido importante que, este año, de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio, el HOLA Bamako se extendió, en el mismo fin de semana, a varios países africanos bajo la marca HOLA África ha estado en Camerún, Cabo Verde, Túnez, Angola, Ghana y Costa de Marfil. 

En Mali, el HOLA Bamako ya es un evento consolidado, querido por la sociedad civil maliense y ampliamente apoyado incluso por empresas privadas malienses a través de patrocinios. Este año eran tres noches de conciertos en el precioso parque del Museo Nacional de Bamako, en un cartel que reunía a los grandes nombres de la música maliense y a los que se sumó un grupo español. Este año fue el grupo de rock ‘Niños Bravos’, que dejaron al público maliense exhausto de tanto bailar en la noche del viernes. 

De nuestro proyecto Vis a Vis, al que inicialmente se presentaron 100 bandas malienses (una cifra espectacular que evidencia que Mali es una de las cunas de la música africana) pudimos celebrar dos de las tres noches de conciertos y escuchar finalmente a 11 de las 12 bandas seleccionadas. 

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer y reconocer el buen talante de todo el grupo de programadores desplazados a Bamako, y por el temple y paciencia con que afrontaron la incertidumbre de una situación forzada por un evento de dimensiones, no lo ocultemos, importante. Así que muchas gracias, Juan y Javier (los dos programadores canarios), Pachi y Tania, Unai, Javi, Judith, Juan Ramón, Vicente, María Isabel, Eugenio y Antonio por vuestro compromiso con el Vis a Vis, por creer en este proyecto de crear redes con la industria musical africana y fomentar que se conozca su talento a través de los festivales que gestionan. 

Quiero también reconocer el trabajo de nuestro equipo en Casa África, Ángeles y Joan, por todo el empeño en programar actividades, por seguir estando presentes en África y por fomentar que la imagen y conocimiento de esa pequeña institución española con sede en Canarias, Casa África, sea tan conocida, querida y respetada por el continente. 

Pero, sobre todo, quería aprovechar la tribuna que los medios de comunicación nos abren para reconocer el trabajo de nuestro Embajador en Mali, Antonio Guillén, y todo su equipo en el terreno. Todas las personas de la delegación con que he hablado (ya están todas en casa desde el mismo lunes) nos mostraron su admiración, agradecimiento y reconocimiento por el exquisito cuidado de la Embajada desde la mañana del sábado hasta el regreso de todos los miembros de la expedición a casa. El Embajador me llamó personalmente en varias ocasiones durante el fin de semana para ir informando sobre los hechos y detallarme, a la espera de saber si abriría el aeropuerto, cómo se estaba trabajando. 

El Embajador Guillén no solo se desplazó en varias ocasiones al hotel (elegido por la Embajada por su nivel de seguridad y cercanía) sino que tuvo paciencia y tranquilidad para informar a todos y cada uno de los miembros de la delegación, para asegurar que todo el mundo entendía que estaba todo controlado. La cónsul y segunda al mando de la Embajada, Patricia Gómez, estuvo también en todo momento acompañando a la delegación. 

Me emociona profundamente constatar la valía y profesionalidad del Embajador Guillén, de Patricia Gómez y de todo el impresionante equipo de seguridad (Policías Nacionales destinados a la Embajada) que con su presencia tranquilizaron al grupo en todo momento. Y decir que es un orgullo ver la valía de la gente en nuestro Servicio Exterior que lucha en entornos complejos para seguir avanzando, en este caso, para que siga existiendo amistad entre España y Mali incluso en momentos tan complejos. 

Porque si de algo estoy convencido tras el suceso de esta semana es de la necesidad de que estemos en Mali haciendo proyectos de diplomacia pública. Porque llevamos años escribiendo artículos sobre el Sahel (incluso recopilados a través de una monografía) y en buena parte de ellos hemos defendido principalmente dos mensajes: uno, que la seguridad del Sahel es la seguridad de España y Europa y dos, que ante este hecho, es fundamental que España juegue un papel protagonista en las relaciones con Mali, y que éstas deben incluir cooperación y diplomacia pública. 

Siempre he dicho que, desde nuestra posición, en Casa África, debemos seguir haciendo actividades de diplomacia pública, porque eso nos acerca a los malienses. En estos días en Bamako, nuestro equipo no paraba de decirme lo agradecidos que están los malienses de que los españoles sigamos ahí, con ellos, haciendo cosas, compartiendo conocimiento, poniendo en valor su inmensa riqueza cultural. 

No tengan ninguna duda de que, si la situación securitaria lo permite, seguiremos trabajando con Mali y con los malienses. Es maravilloso que la frase que más escucharon estos días los miembros de nuestro equipo fue ‘Nous sommes ensemble’, que en español significa, “estamos juntos”.  

Mali pasa unas horas muy difíciles y su estabilidad se tambalea. La semana que viene nos centraremos en contarles por qué. Pero el de hoy quiero que sea un artículo de agradecimiento y para recordar que los malienses tienen en España a un Estado amigo. Y para dejarles claro que, pese a las enormes dificultades, ‘estamos juntos’.

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí.

La primera legislatura autonómica, desarrollada entre los años 1983 y 1987, supuso poner en marcha una ingente tarea en el camino de construcción del recién estrenado autogobierno. Todavía estaban por definirse, recibirse y ponerse en funcionamiento las competencias que fueron llegando posteriormente en las más diversas áreas. En esos momentos se comenzó a edificar, con escasos medios, pero mucha voluntad, entusiasmo y convicción autonomista, la arquitectura inicial del Gobierno de Canarias en todos sus ámbitos. 

Pero si en algo destacó aquel Ejecutivo presidido por el socialista Jerónimo Saavedra fue, tras la recepción de las transferencias educativas, por el enorme esfuerzo inversor que llevó a cabo para superar las enormes deficiencias que presentaba nuestro sistema educativo, muy olvidado por el hasta entonces imperante centralismo.

Nuestra Comunidad partía de una situación caracterizada por el profundo atraso respecto al resto del Estado español. Con la presencia, todavía, de altas tasas de analfabetismo entre la población del Archipiélago. Con la realidad de numerosos colegios que se encontraban desdoblados en turnos de mañana y de tarde, al no disponer de suficientes plazas para escolarizar a nuestros niños y niñas. Con notables carencias de infraestructuras educativas dignas en numerosos municipios del Archipiélago. Con unas plantillas docentes claramente insuficientes. 

Las reclamaciones educativas se expresaron en las calles desde el comienzo de la transición. Los enseñantes demandaban “escuela canaria y maestros canarios”, con planteamientos nítidos respecto a la mejora de la calidad y de la propia formación docente. Exigiendo, además, que el sistema educativo facilitara el conocimiento de nuestra geografía, historia o cultura, absolutamente ocultadas en la larga noche del franquismo. Lamentablemente, cinco décadas después, nuestros jóvenes siguen sin tener un conocimiento básico del pasado indígena de la Islas o de la Canarias posterior a la conquista y colonización. 

A finales de los setenta comenzaron a celebrarse las entusiastas escuelas de verano de Canarias -definidas como espacios de encuentro, de intercambio y de debate de las comunidades educativas-, impulsadas por los movimientos de renovación pedagógica. Iniciándose, también, el surgimiento y consolidación de los sindicatos, algunos específicos del sector docente y con una gran base social y capacidad movilizadora.

Empleo y estabilidad laboral

Hubo, en distintas etapas, momentos de elevada conflictividad. Desde el boicot a las oposiciones en 1977, movimiento centrado en el empleo y la estabilidad laboral (“Ningún niño sin escuela, ningún maestro sin trabajo” era uno de sus lemas), cuando todavía se dependía del Ministerio de Educación estatal, al conflicto de la jornada continua en el curso 87/88, con el Gobierno canario de CDS, AP, AIC y AHI. 

Más tarde, desde sindicatos que desde principios del autogobierno contaban con una gran capacidad organizativa y de presión, se plantearon muy distintas reivindicaciones: a favor de la homologación salarial con el resto de los funcionarios, por la estabilidad del profesorado interino, en contra de la tutoría de tarde en enseñanzas medias o exigiendo más recursos económicos para la educación. 

También en el rechazo de algunas de las leyes educativas, especialmente, pero no solo, contra la denominada Ley Wert (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, del año 2013). Con importante participación del alumnado, en distintas etapas, en muchas de las movilizaciones del sector. Con el papel, asimismo, desplegado por las organizaciones de padres y madres de alumnos (ampas).

Dos universidades

Igual sucedió en el ámbito universitario, especialmente por las masivas manifestaciones, en los años 1982 y 1988, en defensa de la creación de una universidad completa en Las Palmas de Gran Canaria, en la que ya existía la Universidad Politécnica (creada en 1979) y algunos centros dependientes de La Laguna, como Medicina o Magisterio.

Habría que esperar hasta 1989 para que esa reclamación fuera hecha realidad, con la aprobación por nuestro Parlamento de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias. Desde entonces el sistema educativo superior canario cuenta con dos universidades públicas con una amplia oferta de estudios, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, que forman a decenas de miles de estudiantes cada año, que investigan y que colaboran entre ellas.

Los años noventa fueron de cambio, con el proceso de implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) por la Consejería de Educación que dirigía José Mendoza. Entre sus ejes, la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la creación de la ESO, la instauración de un nuevo modelo de Formación Profesional estructurado en ciclos (medio y superior) y el establecimiento de la educación infantil.

Ley Canaria de Educación

Y, ya en este siglo XXI, sectores docentes, ampas y distintos ayuntamientos de las Islas impulsaron una ley de iniciativa popular en defensa de la educación pública de las Islas, apoyada por decenas de miles de firmas ciudadanas. Tras su tramitación parlamentaria esta se plasma en la Ley Canaria de Educación no Universitaria (2014). Una ley que tiene como objetivo “regular el sistema educativo canario y su evaluación, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, que garantice la equidad y la excelencia, la prestación de un servicio público esencial y convertirse, a la vez, en uno de los motores del desarrollo social, económico y cultural del archipiélago”.

Una ley que todavía cuenta con algunos aspectos por desarrollar plenamente, sobre todo su claro mandato de llevar la inversión educativa hasta alcanzar el 5% del PIB canario. Con el Gobierno de Progreso (2019/2023) nos acercamos mucho a ese objetivo (4,63% en los Presupuestos del año 2023); el actual Ejecutivo de las dos derechas nos ha alejado del mismo (4,07% en las cuentas públicas de 2026).

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Precisándose, asimismo, mejoras en las infraestructuras educativas (y su adaptación al cambio climático), plantillas docentes. Formación Profesional o atención a la diversidad. Para lograr un sistema educativo con mayor equidad e inclusión.

En todo ese camino recorrido, la Comunidad Canaria ha demostrado que se pueden impulsar los cambios educativos desde el autogobierno. Que tenemos competencias, capacidad y recursos para superar nuestros problemas y déficits. Desde el autogobierno se logró la escolarización plena, la homologación, una sensible mejora de las infraestructuras, el impulso en la enseñanza superior y, en definitiva, la mejora global de nuestro sistema educativo. 

Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí. Se trata, esencialmente, de poner a la educación como prioridad social y política por su carácter estratégico. Y de dotarla de los recursos necesarios y de la más adecuada gestión orientada a su permanente mejora. Para que repercuta positivamente en la calidad de vida de las actuales y de las futuras generaciones de canarios y canarias. 

Como sociedad, debemos permitir que los niños y niñas tutelados se apropien de su propia narrativa. Si deciden no celebrar nada, es su derecho. Si deciden escribir una carta a una madre que no han visto en años, es su proceso. Si deciden abrazar a su madre adoptiva reconociéndola como su referente de seguridad, es su logro

Quienes caminamos a diario por los márgenes del sistema de protección de menores, el calendario nos presenta cada año una fecha que, bajo su apariencia festiva y comercial, esconde una de las realidades más complejas y emocionalmente extenuantes de gestionar: el Día de la Madre. Para la mayoría de la población, este día se traduce en flores, mensajes de gratitud y una celebración de la incondicionalidad. Sin embargo, en el ecosistema de la infancia tutelada, ya sea en acogimiento familiar, adopción o acogimiento residencial, esta jornada es un prisma que fragmenta la realidad en piezas que a menudo no encajan.

Para un niño, niña o adolescente que vive bajo una medida de protección, la figura materna es un concepto en disputa. No es una línea recta, sino una maraña de presencias, ausencias, abandonos y cuidados reparadores. En este contexto, el enfoque tradicional de la “gratitud”, esa idea de que la persona menor de edad debe estar agradecida por haber sido acogida o por tener una nueva oportunidad, es no sólo errónea, sino profundamente injusta. El cuidado no es un favor que deba devolverse con pleitesía; es un derecho humano básico que el Estado y los adultos de referencia tienen la obligación de garantizar.

Uno de los mayores obstáculos psicológicos que enfrentan los menores tutelados es el conflicto de lealtades, y el Día de la Madre actúa como un catalizador de esta tensión. La sociedad, y a veces el propio entorno de cuidado, presiona de forma sutil para que el niño “elija” o “sustituya”. Se espera que las niñas y niños desplacen sus afectos hacia la madre de acogida o adoptiva como si el amor fuera un juego de suma cero, donde lo que se le entrega a una debe restársele a la otra.

Pedirle a una niña o un niño que ignore sus raíces, por muy dolorosas que sean, es pedirle que mutile una parte de su identidad. Pueden amar a la familia que les cuida hoy y, simultáneamente, sentir una añoranza punzante o una rabia legítima hacia la madre biológica que no pudo o no supo protegerlo. Como profesionales expertos, debemos ser tajantes: ambos sentimientos tienen derecho a existir en el mismo espacio y tiempo. El éxito de una medida de protección no se mide por cuánto olvida el niño su pasado, sino por cómo integra ese pasado en su presente sin que la culpa lo asfixie. La gratitud impuesta sólo añade una capa de hipocresía a un proceso que necesita, por encima de todo, honestidad emocional.

Si en el acogimiento familiar la dualidad es compleja, en el acogimiento residencial el impacto del Día de la Madre es seco y descarnado. En los centros de protección, donde los educadores y educadoras ejercen una labor de acompañamiento y estructura fundamental, el “vacío” de la figura materna se vuelve tangible.

Es el día de las llamadas telefónicas que no se producen, de las promesas de visita que se rompen a última hora y de la eterna pregunta que flota en el ambiente: “¿Por qué yo no?”. Aquí, la labor profesional no consiste en intentar llenar ese hueco con celebraciones artificiales que sólo subrayan la carencia. Nuestra función es sostener la caída. Es validar que hoy está permitido estar enfadado, que es normal sentir envidia de los compañeros de clase y que no hay nada malo en querer pasar el día bajo la manta, lejos de manualidades escolares y canciones festivas. El derecho de los niños y niñas a estar tristes es tan sagrado como su derecho a ser protegidos.

Es urgente que las instituciones educativas den un paso al frente y abandonen las prácticas estandarizadas que ignoran la diversidad de las historias de vida. La tradicional manualidad de “Feliz día, mamá” puede ser una tortura para quien no sabe a quién entregársela o que teme que, al dársela a su madre de acogida, esté borrando a su madre biológica.

Debemos transitar, como señala el pedagogo y profesor Jordi Planella hacia una “pedagogía sensible” que hable de las “figuras de cuidado” y de la pluralidad de los vínculos. No se trata de descafeinar la maternidad, sino de ampliarla para que nadie se quede fuera. Un niño o niña bajo protección necesita que su entorno escolar reconozca su realidad sin compasión victimista, pero con una sensibilidad técnica que entienda que su “familia” es un concepto dinámico, a veces roto y siempre en reconstrucción.

El objetivo del sistema de protección no es replicar el modelo de “familia tradicional perfecta”, sino asegurar que el menor construya una historia de vida coherente. Para lograrlo, el Día de la Madre debe dejar de ser una imposición de expectativas sociales o una celebración forzada.

Como sociedad, debemos permitir que los niños y niñas tutelados se apropien de su propia narrativa. Si deciden no celebrar nada, es su derecho. Si deciden escribir una carta a una madre que no han visto en años, es su proceso. Si deciden abrazar a su madre adoptiva reconociéndola como su referente de seguridad, es su logro. Pero nada de esto debe nacer de la imposición externa o de la necesidad de complacer a los adultos.

El Día de la Madre en el sistema de protección debería ser, ante todo, el día de la verdad emocional. Menos marketing de la felicidad y más espacios para la validación del dolor y la complejidad. Solo cuando reconozcamos que el vínculo no es una deuda de gratitud, sino un espacio de seguridad donde niños y niñas tienen derecho a ser ellos mismos, con sus luces y sus sombras, con sus madres presentes y sus madres ausentes, estaremos realmente cumpliendo con nuestra labor de protección. El mayor regalo que podemos hacerle a estas criaturas bajo el sistema no es una manualidad o una fiesta, sino el permiso incondicional para que sienta, piense y nombre su propia realidad, sin miedo al juicio y sin la carga de tener que agradecer lo que, por justicia, le corresponde.

El caso del mercado de la vivienda representa, en el momento actual uno de los ejemplos más palmarios de esta especie de comportamiento voraz por parte de un mercado que, pese a los apologetas de la famosa autorregulación (mano invisible), solo genera desajustes, desequilibrios y desigualdades sociales

Según el Banco de España, actualmente existe la necesidad de construir 700.000 nuevas viviendas para poder cubrir la alta demanda existente en el país. El aumento de hogares unipersonales, especialmente por parte de población joven (hasta 30 años), junto con la llegada de inmigrantes, parece estar en la base de esta carencia que, de acuerdo al precepto (teo-)liberal, hace que la relación oferta-demanda se desequilibre, provocando el disparo al alza de los precios, de compra-venta y alquiler.

La cuestión que me surge, entre otras, es: ¿se trata de una situación sobrevenida, quizá por cierta falta de previsión y/o acción por parte de las distintas administraciones públicas intervinientes en la materia o bien, por el contrario, responde esto a una estrategia de colaboración público-privada, para mayor beneficio de un sector económico que hace virtud (beneficio) de la necesidad ajena (derechos esenciales)?

El declive del Estado del Bienestar, que podríamos poner como inicio en el último cuarto del siglo XX, plantea un enigma por resolver en el ámbito de la Ciencia Política: ¿Cuál es el propósito fundamental de cualquier Estado, a través de sus múltiples y diferentes instituciones, nacionales y regionales? A falta de alguna inteligencia cercana, decido recurrir a la artificial, que me aporta lo siguiente: “El propósito fundamental del Estado es organizar la voluntad del pueblo dentro de un territorio delimitado, para garantizar el bien común, la armonía social y la prosperidad de sus ciudadanos” (Leo IA).

Doy por buena esta respuesta: asequible, comprensible, sensata y parece que aceptable para el común de los mortales. Y, sin embargo, tal vez contradictoria con lo que vienen siendo algunas de las cuestiones fundamentales de la vida en común, también en este país, al menos durante los últimos 30 años aproximadamente. Me refiero a la cuestión de la vivienda, ese bien y derecho supuestamente fundamental que nos brinda la Constitución de 1978 (art. 47), pero que no necesariamente tiene una plasmación efectiva en las políticas públicas.

La citada crisis del Estado del Bienestar dejó entrever la motivación oculta de la misma, esto es, la priorización de los estados por un modelo económico determinado, no para una mejor organización de la voluntad del pueblo, ni para garantizar el bien común, promover la armonía social o la prosperidad de la ciudadanía, ¡no! Lo que se promueve son una serie de preceptos liberales que priorizan el beneficio (bene facere) empresarial sobre los derechos de la ciudadanía, de tal manera que el bien común, la armonía social y la prosperidad ciudadana quedan relegados al nivel de efecto colateral. De esta manera, se elevan a categoría cuasi-divina conceptos o ideas como la propiedad privada vs. bien común o interés general, se santifica la ley de la oferta y la demanda, naturalizando así la usura en base a la alta necesidad y se antepone el derecho al macro-beneficio en contra del derecho público: se sabe que gran parte de la última crisis inflacionista estuvo motivada por el incremento –o mantenimiento– injustificado en el margen de beneficios de grandes empresas (Banco Central Europeo). 

El caso del mercado de la vivienda representa, en el momento actual —si bien se trata de un problema larvado en el tiempo— uno de los ejemplos más palmarios de esta especie de comportamiento voraz por parte de un mercado que, pese a los apologetas de la famosa autorregulación (mano invisible), solo genera desajustes, desequilibrios y desigualdades sociales: donde la ciudadanía ve necesidad básica (derecho a techo), el mercado ve oportunidad. Y la administración pública consiente dicha oportunidad, salvo que el momento político diga que hay que ponerse las pilas electorales. Se han necesitado ocho años de gobierno progresista, así como unas próximas elecciones muy disputadas, para promulgar una ley que pretende acabar con el problema de la vivienda (emergencia habitacional estructural, dice el Gobierno de Canarias), cuando el verdadero problema es de modelo socio-económico: santificar preceptos economicistas y mercantilistas (teo-liberales) en contra de necesidades y derechos sociales, acto consagrado con la reforma del artículo 135 de la Constitución, el 27 de septiembre de 2011, que prioriza el pago de la deuda pública (a los bancos) frente al rescate de la ciudadanía. 

Los diferentes gobiernos/administraciones, mientras tanto, han estado centrados en la fabricación de discursos –el relato– orientados a la tarea de encubrir, disfrazar y/o justificar la santificación teo-liberal del mercantilismo rampante: el derecho al beneficio mercantil prevalece sobre el derecho a la prosperidad de la ciudadanía o la armonía social. Ahora nos dicen que, para que el mercado inmobiliario sea “sostenible”, hace falta “construir vivienda, construir vivienda y construir vivienda” (Gobierno de la Comunidad de Madrid), es decir, una nueva burbuja liberalizadora de suelo, como ya hiciera el expresidente Aznar (1998) y que desembocó en una turbulencia inmobiliaria diez años después. Todo esto, a pesar de que el 14% de las viviendas españolas están desocupadas/vacías (INE) o que la propia comunidad de Madrid ha vendido, en años pasados, más de 5.000 viviendas públicas a fondos de inversión que ahora aterrorizan a sus legítimos ocupantes. “España necesita construir el doble de viviendas de las que produce actualmente para satisfacer la demanda real”, a pesar de que, en las últimas décadas, más de 6 millones de viviendas pasaron de públicas a privadas, si bien se habían construido con dinero público.

Hemos hecho del economicismo un valor absoluto y toda nuestra existencia se mide en esos parámetros. Nos han/hemos convertido en ciudadanos-propietarios y ciudadanos-inversores. A partir de ahí, nuestros intereses coinciden o convergen con los de los oligarcas y votamos a sus representantes, o a ellos mismos. Sin embargo, cada vez más gente, propietarios o no, inversores o no, vive en una situación de miedo constante: miedo a perder la salud, a perder el empleo/negocio, a perder la ciudadanía, a perder la vivienda, a perder lo invertido, etc. La Sociedad del Riesgo que presagiaba el sociólogo alemán Ulrich Beck se ha plasmado en una creciente Sociedad de la Turbulencia, donde grandes cataclismos (atentados como el 11-S, crisis hipotecaria, pandemia, guerras…) ponen a la ciudadanía en una constante de terror contenido y sostenido. Pero, ¿sostenible?

En la España de los pactos entre el Partido Popular y Vox, la barbarie ha mudado de piel pero conserva intacta su matriz ideológica y su función de clase. Se despliega en una doble ofensiva, íntimamente conectada: la agitación como músculo de choque y la perversión administrativa como esqueleto jurídico del nuevo fascismo

En 1933, frente al tribunal nazi que pretendía lincharlo legalmente por el incendio del Reichstag, Georgi Dimitrov lanzó una pregunta que hoy resuena con escalofriante vigencia en las instituciones del Estado español: «¿En qué país no son los fascistas bárbaros y salvajes?». El dirigente comunista búlgaro, con una clarividencia dialéctica impecable, no denunciaba únicamente la brutalidad callejera de las camisas pardas, sino la metamorfosis estructural del propio aparato del Estado. Dimitrov alertaba de cómo la maquinaria institucional estaba siendo capturada para transformarse en un engranaje de exclusión, sanción y odio sistemático. Aquella advertencia, pronunciada en la soledad del banquillo de Leipzig, cobra hoy una actualidad aterradora, no solo en los boletines oficiales, sino en la jauría que asedia la democracia en las calles. En la España de los pactos entre el Partido Popular y Vox, la barbarie ha mudado de piel pero conserva intacta su matriz ideológica y su función de clase. Se despliega en una doble ofensiva, íntimamente conectada: la agitación como músculo de choque y la perversión administrativa como esqueleto jurídico del nuevo fascismo.

Antonio Scurati ha diseccionado magistralmente que el fascismo nunca nace como una doctrina acabada, sino como una praxis que vacía el Estado de Derecho desde dentro. Esa praxis, sin embargo, necesita también un músculo callejero, una vanguardia de choque que genere el terror ambiental imprescindible para quebrar los diques de la convivencia. En la España actual, ese músculo lo encarnan figuras como Vito Quiles y otros agitadores que, bajo el disfraz de periodistas, operan como auténticos destacamentos de acoso. Los incidentes de hostigamiento contra profesionales de TVE, señalados y perseguidos en el ejercicio de su labor, no son hechos aislados: son tentativas de dinamitar la libertad de prensa mediante la intimidación sistemática. Esta estrategia alcanzó una cota de especial ignominia el pasado 29 de abril, con el asedio sufrido por la esposa del presidente del Gobierno en una cafetería. Ahí la frontera entre la discrepancia política y la violencia personal se disuelve deliberadamente, buscando la deshumanización absoluta del adversario. Lo más alarmante de este escenario no es la existencia de provocadores, sino el paraguas institucional que el Partido Popular les proporciona. La claudicación del PP no es sólo discursiva; es logística y moral. Ver a dirigentes de la formación conservadora salir en defensa de agitadores como Quiles —quien llegó incluso a cerrar un acto electoral del propio PP— revela una simbiosis orgánica. En los actos públicos de la derecha y la extrema derecha, el lenguaje se ha degradado hasta convertir el insulto soez y la calumnia contra el presidente Sánchez en la moneda de cambio común. Esta «gramática del odio» no es accidental: busca generar un clima de ilegitimidad que justifique cualquier atropello. Al validar a estos provocadores, el bloque reaccionario subcontrata la violencia verbal para mantener las manos «limpias» mientras se dinamita la convivencia democrática.

Si la agitación en la calle es el músculo del nuevo fascismo, la «prioridad nacional» es su arquitectura jurídica. Esta consigna, convertida en eje programático de la formación de Santiago Abascal y suscrita —por asimilación ideológica o por un colaboracionismo táctico que anula cualquier pretensión democrática— por el Partido Popular en Extremadura, Aragón y que amenaza con extenderse a Castilla y León, no es una mera concesión electoral. Es una sofisticada técnica de fascistización administrativa diseñada para operar desde las entrañas mismas del Estado. Retomando la advertencia de Dimitrov, no necesita derogar formalmente la Constitución; le basta con pervertir el derecho administrativo, introducir categorías diferenciadas de ciudadanía y hacer de la excepción la norma cotidiana de gobierno. Es la heredera directa de la Volksgemeinschaftnazi —la «comunidad popular»—, un constructo que unificaba a los incluidos generando un falso sentimiento de pertenencia interclasista, mientras alimentaba el odio hacia quienes quedaban fuera de sus fronteras identitarias. Su lógica subyacente es la anulación del derecho universal: la titularidad de los derechos ya no deriva de la condición humana, sino de la pertenencia a una nación concebida como un club privado con un férreo derecho de admisión. El peligro alcanza su expresión más letal en el asalto a la universalidad de la sanidad pública. Al imponer barreras de exclusión —como ya vimos con el fatídico Real Decreto 16/2012 y como se reproduce ahora mediante trabas burocráticas de empadronamiento o exigencia de «arraigo» para acceder a un médico de cabecera—, el Estado deja de ser garante de la vida para convertirse en un aparato que sanciona la existencia del «otro». No se deroga el derecho a la salud de golpe; se sitia mediante reglamentos y ventanillas hostiles, convirtiendo la gestión sanitaria en una herramienta de purga identitaria. Esta exclusión sanitaria es la punta de lanza de un auténtico apartheid burocrático con consecuencias criminales. Resulta profundamente revelador escuchar a Abascal defender esta discriminación apelando al «sentido común» y declarándose «muy tranquilo» ante posibles recursos de inconstitucionalidad. Su objetivo no es solo legislativo, sino cultural: normalizar la muerte civil, lo que puede suponer poner en riesgo la muerte biológica del excluido.

Ambas dimensiones de la barbarie —la callejera y la institucional— cumplen una función material fundamental en el actual contexto de crisis estructural. En términos gramscianos, la extrema derecha libra una guerra de posiciones para construir un nuevo «sentido común» reaccionario. El discurso de radicalidad xenófoba ejecuta a la perfección el objetivo histórico del reaccionarismo: fracturar el bloque histórico de la clase trabajadora. Al señalar al inmigrante como el «usurpador» de una sanidad colapsada por los recortes y la privatización, el bloque PP-Vox desvía la mirada de las contradicciones del modelo económico de desposesión que ellos mismos apuntalan. Sustituyen el conflicto vertical —clase contra clase, explotación contra derechos— por un conflicto horizontal —nacional contra extranjero—. Es la vieja táctica de dividir a las capas populares para que se disputen las migajas de un sistema público deliberadamente desmantelado, asegurando así la hegemonía intacta de las élites económicas. En este proceso, la claudicación del Partido Popular es absoluta. Al asumir el marco discursivo de la «invasión», al validar a los agitadores y aceptar la ruptura de la universalidad sanitaria, el PP no está domesticando a la extrema derecha; está permitiendo que el veneno fascista se convierta en praxis administrativa cotidiana. Han ignorado sistemáticamente las advertencias de juristas, estamentos médicos y voces de la propia sociedad civil —incluida la Conferencia Episcopal— que señalan que la exclusión sanitaria es ilegal e inhumana. Pero al fascismo nunca le ha importado la realidad material; solo le importa la construcción del enemigo.

Dimitrov tenía razón: el fascismo es la barbarie instalada en el poder y en la calle. La fascistización del Estado español no llegará, en caso que no lo impidamos democráticamente, anunciada por marchas militares, sino por el goteo incesante de decretos excluyentes, por los baremos de exclusión, por las tarjetas sanitarias denegadas y por el silencio cómplice ante el acoso a periodistas y familiares de políticos. Frente a esta ofensiva hegemónica, la respuesta exige claridad dialéctica sin un ápice de equidistancia. Es imperativo recuperar la contundencia de Leipzig: señalar a los bárbaros contemporáneos sin eufemismos y defender, con la ley en la mano y la movilización en la calle, que no hay democracia posible allí donde la «prioridad» de unos se edifica sobre la deshumanización, el asedio y el apartheid de los otros. La historia no absolverá a quienes callaron mientras la provocación se disfrazaba de periodismo y la barbarie de mera gestión administrativa.

¿Cuántas crisis más tienen que pasar para que la isla reaccione a su grave dependencia del petróleo?

El mayor problema que tiene La Palma es su extrema dependencia del exterior en sectores estratégicos como el energético y agroalimentario que son la principal causa de su vulnerabilidad económica. Mientras unos piensan que la solución está en la turistificación de la isla como la clave de su desarrollo socioeconómico futuro sin darse cuenta de que eso incrementa la dependencia, otros pensamos que reducir esa dependencia para una mayor estabilidad social y económica, pasa por una nueva cultura del territorio con el desarrollo pleno y sostenible de los recursos endógenos (suelo, agua, sol, viento, geotermia y residuos) para construir soberanía energética y alimentaria en el marco de una economía circular, social y solidaria.

Hasta cuándo vamos a seguir atados a un recurso energético fósil como el petróleo que nos crea tantos problemas y, cada vez con más frecuencia, cuando tenemos sobre la mesa alternativas viables con recursos energéticos propios para atender las demandas insulares. Nunca habíamos tenido dos crisis energéticas tan próximas, separadas cuatro años cuando Rusia invadió Ucrania en el 2022, coincidiendo con la etapa final de pandemia y en La Palma, noqueados por la crisis volcánica y, cuando la mecha del conflicto en Ucrania sigue encendida, un pedófilo y un genocida, con argumentos falsos como justificantes, deciden invadir Irán, sin tener el más mínimo respeto al derecho internacional, uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas y, además, que controla el paso del estrecho de Ormuz por donde pasa la quinta parte del petróleo que se consume en el resto del mundo. Y estos personajes, como elefantes en una cacharrería y la decepcionante actitud de la UE, dan lugar a una de las mayores crisis energéticas y económicas de las últimas décadas.

Los responsables públicos, como encargados de la gestión de las crisis y sus correspondientes emergencias, no están aprovechando las lecciones, las oportunidades, que se evidencian cuando la normalidad del funcionamiento del sistema socioeconómico se interrumpe de forma brusca y sin previo aviso.

Las crisis forman parte de los sistemas complejos. Son los episodios imprevisibles de su proceso evolutivo y que tienen la función de poner a prueba el sistema, descubriendo sus debilidades que una vez identificadas deberían, consecuentemente, generar una actuación responsable desde las administraciones públicas en dos vertientes; la primera es la gestión de la emergencia en sí, en lo que se refiere al mantenimiento de los servicios esenciales, protección de las personas, bienes e infraestructuras básicas y, la segunda, es analizar sus causas, por qué se ha producido, por qué no la vimos venir para evitarla y, aquí es donde los responsables políticos tienen que aprender de esas situaciones límites para identificar las oportunidades de cambio y activar las repuestas que correspondan con planificación, con cabeza, que permitan resolver las debilidades para fortalecer el sistema y que, por lo menos, no se vuelva a repetir la misma crisis.

Los sistemas insulares pequeños como La Palma son extremadamente dependientes del exterior, donde los combustibles para el transporte, tanto aéreo como marítimo, constituyen la sangre que mueve todo el sistema insular, transporte interior y desde y hacia la isla que produce más del 50% de su huella de carbono, por lo tanto, somos uno de los territorios más vulnerables en las crisis energéticas porque nos afecta, también, directamente a nuestros bolsillos en el recibo de la luz, cuando repostamos con nuestros vehículos en las estaciones de servicio y cuando reponemos la despensa en un sistema agroalimentario muy dependiente de las importaciones. Todos los bolsillos quedan afectados por estás crisis energéticas mientras que las eléctricas y multinacionales petroleras multiplican sus beneficios.

Turismo y crisis energética

La base de la economía insular no puede ser un sector vulnerable como el turístico que las sucesivas crisis ponen en evidencia su inestabilidad cada vez que aparecen. En 2020 la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID 19 creó un cero turístico que causó un mayor impacto económico y social en las islas más dependientes de este sector, la crisis volcánica del año siguiente 2021 obligó al cierre del aeropuerto en muchas jornadas de los casi tres meses que duró el proceso eruptivo y, con más contundencia, las crisis energéticas que también perjudican la actividad del sector al incrementar los precios de los combustibles y los problemas de suministro del queroseno al ser afectadas las infraestructuras donde se produce, obligando a restricciones a en el transporte aéreo.

El turismo debe ser un pilar de la economía de la isla, pero nunca el eje vertebrador del modelo de isla para el futuro donde los demás sectores económicos bailen al son que marquen las visitas de los turistas. A los responsables políticos y económicos de la isla le recomendamos que visiten en Tenerife a los vecinos de Anaga, Teno, El Médano o Los Cristianos para que observen in situ el hecho de la gentrificación o hagan una visita a las Cañadas del Teide para que sean testigos directos de cómo la masificación turística impide disfrutar de la belleza de un paisaje tan extraordinario. 

Nos preocupa que el poder político y económico palmero estén en esa deriva equivocada como lo están demostrando los hechos. Impulsando un proceso de turistificación donde se observa cómo se prioriza costosas e injustificadas infraestructuras para construir más hoteles en suelo agrícola, como es el caso de la vía de unos 5 kilómetros entre El Remo y La Zamora, para unir dos fajanas de platanera con un presupuesto inicial de 328 millones de euros, los campos de golf de Breña Alta y Fuencaliente y el balneario de lujo de Las Manchas, todas ellas declaradas obras de interés insular (Ley de las Islas Verdes) mientras que el desarrollo del Plan Insular para Nueva Cultura Energética (PINCE), que era la concreción del Manifiesto del Electrón y las infraestructuras energéticas para reducir la dependencia del petróleo nunca constituyeron una prioridad en la agenda de los presupuestos insulares. En este sentido, la Plataforma por un nuevo modelo energético (Px1NME) está esperando del cabildo la respuesta a la solicitud por escrito, de la declaración de interés insular de la actualización del manifiesto del Electrón (2023) con motivo del plan de reconstrucción de la crisis volcánica del Tajogaite que suscribieron todas las formaciones políticas.

Qué decir de un sistema agroalimentario insular basado en la exportación e importación donde las sucesivas crisis energéticas, con sus correspondientes incrementos en los combustibles, le afectan de lleno a toda su estructura organizativa y a su ya frágil viabilidad económica totalmente dependiente de las subvenciones y, ahora, demandando más subvenciones para amortiguar las consecuencias de la presente crisis energética. Un callejón sin salida e insostenible. Una agricultura que destruye la vida del suelo para hacerla dependiente de los fertilizantes químicos nitrogenados importados donde el gas natural procedente de Oriente Próximo es una de las materias primas para su obtención. Para cuándo la transición agroecológica alimentaria a través de una agricultura para la alimentación y la salud, con insumos orgánicos que podemos obtener en la isla. Dónde está la lógica, el sentido común y la planificación racional de la política agroalimentaria que nos ha traído hasta aquí. 

Cómo explicar que al mismo tiempo que estamos importando papas de Egipto (4.500 kilómetros), boniatos de California (9.300 kilómetros) y kiwis de Nueva Zelanda (18.200) tenemos el 55% del suelo agrícola cultivable abandonado y no hacemos un aprovechamiento pleno de ese recurso territorial para un consumo local que nos permita ir reduciendo la dependencia del petróleo. Cómo no se les cae la cara de vergüenza a los responsables de esta política sectorial cuya gestión se reduce al reparto de subvenciones y no abordan los cambios estructurales que requiere el sector para que quienes trabajan la tierra y cuidan los animales dejen de ser los últimos de la cadena agroalimentaria. Y luego se quejan de que no hay relevo generacional en el sector. Eso sí, tenemos una consejería de agricultura en el Cabildo y el Gobierno Canario que se denomina de soberanía alimentaria. 

Las crisis y la transición energética en La Palma

Lo que estamos observando en La Palma con las crisis energéticas es que no se actúa sobre la causa, que es la dependencia del petróleo. La gran debilidad del sistema insular que cuando se produce el conflicto energético sacude a todos los sectores económicos, lo estamos viendo en estos momentos con las consecuencias de la guerra de Irán por Israel y EEUU. Ese no prestar atención a las causas lo hemos visto representado hace unos días (06-04-26) cuando el grupo de gobierno del Cabildo, con su presidente al frente, se reunía con los sectores económicos de la isla en el Museo Benahorita de Los Llanos de Aridane para informar de las medidas anticrisis que se van a tomar desde el Gobierno Canario y Cabildo, mientras que las partidas de los presupuestos de 2026 sufrían recortes significativos para los proyectos de autoconsumo, la asamblea ciudadana de la energía y a las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro, como La Palma Renovable que está activamente trabajando para reducir la dependencia del petróleo y es un referente en Canarias, España y la UE como modelo de participación comunitaria en la transición energética y que, además, ha puesto en marcha la Comunidad Energética Insular Energía Bonita, con el mejor proyecto de España reconocido por el IDAE y no está recibiendo el apoyo que se merece.

Y las crisis energéticas no son nuevas, hace cuatro en el 2022 tuvimos la anterior con la invasión rusa de Ucrania y, un poco más atrás, en el 2003 con la invasión de Irak por EEUU buscando las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y, en todas ellas, la misma causa, la dependencia del petróleo. Se gestiona la emergencia pero no se actúa en las causas. 

En este sentido, no es una casualidad que La Palma sea hoy la isla más atrasada en el desarrollo de las renovables con un 10% cuando la media de Canarias está en un 20% y, por lo tanto, la más dependiente del petróleo.

A lo largo de los últimos 20 años el cabildo insular ha tomado los siguientes acuerdos institucionales a favor de la incorporación de las energías renovables al sistema insular: 

Por qué durante dos décadas, con distintas formaciones políticas en los gobiernos insulares y el mismo objetivo en cinco acuerdos institucionales, la reducción de la dependencia del petróleo, no solo no se produce ningún avance sino que han situado a La Palma en el último lugar en el desarrollo de las renovables de Canarias, cuando en el siglo XIX (1893) la isla fue pionera encendiendo la primera bombilla eléctrica de Canarias. Y lo que resulta más preocupante aún, los actuales poderes políticos y económicos insulares siguen miranda hacia otro lado, hacia Fitur 27 y al próximo evento electoral para continuar con más de lo mismo. 

La respuesta desde las islas al cambio climático antropogénico sigue una actitud similar a la de la transición energética, ausencia de planificación, se toman acuerdos pero no se desarrollan los compromisos adquiridos. En agosto de 2019 el gobierno canario del Pacto de las Flores declara la emergencia climática en Canarias y el cabildo palmero lo hace en febrero del año siguiente, pero no es posible ejecutar ninguna medida específica de mitigación y adaptación al cambio climático porque el actual gobierno canario no ha terminado de desarrollar las modificaciones de la ley 7/2022 de cambio climático que se aprobó en diciembre de 2022.

La Consejería de Transición ecológica y energía, que lleva el PP en el gobierno canario actual, en consecuencia con su voto en contra en la tramitación parlamentaria de diciembre de 2022, se encuentra inmersa en su modificación y no ha terminado de concretar el papel y las tareas de la Oficina de Acción Climática (antes denominada Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua). Dicho retraso está paralizando las subvenciones que vienen de los fondos europeos Nex Generation y los correspondientes planes insulares que deben hacer los cabildos, a partir del Plan Canario de Acción Climática que tampoco se encuentra terminado. Por lo tanto, la capacidad de respuesta inmediata, en el ámbito de la mitigación y adaptación al cambio climático, está muy limitada frente a la crisis energética. Que mal se está desarrollando la transición energética en Canarias. 

Como no contábamos con la vuelta a la ley de la selva del emperador amarillo, las huestes benahoritas estaban bajo mínimos y no tenemos capacidad militar para apropiarnos del petróleo ajeno, como hacen otros que si la tienen y la están utilizando. 

En apenas cinco años, sin solución de continuidad, hemos tenido una declaración de emergencia climática por el Cabildo de la Palma en febrero (2020), crisis sanitaria mundial marzo (2020), crisis volcánica del Tajogaite (2021), crisis energética por la invasión de Ucrania por Rusia (2022) y crisis energética por la invasión de Irán por Israel y EEUU (2026) y, cuando aún no sabemos en qué va a terminar la situación del estrecho de Ormuz, ni cuándo vamos a tener la próxima crisis energética como una espada de Damocles permanente que vuelve a poner patas arriba toda la economía; nuestra propuesta va por la independencia del petróleo y del monopolio (En Canarias se llama Enel, multinacional del gobierno italiano, accionista mayoritario de Endesa) para ir hacia un nuevo modelo energético que cambie la forma y el fondo de la gestión de la energía, para dar forma a un sistema energético insular a través de la democratización de las renovables que han llegado para quedarse. La defensa del interés general y del carácter público de los recursos, sol, viento, agua y geotermia nos sitúa en frente de una transición energética fallida que significa el paso de la dependencia del petróleo a la privatización de las renovables que es lo que estamos observando en Canarias. A peor la mejoría. 

Ninguna estabilidad económica insular es posible con la dependencia del petróleo.

Lo de Quevedo no es solo el éxito de un artista canario, sino algo bastante más profundo que trasciende a su música. Con el artista ha nacido un fenómeno cultural que está reconfigurando cómo se mira —y cómo se muestra— Canarias al mundo.

El Baifo ha conseguido plantar una bandera cultural, situando a Canarias en un espacio de visibilidad que históricamente no ha tenido dentro del relato dominante.

De repente, gran parte de la clase política canaria —sin distinción de colores e ideologías— se ha alineado en torno a su figura. No es de extrañar: cuando aparece alguien con alcance global que conecta con identidad y orgullo colectivo, muchos intentan subirse a ese baifo. Pero conviene no confundir el reconocimiento legítimo con la apropiación oportunista de su éxito.

Lo verdaderamente llamativo es lo que ha logrado con apenas 24 años. No se trata solo de triunfar en la industria musical, sino de hacerlo sin diluir su origen. Al contrario: lo ha reforzado.

En su último trabajo, El Baifo, las referencias a Canarias ya no son guiños puntuales, sino una parte central del discurso: desde el propio concepto del álbum —incluido el título— hasta sus letras.

Esa identidad también se traslada a lo visual y lo simbólico. Canarias no es un decorado en su carrera, es parte de su narrativa personal: tatuajes con motivos canarios, referencias culturales, elementos tradicionales reinterpretados… Todo apunta a una construcción consciente de identidad.

Su paso de hace unas noches por el late ight de David Broncano refuerza esa idea. Lejos de caer en el folclore superficial, muestra una canariedad natural, incluso irreverente, tratada con respeto pero sin rigidez. Esa combinación —orgullo sin solemnidad— es probablemente una de las claves de su conexión con el público joven.

Pero hay otro elemento interesante: la forma en que normaliza lo canario fuera de Canarias. No lo traduce ni lo explica constantemente; lo muestra tal cual es, confiando en que el público lo entienda o, al menos, se interese. Ese gesto, que puede parecer pequeño, es en realidad poderoso: desplaza el centro y obliga a mirar hacia las islas sin filtros ni simplificaciones.

También abre una puerta generacional. Muchos jóvenes canarios pueden verse reflejados sin necesidad de encajar en moldes externos. Y eso tiene un efecto contagio: cuando alguien consigue éxito sin renunciar a su identidad, legitima a otros para hacer lo mismo.

Ahora bien, aquí es donde entra la parte menos cómoda: esto no debería quedarse en la celebración de un caso aislado. Quevedo demuestra que hay talento y relato, pero un solo artista no construye una industria cultural sólida. Si de verdad existe ese filón, pasa por apoyar a más creadores, generar estructura y evitar convertir este momento en simple marketing institucional.

Reducir lo de Quevedo a un éxito musical es quedarse corto. Lo interesante está en todo lo que hay alrededor.

Señores, un chance.

En ella no solo encontramos amor, sino validación. Y cuando falta, no solo se pierde a la madre, sino también a quien nos sostuvo en uno de los procesos más íntimos y valientes de la vida: ser uno mismo

Hay frases que repetimos tanto que corren el riesgo de desgastarse. “Una madre nunca se va del todo” es una de ellas…. Suena a consuelo prefabricado, a tópico de calendario. Y, sin embargo, cuando falta, cuando ya no está, se presenta como una verdad incómoda y rotunda. Porque una madre no se va, pero tampoco se queda de la forma en que quisiéramos.

Se queda en los gestos. En esa forma de lavar la ropa, en el plato que nunca vuelve a saber igual, en una palabra que solo ella pronunciaba con ese tono exacto. (¡Kiko, por dios!) Se queda en la memoria, sí, pero también en el cuerpo: en cómo reaccionamos, en cómo cuidamos, en cómo tememos. Y ahí es donde empieza la paradoja. Su presencia es constante, pero su ausencia duele a diario. Siempre se le echa de menos.

Da igual la edad. Uno puede tener veinte, cuarenta o sesenta años; puede haber construido una vida sólida, una carrera, una familia propia… pero cuando muere una madre, algo se descose por dentro. Es un desamparo silencioso, hasta diría que infantil. Una especie de orfandad que no entiende de madurez ni de lógica. Porque no se trata solo de perder a una persona: se pierde el lugar al que uno podía volver sin condiciones.

Y es curioso cómo, en ese vacío, aparecen preguntas que creíamos superadas. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Qué me diría ahora? ¿Se sentiría orgullosa? La muerte no corta ese diálogo; lo transforma. Seguimos hablándoles, pero ya sin respuesta. O quizá con respuestas que nos inventamos, que también son una forma de mantenerlas vivas.

En algunos casos, ese vínculo adquiere matices aún más profundos. Para muchos de nosotros, personas homosexuales, la madre no es solo madre: es refugio, aliada, primera trinchera contra un mundo que a veces no entiende. No siempre ocurre así, claro, pero cuando ocurre, el lazo se vuelve especialmente intenso. Porque en ella no solo encontramos amor, sino validación. Y cuando falta, no solo se pierde a la madre, sino también a quien nos sostuvo en uno de los procesos más íntimos y valientes de la vida: ser uno mismo.

Quizá por eso el duelo tiene capas. No es solo nostalgia; es también gratitud, rabia, ternura, culpa… todo mezclado. Y, sobre todo, es aprendizaje. Aprender a vivir sin su presencia física, pero con su huella constante. Aprender que el amor no desaparece, solo cambia de forma.

Decir que una madre nunca se va del todo no es negar la muerte. Es reconocer que hay vínculos que trascienden lo tangible, que se quedan anclados en lo más profundo de lo que somos. Y eso, aunque no cure el dolor, lo acompaña de algo más llevadero: la certeza de que, de algún modo, seguimos siendo un poco de ellas. Siempre. 

¿Te gustó mamá? ¡Ay Lolita, la de Barroso! 

Y decimos, escribimos, que llevamos toda la vida intentando imitar a Hemingway, su escritura, que no su estilo vital, y no desfallecemos en el empeño

Declara no haber leído nunca un libro, y se queda tan ancho. Incluso ríe. Incluso tiene un título universitario. Me pasó solo en una ocasión. Perplejo. Acudí al jardín de infancia a buscar referentes: nadie. Cada 23 de abril, las mismas contradicciones. Aun así, una docena de rosas que reparto. Los libros pueden comprarlos, los y las obsequiadas. Una señora me miró escéptica y rechazó la flor con suspicacia. Para qué seguir.

Sánchez Ferlosio abusaba de las frases largas y quizás complejas. Qué decir de su amigo Juan Benet. Hoy no los lee casi nadie, y pocos hacemos memoria de ellos. La lista es larga, la de los olvidos, no recuerdos que dice una mentora del barrio barcelonés de Gràcia. Tampoco se recuerda que ese barrio fue una villa, en su día, como otros de Barcelona engullidos por el Eixample, por el plan Cerdá, del que tampoco casi nadie sabe decir nada. Si a este ingeniero le hubieran contado lo de los pisos turísticos…

Días de vino y rosas, y libros libres, y de desapariciones cruentas. Por eso la entrega del premio Cervantes siempre, casi siempre, es bella. Este año al mexicano Celorio, al que no he leído y pienso leer: me encantó su discurso. Escribía Juan Cruz en su crónica en El País, que al rey de España, al ciudadano Borbón, le gustan estos eventos. Será: no me interesan los anacronismos y la monarquía es una hipérbole de los mismos, dígalo Juan o su porquero. Las crónicas asociales de estos días, repletas de enaltecimientos hacia la heredera, la llamada princesa de Asturias, porque va a ir a estudiar a una universidad pública. Baratijas, a las que ni el ínclito Peñafiel, quizá por edad, presta atención. El ruido próximo es el fin de semana largo, primero de mayo, la independencia, el trabajo –los mártires de Chicago- y el día de las madres, según la ONCE y El Corte Inglés. Casi me llevan a galeras por olvidarlo la primera vez. Se enmendó.

Y decimos, escribimos, que llevamos toda la vida intentando imitar a Hemingway, su escritura, que no su estilo vital, y no desfallecemos en el empeño. Eso me vuelve a ocasionar un par de desprecios femeninos seguramente muy acertados. “En una semana de juicios muy importantes, y tú sigues con estas tonterías” me espeta la que me espeta. Ella sonreiría si estuviera por la labor, y ni con entradas de teatro para julio y Barcelona lo hace.

Hubo un manifiesto de desconexión con la actualidad que no quise firmar por imposibilidad en el cumplimiento de la tarea. Dichosos tiempos de los abajo firmantes, ¿cuántas veces? Pocas, cinco o seis. Una de ellas, contra la incorporación definitiva a la OTAN, en aquel glorioso 1986, y eso que la pregunta no se entendía. Muy edificante la anécdota de Juan Luis Cebrián sobre el intento de redacción de la pregunta entre él, Javier Pradera, Felipe González y Carmen Romero, que fue la única juiciosa: afirmativo o negativo, nada más. Pero no prosperó y eso que estuvieron hasta la madrugada. Salió lo que salió, aquella pregunta gongorina, se perdió o se ganó, según se mire, y ahora nos quieren echar, un imposible. Anacronismos.

La Palma sufre un declive estructural profundo, más visible y agravado tras la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021. Es el resultado de décadas de políticas cortoplacistas marcadas por la improvisación, el tacticismo electoral y la falta de estrategia. Los tres grandes partidos (PSOE, PP y CC) han gobernado la isla, en pacto o en solitario, desde la restauración de la democracia.

La gestión de la reconstrucción tras la erupción del Tajogaite es probablemente el ejemplo más doloroso. Cuatro años después de la emergencia, demasiadas familias siguen viviendo en los contenedores o en las casas de madera y no se ha recuperado ni el 9% de las tierras fértiles arrebatadas por el volcán.

El Cabildo Insular de La Palma no dispone de un plan de reconstrucción que permita anticipar qué obras y contratos son necesarios y ni el Consejo Sectorial para la Reconstrucción, aprobado por unanimidad en enero de 2023, ha llegado a convocarse. Lo que hoy presenciamos en La Palma, rechazada la creación de un gran consorcio administrativo, es una reconstrucción a la carta dominada por la improvisación, el clientelismo y la opacidad total. Un modelo que favorece a empresas amigas y que da la espalda a los afectados, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias, para blindar esa opacidad, ha llegado a judicializar ante el Tribunal Superior de Justicia su negativa a publicar quiénes reciben las subvenciones de la reconstrucción. Además, y sin ningún rubor, nos lo quieren vender como un ejemplo de recuperación y gestión administrativa.

El sector público insular está sobredimensionado y se ha convertido en empleador de última instancia, con un fuerte componente clientelar, incapaz de absorber y resolver la falta de oportunidades del sector privado. Representa cerca del 10% del empleo en la isla y, si añadimos educación y sanidad, alcanza el 25%.

El sector primario es muy dependiente del exterior. El plátano, que supone el 70% del valor de la producción agrícola insular, sobrevive gracias a la subvención del programa Posei (141 millones de euros anuales para toda la región y ese cultivo), hoy seriamente amenazada por el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En la discusión que mantiene la Unión Europea (UE) sobre la gestión de esos fondos comunitarios, se está imponiendo el enfoque nacional, perdiéndose la visión descentralizada y regionalizada que hasta ahora permitía responder mejor a las necesidades y singularidades de Canarias. La ficha financiera, que todo indica que tampoco se incrementará, pasaría a gestionarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Pintan bastos.

El turismo lleva años estancado y es incapaz de recuperar los niveles previos a la pandemia. Y lo más preocupante, el modelo dominante sigue empeñado en apostar por un desarrollo turístico extractivo y de masas, el que ya ha fracasado en otras islas equivalentes a La Palma. El Cabildo da luz verde al Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos, que convierte el suelo de este espacio en apto para que se active el turbocrecimiento depredador que sólo favorece a un lobby hotelero determinado con propiedades en la zona.

Para evitar sorpresas, con anterioridad a esa aprobación, el Cabildo, en el pleno del pasado jueves, 9 de abril, cesó y designó a nuevos miembros en la Comisión de Evaluación Ambiental. Para rematar la jugada, está el proyecto del túnel El Remo-La Zamora, 328 millones de euros por 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, una inversión pública sólo pensada para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste palmero. Ninguno de los tres grandes partidos, CC, PSOE y PP, se opone.

La Palma es uno de los territorios más envejecidos de España. Por cada menor de 15 años, hay más de dos personas mayores de 65. La emigración de jóvenes palmeros cualificados no se compensa cualitativamente con la inmigración extranjera, orientada en su mayoría a sectores de baja cualificación. Y lo más sorprendente, no se sabe con certeza cuánta población vive realmente en la isla: se estima que la cifra real es entre el 20% y el 25% inferior a la registrada oficialmente, en torno a 65.000 habitantes frente a los 86.194 censados. Para planificar las infraestructuras y servicios resulta imprescindible conocer la población real.

El sistema energético insular es frágil, dependiente del exterior y de los combustibles fósiles. Está obsoleto, con alta probabilidad de crisis o ceros energéticos, y depende casi totalmente del fuel. Solo el 9% de la electricidad procede de renovables, frente al 57% nacional.

La vivienda es una bomba de relojería. El mercado está tensionado no solo por la destrucción provocada por el volcán, sino también por la ausencia de política de vivienda durante demasiados años (desde 2012 hasta 2023 no se construye vivienda de protección oficial -VPO- en la isla), por la inexistencia de un parque de vivienda protegida en alquiler asequible y por la aplicación especulativa de la Ley de Islas Verdes. El caso de Tijarafe es paradigmático: solo en este municipio se han solicitado licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas con piscina, y a estas se suman unas 290 viviendas vacacionales. La mayoría de promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de la isla, de modo que los beneficios no revierten en la economía local. Entretanto, se encarecen el suelo, el agua y la vivienda hasta expulsar a los nativos del mercado. Lo mismo ocurre en Puntagorda y Garafía.

El sistema sanitario sigue incompleto. Numerosas especialidades no están disponibles en la isla, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a Tenerife. Costes del transporte y del alojamiento de los acompañantes, retrasos en los diagnósticos, discontinuidad en la atención: todo ello pesa especialmente sobre enfermos crónicos, personas mayores y familias con menores.

La transición digital combina planificación tardía, ejecución lenta y presupuesto insuficiente. Avanzamos por inercia, no por estrategia.

La gobernanza está fragmentada, descoordinada y plagada de solapamientos. Cinco niveles institucionales con competencias entrelazadas (Unión Europea, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y catorce ayuntamientos) generan parálisis. La planificación territorial acumula retrasos clamorosos. Para muestra un botón: Los Llanos de Aridane, primer municipio en número de habitantes, sigue rigiéndose por un Plan General de 1987, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el aprobado en 2010 y de que el procedimiento iniciado posteriormente caducara por superar los plazos legales de evaluación ambiental, obligando así al inicio desde cero en octubre de 2025. El Plan Insular de Ordenación y el Plan Hidrológico son otros ejemplos de procesos eternos y retrasos injustificados. Cuando se aprueben, ya estarán desfasados.

Una isla con futuro

Podemos seguir actuando como siempre y dejar que la inercia, el cortoplacismo y los ciclos electorales nos arrastren a la irrelevancia o bien asumir la urgencia del cambio y engancharnos al futuro que queremos. La transformación necesaria es profunda y exige una gobernanza participativa, con rendición de cuentas, coordinada y con visión de largo plazo. La isla debe apostar por un modelo autosuficiente, tecnológicamente avanzado y socialmente cohesivo.

El agua es la prioridad absoluta. Sin agua disponible en cantidad, calidad y precio adecuados no es posible el desarrollo agrario, industrial, turístico o poblacional. Hay que democratizar el Consejo Insular de Aguas y, al mismo tiempo, empoderarlo como autoridad real en la gestión de galerías, pozos y redes de distribución. Y hacerlo evaluando y revisando la Ley de Aguas si fuera necesario para reforzar el interés general en la gestión. Es imprescindible un programa urgente de reducción de pérdidas en las redes urbanas y agrarias, así como la transición hacia sistemas de regadío eficientes. No es asumible plantearse la producción industrial de agua mientras el sistema mantenga niveles de fugas, pérdidas, tan elevadas.

Necesitamos un modelo agroindustrial centrado en la producción local y en una mejor remuneración del mercado para los plataneros. Hay que potenciar políticas que incrementen el poder de negociación del plátano de Canarias unificando su comercialización bajo una única marca. La Palma tiene que ser una isla más soberana, despensa de Canarias. Un sello “Producto de La Palma” como elemento diferenciador, la reactivación de los mercados municipales públicos, un banco de tierras insular operativo y un programa de compra pública responsable que dé prioridad a los productos locales en comedores escolares, hospitales, residencias... Todas deben ser piezas estructurales de la estrategia.

Hay que apostar por una industria turística de alto valor, compatible con nuestro patrimonio natural y cultural: la Reserva de la Biosfera, los cielos astronómicos, el geopatrimonio volcánico, los paisajes agrarios únicos, la arquitectura atlántica, el mar... En definitiva, un turismo acorde con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de cualquier nueva estrategia de destino.

Es imprescindible diseñar e implantar un sistema energético hacia el 100% renovable de aquí a 2050. Acometer las inversiones necesarias en la central térmica de Los Guinchos para dar respaldo y fiabilidad al sistema, potenciar las comunidades energéticas locales y el autoconsumo industrial y agrícola, y culminar la evaluación técnica de viabilidad del potencial geotérmico.

La gobernanza tiene que ser participativa, transparente y rendir cuentas. Las buenas decisiones nacen del debate abierto y del interés común, no de las presiones de unos pocos. Y la reconstrucción tras el Tajogaite, por encima de cualquier otra política, exige hoy esa transparencia.

Garantizar el bienestar real de las personas es otro eje central. Hay que ampliar el catálogo de especialidades del Hospital Universitario de La Palma, desarrollar un Plan Insular de Cuidados que integre servicios de atención a la infancia, personas mayores y personas con discapacidad, reforzar el servicio de ayuda a domicilio y articular una red de apoyo a las familias cuidadoras.

Es urgente desarrollar un Plan Insular de Vivienda que potencie la construcción de vivienda protegida en alquiler asequible, capaz de restar tensión al mercado, y revisar la aplicación de la Ley de Islas Verdes para evitar que siga operando como instrumento de especulación en suelo rústico.

Y hay que ampliar y modernizar la Formación Profesional Dual en los sectores de futuro, para retener talento joven y vincularlo a la transformación productiva de la isla.

Es posible una isla que viva de su territorio sin agotarlo, que genere prosperidad sin desigualdad, capaz de retener a sus jóvenes con talento, que se gobierne con transparencia, cercanía y visión de futuro.

Una isla que mire adelante, que confíe en su gente y que vuelva a creer en sí misma.

Lo de Quevedo tiene algo especial, y no es solo la música. Hay algo muy emocionante en escuchar a alguien decir, sin complejos y con el pecho hinchado, que está agradecido con Canarias, y en especial con Las Palmas. Porque durante mucho tiempo, aquí, lo normal no era eso, era querer irse. Por eso lo de Quevedo no es solo música. Es identidad. Es orgullo isleño. 

Cuando canta a las ocho Islas lo hace desde la verdad. Esa verdad que hemos vivido quienes hemos crecido con el salitre corriendo por la espalda, haciendo vida con las abuelas en la acera, con el gancho en la puerta y mirando al horizonte que se dibuja tras el mar. Mentiría si no pensara a veces en ese mar como escapatoria. 

Que un pibe vaya triunfando por el mundo. Sí, por el mundo, hablando de las Islas sin querer despegarse del acento, de nuestro dialecto y nuestras costumbres, bajo la sombra de la bandera de las ocho estrellas, tiene ese querer colectivo de celebrar fuera del 30 de mayo. Y lo hace en un momento en el que desde la Academia Canaria de la Lengua y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se pone sobre la mesa que la juventud canaria se está pasando al ‘vosotros’. Y las voces expertas lo tienen claro: es una señal de inseguridad que invade a los jóvenes. 

Y quizás por eso Quevedo tiene la capacidad de conectar con tantas generaciones, porque, aunque no sea un género musical a gusto de todos, si lo es para conectar con todos. Conecta porque es real. Porque cualquiera que haya crecido aquí reconoce esas costumbres, sus letras son cotidianas, nuestras. Son hogar. Y ahí está la clave. No explica el ser de aquí. Lo hace sentir.

Alguien me decía en estos días que él no traslada postales, como hacemos en tantas ferias de turismo a las que acudimos cada año, él traslada vivencias. Y eso produce ‘FOMO’. Esa palabra que está tan de moda es el miedo a perderse algo, a quedarse fuera de vivencias o experiencias, en muchas ocasiones impulsadas por las redes sociales. Hay quien se ha atrevido a llamarlo la “epidemia del siglo XXI”. Ahora vivimos el FOMO por ser canario/a. 

Y si voy más allá, hay algo que me ha llamado mucho la atención en las letras de este artista, y es su orgullo de ser de ciudad. Su gran orgullo de ser de Las Palmas de Gran Canaria, llamada popularmente ‘Las Palmas’. En pocas ocasiones he visto ese sentimiento reflejado en un capitalino, algo muy contrario a lo que ocurre en los pueblos. Sí, habló la de La Aldea. Siempre ha sido un poco invisible el “soy de Las Palmas”, y creo que de eso tiene mucha culpa lo local. Las tradiciones, el conocer a tu vecino y, casi lo más importante, las fiestas de tu pueblo. Eso siempre ata. Algo que en la capital está siendo desplazado por la gentrificación. Por cierto, creo que aún no ha hablado de El Charco en sus canciones. 

Sin embargo, hay algo en lo que Quevedo nos deja un pequeño vacío que no sé si da tristeza, impotencia o esperanza en que algún día nos llene este espacio. Coincido en estos días con mucha gente a la que le falta que hable de la Canarias que cuesta. Esa en la que vivimos la mayoría de los de aquí. Esa Canarias que soporta una gran presión turística, que quizás se pueda ver incrementada con el éxito de sus canciones, en la que cuesta llegar a fin de mes, en la que es muy difícil acceder a la vivienda y esa visión de vernos como los camareros de Europa. De esto hablaba mucho uno de mis profesores de la universidad. “Espabilen, que no nos pueden ver como los camareros de Europa”, nos decía. Y nos animaba a luchar. 

No pretendo un discurso político en sus canciones, pero sí que de vez en cuando abra los ojos y desparrame la vista. Sobre todo, que le muestre al mundo que aquí no todo es sol y playa, también hay mucho sudor, sangre y mucha defensa de lo nuestro. Y no, ser de aquí no puede ser motivo para tener FOMO. Hay quienes, simplemente, tenemos esa suerte. 

Esto es algo que me tiene contrariada, pero aquí sigo con ‘El Baifo’ de fondo, ese disco en el que habla de hogar, de éxito y del orgullo de ser de aquí. Y eso también es revolución.

Lo curioso de todas estas personas patriotas es que ninguna lleva pulsera de España, ninguna necesita poner la bandera en su balcón para demostrar su “amor a la patria”. El patriotismo de estas personas es puro, no ideológico. No necesitan tener símbolos que representen sus ideales, pues ellos los defienden en las urnas

Cualquier persona que haya estudiado historia sabrá de la importancia de los símbolos nacionales: una bandera, un himno, figuras históricas comunes. El primer paso para unir a un país y generar un sentimiento de pertenencia es crear elementos que representen a la ciudadanía, es decir, crear una identidad patriota. ¿Qué ocurre cuando estos elementos destruyen y no construyen?

Si bien es cierto que la bandera no tiene dueño, también es cierto que exista quien se quiera erigir como su único portador. Al llevar la bandera intentas atraer a aquellos que añoran la España de antes, la del aguilucho, haciendo así que los elementos nacionales ya no representen a todo un pueblo, sino a unos cuantos con privilegios.

El patriotismo ha pasado a ser un tema delicado. ¿Qué significa ser patriota? Según la RAE, literalmente “amor a la patria”. Si sentirse orgulloso de su país es ser patriota, conozco a muchos más patriotas de izquierdas que de derechas. Hay ciudadanos que se enorgullecen de que su país vaya a la vanguardia en políticas de igualdad. Otros muchos ciudadanos se enorgullecen de que España sea un referente en política exterior, tanto en Gaza como en Irán. También los hay que se enorgullecen de que su país apueste por políticas sociales migratorias.

Lo curioso de todas estas personas patriotas es que ninguna lleva pulsera de España, ninguna necesita poner la bandera en su balcón para demostrar su “amor a la patria”. El patriotismo de estas personas es puro, no ideológico. No necesitan tener símbolos que representen sus ideales, pues ellos los defienden en las urnas. Quizá por esto haya otro sector de la población que sí necesite usar pulseras y banderas, pues sus actos no se corresponden con sus discursos. Pero deben agarrarse a algo, si no, ¿qué le quedaría a la derecha si perdiese a los “patriotas”?

No es coincidencia que, tras las declaraciones de Pedro Sánchez y su postura ante la guerra, las personas de izquierdas vuelvan a sentirse representadas por su bandera. Y es que lo que nadie se podía esperar es que Donald Trump le fuese a dar una vida extra al presidente de España y, al mismo tiempo, dejar a los “patriotas” como “vendepatrias”, obligándoles a defender los intereses de un magnate estadounidense frente a la estabilidad de su propia patria. Supongo que es lo que ocurre cuando tus ideales no tienen raíces, sino ramitas que hasta la más leve brisa puede inclinar hacia un lado u otro.

En primer lugar, apoya la expansión internacional de las empresas locales, facilitando su acceso a mercados exteriores mediante asesoramiento, formación, misiones comerciales y acompañamiento estratégico. Esto resulta especialmente relevante en un territorio fragmentado, donde muchas empresas parten de mercados internos reducidos y necesitan proyectarse al exterior para crecer, diversificarse y ganar competitividad

La proyección exterior constituye un elemento estratégico fundamental para cualquier archipiélago, especialmente en un contexto como el de Canarias, caracterizado por su condición de territorio separado por el océano, ultraperiférico y dependiente en gran medida de los flujos exteriores. En este sentido, las políticas de internacionalización no solo refuerzan la posición global del archipiélago, sino que también permiten a cada isla superar las limitaciones derivadas de su escala y aislamiento físico.

La empresa pública Proexca desempeña un papel central en la estrategia de proyección exterior del archipiélago canario, actuando como instrumento clave del Gobierno autonómico para impulsar tanto la internacionalización de la economía como la atracción de inversiones hacia las islas. Su función se articula en torno a tres grandes ejes que conectan directamente con las necesidades de cada isla.

En primer lugar, apoya la expansión internacional de las empresas locales, facilitando su acceso a mercados exteriores mediante asesoramiento, formación, misiones comerciales y acompañamiento estratégico. Esto resulta especialmente relevante en un territorio fragmentado, donde muchas empresas parten de mercados internos reducidos y necesitan proyectarse al exterior para crecer, diversificarse y ganar competitividad.

Este tipo de acciones permiten que territorios insulares participen activamente en dinámicas globales, incrementando su visibilidad y capacidad de influencia, algo clave en un mundo interdependiente donde la “presencia global” es un indicador del peso internacional .

En segundo lugar, la entidad desarrolla una intensa labor de captación de inversiones extranjeras, promoviendo a Canarias como un destino atractivo para la implantación empresarial. Para ello, hace hincapié en ventajas como su localización geoestratégica entre Europa, África y América, su régimen fiscal diferenciado y su estabilidad institucional. Esta labor contribuye a dinamizar el tejido productivo de cada isla, generando empleo cualificado y favoreciendo la transferencia de conocimiento. La llegada de capital, tecnología y conocimiento externo  acelera procesos de modernización.

En tercer lugar, impulsa la proyección institucional del archipiélago, participando en redes internacionales y posicionando a Canarias en sectores estratégicos como la sostenibilidad, la economía azul, el sector aeroespacial o la innovación tecnológica. De este modo, no solo refuerza la visibilidad exterior de las islas, sino que también facilita oportunidades de cooperación y desarrollo. El impulso a la exportación, la innovación y la apertura a nuevos mercados contribuyen a mejorar la competitividad y la resiliencia económica, generando empleo y valor añadido.

En conjunto, estas tres dimensiones —proyección institucional, expansión empresarial y atracción de inversiones— resultan interdependientes y esenciales para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible en cada isla, reforzando su integración en la economía global sin perder su identidad territorial.

Proexca actúa como un puente entre lo local y lo global, alineando los intereses de cada isla con las dinámicas internacionales y contribuyendo a un modelo económico más abierto, resiliente y sostenible.

En estos momentos, el control político y ejecutivo de Proexca está concentrado solo y únicamente en Tenerife. Depende directamente del presidente de Canarias Fernando Clavijo y su presidente es Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia, su vicepresidente Gustavo González de Vega y su consejero delegado, Pablo Martín Carvajal. Los cuatro son  de Tenerife. Y es igualmente de esa isla, el director general David Pérez-Dionis, responsable de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, adscrita también a la Presidencia de Gobierno.

Dependiendo de esta dirección general, y vinculada a Proexca, se crea en junio de 2025 la Oficina de Proyectos Estratégicos. Un poco más atardeceres, durante la segunda mitad de 2025, Proexca, con los pronunciamientos en contra de los representantes de la SPEGC y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria,  en su órgano de gobierno, lanzó un proceso selectivo para siete puestos de trabajo, localizados en Santa Cruz de Tenerife, con los siguientes perfiles profesionales: un director/a de área de proyectos, cuatro gestores de proyectos -que actúan como facilitadores y que se encargan del trato directo y del acompañamiento personalizado a los inversores para agilizar trámites y resolver cuellos de botella burocráticos-, una persona experta en comunicación y  una plaza de  perfil jurídico necesaria para brindar soporte y seguridad técnica en el laberinto normativo, redactar informes legales y asumir la carga administrativa del departamento.

Esta oficina estará, por tanto, ubicada solo en Tenerife, obviando el necesario equilibrio territorial. Consideramos injustificable que una oficina de estas características destinada a empresas y proyectos con potencial de implantación en todo el archipiélago, se centralice en una única isla. Se ignora flagrantemente la realidad económica y geográfica de Canarias.

Desde la perspectiva empresarial, resulta ineficiente e inconveniente que los proyectos que requieran atención presencial dependan de una oficina centralizada en una sola isla, lo que limita gravemente la accesibilidad y la agilidad del servicio.

A nivel de promoción exterior, esta decisión proyecta una imagen negativa, al transmitir que la toma de decisiones, las opciones de localización y el apoyo a la inversión extranjera se monopolizan exclusivamente en Tenerife.

De la misma manera, esta medida contraviene el principio político y administrativo de descentralización que debe regir los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma y más si le sumamos  el agravante de que todos los cargos de responsables políticos y de dirección  de la promoción exterior son  de Tenerife, lo que acentúa la percepción de desequilibrio territorial.

Desgraciadamente esto  sucede también con Canary Islands Film, que cumple una función estratégica muy alineada con la proyección exterior del archipiélago. pues no solo impulsa el crecimiento del sector audiovisual local, sino que también actúa como herramienta de internacionalización económica y de captación de inversión, conectando a Canarias con los principales circuitos globales de la industria audiovisual.

El diseño y la ejecución de las políticas de promoción exterior y atracción de inversiones, debe tener un  enfoque archipielágico que garantice la participación equilibrada de todas las islas, tanto en la ubicación de los servicios como en la representación institucional y la toma de decisiones. Y no nos vale la milonga de que da lo mismo a qué islas representan las personas que gestionan Proexca. No solo hay que aparentar que existe el mismo interés por el desarrollo de las islas, hay que demostrarlo. En este caso,  ni se aparenta ni se demuestra.

Al contrario de lo que afirma el director autonómico de Asepeyo, la frase que más se escucha hoy en Canarias no es “me voy a coger la baja”. La frase que se repite, en silencio o en voz baja, es mucho más dura: “aunque el médico me dé la baja, no me la puedo permitir”.

Y no se puede permitir porque la realidad social del Archipiélago no encaja con el discurso cómodo que se lanza desde los despachos. Con alquileres disparados que amenazan con expulsarte de tu casa, con una de las tasas de pobreza más altas del Estado, con salarios que apenas alcanzan para sobrevivir y con una cesta de la compra cada vez más cara, enfermar no es solo un problema de salud, es un riesgo económico.

Aquí la gente va a trabajar enferma. Va con dolor, con ansiedad, con fiebre si hace falta. Va porque no hay red. Porque hay hijas e hijos que sacar adelante. Porque faltar puede significar perder el empleo o no llegar a fin de mes. Porque, sencillamente, parar no es una opción.

Por eso sorprende, y preocupa escuchar a un representante de una mutua, que gestiona fondos públicos provenientes del esfuerzo colectivo de trabajadoras y trabajadores, insinuar que las bajas se utilizan como refugio. Se puede aceptar que exista un porcentaje mínimo de abuso; eso ocurre en cualquier sistema. Pero convertir ese margen en el eje del problema es una forma de desviar la mirada.

Porque si hablamos de abusos, convendría mirar también hacia otros lugares. Hacia sectores enteros donde las condiciones laborales son precarias, donde los ritmos son insoportables y donde la salud se resiente cada día como en la hostelería, los cuidados, agricultura, servicios. Ahí sí hay miles de ejemplos documentados. Ahí sí hay una realidad estructural.

La pregunta entonces es inevitable: ¿qué entiende este señor por salud? Porque reducirla a un cálculo de eficiencia o de costes es ignorar su dimensión humana. La salud no es solo la ausencia de enfermedad visible o medible; también es bienestar mental, estabilidad vital, dignidad en el trabajo. Y eso, precisamente eso, es lo que hoy está en crisis.

Resulta igualmente preocupante el cuestionamiento implícito hacia los profesionales sanitarios. Son ellos quienes, bajo criterios médicos y éticos, determinan cuándo una persona no está en condiciones de trabajar. Sugerir que esas decisiones encubren otras realidades no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que trivializa la práctica médica.

Quizá el problema no sea que haya demasiadas bajas, sino que hay demasiadas personas que no pueden permitirse estar de baja. Quizá el problema no sea el supuesto “efecto refugio”, sino la ausencia de refugio real para quienes sostienen la economía con su trabajo diario.

Porque en Canarias en realidad, la de a pie, la de los sueldos bajos y las facturas altas, la verdadera anomalía no es quedarse en casa enfermo. Es tener que elegir entre la salud y la supervivencia.

A las tres de la madrugada, cuando una madre o un padre se despierta porque su hijo tiene fiebre, hay una pregunta que atraviesa todo: ¿qué hago ahora?

Durante demasiado tiempo, la respuesta dependía del dinero, del trabajo o de la suerte. La enfermedad no solo era una tragedia biológica: era también una condena económica.

Eso cambió en España gracias a una decisión profundamente política. Gracias a la izquierda.

Hace ahora cuarenta años, nuestro país dio un paso histórico con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Fue el resultado de una convicción ideológica clara: que la salud debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho.

Detrás de ese avance estuvo el impulso de un socialista imprescindible, Ernest Lluch, que entendió algo que hoy sigue estando radicalmente vigente: que un país solo progresa de verdad cuando el progreso se comparte. Que la sanidad pública no es un gasto, sino una inversión en igualdad, en libertad y en dignidad.

La Ley de 1986 no sólo creó un sistema sanitario. Construyó una idea de país: un país donde nadie tiene que elegir entre curarse o arruinarse; donde enfermar no te expulsa de la vida que has construido; donde la protección frente a la enfermedad es un derecho garantizado por lo público y no una mercancía al mejor postor.

Ese es el modelo que la izquierda ha defendido siempre. Y ese es el modelo que hoy está en disputa.

El presidente Pedro Sánchez ha sido claro: no hay Estado del Bienestar sin una sanidad pública fuerte, universal y de calidad.

Los datos lo avalan. Desde 1986 hemos ganado ocho años de esperanza de vida. Somos líderes mundiales en donación y trasplantes. Nada de eso es casualidad: es el resultado de apostar por lo público.

Y también lo avalan las políticas actuales. Desde 2018, el Gobierno de España ha incrementado el gasto sanitario en un 30% y ha transferido a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros adicionales para reforzar el Estado del Bienestar.

Hoy estamos dando pasos importantes: más inversión en tecnología, impulso a la medicina personalizada, refuerzo de la investigación y una apuesta decidida en la lucha contra el cáncer. Hemos renovado y ampliado equipos de alta tecnología en hospitales de todo el país, impulsado terapias avanzadas como las CAR-T que ya están salvando vidas y situado a España como referente europeo en ensayos clínicos. Hemos ampliado derechos, como el acceso a la reproducción asistida, reforzado la salud bucodental y puesto en marcha programas como el Plan Veo para garantizar gafas y lentillas a niños y adolescentes.

Pero esos más de 300.000 millones de euros adicionales exigen resultados. Y la pregunta es inevitable: ¿qué está fallando en Canarias con el actual gobierno autonómico de CC y PP? La respuesta es evidente: una pésima gestión y una preocupante derivación hacia la sanidad privada que pone en riesgo una de las mayores conquistas sociales de nuestro país.

La realidad es inaceptable: listas de espera disparadas, urgencias saturadas, una atención primaria desbordada y profesionales sanitarios trabajando bajo una presión insostenible. Cuando la sanidad pública falla, se resiente la igualdad.

Y basta mirar fuera para entender lo que está en juego. En Estados Unidos, la principal causa de bancarrota de las familias está relacionada con los gastos sanitarios. Allí, enfermar puede significar perderlo todo.

¿Qué clase de país queremos ser?

¿Uno donde el lugar de residencia o la renta determinen tu derecho a la salud? ¿O uno donde, cuando te despiertas con fiebre a las tres de la mañana, sabes que habrá alguien para atenderte?

La izquierda lo tenemos claro. Este es el país que queremos. Y, cuarenta años después, nos corresponde cuidar, defender y proteger nuestro mayor tesoro: la sanidad pública.

Arraigada se encuentra en las sociedades humanas la creencia de que las palabras extranjeras empobrecen y corrompen al mismo tiempo las lenguas que las adoptan. “Una lengua esmerada debe estar libre de vulgarismos, extranjerismos y palabras malsonantes”, vienen repitiendo los puristas españoles desde tiempos inmemoriales. “Si continuamos como hasta ahora y se van extendiendo estas y otras varias especies de galicismos (…), el feliz resultado de tantas y tan graves innovaciones habrá de ser la formación de un idioma nuevo, dialecto francés con pronunciación castellana”, llevó a profetizar el escritor español Juan Eugenio Hartzenbusch hacia mitad del siglo XIX, alarmado por la entrada de palabras francesas en la lengua española. Conocidos de todos son los anatemas y las soflamas que contra los omnipresentes anglicismos se lanzan un día sí y otro también desde las instituciones académicas, los libros de estilo y hasta las páginas de los periódicos en todos o casi todos los países del planeta Tierra. “Guerra despiadada al anglicismo vicioso” es el lema del Diccionario de anglicismos de Ricardo J. Alfaro. “Sustituir con la palabra comité la de comisión o de junta, decir debut en lugar de estreno, revancha por desquite, noveautés por géneros nuevos, corbeille por canastillo, cabá por esportilla, cadeau por regalo o fineza, tableau por cuadro, trousseau por galas de novia, bijouterie por joyería, toilette y soireé por tocado y sarao, no es enriquecer nuestro idioma, sino introducir en él voces que ni le hacen falta ni suenan bien”, había sentenciado categóricamente antes el citado Hartzenbusch.

Se trata de pareceres que carecen del más mínimo fundamento científico. En realidad, es todo lo contrario de lo que en ellos se plantea. Visto el asunto libre de chovinismos trasnochados, los préstamos extranjeros ni empobrecen ni desvirtúan las lenguas que los adoptan, sino que las enriquecen y fortifican en su identidad fónica, gramatical y léxica.

Por un parte, no las empobrecen, sino que las enriquecen, por tres razones fundamentales:

En primer lugar, porque introducen en la cultura que los acoge realidades nuevas; realidades pertenecientes al mundo de la industria, la prensa, el comercio, la mar, el vestido, la ciencia, el cine, los deportes, los viajes o las relaciones internacionales, por ejemplo, creadas por otros pueblos y que, por ser invenciones del ingenio de la especie, a todos pertenecen por igual. El mundo lo construimos entre todos de forma más o menos solidaria y, por tanto, justo es que consideremos del común toda creación humana. Como dice el citado Alfaro respecto de los anglicismos, “muchos de los neologismos corrientes han surgido de la necesidad de dar nombre a cosas desconocidas o inexistentes, de traducir términos nuevos venidos del inglés e impuestos por los descubrimientos, los inventos, la técnica, la industria, las costumbres, las transformaciones en los movimientos ideológicos o estéticos, en una palabra, las novedades de todo linaje que han tenido nacimiento en los grandes centros anglosajones de la civilización”. Es lo que ocurre con el anglicismo pendrive, el italianismo salami y el rusismo estepa, que trajeron consigo tres realidades desconocidas a la cultura hispánica: un práctico dispositivo electrónico para el almacenamiento de datos, un suculento tipo de salchichón y una especie de erial llano y muy extenso. ¿Qué sería de la cultura española sin las miles de aportaciones agrícolas, administrativas, culturales, etcétera, que hicieron los árabes, los franceses o los ingleses, por ejemplo? ¿Qué sería del vasco sin la gran aportación léxica de la lengua española, que ha impregnado de forma decisiva todos sus campos semánticos? “Toda, absolutamente toda la civilización que poseemos los vascos” -declara Miguel de Unamuno-, “se la debemos al cristianismo y a los pueblos extraños: ellos nos han civilizado”. Si los préstamos lingüísticos fueran una degeneración idiomática, y no un fenómeno natural, ¿cómo podría explicarse que existan por miles en tantas lenguas del mundo?

Cuanto más conservadora y retrógrada es una sociedad, más se opone a la entrada de voces foráneas. Por eso suelen ser tan perseguidas por las dictaduras y los nacionalismos excluyentes, sean del signo que sean, que aspiran a mantener incontaminadas las esencias patrias, para que nadie les dispute el poder. Es lo que ocurrió en la dictadura de Franco, donde no sólo se sustituyeron los nombres de las calles y plazas de los pueblos y ciudades del país de entonces por otros afines a la ideología de los vencedores, como suele ser habitual en todo cambio de régimen o de gobierno, sino que también se cambiaron muchas de las palabras del vocabulario común que sonaban extrañas a los rudos oídos de los fanáticos del nuevo orden, como la ensalada rusa, que se convirtió en “ensalada nacional”, o la tortilla francesa, que pasó a denominarse simplemente “tortilla”.

En segundo lugar, no empobrecen los préstamos extranjeros las lenguas que los adoptan, sino que las enriquecen, porque, incluso aquellos préstamos que algunos llaman “superfluos, viciosos o injustificados”, que son los que no aportan ni referentes ni información denotativa nuevos, introducen matices expresivos o connotativos absolutamente desconocidos en la lengua de llegada. “En la medida en que son términos tomados de una lengua extranjera son susceptibles de introducir connotaciones especiales relacionadas con la idiosincrasia de sus hablantes y de la posición política del país de origen”, dice con razón Félix Rodríguez González en una reciente monografía sobre los anglicismos en español. Es lo que ocurre en el caso del tan traído y llevado bullying, que, aunque se refiere a algo que ya tiene nombre en español, que es el acoso (sea del tipo que sea), añade matices connotativos jurídicos y del mundo moderno que no tiene el término patrio con que compite. Por eso, no se puede decir que sea exactamente lo mismo bullying que acoso. Estos préstamos muchas veces reputados “innecesarios, pedantes, extranjerizantes o propios de papanatas seducidos por la moda de lo inglés” por puristas de todas las layas, juegan un papel fundamental en la historia de las lenguas humanas, porque permiten dar fuerza expresiva a la denominación de las realidades de siempre. Espoiler tiene más fuerza expresiva que destripe; hacker, más que pirata informático; outfit, más que conjunto de ropa o atuendo; lawfare, más que instrumentalización política de la justicia; y software, más que conjunto de reglas de los ordenadores. El nombre extranjero proporciona a la expresión un halo de prestigio que no tiene el nacional correspondiente. Además, sucede que, en muchos casos, estos préstamos, en principio meramente connotativos, terminan desarrollando sentidos denotativos que no tenían en origen. Es el caso de los más arriba citados bisutería y salami, que, aunque en principio se entendieron respectivamente en el sentido de salchichón y joyería, como en la lengua de partida, con el tiempo, terminaron especializándose en los sentidos más específicos de “joyería hecha de materiales no preciosos” y “determinado tipo de salchichón”. 

Y, en tercer lugar, no empobrecen los préstamos extranjeros las lenguas naturales que los adoptan, sino que las enriquecen, porque les proporcionan raíces léxicas nuevas, antes desconocidas para ellas. Es el caso de la lengua española, que engrosó su caudal léxico con raíces inéditas, como fútbol- “balompié”, presente en formas como fútbol, futbolín, futbolero, futbolista…, asesin- “quitar la vida de forma ilegal”, presente en formas como asesino, asesinar, asesinato, y estraperl- “comercio ilegal”, presente en formas como estraperlo, estraperlista, estraperlear…, que proceden, respectivamente, del nombre inglés football “balompié”, el nombre árabe hassasin “adicto al hachís” y el nombre alemán Straperlo “especie de ruleta cuya suerte podía ser gobernada por la banca”, procedente a su vez de la lexicalización del nombre propio de sus creadores: Strauss y Perlo. ¿Cómo devinieron estos nombres extranjeros en las mencionadas raíces léxicas españolas? El primero de ellos, simplificando la sintaxis, y el segundo y el tercero, formalizando un rasgo de contenido circunstancial de la forma originaria: asesin-, el rasgo circunstancial de “quitar la vida de forma ilegal”, porque determinados adictos al hachís se dedicaban a asesinar a sus rivales políticos; el segundo, el rasgo circunstancial de “comercio ilegal”, porque la mencionada ruleta era manipulada fraudulentamente por los que la manejaban. En este mismo apartado, hay que tener en cuenta que las palabras de una lengua pueden llegar a otra a través de una tercera, que puede alterar en mayor o menor medida su valor originario. Es lo que sucedió con el ruso step “erial llano y muy extenso”, que llegó a la lengua española, no directamente de la lengua originaria, sino a través del francés. 

Por la vía que comentamos se crearon en el español de Canarias raíces léxicas como tabaib- (presente en tabaiba, tabaibal, tabaibera, tabaibilla…), tajinast- (presente en tajinaste…), tajoras- (presente en tajorase, tajorasear…), gor- (presente en goro, gorona, tagoro, tagora, tagoror…), guanil- (presente en guanil…), tafeñ- (presente en tafeña…), gofi- (presente en gofio, gofiero, gofiento, gofiería…), guirr- (presente en guirre, enguirrar…), baif- (presente en baifo, baifudo…), perinquén- (presente en perinquén, perinquena…), tafert- (presente en taferte…), jeit- (presente en jeito, ajeitar, ajeitado…), mill- (presente en millo, millero…), encarranch- (presente en escarranchar…), entull- (presente en entullar, entullo…), atarrac- (presente en atarracar, atarracado…), fech- (presente en fechar, fecho, fechillo…), chern- (presente en cherne, chernera…), majug- (presente en majuga…), engod- (presente en engodo, engodar, engodadera…), majalul- (presente en majalulo, majalulato…), fuch- (presente en fuchir, fuchido…), téfan- (presente en téfana…)…, que tienen su origen en la lengua o lenguas bereberes que se hablaban en las Islas al tiempo de la conquista, en el portugués que hablaban los miles de portugueses que se afincaron en Canarias una vez consumada su conquista, a finales del siglo XV, o en la lengua que hablaban los miles de esclavos moriscos que se trajeron entonces del Sahara próximo a las Islas para aliviar su déficit poblacional. 

Los préstamos adquieren el alma de la lengua que los adopta, porque quien da vida a las palabras no son las denotaciones, connotaciones y referencias que reciben del exterior, sino la gramática y la fonética de su lengua. Así, las voces fútbol, alcalde y maíz, por ejemplo, que empleamos los hispanohablantes para designar el balompié, la autoridad que preside el ayuntamiento y la especie de gramínea que los científicos denominan Zea mays no son palabras de la lengua inglesa, de la lengua árabe o de la lengua taína, que es de donde los tomó respectivamente el español, sino palabras de la lengua española, porque tanto su significante como su significación inherentes y sus denotaciones y connotaciones son propiamente españoles. 

Una de las pruebas más concluyentes de que las lenguas o los dialectos naturalizan los préstamos que adoptan es que, muy frecuentemente, terminan emparejándose con los términos locales correspondientes, creando así oposiciones semánticas nuevas y enriqueciendo su caudal léxico. Es lo que ocurrió en Canarias con los tantos guanchismos, portuguesismos, arabismos, etcétera, que entraron en el habla insular inmediatamente después de la conquista y colonización europeas. Así los portuguesismos mojo, “salsa de aceite y vinagre, principalmente” y fechar, “cerrar ajustadamente” y los guanchismos gofio, “harina de cereales tostados”, baifo, “cría de la cabra” y tajorase, “macho cabrío joven”, por ejemplo, que pasaron a formar oposición semántica con las voces españolas salsa, que se especializó en el sentido de “mezcla de sustancias para aderezar la comida”, cerrar, que se especializó en el sentido de “tapar la entrada”, sin más, harina, que se especializó en el sentido de “polvo que resulta de la molienda de cereales no tostados”, cabrito, que se especializó en el sentido de “cría de la cabra mientras mama”, y macho, que se especializó en el sentido de “macho cabrío, en general”. Este maridaje o casamiento entre palabras nacionales y palabras de procedencia extranjera no deja de ser una prueba evidente de la reconversión del préstamo en voz nacional. 

Queda, por tanto, demostrado que el préstamo extranjero es una de las fuentes más importantes del enriquecimiento léxico de las lenguas naturales. No es verdad, por tanto, que los préstamos “no hagan falta”, como afirma el citado Hartzenbusch, sino todo lo contrario. 

Este paso tan natural y frecuente de material de una lengua a otra, tanto más habitual en el mundo moderno, por las comunicaciones y mezclas de poblaciones inherentes a la globalización, pone de manifiesto que las lenguas naturales no son compartimentos estancos o realidades absolutamente independientes las unas de las otras, sino formas de expresarse que tienen similares fundamentos semánticos y formales, por mucho que puedan diferir en su realización histórica. Lo que une a las distintas lenguas del mundo es mucho más que lo que las separa, pese a que, siempre que se habla de ellas, se ponga el acento más sobre lo segundo que sobre lo primero. 

Obviamente, esto no quiere decir que en ciertos casos los préstamos no pueden afectar a la identidad de una lengua natural e incluso acabar con ella, pero para que eso se produzca tienen que darse dos circunstancias muy dramáticas. Primero, que el número de préstamos sea abrumador. Es decir, que llegue a la categoría de invasión, cosa no frecuente. Y, segundo, que la lengua de adopción se encuentre tan debilitada, tan falta de fuerza creativa o productiva, que sea incapaz de levantar cabeza. En este caso, nos encontraríamos ante la desaparición de una lengua precaria sustituida por otra más vigorosa. Es lo que pasó con la mencionada lengua guanche y, para poner un ejemplo más reciente, con la vieja lengua románica de Dalmacia, el dálmata, que terminaron siendo invadidas, primero, y eliminadas, después, por la lengua española y la lengua croata, respectivamente.

Y, por otra parte, hay que decir que no desvirtúan o degradan los préstamos a las lenguas que los acogen, sino que las fortifican en su identidad, porque no son ellas las que se adaptan a las estructuras o condiciones del préstamo, sino a la inversa: los préstamos los que se adaptan a las condiciones fónicas, gramaticales y léxicas de las lenguas que los adoptan, dejando de ser así palabras de la lengua de partida y convirtiéndose en palabra de la lengua llegada. Como escribe Unamuno, “todo idioma, que es un gran organismo vivo, respira, se nutre, asimila y segrega. Todo vocablo, al pasar de un idioma a otro, sufre una alteración fónica, necesaria para adaptarse al nuevo organismo en que entra”. El extranjerismo que no se adapta a las estructuras de la lengua receptora tiende a olvidarse y desaparecer con el paso del tiempo. Por eso, no se puede decir que sean los guanchismos gofio, tafeña, goro, tajinaste, tajorase o guirre (al parecer, procedentes de buffi, tafedna, grur, tahinast, *tagherst y guirgue, respectivamente) palabras de la lengua o lenguas bereberes insulares que las prestaron, sino palabras de la lengua española, porque totalmente integradas en sus estructuras fónicas, gramaticales y léxicas se encuentran ya. En efecto, una vez que dichas palabras perdieron sus propiedades fónicas, gramaticales y léxicas originarias y adoptaron las de la lengua española, dejaron de ser palabras bereberes y se convirtieron en palabras españolas. Con su adaptación .a la lengua de llegada, deja la palabra extranjera de “sonar mal”, al contrario de lo que sostiene Harzentbuch en el texto citado más arriba.  

Todo ello pone claramente de manifiesto que, como decimos, los llamados préstamos idiomáticos no sólo enriquecen la lengua que los adopta, sino que, al tener que asimilarlos, también robustecen la musculatura de sus estructuras fónicas, gramaticales y léxicas. Cómo en la vida de los pueblos, los elementos extranjeros purifican y vivifican las lenguas, ayudando a liberarlas de las degeneraciones y malformaciones consustanciales a la endogamia.

En realidad, los préstamos lingüísticos no son préstamos, porque nada hay que devolver. Tampoco son usurpaciones o depredaciones, porque patrimonio de todos son. Se trata de puntos de encuentro que contribuyen a dar unidad a la familia humana. En palabras como la inglesa football, la francesa souvenir, la española siesta o la mejicana chocolate, por ejemplo, nos identificamos, reconocemos y comulgamos buena parte de los habitantes de la tierra. Sin los préstamos lingüísticos, perdería la humanidad uno de los cementos más poderosos de su solidaridad.

El otro día leí en la prensa que los jóvenes canarios se pasan al vosotros. Una catedrática de Lengua Española decía que es porque es más prestigioso, que lo hacen por inseguridad. Quizá, tras cuarenta años de Gobierno de Canarias, éste no ha conseguido que la juventud entienda que las formas de hablar propias de las islas son tan buenas como las de cualquier otro territorio en que se habla español, cosa que sí está muy claro para la Real Academia de la Lengua. Pero ¿por qué creen los jóvenes canarios que hablar peninsular es más prestigioso que hablar canario? Quizá se debe a que piensan que aquí la gente rica habla peninsular, puede que inglés, o alemán, pero desde luego no canario. Porque quizá, en el fondo, asumen que la nuestra es una estructura social colonial. 

Entre los siglos XIX y XX se dieron en paralelo la construcción de los Estado-Nación, tal y como ahora los conocemos, y la creación de los imperios coloniales europeos. Los procesos de industrialización y urbanización asociados a la Revolución Industrial llevaron, en el caso de España, a que grandes masas de población se desplazaran de las zonas rurales a las ciudades industriales. Si en 1986 alguien se desplazaba por los barrios populares, o visitaba la planta de una fábrica ubicada en el cinturón industrial barcelonés, lo que escucharía, en su amplia mayoría, sería español con acento andaluz. Sin embargo, si subías a la zona de administración o gerencia, el catalán se escuchaba mucho más. Durante muchas décadas, muchas personas nacidas en Cataluña en barrios populares, y criadas en un entorno mayoritariamente castellano hablante, tendieron a considerar el andaluz (español con acento andaluz) como una lengua de clase baja, y el catalán central que hablaban muchos de los dueños del capital como una lengua de prestigio. Quien se crió en aquel contexto posiblemente habrá interiorizado, con la simpleza propia de la infancia, que los ricos hablaban catalán, que el español (andaluz) era lo que hablaban los pobres. ¿Qué es lo que pasaba entonces en las islas? ¿Ha cambiado algo de ello con la creación del Gobierno de Canarias? 

Si en 1986 alguien visitaba una explotación tomatera en Vecindario, Gran Tarajal o Granadilla de Abona, un complejo alojativo en Puerto de la Cruz, Playa del Inglés o Puerto del Carmen, una oficina o juzgado en alguna de las capitales, ¿Qué lenguas y variantes dialectales habría escuchado? Me imagino a una camarera de pisos dirigiéndose a sus compañeras: “mis niñas, cuando ustedes se acuerden”... También me imagino a un director de hotel, a un juez o un alto funcionario dirigiéndose a los subordinados: “Cuando terminéis lo que estáis haciendo, venid para organizar el trabajo que queda”. En definitiva, dado ese contexto, no parece descabellado que alguien pudiera pensar que los ricos hablan peninsular, lo de hablar “canario” es cosa de gente pobre e inculta. Aunque en realidad, y ya de esto tenemos experiencia desde la época de los Elder y Miller, también había algo de “los ricos hablan inglés, lo de hablar español es cosa de gente basta y poco culta”. Más allá de que ahora muchas camareras de piso, trabajadores agrícolas y de la construcción provengan de América o África: ¿ha cambiado mucho la cosa o seguimos teniendo unas clases dirigentes que hablan fundamentalmente en español peninsular a unas clases trabajadoras que hablan otros dialectos (español de Canarias, de Colombia, Venezuela…) o idiomas?

Históricamente las islas han tenido una estructura social colonial, en la que, debido a diversos factores, buena parte de las personas que ocupaban las posiciones más elevadas de la estructura social provenían de fuera, mientras que la población de origen local era ampliamente mayoritaria en las capas populares. En realidad, con los medios de que se dispone hoy en día para hacer investigación social, se trata de una hipótesis que podría contrastarse de manera relativamente sencilla. 

A la hora de contar a la población, el INE y el ISTAC suelen diferenciar entre población nacida en el municipio de residencia, en otros municipios de la misma isla/provincia/comunidad autónoma, en otra comunidad autónoma y en el extranjero. Si en la actualidad aproximadamente el 70% de la población de las islas nació en Canarias, el 10% en el resto de España y el 20% en el extranjero, ¿cómo se distribuye esto en función de clases sociales y categorías ocupacionales? Pensemos en controladores aéreos, jueces, médicos, empresarios, directores de grandes compañías y otras profesiones de prestigio: ¿están ocupadas en un 70% por personas nacidas en Canarias? Aunque es mucho suponer, supongamos que quienes nacieron en las islas hablan canario, y quienes nacieron fuera hablan peninsular. 

Quizá, si muchos jóvenes piensan que el peninsular es más prestigioso es sencillamente porque es verdad que es la variante del español que más se habla en Canarias en los entornos prestigiosos. Plantearse qué podríamos hacer para que las personas nacidas en las islas puedan ocupar las posiciones sociales más prestigiosas en igualdad de condiciones y representación que las nacidas fueras excede los objetivos de esta reflexión. Pero, ciertamente, parece que es algo que debemos de esperar, más que de otros, del Gobierno de Canarias. Viendo el andar de la perrita, tampoco me extrañaría leer de aquí a no mucho “El Gobierno de Canarias os desea unas Felices Fiestas y un próspero 2028”. Siempre habrá algún tolete que, por aquello de la “prioridad nacional”, piense que es mejor usar el vosotros, o pronunciar la z, porque eso es típico español, mientras que lo de usar el ustedes, o sesear, es lo que hacemos la práctica totalidad de las personas que hablamos en español.

El resultado político es aterrador: el atentado sirve para blanquear el historial de Trump, convirtiéndolo en víctima y mártir, mientras se silencia cualquier debate sobre sus atrocidades presidenciales como criminal de guerra o sus oscuras conexiones pasadas con Epstein

Lo sucedido el 25 de abril de 2026 en el corazón de Washington no puede ser despachado como un simple incidente de seguridad o el arrebato de un individuo alienado. Cuando Cole Tomas Allen, un ingeniero mecánico y científico de la computación con un currículum académico brillante, logró burlar los anillos de protección en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para atentar contra el presidente Donald Trump y altos cargos de su administración, no solo puso en jaque al Servicio Secreto; puso al desnudo la fragilidad de un sistema que ha sustituido la justicia por la vigilancia. Allen, cuya pericia técnica le permitió ridiculizar los protocolos humanos de seguridad, dejó tras de sí un manifiesto titulado Friendly Federal Assassin (Asesino Federal Amigable), publicado por el New York Post. En él, no solo justifica el uso de la fuerza frente a lo que denomina la “traición de las élites”, sino que señala directamente las llagas abiertas del poder estadounidense: los vínculos jamás purgados con la trama de Jeffrey Epstein y la violación sistemática del Derecho Internacional que ha caracterizado la praxis política de Trump. Sin embargo, la mayor tragedia de este abominable evento no radica únicamente en lo que parece ser un intento de magnicidio en sí -que al contrario de lo sucedido en algunos otros magnicidios o tentativas, salió con vida el autor material y sin causar muertos- sino en cómo este “manifiesto de la pólvora” de Allen se entrelaza dialécticamente con el “manifiesto del algoritmo” de Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, publicado directamente por Palantir Technologies en sus canales oficiales y redes sociales el 19 de abril pasado..

Para comprender el abismo al que nos asomamos, es imperativo diseccionar la doctrina de Karp. El líder de Palantir ha articulado lo que él llama la “República Tecnológica”, una visión del mundo donde el poder blando, la diplomacia y los marcos éticos de la ONU son considerados vestigios obsoletos de un romanticismo inútil. Para Karp, la supervivencia de Occidente depende exclusivamente de la supremacía del software de guerra y la inteligencia artificial. Su pensamiento es la máxima expresión del tecnofascismo: la fusión total del capital tecnológico con el aparato militar-represivo del Estado. En este esquema, el software no es una herramienta, sino el soberano mismo. Si las plataformas de Palantir, como Gotham o su nueva Artificial Intelligence Platform (AIP), son capaces de garantizar la seguridad y el crecimiento económico, cualquier “pecado” de las élites —ya sea la depravación moral (trama Epstein) o la vulneración flagrante de la Carta de las Naciones Unidas— queda automáticamente exculpado por la razón de Estado tecnológica. Es un pacto maquiavélico de nuevo cuño: la eficiencia algorítmica a cambio de una impunidad de clase absoluta.

La paradoja es que el atentado de Cole Tomas Allen, lejos de herir a este sistema, le proporciona el combustible necesario para su expansión definitiva. Al humillar la seguridad humana tradicional, Allen le entrega a Karp el argumento definitivo de venta. La narrativa oficial ya no será cómo proteger la democracia, sino cómo sustituir al falible ser humano por la infalible caja negra de Palantir. El resultado político es aterrador: el atentado sirve para blanquear el historial de Trump, convirtiéndolo en víctima y mártir, mientras se silencia cualquier debate sobre sus atrocidades presidenciales como criminal de guerra o sus oscuras conexiones pasadas con Epstein. Cualquier crítica legítima al sistema ahora puede ser convenientemente etiquetada como el “delirio” de un potencial terrorista, invalidando la disidencia política mediante su criminalización psiquiátrica y tecnológica.

Estamos asistiendo al nacimiento de un bloque histórico donde la tecnología ya no sirve a la sociedad, sino que la disciplina. Las implicaciones de Palantir en matanzas mecanizadas (genocidios en Gaza y en Líbano) y en el control social preventivo son solo el preludio. Al erosionar el Derecho Internacional y los principios del Derecho Penal Internacional —que exigen transparencia y responsabilidad humana—, el tecnofascismo instala una dictadura de la técnica donde no hay a quién reclamar y exigir responsabilidades. Cuando la decisión de quién es un objetivo o quién es un criminal la toma un algoritmo diseñado por una corporación amoral para proteger a una élite depravada, la humanidad ha perdido su condición de sujeto para convertirse en un simple dato procesable. El 25 de abril no fue un fallo del sistema, fue la señal de que el sistema ha decidido prescindir de la ley para abrazar definitivamente la fuerza bruta del código. Alertar sobre esto no es una opción, es una obligación existencial para todo aquel que aún crea que la justicia debe emanar de la voluntad popular y no de una línea de programación ejecutada desde una oficina en Silicon Valley.

Un diputado de la ultraderecha rampante que cree que España vuelve a ser suya, José María Sánchez García, protagonizó días pasados uno de esos episodios que no solo merman la credibilidad política sino que ponen de relieve que cuando no se tienen y no se respetan o no se practican los más elementales cánones de civismo y educación es natural que cunda el desapego y se acentúe la tendencia a enjuiciar o valorar los comportamientos públicos de los representantes institucionales. La socorrida frase de todos son iguales. Cuando no es así…

Resultó que el diputado Sánchez, con antecedentes poco edificantes durante su actuación parlamentaria, ya había sido llamado al orden por la presidencia del Congreso cuando subió al estrado para, primero, increpar a una letrada -si es que les da igual-; y luego, encararse sin reserva y en actitud desafiante con el vicepresidente primero de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en aquellos momentos ejercía la presidencia. Si no fuera por qué, se diría que era como una situación prebuscada o deseada, como si no importara un mañana, como si se fomentara el cuanto peor, mejor. Y váyanse el decoro, el respeto y el prestigio a freír pugnetas. Cronistas parlamentarios han llegado a escribir que no se ha visto nada parecido en la democracia española desde su reinstauración. Las mismas voces indican que es una imagen nefasta y que no se puede dejar pasar un episodio tan inaudito y reprobable, algo que no debe repetirse, sencillamente. Esas imágenes de algaradas y puñetazos o mandobles desde los escaños o desde las bancadas de otros parlamentos que tanto hemos reprobado no son deseables desde ningún ángulo.

El diputado ultra -¿o es centrista-liberal, como algunos se esfuerzan en confundir acaso porque se avergüencen de ser reconocidos o adscritos a ese radicalismo político?- abogado, catedrático y juez en excedencia pone al desnudo, con su conducta, que no ha aprendido o no ha asumido del todo las nociones de democracia que, sumando episodios de parecida naturaleza de aquí y de allá, es la que sufre y sigue debilitándose, por muchos reglamentos internos que ahora se endurezcan con ánimo corrector y preventivo. El estupor de los diputados y de la ciudadanía en general, incluso la más alejada de la política, ante el incremento de la polarización y de la conflictividad, cuando es un hecho constatado que la brusquedad y la violencia pueden saltar en cualquier momento, se justifica por sí mismo. 

‌A la ultraderecha y sus satélites les disgusta la democracia y lucha contra ella. Se aprovechan de sus debilidades e imperfecciones. Cuando surgieron Podemos y sus confluencias, se habló de partidos antisistema que, más o menos veladamente, venían a romper esquemas, usos y costumbrismo político. Ahora, cuando la polarización es una realidad y en sectores de la sociedad palpitan el encono, la desinformación y sus derivados, las amenazas y las descalificaciones injuriosas van cobrando cuerpo hasta reflejar un cierto desprecio a los consensos mínimos de la convivencia y, en definitiva, a la institucionalidad. Son otros los que galopan al antisistema. 

Menudo problema para el Partido Popular (PP): aliarse con una formación política cuya hostilidad a los usos democráticos es evidente.

A los jueces les ocurre lo mismo que a los futbolistas que actúan como si no existiera VAR. Los jueces se olvidan en el fragor del juicio que están siendo grabados e incluso televisados en directo

Si mañana tuviera algún problema con la justicia me gustaría que el tribunal que me juzgara estuviese presidido por Teresa Palacios, que en el juicio del caso Kitchen se comporta como abogada defensora de los testigos del Partido Popular como M. Rajoy o Dolores de Cospedal. Para defenderlos ya estaba la abogada del PSOE, Gloria de Pablo, que no debió tener una buena noche antes de su intervención en el juicio. Rajoy y Cospedal estaban privados con su actuación.

A los jueces les ocurre lo mismo que a los futbolistas que actúan como si no existiera VAR. Los jueces se olvidan en el fragor del juicio que están siendo grabados e incluso televisados en directo. Ellos no tienen el más mínimo pudor de alinearse con unos testigos u otros para echar de paso una mano a sus abogados. Exactamente igual que hacen los futbolistas tras patear a un rival: lo niegan rotundamente y protestan al árbitro al mismo tiempo que todos vemos por televisión la repetición de la jugada y el penalti más claro que el cerebro transparente de Ayuso. 

Ir como testigo a este juicio es una garantía absoluta de tranquilidad a pesar de mentir cuando estás obligado a decir la verdad. Una de las cosas más ridículas de la justicia es la advertencia de que si vas de testigo en un juicio estás obligado a decir la verdad. ¿Por qué, si se quiere saber la verdad y hacer justicia, se permite mentir en un juicio, aunque seas el acusado? En la práctica también mienten los testigos, como se ha podido comprobar en multitud de ocasiones.

En primer lugar este axioma de la obligación de decir la verdad no se cumple y cuando no se cumple la justicia es incapaz de que se cumpla. Es como si tienes un vado para guardar tu coche, aparcan delante y el Ayuntamiento no dispone de una grúa para retirar el vehículo. Al final pagas religiosamente los impuestos pero estos no te sirven en este caso para nada. Al dueño de la plaza de garaje le importa un pito que el infractor sea multado, lo único que quiere es que le dejen salir a la calle.

Resulta inexplicable que se advierta a un testigo que está obligado a decir la verdad, que es como avisar a un pasajero de guagua que está prohibido escupir en el piso o comer una hamburguesa con todo en mitad del viaje. El sentido común te dice que no debes mentir en un juicio y también que no puedes escupir en el suelo ni pringar de mayonesa, mostaza y salsa de tomate tu asiento y el piso de la guagua. Se llama civismo. Lo otro es cinismo.

Todos pudimos comprobar ayer que M. Rajoy y Dolores de Cospedal mintieron en sus respectivas declaraciones ante el tribunal en la vista oral porque todos también hemos podido escuchar sus conversaciones con Bárcenas y Villarejo, entre otros gánsteres. Sin embargo, no pasa nada, ni pasará, porque la justicia es muy formal y antepone muchas veces las formas al fondo de las cuestiones. Muy triste.

Cospedal estuvo incluso imputada pero el juez amigo Manuel García-Castellón y García-Lomas la desimputó. Si este juez no usara apellidos compuestos, se llamaría Manuel García García y no tendría tanto empaque. Manolo García, como el de El Último de la Fila. García-Castellón no fue el último de su promoción, pero casi. 

García-Castellón fue nombrado por Aznar magistrado de enlace con Europa, un cargo muy bien remunerado, mucho más que un magistrado que trabaje exclusivamente en España. Este juez retirado logró el puesto 37 de los 45 opositores de su promoción, por lo que hay que colegir que nunca fue un lumbreras entre los suyos. Como Peinado, aunque este ni siquiera hizo oposiciones a juez ya que fue elegido por el cuarto turno solo por ser abogado. Los únicos requisitos que piden son ser español, mayor de edad y con al menos diez años de ejercicio profesional.

García-Castellón comenzó su carrera en la Audiencia Nacional como sustituto de Baltasar Garzón en 1993, el mismo año en el que se constituyó Coalición Canaria. Ha salvado de la imputación y el procesamiento a Rodrigo Rato, Federico Trillo, Esperanza Aguirre, Cospedal y M. Rajoy, entre otros, mientras que mantuvo abiertas causas contra Podemos y los independentistas catalanes, a los que llegó a acusar de terrorismo porque un turista extranjero murió de infarto en el aeropuerto de Barcelona cuando una muchedumbre protestaba por la sentencia condenatoria del procés.

El magistrado ha sido el perejil de casi todas las salsas y el protagonista en los casos Kitchen, Lezo y Púnica, relacionados todos ellos con la corrupción del Partido Popular. El juez también se inhibió de instruir el caso contra Augusto Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo de Estado y se negó a que declarara un alto militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina. 

Seguramente García-Castellón se considera orgulloso de su currículum profesional pero muchos españoles no comparten su opinión. Cuando era juez en Valladolid actuó contra una clínica que practicaba abortos y que fue denunciada por un colectivo del Opus Dei, donde militaba su hermano. Durante su etapa de juez de enlace en Europa reconoció haber mentido a jueces franceses para obtener información de un sumario. 

En el caso Kitchen salvó a Cospedal y se negó a considerar al PP responsable a título lucrativo, a pesar de que el partido se benefició de actos ilegales de la mal llamada policía patriótica montada por el Ministerio del Interior de M. Rajoy cuando Fernández Díaz estaba al frente. Hoy Fernández Díaz, muchos años después, está sentado en el banquillo por esta causa y el fiscal anticorrupción le pide quince años de cárcel.   

Los condenados del PP Eduardo Zaplana e Ignacio González, investigados por corrupción en la operación Lezo, reconocieron que conspiraron para apartar al juez Eloy Velasco del caso y designar a García-Castellón, trayéndoselo de Roma, donde estaba destinado en aquel momento como juez de enlace. 

Este juez sobreseyó la causa a 275 dirigentes del PP en los casos de corrupción referidos a este partido. El mes siguiente de que 69 diputados de Podemos tomaran posesión de sus cargos dio por válido el falso informe contra Pablo Iglesias, que acusaba al ex vicepresidente del Gobierno y a su partido de delitos fiscales, blanqueo de capitales y financiación ilegal. Inventos de Villarejo y su cómplice Eduardo Inda, que facilitó su panfleto para divulgar esa denuncia falsa.

Todo esto da mucha vergüenza ajena, la que no tienen los falsos patriotas, los de hojalata. Es como llamar prioridad nacional, como hacen PP y Vox con los migrantes, lo que realmente es una vergüenza nacional. Seguimos rodeados de fachas después de más de medio siglo de la muerte de Franco.