Considero positiva la decisión del Gobierno estatal de asumir una parte importante de la deuda de las comunidades autónomas, algo más de 83.000 millones de euros, y que en el caso canario asciende a 3.259 millones. Es, sin duda, una buena noticia. Así lo entendió Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) desde un primer momento, aunque matizando algunas de sus formulaciones y cantidades. Curiosamente, la aplauden hoy también aquellos, como Coalición Canaria, que hace apenas un año, de forma demagógica e irresponsable, habían calificado esta condonación como un agravio a Canarias para regalarle dinero a Cataluña. Y señalado, incluso, que la propuesta aumentaría la deuda per cápita canaria con el Estado. O dijeron un disparate entonces o bien aquello tan negativo y perverso se transformó milagrosamente en una circunstancia exitosa, que encima, sin ruborizarse, tratan de apuntarse.

Hay que recordar que, en el marco de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en noviembre de 2023, se anunció el acuerdo del PSOE con ERC que recogía, entre otros aspectos, que el Estado asumiera el 20% de la deuda de Cataluña (1.980 euros por habitante, ajustado a población de 2021).

Manifesté entonces nuestro apoyo a la medida, señalando que esa quita de la deuda debería extenderse “al conjunto de las nacionalidades y regiones, y no solo debe afectar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sino también a la deuda suscrita con los bancos; y, asimismo, debe tener en cuenta el esfuerzo realizado por cada comunidad en la contención del gasto o en la aplicación de políticas fiscales”.

De robo a bendición: mentir sale gratis

Sin explicación alguna, CC ha pasado de demonizar la condonación a considerarla una bendición. Su diputada Cristina Valido votó el pasado día 23 de julio en el Congreso de los Diputados la toma en consideración del Proyecto de ley de la condonación de la deuda de las CCAA que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten. Las mayores cantidades corresponderían a Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.067), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644) y Castilla La Mancha (4.927).

Indigna este cambio de opinión de CC cuando este partido (a través de sus portavoces parlamentarios, la presidenta del Cabildo de Tenerife y otros dirigentes), los portavoces del gobierno canario de CC y PP y el propio Clavijo habían calificado esta propuesta de un maltrato a Canarias para beneficiar a Cataluña. Se dijeron auténticas barbaridades entonces, como que con la nueva propuesta cada canario iba a tener más deuda del Estado que en la actualidad o que se robaba dinero a Canarias para financiar a Cataluña. El presidente Clavijo explicó hace un año que Canarias salía “peor” del acuerdo de condonación, insistiendo en que los canarios van a “tener que pagar una fiesta a la que no han sido invitados”. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, llegó a afirmar que “lo que no vamos a tolerar es que nuestro dinero vaya a saldar la deuda de otras comunidades”.

Por otra parte, la misma cifra ahora sujeto de quita de la deuda, exactamente 3.259 millones de euros en el caso de nuestra Comunidad, fue calificada de “robo” por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Clavijo. Lo reafirmó el presidente del grupo parlamentario de CC, David Toledo, cuando señaló que “nos están tratando de quitar 1.700 millones de euros, que es el precio que cuestan los siete votos de Junts”. Todos en tromba faltando a la verdad de manera absolutamente intencionada. También sus tertulianos y medios afines.

Por si fuera poco, el Gobierno canario, en una reunión con los portavoces parlamentarios el 17 de enero de 2024, trasladó a Nueva Canarias-Bloque Canarista (por escrito y con el logo del Gobierno de Canarias que aún conservamos), una propuesta disparatada de la consejera de Hacienda donde se solicitaba que Canarias recibiera 10.953 millones de euros (cuando la deuda de la Comunidad Canaria apenas alcanza los 6.500 millones). ¡Es decir que se nos quitara la totalidad de la deuda y además nos “regalaran” 4.500 millones más! Propuesta, evidentemente, más pensada para dinamitar cualquier negociación y para alimentar el “frente anti-Sánchez” con el PP, como ya hizo la propia consejera canaria del PP con su “espantada” del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 26 de febrero de 2025 cuando se discutió este tema.

50% de reducción

Desde NC-bc hemos defendido la misma idea incluida en la PNL propuesta por nuestro grupo y aprobada el 28 de febrero de 2024 por el Parlamento (en contra de la opinión de la consejera de Hacienda) para que se hiciera con el criterio de quita de la deuda “por población ajustada”, porque nos parece lo más equitativo. De esta manera habríamos superado los 4.400 millones, unos 1.000 millones más. La propuesta del Ministerio de Hacienda, ya hoy incluida en el Proyecto de Ley que inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, y aceptada por el Gobierno canario, supone para Canarias la reducción de su deuda en un 50%, es decir, 3.259 millones de euros.

Aunque en NC-bc seguimos defendiendo nuestro planteamiento (que, como señalaba, fue apoyado por el Parlamento de Canarias) de que el importe de la quita para todas las comunidades sea el importe de la deuda por población ajustada, que es el indicador que se usa en el sistema de financiación autonómica para el reparto de los recursos del sistema, consideramos que la propuesta que se está tramitando es positiva para Canarias. Y nos sorprende que ahora, apenas un año después, sin que se haya modificado ni un solo céntimo ni una coma de la propuesta inicial tan duramente rechazada por el Gobierno canario de las dos derechas, la condonación resulta una maravilla e incluso, casi casi, un invento de CC y de su Gobierno. Cataluña, al parecer, ya no nos roba. Hace falta valor. Escasa memoria. Y nula ética política.

La sincronía de los acontecimientos geopolíticos rara vez obedece al azar; es, por el contrario, el síntoma visible de una convergencia dialéctica mucho más profunda. Responde al deterioro estructural del sistema capitalista global y a la precipitación de crisis que el imperialismo instrumentaliza como palancas de recomposición autoritaria. España atraviesa hoy un periodo de vulnerabilidad multidimensional extrema. A la catástrofe climática encarnada en incendios forestales sin precedentes, se suma una violenta ofensiva interna de acoso judicial e intoxicación mediática diseñada para desestabilizar al Ejecutivo central. Esta ofensiva es ejecutada por la díada reaccionaria española —la alianza orgánica entre el PP y Vox— cuyo brazo armado es el lawfare judicial y mediático, operando como correa de transmisión de una estrategia de desgaste de mayor calado. Y es precisamente en este epicentro de fragilidad política interna donde se activa la válvula de escape exterior: la crisis fronteriza en el sur. La llegada masiva, fuera de los cauces legales, de decenas de miles de personas a Ceuta —un episodio de tal gravedad que el propio Gobierno español ha tenido que calificarlo como una vulneración de la integridad territorial— no es un accidente, sino la pieza de un tablero mayor.

La tragedia fronteriza es, en términos geoestratégicos, un arma de guerra híbrida. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 50.000 personas fueron empujadas a cruzar el límite fronterizo en una operación de dimensiones inéditas, que ya se ha cobrado un trágico saldo de más de sesenta fallecidos en suelo español. Lo que define este suceso como una operación de chantaje no es el flujo humano en sí, sino su fría orquestación: la deliberada inacción y la permisividad calculada de las autoridades de Rabat, que levantaron la vigilancia en puntos neurálgicos como el espigón limítrofe. No hubo falla operativa; hubo un movimiento táctico de la monarquía alauita para asfixiar al Estado español en su momento de mayor debilidad.

Pero Marruecos no actúa en solitario. Lo hace como pieza subordinada —como Estado subimperialista— dentro de una arquitectura geopolítica superior. Su alineamiento con la transacción colonial de los Acuerdos de Abraham, mediante la cual Washington y Tel Aviv avalaron la ocupación ilegal del Sáhara Occidental a cambio del sometimiento incondicional de Rabat a la agenda anglo-sionista, ha transformado al reino norteafricano en el gendarme del Estrecho y en el verdugo de los gobiernos disidentes. La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el conflicto de Palestina, su negativa a involucrar a España en la agresión armada estadounidense e israelí contra Irán —bloqueando el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón— y su resistencia al incremento desmedido del gasto militar dictado por los Estados Unidos a la OTAN, han activado el mecanismo de castigo del bloque imperialista. Ceuta no es un problema migratorio; es una represalia geopolítica en toda regla.

Esta ofensiva desestabilizadora no es improvisada; está explícitamente teorizada y promovida desde los centros de poder estadounidenses. El reciente informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, impulsado por el sector neocon liderado por Mario Díaz-Balart bajo la cobertura de Marco Rubio, ha calificado formalmente a Ceuta y Melilla como «territorios bajo administración española situados en Marruecos», instando explícitamente a negociar su estatus. Esta declaración no es una ocurrencia retórica: es un acto de agresión institucional que cuestiona la soberanía española desde la propia legislatura del país hegemón.

A esta presión política se suman las provocaciones de los ideólogos del imperialismo y el sionismo. Michael Rubin, del American Enterprise Institute —vinculado a la maquinaria de inteligencia israelí y conocido por fabricar las falsas pruebas de armas de destrucción masiva que justificaron el genocidio en Irak en 2003—, ha incitado públicamente a Marruecos a organizar una «nueva Marcha Verde». Su plan es claro: enviar excavadoras para derribar las vallas perimetrales y facilitar la invasión de multitudes desarmadas para tomar las ciudades, ejecutando una sustitución demográfica y la expulsión forzosa de la población local. Esta retórica no es un exabrupto; se inscribe en una campaña de desestabilización narrativa que es amplificada por la maquinaria de intoxicación digital de magnates como Elon Musk y por la retórica agresiva de Donald Trump, quien ha sentenciado: «Parece una invasión de un país... y lo mismo nos va a pasar si los republicanos no son elegidos [...] Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que hacen que España parezca algo menor». Con estas palabras, Trump articula un ataque coordinado para consolidar la narrativa del «Estado fallido» español, reduciendo la tragedia humanitaria a mera coyuntura electoral estadounidense y escalando el chantaje hasta presentar a España como el ensayo generalizado de una invasión continental de los nuevos “bárbaros”.

Para comprender la magnitud del momento histórico, es insoslayable inscribir este chantaje en un marco continental. El alineamiento del gobierno neofascista italiano de Giorgia Meloni, suspendiendo el Acuerdo de Schengen con España y el anuncio de Emmanuel Macron de reforzar militarmente las fronteras francesas con España no son hechos aislados. Obedecen al despliegue de una estrategia coordinada desde la internacional reaccionaria y anticomunista urdida en Washington, orientada a la configuración ideológica y material de un auténtico «IV Reich» en el seno de la Unión Europea. El objetivo central de este bloque es la militarización total del continente para sostener a cualquier costo la confrontación bélica contra la Federación Rusa en Ucrania, mientras se prepara el terreno para la colisión estratégica final contra la República Popular China.

Dentro de este macroproyecto imperialista, el asalto a Ceuta y la amenaza latente sobre Melilla actúan como catalizadores ideológicos de primer orden.

De cara a los procesos electorales en Europa, el ensañamiento con la frontera sur y la exacerbación del racismo institucional buscan inyectar el pánico moral necesario en las sociedades europeas. Es la ingeniería del miedo aplicada para desviar la atención de la crisis sistémica del capital, liquidar cualquier reducto de soberanía popular y catapultar al poder a ejecutivos abiertamente nazifascistas, disciplinados bajo el nuevo orden paneuropeo.

En este tablero de agresiones cruzadas, el pueblo canario debe extraer una lección histórica inaplazable. La vulnerabilidad demostrada en la frontera norteafricana expone la falacia de situar la seguridad del Archipiélago bajo la cobertura del atlantismo o en la subordinación a los intereses geopolíticos de Washington. Marruecos, fortalecido por el aval anglo-sionista en la ocupación del Sáhara Occidental y por la complacencia europea, avanza sin freno en su agenda expansionista sobre las aguas jurisdiccionales y los recursos marinos y mineros contiguos a las Islas Canarias. Pretender que el servilismo militarista a la OTAN o la integración en clústeres de la industria de la guerra blindarán al Archipiélago es una ceguera trágica. Canarias no puede seguir siendo la plataforma logística de retaguardia ni el peón sacrificable de las aventuras imperialistas en África; la verdadera salvaguarda del pueblo canario pasa por la exigencia de la neutralidad, el respeto estricto al Derecho Internacional, el apoyo inequívoco al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la firme oposición a ser arrastrados a la espiral del expansionismo alauita.

Frente a esta embestida, la denuncia, también, debe ser implacable y la respuesta, estratégica. Pretender que la soberanía de Ceuta y Melilla, incluyendo la del Archipiélago Canari, pueda ser objeto de transacción en despachos de Washington, o que su integridad pueda ser asaltada impunemente bajo la instigación de ideólogos sionistas y la complicidad del régimen alauita, constituye un atropello flagrante al Derecho Internacional. Cuestionar el estatus de estas poblaciones para utilizarlas como fichas de cambio geopolítico no solo conculca la legalidad internacional sobre el derecho a la autodeterminación, sino que vulnera de forma directa los derechos fundamentales y la seguridad de miles de ciudadanos. El pueblo canario debe estar muy alerta.

La articulación de la resistencia exige desenmascarar esta maniobra sin caer en el chauvinismo reactivo ni en la xenofobia de baja intensidad que la derecha intenta explotar. Se trata de aplicar la pedagogía política y el análisis de clase a las relaciones internacionales para impedir que el eje anglo-sionista destruya la autodeterminación de los pueblos y consolide su proyecto de dominación neofascista en Europa. El «IV Reich» no es una metáfora retórica ni una exageración alarmista: es el nombre de una arquitectura de poder que se está cementando ante nuestros ojos, y cuya primera línea de trinchera ha sido trazada, hoy, en el Estrecho de Gibraltar.

Leyendo en el Plan de Viviendas de Canarias en lo concerniente a medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, en su capítulo I sobre el procedimiento para su declaración, que se recoge entre los capítulos 80 y 98, es necesario abrir el siguiente debate: ¿Cómo es posible que, después de más de veinte años desde la aprobación de la Ley de Vivienda de Canarias y más de una década desde que se reforzó el régimen de las viviendas deshabitadas, apenas se conozcan actuaciones efectivas para aplicar estos artículos?

Los propios datos del gobierno de Canarias hablan de cerca de 211.000 viviendas cerradas, siendo la provincia de Santa Cruz de Tenerife la que cuenta con 110.000 inmueble y la de Las Palmas con 101.000.

Esta ley establece un procedimiento para identificar viviendas deshabitadas, obtener información de compañías suministradoras, ayuntamientos y entidades financieras, crear un registro específico e incluso actuar frente a las personas jurídicas que mantienen viviendas vacías con fines especulativos, un marco legal que existe desde hace años.

Es incomprensible que un instrumento diseñado precisamente para combatir la especulación y movilizar viviendas hacia el alquiler o la venta, apenas haya tenido una aplicación visible, mientras la emergencia habitacional no ha dejado de agravarse y según los datos del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias,solo en demanda de vivienda social figuran más 34.000 demandantes de vivienda pública.

Esta situación interpela a todos los gobiernos que han tenido responsabilidades en materia de vivienda desde entonces. Quienes impulsaron la norma y quienes han gobernado después, deberían explicar por qué una ley creada para evitar que miles de viviendas estén vacías no se ha desarrollado con la determinación necesaria.

Si existe una herramienta legal para actuar frente a las viviendas deshabitadas de grandes tenedores y personas jurídicas, ¿por qué no se ha utilizado de forma efectiva?

Mientras miles de personas no pueden acceder a una vivienda digna y el gobierno desvía el problema con congresos para más construcciones, más cemento y hasta aprobando decretos que van contra los derechos humanos, como el Decreto 23/2026, de 9 de marzo que exige 12 años de residencia, con el solo fin de camuflar la verdadera lista de demandantes con un claro componente xenófobo y discriminatorio. Decreto demandado conjuntamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por Derecho al Techo y el Observatorio DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) el pasado 19 de mayo de 2026.

Mantener durante años una ley prácticamente sin aplicar supone desaprovechar un instrumento que ya podría haber contribuido a reducir la especulación, a dejar de ver la vivienda como un activo financiero, avanzando en la defensa de la vivienda como derecho y a aliviar la grave crisis habitacional que sufrimos en Canarias.

Llega agosto y parece que todo se detiene. Las calles se vacían, las agendas se aligeran y hasta el reloj parece caminar un pizco más despacio. Es como si el mundo nos invitara a bajar el ritmo, aunque solo sea por un rato.

Y quizá sea una buena oportunidad para hacer algo que durante el resto del año dejamos para después: ponernos al día con nosotros mismos.

Porque resetearnos no significa necesariamente irnos lejos, apagar el teléfono o pasar un mes entero tumbados al sol. A veces basta con parar. Con pensar. Con preguntarnos cómo estamos, qué queremos conservar y qué cosas ya no necesitamos cargar.

Agosto puede ser ese pequeño paréntesis que nos permita tomar aire y mirar nuestra vida con un poco más de distancia. Revisar prioridades. Ordenar emociones. Recuperar conversaciones pendientes. Volver a esas personas que queremos y que, entre unas cosas y otras, hemos ido dejando para luego.

Agosto es también ese café que tenemos pendiente.

Y también puede ser el momento de disfrutar más de quienes tenemos cerca. De sentarnos a comer sin mirar el reloj, de alargar un café, de dar un paseo, de conversar sin prisas o, simplemente, de estar. Porque durante el resto del año quizá dedicamos muchas horas al trabajo, a las obligaciones y a esa carrera diaria que nos deja poco tiempo para quienes queremos. Agosto puede recordarnos que la vida también está en esos momentos sencillos que compartimos con los nuestros y que, muchas veces, son precisamente los que más echamos de menos cuando vuelven las prisas.

También puede ser un buen momento para recordar que no tenemos que vivir siempre a la misma velocidad. Que cada uno tiene su propio ritmo y que no pasa nada por bajar una marcha cuando el cuerpo, la cabeza o el corazón lo necesitan.

Quizá el verdadero descanso no consista solamente en dejar de trabajar, sino en dejar de exigirnos tanto.

Así que, si agosto nos ofrece una oportunidad, chiquillos… aprovechemosla. No hace falta cambiar de vida. A veces basta con cambiar de perspectiva.

Parar. Pensar. Respirar.

Y después, cuando llegue el momento, volver a arrancar. Pero esta vez a la velocidad que cada uno quiera.

Y si te toca trabajar en agosto, tranquilo, tranquila… que agosto, a veces, llega en septiembre o en octubre.

La presunción de inocencia atraviesa hoy una de sus mayores tensiones: la justicia investiga, pero los medios sentencian antes, y los jueces lo toleran. Las filtraciones sobre la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a mostrar cómo la instrucción mediática puede desbordar al proceso judicial, erosionando garantías esenciales y alimentando relatos de culpabilidad sin base contrastada. Cuando la opinión pública se forma antes que el juez, la grieta constitucional se agranda.

La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución, no es solo un principio técnico del proceso penal. Es una garantía estructural del Estado democrático: protege al ciudadano frente al poder punitivo y preserva la legitimidad del sistema judicial. Sin embargo, en España se ha convertido en un derecho cada vez más frágil cuando la investigación penal se desarrolla en paralelo en los medios de comunicación, alimentada por filtraciones policiales o judiciales que nunca deberían producirse.

El caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a situar este problema en el centro del debate público. La UDEF ha difundido, o ha permitido que se difunda, hace apenas dos días, información detallada de la investigación: movimientos bancarios, relaciones societarias, pagos y rastreos patrimoniales. Todo ello mientras la causa sigue abierta ante el juez Calama y, según se denuncia, sin que el abogado del investigado haya tenido acceso previo a esos datos. Esta secuencia no es solo irregular; es constitucionalmente preocupante.

Lo cierto es que el secreto de las actuaciones no es opcional. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es clara: las diligencias de investigación están sometidas a secreto, salvo decisión expresa del juez instructor. La policía judicial, incluida la UDEF, no puede comunicar información de una causa en curso. Y si lo hace, incurre en una infracción grave del deber de reserva.

Cuando la prensa publica datos que solo pueden proceder de la investigación, se abren dos escenarios igualmente inquietantes:

En ambos casos, el daño institucional es evidente.

La investigación sin comprobación previa por parte del juez Calama o de la UDEF constituye una vulneración añadida del principio de proporcionalidad. A esta erosión de la presunción de inocencia se suma un problema aún más grave: la difusión pública de datos económicos sin que la policía judicial haya verificado previamente si esos ingresos son reales, si están declarados en la renta o si están prescritos a efectos tributarios.

En un Estado de derecho, la investigación penal debe seguir una secuencia lógica: Comprobar la existencia real de los hechos, Verificar su relevancia jurídica, Determinar si están prescritos o ya regularizados y solo entonces valorar si existe indicio delictivo.

Cuando la UDEF, o quien filtre la información, difunde movimientos bancarios sin haber comprobado si corresponden a ingresos declarados, si son operaciones lícitas o si pertenecen a ejercicios fiscales prescritos, se está construyendo un relato de sospecha sin base jurídica suficiente. Y cuando ese relato se publica antes de que el abogado del investigado tenga acceso a la documentación, la vulneración del derecho de defensa es evidente.

Al juez Calama habría que enseñarle que la prescripción tributaria no es un tecnicismo: es una garantía constitucional. La prescripción en materia fiscal protege al ciudadano frente a la indefinición permanente del poder tributario. Si un ingreso pertenece a un ejercicio ya prescrito, no puede ser utilizado para construir una sospecha penal, salvo que existan indicios verificados de delito continuado o de ocultación deliberada.

Difundir información sin estas comprobaciones es, en términos constitucionales, una forma de imputación mediática sin base jurídica.

Como consecuencia de estas irregularidades en el procedimiento judicial que se sigue, aparece, de forma irresponsable, la apariencia de culpabilidad como producto de la precipitación. Cuando se publican cifras sin contexto, sin contraste y sin verificación fiscal, se genera una apariencia de irregularidad que puede ser completamente falsa. La opinión pública recibe números, extractos y movimientos que parecen sospechosos simplemente porque se presentan sin explicación. Y esa apariencia, una vez instalada, es casi imposible de revertir, incluso si la investigación concluye que todo estaba declarado y prescrito.

La justicia no puede permitirse ese tipo de precipitación. La policía judicial tampoco. Y el juez instructor, si conoce estas filtraciones, tiene la obligación de actuar.

La presunción de inocencia también debe proteger frente al linchamiento mediático, si los jueces no la aplican cometen un delito de carácter constitucional. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la presunción de inocencia no se limita al juicio oral. Opera desde el inicio de la instrucción para evitar que la opinión pública condene antes que los tribunales. Cuando informes policiales se presentan como hechos probados, cuando se difunden extractos bancarios sin contexto, cuando se construye un relato de culpabilidad anticipada, el derecho fundamental queda herido.

No se trata de blindar a nadie frente a la investigación penal. Se trata de impedir que el proceso se convierta en un espectáculo donde la reputación se destruye antes de que exista una acusación formal.

Una llamada a la regeneración democrática es urgente y necesaria. España necesita una reflexión seria sobre el uso mediático de las investigaciones penales. No es un problema nuevo, pero sí es cada vez más corrosivo. La filtración sistemática de diligencias policiales y judiciales no solo perjudica a los investigados; deteriora la credibilidad de las instituciones y alimenta la percepción de que la justicia se utiliza como arma política.

La presunción de inocencia no es un obstáculo para la verdad. Es la condición necesaria para que la verdad se alcance sin atropellar derechos. Cuando se vulnera, no solo se daña a una persona: se daña al Estado de derecho.

Hay personas que hoy, en Canarias, siguen esperando años para que la Administración les reconozca oficialmente una discapacidad. Mientras esperan, la vida no se detiene. Las oportunidades, tampoco.

No porque estén pidiendo un privilegio. Ni porque quieran vivir de una ayuda pública.

Muchas de ellas simplemente quieren trabajar. Quieren estudiar. Quieren construir un proyecto de vida como cualquier otra persona. Pero mientras ese reconocimiento no llega, tampoco llegan determinados apoyos, adaptaciones o derechos que la ley les reconoce.

Lo más triste es que, cuando por fin reciben la resolución, muchas veces no sienten alegría. Sienten alivio. Y un derecho nunca debería llegar tan tarde como para convertirse únicamente en un alivio.

Conozco esa espera demasiado bien. No la cuento por teoría. La cuento porque también he aprendido lo que significa que un derecho llegue tarde.

Pensaba en todo esto mientras escuchaba estas semanas que el Partido Popular de Tenerife no establece líneas rojas para alcanzar acuerdos con Vox si las urnas así lo permiten.

No cuestiono el derecho de ningún partido a buscar mayorías. Eso forma parte de la democracia. La pregunta que me hago es otra: ¿cuáles son las líneas rojas de una sociedad?

Lo pregunto porque pertenezco a uno de esos colectivos que sabe perfectamente que los derechos nunca fueron un regalo.

Las personas con discapacidad fuimos de las últimas en incorporarnos plenamente a la igualdad de oportunidades. Hubo que luchar para que la accesibilidad dejara de entenderse como una concesión. Para que estudiar en igualdad de condiciones dejara de parecer una excepción. Para que trabajar dependiera del talento y no de una limitación. Para que la dependencia dejara de ser caridad y pasara a ser un derecho.

Nada de eso apareció por casualidad.

Fue el resultado de décadas de esfuerzo de miles de familias, asociaciones y personas que entendieron que una sociedad solo progresa cuando nadie se queda atrás.

Por eso me cuesta escuchar que determinadas políticas sociales se presenten como un lujo o como una carga. Porque cuando uno ha tenido que pelear por derechos tan básicos aprende que ninguno está garantizado para siempre.

No me preocupan las siglas. Me preocupan las ideas. Porque las siglas cambian. Las ideas permanecen. Y las ideas, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en leyes. O en la ausencia de ellas.

Me preocupa cualquier idea que cuestione políticas que han permitido avanzar a quienes históricamente han tenido más difícil ejercer sus derechos.

Me preocupa que, en una tierra especialmente vulnerable como Canarias, se minimicen desafíos como el cambio climático o se planteen transformaciones profundas de nuestro territorio sin un debate sereno.

Y me preocupa, sobre todo, cualquier planteamiento que termine debilitando el Estado del bienestar.

Porque el Estado del bienestar no existe para hacer más cómoda la vida de quien ya puede resolverlo todo por sí solo.

Existe para sostener a quien, en algún momento de su vida, necesita que la sociedad no le dé la espalda.

Los derechos sociales nunca son un privilegio para quien los necesita.

Son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o pasar años esperando a que una administración, una resolución o una ayuda decidan cuándo puedes empezar a vivirlo.

Quien nunca ha necesitado una prestación de dependencia, una adaptación en su puesto de trabajo o el reconocimiento de una discapacidad puede llegar a pensar que todo esto son simplemente políticas públicas.

No lo son. Son vidas. Son padres que viven con el miedo de qué ocurrirá con su hijo cuando ellos ya no estén.

Son jóvenes que quieren trabajar y no pueden acceder a determinadas oportunidades porque la Administración todavía no ha reconocido oficialmente una realidad que condiciona cada uno de sus días.

Son personas mayores que fallecen antes de que llegue la ayuda que la ley les prometía.

Por eso los derechos sociales nunca son un privilegio. Son la diferencia entre vivir con autonomía o depender siempre de la buena voluntad de los demás.

Siempre me ha llamado la atención que haya quien considere un exceso proteger a quienes todavía ni siquiera están siendo protegidos.

Quizá ese sea el verdadero debate. No si tenemos demasiados derechos. Sino por qué seguimos llegando tarde a garantizarlos.

No escribo estas líneas para decirle a nadie a quién debe votar. Cada ciudadano debe decidirlo libremente. Pero sí creo que todos tenemos la obligación de preguntarnos qué ideas estamos dispuestos a normalizar y cuáles deberían seguir siendo una línea roja.

Porque las líneas rojas no existen únicamente para facilitar o impedir pactos. Existen para recordarnos aquello que una sociedad nunca debería estar dispuesta a negociar.

Los derechos no se hicieron para quienes nunca los necesitarán. Se hicieron para protegernos el día en que la vida deje de preguntarnos si estamos preparados.

Mientras discutimos sobre pactos, estrategias y mayorías, hay personas que siguen esperando una resolución que la ley decía que debía llegar hace meses.

Ellas no necesitan discursos. Necesitan que el Estado funcione. Necesitan que la igualdad de oportunidades deje de ser una promesa. Necesitan que sus derechos lleguen a tiempo.

Las líneas rojas no deberían depender de un partido ni de una legislatura. Deberían empezar siempre en el mismo lugar: donde una sociedad deja de proteger a quienes más la necesitan.

Porque una democracia no demuestra su grandeza únicamente por la facilidad con la que forma gobiernos. La demuestra, sobre todo, por la firmeza con la que protege la dignidad de las personas más vulnerables.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Las legislaturas terminan.

Pero una sociedad que deja de proteger a quienes más la necesitan termina perdiendo mucho más que un debate político. Termina perdiéndose a sí misma.

El reciente Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia, otorgado a San Cristóbal de La Laguna, es un reconocimiento que nace de la escucha, del rigor en la gestión y del compromiso político.

Hacer un municipio accesible no es una tarea que se consigue en corto plazo. Se necesita tiempo, sobre todo en municipios tan grandes; se necesitan recursos económicos que, obviamente, no pueden suponer el total del presupuesto municipal; y se necesita tener mirada amplia y trabajar en el centro, en los barrios, en las zonas urbanas y en las rústicas... Y eso, en escasos siete u ocho años que se lleva haciendo, es una tarea imposible.

Por si fueran pocos los condicionantes, La Laguna cuenta con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, lo que se traduce en que cualquier actuación que se lleve a cabo en el casco conlleva un trámite administrativo que se alarga en el tiempo. Y esto nos hace ser conscientes, a las asociaciones y a los que necesitamos la transformación, de que, aunque queda muchísima tarea por delante, lo hecho hasta ahora merece aplausos y premios.

El reconocimiento no ha sido exclusivamente por la supresión de barreras arquitectónicas, que también. La eliminación de barreras de la comunicación, la inclusión en la vida municipal plenamente, la inclusión en el ocio, en la cultura, en el deporte, los continuos procesos de mejora... todo ello ha sumado a la hora de obtener este premio. Y no menos importante ha sido contar con órganos como el Consejo Municipal de la Discapacidad, activo y participativo, y figuras como la Defensora de las personas con discapacidad, con un calendario de trabajo definido.

La Laguna ha recibido otros galardones importantes, nacionales e internacionales, que han tenido un efecto positivo en la administración, incentivando a todas las áreas municipales, y también en la ciudadanía, que oye continuamente hablar de discapacidad y accesibilidad y eso sensibiliza, dando un magnífico ejemplo al resto de municipios.

Pensar en La Laguna es, para nosotros, pensar que estamos en casa. Que nos miran de frente y no nos ponen ninguna etiqueta. El éxito de la Laguna está en que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos.

Mi felicitación al personal municipal, a las asociaciones, a los ciudadanos, y mi agradecimiento al equipo de gobierno por el compromiso con nuestro colectivo.

Al canarismo lo entiendo como el conjunto de ideologías o prácticas que tienen como prioridad la defensa de Canarias, de igual manera que se entiende al catalanismo, al galleguismo o al andalucismo en sus respectivos territorios. Es un ámbito político que abarca desde el regionalismo al independentismo. Es tan amplio que creo que, en este siglo XXI -y para que sea una opción útil-, se debe reducir a un espacio más concreto: un ámbito verdaderamente democrático y adaptado a nuestra realidad: lo que llamo soberanismo.

No se trata, como iremos explicando, de renunciar a la identidad canaria, sino de comprender que la identidad, por sí sola, resulta insuficiente para responder a los desafíos que afronta este archipiélago atlántico en un mundo globalizado. El objetivo, creo yo, ya no consiste únicamente en reafirmar quiénes somos -que unos lo saben y muchos no-, sino, sobre todo, en decidir cómo queremos gobernarnos.

Durante buena parte de nuestra historia reciente, el nacionalismo canario ha venido construyendo su discurso sobre la reivindicación de una personalidad histórica diferenciada, de una cultura singular y de un sentimiento colectivo de pertenencia. Esa etapa, de la que mi padre, Victoriano Ríos, fue partícipe, desempeñó una función esencial en la recuperación de la conciencia de pueblo, en la defensa de nuestra historia y en la conquista del autogobierno. Sin embargo, las categorías del nacionalismo tradicional –mi padre intentó construir un moderno nacionalismo que no cuajó- responden a un contexto histórico distinto al que creo que requiere el Pueblo canario, que estaba marcado por la construcción de los Estados nacionales y por la reivindicación identitaria como elemento central de legitimación política. Eso ya no existe: ya no hay homogeneidad racial, ni religiosa, ni siquiera lingüística. Por mucho que queramos reivindicar al guanche, que sigue ahí y es parte de nuestra identidad, ya somos otra cosa.

La Canarias del siglo XXI plantea desafíos distintos. La globalización, la manera de relacionarnos con España y la Unión Europea, los movimientos migratorios, la transformación demográfica, la dependencia económica exterior, la emergencia climática o las crisis económicas, que ahora se focalizan sobre todo en las dificultades que tienen nuestros hijos en el acceso a la vivienda, exigen un proyecto político que sitúe en el foco de la acción política la capacidad efectiva de decidir sobre esos asuntos que afectan directamente a la ciudadanía. Es precisamente ahí donde el soberanismo ofrece una respuesta más adecuada que el nacionalismo clásico, un nacionalismo que se parece cada día más, por vaciamiento, al mero regionalismo.

El soberanismo que propugno no pregunta primero quién pertenece a la comunidad política, sino quién quiere participar en ella y contribuir diariamente a construir País. El sujeto político deja de definirse por el origen, la sangre o los apellidos para fundamentarse en la ciudadanía y en la residencia. Es canario, desde una perspectiva política, quien vive en Canarias, desarrolla aquí su proyecto vital y comparte el compromiso con el futuro de las islas. Y eso también es identidad, pues, a través de la voluntad de integrarse en esta sociedad, se convierte en un espacio compartido de integración.

Este nuevo canarismo parte, naturalmente, del reconocimiento de una identidad singular. Canarias constituye una realidad geográfica, histórica, cultural y económica diferenciada, cuya condición archipelágica genera necesidades específicas que no siempre encuentran una respuesta adecuada desde los centros tradicionales -alejados- de decisión. Esa singularidad continúa siendo el fundamento del proyecto político canario, pero ya no constituye un fin en sí misma. La identidad adquiere sentido cuando se convierte en la base sobre la que construir mayores cotas de autogobierno y mejores condiciones de vida para el Pueblo.

Por ello, el soberanismo no representa necesariamente una ruptura con el Estado -aunque pretenda construir País-, sino la reivindicación permanente de una mayor capacidad de decisión para las instituciones canarias. La cuestión fundamental pasa a ser la búsqueda de nuevos espacios de decisión propia en el ejercicio efectivo de competencias, recursos y responsabilidades allí donde los problemas se producen. La proximidad se convierte en un principio democrático: nadie conoce mejor las necesidades de Canarias que quienes son parte de esa sociedad. De ahí la máxima: “aquí vivimos, aquí decidimos”.

Mientras el nacionalismo que aquí se practica hace lustros que abandonó, por incomprensión o indiferencia, el derecho de autodeterminación reconocido por el Derecho internacional, el soberanismo que se propugna quiere aplicar el foco hacia el derecho democrático a decidir, es decir, que ese Pueblo se pronuncie sobre las políticas públicas que afectan directamente al territorio. No se trata únicamente de decidir sobre el estatus político futuro de Canarias, que también, sino de disponer de los instrumentos necesarios para decidir sobre los problemas que nos acucian: la vivienda, la superpoblación, la energía, la gestión migratoria, la protección del territorio, el modelo turístico, la fiscalidad, las infraestructuras, la educación o la sanidad.

Así, la verdadera soberanía consiste en disponer de los instrumentos necesarios para proteger el interés general de la sociedad canaria. Un pueblo es tanto más soberano cuanto mayor es su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad, conservar sus recursos naturales, ordenar adecuadamente su territorio, gestionar sus fronteras administrativas, asegurar oportunidades para las nuevas generaciones y decidir su propio modelo de desarrollo.

Este canarismo, en su vertiente soberanista, ya no necesita legitimarse mediante meros relatos épicos ni construir identidades excluyentes: el clásico godos no, o el más reciente guiris go home-. La legitimidad de ese soberanismo nace de la calle, de la justicia social y de la defensa del bienestar colectivo. La identidad constituye el punto de partida pero no quedarse solo en eso.

El soberanismo canario debe ser profundamente inclusivo. En una sociedad abierta y diversa como la canaria -somos fruto de un mestizaje forjado durante siglos-, el proyecto común no puede construirse sobre criterios étnicos o culturales excluyentes, sino sobre una ciudadanía democrática. Todos aquellos que hacen de Canarias su proyecto de vida deben poder reconocerse en un proyecto político compartido que garantice derechos, deberes y oportunidades en condiciones de igualdad. La identidad canaria se fortalece precisamente cuando es capaz de seguir integrando nuevas aportaciones sin perder sus rasgos esenciales.

Este nuevo paradigma sitúa el interés de Canarias por encima de cualquier otra consideración partidista o ideológica. El soberanismo constituye una forma de entender el ejercicio del poder político desde la defensa permanente de los intereses del archipiélago. Es una cultura política basada en la responsabilidad institucional, en la lealtad hacia la ciudadanía canaria y en la convicción de que las decisiones deben adoptarse, siempre que sea posible, allí donde producen sus efectos.

En definitiva, el canarismo del siglo XXI debe dejar de definirse como un vacuo nacionalismo periférico para afirmarse como un soberanismo autocentrado y democrático. La identidad continúa siendo el elemento que genera cohesión y sentido de pertenencia; la soberanía constituye la herramienta política que permite transformar esa identidad en bienestar, prosperidad y justicia social. El objetivo ya no es únicamente preservar lo que somos, sino disponer de la capacidad necesaria para decidir libremente cómo queremos vivir y cómo queremos construir el futuro de Canarias. Ese debe ser el verdadero horizonte del nuevo canarismo: menos identidad entendida como mera reivindicación simbólica y más soberanía concebida como capacidad efectiva de decidir sobre nuestro propio destino como Pueblo.

Tenemos un problema serio con cómo narramos las realidades que nos duelen. Con la adopción y el acogimiento pasa algo curioso, parece que necesitamos vender el esquema clásico de una infancia que sufre, una administración pública que opera con la precisión de un cirujano suizo y un núcleo familiar maravilloso que, a base de amor y paciencia, borra el pasado y empieza de cero sobre una pulcra página en blanco. Pero spoiler: esa página en blanco no existe. Quienes trabajamos en el ámbito psicopedagógico sabemos perfectamente que las medidas de protección no vienen con perdices al final de la historia, sino con un proceso de acompañamiento e integración emocional de alta complejidad. Si no empezamos a cuestionar las costuras del sistema, seguiremos cronificando el daño en las mismas infancias que prometimos proteger mientras nos colgamos medallas institucionales.

A veces me da por pensar en la mitología clásica, no por ponerme en plan pedante, sino porque el mundo antiguo entendía la psique humana sin tanta laca institucional ni manuales de autoayuda. En el sistema de protección actual operan dos dinámicas inconscientes dignas de tragedia griega. La primera afecta a las familias adoptantes y es el síndrome de Pigmalión: esa necesidad imperiosa de moldear a la persona adoptada para que encaje al milímetro en nuestras expectativas, en nuestro estilo de vida o en lo que sea que imaginábamos en nuestros tableros de Pinterest sobre la mapaternidad. Se asume con una ingenuidad pasmosa que la cotidianidad afectiva actuará como un borrador mágico del trauma temprano y de la memoria biológica. Pero cuando el menor real se distancia del molde idealizado y manifiesta las secuelas lógicas del abandono o de la institucionalización, a los adultos les entra el pánico, la estructura se agrieta y emergen las crisis de apego.

El segundo fantasma es más perverso y opera en el origen. Para validar administrativamente la retirada de una tutela y que todo el mundo duerma tranquilo, el sistema a menudo necesita redactar un relato de buenos y malos digno de una mala película. Es el arquetipo de Lilith: la demonización absoluta de la familia biológica. Reducir a las figuras progenitoras a entes puramente malvados o negligentes queda muy limpio en los informes técnicos, pero le destroza el autoconcepto a la persona menor de edad. En la infancia, la lógica interna es implacable: si mi raíz es defectuosa, yo tengo que estar defectuoso por defecto de fábrica. Nos cuesta horrores asumir que el desamparo casi nunca nace de una maldad mística de manual, sino de la exclusión social, la falta de redes de apoyo, una salud mental vulnerada por el entorno y la pobreza estructural. Cuando el sistema se limita a castigar y estigmatizar en lugar de analizar la violencia estructural, deshumaniza a la familia de origen y condena al sujeto a crecer con miedo de mirarse al espejo por si ve al “monstruo”.

Luego está el peaje invisible, ese elefante en la habitación que casi ninguna institución nombra: el conflicto de lealtades. Al emperador Tiberio lo adoptó Augusto por pura estrategia dinástica y el chaval pagó la novatada a precio de oro: le obligaron a cambiar de nombre, a erradicar su linaje paterno y a divorciarse de la persona a la que amaba para unirse a la hija del emperador, todo muy sano. En la práctica diaria vemos a demasiados adolescentes adoptados viviendo en ese mismo palacio de presiones silenciosas. Sienten que para ser validados del todo, y para demostrar ese “agradecimiento perpetuo” que la sociedad les exige como si les hubieran hecho un favor de caridad, tienen que amputar su pasado y simular que nacieron en un repollo. Obligar a una persona a elegir entre el respeto a su raíz y el amor a las figuras de apego que la crían es una crueldad pedagógica. Ese vínculo con el origen no desaparece por decreto administrativo ni por hacer como que no pasa nada; se queda ahí, enquistado, y acaba emergiendo en forma de sintomatología ansioso-depresiva o mediante una conducta desafiante que vuelve locos a los institutos.

¿Hacia dónde vamos entonces? El espejo en el que debería mirarse el sistema no es la corte de Augusto, sino el mito de Hefesto. A este dios su madre lo arrojó del Olimpo al nacer porque no cumplía con los estándares canónicos de belleza, un desamparo en toda regla. Pero lo recogieron Tetis y Eurínome en una gruta submarina. Y aquí viene lo importante: no utilizaron la magia para borrar su cojera, ni intentaron apuntarlo a clases de milicia para que pareciera un dios de la guerra convencional. Le ofrecieron un entorno predecible, seguro y paciente. Le permitieron ser él, con sus taras. Y en esa gruta, Hefesto desarrolló la forja y transformó su dolor en maestría, convirtiéndose en el artesano más increíble del universo.

Tengo claro que cuestionar el sistema hoy significa exigir tres líneas de actuación urgentes que a la administración le dan bastante alergia. Primero, políticas preventivas reales: dotar de recursos a las familias vulnerables antes de que la retirada de la tutela sea la única opción fácil. Segundo, erradicar el tabú del secreto, apostando firmemente por el acogimiento familiar frente a la adopción y por programas especializados que acompañen la reconstrucción de la historia de vida sin parches ni cuentos. Y tercero, madurez emocional en el mundo adulto para entender que nuestra función no es jugar a ser héroes ni coleccionar finales felices para Instagram, sino ofrecer esa gruta segura para que una infancia herida pueda forjar su propia identidad, con todas sus luces y sus profundas sombras. Todo lo demás es propaganda institucional y literatura barata.

Creo importante abrir un debate serio sobre la ilegalización de las llamadas empresas de “desokupación”, que se esconden tras otras modalidades como falsas inmobiliarias o mediación porque su actividad ha sido objeto de denuncias por presuntas prácticas de acoso, coacciones, intimidación y presión psicológica para conseguir que las personas abandonen una vivienda al margen de un procedimiento judicial y porque atacan a precaristas y personas en una situación económica transitoria, ocasionada por alquileres elevados, pérdida de empleo y hasta por enfermedades. También se puede comprobar su actividad en las redes, incluso en los propios portales de estas organizaciones.

El procedimiento para la recuperación de un inmueble tiene que realizarse únicamente a través de los tribunales y con todas las garantías legales.

Resulta especialmente preocupante que la mayoría de estas actuaciones se dirijan contra personas en situación de vulnerabilidad a través del miedo, la presión constante y las amenazas que hacen que en muchos casos, las víctimas ni siquiera se atrevan a denunciar y por ello, cuando existan indicios de delitos como coacciones, amenazas o acoso, la Fiscalía debería actuar de oficio, ya que el temor puede impedir que las personas afectadas soliciten protección o medidas cautelares.

Planteo esta reflexión ahora porque creo que no se debe normalizar o mirar para otro lado y es durante los meses de julio y agosto, cuando la actividad judicial suele reducirse y parece que algunas de estas empresas intensifican su actividad aprovechando la mayor sensación de indefensión de quienes sufren estas situaciones.

Ninguna familia o persona debería pasar por el sufrimiento de ver acosadas a sus hijas, hijos o familiares para abandonar una vivienda porque cuando se usa la violencia, la intimidación o las coacciones no suelen llevar razón y se vulnera el principio básico de cualquier democracia en la que solo los jueces pueden decidir sobre los derechos de las personas y toda resolución judicial puede ser recurrida con las garantías previstas por la ley.

Si te ves ante esta desagradable situación denúncialo desde el primer momento, desde la primera “visita”, desde el primer contacto. ¿Como actuar ante estas “empresas”?

Junto a estas empresas también existen formas de presión más discretas que son los llamados “desokupas de traje y corbata” quienes, en ocasiones, pueden actuar a través de determinadas agencias inmobiliarias, de supuestos personal shopper inmobiliarios o de otros intermediarios que recurren al desgaste psicológico, al chantaje emocional o a una actitud aparentemente amable y condescendiente para convencer a las personas de que abandonar su vivienda con aquello de que “es lo mejor para ellas”. Aunque los métodos sean diferentes, también pueden generar situaciones de enorme vulnerabilidad e indefensión.

Por otro lado, es imprescindible que las administraciones públicas creen oficinas y programas de información y defensa de las personas inquilinas. Estos servicios deberían actuar como observatorios de estas prácticas, ofrecer asesoramiento jurídico y social, acompañar a las personas afectadas y dotarlas de herramientas para defender eficazmente sus derechos frente a cualquier forma de acoso o presión ilegítima.

Los conflictos relacionados con la vivienda deben resolverse mediante jueces, leyes y políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda, pero nunca mediante el miedo, la intimidación o las coacciones. En una democracia, la Justicia no puede delegarse en empresas privadas, porque ninguna empresa privada, ya se presente como empresa de ‘desokupación’, agencia inmobiliaria o personal shopper inmobiliario, puede situarse por encima de la ley, ni sustituir las funciones que corresponden exclusivamente a los tribunales.

El colmo este julio lo ha puesto el fuego, en Madrid, Ávila y Castellón, y los muertos de Almería. ¿Alguien da más? Sí, cuando escribo esto, en alguna pocilga catódica ya empieza a ponerse en cuestión a la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con un elogio desmedido del voluntariado de los pueblos… A qué huele eso, muy mal. Nada más acabar la guerra de España, una sombrerería de la calle Montera de Madrid puso un anuncio en prensa, pequeño: “Los rojos no usaban sombrero”. No sabemos si el reclamo supuso un éxito comercial pero su notoriedad publicitaria ha llegado al menos hasta aquí.

Los rojos no usaban sombrero, ni lo usan. Usaron gorras, boinas y otros aderezos populares como el chapiri y sus variantes entre los milicianos de la CNT-FAI, véanse las últimas fotos de Durruti. Con el PCE al alza, se impuso la gorra militar, y así la guerra acabó con nosotros. Las parrillas de televisión actuales huelen a estalinismo rancio, sobre todo las de las televisiones públicas en las comunidades gobernadas por el PP, o semigobernadas, por ejemplo la canaria.

Como no estamos cansados, nos anuncian un nuevo canal para otoño: nos pilla confesados y mayores, bien sabemos que su principal promotor quiere hacer caja, y mucha, como ya hizo en anteriores ocasiones en las que el engañado fue ZP, por cierto. El bálsamo del mester de progresía para engatusar a incautos y ya tenemos nuevo canal, la siete, de caballería o de ingenieros. Cuánto iluso y cuánta acompañante necesaria.

Ocurre que la teórica de la televisión solo le importa a los que estamos un poco en las antecámaras de la misma. Esa ilógica de pertrechar los informativos con toda clase de barbaridades, denuestos y ordinarieces, traerá consecuencias para los irresponsables, y también para alguna de las protagonistas inconscientes de lo efímero de su fama. Me refiero a TVE, claro, para que alguna lectora de derechas me lea al menos un segundo. Allá ella.

Los rojos no usaban sombrero, y seguimos sin hacerlo. En mi caso, ni gorras ni demás tapa cerebros: solo tuve una boina muy de niño, y una gorra militar unos meses. Ambas por obligación. Ambas me quedaban mal y me incomodaban. Las olvidaba en todas partes, sobre todo en las pensiones y demás lugares de incierto vivir. También olvidé una en casa de una novia portuguesa, casi estábamos en Portugal, en Figueirido, Pontevedra, preciosa calle de los vinos por cierto. La portuguesa en cuestión era amiga de la hija del coronel de estado mayor, y menor, con lo cual fui objeto de burlas y asechanzas el resto de mi vida juvenil.

Los rojos no usaban sombrero ni cuando eran rojos solo por asimilación. Los rojos contemporáneos nacimos al encanto y a la belleza del lino cuando aquel otro lema publicitario, “la arruga es bella”, iluminaba la primera de El País a modo de anuncio pequeñito. Aunque no lo parezca, todo sigue vigente, sombreros y arrugas en el círculo del fuego.

Cada vez resulta más difícil encontrar a un agricultor de plátano que no esté preocupado por el futuro del sector. Algunos consiguen resistir porque tienen otra fuente de ingresos. Otros sobreviven gracias a los anticipos del empaquetado o de las ayudas. Y muchos están recurriendo a los ahorros de toda una vida para mantener viva su explotación.

Pero la realidad es una sola: los agricultores de plátano, especialmente los pequeños y medianos, están llegando a su límite.

La crisis actual, que algunos medios ya comparan con la de 2023, demuestra que el modelo de comercialización del plátano de Canarias sigue sin ofrecer soluciones eficaces cuando más se necesitan. Cada vez que el mercado entra en dificultades, los precios que reciben los agricultores de plátano caen por debajo de los costes de producción, mientras que el consumidor sigue pagando un precio elevado en los supermercados.

La pregunta es inevitable: ¿quién está defendiendo realmente a los agricultores de plátano?

En mi opinión, una gran parte de la responsabilidad recae en nuestras propias organizaciones. Las organizaciones de productores de plátanos (OPP), seis entidades, y la asociación de todas ellas, Asprocan, fueron creadas para planificar la producción, organizar la comercialización y defender los intereses de los agricultores de plátano en las islas.

Sin embargo, la percepción de muchos productores es que el sector continúa profundamente dividido, sin una estrategia común, sin planificación, sin ideas y sin propuestas eficaces para afrontar las crisis.

Un sector dividido nunca será un sector fuerte. Sin unidad, sin planificación y sin objetivos comunes, el resultado solo puede ser uno: avanzar hacia un callejón sin salida. Y mientras esto ocurre, los que siempre pagan las consecuencias son los agricultores de plátano.

La sensación que existe en muchas explotaciones agrícolas es que las pérdidas económicas de los agricultores de plátano han terminado por asumirse como algo normal. Campaña tras campaña, se repite el mismo escenario: precios ruinosos, preocupación, incertidumbre y ninguna solución de fondo que impida que la historia vuelva a repetirse.

Pero la Administración pública tampoco puede mirar hacia otro lado.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, del Gobierno de Canarias disponen desde hace años de una herramienta legal que puede marcar la diferencia: el Decreto territorial 48/2018. No hace falta crear nuevas normas. Basta con aplicar las que ya existen.

Ese decreto autonómico establece que las OPP deben planificar la producción y la comercialización en beneficio de los agricultores de plátano. Si esa obligación no se está cumpliendo de forma efectiva, corresponde a la Consejería de Agricultura exigir responsabilidades y actuar conforme a la ley. Aplicar el Decreto 48/2018 no debe ser una opción política; debe ser una obligación institucional.

También ha llegado el momento de abrir un debate que el sector lleva demasiado tiempo evitando: ¿por qué los agricultores de plátano no pueden acordar con sus propias OPP un precio que garantice, al menos, cubrir los costes de producción? Si este tipo de acuerdos ya existen en otros modelos de producción, merece la pena estudiar cómo avanzar en esa misma dirección dentro del marco legal.

Los agricultores de plátano tampoco pueden seguir resignados. Es el momento de preguntar, exigir explicaciones, acudir a sus empaquetados, participar en las decisiones de sus OPP y reclamar que las organizaciones y la Administración pública cumplan con las funciones para las que existen.

Porque el futuro del plátano de Canarias no depende únicamente de las ayudas. Depende, sobre todo, de que exista una planificación seria, una comercialización eficaz y un compromiso real con los que producen la fruta.

Si seguimos aceptando que un sector estratégico se dirija sin planificación, sin ideas y sin propuestas mientras los agricultores de plátano siguen perdiendo dinero, la próxima crisis no será una excepción: será la consecuencia de no haber querido corregir los errores que hoy persisten.

La gran pregunta ya no es cuándo terminará esta crisis. La verdadera pregunta ahora es: ¿cuántos agricultores de plátano quedarán cuando llegue la próxima?

El reciente homenaje institucional a José Santana Florido, el Pollo Florido, celebrado en el Terrero de Lomo Cementerio, ha reavivado una exigencia social que el Ayuntamiento de Telde no puede seguir ignorando. Lo que debió ser un acto de estricta justicia y reparación democrática integral se ha quedado, a ojos de quienes defendemos la dignidad de las víctimas del franquismo, en una humilde luchada que sabe a “peor es nada”. Existe la firme convicción de que el Consistorio ha incurrido en un paripé político, limitándose a cumplir de forma parcial y superficial lo acordado por mayoría absoluta en el pleno municipal.

La moción plenaria aprobada no era un brindis al sol ni un mero trámite para cubrir el expediente. El acuerdo exigía compromisos de calado que permanecen flagrantemente incumplidos. Entre ellos, destaca de forma prioritaria la designación oficial de una instalación deportiva local —un terrero de lucha— con su nombre, una medida indispensable para que el legado del puntal permanezca vivo en el día a día del municipio. Asimismo, se ha dejado en el olvido la financiación municipal para la producción de un documental biográfico, una herramienta pedagógica y audiovisual crucial para rescatar del olvido institucional su figura histórica y los crímenes de la represión en el municipio.

La memoria de Santana Florido trasciende la arena deportiva; encarna el heroísmo y la resistencia frente a la barbarie fascista. Quien fuera arrojado vivo a la Sima de Jinámar no marchó como un cordero al matadero: la crónica popular recuerda con orgullo cómo, haciendo uso de la fuerza descomunal de unos brazos curtidos en mil agarradas, logró zafarse de sus ligaduras y arrastró consigo a uno de sus verdugos falangistas hacia el abismo. Un ejemplo de valentía de tal magnitud merece los máximos honores, no un acto efímero que se disuelve al apagarse los focos del terrero.

Resulta especialmente doloroso e injusto el agravio comparativo cuando, a nivel estatal, se cuenta con un Ministerio de Memoria Democrática bajo las siglas del PSOE, y con la mayoría de asociaciones de memoria en Canarias presididas e integradas por miembros del mismo partido en el que militó el propio Florido. Con estos resortes de poder e influencia, resulta incomprensible la tibieza institucional. Ante la vulneración de los derechos de las víctimas de la dictadura, no cabe el conformismo. Con el Pollo Florido, al igual que con cada represaliado por el franquismo, la sociedad civil y las instituciones democráticas tienen la obligación moral de ir a por todas, exigiendo que el Ayuntamiento de Telde cumpla de manera íntegra y sin rebajas la palabra dada en sesión plenaria.

El ejemplo del Pollo Florido sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva canaria, no solo como el gran puntal que fue en los terreros, sino como el símbolo de un pueblo que se resistió a ser doblegado por el terror fascista. Sus poderosos brazos, los mismos que levantaron pasiones en la arena, se convirtieron en su último aliento en la herramienta de un acto heroico de dignidad y justicia ante las puertas del propio abismo. Su figura gigante no cabe en un homenaje a medias. El Ayuntamiento de Telde debe entender que la reparación de nuestra historia es una tarea sagrada y que aún está a tiempo de rectificar. Nunca es tarde para dotar de presupuesto a ese documental y poner su nombre con letras de oro en un terrero municipal, brindando por fin a José Santana Florido el reconocimiento histórico y con mayúsculas que se ganó con creces para la eternidad.

Estamos siendo testigos últimamente de cómo a la hora de votar en nuestros parlamentos, nacional y/o autonómicos, extensibles también a nuestros cabildos y ayuntamientos, todos los integrantes de un partido político deciden al unísono, con total conformidad y muchas veces dando de lado a criterios propios. Pero ahora vemos además que la fragmentación y la falta de mayorías también ha cambiado la fisonomía de nuestras instituciones y la manera de gobernar, sustituyendo o anteponiendo la disciplina de voto a la de partido. Los pactos de gobernabilidad han cambiado los criterios políticos de nuestros representantes que ahora, con pena lo digo, están más pendientes de su futuro político personal que por el de del colectivo social que les ha votado y al que representan.

Que nadie se sienta nombrado, nominado o señalado; porque es una cuestión que está ocurriendo a escala internacional, nacional, regional o insular; en todo caso es como una pandemia generalizada que, al igual que la cochinilla mexicana, puede acabar con una especie autóctona que cuando no se puede con ella lo mejor es catalogarla como invasora. Pues en la política también existen plagas que si no se controlan pueden exterminar la credibilidad de nuestras instituciones y propagar la desafección del ciudadano de la vida pública.

Estoy viendo últimamente en Canarias, que es lo más cerca que me coge, cómo los pactos de gobernabilidad llámense de Las Flores o el actual que de momento no tiene nombre o lo desconozco, están estrangulando la opinión de las islas periféricas que cada vez más van perdiendo esa voz propia, ese criterio particular y diferenciador marcado por el doble o triple aislamiento. La disciplina de partido y la del voto, se está convirtiendo en una manera de hacer política que puede terminar en la renuncia a reivindicaciones y aspiraciones justas de unas islas que, a este paso, parecen estar sometidas a las decisiones de los más fuertes frente a los débiles, hasta que pierdan su identidad y fuerza.

El otro día me di cuenta de que, frente al poderío parlamentario y de gobierno de los palmeros, la construcción del Centro Vulcanológico en Canarias, va a ser cosa de dos, de La Palma y de Tenerife, como ese coche híbrido que camina con la electricidad y con el aporte del combustible en caso de necesidad. Tengo que reconocer que La Palma, y lo digo a título particular, por su nivel de sufrimiento y por sus condiciones de último territorio español en padecer los efectos de una erupción, debe ser sin lugar a dudas la isla de este centro de investigación, y sus parlamentarios no tienen porqué ceder a requerimientos de dobles sedes como en las instituciones canarias. Pero amigos, la disciplina del voto y de obediencia al pacto, está primero.

El caso del drama migratorio, que nos coge más de cerca, puede ser otro ejemplo. Hemos visto en los últimos siete años cómo la solidaridad de los herreños ha sido mal interpretada por los partidos nacionales y nacionalistas. El parque temático de La Restinga ha sido el puerto base de la migración, y cada vez tengo más claro que ha sido la fórmula oculta elegida por el Estado y el Gobierno de Canarias para desviar y centrar el fenómeno, preferiblemente en un único destino, El Hierro, isla que siempre ha mostrado su nobleza, generosidad hospitalidad e incluso la resignación. Sin embargo, no hemos recibido con la misma reciprocidad el agradecimiento de esos partidos nacionales, que incluso se pelean entre ellos por el reparto de los menores no acompañados, porque la disciplina de voto, y no sus conciencias particulares, son las que al final determinan sus posicionamientos.

En El Hierro, y si nos vamos a la infraestructura educativa, vemos cómo partidos de carácter nacional e insular que proclamaban hasta hace nada un campus educativo en la Hoya del Juez, en un donde dije digo ahora que es cosa de un tal Diego que lo soñó o se apresuró, y es mejor ir ahora a una ampliación de cuartos y a un remozamiento del actual CEIP de Valverde, que lo otro fue un ocurrencia y que ahora es mejor conformarse con unas reformas con los profes y chicos dentro y que puede ser la solución definitiva. Primero, la disciplina de voto y después los intereses de la isla.

Ahora con total estupefacción veo cómo un partido de corte insular que no tiene porqué someterse a una disciplina de partido, voto o pacto, y otro de ámbito nacional, no defienden desde el primer momento, con claridad y contundencia, que no se puede meter en un mismo saco el problema de unas islas capitalinas y el de unas periféricas. Con más claridad, que los problemas de vivienda en El Hierro, La Gomera o La Palma, no son los mismos que en Tenerife o Gran Canaria.

Centrándonos en la regulación de la vivienda vacacional, partimos de la realidad cuántica de que en la isla de El Hierro la oferta extrahotelera, representada por apartamentos, casas rurales y vacacionales representan actualmente casi el 95% de las plazas alojativas disponibles. Estos datos, trasladados a los ingresos del turismo reflejan que gracias a la vivienda vacacional podemos ofrecer el destino turístico de El Hierro, que este tipo de alojamiento también repercute directamente en la economía diversificada de sus propietarios, e indirectamente, en la de todo el tejido empresarial y comercial de la isla: restaurantes, bares, tiendas… En datos estadísticos, de las 3.963 plazas turísticas oficiales de las que dispone El Hierro, solo 360 son hoteleras, el resto son viviendas vacacionales que superan con creces ya a apartamentos y casas rurales.

He sido partidario de la regulación de la vivienda vacacional en cuanto a su cantidad y calidad, pero aplicar sobre ellas un régimen de actividades clasificadas, que ahora se quiere disfrazar de “actividad inocua”, es desvestir el santo de la economía circular para dárselo en bandeja a la economía del lobby hotelero. Como decía mi paisano Genaro cuando iba a los bailes, entre menos bultos más claridad.

Creo, desde mi humilde opinión, que nuestros representantes políticos, allí donde estén colocados por el voto de los herreños, gomeros, palmeros…. deben atender a los intereses de la isla que permitió el que estén en sus actuales cargos, y como en la energía, tienen que aspirar a ser autosuficientes y no depender de combustibles fósiles o de decisiones que perjudican a sus ciudadanos.

Este periodo de vacaciones debe servir a algunos y algunas para reflexionar sobre su misión o representación parlamentaria, para poner en valor su libertad de decisión, y para entender que la disciplina de partido y la del voto, no estará nunca reñida con los intereses generales de la sociedad a la que se debe. Siempre, como en cualquier competición, hay que adelantarse a la jugada, para no tener que rectificar a veces tarde y mal.

Sentir fobia al turismo es la secuela más lógica y elemental que se padece tras sufrir las consecuencias del desarrollo invasivo y extractivo de la industria turística en el planeta y, más en concreto, en Canarias. La evidencia no deja duda alguna; el desarrollo de la industria turística daña de forma irreversible aquellos territorios donde se expande, genera pobreza y desigualdad en las sociedades donde se instala, arrasa con la cultura local y la identidad de los pueblos, contamina el medio ambiente, extermina la posibilidad de plantear una vida digna a los habitantes del lugar en donde se expande y pone en serias dificultades la existencia de un mundo habitable en términos temporales cada vez más cortos. Lo distópico sería no tener aversión al turismo.

Es incuestionable que el capitalismo, basado en un crecimiento ilimitado a costa del uso de los recursos de un planeta finito, es la causa y origen del exterminio de la vida tal y como la hemos conocido. Por tanto, sostener esta economía suicida, que ya está mostrando su capacidad mortal, es contribuir a empeorar los perversos efectos del sistema económico que impera. Mientras no enfrentemos el cambio del más por el mejor, mientras sigamos transformando a los ciudadanos en consumidores, mientras sigamos dejando la gestión de lo público en manos del mercado de la bolsa, mientras sigamos siendo vasallos de industrias como la turística y la de la construcción, seguiremos siendo incapaces de identificar que es el turismo el que vive de nosotros y de nuestra tierra.

Entiendo la dificultad de reconocer abiertamente un rechazo firme al turismo, no es fácil desaprender cuando se ha asimilado colectivamente que “vivimos del turismo”, y que si no fuera por el maná de las sandalias con calcetines volveríamos a pasar hambre y sed. Rechazar lo aprehendido culturalmente desde siempre supone un esfuerzo de madurez e independencia difícil de alcanzar y sostener cuando no se tienen las herramientas, los medios o la fortaleza necesaria para nadar contra corriente. Pero cuando es la vida la que se ve directa e irremediablemente dañada por la economía, empeñarse en mantener un sistema económico suicida no sólo es irracional sino antinatural, por lo que el bucle se convierte en patológico.

Espero que se entienda bien lo que estoy intentando expresar, sin ambages ni rodeos y siendo plenamente consciente del revolcón reaccionario que sin duda llegará: afirmo que estamos en una sociedad enferma cuando no se defiende de prácticas y actividades suicidas basadas en un crecimiento ilimitado, y entre ellas, destacan notablemente la actividad turística y la de la construcción. La economía entendida como desarrollo ilimitado es mortal por necesidad.

Nos distraen con los síntomas ante la falta de voluntad política de enfrentar la causa de la enfermedad. La culpa no es del clima por mucho que nos entretengan con las llamadas eufemísticamente “olas de calor”, la causa es nuestro modelo de vida capitalista y su efecto es el cambio climático. Y no es el clima el único efecto perjudicial de esta economía, es la contaminación del agua, el aire y la tierra, es la sexta extinción de las especies, es la crisis de las materias primas, es la crisis democrática y es la crisis humanitaria. Es lo que los expertos llaman “tormenta perfecta” y que, lejos de la opinión generalizada, es previsible y, por tanto, se puede prevenir.

Evidentemente la responsabilidad de mantener un sistema que nos lleva a una crisis civilizatoria no puede repartirse en términos equitativos entre la población, los partidos y los dirigentes económicos. Es cierto que la izquierda no avanza al ritmo que la urgencia requiere, pero es la política negacionista de los partidos de extrema derecha la gran mentira tóxica (PP, Vox y todos los que se apunten a brutos).

La desigualdad crece al mismo ritmo que la frustración alimenta el fascismo, las políticas de la derecha desarman la democracia a cambio de una caña en la Plaza Mayor, algo tan antiguo como el pan y el circo mientras Nerón quemaba Roma. La riqueza se acumula en manos de una escasa minoría que ordena y manda a las marionetas que se presentan a las elecciones. Trump niega el cambio climático, pero no ha hecho otra cosa que usar el poder de ser presidente de EE.UU. para acaparar recursos en sus manos, las de su familia y en las de sus correligionarios. Yo diría que no sólo conoce las consecuencias del capitalismo obsceno, sino que se prepara para escapar de los efectos mortales del sistema que alimenta.

En la escala local ocurre lo mismo, cobardes y traidores vestidos de grandes empresarios de la construcción y del turismo niegan a voz en grito el cambio climático, se resisten a dejar que la gallina de los huevos de oro muera en paz, pero bien que acaparan recursos para sobrevivir. Extraen recursos de las islas mientras se construyen sus cuarteles del norte, invierten su capital en otros lugares del planeta, ellos sí diversifican su economía, adquieren refugios climáticos donde pretenden garantizar su supervivencia... en fin, que para aprovecharse del capitalismo de amiguetes, los primeros, para huir de la isla cuando empiece la sed y el hambre, también los primeros.

¿Ves a los adalides del desarrollo en pleno brote psicótico cuando subimos del 95% de ocupación o superamos algún récord turístico? Es la histeria de los matarifes. Y luego se extrañan de que mostremos cierta aversión a la fiesta de la matanza.

Cuando la humanidad desborda los límites biofísicos del planeta, falta planeta. El genocidio palestino es tan caro en estos tiempos como lo fueron en su día las balas para los nazis. No había bala para tanto exterminio, así se inventaron las cámaras de gas, rebajas en la muerte masiva. Ahora todos alimentamos la IA con un entretenimiento que regala nuestros datos a la mayor arma de destrucción masiva creada hasta la fecha. Exterminio barato y masivo. Sobran humanos, faltan recursos. Planeta Palestina.

La política económica, social y territorial del Gobierno de Canarias no va a ser inocua ni puede quedar impune. Si distingues entre territorio y suelo no te costará relacionar la Dana de Valencia, los incendios de la península y las inundaciones de este invierno con la nueva ley que da carta de naturaleza al urbanismo del promotor. La línea de puntos dibuja un drama. Una auténtica catástrofe sí, pero previsible, y que se puede prevenir.

Practicar una actividad que no sólo es contraria al bienestar social sino tremendamente peligrosa para la humanidad hasta el punto de ser un factor determinante en la destrucción de la vida es poco inteligente. Y altamente beneficiosa para los sociópatas que pasean impunes por nuestras calles.

Dime ¿padeces turismofobia?

A pesar de la evidencia de que la lengua española es tan de los canarios como del resto de los hispanos, no faltan quienes piensen que dicha lengua pertenece en exclusiva a los castellanos, que, como es de sobra sabido, fueron, en efecto, quienes empezaron a desarrollarla de forma paulatina, hacia el siglo X de nuestra era, a partir del latín vulgar que se había hablado hasta entonces en el viejo condado de Castilla, quienes aportaron su base fundamental y quienes la difundieron por el resto del planeta, desde finales de la Edad Media. De este prejuicio derivan dos consecuencias de una enorme trascendencia para la gente de las Islas.

La primera consecuencia que se deriva del prejuicio de que la lengua que se habla en Canarias es propiedad exclusiva de Castilla es que Canarias no tiene derecho ni a modificarla ni a influir sobre ella, sino que debe limitarse a aceptar las imposiciones de los españoles peninsulares. “Los españoles de América, si dan todo el valor que dar se debe a la uniformidad de nuestro lenguaje en ambos hemisferios, han de hacer el sacrificio de atenerse, como a centro de unidad, al de Castilla, que le dio el ser y el nombre”, decía el filólogo español Antonio Puigblanch a principios del siglo XIX, según recoge el gran filólogo colombiano Rufino José Cuervo en el frontispicio de sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. Y lo mismo han pensado y siguen pensando muchos canarios respecto del habla de las Islas. Pero, aunque pueda parecer lógico, el razonamiento es absolutamente disparatado, porque las lenguas naturales, como las ideas, que son entes espirituales, no materiales, no pertenecen en exclusiva a quienes las han creado, sino que pertenecen por igual, sin excepción alguna, a todos los que las usan, a todos aquellos que las tienen como instrumento para organizar el mundo en que viven, archivarlo en la memoria y comunicarse con los semejantes. Las lenguas son como las personas y los animales: no son de donde nacen, sino de donde pacen o se hacen. Como afirma Ángel Rosenblat, “ni España, ni América, tienen por qué plegarse a ninguna imposición. Unidad y variedad son dos fuerzas permanentes en la vida de una lengua. Unidad sobre todo en lo morfológico y sintáctico, es decir, unidad gramatical, pero variedad en el vocabulario, sobre todo en los nombres familiares de las cosas”. No por haber surgido y haberse desarrollado en el viejo condado de Castilla de forma natural, a partir del latín que se hablaba en la zona, es el español más de los castellanos que de los andaluces, los canarios o los hispanoamericanos, que lo recibieron por trasplante, ya bastante crecido, varios siglos después. “Lo primero que sorprende cuando se observan los hechos de lengua -afirma Ferdinand de Saussure- es que, para el sujeto hablante, su sucesión en el tiempo no existe: él está en un estado”. Desde el punto de vista sincrónico, que es el único que existe para el hablante, tanto derecho tienen los canarios de usar los verbos virar, botar o trincar, por ejemplo, en los sentidos particulares de orientar una cosa en sentido distinto del que tiene, arrojar con fuerza y sorprender, pillar, respectivamente, como los castellanos en los sentidos de cambiar la dirección de un vehículo o un barco, echar fuera y coger con fuerza, también respectivamente. Se crea un neologismo fónico, gramatical o léxico en lugares tan alejados de Canarias como Burgos o Punta Arenas, por ejemplo, y ese neologismo fónico, gramatical o léxico, precisamente por estar construido con los recursos invariantes de la lengua española, que es la suya, es tan de los canarios, andaluces o argentinos que se animen a usarlo como de los burgaleses o puntarenenses que lo han creado. Todo lo que se haga con una lengua, independientemente de quien lo haga, pertenece por igual a todos sus hablantes, sin excepción alguna.

Nadie niega que los españoles de las distintas zonas de la Península tienen derecho a usar la lengua que nació en Castilla como mejor cuadre a sus intereses expresivos, porque lengua materna suya es. Pero tampoco puede negarse que también andaluces, canarios y americanos están legitimados para hacerlo, no sólo porque esa lengua es la herramienta de su conocimiento, pensar y sentir, sino porque también ellos han contribuido a su desarrollo y ampliación, dándole un aliento particular, enriqueciéndola con sus propias aportaciones guanches, portuguesas, americanas y neológicas, y conservando algunos de sus tesoros perdidos ya en la tierra de los abuelos. Tan propia siente el canario la lengua que habla, que la acrecienta y cambia con nuevas palabras, nuevos sentidos y nuevas melodías, de acuerdo con sus necesidades expresivas.

La segunda consecuencia grave que se deriva del prejuicio de que la Lengua que hablan los canarios no es de ellos, sino de los castellanos, ha sido que ha allanado el terreno a la quimera de todos aquellos africanistas que sostienen que la verdadera lengua de Canarias es la lengua que hablaba su antigua población bereber. Es lo que nos viene a decir José Diego Díaz-Llanos Guigou en las líneas que siguen: “Tanto los antiguos canarios como los antiguos americanos, tenían, entre otras muchas cosas, sus propias lenguas, sus propios idiomas; pero desde el fatídico día que llegaron a estas tierras los Colonos, Pizarros, Lugos, Corteses, etcétera, dentro del imperdonable e injustificable genocidio que cometieron y del que la Historia les está pasando factura, hay que contabilizar el de la destrucción de esas hablas para imponer la que trajeron aquellos despiadados conquistadores. Por esa única razón, y no por ninguna otra, es por lo que hoy no tenemos lengua propia”. Desde este particular punto de vista, la lengua que hablan en la actualidad los canarios no sería otra cosa que una losa que anula su verdadera identidad guanche, que se encontraría reprimida en las profundidades de su ser. Obviamente, este planteamiento se basa en una falacia: la falacia de que identidad y lengua son cosas distintas; de que la identidad es una realidad etérea, ajena a la lengua, que sería un código de comunicación meramente formal. Pero no, lo que da identidad a los pueblos, lo que los hace ser de la forma que son, y no de otra, es la lengua que hablan, su lengua materna. Identidad y lengua se encuentra inextricablemente unidas; tan unidas se encuentran, que en el fondo vienen a ser lo mismo. Por tanto, si la lengua materna del pueblo canario es el español, su identidad es hispana, no guanche o de cualquier otro tipo.

Todavía más discutible que la suposición de aquellos que sostienen que la verdadera lengua de Canarias es la lengua que hablaba la población canaria preeuropea es la suposición de aquellos que afirman, sin el más mínimo rebozo, que, incluso en la actualidad, lo que se habla en Canarias es la lengua guanche, aunque con sonidos españoles. Para decirlo con terminología moderna: que el pueblo canario actual tendría estructura profunda o mental guanche y estructura superficial o material española. También nos encontramos aquí con otra ilusión tan propia de los indigenistas. Como sabe cualquier persona con un mínimo de conocimiento de lingüística moderna, el plano del contenido de las lenguas naturales es inseparable del plano de la expresión, a pesar de la arbitrariedad teórica (que no empírica) que, según Ferdinand de Saussure, preside la relación entre las dos caras del signo lingüístico: el significante o aspecto material y el significado o aspecto espiritual. Por tanto, si los canarios actuales usan el sistema formal del español, usan también su sistema semántico, porque uno y otro son solidarios. Y, si usa el sistema formal y el sistema semántico del español, los canarios actuales son, tanto en el fondo como en la forma, hispanos, no guanches. Todo aquel que habla la lengua española piensa y siente en lengua española, quiéralo o no.

Ni siquiera en los llamados guanchismos puede decirse que quede ya nada de la lengua guanche, al contrario de lo que suelen pensar todos aquellos que desconocen la verdadera naturaleza y el funcionamiento de las lenguas naturales. No quedan sonidos guanches porque los fonemas que conforman el significante de estas voces son las vocales, las consonantes y las sílabas de la lengua española. No hay nada en la pronunciación y entonación del canario actual que proceda de la lengua de sustrato. No quedan significados guanches porque los significados que las caracterizan surgen de relaciones de oposición con palabras de la lengua española. Y no puede ser de otra manera porque el ámbito cultural y afectivo en que se integran los préstamos guanches es totalmente distinto del ámbito cultura y afectivo de la lengua originaria. Ni siquiera el significado (polvo que resulta de la molienda de granos tostados) y los referentes de un guanchismo tan genuino como gofio tienen ya nada que ver con el mundo guanche. Su significación no tiene nada que ver con el mundo guanche, porque la misma surge de su relación de oposición con la voz de procedencia latina harina polvo que resulta de la molienda de granos. Y los referentes poco tienen que ver con la lengua originaria porque los mismos han ampliado enormemente su materia prima (trigo, millo, garbanzos, etc., que no existían en la Canarias preeuropea) y su forma de elaboración: escaldado, frito, amasado en lebrillo, amasado en zurrón… De ahí la riquísima fraseología y los diversos usos metafóricos que ha desarrollado esta emblemática palabra canaria a lo largo del tiempo.

Tampoco puede decirse que los guanchismos impliquen connotaciones guanches, porque, para que tuvieran connotaciones guanches (es decir, sentimientos o evocaciones guanches, que es lo que son gran parte de lo que solemos llamar connotaciones guanches), sus denotaciones (de las que, por lo general, dependen las connotaciones) habrían de ser guanches y los hablantes tendrían que tener conciencia de su filiación lingüística originaria. El hablante canario ingenuo no tiene conciencia de que canarismos tan populares como perinquén, tafeña, tajinaste, goro, beletén, gofio, tajorase, Escanfraga, Tamabada o guanil, por ejemplo, procedan de la lengua o las lenguas de los viejos majos, canarios, guanches, auaritas, gomeros o bimbapes. Por eso mismo, es imposible que le evoquen la lengua o el mundo prehispánico. Para el canario del común, las voces citadas tienen exactamente la misma connotación de registro que sus palabras de origen latino lagarto, hinojo, corral, leche, harina o cabra, sus palabras de origen árabe almacén, acelga, alfombra, arroz, noria, tabique, sofá o almíbar o sus palabras de procedencia portuguesa jeito, mojo, maresía, fechillo, enchumbarse o millo. Es decir, la connotación lingüística de palabras de la lengua española, aunque es evidente que, en los guanchismos y portuguesismos, esa connotación primaria vaya acompañada de una connotación secundaria de palabra canaria. “Los nombres indígenas -escribe Ángel Rosenblat para los americanismos de Venezuela- son fantasmas evocadores de un mundo lejano y misterioso, casi desaparecido (…). Esas palabras son también el testimonio de lo que el indio ha dado a nuestra cultura. Representan la supervivencia del indio. Es su voz que sigue aún resonando entre nosotros. Y esa voz, conducida por las amplias alas de nuestra literatura, se oye hoy a través de mares y continentes”. Y, efectivamente, así es. No cabe ninguna duda de que voces indígenas canarias como Escanfraga o Tamadaba, por ejemplo, encerraban una forma particular de ver el territorio (la primera, a partir de la idea de esquén adoratorio, y la segunda, a partir de la idea de límite de tama), la forma de ver el territorio de los viejos guanches. Pero esas representaciones guanches de ver el territorio sólo cuentan hoy para los especialistas, no para los hablantes ingenuos, que constituyen la inmensa mayoría de los hispanohablantes. Para estos, se trata de misterios que nunca podrá desvelar, porque desconocen el sistema gramatical que les sirve de base. Y, como ni el significante ni el significado de los guanchismos, que es lo único que queda de la lengua guanche, pertenece a la lengua guanche, pues, lamentablemente, resulta imposible su reconstrucción o resurrección.

Lo que ponen de manifiesto las quimeras idiomáticas que comentamos es que no hay lengua o dialecto de invasión o conquista que se encuentre libre de los fantasmas sustratísticos. El andaluz tiene los fantasmas sustratísticos del mozárabe y el árabe, de los que tanto abusan los defensores más fanáticos de ese dialecto del español y que tanto han cuestionado los lingüistas más rigurosos (Antonio Narbona, Rafael Cano Aguilar, Ramón Morillo…); el español de América tiene que lidiar con los fantasmas sustratísticos de las lenguas amerindias, a los que sucumbió el mismísimo Rodolfo Lenz, con toda su solvencia académica, y que tanto cuestionaron lingüistas como Amado Alonso y Lope Blanch, por ejemplo; y el español de Canarias ha sido perseguido casi desde su misma aclimatación a las Islas por el fantasma sustratístico del guanche, como vamos viendo. Soportar el espectro de las víctimas, que se resisten a morir del todo, recordando que ellas estuvieron antes en el territorio invadido, es el tributo que tienen que pagar las lenguas invasoras por su atrevimiento.

En 1890 proyectó su primera luz sobre el océano el Faro de Maspalomas para alumbrar el constante y enriquecedor tránsito de barcos entre continentes, con sus cargamentos de sueños e ideas. Su brillo se sumó a la larga lista de destellos con los que Gran Canaria ha contribuido a iluminar los caminos de la civilización y la extensión de derechos desde su atalaya en el Atlántico. Hoy, cuando arrecian temporales que amenazan con hacer naufragar avances sociales y democráticos, nuestra isla se alza sobre el mapa como un faro de las libertades.

La escala en Gran Canaria del artista neoyorkino Spencer Tunick, mundialmente conocido por intervenciones centradas en el cuerpo humano desnudo como elemento de composición colectiva y expresión de libertad, no es fruto de la casualidad. Su acción Gran Spectrum, desarrollada este domingo en Vegueta como homenaje a la comunidad LGTBIQA+ y a la diversidad, con la colaboración de centenares de personas, obedece al hecho de que la isla es a un tiempo escenario y protagonista de los movimientos a favor de la convivencia y la igualdad.

Tunick, cuya trayectoria ha dejado un legado de imágenes grupales impactantes en Nueva York, Barcelona, Sidney, Ciudad de México, Ámsterdam o Múnich, ha percibido la energía de la isla. “Una fotografía necesita un poder más allá de lo visual. Y creo que Gran Canaria tiene una historia increíble de apoyo a los derechos LGTBIQA+, así que la imagen tendrá una relación simbiótica con el lugar donde se realiza. Para mí es un honor trabajar en Gran Canaria, la mejor isla del mundo para este proyecto”, ha manifestado el creador. Su fotografía en el barrio fundacional de la ciudad retrata también una sociedad insular abierta y sensible y proyecta un mensaje esperanzador al mundo.

Esta iniciativa cultural e ideológica de Tunick en defensa del respeto, la empatía y el sentimiento de comunidad añade una página más al relato de integración y celebración de la diversidad que ha escrito Gran Canaria a lo largo de su historia. Nuestra identidad abierta, con los pies en la orilla y la mirada posada en el horizonte, se ha forjado a lo largo de los siglos y su esencia emerge constantemente sobre la superficie de la memoria y el tiempo presente. En esta atmósfera contaminada e inestable que envuelve al planeta, la iniciativa de Tunick en el marco del Culture & Business Pride, contribuye a realzar el papel de Gran Canaria como plataforma para el entendimiento y la solidaridad, igual que lo hizo la reciente visita del papa León XIV.

El arte y el pensamiento crítico necesitan espacios para respirar y ser el oxígeno de las sociedades que aspiran a una verdadera justicia social. Precisan también de diques frente al creciente oleaje de los discursos violentos y la extensión interesada de la ignorancia y el desprecio al otro. “Hay demasiado odio hacia la gente de mente abierta”, ha planteado Tunick.

Asimismo, reclaman un terreno para el pensamiento y la conexión humana, donde no se mire a través de la óptica de la división. Gran Canaria, aunque haya a quien le pese, es ese lugar y quiere seguir siéndolo. Es desde luego la intención del Cabildo, motivo por el que hemos respaldado el trabajo de Tunick, y ha sido parte intrínseca de la hoja de ruta del Gobierno de la isla en la última década. Gran Canaria no es solo un territorio donde estar. Es un lugar donde ser.

De hecho, el arte local más concienciado nos acompaña en la toma de decisiones en el Cabildo de Gran Canaria. Al término de la presentación de los detalles de Gran Spectrum días antes de que se llevara a cabo, tuve la ocasión de guiar a Tunick por los pasillos del Cabildo para que contemplara las obras de destacados artistas de la isla que enaltecen sus paredes. El breve recorrido concluyó en el Salón de Plenos, bajo los murales de Jesús Arencibia, titulados ‘Los gozos del mar’ y ‘Los dolores del mar’. Representan también a la colectividad y encierran una metáfora de resistencia y a favor de la igualdad social en tiempos de represión. Esto nos lleva a otra reflexión: las libertades no son eternas ni gozan del perpetuum mobile tras un impulso inicial. Es obligado engrasar y vigilar a diario los mecanismos que las hacen posibles.

Seguimos una estela. Escuchamos ese rumor humanista y compasivo en las palabras de Galdós, cuando afirmó que “al amor no le dictan leyes”. Seguimos con la mirada el vuelo de los seres alados que imaginó Chirino, siempre en busca de la universalidad y la libertad. Y hasta los versos de Pino Ojeda en los que alude a la importancia de ser “un solo agua, un solo cauce” podrían ser el pie de foto de la obra de Tunick en Vegueta.

Junto a nuestros valores, la aclamada y global obra de Tunick será desde ahora embajadora también de la riqueza de nuestro patrimonio gracias a una imagen que recorrerá el planeta a través de las redes sociales y las referencias en medios de comunicación generalistas y especializados. Vegueta es el kilómetro cero temporal del barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria. Y es además un gran pulmón cultural alentado por el Cabildo con el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), recientemente reabierto tras las obras de mejora, la Casa de Colón y, próximamente, con el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea).

En su búsqueda de la utopía, el arte se comunica con el arte permanentemente. El CAAM acoge en estos momentos una exposición de la artista cubana Sandra Ramos en la que se incluye la evocadora imagen de una niña dibujando con su lápiz lo que podría ser otra realidad desde un montículo en medio del mar, trazando “un puente imaginario que surca las aguas profundas, oscuras, turbulentas, acortando distancias, acercando orillas, creyendo en el valor del arte como espacio infinito de conexión humana y camino hacia la libertad”, explica la comisaria Wendy Navarro.

Cabe preguntarnos qué queda en realidad al desnudo en las fotografías de Tunick y qué nos dice la imagen de las personas que han acudido a la llamada del artista para quedarse desnudas, en pingo, antigua expresión propia del sureste de Gran Canaria, para hacer referencia a quienes se despojan de cualquier atuendo o del más mínimo y humilde trapo, a quienes se quedan en cueros. Creo que quedan al desnudo en último término la intransigencia, el despotismo o la mezquindad. La colectividad puesta al servicio de los derechos diluye la desnudez individual, que accede a una nueva dimensión. Porque separados somos importantes y constituimos la pincelada, el píxel o el elemento de composición necesarios. Unidos y unidas somos el cambio.

El sábado recibimos la triste noticia del fallecimiento de Rafael Inglott Domínguez (1946 - 2026). Justo un mes antes, con la entereza y lucidez que le caracterizaban comunicó a sus amistades el reciente diagnóstico de una grave enfermedad: “esto es algo así como el inicio de una despedida”. No sospechábamos tan rápido y fatal desenlace, que deja una profunda tristeza entre quienes compartimos con él décadas de trabajo, amistad y compromiso con la atención a la salud mental.

Inició sus pasos profesionales a comienzos de los años setenta en el Hospital Insular, primero como médico de guardia y pronto se integró en el servicio de Psiquiatría, iniciando su formación como psiquiatra junto a su mentor Luis González Hernández. Juntos pusieron en marcha la “reforma psiquiátrica”. Luis destaca como, tras esos inicios, Rafael cumplió brillantemente, con honestidad, inteligencia y esfuerzo, la tarea de liderar y dirigir ese trabajo colectivo que ha transformado radicalmente el panorama de la asistencia a la salud mental, abriendo caminos que hubieran merecido un mayor esfuerzo de las administraciones.

En una época en la que no se prestaba mucho interés a la salud mental, impulsó la construcción de una auténtica Red de Salud Mental en Gran Canaria, aunando sus conocimientos sobre los trastornos mentales con su habilidad, tenacidad e inteligencia para recorrer un camino plagado de dificultades, integrando dispositivos que hasta entonces dependían de administraciones diferentes, con culturas y condiciones laborales muy diversas -el Cabildo Insular de Gran Canaria, el entonces Insalud y el Servicio Canario de la Salud recién creado-, logrando superar los obstáculos para obtener la imprescindible colaboración institucional, que finalmente permitió desarrollar un modelo asistencial coherente, comunitario y progresivamente integrado, en consonancia con los principios inspiradores de la Ley General de Sanidad y del proceso de reforma psiquiátrica que transformó la atención a la salud mental en España.

Como resultado de ello se consiguió, entre otras cosas, la acreditación por parte del Ministerio de una Unidad Docente en Gran Canaria para la formación de los Residentes de Psiquiatría y Psicología Clínica, y posteriormente de los enfermeros/as especialistas en Salud Mental.

Con el transcurso paso de los años, Rafael asumió responsabilidades de creciente relevancia: director del Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria, responsable de Salud Mental de la Comunidad Autónoma —tras lograr que el Servicio Canario de la Salud considerara la creación de la Jefatura de Salud Mental en sus servicios centrales— y posteriormente jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, siempre consciente de que las transformaciones organizativas solo tienen sentido cuando mejoran la vida de las personas.

Prestó especial atención a las personas con trastorno mental grave, priorizando su rehabilitación, inclusión social y acceso a una vida digna. Por ello impulsó decididamente el Programa Insular de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria, cuya filosofía sigue plenamente vigente: favorecer la autonomía, la participación comunitaria y la recuperación de personas tradicionalmente condenadas a la institucionalización permanente.

Colaboró altruistamente en numerosas causas y con diferentes colectivos, apoyando la creación de asociaciones de enfermos mentales, como la asociación Espiral. Con el objeto de cuidar y atender la salud mental del colectivo médico asistencial de la provincia de Las Palmas, fue el impulsor y primer director del programa PAIME de atención integral al médico enfermo con problemas de salud mental o adicciones, de la Fundación Canaria del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

Su curiosidad e intereses trascendía los límites de la medicina. Melómano, ávido lector de literatura, de historia y de pensamiento, era un intelectual humanista. Poseía una extraordinaria sensibilidad hacia los problemas sociales y una profunda conciencia de que la salud mental no puede separarse de las condiciones de vida, la justicia social y la defensa de los servicios públicos, participando activamente en el debate público mediante numerosos artículos de opinión, siempre escritos desde la reflexión serena y el compromiso con los valores humanistas.

Como reconocimiento a su trayectoria fue nombrado Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria en 2019, merecida distinción que simbolizó el agradecimiento de toda una sociedad a quien había dedicado su vida a aliviar el sufrimiento psíquico y a dignificar la atención a las personas con enfermedad mental.

Su jubilación supuso una sentida pérdida tanto a nivel profesional como afectivo a todos aquellos que tuvimos el privilegio de trabajar y compartir debates y proyectos con él. Su marcha ahora deja un vacío irremplazable. Su huella permanecerá en varias generaciones de profesionales, en miles de pacientes y familias cuya vida contribuyó a mejorar. Confiamos en que su vocación de servicio público y su legado continúe inspirando a todos aquellos que continúan recorriendo el camino que él contribuyó decisivamente a abrir.

Amigo Rafael: recuerda que eres, para todos los que hemos acompañado o seguido tus pasos, un referente de honestidad, inteligencia y esfuerzo. Nunca te olvidaremos.

Un abrazo cálido y sincero de tus amigos para ti, Carmen, Eva y tus nietos.

Una veintena de profesionales de la Red de Salud Mental de Gran Canaria compañeros de Rafael Inglott, unidos en su memoria.

Nuevo gobierno en el Reino Unido tras el nombramiento el pasado lunes del laborista Andy Burnham. Los conocedores de la realidad británica señalan que el cambio político ha de reflejarse significativamente en la gobernanza del país que se plasmaría en el nuevo gabinete ministerial que encara un objetivo claro: afianzar su autoridad y marcar distancias con el desempeño de su predecesor, Keir Starmer.

Canarias, turísticamente hablando, debe estar atenta a la alternativa que surge. Efectivamente, la Asociación de Agentes de Viajes y Touroperadores de Reino Unido (ABTA, por sus siglas en inglés), en la que están agrupadas más de tres mil quinientas marcas del país, está tomando posiciones ante las políticas que despliegue el nuevo ejecutivo. Ante este nuevo panorama, ABTA ha manifestado que está plenamente preparada para reorientar su actividad parlamentaria hacia el ejecutivo laborista entrante. La organización turística intensificará sus contactos con los funcionarios, asesores y nuevos ministros que asuman sus carteras en estos días.

Anotemos que el mercado británico representa, aproximadamente, el 35% de las llegadas y de la facturación turística en Canarias, aportando unos ocho mil millones de euros anuales y superando los seis millones de visitantes cada año. Estos datos clave del impacto de este mercado se complementan con los del gasto medio de los visitantes (unos 191 euros por día), con estancias promedio de ocho días. Responsables públicos y del sector privado coinciden en resaltar el peso de los turistas ingleses en afluencia e implantación comercial, tal es así que en alguna isla, como Lanzarote, el volumen turístico del Reino Unido llegó a superar el 50% del total de visitantes en períodos recientes.

Lo que está haciendo ABTA, según publica el digital tourinews.com, es llevar a cabo reuniones con el sector para posicionar en la agenda del nuevo gobierno asuntos críticos para el turismo, como la revisión del Reglamento de Viajes Combinados, la implantación del Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea y el desarrollo de una nueva estrategia de crecimiento turístico y de combustibles de aviación sostenibles. Asimismo, la patronal mantiene la presión para lograr un acuerdo de movilidad juvenil con la Unión Europea (UE) que mitigue el impacto del brexit.

Son previsores experimentados los ingleses pues tratan de desarrollar una estrategia da continuidad a la intensa labor que han atesorado en los últimos doce meses, periodo en el que han mantenido conversaciones con más de 250 parlamentarios. Luke Petherbridge, director de Asuntos Públicos de ABTA, por ejemplo, subrayó la importancia de mantener un programa de relaciones institucionales para influir de forma real en los responsables políticos. “La verdadera influencia se logra con un programa de asuntos públicos equilibrado y sostenido”. En este sentido, reafirmó el compromiso de la asociación de seguir trabajando mano a mano con el nuevo ejecutivo de Burnham, con el fin de asegurar un entorno político favorable que permita a la industria turística prosperar y seguir contribuyendo de manera decisiva al crecimiento económico del Reino Unido.

A la espera de contrastar estas impresiones con Pepe Barreiro, el empresario gallego afincado en las islas que más sabe de los movimientos de los ingleses, a eso se le puede llamar promoción con fundamento.

Un año después de que Zapatero llegara a La Moncloa se aprobó la Ley Antitabaco, a pesar del rechazo del PP, que protestó airadamente por tierra, mar y aire, más que nada por llevar la contraria al gobierno progresista, como es habitual. Los populares amenazaron con derogarla cuando llegaran al poder pero unos años después llegó M. Rajoy con la promesa de bajar todos los impuestos que luego subió y no cambió ni una coma de la demonizada ley que prohibía fumar en bares, hospitales y centros de salud. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende acotar aún más las zonas de fumadores, incluyendo las playas, las piscinas y las terrazas de los bares. Además, estará terminantemente prohibido fumar y vapear a los menores de edad.

Se trata de aplicar el más mínimo sentido común sanitario, pero el PP ha vuelto a protestar y ha prometido derogar o modificar esa ley cuando llegue al gobierno. Sin embargo cuando lleguen al poder se volverán a callar de nuevo y no moverán ni una línea de ella. Más que nada por joder la pavana al Gobierno.

La derechona española es así: cada vez que un gobierno progresista aprueba leyes sociales que benefician a la inmensa mayoría de la población, la oposición patalea en el Congreso, protesta en la calle y amenaza con derogarlas cuando les toque gobernar pero luego se achanta, no hace nada y mira para otro lado de manera hipócrita, que es su forma de entender la política.

Eso ha ocurrido con la ley del aborto, la del matrimonio igualitario o la de la eutanasia. Primero protestan airadamente, se rasgan las vestiduras y claman al cielo pero cuando les toca gobernar miran para otro lado como si el pasado no hubiese existido jamás. Demagogos y fariseos.

Ahora el PP ha vuelto a poner reparos al proyecto de la nueva ley antitabaco a pesar de que la mayoría de sus militantes y votantes están a favor de ella, especialmente los no fumadores pero no solo. Se trata simplemente de llevar la contraria al Gobierno porque entienden que de esta forma lo debilitan y menoscaban y de paso creen que capitalizan votos a su favor, aunque en este caso sea mentira.

Volverán a dar el coñazo y cuando lleguen al gobierno no modificarán ni un ápice de esta ley, como ya pasó con la anterior, porque entienden que se pondría en contra la mayoría de los españoles. O lo que es lo mismo: mucho chau-chau y poco jace-jace.

En Canarias pasa algo parecido. Este mismo mes, sin ir más lejos, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso mascarillas, que responsabilizaba políticamente al anterior gobierno de progreso de la compraventa fraudulenta de barbijos.

El resultado estaba cantado desde el mismo día en el que se creó la comisión de investigación: Coalición Canaria, PP y Vox votaron a favor de culpar a Ángel Víctor Torres del lío de las mascarillas en plena pandemia. La Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, que ahora apoya al gobierno actual pero antes respaldó al anterior, se desmarcó de sus socios de investidura y votó en contra del dictamen de la Comisión junto al PSOE y Nueva Canarias. Lógico, como no podía ser de otra manera porque nadie se tira piedras a su tejado.

El gobierno anterior de progreso (también conocido con el cursi nombre de pacto de las flores) estuvo formado por el PSOE, NC, ASG y Podemos, aunque este último ahora no tiene ningún representante en el Parlamento de Canarias. No sé para qué crean estas comisiones que no conducen a nada más que a un resultado más que previsible por la correlación de fuerzas en la Cámara regional.

Estas inútiles comisiones de investigación sólo sirven para perder el tiempo y dinero ya que se conoce el resultado antes incluso de crearlas. CC y Partido Popular votaron junto a la ultraderecha para responsabilizar al anterior gobierno.

Esta banda de fariseos merece una dura represión pública. Nos toman por tontos cuando realmente el cretinismo y la inmoralidad no radican en nuestras filas

Por supuesto que los diputados de Casimiro votaron en contra de sus actuales socios porque en la legislatura anterior lo eran de los socialistas, Nueva Canarias y Podemos.

No hay que ser muy listo para saber en qué terminan estas ridículas y costosas comisiones que no aportan nada. Sólo sirven para ratificar lo que ya decían los partidos antes de iniciarlas porque cada diputado va a votar disciplinadamente lo que su partido ordene.

Lo menos que importa en las comisiones de investigación es investigar la verdad. Solo se usa para cargar la escopeta y culpar al adversario. El resultado está cantado desde antes de que se inicie la primera sesión.

Esta banda de fariseos merece una dura represión pública. Nos toman por tontos cuando realmente el cretinismo y la inmoralidad no radican en nuestras filas. Mucho chau-chau y poco jace-jace.