Siendo una contradicción en sí misma, estos días nos vemos abocados a alegrarnos porque los saharauis (algunos) van a ser españoles. Nos alegramos porque esto supone una reparación de derechos histórica a un pueblo que fue abandonado a su suerte en 1975. Abandonado mientras le caían bombas y napalm en las cabezas en una marcha no-pacífica y verde. Sin embargo, y al mismo tiempo, alguien debe contar la verdad del asunto. Y es que los saharauis son del Sáhara, del Sáhara Occidental. Una patria con un océano lleno de peces, unas minas llenas de fosfatos, unas dunas llenas de arena fina y unas gentes con su propia cultura e identidad. 

No tienen pasaporte, tienen historias que son contadas en voz alta en los campamentos de refugiados de Argelia, y en voz baja, muy baja, en el territorio del Sáhara ocupado. Viven bajo el hostigamiento de Marruecos, quizás eso les empiece a sonar. La cuestión es que la España franquista en 1958, en una ocurrencia tipo Trump, proclamó al Sáhara é Ifni provincias españolas, intentando evadir las ya incipientes normas internacionales sobre descolonización. 

Hecho el estropicio jurídico (por no hablar del humano o moral), el régimen caía en su propia trampa: ahora esas personas a las que consideraba meras conquistas, humanos de segunda, medios para un fin, habían adquirido iguales derechos que el resto de españoles. Pero ojo: España nunca tuvo la soberanía del Sáhara, solo su administración. Por tanto, la declaración de provincias fue ilegal y esta nacionalidad que ahora se otorga es, en esencia, un paquete tardío y envenenado. Un brindis a legitimar a los colonizadores de antaño. A lo lejos canta Mariem Hassan “Ana saharauia” (“yo soy saharaui”), mientras el siroco va borrando las huellas de un pueblo maltratado por todos. Pero quién soy yo para decirle a un apátrida que no tome un pasaporte maldito cuando se lo dan. Maldita suerte la suya. 

El Memorando de Entendimiento firmado en Cardiff el 14 de septiembre de 2026 trasciende con mucho la coyuntura británica. No estamos ante una simple alianza táctica, sino ante el síntoma inequívoco de la quiebra del modelo centralista de Westminster y de la crisis orgánica de hegemonía del bloque dominante. Suscribieron el documento John Swinney, jefe del Gobierno escocés y líder del SNP (Scottish National Party / Partido Nacional Escocés); Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru (Partido de Gales) y ministro principal galés, y Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte. Los tres participaron en calidad de máximos responsables de sus respectivas formaciones políticas, sin actuar formalmente en representación de los Ejecutivos regionales, subrayando el carácter de alianza estratégica entre movimientos de emancipación nacional.

Los firmantes articulan proyectos con dinámicas históricas específicas —el SNP persigue la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia para Escocia; Plaid Cymru defiende la ampliación del autogobierno galés dentro de un proceso destituyente del Estado unitario; y Sinn Féin abandera la reunificación de la isla de Irlanda—, pero coinciden en un eje doctrinal irrenunciable: el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación. El propio texto lo proclama sin ambages: «Para quienes observan en estas islas —y para quienes observan en todo el mundo— no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin».

Ese agotamiento estructural del Estado centralizado e imperial británico se inscribe en una mutación geopolítica de alcance planetario: la crisis irreversible del orden unipolar imperialista y el avance hacia un horizonte multipolar. Esta transición encuentra sustento doctrinal e institucional en instrumentos de la diplomacia colectiva como la Declaración de Nueva Delhi de los BRICS (acrónimo del bloque geopolítico integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos Estados miembros), adoptada el 13 de septiembre de 2026. Dicho texto propugna la refundación de las relaciones internacionales sobre los pilares del multilateralismo polisémico, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la observancia estricta del Derecho Internacional.

Frente a esta inevitable redistribución del poder global, la respuesta estratégica del bloque atlantista ha sido la hipertrofia militar y el atrincheramiento ideológico. Asistimos a la implantación coercitiva de una economía de guerra y a la derivación sistemática de recursos públicos hacia los complejos militares e industriales, desmantelando los derechos sociales y precarizando las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para legitimar esta transferencia de rentas hacia el capital armamentístico, las oligarquías occidentales reactivan el supremacismo neocolonial que dibuja a la metrópoli imperial como un «jardín» que debe ser protegido frente a la «selva» exterior mediante el bloqueo, la sanción unilateral o la intervención militar directa. Esta lógica segregadora constituye el caldo de cultivo ideal para el neofascismo, el racismo institucional y el autoritarismo de Estado, diseñados para fracturar la conciencia de clase y neutralizar la resistencia popular.

En este tablero de confrontación, la libre determinación de los pueblos emerge como la herramienta jurídica y política indispensable para la salvaguarda de la paz y la soberanía material. La Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en su artículo 1.2, consagra como principio rector la cooperación fundada en el respeto a la igualdad de derechos y a la autodeterminación de las naciones. Este precepto adquiere fuerza vincular e indisoluble en el artículo 1 común al PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), al tipificar que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» para fijar su condición política y proveer a su desarrollo económico y social.

Asimismo, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1960 —Carta Magna de la Descolonización—, resolvió que «todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la plena libertad, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional», exigiendo el traspaso incondicional del poder a los pueblos no autónomos. El control efectivo sobre la propia estructura productiva y los recursos estratégicos es la premisa sine qua non para liquidar la subordinación neocolonial.

El Acuerdo de Cardiff se entronca directamente con esta doctrina internacionalista al afirmar: «Cada una de nuestras naciones tiene el derecho a determinar su propio futuro, por medios democráticos y de acuerdo con la voluntad de su pueblo». Y añade: «Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestros pueblos decidirán su propio futuro». Si bien el memorando reconoce las «distintas posturas constitucionales» de los firmantes, sitúa la legitimidad democrática por encima de la legalidad formal impuesta por el centro imperial. Reclama además que el Ejecutivo británico «prepare, planifique y facilite el cambio constitucional», señalando la urgencia de desmontar la arquitectura económica caduca de Whitehall —término que designa al centro neurálgico del poder administrativo, ministerial y ejecutivo del Estado británico concentrado en Londres— para poner la riqueza energética al servicio de la mayoría social.

La extrapolación de estas premisas al Estado español resulta insoslayable. El régimen constitucional de 1978 padece un colapso de legitimidad frente a las aspiraciones explícitas de soberanía, principalmente, hoy, de Catalunya y Euskal Herria. Su arquitectura jurídica opera como un dispositivo de petrificación centralista al servicio de las corporaciones privadas, la oligarquía financiera y bancaria de la metrópoli. Pretender encorsetar las realidades nacionales mediante el fetichismo legal o la coerción judicial ignora que la norma positiva no es más que la cristalización formal de una correlación de fuerzas determinada. Una articulación democrática y pacífica entre pueblos solo puede emanar del pacto libremente asumido desde el ejercicio de la soberanía originaria.

En este entramado de contradicciones, Canarias padece una vulnerabilidad geopolítica crítica. Relegado históricamente a una condición periférica y dependiente, el Archipiélago experimenta una peligrosa mutación estructural: su conversión acelerada en plataforma logística, tecnológica y militar avanzada de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para proyectar operaciones hacia el Sahel, África Occidental y el Magreb. Bajo la cobertura del discurso oficial de la «diversificación económica», consorcios tecnológicos y clústeres de la industria armamentística absorben ingentes recursos públicos para desarrollar infraestructuras de doble uso militar. Esta deriva integra a las islas en el engranaje de agresiones imperiales, transformándolas en «zona hostil» y objetivo táctico directo en eventuales conflictos bélicos, vulnerando el mandato democrático dictado por el pueblo canario el 12 de marzo de 1986, cuando votó mayoritariamente contra la permanencia en la OTAN.

La viabilidad procedimental de la autodeterminación cuenta con referencias claras en el Derecho Comparado. El caso de Nueva Caledonia en relación con la República Francesa resulta ilustrativo: El Acuerdo de Bougival (12 de julio de 2025) fue suscrito en Francia entre el Gobierno central y representantes lealistas e independentistas Kanakos para fijar un nuevo modelo estatutario tras el fin del ciclo de Numea y la crisis institucional de 2024: Define a Nueva Caledonia como un “Estado autónomo” integrado en la República Francesa; introducen la consulta obligatoria a las autoridades locales sobre la estrategia militar en el Indo-Pacífico y prevén un mecanismo para una eventual cesión en materia de defensa; y se reconoce la nacionalidad caledoniana. El precedente demostró que el ejercicio de la soberanía puede articularse mediante vías internacionalmente homologadas y jurídicamente ordenadas. Canarias, como territorio geográficamente africano y de significación ultraperiférica, dotado de una identidad histórica diferenciada y una vocación pacifista ratificada en las urnas, exige un proceso análogo de restitución soberana.

Frente a la arquitectura del vasallaje atlantista, la respuesta estratégica de la clase trabajadora canaria debe ser la consecución de un Estatuto de Neutralidad Activa para el Archipiélago, como una de las expresiones del derecho a la autodeterminación. Un régimen normativo garantizado internacionalmente que declare al territorio canario estrictamente desnuclearizado, libre de armas de destrucción masiva, exento de bases militares extranjeras y blindado ante su instrumentalización para guerras de agresión o maniobras imperiales. Este Estatuto debe incorporar una cláusula de salvaguarda que impida la «guantanamización» de las islas: evitando que, mediante la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el suelo canario sea convertido en una cárcel a cielo abierto y un centro de reclusión exterior para las masas migrantes desposeídas por el expolio neocolonial en sus países de origen.

La neutralidad territorial activa no es un postulado utópico, sino una figura con amplio anclaje en el Derecho Internacional Público. Las Islas Åland representan un modelo de desmilitarización y neutralidad garantizado por convenios internacionales vigentes, conservando un estatus sui generis respetado por las potencias globales. Asimismo, la República de Malta consagra en el artículo 1 de su Constitución el principio de neutralidad activa, definiéndose como un Estado no alineado que prohíbe la instalación de bases extranjeras y persigue activamente la paz. Para Canarias, la neutralidad no significa aislamiento, sino la condición previa para erigirse en un puente tricontinental de cooperación, diplomacia de paz y solidaridad con los pueblos del Sur global.

Desmantelar la falacia del centralismo atlantista es una tarea urgente para frenar la deriva hacia el rearme global y el neofascismo. La autodeterminación de las naciones y el establecimiento de franjas de neutralidad activa en territorios de alta sensibilidad geoestratégica no dividen a las clases populares; al contrario, constituyen la premisa material para levantar una alternativa fundada en la paz, la justicia redistributiva y la emancipación social. Frente al diktat de la economía de guerra y la subordinación imperial, la libre determinación de los pueblos señala el único camino firme hacia un orden multipolar, justo y democrático.

Lo prioritario en nuestras islas es normalizar (en el sentido noble de ‘reconocer lo que es normal’, no en el perverso de ‘imponer normas’) los puntos de vista idiomáticos de la gente insular, fundamental para su autoestima y reconocimiento y también para que los demás la conozcan como realmente es, no como los tópicos castellanistas, folcloristas o indigenistas dicen que es. Como escribe el poeta Manuel Padorno, “Canarias es un país singular, naciendo a su personalidad constitucional; tenemos un sentimiento de paisaje singular, ni peninsular ni europeo, y sus habitantes están dotados, en todos los sentidos, de una imaginación singular, propia (sin que todavía se cotice en el mercado cultural a no ser desde la propia conciencia españolista). Una de nuestras grandes tareas sigue siendo hacernos entender y que nos respeten; dar a conocer, airear, por sus ya reconocidas virtudes, nuestra habla, nuestro español-canario, nuestro vocabulario”. Sólo a partir del conocimiento verdadero o científico de lo que se es y del orgullo de serlo está uno en condiciones de promocionar y colocar lo propio en el lugar que le corresponde en el contexto nacional e internacional; en el lugar que le corresponde en el mundo. Porque Canarias, como el resto de los pueblos de la Tierra, tiene su puesto en el mundo y su obligación es encontrarlo y exigir que se respete. 

Y, por supuesto, que no basta con esto para garantizar el futuro, porque vivimos en un mundo abierto y enormemente competitivo. En la era de la patria humana o aldea global, al canario no le conviene encerrarse en su rincón, mirarse narcisistamente el ombligo o rezongar malhumoradamente, lamiéndose la llaga, por los agravios que dice hacerle los intransigentes, los que se consideran el centro del universo, sin respeto por los demás. Si hoy, ante los problemas de superpoblación y contaminación que aquejan a la Tierra toda, el ser humano mira a otros mundos, porque sabe que el ensimismamiento en su pequeño planeta significa el suicidio, ¿cómo no va a tener que mirar el canario más allá de la punta del muelle? Tiene que echarse al mundo entero, a la Península y Europa, principalmente, a imponer sus puntos de vista, como hizo en América casi desde el mismo instante en que los europeos hollaron aquellas para ellos extrañas tierras, que tantas ilusiones y esperanzas despertaron en todo el viejo continente, inundándolas con sus palabras, su gastronomía, su música, sus costumbres, su sangre. Como señala nuestro Viera y Clavijo, “sus campos (los de Canarias) enviaron a aquel vasto continente las semillas, plantas, ganados, aves, bestias de labor de que carecían; sus naturales conquistaron con valor inmortal mucha parte de este nuevo mundo, hasta ennoblecerlo, civilizarlo y cultivarlo, siendo sus abundantes frutos sudor de los isleños, y sus copiosas cosechas sangre suya”. Por eso se encuentra el canario allá como en casa. Yo, que tengo vocación americanista y que he estado en varios lugares de aquel inmenso continente (Cuba, México, Chile, Colombia y Perú) en distintas ocasiones, he de decir que lo que he encontrado allí es en buena medida una versión más o menos conservadora o más o menos innovadora de mi tierra insular. O, como hacen tantos jóvenes canarios de hoy, que viajan a la Península, Europa y el resto del mundo (muchos de ellos a través del programa Erasmus) a prepararse mejor, impartir clases o buscarse la vida de otra manera y que, luego, cuando vuelven a la tierra, tanto contribuyen a mejorar su porvenir.

En efecto, la obligación del canario es canarizar el mundo hispánico, del que forma parte ineludible, como la del castellano es castellanizarlo, la del gallego, galleguizarlo, la del vasco, vasconizarlo, la del catalán, catalanizarlo, la del cubano, cubanizarlo, la del mejicano, mejicanizarlo y así sucesivamente. No se trata de quedarse egoístamente con lo que uno tiene, sino compartirlo generosamente con los demás, para enriquecerlo y hacerlo más grande. Compartir la gastronomía, la literatura, la idiosincrasia, las ideas, las palabras. Cuanto más generalizada se encuentra una palabra, más rica y grande se hace. Las palabras verdaderamente grandes son las palabras de todos, porque abarcan mayor ámbito de humanidad, no las palabras que se quedan encerradas en el terruño. 

Por eso, Canarias, Galicia, el País Vasco, Cataluña… no deben perder ni un minuto quejándose de los agravios del oficialismo castellanista (al fin y al cabo, Castilla ha cumplido con su deber histórico cuando ha intentado castellanizar el orbe hispánico) o de cualquier otra comunidad hermana, ni dejarse llevar por la mimosa tentación de abandonar un proyecto de civilización de una enorme envergadura, que se ha construido también con la voluntad e inteligencia de su gente, sino intentar canarizar, galleguizar, vasconizar y catalanizar a Castilla y al resto de las comunidades hispanohablantes. Sólo con la lucha civil entre todas sus comunidades, intentando cada uno colocar lo que pueda de su partrimonio en el de todos, se enriquecerán y fortalecerán la cultura y la lengua hispanas en su diversidad y complementariedad, como sostenía don Miguel de Unamuno, y estarán sus gentes preparadas para enfrentarse a los enormes retos que les aguardan, que son la pugna con la lengua y la cultura anglosajonas, con la lengua y la cultura árabes, con la lengua y la cultura chinas y con la lengua y la cultura rusas, que son sus verdaderos rivales en el inquietante y agresivo mundo en que nos encontramos instalados todos, y en el que todo dios quiere marcar el paso a los demás, según sus propios intereses. Así de sencilla es la cosa: de la capacidad que tengan para mantener la unidad, agrandar y fortalecer la lengua y la cultura que han construido entre todos y que todos tienen la obligación de seguir enriqueciendo con su inventiva y talento, depende el futuro de los canarios y de los hispanos todos. “¿Por qué no reflexionamos lo suficiente -escribe Antonio López Ortega- sobre el papel de España en el mundo? Frente a colosos como Rusia o China, por lo demás omnívoras, ¿cómo nos ubicamos? Frente a la América hispánica, que es como un espejo histórico, ¿por qué siempre estamos rezagados, como si eso no fuera parte de nosotros? Frente al mundo anglosajón, que es nuestro verdadero rival idiomático, ¿cómo nos diferenciamos para volvernos más atractivos? Debate sobre los particularismos sin debate nacional es oficio de ciegos, pues mientras estamos celebrando los carnavales de Santa Cruz, la universidad de Salamanca se llena de estudiantes chinos que vienen a aprender español para luego hacer negocios en Hispanoamérica”.

Bien planteado el problema que nos ocupa, no es sólo que los castellanos, los andaluces y los americanos de habla española no sean enemigos de los canarios. Es que tampoco lo son en realidad sus rivales culturales ingleses, chinos, árabes o rusos; o el resto de la gente del planeta Tierra. Como sabe toda persona mínimamente consciente de los problemas del mundo actual, los verdaderos enemigos de los canarios de hoy, como del resto de la humanidad toda, son el cambio climático, la deforestación, la superpoblación, la merma de la diversidad biológica, los virus letales que asolan por igual a todos los pueblos del planeta, las nuevas tecnologías (particularmente, la mal llamada “inteligencia artificial”), la miseria y la violencia, que obligan a los desheredados del mundo a migrar a los países ricos, donde deben ser acogidos y protegidos como se merecen, la tiranía de los poderosos, cada vez más ávidos de riqueza y poder, los conflictos que plantea la convivencia de los distintos, etc., que amenazan con acabar con la vida inteligente y no inteligente en la Tierra. Y, para luchar contra todos estos pavorosos enemigos de la humanidad, incluso la unión de toda la gente del mundo es poca.

En definitiva, que la solución para canarios, gallegos, vascos, catalanes, etcétera, no está en abandonar la patria de la lengua hispana y recluirse en su pequeño predio por la incomprensión de los viejos casticistas, sino exigir el lugar que les corresponde en ella. Huir de malhumores y rezongos, como diría Borges, y trabajar duramente y aplicar la inteligencia, la comprensión, la generosidad y la solidaridad, que son los fundamentos de la civilidad. Realmente, al castellano no se le combate con resentimiento o maldiciendo su supuesta actitud arrogante o conquistadora (cada cual es como es), sino siendo tan atrevido y valiente como él; defendiendo los puntos de vista propios con rigor e intentado mejorarlo en civilización y decencia. Hay que elevarse por encima de la tierra e integrarse en la patria de la lengua, la patria de las almas, que es la que permite mayor ámbito de unidad. “Si el hombre ha de ser embrión de una humanidad futura -advierte Unamuno-, más elevada que esta, de una verdadera hermandad humana, es preciso que empiece por emanciparse de la tierra, haciéndose de ella dueño en vez de ser esclavo. Toda la historia del género humano es una constante lucha por emanciparse de la animalidad y de la tierra”. Aquellos que se encierran excesivamente en la tribu corren el riesgo de quedar aislados del mundo. 

Y esto que digo para los canarios en general puede decirse igualmente para los habitantes de cada una de las Islas en particular, tan dados a encerrarse en el terruño o pequeño espacio de confort, como dice el tópico moderno, en que viven y a poner el grito en el cielo cada vez que alguien se atreve a cambiar sus rutinas de cada día o, supuestamente, complicarles la vida con novedades. “Nos invaden los grancanarios (o canariones)”, oigo decir a veces a algunos de mis paisanos de Fuerteventura que se resisten a salir de la Tindaya, la Caldereta, la Rosa de la Monja, el Tesejerague o la Rosa de Tinojay donde nacieron y donde probablemente rendirán cuentas al Creador. “Tengo un pedazo de tierra / con la que el gofio aseguro; / cuatro jairas me dan queso; / a mí qué mi importa el mundo” cantaban sus abuelos y la misma cantinela siguen entonando con nostalgia acompañados del timplillo algunos de ellos. Y yo les digo, en serio, no en broma: “Pues hacen bien los grancanarios en invadirte, a ver si despiertas y también dejas tú en ellos algo de lo tuyo; que los grancanarios vienen a buscar en tu tierra lo que tú no le llevas a la de ellos”. En efecto, la obligación del majorero es majorerizar a las Islas, como la del grancanario es grancanizarlas, la del lanzaroteño, lanzaroteñizarlas, la del tinerfeño, tinerfeñizarlas, la del palmero, palmerizarlas, la del gomero, gomerizarlas, y la de los herreños, herreñizarlas, para hacerlas más grandes y cohesionadas entre sí. Es lo que hicieron los majoreros y conejeros cuando, en los siglos pasados, aventaron por todo el Archipiélago las voces prehispánicas (guanil, beletén, tafeña, gofio, guirre…), normandas (malpaís, mareta, cardón, roque…), árabes o bereberes (majalulo, fuchir, téfana…), etc., que habían adaptado al español del bereber, el francés antiguo o el árabe casi cien años antes de que terminaran de conquistarse las realengas Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y los neologismos españoles (gavia, rosa, tablero, natero, apañada…) que habían tenido que crear para denominar las cosas que necesitaron inventar aguzando el ingenio para adaptarse a la nueva realidad; lo que hicieron los tinerfeños o babilones y los palmeros, cuando en los ciclos prósperos de antaño, se trasladaban a Fuerteventura y Lanzarote a ayudar a recoger los opimos frutos que daban las veceras tierras orientales del Archipiélago, dejando en ellas sus palabras, sus tradiciones, su sudor, sus ilusiones y hasta su sangre; lo que ha hecho el grancanario sacando su aspiración de /s/ implosiva, su tensión consonántica, su yeísmo, su neutralización de la oposición vosotros / ustedes en favor de ustedes, etcétera, de los límites insulares e imponiéndoselos al resto de los canarios; lo que podrían hacer los gomeros con su silbo, si prosperan los proyectos de la consejería de Educación del gobierno autónomo de extender su enseñanza a todas las escuelas de Canarias; lo que están haciendo los tinerfeños con su barraquito, que ha enriquecido la carta del ritual del café en casi todo el Archipiélago, etc. No otra cosa que majorerizar a Canarias es lo que, dentro de mis limitadísimas posibilidades, he intentado hacer yo desde que llegué a la Universidad de La Laguna en el año de 1976 a estudiar filología española. Uno sólo puede enseñar lo que es y lo que sabe. Aportando cada cual lo que sabe y puede a la lengua y la cultura de todos, compartiendo lo suyo con los demás, regando su saber por todas las Islas y el resto del mundo, sumando lo propio al patrimonio de los otros, sobrevivirán los canarios al peligroso mundo moderno y harán grande a Canarias; y, con ello, a la cultura hispana, para legar mundo mejor o, por lo menos, sostenible a nuestros niños, que son el “porvenir de nuestros huesos y de nuestro amor”. 

Juan José López Burniol fue columnista cada sábado en La Vanguardia. Hasta que el periódico interrumpió su colaboración por causa de un artículo que no se llegó a publicar. Ese artículo llevaba por título La Revancha y mi inquietud no es otra que saber si sufrió la venerable e imprescindible libertad de información. De otra manera, saber si reconocemos en este episodio la mano de Salvador Illa o la de Junqueras, que son los que mandan en Cataluña.

Primero se hace preciso diseccionar el artículo. En el mismo se afirma que hay en nuestro país un ansia de revancha alojada en nuestra conciencia fraticida y que se traduce en una guerra civil híbrida. Que el gobierno ha formulado un nuevo pacto de San Sebastián y conspira para abolir la monarquía y dar pasos hacia una república multinacional y confederal. Estoy seguro de que Juan José ha tenido mejores días. Burniol es notario.

Compara la crisis de Ceuta con los acontecimientos del 98. Todo el mundo puede tener una mala tarde. En San Sebastián se llamaba a la rebelión y en el 98 un sistema poco democrático y corrupto perdió sus colonias. Nada que ver.

Pero la tesis subyacente ya merece mejor atención. En el exilio republicano se soñó la transición, prescindir del pasado para pactar el futuro. Los lideres republicanos lo deseaban inmersos en un síndrome de Estocolmo conocedores de no haber hecho las cosas bien. Resuena el eco con la voz de Azaña, paz, piedad y perdón.

En La Hija del Capitán, Pushkin inaugura una frase para siempre: “mi costumbre es condenar a muerte y perdonar a toda suerte”. La Memoria Histórica es cosa que dicha con cuatro palabras faltan cuatro mil y que dicho con cuatro mil se echan de menos cuatro, si queremos oír a Magdalena Blesa.

Terminada la guerra, un bando pudo identificar y dar sepultura oficial a sus seres queridos. Los del otro bando no pudieron. ¿ Muchos creen que noventa años después viva un español tan mal nacido que se oponga a que otros identifiquen y den una digna sepultura pendiente.?

El error de Zapatero y Sánchez fue revisar el perdón con políticas unipartidistas. Hemos trabajado los españoles y hemos avanzado revisando el pasado con políticas bipartidistas, que dirían en el Capitolio. Pero Zapatero hipotecó un futuro unánime dando el turno a una derechona mediática donde no cabe un cantamañanas más, que son esos que saben un poco de todo y mucho de nada. En todo esto ha faltado grandeza porque repito que no creo que nadie se oponga a aceptar que es cierto que hubo un día que nos condenamos a muerte unos a otros, pero que también es verdad que en otro momento nos comprometimos a perdonar a toda suerte. Insisto, la mayoría de los españoles aprobarían las dignas sepulturas y un trato a la dictadura que no es otro que el que se merece. La dictadura no entendió ni una de las tres palabras dichas por Azaña.

Lo contrario de una epidemia de cantamañanas es poner en el Boletín Oficial del Estado una norma que se puede titular, paz, piedad y perdón. Aceptada por la inmensa mayoría. Faltó grandeza y ahora nos mamamos la tranca. Ese desencuentro es un lugar donde todo vale y vale todo. Hoy, la única regla es que no hay reglas. Aquí echó sus cartas el notario. Le sobraron palabras, más de cuatro y menos de cuatro mil.

España ha construido en la última década un relato del que, con razón, nos sentíamos orgullosos: el de un país que lideraba en Europa la transición hacia las energías limpias, que multiplicaba su potencia renovable año tras año y que se diferenciaba de otros socios europeos, más rezagados o más dependientes de los combustibles fósiles, por su apuesta decidida por el sol, el viento y el futuro. El ejemplo más palpables es que en 2025 las renovables generaron el 55,5% de la electricidad y España terminó el año con saldo eléctrico exportador por cuarto año consecutivo. Ese relato se ha visto ahora seriamente comprometido. Mientras el Gobierno impulsa la renovación de la central nuclear de Almaraz, alargando la vida de una instalación que debería estar en la senda del cierre, mantiene paralizada, año tras año, la implantación de la eólica marina, precisamente la tecnología que más podría consolidar ese liderazgo renovable en la próxima década. Esta contradicción no es un matiz técnico. Es un cambio de rumbo que hay que señalar con toda claridad.

Alargar la vida de Almaraz no es, como se pretende presentar, una decisión neutra de garantía de suministro. Es una opción política que consolida un modelo energético del pasado en un momento en que Europa entera debería estar acelerando, no ralentizando, su tránsito hacia las renovables. Almaraz es una central que arrastra decisiones aplazadas durante años, que genera residuos radiactivos sin solución definitiva de almacenamiento, y que compite por los mismos recursos de inversión y de atención regulatoria que deberían destinarse a desplegar la potencia renovable que España necesita para cumplir sus propios compromisos climáticos. Es, sin duda alguna, una de las fuentes de generación de energía más caras, frente a la eólica y la solar, las mas baratas en estos momentos.

Además, no es cierto que aporte una seguridad real al sistema. Estamos viendo cómo en Europa se están produciendo paradas temporales y reducciones de potencia debido a la escasez de agua y las olas de calor extremo. Las centrales nucleares necesitan enormes cantidades de agua de los ríos o del mar para refrigerar sus reactores. Cuando hay sequía extrema, surgen dos problemas críticos: el caudal de los ríos baja demasiado (los sistemas no pueden succionar agua suficiente) o el agua está demasiado caliente (por ley no pueden devolverla al río a altas temperaturas para no destruir el ecosistema protegido). Este verano se han tenido que parar centrales en Rumanía, Hungría, Francia y Suiza. El cambio climático y las sequías afectan directamente a su fiabilidad. Por otra parte, Europa importa el 100% del uranio que necesita y Rusia controla el 46% de la capacidad mundial de su enriquecimiento. China y Rusia controlarán el 60% en 2030.

Cada euro y cada hora de gestión política dedicados a prolongar el parque nuclear -siguiendo los dictados del oligopolio energético- son un euro y una hora que no se dedican a resolver los cuellos de botella que hoy frenan la eólica marina, el almacenamiento o la modernización de la red eléctrica.

Y ese frenazo es, precisamente, lo más grave de esta historia. La eólica marina lleva años atrapada en una maraña de planificación, informes ambientales, recursos administrativos y falta de decisión política que ha convertido a España, y de forma muy especial a Canarias, en un ejemplo de potencial desaprovechado. Tenemos en nuestras aguas algunas de las mejores condiciones de viento de toda Europa para el desarrollo de la eólica marina flotante, una tecnología en la que podíamos haber sido pioneros a nivel continental.

Las islas son un territorio especialmente vulnerable a la dependencia energética porque durante décadas han tenido que importar prácticamente todo el combustible necesario para generar electricidad y garantizar el transporte. Pero, al mismo tiempo, poseen algunos de los mejores recursos renovables de Europa. El sol, el viento y el océano pueden convertirse en una auténtica fuente de soberanía.

Gran Canaria puede ser un laboratorio avanzado de ese nuevo modelo. El desarrollo de la eólica marina, unido al almacenamiento energético, la desalación, la electrificación del transporte, la generación fotovoltaica distribuida y proyectos como Salto de Chira, puede permitir avanzar hacia un sistema mucho menos dependiente de los combustibles fósiles.

Sin embargo, la tramitación de proyectos se eterniza, y mientras tanto otros países de nuestro entorno, con condiciones de viento comparables o incluso peores, avanzan con parques operativos y cadenas industriales consolidadas. No es exagerado decir que estamos regalando a otros la ventaja competitiva que un día tuvimos.

El sector de las renovables lleva tiempo advirtiendo de esta contradicción, y no lo hace desde la confrontación gratuita, sino desde el conocimiento profundo de lo que está en juego. Las principales asociaciones empresariales del sector eólico y solar, junto con organizaciones ambientales de referencia, han cuestionado con dureza esta decisión, señalando que prolongar la vida de una central nuclear mientras se mantiene bloqueada la eólica marina envía la peor señal posible a los inversores, a la industria y a los propios territorios que, como el nuestro, llevan años preparando proyectos, alianzas tecnológicas y expectativas de empleo verde en torno a esta tecnología. No hablamos solo de electrones. Hablamos de una cadena industrial completa, de puertos, de astilleros, de ingeniería especializada y de miles de empleos cualificados que podrían anclarse en nuestras costas si existiera la voluntad política de desbloquear los proyectos.

Conviene además desmontar el argumento con el que se suele justificar la prórroga nuclear: que es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico mientras las renovables terminan de desplegarse. Ese argumento se sostiene mucho peor de lo que parece cuando se examina con rigor. La verdadera causa de la lentitud renovable no es una limitación tecnológica ni una falta de recursos naturales, sino precisamente la parálisis administrativa que arrastran los proyectos de eólica marina desde hace años. Es decir, se utiliza como justificación para mantener la nuclear el mismo problema que el propio Gobierno se ha negado a resolver: su persistente lentitud regulatoria. Es un argumento circular que convierte la inacción en pretexto para perpetuar el statu quo, en lugar de resolver de una vez la planificación marítima y agilizar las autorizaciones ambientales con las garantías necesarias, pero sin la parálisis actual.

El contexto en el que se toma esta decisión acrecienta, todavía más, su gravedad. El calentamiento global no da tregua: cada año que pasa sin acelerar la descarbonización es un año que acerca a Europa, y a Canarias de forma muy particular por nuestra condición de territorio insular y vulnerable, a los escenarios climáticos más severos que la ciencia lleva décadas advirtiendo.

Al mismo tiempo, la inseguridad energética europea, agravada por la dependencia histórica del gas - ahora especialmente de Rusia y EEUU- y por la inestabilidad geopolítica en nuestro entorno inmediato, exige precisamente lo contrario de lo que estamos haciendo: menos dependencia de infraestructuras centralizadas y vulnerables, y más despliegue rápido de generación renovable distribuida, que es, además, la que ofrece mayor autonomía estratégica frente a terceros países.

Apostar por prolongar el modelo nuclear mientras se frena la eólica marina no refuerza nuestra seguridad energética. La debilita, porque perpetúa la dependencia de infraestructuras rígidas, de larga construcción y de elevados costes de gestión, en lugar de construir un sistema flexible, diversificado y verdaderamente soberano.

Lo más preocupante, además, es lo que esta decisión dice sobre el liderazgo europeo de España. Durante años hemos defendido, con legitimidad ganada a pulso, que España podía y debía ser la locomotora renovable de Europa, el país que demostraba que la transición energética era compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo de calidad. Esa diferenciación, ese activo reputacional e industrial, se construyó con decisiones valientes y con inversión sostenida. Ahora, con este paso atrás, corremos el riesgo de diluir esa ventaja competitiva justo cuando más falta nos hace, en un momento en que la Unión Europea necesita ejemplos concretos de países capaces de acelerar, no de titubear, en su hoja de ruta climática.

Desde el Cabildo de Gran Canaria lo decimos con toda claridad: no se puede pretender liderar la transición energética en Europa mientras se bloquea, año tras año, la tecnología que más potencial tiene para consolidar ese liderazgo en el Atlántico. Exigimos que se desbloquee de manera definitiva la planificación de la eólica marina, con calendarios claros, seguridad jurídica para los proyectos e inversión decidida en la infraestructura portuaria e industrial necesaria para acompañar su desarrollo. Exigimos, igualmente, que cualquier decisión sobre el futuro del parque nuclear se tome con un horizonte de cierre ordenado y no como una prórroga indefinida que compita por los recursos y la atención política que las renovables necesitan. Canarias tiene la ambición, el viento y la vocación de ser protagonista de esa transición. Lo que necesitamos es que el Gobierno de España recupere la valentía que un día nos diferenció, y que hoy, con esta decisión, empieza a ponerse en cuestión.

Si la oferta hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, consistente en abonar cinco mil dólares a quienes votaban al Partido Republicano en la próxima convocatoria electoral, para conservar sus mayorías en el Congreso, si eso se consuma o cristaliza, procede concluir una frase simple: Democracia, apaga y vámonos.

Vaya concepto de la democracia que tiene el señor presidente. Cierto que para él todo se compra y todo se vende; pero hombre, no, el sistema está concebido de otra manera y orientado a otras finalidades. Ya Sir Winston Churchill lo señalaba: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”.

Ese ser excéntrico y que calificaríamos de cantinflesco si no fuera porque el gran cómico mejicano Mario Moreno es un personaje muy serio que fue un ejemplo de crítica social para el mundo de habla hispana, se permite mofarse de cuantos han abrazado la causa democrática en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, que se pasa por el forro de sus caprichos los principios elementales por los que muchísimas personas en todo el mundo han dado sus vidas.

Y diciendo eso, cree que puede manejar a los ciudadanos como marionetas (Ya lo hace, pero bueno, él alegará que está legitimado por las urnas y quienes le ríen las gracias para no comprometerse seguirán cultivando una indolencia mayúscula merecedora de reprobación).

Les ahorramos todas las explicaciones sobre cómo funcionaría ese método del abono a los votantes y cómo comprobar la voluntad de éstos -si es que allí, en USA, el voto sigue siendo secreto- para hacer efectivo el montante de los cinco mil; pero si a otros gobernantes les da por plagiar la idea o se inventan un sucedáneo, se acabó lo que se daba. Sabemos que más de uno argumentará que, en otras latitudes, puede que no muy lejanas, no se ofrece dinero sino, a cambio, otras dádivas u opciones que compensarían (¿compensarían? el valor de un voto cuyo precio, así, quedaría establecido en la cuantía del oferente. Pero eso es indigno y quiebra cualquier ética elemental.

¿Se imaginan a los candidatos, a los partidos y a las coaliciones recaudando para pagar a los (mis) votantes? ¿Se imaginan las colas de acreedores? ¿Eso no es monetizar sin límite y desnaturalizar el proceso? Si ahora, en cualquier lado, se han alcanzado altos niveles de incredulidad y las opciones poco o nada democráticas -esas a las que los derechos sociales y el Estado del bienestar les suena a música terraplanista- viven fases de auge y entusiasmo, con campañas en las que el ‘leit moltiv’ sea pagar por votar, estaríamos ante algo cada vez más palpable: el nuevo desorden mundial.

Confiesen, por lo menos los creyentes, que esto se hunde.

Y no le rían las gracias al gringo.   

Lo sucedido a finales de julio en Ceuta tiene diversas lecturas. La de la dura realidad de los movimientos migratorios que se producen, y se seguirán produciendo en el futuro, en distintas partes del mundo. La de la crisis humanitaria, con más de 150 fallecidos, de los que nadie habla; y, tras el regreso a Marruecos de casi 70.000 personas, las enormes dificultades para atender adecuadamente a casi diez mil, de ellos más de cuatro mil menores. La de la convivencia en la ciudad autónoma y las fuertes tensiones sociales que viven sus habitantes. Las del expansionismo marroquí y los intereses geopolíticos internacionales en esta zona del mundo. La de los errores y contradicciones del Gobierno español ante una situación de una gran complejidad. La del irresponsable oportunismo, trufado de racismo e insolidaridad, de las derechas conservadoras y ultras, estas últimas las más beneficiadas electoralmente del conflicto. Y, asimismo, la de la falta de unidad y liderazgo por parte de la Unión Europea. 

La primera dimensión es la situación que vive Ceuta y sus habitantes, en una crisis de convivencia; y, asimismo, la de miles de personas inmigrantes que se encuentran mal atendidas. Hay que entender el impacto que supone la súbita entrada de 80.000 personas en una ciudad de apenas 19 km2 (por dimensionar, casi 15 veces más pequeña que la isla de El Hierro) y 83.000 habitantes, en la que conviven cristianos y musulmanes (en torno al 42%), entre otras religiones. Y, en estos momentos, la permanencia de casi 10.000, muchos de ellos sin techo y sin recursos; sin olvidar que, aunque se dispusiera de centros para acogerlos, estos, sean los de adultos o los de menores, no son cárceles.

Cierto es que la actitud de dirigentes de algunas formaciones políticas, especialmente, pero no solo, de la extrema derecha, voceros en las radicalizadas redes sociales y, también, determinados medios de comunicación, ha contribuido a alimentar la crispación, a potenciar el alarmismo. Ninguno busca bajar la tensión. Ni ofrecer soluciones razonables y humanitarias al conflicto. Ni informar objetivamente. Todo lo contrario. Se trata de echar más leña al fuego y aprovecharlo para fustigar al Gobierno central, aunque el asunto sea extremadamente delicado y cualquier chispa pudiera terminar generando consecuencias irreversibles.

La algarabía de Feijóo y Abascal ante el desgaste que esta crisis supone para el Gobierno de Sánchez es cortoplacismo oportunista y no precisamente una muestra de capacidad de análisis y brillantez política. El problema de Ceuta (y de las relaciones con Marruecos) va mucho más allá de los aciertos y errores del actual Ejecutivo y les tocará gestionarlo si algún día llegan a gobernar.

Derivaciones a comunidades, la solución

Por la experiencia acumulada en Canarias y en otras zonas del mundo (como Lesbos o Lampedusa) respecto a los fenómenos migratorios se puede constatar que la forma de atemperar esta crisis es proceder a derivaciones. Como sucedió en Arguineguín y en el periodo reciente: de los 101.000 migrantes que alcanzaron las costas canarias entre 2023 y junio de este año 2026, solo permanece en las islas el 5%, algo más de 5.000, de los que 2.400 son menores no acompañados. Por lo tanto, más de 95.000 ya no se encuentran en nuestra comunidad. Una política adecuada, las derivaciones, que se puede quebrar con la ultraderecha en el poder, vistas sus actuaciones en las comunidades autónomas y el seguimiento que el PP hace de estas. 

Las comunidades fronterizas no pueden gestionar en solitario crisis de semejantes dimensiones que, sin duda, volverán a repetirse. Como en el caso canario, la ciudad autónoma de Ceuta no se encuentra en condiciones de abordar por sí sola la gestión de la actuación humanitaria con esas diez mil personas. Por lo que debería procederse a su reparto entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico.

Una decisión que debía ejecutarse ya en el caso de los menores no acompañados, tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Pero también en el de los adultos, cuyas distintas circunstancias podrían ser analizadas en otros territorios antes de tomar decisiones sobre su permanencia o no en el Estado español. Ahí es donde las comunidades, la mayoría dirigidas por el PP, solo o en alianza con Vox, pueden expresar abiertamente su responsabilidad, su visión de estado y su solidaridad con Ceuta, no con proclamas incendiarias, palabrería y patriotismo de banderita. Patético resulta, además, que muchos de los que se dieron golpes de pecho en la reciente visita del Papa, que aplaudieron su discurso sobre el imprescindible trato humanitario a los migrantes, se desmarquen por completo y muestren los máximos niveles de insolidaridad.  

Las difíciles relaciones con Marruecos

La otra dimensión muy relevante es de carácter geopolítico: las relaciones con Marruecos y su papel en esta zona del mundo. Estamos hablando de un estado con un régimen político autoritario en el que la Monarquía dispone de un poder casi absoluto. Por lo que cuesta creer que allí suceda algo sin que lo controlen y promuevan o, al menos, lo autoricen y toleren. Tiene, además, una vocación. expansionista, como se observa en el caso del Sahara; y su voracidad no se sacia pese al respaldo de Sánchez o Clavijo a sus tesis autonomistas en la antigua colonia española, intentando culminar el trabajo -la invasión y ocupación- iniciado por la marcha verde en 1975.

Su expansionismo no queda limitado al Sahara e incluye zonas de Argelia y Mauritania, así como Ceuta y Melilla, como han afirmado algunos ministros del Gobierno marroquí. ¿Y Canarias? Por ahora sus reclamaciones se ‘limitan’ a las aguas, el espacio aéreo o el dominio sobre las riquezas minerales que hay en el subsuelo marino que poseen grandes cantidades de las denominadas llamadas tierras raras (minerales como el telurio, cobalto o níquel) muy codiciadas en la industria tecnológica.

Esta actitud expansionista dificulta las relaciones entre Marruecos y el Estado español y la propia Unión Europea. Más aún cuando se ve apoyada por

Israel y Estados Unidos, muy interesados en la posición geoestratégica de Marruecos y no menos en el debilitamiento de la UE, uno de los objetivos de las políticas de Trump. Un apoyo que envalentona aún más al régimen de Mohamed VI.

Prudencia, firmeza y unidad

En el caso que nos ocupa ha sido el PSOE el que, contra viento y marea, ha defendido casi en solitario la no implicación directa de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio en Ceuta. Lo que algunos atribuyen a una muestra de prudencia en las siempre complicadas relaciones con Marruecos y la intención de evitar males mayores a corto plazo. Aunque la prudencia siempre es conveniente en cualquier ámbito, también en las relaciones internacionales, la firmeza no lo es menos.

Convendría que el PSOE rectificara y actuara con firmeza, exigiendo a Marruecos que cumpla con la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas en el caso del Sahara y no dando alas al conjunto de sus ansias expansionistas en la región. Se ha demostrado suficientemente que la aceptación de los distintos chantajes marroquíes se convierte en parches coyunturales que no frenan en absluto sus aspiraciones. Viéndose favorecida, como ocurre respecto a Ceuta, por la división política en España y en la Unión Europea. Resulta imprescindible superar la actual debilidad y desunión. Actuando con firmeza y unidad, como hizo la sociedad canaria y su Parlamento exigiendo reiteradamente las derivaciones. 

Juan José López Burniol fue columnista cada sábado en La Vanguardia. Hasta que el periódico interrumpió su colaboración por causa de un artículo que no se llegó a publicar. Ese artículo llevaba por título La Revancha y mi inquietud no es otra que saber si sufrió la venerable e imprescindible libertad de información. De otra manera, saber si reconocemos en este episodio la mano de Salvador Illa o la de Junqueras, que son los que mandan en Cataluña.

Primero se hace preciso diseccionar el artículo. En el mismo se afirma que hay en nuestro país un ansia de revancha alojada en nuestra conciencia fratricida y que se traduce en una guerra civil híbrida. Que el Gobierno ha formulado un nuevo pacto de San Sebastián y conspira para abolir la monarquía y dar pasos hacia una república multinacional y confederal. Estoy seguro de que Juan José ha tenido mejores días. Burniol es notario.

Compara la crisis de Ceuta con los acontecimientos del 98. Todo el mundo puede tener una mala tarde. En San Sebastián se llamaba a la rebelión y en el 98 un sistema poco democrático y corrupto perdió sus colonias. Nada que ver.

Pero la tesis subyacente ya merece mejor atención. En el exilio republicano se soñó la transición, prescindir del pasado para pactar el futuro. Los líderes republicanos lo deseaban inmersos en un síndrome de Estocolmo conocedores de no haber hecho las cosas bien. Resuena el eco con la voz de Azaña, paz, piedad y perdón.

En La Hija del Capitán, Pushkin inaugura una frase para siempre: “Mi costumbre es condenar a muerte y perdonar a toda suerte”. La Memoria Histórica es cosa que dicha con cuatro palabras faltan cuatro mil y que dicho con cuatro mil se echan de menos cuatro, si queremos oír a Magdalena Blesa.

Terminada la guerra, un bando pudo identificar y dar sepultura oficial a sus seres queridos. Los del otro bando no pudieron. ¿Muchos creen que noventa años después viva un español tan mal nacido que se oponga a que otros identifiquen y den una digna sepultura pendiente?

El error de Zapatero y Sánchez fue revisar el perdón con políticas unipartidistas. Hemos trabajado los españoles y hemos avanzado revisando el pasado con políticas bipartidistas, que dirían en el Capitolio. Pero Zapatero hipotecó un futuro unánime dando el turno a una derechona mediática donde no cabe un cantamañanas más, que son esos que saben un poco de todo y mucho de nada. En todo esto ha faltado grandeza porque repito que no creo que nadie se oponga a aceptar que es cierto que hubo un día que nos condenamos a muerte unos a otros, pero que también es verdad que en otro momento nos comprometimos a perdonar a toda suerte. Insisto, la mayoría de los españoles aprobarían las dignas sepulturas y un trato a la dictadura que no es otro que el que se merece. La dictadura no entendió ni una de las tres palabras dichas por Azaña.

Lo contrario de una epidemia de cantamañanas es poner en el Boletín Oficial del Estado una norma que se puede titular, paz, piedad y perdón. Aceptada por la inmensa mayoría. Faltó grandeza y ahora nos mamamos la tranca. Ese desencuentro es un lugar donde todo vale y vale todo. Hoy, la única regla es que no hay reglas. Aquí echó sus cartas el notario. Le sobraron palabras, más de cuatro y menos de cuatro mil.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expresado su firme defensa de la independencia judicial en un discurso contundente durante la apertura del año judicial. Ella ha censurado las “descalificaciones inoportunas y rechazables” vertidas contra los jueces y ha subrayado la importancia de la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho. Perelló ha advertido que las descalificaciones a los jueces son de una “gravedad mayor” cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, como los miembros del Gobierno. Ha pedido respeto a la función jurisdiccional y ha defendido la independencia del Poder Judicial, argumentando que los jueces toman sus decisiones conforme a derecho, sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo. Así las cosas, el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en una estructura corporativa cerrada, donde la endogamia profesional y los mecanismos de protección recíproca debilitan la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Como ciudadano español defiendo firmemente el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la crítica de las actuaciones judiciales. Rechazo los intentos de descalificar o desacreditar a quienes cuestionan de forma razonada las decisiones de los tribunales y considero que la crítica pública constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y del Estado de Derecho.

Asimismo, considero especialmente grave que desde instituciones públicas o corporativas se pretenda limitar, desalentar o estigmatizar el ejercicio legítimo de la crítica hacia resoluciones judiciales. Reclamo respeto para el derecho de los ciudadanos y políticos a analizar, cuestionar y valorar las decisiones de jueces y tribunales, porque dicho derecho puede ejercerse libremente cuando se hace por cauces legales, con argumentos y sin amenazas ni coacciones de ningún tipo.

Sostengo que la independencia judicial no excluye el escrutinio público de las resoluciones. Al contrario, ambas garantías deben convivir en una democracia madura. La ciudadanía tiene derecho a expresar su discrepancia y a exigir rendición de cuentas dentro del marco constitucional.

Por ello, solicito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial el mismo respeto para el ejercicio del derecho a la crítica de las actuaciones judiciales que el que legítimamente se reclama para la función jurisdiccional. Entiendo que la independencia de los jueces debe coexistir con el derecho de los ciudadanos a examinar, cuestionar y discrepar de las resoluciones judiciales. Las críticas razonadas a actos y decisiones judiciales no deberían ser descalificadas ni presentadas como ataques a la independencia judicial, sino reconocidas como una manifestación legítima de la libertad de expresión y del control democrático propio de un Estado de Derecho. Mi discrepancia con determinadas resoluciones judiciales no supone un ataque a la Justicia, sino el ejercicio de un derecho constitucional que corresponde a todos los ciudadanos.

Igualmente censuro y considero de “especial gravedad institucional” las manifestaciones y declaraciones públicas de jueces, fiscales y sus órganos de representación, dirigidas a rechazar acuerdos políticos legítimos y leyes aprobadas por las Cortes Generales, expresión de la soberanía popular consagrada en la Constitución. En un Estado democrático de Derecho, corresponde al Parlamento debatir, aprobar, modificar o derogar las leyes en representación de la ciudadanía. Los jueces tienen la misión esencial de interpretar y aplicar esas normas, no de cuestionar su legitimidad mediante movilizaciones en la vía pública o actuaciones que puedan percibirse como una forma de presión sobre el poder legislativo.

Cuando jueces y fiscales se manifiestan con toga para combatir públicamente iniciativas legislativas debatidas o aprobadas por el Parlamento, se adentran en un terreno que excede el ejercicio de sus funciones constitucionales y proyectan una inquietante imagen de activismo institucional y política. Quien tiene encomendada la misión de interpretar y aplicar las leyes no debería utilizar la autoridad que le confiere su cargo para presionar, condicionar o desacreditar decisiones adoptadas por los representantes legítimos de la soberanía popular. Tales actuaciones erosionan la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial y alimentan la percepción de una indebida injerencia política en el ámbito propio del poder legislativo.

Censuro a los jueces y fiscales que utilizan su posición institucional para combatir públicamente leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento. La soberanía popular reside en los representantes elegidos por los ciudadanos, y corresponde a los tribunales aplicar las leyes, no intervenir en la confrontación política ni cuestionar su legitimidad. La independencia judicial exige también respeto a las decisiones democráticamente adoptadas y a la separación de poderes.

Una democracia no puede sostenerse sobre jueces que actúen como actores políticos ni sobre tribunales que parezcan disputar al Parlamento el espacio que corresponde a la soberanía popular. La independencia judicial exige respeto; pero también exige responsabilidad, neutralidad y sometimiento estricto a la Constitución y a las leyes.

A la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, habría que explicarle que la independencia judicial es un valor constitucional irrenunciable, pero que el prestigio de quienes la ejercen debe ganarse con decisiones que resistan el escrutinio jurídico y ciudadano.

El Poder Judicial, cuyas funciones han de ejercitarse con pleno sometimiento a la Constitución y a la Ley, a través del máximo órgano jurisdiccional -el Tribunal Supremo- ha perpetrado una pirueta pretendidamente jurídica para usurpar el papel constitucional del Poder Legislativo al que, en representación de la soberanía popular, le corresponde desarrollar el contenido de los derechos fundamentales y definir el interés público que merece ser tutelado por la Ley.

La pirueta, diseñada por el magistrado Narváez -el mismo que expresó en una cena entre Feijóo y algunos fiscales su ferviente deseo que el PP llegara al Gobierno- consiste en colocarse por encima de la Ley, nada menos que en la adopción de unas medidas cautelares, aprovechando la impugnación de una resolución de la Junta Electoral Central para “derogar”, temporalmente claro, una disposición de la Ley de Memoria Democrática sin promover la cuestión de inconstitucionalidad, que sólo puede ponerse en marcha una vez concluido el proceso judicial y antes de dictar sentencia.

El juez Narváez es perfectamente conocedor del carácter restrictivo con el que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula las medidas cautelares: que “podrán denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero” (artículo 130.2). Intereses generales que la Ley, y sólo la Ley, puede definir. Interés de tercero, nada menos que consagrado como derecho fundamental de participación política (artículo 23 de la Constitución). Tanto lo sabe que lo subraya en el propio Auto, al reproducir la doctrina de la propia Sala (Auto de 26/3/26, fundamento jurídico Primero).

Por cierto: la Sala se pasa por l’arc du triomphe las referencias a su propia jurisprudencia en todo lo relativo al cuidado con el que se debe apreciar la apariencia de buen derecho de los demandantes y para no prejuzgar la cuestión de fondo, así como la adecuación de las medidas cautelares para “paliar o evitar los perjuicios de cualquier naturaleza”. Los prejuicios sobre derechos fundamentales son demoledores, la cuestión de fondo queda más que prejuzgada dada la trascendencia de estas medidas cautelares… ¿o es que alguien se puede imaginar que después de esta devastación de derechos van a desestimar la demanda de los ultraderechistas?

Sobre lo de “no prejuzgar la cuestión de fondo”, que en el propio auto de medidas cautelares se subraye que la significación especial de este incidente (de medidas cautelares) exigen a la Sala, para ponderar y valorar los intereses que concurren, adentrarse en extremos que pertenecen al fondo del asunto, fundamento quinto,,A (ii), nos pregona a gritos el fallo que dictarán.

Luego, el señor Narváez, y con él la mayoría de la Sala del Supremo, ha rematado un auténtico fraude de ley, al utilizar un mecanismo que la Ley prevé, la adopción de medidas cautelares, para “perseguir un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico” (6.4 Código Civil): nada menos que privar a un número considerable de ciudadanos españoles de un derecho fundamental.

Es literalmente de traca la extensión de las medidas cautelares a “otras actuaciones administrativas”: la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública, de 25 de octubre de 2022, no impugnada en ningún otro proceso paralelo a éste (como refiere la Sentencia del Tribunal Supremo 1688/2020 FJ4, invocada en este auto), ni el el pasado.

Dan por sentado los señores magistrados, reproduciendo las consignas de la propaganda de la ultraderecha, de la de aquí y de la de acullá, que el incremento “extraordinario” del número de electores y su incidencia en las diferentes circunscripciones “pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”. 

No habría estado de más que la Sala, al descalificar, eso sí “sin entrar en el fondo del asunto”, la instrucción de la dirección general interpretando la cláusula adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, hubiera tomado en consideración -aunque fuera de pasada- el principio “favor libertatis”, ecuménicamente aceptado como criterio de fundamentación e interpretación de normas y actos jurídicos relacionados con las libertades públicas y derechos fundamentales, que postula la interpretación más favorable al pleno contenido y efectividad de esos derechos. Justo al contrario de lo que la ultraderecha y sus aliados pretenden exigir a los “nietos”: la prueba diabólica de que sus ascendientes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Para rematar la faena, el auto de medidas cautelares despacha en un sólo renglón que la afectación -léase la privación del ejercicio- del derecho de participación de las personas ya inscritas o que hayan solicitado su inscripción en en el Cera no “resulta desproporcionado”, quieren decir desproporcionada, “en relación con los intereses generales”, que pasan a definir Vox, Iustitia Europa y el conservadurismo abrumadoramente mayoritario de la Sala. Demandantes y magistrados que se colocan a sí mismos por encima de la Constitución y de la Ley, que definen cuál es el interés general en forma de proclamación, regulación y garantías de los derechos fundamentales.

Posdata.- Uno, que es jurista de provincias aunque le tocara por esas casualidades de la vida ser ponente de la Ley de Memoria Democrática, cree -y tratará de sustentarlo como mejor pueda- que cada uno de los lesionados en sus derechos por estas medidas cautelares tiene abierto el camino del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la solicitud de medidas que pongan remedio al atropello que acaban de sufrir, en un proceso judicial del que no han sido parte, para que esa agresión no tenga las consecuencias irreparables -esas sí que serían irreparables- que ya se dibujan en el horizonte del ya inminente año electoral, impidiéndoles el ejercicio del derecho fundamental de participación política. 

El daño en los derechos constitucionales se va a producir como consecuencia directa de una acción de un órgano judicial, nada menos que del Tribunal Supremo, y la trascendencia constitucional de este asunto es extraordinaria para la interpretación, aplicación y eficacia de la Constitución y para la determinación del contenido de los derechos fundamentales.

Seis de cada diez españoles creen que los jueces hacen política y sólo cuatro de cada diez consideran que son imparciales. Más del 65% de la población estima que existe la persecución política a través de la justicia (lawfare) en España. 

A pesar de esa convicción tan generalizada, sigue habiendo muchos jueces que no se cortan un pelo. Un ejemplo claro es el juez Peinado con su persecución judicial a Begoña Gómez. Este juez del cuarto turno no tuvo que pasar ninguna oposición para llegar a su puesto. Su hija es concejal del PP en Madrid pero él no tiene ningún inconveniente en investigar a la mujer del presidente de España. 

Otro ejemplo reciente es el caso de la jueza Tardón, que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid en la candidatura del PP cuando Álvarez del Manzano era el alcalde. Esta mujer, a pesar de su pasado político como cargo público, no ha sido capaz de inhibirse en la investigación de la entrada masiva de emigrantes en Ceuta. No hace falta ser un lince para saber que esta investigación es realmente al Gobierno de España.

Es fácil imaginarse la reacción del PP si un juez o una jueza de izquierda ligada al PSOE fuera quien investigara un caso de presunta corrupción o prevaricación de políticos de derecha o de sus familiares más directos. Se habrían rasgado las vestiduras y clamado al cielo ya que suelen presumir de buenos católicos por la mañana mientras que por la tarde quieren expulsar a los migrantes pobres porque les molesta en la cena cuando ven el telediario.

Los jueces se quejan de que se les falta al respeto pero no tienen capacidad de autocrítica porque lo que hacen algunos de ellos es precisamente faltar al respeto al respetable con sus actuaciones partidistas y sectarias ajenas a la deseable imparcialidad judicial. Los jueces no solo tienen que ser honestos e imparciales sino también parecerlo. 

Ayuso abrió esta semana el debate del estado de la región de Madrid y se pegó buena parte de su discurso hablando de política nacional y de Ceuta para atacar al gobierno de España como suele hacer a menudo ya que apenas puede mostrar aciertos en su gestión de la Comunidad de Madrid. 

Ella se subió al estrado de la Asamblea de Madrid y empezó a leer todo el discurso que Miguel Ángel Rodríguez le escribió la noche anterior para que soltara el tradicional rollo crítico contra el gobierno central, tapándose así sus vergüenzas, sus mamarrachadas y sus áticos, que están por las nubes.

La susodicha se cree que es la versión femenina de Donald Trump y que puede decir la mayor barbaridad del mundo sin que le ocurra nada. Lo peor de Ayuso no es ella misma, que también, sino sus seguidores descerebrados que la defienden como si en ello les fuera la vida.   

Sabemos que a la presidenta de la Comunidad del ático le faltan varios hervores pero muchos más deben faltarles a sus hooligans y simpatizantes para convertirse en sus votantes. Si realmente Ayuso es la lideresa de la derechona española, la izquierda está de suerte porque sus conmilitones no podían haber encontrado una peor.

Tampoco hay que ser muy listo para comprobar que la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de España es manifiestamente mejorable, pero la oposición no ofrece ninguna solución alternativa que no pase por la ilegalidad de devolver ipso facto a los migrantes a Marruecos.

La derechona es esa gente de ley y orden que a las primeras de cambio se vuelve ilegal y desordenada. Es como el toro de Jesulín: solo hace falta ponerle un trapo rojo delante para volverla loca. Y si el trapo es rojigualda, ya no te digo. 

Normalmente los ministros del Interior suelen ser los más reconocidos por la derecha por su especial cometido al frente de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero en el caso de Grande-Marlaska la cosa cambia. Es uno de los ministros más acosados por la oposición y eso que es el miembro del Gobierno más cercano a ella ideológicamente.

A su ineficacia en la crisis de Ceuta se une ahora la lista de periodistas que su departamento ha elaborado para indicar quiénes son de la cuerda y quiénes no. No se trata de una lista negra porque hasta ahora no ha habido ningún perjudicado ni nadie al que se le haya tratado especialmente mal por su rejo derechista o reaccionario. 

Sin embargo, es un asunto que huele mal. Sabemos que hay instituciones públicas e incluso cargos del PP y de Vox que han amenazado a periodistas con cerrarles el medio por contar verdades que a ellos no les gustan. Lo han hecho varios diputados de la derechona española y hasta el jefe de Gabinete de Ayuso ha amenazado a medios progresistas por hablar del ático de su jefa. Es muy significativo que Marlaska sea un juez del gusto del PP desde la época en que perseguía etarras en la Audiencia Nacional. 

También Garzón era aplaudido con las orejas por la derecha española cada vez que atrapaba a un terrorista en su etapa de la Audiencia Nacional pero luego cometió el error de ir de segundo en la lista de Felipe González por Madrid y a partir de ahí la derecha lo acosó sin tregua porque nunca le perdonó el desliz. Fue empezar a investigar los desmanes de la dictadura franquista y la derecha lo puso en la diana primero y en la picota después. Si se hubiese incorporado al PP, otro gallo le habría cantado. 

Marlaska fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular e intentó en esa época que lo nombraran Fiscal General del Estado y para eso se valió de la amistad con algunos periodistas, entre ellos el director de La Razón, Francisco Marhuenda, ex parlamentario del PP catalán. Él mismo lo ha confesado públicamente. 

Desconozco qué ha visto Pedro Sánchez en él para repescarlo cuando sabe que ideológicamente no es un hombre de izquierdas. Es curioso que Marlaska sea el blanco constante de la oposición, que no para de lanzarle dardos. Es posible que el PP le quiera hacer pagar un coste político después de que Marlaska lo abandonara por otro. Son celos políticos muy humanos pero la derechona no sabe el favor que le hace a la izquierda ese machaque a Marlaska porque es el menos querido del votante socialista.

A ver si por una vez Sánchez hace caso a la oposición y de paso le hace un favor a la izquierda de su gobierno. 

En abril de 2018, Canarias aprobó el Decreto 48/2018, que regula las Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP). Ya han pasado más de ocho años y creo que ha llegado el momento de confrontar lo que dice aquella norma con lo que estamos viviendo los agricultores de esa fruta en las islas.

El citado decreto establece entre los objetivos de las OPP la planificación de la producción para ajustarla a la demanda, especialmente en calidad y cantidad; la concentración de la oferta y la comercialización; la optimización de los costes de producción, y la estabilización de los precios de producción.

No estamos hablando de una propuesta de los agricultores canarios de plátano. Estamos hablando de una norma legal y de obligado cumplimiento.

Pero ocho años después, la realidad que seguimos viviendo resulta difícil y no concilia con esos objetivos: hay excedentes, retiradas de fruta y largos periodos en los que el precio recibido por el cosechero pone contra las cuerdas la rentabilidad de muchas explotaciones. En 2023, por ejemplo, llegamos a retirar del mercado aproximadamente 26,5 millones de kilos de plátano de Canarias. Después hemos vuelto a recurrir a retiradas.

Pica, pica y más pica, como se conoce en la jerga del sector.

La pica puede ser necesaria como herramienta puntual de regulación, pero lo que no puede ocurrir es que terminemos utilizándola como sustitución de aquello que debió haberse hecho antes. Porque retirar fruta es actuar sobre el problema cuando este ya existe. En cambio, planificar es intentar llegar a él. Y esta diferencia es precisamente el centro de este debate.

La pica no borra los costes del agricultor. Cuando retiramos un kilo de plátano, ese kilo ya está producido. El agricultor ya pagó el agua, los fertilizantes, la mano de obra, la Seguridad Social, los tratamientos y el resto de costes de su explotación agrícola. Podemos retirar la fruta, sí, pero no podemos retirar la factura que dejó el proceso de producirla.

Por eso, la falta de resultados en la planificación tiene una consecuencia económica muy concreta: termina afectando a la rentabilidad del agricultor.

Y llegados a este punto, volvemos de nuevo al Decreto 48/2018. Esta norma territorial no habla únicamente de planificación. Entre los objetivos de las OPP, también establece la optimización de los costes y la estabilización de los precios de producción.

Sin embargo, después de ocho años, demasiados agricultores seguimos encontrándonos durante largos periodos con precios que no permiten cubrir adecuadamente nuestros costes. Eso no puede normalizarse.

Las OPP tienen una responsabilidad, y estas no pueden limitarla a recibir, empaquetar y comercializar la fruta que los agricultores les entregamos.

En efecto, el Decreto 48/2018 les asigna un papel mucho más amplio. Si entre sus objetivos está el de planificar la producción y ajustarla a la demanda, ocho años después tenemos derecho a exigir resultados de esa planificación. No basta con explicar el excedente cuando ya existe, cuando se ha generado. Hay que anticiparlo. No basta con recurrir a la pica cuando sobra fruta.

Hay que utilizar las previsiones de producción, la información del mercado y la capacidad comercial para actuar con antelación, para planificar. Y no basta, como se hace casi siempre, con atribuir cada crisis al mercado. Precisamente porque el mercado es difícil aparece la necesidad de planificar.

Las OPP tienen una responsabilidad clara en este modelo y no pueden ponerse de perfil cuando los resultados no llegan al agricultor. Y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias tiene la obligación de controlar. Tampoco sería justo cargar toda la responsabilidad sobre las OPP. Pero sí afirmo que la Consejería de Agricultura tiene la suya.

En una entrevista en el programa radiofónico Campo y mar, dirigido por Clemente González, el consejero Narvay Quintero sostuvo que la consejería no tiene que ver con plantar y comercializar plátanos. Es evidente que la consejería no planta ni comercializa plátanos. Está claro. Pero nadie le está pidiendo que lo haga. Solo estamos pidiendo que ejerza las competencias que sí le corresponden, que haga que se aplique la ley.

Y luego existe un hecho especialmente relevante: Narvay Quintero fue precisamente el que propuso y tramitó el Decreto 48/2018 como consejero de Agricultura, en su anterior legislatura con el mismo cargo que tiene en la actual.

El artículo 15 del reseñado decreto establece controles sobre las OPP para verificar el cumplimiento de la normativa, con acciones de control administrativo y con controles sobre el terreno, como mínimo cada tres años.

Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla: no le pedimos a la consejería que plante. No le pedimos que comercialice. Le pedimos que controle.

La Administración pública no puede establecer una normativa, disponer de mecanismos de control y después presentarse como ajena a los resultados del modelo que debe supervisar. Y luego las OPP tienen que responder por la parte que les corresponde. La consejería también.

Y el consejero de Agricultura tiene una responsabilidad política como máximo responsable del departamento que gestiona el sector agropesquero.

Ocho años son suficientes. Después de ocho años no necesitamos más declaraciones de intenciones. Necesitamos conocer los resultados, y que la consejería haga públicos los controles realizados sobre las OPP desde la entrada en vigor del Decreto 48/2018.

Debemos conocer las actas y los informes, y saber así si se detectaron deficiencias y, en su caso, qué medidas se adoptaron. No estoy afirmando que esos controles no existan. Estoy diciendo que los agricultores tenemos derecho a conocer sus resultados, para ver si durante estos ocho años todo se ha aplicado correctamente. Entonces tendremos que explicar por qué seguimos llegando repetidamente a retiradas de fruta y por qué tantos productores continúan atravesando periodos de rentabilidad insuficiente. Esto es lo que importa. Porque mientras unos discuten sobre dónde empieza y termina su responsabilidad, el agricultor no puede esconderse de ninguna de las suyas.

El Decreto 48/2018 lleva más de ocho años vigente. No pedimos milagros. Pedimos planificación a quienes tienen que planificar. Pedimos control a quien tiene que controlar. Pedimos responsabilidades cuando los resultados no llegan. Y pedimos que todo ello tenga una consecuencia fundamental: que el agricultor pueda vivir dignamente de producir plátanos.

La pica puede ser necesaria alguna vez. Pero pica, pica y más pica no es planificación.

Después de ocho años, el Decreto 48/2018 tiene que pasar definitivamente del papel a los hechos.

Ahora bien, mientras eso no se traduzca en resultados visibles para el agricultor, la pregunta seguirá encima de la mesa: ¿dónde está la planificación?

El pasado 4 de septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas vivió lo que ya se considera una jornada histórica para los países africanos, por el enorme simbolismo de la medida que se debatía: la necesidad de que todo el planeta adoptase como nuevo estándar un mapa con una proyección más ajustada a los tamaños reales de los países y los continentes. Se trataba, en esencia, de dejar atrás el tradicional mapamundi que todos tenemos en la retina, el llamado Mercator, para adoptar un estándar cartográfico llamado Equal Earth (tierra igual). 

La votación partía de una propuesta promovida y liderada por Togo, en representación de toda la Unión Africana, tras toda una campaña de concienciación con un mensaje claro: Corregir el Mapa (#CorrectTheMap). Porque los africanos llevaban años reclamando y reivindicando que la preminencia global y estandarizada de un mapa que empequeñece el tamaño real del continente es también un mensaje político y económico. Pura geopolítica.  

Corregir el mapa, pues, suponía saldar una deuda pendiente con la verdad científica, la precisión pedagógica y el reconocimiento de la igual dignidad de todos los pueblos. Desde Casa África hemos seguido este proceso y la votación final con la convicción de que estábamos asistiendo a una decisión simbólica, histórica y potente: la superación formal de una distorsión visual que ha condicionado la mirada de la humanidad durante casi cinco siglos. 

Para comprender el porqué de este acuerdo es necesario hacer un ejercicio de pedagogía elemental viajando hasta el siglo XVI. En 1569, el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator diseñó un mapa concebido para un fin práctico muy concreto: la navegación marítima europea. Su proyección cilíndrica permitía conservar los ángulos y trazar rumbos de brújula en línea recta sobre la carta marina, lo que supuso una revolución para los navegantes de la época. 

Sin embargo, proyectar la superficie esférica de la Tierra sobre un plano rectangular exigía inevitablemente un sacrificio matemático. La solución de Mercator consistió en estirar los territorios a medida que se alejaban del ecuador y se aproximaban a los polos. El resultado práctico de esta fórmula suponía hipertrofiar visualmente el Hemisferio Norte y empequeñecer drásticamente las regiones ecuatoriales. 

Algunos datos de esta distorsión son elocuentes. Por ejemplo, en los mapas escolares tradicionales basados en Mercator, Groenlandia y África parecen tener un tamaño similar. Sin embargo, la realidad matemática es que el continente africano posee una superficie de 30,4 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Groenlandia cuenta con 2,2 millones de km². Es decir, África es 14 veces más grande de lo que nos han mostrado las paredes de las aulas durante generaciones. 

El habernos proporcionado esta visión desde desde pequeños ha provocado que no seamos conscientes del verdadero tamaño de África: en su territorio cabrían holgadamente Estados Unidos, China, India, Japón, España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, y aún quedaría espacio libre. Un excelente trabajo infográfico de Kai Krause en 2010 lo mostró de manera excepcional. 

La herramienta creada para orientar carabelas en el siglo XVI terminó convertida, por inercia y costumbre, en el plano educativo por defecto del planeta. Es decir, que todos los alumnos de cualquier lugar del mundo aprendían de un mapa con una visión que falseaba el tamaño de unos y reducía el de otros. 

Y esto es precisamente lo que la Asamblea General de Naciones Unidas apoyó de forma abrumadora el otro día (164 países dieron el sí), con la única oposición frontal... de los Estados Unidos de Trump. Aunque la resolución aprobada carece de carácter jurídicamente vinculante, el mensaje político es contundente.  

La resolución es también fruto de un largo proceso de concienciación y mucha diplomacia, especialmente para llegar a un acuerdo de qué mapa con las proporciones corregidas contaría con consenso para ser llevado a votación. Se discutieron diversos modelos, pero el impulso definitivo llegó en 2018 con la creación de la proyección Equal Earth por los cartógrafos Bojan Šavrič, Tom Patterson y Bernhard Jenny, que mantenía la proporcionalidad real de las superficies de los continentes sin deformar sus contornos. 

A partir de este desarrollo, la sociedad civil africana lideró la campaña global #CorrectTheMap, promovida por organizaciones como Africa No Filter (con la que hemos colaborado desde Casa África) y Speak Up Africa. En agosto de 2025, la Unión Africana asumió oficialmente la iniciativa y encomendó a la diplomacia de Togo la tarea de encauzar la propuesta en las Naciones Unidas. Uno de sus principales impulsores durante todo este proceso fue el ex representante especial de la Unión Africana Carlos Lopes, gran amigo de Casa África y autor de tres libros de nuestra colección de ensayo. 

Las palabras pronunciadas ante la Asamblea General por el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, resumen con precisión la trascendencia del momento: “Un mapa justo no cambia la geografía del mundo. Cambia la forma en que se percibe el mundo. Y cuando nuestra perspectiva se vuelve más justa, sienta las bases para un mayor entendimiento, mayor respeto y paz entre las naciones”. Lo que se aprobó, concluía, respondía a una exigencia de “justicia cognitiva y reparación de la memoria”. 

El reto que se abre a partir de ahora es traducir esta recomendación de las Naciones Unidas en una realidad palpable en la vida cotidiana. Corresponde a los ministerios de educación, a las editoriales de libros de texto, a los medios de comunicación y a las empresas cartográficas de todo el mundo asumir esta indicación.  

No hay razón técnica ni educativa para seguir reproduciendo en las aulas o en las pantallas de nuestros teléfonos inteligentes una imagen del mundo que deforma la realidad física de los continentes. 

Desde Casa África, con proyectos como Enseñar África, reafirmamos nuestro compromiso con esta labor pedagógica e institucional. Mostrar a África en su verdadera dimensión no es regalarle nada: es, sencillamente, empezar a mirar al mundo tal y como es.  

Solo llevar a los institutos y debatir con los alumnos qué mapa del mundo estábamos estudiando y cuál es el mapa que estudiaremos a partir de ahora es ya un potente instrumento de empatía y aceptación del otro, todo un proceso reflexivo que puede servir para generar en las mentes de nuestros jóvenes una reflexión sobre temas tan necesarios como el colonialismo, la reparación y la justicia internacional. 

Hay casas en Canarias donde estos días huele a libro nuevo y a mochila recién comprada. A lápices sin estrenar. A estuches que todavía conservan ese orden que perderán en pocas semanas.

Hay niños contando los días para volver al colegio y padres intentando que no falte nada.

Y hay una casa donde una niña también prepara su mochila.

Sus padres son jóvenes. Están ilusionados y nerviosos, como todos.

Pero mientras colocan los libros, ellos tienen una pregunta que otros padres no necesitan hacerse: ¿Estará el colegio preparado para nuestra hija?

Ella tiene autismo. Y mañana no solo estrenará curso. Sus padres estrenarán también una preocupación.

¿Habrá suficientes apoyos? ¿La entenderán? ¿Tendrá los recursos que necesita? ¿Podrá participar como los demás?

Porque hay familias para las que la vuelta al cole no termina cuando se cierra la mochila.

Empieza entonces.

Y conviene decirlo sin rodeos: una niña con discapacidad no necesita que la escuela le haga un favor. Necesita que la escuela cumpla con su obligación.

Canarias ha dado pasos en inclusión y este curso mantiene proyectos y medidas específicas para atender al alumnado con necesidades educativas diversas. Pero reconocer los avances no debería impedirnos hacer la pregunta incómoda: ¿de qué sirve que un niño tenga una plaza si después tiene que pelear para poder ocuparla en igualdad?

Porque inclusión no es matricular. Inclusión es participar. Es aprender. Es jugar. Es salir al recreo. Es hacer una excursión. Es poder estar en el aula sin que la discapacidad convierta cada día en una negociación.

Mientras unos padres preparan mochilas, otros preparan carpetas llenas de informes, solicitudes, valoraciones y documentos.

Y quizá ese sea uno de los mayores fracasos de nuestro sistema: que algunas familias tengan que convertirse en expertas en Administración para conseguir aquello que debería estar garantizado por derecho.

Y no ocurre solamente en los colegios.

También ocurre en las universidades.

Hay estudiantes sordos que llegan al aula con las mismas ganas que cualquier otro estudiante y que necesitan apoyos para poder seguir plenamente lo que ocurre dentro de ella.

Un intérprete de lengua de signos no es un privilegio, ni es una ayuda extraordinaria, es un recurso que permite que una persona pueda acceder a la educación en igualdad.

La Universidad de La Laguna contempla entre sus medidas de apoyo al alumnado con discapacidad la posibilidad de solicitar interpretación en lengua de signos. Pero una cosa es que el recurso exista y otra que llegue cuando se necesita, durante el tiempo que se necesita y sin convertir cada curso en una nueva carrera de obstáculos. Porque estudiar una carrera ya exige bastante esfuerzo como para tener que luchar además por poder entenderla.

Y después están las personas sordociegas.

Ahí las palabras “accesibilidad” e “inclusión” adquieren otra dimensión.

Comunicación. Información. Orientación. Desplazamientos. Mediación.

No hablamos simplemente de colocar una rampa o adaptar un documento. Hablamos de contar con la persona y el apoyo adecuados para poder comunicarse y desenvolverse.

La mediación para las personas sordociegas no es un extra. Para algunas personas, es la diferencia entre participar o quedarse fuera.

Y están también los estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave. La mayoría estudia en centros ordinarios, con apoyos especializados y recursos adaptados. Pero la inclusión no termina cuando el alumno entra en el aula.

También está el recreo. El comedor. Una excursión. Una actividad extraescolar. Un cambio de clase. Esos minutos en los que no hay una pizarra delante, pero sí hay algo igual de importante: infancia.

Porque un niño no va al colegio únicamente para aprender matemáticas o lengua. Va para jugar, relacionarse, hacer amigos, descubrir quién es y aprender a desenvolverse con los demás.

Y ahí también necesita apoyo quien lo necesita.

De poco sirve que durante una hora tenga todos los recursos si después, en el patio, nadie sabe cómo acompañarlo. Si una excursión se convierte en una barrera. Si una actividad deja de ser accesible. Si el comedor o los espacios comunes se convierten en lugares donde vuelve a quedarse al margen.

La inclusión no puede funcionar por tramos horarios.

Un niño no deja de necesitar apoyos cuando suena el timbre.

Porque un colegio accesible no es solamente un colegio al que se puede entrar. Es un colegio en el que se puede estar en el aula, pero también en el patio, en la excursión, en la actividad, en el comedor… en todos esos lugares donde, sencillamente, ocurre la vida.

Y quizá ahí esté la verdadera diferencia.

Hemos aprendido a utilizar mucho la palabra “inclusión”.

Está en las leyes. En los planes. En los proyectos. En los discursos.

Pero la inclusión no se demuestra escribiéndola. Se demuestra un martes cualquiera, a las diez de la mañana, dentro de un aula, cuando una niña con autismo tiene el apoyo que necesita, cuando un estudiante sordo puede seguir una explicación, cuando una persona sordociega dispone de mediación, cuando un alumno ciego recibe su material accesible al mismo tiempo que sus compañeros. Ahí es donde se decide si estamos hablando de inclusión o simplemente de buenas intenciones.

Porque hay algo que tampoco deberíamos olvidar: los derechos no pueden depender de la capacidad de una familia para insistir. No deberían depender de cuántas veces llame una madre. De cuántas reuniones consiga. De si sabe a qué puerta llamar. De si tiene tiempo para presentar una reclamación. Ni de cuánto pueda aguantar.

Una familia no debería tener que convertirse en una corredora de fondo para que su hijo pueda estudiar.

La Administración puede hablar de recursos.

Las estadísticas pueden hablar de plazas.

Los programas pueden hablar de inclusión.

Pero las familias saben perfectamente cuándo un recurso llega tarde. Y cuando llega tarde, para un niño puede significar perder una clase. Un trimestre. Una oportunidad. A veces, algo mucho más difícil de recuperar.

Mañana miles de niños volverán al colegio.

Habrá mochilas nuevas, libros, nervios, abrazos, lágrimas, fotografías en las puertas.

Y quiero volver a aquella casa. A aquella niña. A sus padres jóvenes preparando la mochila.

Quiero imaginar que cuando ella cruce mañana la puerta del colegio, ellos puedan sentir lo mismo que cualquier otro padre.

Que su hija está empezando un nuevo curso. No una nueva batalla.

Que puedan preguntarse si hará amigos, si le gustará su profesora, si volverá contenta a casa. Y no sí tendrá el apoyo que necesita.

Porque la pregunta nunca debería ser si una niña con autismo está preparada para la escuela. Ni si un estudiante sordo está preparado para la universidad. Ni si una persona ciega puede adaptarse al aula.

La pregunta debería ser si nosotros estamos preparados para ellos.

Porque la discapacidad no debería obligar a nadie a demostrar cada septiembre que merece estar dentro.

La inclusión no consiste en dejar entrar. Consiste en hacer sitio. Y ese sitio no puede depender de una solicitud, ni de una reclamación, ni de la suerte.

Cuando suene el timbre, todos deberían empezar el mismo curso, pero no porque todos sean iguales, sino porque todos tengan las mismas oportunidades para aprender.

Y quizá ese sea el verdadero examen de septiembre.

No el de nuestros hijos.

El nuestro.

Aureliano Buendía, después de 32 contiendas bélicas, renunció a su pensión vitalicia y solo puso como condición que sus soldados la pudieran cobrar. Esa promesa incumplida por parte del Estado -real o mágico- sería también la agonía del coronel que no tenía quien le escribiera y que esperaba el correo como único anhelo en la vida. Ese correo no era solo la confirmación de un derecho prometido, sino la prueba de que el Estado reconocía que aquellos soldados que habían luchado por la causa liberal existían.

Porque existir es radicalmente importante cuando te juegas la vida por la cosa pública. Por ello, el reconocimiento era una obsesión y el único requerimiento que Aureliano Buendía puso antes de retirarse a Macondo a hacer pescaditos de oro.

Tenemos una deuda con los pueblos latinoamericanos y no es solo literaria. No solo con los países que acogieron a los republicanos que huyeron de una muerte cruel y segura, sino con sus descendientes, a quienes el fascismo privó de ser españoles y del arraigo propio del proceso natural de sus familias.

El olvido es una forma de exterminio, aunque no deje cicatrices físicas. España mira a su pasado y ve rostros a los que no mira a los ojos; si no fuera así, no se entendería que su Tribunal Supremo suspenda cautelarmente la ley que intenta otorgar, tarde, el derecho al voto en España a los descendientes de quienes tuvieron que marcharse de España -sus abuelos o bisabuelos- para no acabar en una cuneta, sin nombre y sin duelo.

El fascismo truncó sus destinos para siempre y hasta el día de hoy. A esos nietos los vemos como primos lejanos, pensando que quizá, no son ahora una prioridad. Pero veámoslo de la manera en que espera el coronel: más como una deuda que como un favor. Veámoslos como a quienes nos esperan porque les hemos dicho que vamos a llegar, no porque necesiten una limosna.

Hay poderes en el Estado español que siguen en guerra. Es muy nocivo para la democracia que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente una decisión de la Junta Electoral, formada mayoritariamente por magistrados del propio Tribunal Supremo. Es peligroso que, en la incertidumbre que sucede a esa decisión, crezcan como setas noticias falsas o suposiciones difundidas principalmente por los herederos políticos de quienes echaron de España a los abuelos de quienes ahora no quieren que voten.

Se va a torpedear otra ley que tiene que ver con la memoria democrática para que sigan muriendo las personas que podrían verse reparadas por ella, y eso es sadismo institucional. Se van a morir los coroneles del asco esperando una carta y, en el desagüe de todo, se pierde más democracia.

Nada hay que proponer ante unos errores, cuando menos despistes, del gobierno de España. Solo destruir, a diario y en todas partes. Ya lo dijo (Aznar) López, otro personaje de tebeo detestable y procaz. Se trata de odiar a Marruecos y sus habitantes, cosa vieja en la derecha de este país: hace cien años nos metieron en una guerra colonial sin sentido de la que no se pudo salir hasta que los franceses estuvieron en confluencia. Desde entonces, miles de españoles muertos de las clases populares que no podían eludir ni con dinero ni con enchufes, el servicio en África. De ahí nacieron casi todos los males de la patria, esa que no se reivindica y que no es folclore: mitos estrafalarios y, sobre todo, espadones ascendidos de manera fulgurante, y así llegamos a la guerra de España y la apestosa dictadura. Solo es historia, como lo será, muy pronto, lo de estos días, con personajes tan patéticos como los de entonces, y con centenar y medio de muertos anónimos que parece ser, no son de nadie.

De las crónicas de aquellos desastres de hace un siglo, me quedo con Imán, de Ramón J. Sender, y La forja de un rebelde, de Arturo Barea, ambos, como se sabe, de lectura obligatoria y análisis en nuestras escuelas e institutos: así de mal salen los “pisas”, porque no están estos libros, entre otras lecturas.

La sufrida condición de profesores y profesoras de enseñanza media –menuda cacofonía- es la causa de las causas del fracaso escolar, mal pagados y peor considerados socialmente. Así entran cada día en las aulas, y salen peor, las que salen. Hace poco más de un año daba clase de filosofía en un instituto de los campos madrileños. Al lado estaba la fábrica de galletas Cuétara, en la que nunca entré. Olía a harina o lo que fuera, y mi último día de clase, una alumna de bachillerato marroquí me regaló unos pasteles árabes que me encantan, hechos por su madre, difícilmente puede olvidarse el gesto. Allí estaba la convivencia de culturas, para el que quisiera verla y disfrutar, y también ciertos insultos y odios controlados a su manera por el profesorado. Como me dijo una de ellas, “parece mentira que no te haya gustado mucho la película ”La sustancia“, va contigo”. Y así me quedé, dudado con la dichosa sustancia y la transmutación de Demi Moore, y comiendo pastelería marroquí.

Vamos a explicar de forma muy didáctica y sencilla en qué consiste la mal llamada Ley de Nietos, porque lo que es realmente es una disposición adicional, la octava concretamente, dentro de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en las Cortes españolas en julio de 2022, y entró en vigor, tras su publicación en el BOE, Boletín Oficial del Estado, el 21 de octubre del mismo año.

Mi partido, el PP, junto a Ciudadanos, Junts, la CUP y VOX votaron en contra y se abstuvieron ERC y el BNG. Esta nueva norma vino a reemplazar la Ley de Memoria Histórica del ex presidente Zapatero, sí, el del rescate de Plus Ultra y las joyas millonarias en el cajón del despacho entre otras linduras.

La nueva Ley salió del ideario sanchista-socialista junto a su socio entonces del cuasi extinto Podemos. Hasta ahí llegamos porque ahora viene la explicación, ya que hay mucho periodista y mucho político algo perdidos en el tema en cuestión.

Una vez se aprueba la Ley en el Congreso, una semana más tarde aproximadamente, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, dicta la famosa instrucción que está siendo objeto de debate político y judicial.

Se publica en el BOE el 26 de octubre y entra en vigor el 27 de octubre.

Esa instrucción administrativa, que no fue refutada por las Cortes porque se incluyó después de la aprobación de la Ley, lo que viene a recoger es que se da por hecho que toda aquella persona que salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo hizo por razones de persecución política, por cuestiones ideológicas o de orientación sexual y, por tanto, sus descendientes nacidos en el exterior tienen derecho a obtener la nacionalidad española y votar. La Ley no dice esto.

Hay que acreditar que se salió por los motivos que recoge verdaderamente esa disposición adicional octava de la Ley. No hay más. Todo lo que argumenta el Gobierno nacional es una interpretación suya. Y es por este motivo por el que hace tan solo unos días el Tribunal Supremo anunciaba la suspensión, de manera cautelar, del derecho a voto y las nuevas altas en el censo electoral para aquellos nacionalizados como españoles, a menos que acrediten, repito, que sus antepasados, abuelos o abuelas para más señas, tuvieron que exiliarse por los motivos que exige la Ley. Parece ser que el Gobierno se ha excedido con esta instrucción que se sacó de la manga para hacer política sucia e incrementar el censo de forma poco correcta.

Tras la aprobación de la ley y la dichosa instrucción administrativa que desvió la norma, se han estado incorporando al censo electoral español de forma paulatina cientos de miles de personas que pueden cumplir o no los requisitos, y lo que deben hacer es acreditarlo correctamente, pero no ha sido así. Es otro truco sanchista, otra jugarreta que defiende un ministro canario de desmemoria democrática que parece más centrado en criticar al Partido Popular que de ponerse a trabajar. Ya me dirá alguno de los lectores de este humilde artículo qué ha hecho este hombre por España y por Canarias en estos cuatro años. Soy toda ojos y oídos.

Hasta el momento de la suspensión cautelar de la Ley por orden del Alto Tribunal, y según datos oficiales del propio Ministerio de Exteriores, se han presentado en consulados más de un millón doscientas mil solicitudes. Se han aprobado más de medio millón de expedientes y se han resuelto casi trescientos cincuenta mil.

La cuestión en liza y el cabreo del Gobierno tras el parón de la Ley nos hace reflexionar sobre qué interés hay realmente en esa prisa, en esa instrucción administrativa, en esa interpretación de la Ley que no se ajusta a lo aprobado. No vamos a ser tan mal pensados de creer que esto lo hace por fines electoralistas, ni que con todas las nuevas nacionalizaciones se puede llegar a alterar el número de escaños en casi 10, que hay pueblos en nuestro país en lo que habrá en las próximas elecciones más votantes residiendo fuera de España que en el municipio en el que voten desde el extranjero. Surrealista. Todo apunta a que hay un interés electoral detrás; recordemos que estamos hablando del gobierno de Pedro Sanchez, alias el Pinocho de la política española.

Por todas estas incorrecciones el Supremo ha puesto la pausa a la Ley. Y por eso la pataleta del Gobierno que se destapa la triquiñuela. No hay más. Todo lo que te cuenten es faltar a la verdad. No se puede cambiar una Ley por medio de una instrucción.

Y no quiero terminar este artículo sin recordar el motivo por el que el PP votó en contra de la Ley de Memoria Democrática, porque no quiero que nadie manipule los argumentos que nos llevaron a decir no.

El Partido Popular quiso aportar, como principal partido de la oposición y forma responsables, su granito de arena y su visión democrática al articulado de la Ley. Todas, insisto, todas las enmiendas que presentamos fueron rechazadas por el PSOE. Ese es su sentido de diálogo y su respeto al resto de fuerzas políticas.

Pero es que además siempre mantuvimos, y así se ha visto después, que esta norma venía realmente a romper el espíritu de reconciliación de la Transición y de la Ley de Amnistía de 1977. Además, hacía una lectura partidista y utilizaba la memoria histórica para dividir a los españoles, para confrontar y levantar muros ya eliminados. Esto ha traído esta Ley.

Soy bisnieta de un alcalde republicano que fue cruelmente asesinado en aquellos años negros para la Historia de España. Mi abuela se fue de este mundo sin saber dónde se encontraban los restos de su padre del que nunca se pudo despedir, y eso que luchó toda su vida por saber su localización para poder darle el adiós como ella quería.

En mi familia seguimos buscando al abuelo Casimiro y lo hacemos desde la unidad, desde el perdón y desde el respeto a las orientaciones políticas de cada uno de nosotros. Ese debe ser el espíritu de la Ley, unir y desterrar el odio solo así se construye el presente y el futuro.

Hace un año, una revista española de Derecho Internacional me solicitó investigar la muerte de periodistas en Gaza y la posible responsabilidad internacional de Israel. Como lector de periódicos, siempre me ha atraído el periodismo. Quizá por eso intento, desde mi ámbito académico, participar en él en la medida de lo posible. Esta reflexión procede, en parte, de aquel artículo académico y, en parte, de algo que observo desde hace tiempo y que numerosas organizaciones internacionales vienen poniendo de relieve: el periodismo es hoy una profesión peligrosamente expuesta.

Pero ¿quién es periodista? Cada vez me convence más una noción funcional: periodista es quien busca, contrasta y difunde información de interés público, con independencia de una acreditación o de su pertenencia formal a un medio. Las nuevas formas de comunicación han desdibujado las viejas fronteras de la profesión, pero no su función esencial: averiguar qué ocurre y contarlo. En Gaza, demasiados han muerto precisamente mientras cumplían esa función.

Hay profesiones que entrañan riesgos y otras en las que el riesgo comienza precisamente cuando se hacen bien. El periodista puede ser perseguido no porque haya incumplido su función, sino porque la ha cumplido: ha visto, ha preguntado, ha investigado y, finalmente, ha contado.

Gaza constituye su manifestación más extrema. Cuando comencé aquella investigación, la cifra de periodistas muertos ya resultaba estremecedora. Mientras escribía, siguió aumentando. A 30 de agosto de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas contabilizaba 263 periodistas y trabajadores de medios muertos desde el 7 de octubre de 2023, además de 174 heridos y 114 encarcelados por Israel. Las cifras, sin embargo, corren el riesgo de producir un extraño efecto moral: cuando los muertos son demasiados, dejan de tener nombre y comienzan a convertirse en estadística.

Pero el problema de Gaza no se limita a los muertos. Se han documentado detenciones, destrucción de instalaciones y de equipos, restricciones a la prensa extranjera y cortes de comunicaciones. Consideradas conjuntamente, todas estas actuaciones dificultan la obtención, contrastación, conservación y transmisión de información independiente. El periodista palestino se ha convertido así demasiadas veces en testigo y víctima de aquello que estaba destinado a contar, y en el único que informa, porque la prensa internacional tiene prohibido o severamente restringido el acceso a la Franja.

El Derecho Internacional es claro en lo esencial: los periodistas son civiles mientras no participen directamente en las hostilidades. No dejan de serlo porque sus informaciones incomoden, porque adopten una determinada posición editorial o porque aquello que publiquen perjudique políticamente a una de las partes. Muchas pruebas utilizadas por tribunales internacionales de naturaleza penal proceden del trabajo de periodistas; es decir, para mí también son una fuente de prueba en el ámbito de los crímenes internacionales. Sudáfrica, de hecho, hizo referencia a su función de documentación al solicitar medidas provisionales en su contencioso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. La cuestión verdaderamente inquietante comienza después: ¿qué significa que tengamos normas suficientes para proteger a quien informa y que, pese a ellas, informar pueda conducir reiteradamente a la muerte?

Sería tranquilizador pensar que Gaza constituye una excepción derivada de la guerra. No es así.

En la Amazonía, el enemigo puede no llevar uniforme. Puede ser la minería ilegal, el narcotráfico o los intereses económicos vinculados a la explotación de la tierra. El asesinato del periodista británico Dom Phillips, junto al indigenista Bruno Pereira, permanece como símbolo de ese periodismo que se interna en un territorio para averiguar qué ocurre y descubre que hay intereses dispuestos a impedir, mediante la violencia, que determinadas realidades sean conocidas.

México ofrece otra versión de la misma historia. Informar sobre corrupción, crimen organizado o las relaciones entre ambos puede significar recibir amenazas, desaparecer o morir. Los secuestros y asesinatos de periodistas vuelven una y otra vez a recordarnos que la impunidad no es solo lo que sucede después del crimen. También es lo que prepara el siguiente.

Y no hace falta viajar a una guerra, a la selva amazónica ni a México. Estos días, en Ceuta, periodistas españoles que cubren la crisis migratoria —aunque la cuestión no se agota en esos términos— han recibido golpes, insultos y amenazas. Naturalmente, sería absurdo equiparar Ceuta con Gaza o con México. La gravedad es incomparable; pero el mecanismo merece atención: primero se desacredita al periodista; después se le convierte en parte del conflicto; finalmente, se considera legítimo intimidarlo porque ya no se le percibe como alguien que cuenta los hechos, sino como un enemigo.

Esto no exige idealizar el periodismo. Hay periodistas y periodistas: los hay rigurosos y negligentes, independientes y complacientes. Y el periodismo también tiene responsabilidades. En España, nuestra Constitución protege la información veraz, pero esa protección exige al periodista diligencia, contraste de fuentes y una actitud responsable ante los hechos. La libertad de información no ampara el rumor ni la invención, pero tampoco sus errores se combaten convirtiendo al informador en enemigo. La crítica se responde con crítica; la información, con información. Nunca con violencia.

Ahí reside una de las amenazas de nuestro tiempo. Hemos pasado de discutir las noticias a discutir el derecho mismo de alguien a contarlas. Y cuando el periodista se transforma en enemigo, la cámara puede convertirse simbólicamente en un arma, la pregunta en una provocación y la discrepancia en traición.

También conviene desconfiar de la aparente neutralidad de la frase “atengámonos a los hechos”. Los hechos son imprescindibles, pero nunca llegan solos. Alguien los selecciona, los ordena, decide cuáles merecen ser vistos y cuáles permanecen fuera de campo. En ocasiones, la apelación abstracta a los hechos puede esconder otra exigencia menos inocente: aceptar como realidad la versión de quien tiene mayor capacidad para imponerla.

Por eso proteger a los periodistas no significa conceder privilegios a una profesión. El periodista no merece vivir porque sea periodista: merece vivir porque es persona. Pero necesitamos que pueda hacer su trabajo porque cuando desaparece quien pregunta, quien fotografía, quien contrasta y quien cuenta, no desaparece solamente una voz. Desaparece un testigo.

Y cuando una sociedad se queda sin testigos, el poder adquiere el más peligroso de sus privilegios: no ya hacer lo que quiera, sino decidir después qué ocurrió.

Las informaciones, compartidas con otras fuerzas de seguridad y agencias y servicios de información, nacionales y extranjeros, “no se correspondían en contenido ni alcance” con los hechos que provocaron después “el colapso de la frontera” por un desplazamiento de migrantes al mismo tiempo “con una dimensión sin precedentes”.

Así reza el informe que el Servicio de Información de la Guardia Civil ha remitido a la jueza Tardón, de la Audiencia Nacional.

Nadie ha cuestionado esta información contrastada y publicada por Pedro Águeda, periodista de tribunales de ElDiario.es.

¿Nadie? Nadie. Ni desde luego lo han cuestionado los dirigentes tanto más fascistizados cuanto mediocres del PP y de Vox. Ni, por supuesto, los poderes fácticos de los que Feijóo y Abascal son meros bufones.

Porque si las informaciones de que disponían el SIGC no proporcionaban indicios de los acontecimientos que se desencadenaron, promovidos o tolerados -que ya se acabará sabiendo- por Marruecos y por todos los que han salido desde el minuto cero a manejarlos como arma contra el Gobierno de España, empezando por Trump, ¿dónde podría sustentarse la “traición” de Pedro Sánchez que pretenden exigir por la vía penal?

De “traición” hablan desde el PP, el partido que embarcó a España en la Guerra de Irak, contraria al Derecho Internacional y sustentada en la mentira de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y en contra de la opinión abrumadora de la sociedad española. Agresión ilegal y traición (esa sí) a España la que perpetró impunemente Aznar, y que luego tuvo como consecuencia trágica la matanza de Atocha, a pesar de su encaje como anillo al dedo en el Código Penal, cuyo artículo 590.1 castiga con penas de 8 a 15 años de prisión a la autoridad que “con actos ilegales… expusiere a los españoles a experimentar represalias en sus personas o en sus bienes”. El mismo tétrico individuo que se permite seguir dándonos instrucciones a los españoles.

Ni el menor atisbo de realidad ni de fundamento jurídico esas diatribas de ¡traición!, con que pretenden acabar llevando a Pedro Sánchez ante la Sala II del Tribunal Supremo, cuya mayoría está visiblemente involucrada en la estrategia contra todo lo que represente o tenga relación con el Gobierno constitucional de España y con su presidente.

Los mismos que han promovido el rechazo a la acogida de los menores migrantes llegados a Ceuta por parte de sus Comunidades Autónomas, al igual que han venido haciéndolo con los llegados a Canarias.

Los mismos que están realizando con insistencia la propuesta delictiva de devolver también a los menores a Marruecos. Los mismos partidos desde cuyas filas se propone ir a “cazar uno a uno” a los migrantes llegados a Ceuta. Los mismos que se echaron atrás del previo acuerdo entre las autoridades ceutíes y estatales de instalar un campamento temporal en terrenos de la zona portuaria de Ceuta, por lo que el Gobierno ha decidido tomar el control del puerto de Ceuta para autorizar que se instale en la zona más alejada de la población una ubicación temporal con carpas para más de 1.000 inmigrantes.

Ante este panorama protogolpista uno tiene que preguntarse ¿Quiénes están traicionando a España?

Pues los mismos sectores de intereses (y sus títeres institucionales) que allá por los años 90 consideraron “necesario llegar al límite y poner en riesgo el Estado, con tal de terminar”, como confesó Luis María Ansón sobre las maniobras del “sindicato del crimen” contra Felipe González. Pero ahora, contra Pedro Sánchez y su Gobierno. Porque desde la égida de Aznar a la presidencia del PP, la derecha real española no acepta la democracia si no concentran en sus manos no sólo el poder económico sino también el poder político.

Y en el actual tenebroso escenario internacional se sienten como pejes en el agua y están más desenfrenados que nunca.

Agosto, vacaciones, playa, familia, amistades y lectura. El verano me ha dado un paréntesis tan necesario como el pan de cada día, un tiempo más lento que por fin permite reencontrarse con la cultura y con las personas que importan. Hace ya unas semanas estuve en Agaete en la presentación del libro de Marta Saavedra sobre su tío Jerónimo. Hacía tiempo que no coincidíamos con la calma que da el verano, y volver a abrazarla en este homenaje al gran Jerónimo Saavedra fue muy especial.

Marta y yo compartimos andadura en la administración durante la etapa del Gobierno del Pacto de las Flores. Coincidimos como directoras generales, ella al frente de Transparencia y yo en la Dirección General de Protección a la Infancia, una responsabilidad compartida desde áreas muy complejas que nos unió primero como compañeras y luego como amigas. Que me haya dedicado el libro con tanto cariño añade un componente emocional inevitable a la lectura, y también me coloca en una posición particular para reflexionar sobre lo que estas páginas remueven.

Terminar el libro deja un poso de los que obligan a detenerse. Para quienes trabajamos en los márgenes de vulnerabilidad social, la protección a la infancia y la adolescencia desde la psicopedagogía y la intervención social, enfrentándonos día a día al engranaje real del sistema de protección, la figura de Jerónimo Saavedra resulta fascinante y a la vez incómoda. Marta retrata a su tío desde el afecto familiar y con el eco de más de cuarenta voces, pero más allá del tributo político hay algo profundamente revelador en su forma de entender las costuras del Estado frente a la vulnerabilidad.

Suelo mirar los relatos biográficos con cierta distancia, buscando la grieta donde el personaje público solapa las contradicciones del día a día. Sin embargo, al cruzar la semblanza de Marta con la huella documental que Jerónimo dejó como Diputado del Común entre 2011 y 2018, el texto cobra otra dimensión. Ahí, en el tramo final de su vida pública, no estaba gestionando presupuestos millonarios ni negociando grandes pactos; estaba leyendo expedientes de niños y niñas bajo la tutela de la Comunidad Autónoma, quejas de familias desbordadas y retrasos administrativos injustificables.

Hay algo especialmente incisivo en cómo ejerció esa defensoría en lo relativo a los derechos de la infancia. Mientras el discurso institucional solía y suele tirar de una retórica impecable sobre el interés superior del menor, las memorias anuales que Saavedra elevaba al Parlamento canario tenían un tono muy distinto: directo, incómodo y sin paños calientes. Releyendo ahora aquellos informes, me impresiona comprobar la lucidez con la que señaló los agujeros del sistema. Reprochó con insistencia la parálisis en la elaboración del II Plan del Menor e Infancia, afeó la falta de herramientas informáticas unificadas para rastrear la situación real de los niños tutelados y denunció las abultadas listas de espera en recursos básicos como los Puntos de Encuentro Familiar.

No le tembló la mano al señalar a la propia Dirección General de Infancia. En las páginas de sus informes quedaron registradas las quejas por la lentitud exasperante en las valoraciones de idoneidad para el acogimiento familiar, anteponiendo demasiadas veces el acogimiento residencial en centros a la calidez de un hogar, la falta de protocolos entre acogimiento y adopción o las trabas en los regímenes de visitas. Incluso dejó constancia de algo tan grave como el bloqueo de información por parte de la administración cuando la defensoría intentaba investigar la realidad de los centros de menores en conflicto con la ley, exigiendo datos transparentes sobre reincidencia y expedientes sancionadores.

Sabiendo de primera mano lo insoportablemente lento que se mueve el engranaje administrativo cuando se trata de la infancia vulnerable, leer aquellos reproches institucionales de Saavedra reconforta y duele a la vez. Quienes evaluamos los entornos de desarrollo de niñas, niños y adolescentes sabemos que el tiempo institucional no tiene nada que ver con el tiempo vital de la infancia. Seis meses de parón en un expediente de riesgo, en una valoración o en un recurso de acogimiento no son un trámite diferido. Son meses de desarrollo emocional robados que no se recuperan jamás. Jerónimo lo veía con la claridad del jurista y la empatía del humanista. Sabía que la inercia burocrática es, en la práctica, una forma silenciosa de violencia institucional.

También impresiona revisar sus demandas sobre la educación en la primera infancia, la etapa de cero a tres años. En un contexto donde la política prefería hablar de grandes infraestructuras de transporte o cemento, él insistía en el Parlamento en que la verdadera obra pública eran las escuelas infantiles gratuitas y universales. No lo enfocaba como un simple parche para conciliar, sino como la primera red de prevención social, el lugar donde se compensan las desigualdades de origen antes de que la exclusión sea irreversible.

Al acabar la lectura de Jerónimo Saavedra, el último procer y repasar mis notas del libro, me queda la certeza de que Marta no propone una mirada nostálgica hacia el pasado, sino una interpelación directa al presente. La propia trayectoria vital de Jerónimo, su forma de asumir la diversidad en la vida pública sin pedir permiso ni perdón, atravesaba también su manera de entender el amparo institucional. Proteger a la infancia no es tutelar desde el paternalismo autoritario, sino garantizar que la dignidad, la palabra y el tiempo de cada niña, niño o adolescente se respeten por encima de cualquier conveniencia o rigidez administrativa. Ese es el verdadero homenaje que le debemos a su memoria y la lección exigente que nos conviene no olvidar.