Cuando Michael Robinson fichó por Osasuna en 1987, le comentó a su mujer que buscara la ubicación en el mapa. Nada, no aparecía; creían que se trataba de una ciudad. Al cabo de los años, el británico afirmó que Osasuna les dio la oportunidad a él y a su familia de dar un cambio de vida en lo personal, pero que como equipo no tenía ambiciones deportivas y representaba la media del fútbol español.

Sin embargo, muchos años antes de que el británico pisara Pamplona, el fútbol español se tiñó de sangre y guerra. Las historias de Natalio Cayuela (Osasuna), Josep Sunyol (Barcelona) y Antonio Ortega (Real Madrid) encarnan la máxima expresión de cómo el golpe de Estado trituró el deporte. En el caso de Navarra, la traición se fraguó desde dentro del propio club. Antonio Lizarza Iribarren, jefe de los requetés, fue uno de los conspiradores monárquicos y carlistas que se reunieron con Benito Mussolini el 31 de marzo de 1934 en Roma, donde obtuvieron el compromiso oficial de apoyo económico, suministro de armas y formación militar para derrocar a la Segunda República Española. Lizarza formaba parte de la directiva del C.A. Osasuna cuando el equipo de Pamplona ascendió a Primera División en 1935. Aquel verano, maniobró junto a la prensa derechista en una intensa campaña para desacreditar al presidente y al resto de la junta directiva. Al quedarse sin apoyos, los dirigentes republicanos de Osasuna se vieron forzados a dimitir. Las reuniones conspirativas contra la República tuvieron, entre otros lugares de encuentro, el propio campo de San Juan durante las semifinales de Copa el 7 de junio de 1936.

Ocho meses más tarde de la dimisión de Natalio, Lizarza —uno de los principales organizadores de la trama golpista— fue detenido el 17 de julio de 1936 mientras planeaba el traslado del general Sanjurjo a Pamplona para ponerlo al mando del golpe de Estado. Con sus planes abortados, fue encarcelado en Madrid. Mientras tanto, la represión desatada en Pamplona contra los miembros de los partidos de izquierdas y del Frente Popular se cobró la vida de más de 300 personas asesinadas en los primeros meses. Entre las víctimas se encontraban el presidente de Osasuna, Natalio Cayuela, y dos miembros de aquella junta directiva, Ramón Bengaray y Enrique Astiz. Muchos otros socios, directivos, futbolistas y trabajadores del club corrieron el mismo destino: fueron fusilados, encarcelados o se vieron obligados a huir al exilio en una Navarra donde no hubo frente de guerra —porque el golpe dirigido por Emilio Mola se impuso por la fuerza desde el primer día— y donde la represión fascista acabó con la vida de unas 3.500 personas.

Esta cifra de exterminio civil supuso una auténtica catástrofe demográfica. Si trasladamos proporcionalmente el impacto de esas 3.500 víctimas de la Navarra de 1936 a la sociedad y al fútbol de hoy, equivaldría a hacer desaparecer varios estadios de fútbol atestados de aficionados, borrando de golpe a miles de socios y aficionados de cada equipo.

Por paradojas del destino, Lizarza salvó la vida en dos ocasiones gracias a personas que consideraba sus enemigos políticos. En 1938 fue puesto en libertad gracias a la intervención de Manuel de Irujo, ministro de Justicia de la República, líder del nacionalismo vasco y uno de los fundadores del Club de fútbol Izarra de Estella. Previamente, tras refugiarse en diferentes embajadas, Lizarza había sido descubierto por Jesús Monzón Reparaz, líder comunista navarro, promotor de la Federación Navarra de Fútbol, presidente del club Indarra y en ese momento gobernador civil de Alicante. El trato para no ser entregado consistía en que Lizarza debía interceder para liberar al hermano de este, Carmelo Monzón —ingeniero socialista y también directivo de Osasuna—, un pacto que Lizarza finalmente no cumplió.

En 1941, Lizarza firmó y entregó una carta junto a otros jefes carlistas en el consulado alemán de Pamplona mostrando su apoyo a la invasión de la URSS por parte de la Alemania nazi. Ese mismo año asumió por primera vez la presidencia oficial de Osasuna. Bajo su mandato, el club cosechó los peores resultados de su historia y descendió a Tercera División. Dejó el cargo, para regresar dos años más tarde, en 1944. Durante aquel verano, mientras Hitler sufría la derrota y retirada de sus tropas en París, Lizarza intentó vender el club, primero al Real Madrid y luego al Atlético Aviación. En paralelo, miles de nazis y resistentes antifranquistas se enfrentaban en el Pirineo; Lizarza, funcionario de la Diputación, compaginaba su presidencia con los cargos de Ayudante de Montes y delegado de la lucha contra el maquis, llegó a ofrecer un contingente de 2.500 contraguerrilleros para combatir a la resistencia en la vertiente navarra. Al otro lado de la frontera, los antifranquistas estaban dirigidos, precisamente, por Jesús Monzón en Francia.

El fracaso de la invasión del maquis en el Valle de Arán dejó a España sumida en tres décadas de dictadura y autoritarismo franquista, corrió en paralelo a las desastrosas gestiones de Lizarza en Osasuna. Décadas después, en 1970, un anciano Antonio Lizarza declaraba para el NO-DO en un documental especial por el 50.º aniversario de Osasuna, afirmando que él “siempre había trabajado para salvar al club de la desaparición”. No dedicó ni una sola palabra a sus antiguos compañeros de directiva republicanos asesinados, ni al resto de los osasunistas represaliados: Fortunato Aguirre, alcalde de Estella y fundador de Osasuna; Eladio Zilbati, uno de los que ideó el nombre del club y militante de ANV; Florencio Alfaro, vicepresidente de Osasuna y concejal republicano; Filomeno Urdíroz, militante socialista y portero de Osasuna; José Javier Villafranca, directivo y dirigente trotskista; Leandro Villafranca, presidente del Socorro Rojo Internacional y del Frente Popular y socio honorable del club, y un largo etcétera.

Desde sus inicios en 1920, Osasuna fue el club referente de los napartarras (nacionalistas vascos), de los liberales y de los republicanos pamploneses. Los carlistas tenían su propio equipo, el Deportivo Pamplonés, y quisieron trasladar la batalla política para dirimir sus diferencias en el campo de fútbol. Ante su derrota fueron admitidos en Osasuna. En esa línea, en el primer aniversario de la proclamación de la República, uno de los fundadores del club, José Huici, escribió sobre el carácter democrático y popular de la entidad: «La bandera de Osasuna es solamente roja, como sus blusas; no quisieron sus fundadores que fuera roja y azul, sino exclusivamente roja».

Existe un abismo moral entre ambas épocas. Mientras que la directiva republicana y fundacional de Osasuna destacó por su pluralidad democrática, integrando con total normalidad a sus rivales y enemigos políticos en el seno del club, los conspiradores hicieron exactamente lo contrario tras el triunfo del golpe. Carlistas y falangistas como Jáuregui, Lizarza o Goicoechea se hicieron con el control absoluto de la entidad mediante la fuerza, eliminando físicamente a sus oponentes y dictando una consigna clara para las siguientes décadas: hacer que su memoria y su legado desaparecieran para siempre.

Como bien afirmó el Papa Francisco: “Una sociedad con sus muertos escondidos no puede sonreír al futuro”. En este mapa de la desmemoria, los gigantes del fútbol actúan de forma dispar. El FC Barcelona homenajea todos los años a Josep Sunyol, su presidente asesinado; por el contrario, el Real Madrid sigue sin reconocer en su lista oficial de presidentes al coronel republicano Antonio Ortega (así como a Juan José Vallejo). En el caso de Osasuna, la entidad mantuvo durante décadas en el olvido la figura de su presidente asesinado, Natalio Cayuela, y del resto de sus víctimas directas.

Sin embargo, el panorama está cambiando de raíz gracias al empuje de la base social. En 2019, la plataforma Osasuna Memoria inició un arduo trabajo de investigación y divulgación histórica que se ha convertido en un referente y un espejo para todo el deporte del Estado. Gracias a su labor minuciosa, se ha recuperado la identidad de más de una decena de asesinados y una veintena de represaliados vinculados al club navarro. Tres libros publicados y varios homenajes institucionales —en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria del Gobierno de Navarra y las peñas— avalan un modelo de reparación ejemplar. Con motivo del centenario del club, familiares de las víctimas osasunistas tendieron puentes con los familiares de los dirigentes olvidados del Real Madrid. Juntos, desde la dignidad civil y esquivando los silencios institucionales de los grandes despachos, reivindican reconocimiento y un gesto tan sencillo y poderoso como un saque de honor conjunto. El cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, así como la propia historia del fútbol y del deporte español, exigen rescatar del olvido definitivo a Cayuela, Ortega, Sunyol y a todas las personas que sufrieron la represión tras el golpe de Estado de 1936.

La resiliencia climática es la capacidad de un territorio para anticiparse y reducir los impactos de unos fenómenos meteorológicos extremos que seguirán produciéndose. Lo vivimos con la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia y con los episodios recientes en el Mediterráneo. Que estas tormentas descarguen en el mar o sobre una cuenca habitada separa un episodio meteorológico extraordinario de una catástrofe de una catástrofe. Navarra no es ajena a esta realidad y debe estar preparada.

Por eso la resiliencia no debe comenzar cuando se emite una alerta, sino mucho antes. Empieza cuando un municipio conoce bien sus zonas inundables, tanto fluviales como (ahora cada vez más) pluviales, y sus puntos más vulnerables; cuando adapta calles y espacios públicos a temperaturas cada vez más elevadas; cuando mejora el drenaje y favorece la infiltración del agua; cuando gestiona su territorio para reducir el riesgo de incendios; cuando identifica y protege a las personas especialmente vulnerables; y cuando ciudadanía, servicios públicos, empresas y centros educativos van adquiriendo una cultura del riesgo, sabiendo cómo actuar ante una emergencia, es decir, preparándose.

En Navarra tenemos una escala territorial especialmente adecuada para avanzar en esta dirección. Nuestra diversidad geográfica hace que convivamos con riesgos climáticos muy diferentes: inundaciones, sequías, incendios forestales o episodios de calor extremo, entre otros. Al mismo tiempo, contamos con experiencia acumulada en planificación climática y adaptación que permite plantear el siguiente paso: impulsar un Pacto de Municipios por el Clima.

Iniciativas como este Pacto Municipal son fundamentales porque la resiliencia climática y la gestión del territorio empiezan a nivel local y desde el propio suelo de nuestros municipios. Muchas de las actuaciones que determinan nuestra vulnerabilidad se materializan precisamente sobre ese territorio: el urbanismo, los espacios verdes, la movilidad, la gestión del agua, la protección de los colectivos vulnerables o la preparación y formación de la población. 

La otra tarea imprescindible para evitar los peores escenarios, es la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas medidas están alineadas con la evidencia científica. Aparte de ser rigurosos con una reducción del consumo a todos los niveles, consideramos los siguientes criterios sostenibles como prioritarios: la reducción de los viajes y la compra compulsiva, el empleo de materiales reciclados, promover el consumo de alimentos de proximidad, apostar la movilidad eléctrica y la eficiencia en edificios públicos y el uso prioritario de cubiertas in situ para la generación de energía fotovoltaica y la instalación de elementos de enfriamiento pasivo. Más valiente: penalizar o gravar el uso del vehículo privado para dar verdaderamente el peso a la movilidad activa, peatones y arbolado. Y así de paso potenciar el efecto de sumidero local de carbono. Y siendo mucha la tarea pendiente por parte de las entidades locales, pese a las múltiples acciones que se han llevado a cabo, únicamente el 10% de las emisiones de cada municipio tienen origen en los ayuntamientos. Son el resto de los agentes que forman parte de cada municipio (empresas, entidades, comunidad educativa y población en general) responsables del 90% restante.

Entendemos que un pacto de estas características debería además ir más allá de una declaración de intenciones. La propuesta recogida que lanzamos a los municipios en esta II Semana del Clima de Navarra 2026 que se celebra estos días, plantea que los compromisos se traduzcan en actuaciones concretas y verificables, con plazos, indicadores y una evaluación periódica de sus resultados. Existe otra cuestión esencial porque un municipio resiliente no puede construirlo únicamente su ayuntamiento. Empresas, asociaciones, centros educativos y ciudadanía comparten un mismo territorio y, por tanto, también sus riesgos. El Pacto propone precisamente involucrar a estos actores y establecer compromisos diferenciados para ayuntamientos, empresas y asociaciones y para el entorno educativo. 

Esta participación resulta particularmente importante porque la adaptación climática tiene también una dimensión cultural. Necesitamos una ciudadanía que comprenda mejor los riesgos de su territorio, que conozca las medidas de autoprotección y que participe en la transformación de nuestros pueblos y ciudades. Prepararnos frente a una inundación, una ola de calor o un incendio forestal no es sólo disponer y reforzarse con mejores medios de emergencia. Más importante aún es construir comunidades mejor informadas, organizadas y preparadas. Y es aquí donde la administración ha de ser más ejemplarizante que nunca. En resumen, debemos empezar a entender la acción climática municipal como una verdadera política de prevención y protección del territorio y de las personas.

Navarra tiene conocimiento, experiencia y una dimensión territorial privilegiada para dar ese paso. Un Pacto de Municipios por el Clima podría ayudarnos a convertir todo ese potencial en una estrategia compartida de prevención, adaptación y compromiso ciudadano. Porque frente al cambio climático, la primera línea de la resiliencia está donde siempre ha estado: en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en el propio territorio que habitamos.

Por todo lo anterior, la Fundación Clima Fundazioa tiene el agrado de invitar a alcaldes, concejales y técnicos municipales a la presentación de esta propuesta. El evento tendrá lugar el próximo 22 de octubre a las 11:00 h en la Sala de Conferencias (calle Calderería, nº 11), de Pamplona

Javier Armentia, Mikel Baztan, Iñaki Ordoñez, Peio Oria y Julen Rekondo son miembros de Fundación Clima Fundazioa.

El cambio climático forma parte desde hace algunos años de la conversación pública. Aparece en las noticias cuando se registran temperaturas excepcionales, durante periodos de sequía, ante grandes incendios, o cuando se producen DANAs y lluvias torrenciales con daños importantes. Pero también está presente de una manera más cotidiana, en conversaciones sobre cómo han cambiado las estaciones, cuándo florecen determinadas especies o qué diferencias percibimos en la meteorología respecto a unas décadas atrás.

A esa conversación climática se incorporan continuamente datos, mapas, gráficas e indicadores. Una cifra puede ser muy significativa y, sin embargo, decir poco si no sabemos qué representa, cómo se ha obtenido o con qué podemos compararla. El reto está en hacer que esos datos puedan leerse sin perder su significado científico.

Ahí adquiere especial importancia la manera en que contamos esos datos: explicar de dónde proceden, qué muestran y cuáles son sus limitaciones, pero también relacionarlos con aquello que ya estamos percibiendo y viviendo. Los datos pueden ayudar a poner medida y contexto a cambios que muchas personas reconocen en su entorno: menos días de helada, noches más cálidas, periodos de calor que se alargan, cambios en las fechas de las cosechas o una mayor presencia y duración de determinadas plagas.

El año pasado tuve ocasión de hacer un pequeño ejercicio de este tipo para la revista del Día del Valle de Gesalatz, que esa vez se celebraba en Arzotz. El artículo partía de una frase muy habitual: «ya no nieva como antes». No se planteaba como una conclusión, sino como una pregunta: ¿es realmente así?

Ese planteamiento permite conectar una experiencia ahora cotidiana con la forma en que se construye el conocimiento climático. En lugar de presentar directamente una serie de gráficos, se explica de dónde salen los datos y cómo se han tratado. El interés comunicativo está en que quien recibe la información puede seguir el recorrido desde una percepción conocida hasta una representación cuantitativa de esa misma realidad, entendiendo además qué parte procede de mediciones directas y qué parte requiere una estimación. En otras palabras, se trata de partir de algo reconocible para llegar a los datos que permiten entenderlo.

En el artículo de Gesalatz se analizaron tres indicadores —la evolución del calor, la cantidad estimada de nieve y la duración del verano— que acababan apuntando en una misma dirección: temperaturas más altas, menos nieve y veranos más largos. Ese era el resultado final que recogía el texto, pero desde el punto de vista de la comunicación lo más relevante no era solo la conclusión, sino cómo se llegaba hasta ella: explicando qué se había medido, cómo se habían tratado los datos y qué significaba cada cambio en términos comprensibles. Además, los resultados permitían reconocer en los datos cambios que ya formaban parte de la experiencia cotidiana en el valle.

Hacer comprensible un resultado tampoco significa presentarlo con más seguridad de la que realmente tiene. Es importante explicar cómo se han obtenido los datos, cuáles son sus limitaciones y hasta dónde permiten llegar. En el caso de la nieve, por ejemplo, no se disponía de una serie completa de mediciones directas, por lo que fue necesario estimar qué parte de la precipitación podía haber caído en forma de nieve a partir de la temperatura media diaria. Explicar estas limitaciones ayudaba a interpretar mejor los resultados y a no atribuirles una precisión mayor de la que realmente tenían. A partir de ahí, los propios datos eran suficientemente expresivos y no necesitaban reforzarse con un lenguaje especialmente enfático.

El vínculo entre datos y experiencia puede ser una de las herramientas más útiles de la comunicación climática. El cambio climático no se percibe únicamente a través de un termómetro. También aparece en los calendarios agrícolas, en la disponibilidad de agua, en los ciclos de determinadas especies o en los cambios que detectan quienes llevan décadas viviendo y trabajando en un mismo territorio.

Estas experiencias no sustituyen a los datos, pero pueden ayudarnos a formular preguntas y a reconocer cambios que, una vez analizados, adquieren un significado más amplio. Cuando aquello que percibimos en nuestro entorno coincide con tendencias sostenidas en los registros, el cambio climático deja de ser una realidad abstracta y pasa a formar parte de nuestra experiencia directa.

En este sentido, acercar la comunicación climática al territorio significa partir de lo que ocurre en el entorno más próximo, de lo que sus habitantes observan y de los datos que permiten comprender esos cambios. Esa conexión entre conocimiento científico y experiencia compartida puede ayudar a construir una percepción común del problema y a reforzar la capacidad de un municipio para afrontar conjuntamente el reto ambiental.

A partir de ahí, el siguiente paso es actuar. Por un lado, buscar estrategias de adaptación a unas condiciones que ya están cambiando; por otro, reducir las emisiones que impulsan ese cambio. Percibir en nuestro entorno cercano las consecuencias de un fenómeno global puede ayudar a comprender mejor por qué son necesarias ambas cosas y a tomar decisiones más conscientes, tanto individual como colectivamente. «Ya no nieva como antes» era solo el punto de partida.

Iñaki Ordóñez Etxeberria – Astrofísico. Fundación Clima / Klima Fundazioa

La advertencia científica está dando un paso más y convirtiéndose en un movimiento activo para anticipar los impactos de El Niño, un fenómeno climático global que se suma al calentamiento planetario. La campaña internacional Alerta El Niño, impulsada por científicos y divulgadores, reclama a los gobiernos que actúen desde ahora y que incorporen los escenarios asociados al episodio de 2026-27 a sus planes de prevención y adaptación. No estamos hablando de especulación, sino de trasladar el conocimiento científico al terreno de la acción: anticipar los riesgos, preparar a las administraciones y reducir la exposición antes de que lleguen los impactos.

La iniciativa prevé dirigirse al Gobierno estatal, al Parlamento Europeo y a comunidades autónomas como Navarra para reclamar medidas proporcionales a la dimensión del riesgo. La urgencia tiene, además, una dimensión que va mucho más allá del impacto directo de una ola de calor, una sequía o una mala cosecha. Los episodios extremos pueden desencadenar efectos en cascada: una caída de la producción agrícola se traduce en escasez y aumento de precios; los daños en infraestructuras interrumpen el transporte; y la falta de agua golpea a la generación hidroeléctrica y a la industria.

El riesgo climático no se mide únicamente por el daño del primer impacto, sino por las cadenas de consecuencias que este desata. Un estudio publicado en Nature Communications estimó pérdidas globales de 2,1 billones de dólares para El Niño de 1997-98 y de 3,9 billones para el de 2015-16 al contabilizar precisamente estos efectos retardados. Debemos asumir tres realidades: el actual episodio de El Niño ya es el más intenso de los últimos 150 años, potenciará un calentamiento global cercano a los 2ºC en los próximos meses y la exposición de la población y el valor de los activos es mucho mayor que hace dos décadas. Entramos en una nueva era de extremos climáticos donde la economía mundial va a tambalearse, justo en un momento en el que la crisis energética también golpeará con fuerza.

El caso de Pamplona: ¿adaptación real o maquillaje?

Ante este escenario, es urgente que los políticos se asesoren en evidencias científicas. Un ejemplo reciente: el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado que, cuando exista aviso rojo de la AEMET por altas temperaturas, los menores de 18 años, las personas con discapacidad y quienes tengan reducciones por renta accedan gratis a las piscinas municipales. La medida es bienintencionada como instrumento de equidad, pero técnicamente muy cuestionable.

En primer lugar, un aviso rojo de la AEMET no se da para Pamplona, sino para una zona mucho más amplia. Desde 2012, solo se han emitido avisos rojos cuatro o cinco días, ya que esto supone prever una temperatura de 42ºC. Sin embargo, el riesgo térmico severo empieza mucho antes: puede darse perfectamente a los 30ºC con altos niveles de humedad y radiación. De hecho, recientemente hemos vivido hasta 60 días bajo olas de calor sin que se activara ningún aviso rojo.

Por otro lado, limitar el acceso a solo tres categorías ignora el verdadero espectro de la vulnerabilidad. Los propios planes sanitarios de Navarra señalan a personas mayores, embarazadas, enfermos crónicos y trabajadores expuestos. A esto se suma que la oferta pública de piscinas exteriores en Pamplona es limitada: la ciudad dispone de solo cuatro piscinas públicas entre 19 instalaciones, lo que deja una ratio de una piscina pública por cada 52.000 habitantes.

Es fundamental consultar a técnicos sanitarios, meteorólogos y especialistas en adaptación antes de lanzar medidas que suenan bien pero que se quedan en la superficie. Los municipios necesitan un debate público y procesos de participación ciudadana para diseñar transformaciones reales frente al calor: más verde vertical y horizontal, especies vegetales adaptadas al clima del futuro y más puntos de agua para hidratación. La red de refugios climáticos debe diseñarse, difundirse y abrirse mucho antes de que el clima sea peligroso, y no esperar a que una agencia declare el nivel máximo de alerta.

Las ciudades no se miden por su infraestructura o su marketing sostenible, sino por la calidad de vida de las personas que las habitan. La ciudad de los “15 minutos”, de la que se ha hablado tanto, de nada sirve que todo esté a un paseo de distancia si el tejido social que trabajaba allí ha sido expulsado a la periferia por la vivienda prohibitiva. El hacinamiento en pisos compartidos o la emancipación tardía a los 31 años anulan el espacio personal y el descanso, que son la base para que cualquier sociedad prospere. Si el alquiler consume el 50% o más de los ingresos, el consumo local se reduce a la pura supervivencia, asfixiando los comercios que dan vida a las calles. La verdadera seguridad no emana de una mayor presencia policial o de plazas diáfanas de hormigón, sino de la cohesión social y de no dejar desamparados a los vecinos y vecinas bajo los puentes. 

Una ciudad amable no es la que estrena parterres cada cuatro años, sino aquella donde la gente mayor (las “Maricarmenes”) puede envejecer con dignidad, seguridad y un sentido de pertenencia.

Pamplona también encarna a la perfección esa dolorosa paradoja urbana. Por un lado, las estadísticas y los rankings la ensalzan sistemáticamente como la ciudad con mayor calidad de vida del Estado y una de las mejores de Europa, destacando su seguridad, sus espectaculares zonas verdes y sus servicios públicos. Sin embargo, si rascas esa superficie de “ciudad ideal”, te chocas de frente con el muro de la vivienda. 

La paradoja de los “15 minutos” bajo el control de precios. El Gobierno de Navarra ha tenido que declarar Pamplona y su comarca como Zona de Mercado Residencial Tensionado para intentar frenar la sangría. Aunque se ha logrado contener el precio medio del alquiler en torno a los 11,6 €/m², la realidad en barrios históricos y universitarios como el Casco Antiguo (12,5 €/m²) o el Segundo Ensanche (11,9 €/m²) sigue expulsando a los vecinos.

Pagar un alquiler medio en Pamplona en los nuevos contratos se sitúa en 796,2 euros en el segundo trimestre de este año, mientras fuera de las zonas tensionadas sube un 4,7%, y supera los 1.000 euros si se buscan pisos completos en portales inmobiliarios generales. Teniendo en cuenta la precariedad juvenil, la consecuencia directa es pisos compartidos obligatorios para estirar el sueldo o jóvenes atrapados en casa de sus padres.

El informe del Eurobarómetro sobre la calidad de vida en las ciudades europeas, marzo de 2025, adaptado a Pamplona lo deja claro. Mientras que el 98% de los vecinos y vecinas dicen que la ciudad es maravillosa para vivir, un abrumador 88,3% confiesa que es casi imposible encontrar una vivienda asequible. Pamplona es la penúltima ciudad de toda la Unión Europea en este indicador.

De nada sirve tener los parques de la Vuelta del Castillo o la Taconera impecables si las “Maricarmenes” de San Jorge, Iturrama o la Rochapea ven cómo sus nietos tienen que mudarse a la periferia o a pueblos de la Comarca de Pamplona porque la capital se ha vuelto económicamente prohibitiva. Pamplona tiene el diseño de una ciudad amable, pero corre el riesgo de quedarse sin gente que pueda pagarse el derecho a disfrutarla.

También es urgente regular y limitar la proliferación de pisos turísticos y la especulación que desplaza al comercio local de los barrios céntricos como el Casco Antiguo o el Ensanche. Suspender licencias de cambio de uso de locales a viviendas de lujo o apartamentos turísticos ayuda a mantener el tejido residencial tradicional.

En Pamplona, el sinhogarismo ha dejado de ser un problema invisible para convertirse en una fractura social evidente en los portales, los cajeros y debajo de los puentes del río Arga. Los colectivos sociales y las entidades vecinales que trabajan sobre el terreno estiman que hay unas 200 personas viviendo en la calle de manera permanente en Pamplona. Desde estos colectivos de apoyo se denuncia que los recursos siguen siendo insuficientes y que los criterios de arraigo (como exigir tiempo mínimo de empadronamiento para optar a ciertas plazas de media estancia) siguen dejando a decenas de personas fuera de los albergues durante el invierno. El sinhogarismo en Pamplona ya no es algo coyuntural, sino el reflejo de que el mercado de la vivienda ha expulsado por completo a los eslabones más débiles de la cadena.

Cuando hablamos de “mezcla de usos del suelo” como clave de ciudades sanas, vivas y sostenibles no me refiero a un Carrefour 24h en el bajo y unos apartamentos turísticos (Airbnbs) en las plantas superiores. La vivienda también es urbanismo. Quizá sea, de hecho, el urbanismo más básico de todos.

La financiarización de la vivienda, los fondos inversores de capital y la concentración de vivienda en manos de grandes tenedores amenazan todo lo que sabemos que una ciudad es, un punto de encuentro, un lugar de conocimiento, de cultura, de tradiciones que se pasan por generaciones.

Por cierto, llamar buitres a estos fondos inversores de capital es muy injusto para el ave rapaz de ese nombre. El buitre espera, pero no mata: limpia, recicla la muerte, evita enfermedades y cumple una función esencial en el equilibrio del ecosistema. Los 'fondos buitre' son una de las perversiones del lenguaje, que hay que cambiar en los medios y en otros lugares. 

Pero volviendo al brutal e inhumano trato que ha sufrido Maricarmen, estos días nos están demostrando la importancia de la movilización, para hacer frente a la realidad actual del mercado de la vivienda, el cual, por causas políticas, impide ejercer uno de sus derechos fundamentales como es el acceso a un hogar digno. Tienen razón en protestar porque, como estamos comprobando, para avanzar socialmente es necesario que la ciudadanía se movilice. 

El pasado miércoles 23 de septiembre se publicaba la noticia de que se había aprobado en la Comisión de Ordenación del Territorio el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Etxabakoitz (PSIS), que permitirá construir 11.500 viviendas, la mitad de ellas protegidas y a precio asequible. 

En su presentación, tanto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, como el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, subrayaron “la importancia de poner a disposición de la ciudadanía suelo para vivienda protegida y pública, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. También señalaron que el proyecto permitirá a Pamplona y su comarca ganar espacios públicos, zonas verdes y corredores de movilidad”.

Sin restar valor a estos beneficios, el proyecto genera una gran preocupación vecinal, por las dinámicas hídricas del río Elorz y su confluencia con el río Sadar. Hay zonas, como en el Sadar por la zona de universidades que literalmente se mete el cauce en un tubo, y, el llamado “efecto tapón” o de traslación del riesgo río abajo es una de las principales críticas técnicas y ambientales frente a las modificaciones agresivas en los cauces. Al sobreelevar cotas de terreno y encauzar artificialmente un tramo, se altera drásticamente la llanura de inundación natural. Esto provoca consecuencias físicas inmediatas: el agua acelera su velocidad al reducirse el espacio de fricción natural y busca espacio en las zonas contiguas que quedan topográficamente más bajas, agravando las inundaciones en los municipios vecinos. Este fenómeno vulnera directamente el principio de gestión solidaria de cuencas promovido por la Directiva Marco del Agua de la UE, la cual exige que las soluciones a las inundaciones en un punto no trasladen el problema a los habitantes de aguas abajo. 

Lo que hoy es una extensa llanura aluvial, aguas abajo del Grupo Urdánoz, se convertirá en un pasillo estrecho del río Elorz franqueado por muros. La propia Declaración Ambiental, que se publicó el 21 de julio en el BON, lo reconoce: “3. En ese mismo tramo del ”Sector S3: Harinera“ la amplitud del cauce se estrecha enormemente en la margen izquierda, concretamente junto a tres-cuatro manzanas de bloques de edificios en ”U“ y en una longitud de cauce aproximada de 250 metros. Existe un punto donde solo se dejan 16 metros de distancia entre el vial peatonal y la orilla del río.” ¿Pero esto es un urbanismo moderno junto al río Elorz? ¿De verdad teniendo, además, el grave problema heredado de inundabilidad en el Grupo Urdánoz?

Actualmente, se está trabajando a nivel estatal en un real decreto para incorporar el riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico, pero me temo que llegará tarde y que no reducirá la vulnerabilidad en el enorme parque edificado e industrial existente.  

Se urbaniza en zonas de inundación asumiendo que “elevar el terreno” o sobredimensionar desagües soluciona el problema, cuando en realidad lo que se hace es trasladar el riesgo aguas abajo y crear una falsa sensación de seguridad.

Una de las grandes contradicciones del urbanismo contemporáneo radica en la gestión del riesgo geotécnico e hidráulico, ejemplificada en el uso sistemático de cimentaciones profundas. Debido a que el Código Técnico de la Edificación (CTE) prohíbe apoyar estructuras sobre rellenos antrópicos no consolidados, se recurre de forma generalizada al pilotaje. Si bien esta técnica garantiza la estabilidad estructural del edificio frente a las cargas, no mitiga la vulnerabilidad ambiental del entorno. El agua, al recuperar su espacio natural, erosiona los suelos colindantes y compromete gravemente la infraestructura urbana perimetral, dejando desprotegidas las vías públicas y las redes de abastecimiento y saneamiento.

Por otra parte, diseñar aparcamientos subterráneos en llanuras aluviales -incluso en la narrativa moderna de adaptarlos para el coche eléctrico- es un riesgo mayúsculo. No solo se crean ratoneras hidráulicas difíciles de evacuar, por falta de previsión de las inundaciones freáticas, sino que la presencia de baterías de litio y sistemas eléctricos en zonas inundables añaden un peligro severo.

Se sigue aplicando una mentalidad basada en “domar” el río mediante hormigón y movimientos de tierras, en lugar de aplicar un principio básico de precaución: no construir donde el agua va a entrar. Lamentablemente, el enorme parque edificado e industrial ya existente en zonas de riesgo estructural es el gran olvidado en la planificación, que suele mirar al futuro, pero ofrecen pocas soluciones de adaptación, como la relocalización incentivada para lo que ya está en pie.

Una pregunta clave es, ¿si se meten millones de euros en ingeniería pesada (muros, elevación de parcelas, encauzamientos y balsas), queda resuelta la inundabilidad para esas 11.500 viviendas y otras aledañas existentes? La ingeniería tradicional se centra en que el río no entre (inundación fluvial), pero olvida el agua que cae del cielo (inundación pluvial). Al construir 11.500 viviendas, se impermeabilizan cientos de hectáreas con hormigón, viales, techos y aceras, disminuyendo el tiempo de concentración. El agua de lluvia no puede infiltrarse en el suelo. Todo ese volumen va directo e inmediato a los colectores y alcantarillas. Si el río principal ya va lleno, los desagües no pueden evacuar por gravedad, el sistema entra en carga y la urbanización se inunda desde dentro por sus propias alcantarillas. Y, eso ha pasado en el Grupo Urdánoz, construido entre los años 1954 y 1959, en zona inundable y de flujo preferente, y que sorprendentemente no entra en el PSIS actual. Es la oportunidad de realizar una Retirada Estratégica de las viviendas del grupo Urdánoz con la previsión de un realojo por fases en la nueva edificación prevista.

En un volumen de edificación tan descomunal como 11.500 viviendas, confiar exclusivamente en la ingeniería del siglo pasado es firmar una hipoteca de riesgo muy alta para las próximas décadas, sobre todo en la previsión de cambio climático con lluvias cada vez más torrenciales.

Este pasado jueves se debatió en el Parlamento de Navarra una moción de Unión del Pueblo Navarro que, básicamente, solicitaba las competencias para Navarra para poder otorgar los permisos de trabajo para la población migrante, tanto la que ya forma parte de nuestra sociedad como para hipotéticas contrataciones en países de origen.Completamente de acuerdo en el fondo porque siempre voy a defender el autogobierno y la gestión de lo propio y lo más cercano, máxime ante la amenaza de que en el Gobierno del Estado desembarquen fuerzas que están haciendo del odio sistemático al migrante su catecismo. Pero se ha resaltado muy poco que Contigo/Zurekin presentó una enmienda que fue rechazada por UPN.

La enmienda decía algo tan revolucionario como que se instaba al Gobierno de Navarra, del que soy consejera de Políticas Migratorias, a elaborar un protocolo junto a las organizaciones empresariales para que estas, las organizaciones empresariales navarras que legítimamente reclaman mano de obra, se comprometieran de forma firme a respetar los derechos de ciudadanía que asisten a las personas migrantes, no solo los laborales.

Y se pedía que en ese protocolo las organizaciones empresariales navarras se comprometieran de forma pública y activa a combatir la campaña ultra internacional de discursos de odio y deshumanizadores en las que estamos actualmente inmersos. Es decir, que defiendan la dignidad, los derechos y las aspiraciones de las personas migrantes que trabajan en sus empresas frente a la locura ultra de la Internacional del Odio.

Algo así, en palabras más llanas, de que las personas migrantes no son solo mano de obra barata, sino que son seres humanos con todos sus derechos, sus aspiraciones y a los que les asiste el derecho a crear sus propios proyectos de vida con dignidad y sin ataques deshumanizadores.

Bueno, a UPN no le pareció oportuno situar su dignidad al mismo nivel que las reclamaciones empresariales, pero estoy segura que la mayoría del empresariado navarros hubieran entendido perfectamente esta petición, y trabajaré para conseguirla.

Y no me extraña que UPN no la atendiera ante la desubicación total que tienen frente a los discursos ultras, no en vano, a día de hoy y por la información que dispongo, UPN sigue manteniendo el carnet a un alcalde, el de Valtierra, que aprobó una ordenanza municipal en donde discrimina al 30% de sus vecinos por razón de su origen. Y ahí sigue.

El verano se acerca a su fin dejando un reguero de récords de calor y números nunca vistos de muertes por temperaturas extremas a lo largo y ancho de Europa. 2026 no ha sido una excepción, sino el último episodio de una tendencia que no deja de agravarse, según las conclusiones del informe de Lancet Countdown 2026 sobre salud y cambio climático en las ciudades del continente.

El nuevo informe científico desarrollado por 58 investigadores de 31 instituciones académicas, confirma que los riesgos climáticos para la salud urbana crecen de forma desigual. El informe analiza 28 indicadores, como la mortalidad atribuible al calor, la contaminación del aire, las concentraciones de polen o la superficie arbolada, de más de 850 ciudades europeas, entre ellas Iruñea.  

El estudio hecho público el miércoles se pregunta si las ciudades se están adaptando lo suficientemente rápido a este nuevo paradigma climático, y se considera que las medidas adoptadas no son suficientes: Europa debe avanzar más rápido y llevar a cabo acciones más contundentes para aplacar los impactos climáticos, especialmente graves en nuestro continente, que se calienta al doble de velocidad que la media global.

En el caso del Estado español, donde se han analizado un total de 98 ciudades, el informe destaca que la concentración de población en las ciudades agrava los riesgos que el cambio climático tiene para la salud de sus residentes, con unas urbes que suspenden en espacios verdes y movilidad sostenible. Concretamente, en 2023 más de la mitad de la población del estado vivía en 98 ciudades y alrededor del 40 % de la población urbana se concentraba en Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que el 27,5 % lo hacía en 16 urbes grandes o muy grandes. 

Las muertes por causas relacionadas con el calor han aumentado más en el Estado español que en la media europea, después de que en el periodo 2015-2024 se registrara un promedio de 95,4 fallecimientos adicionales al año por cada millón de habitantes, frente a los 82 muertos por cada millón de habitantes en el resto de urbes del continente.

Para enfriar las ciudades, reducir la contaminación del aire y proteger la salud pública, la ONU recomienda que las ciudades mantengan al menos un 30 % de la cubierta arbórea. Sin embargo, este porcentaje era del 13,2 % en las ciudades del Estado español en 2020 y solo el 12 % de las urbes tenían una cubierta del 30 % o más.

Otro indicador estudiado es la facilidad para una movilidad sostenible, tal como caminar, ir en bici o usar transporte público, opciones que contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejoran la calidad del aire. Los autores apuntan que una buena puntuación es aquella que al menos se sitúa en siete sobre diez o superior, y revelan que, en 2022, “las ciudades del estado obtuvieron una puntuación media de 5,3 sobre 10”. Según sus datos, Iruñea se sitúa a la cabeza, con un 6,8 sobre 10. 

Pero tampoco se trata de echar “las campanas al vuelo”. El pasado 2 de septiembre el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, presentaba un Pacto de Ciudad por el Clima que se pretende trabajar con la ciudadanía, tejido social y económico y grupos municipales, con una gran profusión de datos que confirman las anomalías que se están registrando en la capital navarra respecto a la serie histórica en conceptos como la temperatura media, las noches tropicales o las precipitaciones.

La propuesta se basa en la asunción de seis compromisos centrales. En primer lugar, un compromiso con la ciudadanía “para que la salud de las personas sea el mayor objetivo de las políticas públicas de este Ayuntamiento”. En segundo lugar, se propone que la ciudad se comprometa a contribuir “en todos los ámbitos” a la lucha contra el cambio climático impulsando la reducción de su contribución al calentamiento del planeta. El tercer compromiso sería mejorar las condiciones y herramientas para que la ciudad pueda dar respuesta “a los riesgos climáticos y a los episodios extremos”. El cuarto habla de igualdad y reclama que esta transición se haga desde el principio de justicia social y bajo la premisa de que “nadie quede atrás”. En quinto lugar, se pide priorizar la búsqueda de financiación adecuada para las actuaciones a realizar y, finalmente, el sexto compromiso, reclama intensificar la cooperación y coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales o económicas.

Un Pacto de Ciudad por el Clima resulta interesante y positivo porque permite adaptar la capital navarra al aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos.

Ahora bien, hay algunas cuestiones que se deberían tener muy en cuenta. Una de ellas, es la evolución de las temperaturas globales que está superando las predicciones climáticas más conservadoras, lo que ha dejado obsoletas muchas de las planificaciones. Esta aceleración del calentamiento obliga a un rediseño profundo y urgente en áreas críticas como fenómenos extremos, umbrales de habitabilidad, infraestructuras resilientes y economía de adaptación. 

Otra cuestión fundamental es el presupuesto. En este sentido, las políticas climáticas requieren financiación adecuada y las partidas destinadas actualmente a esta materia sigan siendo insuficientes en relación con la magnitud del problema. De hecho, en el informe Lancet Countdown se señala que “las limitaciones en la capacidad financiera pueden obstaculizar la capacidad de las ciudades para planificar, implementar y mantener la financiación de acciones climáticas integrales”.

Finalmente, la participación ciudadana real, vinculante y deliberativa, como las Asambleas Ciudadanas de Cambio Climático, es el pilar fundamental para que la acción climática local funcione, tenga legitimidad y continuidad a largo plazo.

En estos tiempos de fin de legislatura en Navarra, sigue estando pendiente el modelo y el modo en que debe realizarse la implantación de las plantas de biometanización en nuestra tierra. Retrocediendo en el tiempo, la actuación inicial de las instituciones, tanto locales como del Gobierno de Navarra, no pudo ser más desacertada. Opacidad, permisividad, discrecionalidad y carencia de criterios ordenadores ante la llegada de proyectos de grandes plantas de biometanización. Todo ello provocó la organización de plataformas populares en pueblos de Tierra Estella, Zona Media y Ribera para dar cauce a la incertidumbre y enfado ante imposiciones carentes de legitimidad social.

La labor de las plataformas ha sido incansable en los dos últimos años: charlas informativas, alegaciones, movilizaciones y presentación de propuestas. Toda esta fuerza social ha sido capaz de condicionar el escenario. En primer lugar, por haber puesto de manifiesto las carencias con las que se estaba abordando la instalación de estas plantas: sin debate social, sin ordenación, sin instrumentos normativos y de control. En segundo lugar, por poner sobre la mesa la necesidad de una moratoria real que permitiera abordar con racionalidad, sosiego, democracia y visión estratégica esta cuestión.

Un primer intento por reconducir este proceso se produjo en otoño del 2025. La demanda demoratoria, acompañada por la movilización social, llegó al Parlamento. El resultado, sin embargo, no respondió a las expectativas. Se aprobó una moratoria, pero, descafeinada al reducir el tiempo de su duración y diluir sus objetivos. Una decisión que se impuso con los votos de PSN, UPN y PP y que generó incomprensión en los pueblos afectados.

Un segundo intento sucede durante los pasados mes de mayo y junio. Vuelven las movilizaciones de las plataformas en la medida en que se constata la ineficacia de la moratoria para cumplir con sus objetivos y el enquistamiento de los proyectos. Se registran escritos e informes en el Parlamento navarro con propuestas relacionadas tanto con el modelo de biometanización, así como con la necesidad de una moratoria, ahora sí, real, de dos años, con inclusión de todos los proyectos en proceso de autorización. Y para ello se hace un llamamiento a los partidos políticos para que dicha aprobación tuviera lugar en el Pleno del 25 de junio.

El 2 de junio, las plataformas participan en la Comisión de Desarrollo Rural para trasladar sus opiniones y demandas. En ella, queda claro, por parte de todos los grupos parlamentarios, que la falsa moratoria aprobada a finales de octubre del año pasado, no había servido para solucionar de verdad el problema del modelo de biogás en Navarra que se quiere imponer por parte de intereses privados. El 16 de junio de 2026, la Comisión de Desarrollo Rural aprobó una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a impulsar las medidas oportunas para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás. Para ello proponía el aplazamiento de las instalaciones hasta que Navarra cuente con un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado y sostenible de estas plantas. Sin embargo, el Pleno del Parlamento del 25 de junio no atendió la demanda de aprobación de moratoria real que habían lanzado las Plataformas.

El verano ha seguido generando noticias en torno a la biometanización. En concreto, en relación a aquellas plantas que de forma discrecional quedaron fuera de la moratoria: Arroniz y Sesma. Por un lado, la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Departamento de Medio Ambiente que concede autorización a la planta de Arroniz. La razón: el cúmulo de irregularidades que se han producido en su tramitación y sus impactos negativos en el territorio. Por otro, la publicación en el BON de la segunda información pública de la planta de Sesma, y que está pendiente de las alegaciones a realizar por personas físicas o jurídicas. En ambos casos, entre otras cuestiones, se repite un mismo patrón: la falta de fiabilidad de las empresas promotoras a la hora de justificar e identificar debidamente la superficie agrícola en la que verter los digestatos, uno de los grandes problemas de estas plantas cuando se realiza sin control.

Y, por último, las amenazas de las empresas al no ver satisfechas sus demandas que hemos conocido por los medios de comunicación. Biometano Sesma anuncia la opción de llevar a los tribunales a la consejería de Medio Ambiente por “arbitrariedad, desviación de poder y posible prevaricación administrativa” y AGR Biogas plantea valorar los perjuicios y estudiar la posibilidad de adoptar acciones legales contra la administración.

En este escenario, consideramos más urgente que nunca clarificar la situación. No podemos seguir con este embrollo. Para ello precisamos debate social sobre el modelo que responda a la realidad navarra; tenemos que contar con datos fehacientes y contrastados; necesitamos planificar y ordenar frente al desorden de iniciativas privadas; hay que preservar el carácter estratégico tanto de la calidad de nuestro suelos, ríos y acuíferos como del sector primario a la hora de producir alimentos; asegurar un marco normativo de gestión y control actualizado, con recursos y de igual aplicación a todos los proyectos e iniciativas; tenemos que garantizar y ejercer la capacidad de decisión frente a las presiones y amenazas de litigios por parte de empresas promotoras para forzar la implantación de grandes plantas industriales.

Es mucho lo que está en juego. Siempre hay opción de reconsiderar y reconducir las situaciones, más aún cuando la mayoría social está de acuerdo en ello. Por esta razón, el Parlamento navarro tiene ahora en sus manos aprobar una moratoria real, de al menos dos años, y que incluya a todos los proyectos que se hayan presentado o estén en proceso de autorización, para poder afrontar todas las tareas pendientes. Cuanto antes lo haga mejor. Que a la tercera vaya la vencida.

Cada 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, que en 2026 se celebra bajo el lema “Contextos diferentes, aspiraciones comunes”, nos invita a reflexionar sobre el papel que ocupa la juventud en la sociedad. No como objeto de discursos o campañas institucionales, sino como ciudadanía con capacidad para participar e influir en las decisiones que marcan nuestro presente y futuro.

Desde el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) defendemos que la juventud no es una etapa de espera hasta la edad adulta, sino una parte activa y plena de la sociedad. Esa convicción se refleja en el proyecto de Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional que desde el Gobierno de Navarra hemos elaborado y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

Se trata de una iniciativa pionera que reconoce que las decisiones adoptadas hoy condicionan directamente las oportunidades de las generaciones jóvenes. Frente a una visión centrada en el corto plazo, esta ley incorpora una mirada de futuro a la acción pública.

Pero además, para reforzar la participación joven, esta legislatura hemos impulsado el Consejo Interinstitucional de Juventud, un espacio que reúne a asociaciones juveniles, universidades, sindicatos, entidades feministas, organizaciones de personas con discapacidad, colectivos LGTBI+, grupos parlamentarios y jóvenes a título individual. Gracias a este trabajo colaborativo también junto con las asociaciones de jóvenes y profesionales de juventud se ha elaborado la Estrategia de Juventud de Navarra 2025-2028 y la futura Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional.

Ambos documentos identifican retos clave para una juventud cada vez más diversa: el acceso a la vivienda, el bienestar emocional, la desinformación y los discursos de odio en redes sociales o el impacto de una inteligencia artificial en constante evolución. A ello se suman iniciativas ya desarrolladas por el INJ, como la ampliación de la Red de Servicios de Información Juvenil en prácticamente toda Navarra, el apoyo a la educación no formal y al ocio educativo, y el trabajo del Observatorio Joven que nos ha demostrado que la juventud navarra apuesta por la convivencia en diversidad.

Pero era necesario dar un paso más y dotarla de un marco legal que garantice estos compromisos y obligue a incorporar la perspectiva joven en las decisiones públicas.

La nueva Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional sustituirá a la aprobada en 2011 y entre sus principales novedades incorpora el Youth Test, promovido por la Comisión Europea, para evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la juventud antes de su aprobación. También crea el Foro de la Juventud de Navarra como máximo órgano de representación juvenil, con capacidad para emitir informes y trasladar propuestas a las instituciones. Además, contempla mecanismos de participación como consultas, mesas jóvenes, presupuestos participativos o un Parlamento Joven.

No hablamos de una declaración de intenciones, sino de estructuras permanentes. La ley prevé una Red de Profesionales de Juventud, una Comisión Científica que refuerce las políticas basadas en el conocimiento empírico y sistemas de seguimiento periódico de la realidad social de las personas jóvenes.

Así, conseguimos situar a Navarra en la vanguardia de las políticas de juventud, ampliando su alcance a ámbitos como el medioambiente, la cultura, la movilidad o el consumo sostenible.

Porque las realidades de las diversas juventudes actuales son muy distintas a las de hace quince años y las políticas públicas deben adaptarse a ellas.

En un contexto lleno de desafíos, esta ley representa una apuesta por quienes son jóvenes hoy y por quienes lo serán en las próximas décadas. La justicia intergeneracional significa precisamente eso: no trasladar al futuro los problemas que debemos afrontar en el presente.

Por ello, invito a toda la sociedad navarra a entender esta ley no como una cuestión exclusiva de la juventud, sino como una decisión colectiva sobre el modelo de comunidad que queremos construir. Las políticas de vivienda, empleo, sostenibilidad o fiscalidad que aprobemos hoy determinarán las oportunidades de las próximas generaciones.

Este 12 de agosto quiero hablar menos de declaraciones y más de hechos: del trabajo realizado, de una futura Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional, de un Foro de la Juventud con voz real y de una Administración que se pregunte, antes de cada decisión, si contribuye a mejorar las oportunidades de la juventud navarra.

Ese es el compromiso del Instituto Navarro de la Juventud.

Feliz Día Internacional de la Juventud.

Cada 18 de junio, el Día Internacional para Contrarrestar los Discursos de Odio nos recuerda que la democracia no se defiende solo a través de la participación electoral, sino también en el lenguaje, en la conversación pública y en la forma en que nos relacionamos con quienes piensan, viven o sienten de manera distinta. El odio nunca es inocente. Empieza señalando, simplificando y deshumanizando; termina deteriorando la convivencia y legitimando la exclusión.

Desde el Instituto Navarro de la Juventud hemos querido situar esta realidad en el centro de nuestra acción pública. Por eso esta legislatura lideramos una línea de trabajo específica sobre discursos de odio y fake news, en colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra y el ámbito académico, para ofrecer a la juventud herramientas concretas con las que identificar la desinformación, desmontar prejuicios y fortalecer una mirada crítica frente a los mensajes que circulan en redes y entornos digitales.

No hablamos de una declaración de intenciones, sino de una política pública sostenida: talleres en espacios educativos y centros juveniles, formación para profesionales, itinerarios con asociaciones, actividades de educación no formal y cursos de verano para entender cómo operan los bulos, cómo se construyen los estereotipos y cómo responder desde un enfoque de derechos humanos.

Sabemos que determinados mensajes encuentran terreno fértil en la frustración, la incertidumbre o el miedo. Pero también sabemos que la juventud navarra está profundamente comprometida con la solidaridad, la diversidad y la justicia social. Nuestra responsabilidad institucional es empoderarla, reforzar sus capacidades y generar espacios seguros donde pueda construir comunidad.

Combatir los discursos de odio no consiste solo en reaccionar ante sus efectos; consiste en prevenir sus causas. 

Este 18 de junio renovamos ese compromiso: más pensamiento crítico, más educación democrática y más convivencia. También más que nunca fortalecemos nuestro compromiso con una Navarra joven, plural y libre de odio. Frente a quienes quieren dividir, elegimos convivir. Frente al insulto, elegimos palabra. Frente al miedo, elegimos derechos. Y frente al odio, elegimos diversidad.

Txema Burgaleta es Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud-Nafarroako Gazteriaren Intitutua.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los fenómenos meteorológicos extremos aumentan en frecuencia e intensidad, agravando sus consecuencias. Además de la dramática pérdida de vidas humanas, se produce una destrucción del territorio y un aumento de los daños. 

Los datos son contundentes. La Organización Meteorológica Mundial advierte de pérdidas económicas debidas a fenómenos climáticos, que se han multiplicado por siete desde 1970; en Europa, las pérdidas acumuladas desde 1980 se estiman en 738 mil millones de euros, de los cuales el 22% se concentraron entre 2021 y 2023, lo que demuestra una aceleración crítica de los daños; un informe reciente de la Universidad de Mannheim y el Banco Central Europeo estima que el coste a corto plazo de las olas de calor, las sequías y las inundaciones en 2025 en Europa supera los 43 mil millones de euros, el 0,26% del PIB de toda la UE, y lo calcula en más de 126 mil millones para 2029. Estas estimaciones no tienen en cuenta otros desastres como los destructivos incendios forestales de julio y agosto del verano pasado.

Las compañías aseguradoras, conscientes del creciente riesgo, llevan tiempo aumentando sistemáticamente sus primas. Según estimaciones globales, los eventos extremos ya representan entre el 35 % y el 40 % de las pérdidas aseguradas anuales, un coste que afecta directamente a todos. Además, a medida que los eventos se vuelven predeciblemente extremos, muchos bienes dejan de ser asegurables.

El estudio “El futuro de los seguros 2025-2026: cómo crecer y liderar en un mercado en transformación”, señala que el 20,5 % del crecimiento de las primas mundiales hasta 2040 se deberá al cambio climático.

La crisis climática ha dejado de ser una proyección futura para convertirse en un riesgo sistémico que afecta la estabilidad de la economía global, las infraestructuras y los medios de vida.

Navarra enfrenta vulnerabilidades ante el cambio climático, caracterizadas principalmente por un aumento de temperaturas, reducción de agua disponible y fenómenos meteorológicos extremos, según la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en Navarra (LIFE-IP NAdapta-CC). El territorio muestra una tendencia hacia un clima más seco y cálido, con impactos significativos cada vez más cercanos.  

Las olas de calor se han intensificado y duplicado en frecuencia e intensidad en la última década, consolidándose como un riesgo creciente debido al cambio climático. Los años 2022, 2023, 2024 y 2025 son los 4 más cálidos desde 1961. Las muertes atribuidas a altas temperaturas se duplicaron en Navarra durante el verano de 2025, con 72 fallecimientos frente a 36 en periodos anteriores. En resumen, este calor extremo ha llegado para quedarse.

Otro impacto al que nos enfrentamos es la intensificación de los incendios forestales de nueva generación y una temporada de riesgo más prolongada, lo que incrementa los daños. El responsable del Departamento de Reducción de Riesgo de Desastres de TESICNOR, Peio Oria, en la jornada científico-técnica Pirogeografía de Navarra celebrada el pasado 24 de abril en el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en Pamplona, dijo que los grandes incendios catastróficos “todavía están por llegar a Navarra”, aunque señaló que el verano de 2022 ofreció ya “un anticipo de lo que puede ocurrir”. 

Los incendios afectan a nuestra comunidad y requieren un aumento del presupuesto anual destinado a la prevención y defensa contra incendios. Otros daños más difíciles de cuantificar son la erosión y la pérdida de productividad del suelo, la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y otros impactos en cadena, como el efecto de las lluvias torrenciales.

Paradójicamente, a pesar de la intensidad de las lluvias, la posibilidad de estrés hídrico y sequías estivales más prolongadas ya nos afecta. Así, por ejemplo, la campaña de cereal en Navarra en 2022 fue una de las peores de la década, marcada por un descenso de producción cercano al 15 % respecto a la campaña anterior, principalmente por la falta de lluvias y las altas temperaturas. En la Zona Media y el sur (secanos áridos), los rendimientos fueron bajísimos, considerados de los peores en años. La campaña 2023 fue calificada como la peor en los últimos 20 años, alcanzando cifras muy graves en cultivos de secano y pastos.

Los criterios tradicionales utilizados en economía y gestión territorial han quedado obsoletos. Un punto central en el contexto actual es el marcado por la necesidad de transitar de un modelo de “reconstrucción tras el desastre” a uno de “prevención y adaptación estructural”.

Navarra enfrenta efectos significativos del cambio climático, con un impacto económico creciente que afecta a sectores clave como el agroalimentario y la industria. Este escenario obliga a abordar la mitigación del calentamiento mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con mayor intensidad, ya que siguen creciendo, pero considerando los impactos que estamos experimentando, sin adaptación, los impactos actuales serán inasumibles.

La adaptación es un área de inversión con altos retornos económicos, ya que invertir en resiliencia hoy reduce costos masivos por daños en el futuro. La adaptación no es solo un gasto, sino una protección de activos y vidas, mejorando la seguridad ante eventos extremos. Sin embargo, la prioridad que se ha dado en los últimos presupuestos generales de Navarra a la mitigación (83,63% de la inversión presupuestada en acción climática) frente a la adaptación (16,37%) demuestra que es una estrategia de mucha energía y poco de clima, cuando ya ha llegado el momento de invertir más en prepararnos.

Las nubes que cubrían aquella mañana Montejurra, la montaña sagrada del carlismo en tierra Estella, en el centro de Navarra, no eran las únicas que velaban el horizonte. El valor simbólico y memorial de esa cumbre cargada de historia estaba en disputa. La evolución del movimiento dinástico hacia posiciones federalistas, socialistas y de autogestión, llevaba originando malestar en los sectores más tradicionalistas desde fines de la década de los años cincuenta, pero se incrementó con el paso de los años, provocando la salida de aquellos que no se reconocían en la nueva cultura política asentada con la irrupción de Carlos Hugo de Borbón-Parma y su consolidación pública a partir de los años sesenta. El goteo de escisiones y la formación de grupos tradicionalistas próximos al franquismo, que reconocían la monarquía de Juan de Borbón y su hijo Juan Carlos, o que simplemente respaldaban posiciones de intransigencia doctrinal, llevaron a nuevos episodios de ruptura en el seno del carlismo. Como en ocasiones anteriores (especialmente en 1888 con los integristas o en 1919 con los mellistas, pero también con los cruzadistas en los años treinta, los octavistas en los cuarenta, la Regencia de Estella a partir de los cincuenta, etc.), los enfrentamientos se hicieron habituales, la mayor parte de las veces dialécticos, pero llevados a las manos en otras ocasiones.

En 1939, semanas después de terminada la guerra, se había puesto en marcha la romería de Montejurra, aprovechando el simbolismo bélico de una montaña en cuyo entorno los carlistas combatieron desde la primera guerra (1835) y sobre todo en la batalla de noviembre de 1873 y en febrero de 1876. Como puerta de Estella, era un emplazamiento estratégico, objeto de la disputa entre combatientes y marco incluso de la Asociación La Caridad en el monasterio de Irache, la iniciativa asistencial y sanitaria puesta en marcha por el carlismo en la última guerra del siglo XIX y amadrinada por Margarita de Borbón-Parma, llamada el ángel de la caridad. En esta concurrencia simbólica, cuando en 1903 Alfonso XIII visitó Estella, dirigió unas maniobras militares en la falda de Montejurra, muy consciente de su papel simbólico y de la necesidad de arrebatárselo a un carlismo al que se consideraba derrotado, un vestigio del pasado.

Sin embargo, la romería de las madres navarras, como se denominó la iniciativa de 1939, era una reivindicación de la memoria carlista, primordialmente bélica, y muy marcada por la religiosidad del momento, y además una apropiación de Montejurra como lugar de memoria. Esta celebración de tono religioso, organizada por la Hermandad del Vía Crucis de Montejurra para evitar dificultades con las autoridades franquistas, comenzó a adquirir un tono político con la aparición en 1957 de Carlos Hugo de Borbón, hijo del pretendiente Javier de Borbón Parma, como príncipe de Asturias. Los años siguientes asistieron a un considerable incremento de concurrentes, que llenaban las laderas y proximidades del monte. Los discursos se sucedían, con un tono marcadamente tradicionalista hasta mediada la década de los sesenta. De hecho, los eslóganes de los actos en 1963 y 1964 fueron: “Acto de exaltación de la monarquía social. V aniversario de la promulgación de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional” en el primero, y “Acto de homenaje al Ejército en el XXV aniversario de la Victoria”, en el segundo. Significativamente, uno de los oradores en ambos casos fue Blas Piñar.

A partir de 1965, la denominada clarificación ideológica fue cada vez más marcada y capitaneada por la familia del pretendiente, o al menos por la mayoría de ella. Los sectores más tradicionalistas comenzaron a abandonar estas posiciones, aunque todavía se mantuvieron algunos por lealtad a la dinastía. Sin embargo, la expulsión de Javier de Borbón Parma y de su hijo Carlos Hugo en diciembre de 1968, en vísperas del anuncio por Franco de su sucesión, situó plenamente al carlismo javierista o huguista, como se denominaba en las fuentes del momento, en la oposición al régimen.

Ya en el Montejurra de ese año 1968 hubo incidentes en el círculo de Estella la noche previa y un pequeño grupo esgrimió una pistola durante la romería, hasta ser reducido por el servicio de orden de la organización y la Guardia Civil. Los años siguientes asistieron a un incremento de los choques, con el carlismo dinástico claramente enfrentado al régimen y a los tradicionalistas que habían abandonado sus filas. Un informe policial de mayo de 1969 resumía: “Montejurra y Estella fueron ayer unos lugares sin ley, donde campeó el desorden, la provocación y las injurias”. No extrañará, por tanto, que tras los actos de 1971 se hablara de tomar medidas, entre otras, la desaparición del equipo dirigente del carlismo y su recuperación para el régimen, o actuar judicialmente contra ellos. Si la primera opción suponía la participación directa del gobierno con los riesgos que ello conllevaba, la segunda disimulaba esa dificultad. Y aunque esta propuesta no parece que se llevara a efecto, mostraba la actitud de algunos sectores del régimen respecto al carlismo, incluida la consigna de proporcionar datos de asistencia rebajados sobre los actos en 1972, la propuesta de prohibición realizada en 1973, además de una nota de la Dirección General de Seguridad advirtiendo sobre la presencia de grupos de guerrilleros de Cristo Rey. Los grupos tradicionalistas llamaban al boicot. Si en la convocatoria de 1974 una nota previa advertía del riesgo de que “en Montejurra se produzcan mártires”, en la de 1975 se habló de la posibilidad de un atentado de ETA contra la policía desplegada para cubrir el acto, o de la presencia de grupos tradicionalistas llamados a sabotear la celebración.

Un efecto de esta situación fue la disminución de la asistencia a la cumbre de tierra Estella. Si atendemos a las cifras máximas recogidas en la prensa legal y clandestina, se pasó de 200.000 en 1968, a 60.000 en 1969, 100.000 en 1970, 10.000 en 1971, 15.000 en 1972, 10.000 en 1973, 7.000 en 1974, 10.000 en 1975, 25.000 en 1976 y 1.500 en 1977.

En este contexto, el 20 de abril de 1975, Javier de Borbón Parma abdicó de la pretensión dinástica, que pasó a su hijo Carlos Hugo. La reacción del tradicionalismo fue muy negativa, rechazando la orientación que el príncipe había dado al carlismo. Ya muy tirantes en los años previos, las relaciones entre los dos hermanos varones chocaron aún más cuando Sixto, el menor, envió una carta a Carlos Hugo a principios del mes de enero de 1976 acusándole de desviacionismo ideológico y manifestando que asumía la representación de la Comunión Tradicionalista. A partir de ahí, comenzó una campaña que hablaba de reconquistar Montejurra, y en la que Sixto tomó parte activa, reuniéndose con diversos sectores tradicionalistas y con autoridades que, como se ha visto, mostraban sus recelos hacia la evolución del Partido Carlista, incluyendo el gobernador civil de Navarra. Ya en el mes de abril, según se recoge en la documentación recientemente difundida por el Partido Carlista, el director general de seguridad se dirigía a la máxima autoridad gubernamental de Navarra para advertir sobre el enfrentamiento entre los seguidores de ambos que, señalaba, “puede ser conveniente, pero tenemos que evitar que llegue la sangre al río”. Le ofrecía todos los medios policiales necesarios para evitar esta última posibilidad. Mientras, Ruiz de Gordoa, el mencionado gobernador civil, se reunió en Pamplona con Sixto y poco después preparó un dispositivo policial en el que se contemplaba la posibilidad de los enfrentamientos y la presencia de armas.

De hecho, en los días previos, se transmitieron notas a diversos ministerios en las que se informaba de las intenciones tradicionalistas de boicotear los actos de los seguidores de Carlos Hugo, “llegando incluso, si fuese necesario, a realizar un enfrentamiento con los mismos”, decía una de ellas. Desde el Ministerio de Información y Turismo se advertía, tres días antes: “La campaña se intensifica por ambos bandos y la tensión aumenta ante la fecha del próximo 9 de mayo en Montejurra y Estella”. La víspera, se dirigía al ministro de Información y Turismo una nota de la Brigada Central de la Jefatura de Información del día 6 que advertía “de que se están organizando entre los Guerrilleros de Cristo Rey y Fuerza Nueva para asistir […] a los actos de Montejurra”. El mismo día 8, otra información de la misma Brigada Central advertía que los seguidores de Carlos Hugo estaban convencidos de que Sixto “se presentará en Montejurra acompañado de un gran número de pistoleros y guerrilleros oficiales, para impedir o sabotear dicho acto”.

Llegada la nubosa mañana del día 9, los peores presagios se cumplieron. En ninguna de las previsiones se contempló la participación de destacadas figuras de la extrema derecha internacional que efectivamente hicieron acto de presencia en las laderas de Montejurra. Las ametralladoras, subfusiles y armas cortas instaladas en la cúspide de la montaña por los seguidores de Sixto de Borbón hicieron fuego, mientras en la explanada del Monasterio de Irache se producían enfrentamientos con barras, palos y pistolas, ante la pasividad e inacción de las numerosas fuerzas policiales presentes en esos escenarios. Como resultado de todo ello murieron el santanderino Aniano Jiménez Santos y el estellés Ricardo García Pellejero. En sus funerales se insistió en su simbolismo, encarnación del verdadero pueblo, la libertad y la verdad, se decía. Los fallecidos pasaban a formar parte de los mártires del carlismo y su ejemplo se convertía en semilla del movimiento que se quería impulsar, alimentando la carga simbólica de la montaña.

Lo ocurrido en Montejurra era una manifestación concreta del clima de conflicto más amplio por las implicaciones internacionales y las acciones/omisiones gubernamentales, dentro de la compleja situación española del momento. Buena muestra de ello fue el proceso abierto por estos asesinatos. Tres fueron los implicados, pero las turbulencias que el sistema político y judicial vivía en esas fechas complicaron la tramitación efectiva de sus condenas. La amnistía del 15 de octubre de 1977 los sacó de la cárcel, al considerar lo ocurrido de intencionalidad política y, por tanto, acogido a la amnistía. Sin embargo, los muertos en Montejurra solo en 2003 recibieron el reconocimiento como víctimas del terrorismo.

A partir de ese mes de mayo de hace cincuenta años, el acto acentuó su declive, tras el jaque dado en 1976. El correspondiente a 1977 fue prohibido, aunque se llegó a celebrar en torno al castillo de Javier. Los sucesos de Montejurra en 1976 afirmaron una imagen tópica del carlismo como grupo montaraz, más apto para la sublevación que para los nuevos tiempos de consenso, poco acorde con lo que se quería construir. No parecía que el movimiento encabezado por Carlos Hugo supusiera una gran amenaza ni para la monarquía de Juan Carlos I, ni para el proyecto político que se estaba poniendo en marcha. Tal vez el peso del pasado hizo que aumentara la percepción del carlismo como un peligro para el sistema y que determinados sectores buscaran neutralizar lo que se consideraba un riesgo. Y aunque ya era un movimiento debilitado y en retroceso, los efectos de lo ocurrido hace medio siglo incrementaron el declive. La niebla que cubrió la cumbre el 9 de mayo de hace cincuenta años, no solo ocultó su agreste topografía, sino que también cayó sobre un carlismo que declinaba, en un jaque que, aunque no mate, dejó tocada a la fuerza política más longeva de Europa.

El enero más lluvioso de los últimos 25 años y lo que llevamos de febrero puede tener una consecuencia casi paradójica en unos meses: el regreso de los megaincendios en buena parte de la Península Ibérica. La cantidad de agua que está cayendo puede provocar una explosión de vegetación. 

Un reciente artículo de Global Change Biology analiza los incendios del noroeste de España del verano pasado. En este artículo se viene a decir que, a finales de agosto de 2025, Europa experimentó incendios forestales récord, concentrándose principalmente en el noroeste de la Península Ibérica. En agosto de 2025, se quemaron aproximadamente 1 millón de hectáreas en Europa, siendo la mayor área registrada, con más de la mitad (541,000 ha) en el noroeste de la Península Ibérica (NW-IP). Los incendios ocasionaron al menos ocho muertes y evacuaciones masivas, lo que llevó a la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea en España. Estos eventos se produjeron durante una ola de calor de 16 días, con condiciones meteorológicas extremas que aumentaron el índice de peligro de incendios (FWI) a niveles récord. 

El FWI alcanzó su valor más alto en el periodo 1985-2025, y se estima que el cambio climático ha incrementado la probabilidad de condiciones de fuego extremo en 40 veces y su intensidad en un 30%. 

Ahora mismo estamos viendo un patrón bastante parecido al de 2025: lluvia, crecimiento de la vegetación, y un verano que promete ser igual de extremo. Estamos a febrero de 2026, y prevenir los incendios de este próximo verano debería estar en la agenda. Por más que se alerte del peligro cuando lo que sucede es más que obvio y los científicos no paran de alertarnos, lo que tenemos que hacer ahora mismo es en el ámbito de la prevención.

Me gustaría equivocarme, pero tengo la impresión que se están creando las condiciones para un verano nefasto en materia de incendios, que esperamos que este año por fin se pongan los medios de prevención a tiempo y la coordinación entre administraciones y otros agentes esté perfectamente protocolizada y organizada.

¿Qué se puede hacer? En el artículo de Global Change Biology se plantea la necesidad imperiosa de una acción inmediata para mitigar el riesgo de incendios, enfocándose en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la planificación del uso del suelo. Es esencial adoptar estrategias proactivas que incluyan la reducción de combustibles en ubicaciones estratégicas y la gestión forestal cuidadosa. La prevención debe ser una prioridad estratégica, dado que los incendios forestales en aumento amenazan la población, la infraestructura, la biodiversidad, la economía…Este análisis subraya la necesidad de un enfoque coordinado para abordar los riesgos asociados con los incendios forestales, considerando tanto la mitigación como la adaptación para evitar que eventos extremos se conviertan en la nueva norma.

Así mismo partiendo de la relación existente entre las dinámicas del paisaje y el régimen del fuego, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid bajo la de la catedrática Cristina Montiel Molina, han desarrollado una metodología que permite diferenciar los escenarios territoriales con distinto riesgo de incendio forestal utilizando sistemas de información geográfica y técnicas de análisis geográfico regional. “Se trata de una metodología de carácter multiescalar que ha sido aplicada para definir los escenarios regionales del fuego en el ámbito montañoso del Sistema Central”, señala Cristina Montiel. Es la primera vez que se caracteriza y se cartografía con precisión las unidades territoriales de riesgo de incendios. La identificación de los territorios más propensos a un determinado tipo de incendio –los escenarios del fuego– permite planificar tanto las medidas preventivas a corto, medio y largo plazo como las de pre-extinción en situaciones de máxima alerta por alto riesgo meteorológico.

Este trabajo publicado en Journal of Environmental Management, explica y demuestra las causas estructurales de los incendios actuales y porqué se manifiestan de forma más o menos virulenta en unos lugares u otros.

Tanto el método como los resultados para la región del Sistema Central son directamente aplicables a cualquier otro ámbito del territorio español. “La decisión de extenderlo a otros espacios está sujeta a la voluntad política de las administraciones competentes en la materia en cada Comunidad Autónoma”, señala Montiel.

Otra cuestión importante es crear zonas buffer o “franjas de baja combustibilidad” bien gestionadas que dificulten el avance del fuego entre zonas forestales y urbanas para reducir la densidad de vegetación y eliminar materiales inflamables. Actúa como una zona segura que detiene o ralentiza la propagación del fuego, protegiendo vidas y propiedades. Ejemplo de ello lo tenemos en el municipio navarro de Legarda, que aprendió de la tragedia tras el incendio de 2022. Vacas Bomberas (ganado controlado), aspersores y comunidad formada demuestran cómo la combinación de agricultura y ganadería tradicional, infraestructura moderna y participación ciudadana son algunos de los ingredientes que señalan la importancia de construir la resiliencia desde lo local.

Un plan suficientemente ambicioso que es necesario en Navarra debe poner en primera instancia no únicamente a los planes de actuación municipal, sino que debe evaluar multitud de infraestructuras críticas, vías de comunicación o determinados puntos de afluencia de personas en el medio natural…

Por otra parte, está el trabajo de comunicación que es fundamental con mensajes simples y comprensibles que pueden salvar vidas y formar a la ciudadanía para que se sepa en cada momento cómo actuar.

El Gobierno de Navarra acaba de publicar el borrador de su nueva estrategia de energía y clima ENERKLINA2050. Celebramos que se actualicen dos estrategias en una hasta ahora paralelas, ya que son indisociables. Es una estrategia estructurada y coherente y que establece presupuestos desglosados y mecanismos de seguimiento, lo que supone un notable avance frente a las anteriores estrategias KLINA (Hoja de Ruta de Cambio climático de Navarra) y PEN2030 (Plan Energético de Navarra horizonte 2030).

Sin embargo encontramos numerosas carencias y grandes desacuerdos en la orientación de la misma.

No hace evaluación. Resulta extraño que ENERKLINA2050, siendo una continuación de KLINA y el PEN 2050, no realice una evaluación de la aplicación de KLINA. No se entiende que se pase de una estrategia a otra, sin evaluación de este proceso. En el mismo sentido se hacen numerosas referencias a la LFCCTE (Ley foral de Cambio Climático y Tansición Energética) y en ningún momento se realiza un comentario sobre la no aplicación de la normativa, ausencia de planes de inspección, cumplimiento de sus plazos, etc.

Participación ciudadana. ENERKLIN2050 hace numerosas referencias a la participación ciudadana. Incluso reconoce “Aunque el marco normativo, como la Ley Foral 4/2022, promueve la equidad y la participación ciudadana, su aplicación efectiva sigue siendo limitada” ¿Qué mejor oportunidad que ENERKLINA2050, haga efectiva la participación ciudadana, incorporando, o al menos ponderando, las propuestas de la Asamblea ciudadana navarra del cambio climático?A pesar de haberse hecho un gran esfuerzo en 2025 para el desarrollo de dicho proceso deliberativo, con las propuestas aún calientes, en todo el documento ENERKLINA2050, no se hace ni una referencia a las conclusiones y propuestas del informe presentado por dicha Asamblea, lo que supone una gran duda en torno a las declaraciones de gobernanza participativa de ENERKLINA2050.

Es una estrategia “tecnoptimista” que apuesta claramente por un desarrollismo, basado en una expansión desmesurada de instalación de energías renovables y una fe ciega en el escalado de la electrificación de usos energéticos, lo que hoy en día suscita numerosas dudas razonables que deberían ser debatidas en el marco de este borrador.

Propone una huida hacia adelante, cuando debería considerar un escenario de ordenado decrecimiento. Entendiendo que es extremadamente difícil en un mundo globalizado, debería dar pasos que investigue modelos de desarrollo hacia lo local, la contención, que pusiera el foco en la gestión de la demanda más que en la gestión de la oferta (energía y consumo).

Proyecciones excesivamente optimistas en cuanto a absorciones de CO2por parte de los bosques ya que de acuerdo a las previsiones de ENERKLINA2050 se consideran críticas para cumplir los objetivos de neutralidad climática en 2050. Las proyecciones de la capacidad de acumulación de carbono por parte de los bosques son cada vez más pesimistas y, de hecho, diversos estudios apuntan que el cambio climático podría convertir muchos bosques, especialmente aquellosubicados en zonas secas, en emisores netos de CO2.

Datos sin actualizar. El apartado“Tendencias climáticas observadas” obvia el comportamiento observado de la temperatura y precipitación en los 5 años de la presente década, donde se evidencia el agravamiento de la crisis climática a nivel global, y también, en este caso, a nivel regional en Navarra. De hecho los años 2022, 2023, 2024 y 2025 son los 4 más cálidos desde 1961. 9 de los 12 días de temperatura más extrema sobre el conjunto de Navarra se han producido en los veranos de 2022, 2023 y 2025. El año 2021 registró las peores inundaciones en Navarra en 50 años, 2022 fue el más seco desde que hay datos y 2023 es el año con más registros de precipitación muy fuerte en escalas cortas de tiempo

Minusvalora la adaptación. Tras 8 años de proyecto NADAPTA investigando y haciendo experiencias piloto en diversos sectores, sus conclusiones no quedan suficientemente reflejadas en la estrategia, quedan indefinidas. La prioridad que se da a la mitigación (93% de la Inversión presupuestada para hacer frente a la crisis climática.) frente a la adaptación (6,7% del presupuesto) demuestra que es una estrategia de mucha energía y poco de clima. Dados los escenarios nada halagüeños, debería hacerse un mayor esfuerzo en adaptación. Las cifras destinadas a cada partida demuestran dónde están los verdaderos intereses. El 29% del presupuesto total (2.609.000.000€) está destinado a la“Consolidación de la interconexión eléctrica transfronteriza con Francia”. A Salud humana el 2,5% del presupuesto, a Patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas el 0,3% .Aunque sea necesaria una estimación económica de las medidas de adaptación, consideramos deshumanizante la valoración económica que realiza de los sectores salud y biodiversidad.

Igualmente consideramos que es absolutamente prioritario trabajar la implantación de todos los planes y herramientas relativas a la protección frente a desastres naturales, cuya frecuencia e intensidad son amplificadas por el cambio climático. La primera medida debería pasar por concienciar, involucrar activamente y trabajar con la población local.  

Perspectiva de género. La perspectiva de género está totalmente ausente de ENERKLINA2050, pese a que la LFCCTE insiste reiteradamente en que debe ser considerada en toda acción climática. Hay suficientes estudios que demuestran las diferentes actitudes de mujeres y hombres hacia el consumo, la movilidad y la gestión de la energía, los diferentes impactos y respuestas ante los impactos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos para que sean considerados en la estrategia. Además hay un interesante y olvidado antecedente en Navarra en la iniciativa “Activas por el clima” de 2018.

Sectores ausentes. Apenas se aborda la alimentación, un asunto clave en lo que respecta a mitigación (aunque no incida directamente en el inventario de Navarra) y la justicia climática. Tampoco se menciona las migraciones climáticas, fenómeno sobre el que alerta NNUU y ante el que Navarra, como comunidad solidaria, debería ir preparándose.

Transparencia vs conveniencia.ENERKLINA2050 establece objetivos en referencia al año 2005, año de máximo consumo energético y emisiones, lo que permite dar impresión de grandes reducciones y hacerse trampas al solitario.Deberían mostrarse siempre objetivos y datos de emisiones también en referencia a 1990, año de referencia del Acuerdo de París y del IPPC.

Confiamos en que el documento sea mejorado en su proceso de participación pública, pero sobre todo, deseamos que tanto la LFCCTE y la estrategia ENERKLINA2050 se ejecuten con los criterios de ambición y justicia social que se declaran.

Firman el artículo Peio Oria (Fundación Clima/Klima Fundazioa); Julen Rekondo (Premio Nacional de Medio Ambiente); Rafa Alday (Ekologistak Martxan).

Quien no entienda que lo importante es Palestina y lo que demandan las y los palestinos, tiene un problema. Y mucho peor si se ignora lo que nos piden los palestinos desde Palestina.

Quien no entienda que esto no va de nombres o de siglas sino de unidad de acción, tiene un problema.

Quien no entienda que para conseguir la unidad de acción necesitamos coordinación y comunicación entre los diferentes colectivos de solidaridad con Palestina, tiene un problema. 

Y si se boicotea esa coordinación, directamente, se está creando el problema.

Porque Palestina nos necesita a todas, unidas, haciendo la máxima presión posible para que nuestros gobiernos rompan complicidades con el sionismo a todos los niveles. 

Y solo si somos muchas y coordinadas podemos ejercer la suficiente presión como bien se demostró durante todo el recorrido de la Vuelta ciclista.

Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, por eso todas seguimos, cada una en su trinchera. Sabiendo que hay trabajos que se ven y otros que no se ven, pero al menos, nosotras, dándoles a todos el mismo valor. 

Todos los esfuerzos son necesarios, más ahora que Palestina está desapareciendo de las noticias y mucha gente se está desactivando.

Ahora más que nunca hay que agradecer y seguir promoviendo el trabajo que muchas personas han invertido con las Mociones de ruptura de relaciones con Israel que ya han sido aprobadas por más de 80 ayuntamientos en Nafarroa. Las mociones son importantes, porque materializan la ruptura de relaciones con Israel y ese es el camino para acabar con el monstruo sionista.

Por eso, también, el documento de compra ética que hemos trabajado con el asesoramiento y coordinación de las compañeras catalanas de Prou Complicitat amb Israel y el ayuntamiento de Barcelona es tan importante, porque facilita a las instituciones la ruptura de relaciones económicas.

Por eso el trabajo que estamos haciendo con el INDAF es tan importante, porque busca la ruptura de relaciones a nivel deportivo con Israel.

Por eso, el trabajo que se está haciendo con la UPNA es tan importante, porque facilita la ruptura de relaciones académicas con Israel.

Por eso el trabajo que se está haciendo con Gobierno de Navarra, que están haciendo sindicatos, que se está haciendo a nivel jurídico es tan importante porque la ruptura institucional solo puede hacerse desde la presión y la comunicación con las instituciones públicas. 

Por eso el trabajo con el boicot, por las desinversiones y por las sanciones es tan importante ahora, como cuando empezamos la campaña BDS hace 20 años. 

Es tan importante porque toda la energía, actividades e incidencia política que realizamos todas va encaminada a romper las relaciones que sustentan a la genocida entidad sionista y ese, ese será el fin del genocidio, la colonización, la ocupación y el apartheid en Palestina.

Por eso seguir sensibilizando a quien todavía no lo está, seguir saliendo a la calle o al mar a presionar, seguir hablando de Palestina, es tan importante.

Todo eso y mas, es lo que estamos consiguiendo entre todos y todas, desde las coordinaciones con otros pueblos, cercanos y lejanos, todas unidas con el mismo objetivo: detener el genocidio en Palestina, acabar con el sionismo e impedir la imposición de un nuevo orden mundial basado en la destrucción del derecho internacional, los derechos humanos, laborales, reproductivos… Basado en la destrucción de la diversidad, de la equidad, de la vida.

Por eso, siempre, nos tendrán enfrente.

Por eso Palestina no va de protagonismos, ni de siglas, va de justicia, mucho trabajo, coordinación, lucha y dignidad.

Lidón Soriano. Yala Nafarroa con Palestina, Plataforma para el boicot deportivo a Israel, RESCOP

A medida que los impactos climáticos se intensifican y golpean especialmente a los países más vulnerables del mundo, es prioritario aumentar los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Así se indica en el informe “La Brecha de Adaptación 2024”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Los retrasos en la adopción de soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comportarán mayores impactos del cambio climático, lo que hará que empeoren las actuales condiciones, que acarrearán incendios forestales, olas de calor, inundaciones, sequías... Pero, ¿estamos preparados para afrontar las amenazas del cambio climático?

Aun logrando todos los objetivos de mitigación (reducción de los gases de efecto invernadero) –algo que a estas alturas parece muy improbable–, los impactos del cambio climático irán a más. Por tanto, la adaptación al nuevo y peligroso clima asoma como un reto impostergable para que las alteraciones que van a ocurrir en todos los ámbitos de nuestras vidas –salud, economía, agricultura, energía, movilidad, industria, ciudades, etc.– nos afecten lo menos posible. 

En Europa, a pesar de que el cambio climático es una de las principales prioridades de la mayoría de los alcaldes de 54 ciudades, una quinta parte de ellas no cuenta con un equipo dedicado a la adaptación al cambio climático, y, por otra parte, la financiación es escasa.

Eso lo refleja una nueva encuesta de Eurocities Pulse, que viene a decir que las amenazas climáticas están avanzando más rápido que la capacidad de las ciudades europeas para adaptarse. Entre los riesgos urbanos más urgentes destacan las olas de calor, las inundaciones y las sequías. 

El sondeo analizó 54 ciudades de 17 países europeos, incluidos Portugal, Italia, Alemania, España y Francia. La falta de financiación, la escasez de personal y la débil coordinación entre organismos siguen siendo los grandes obstáculos para mejorar la planificación de las políticas de adaptación.  

En lo que respecta a Navarra y en lo relativo a financiación de la lucha contra la crisis climática, el documento clave es el “Informe de perspectiva climática” que el Gobierno de Navarra elabora y adjunta al Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra (PGN) cada año, como el de 2025, donde se detalla cómo se integra la acción climática en las cuentas públicas, siguiendo la ley foral de cambio climático y transición energética, evaluando el impacto ambiental de los gastos e ingresos y destinando fondos a políticas de sostenibilidad, según el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la citada publicación de 2025, se viene a decir que la incorporación de la perspectiva climática en los presupuestos es crucial para abordar los objetivos climáticos. La Ley Foral 4/2022 establece la obligación de incluir partidas para adaptación y mitigación del cambio climático en los Presupuestos Generales de Navarra.

En el informe se identifican 100 partidas con perspectiva climática para el año 2025, distribuidas en 10 Departamentos del Gobierno de Navarra. La cuantificación de los presupuestos climáticos previstos para 2025 alcanza 133’1 millones de euros. La mayor parte del gasto se destina a la mitigación del cambio climático (78%), mientras que el resto (22%) se dedica a la adaptación. No obstante, si el 78% de los fondos se han destinado a la mitigación y solo el 22% a la adaptación, quizá haya llegado el momento de invertir más en prepararnos.

Si bien reducir emisiones es muy importante, y podemos hacer mucho más en Navarra, prevenir y adaptarse ya no es una opción, es un imperativo y una acción inaplazable. Para ello, se requiere un análisis de riesgos climáticos relevantes en tofos los sectores que conforman el sistema socioecológico y económico navarro: salud, agua, biodiversidad, sector forestal, agricultura, energía movilidad, industria, turismo, sistema financiero, patrimonio cultural, cohesión social y municipios, que oriente la planificación de políticas públicas de adaptación y la integración de la variable climática en la toma de decisiones. 

Pero, además, uno de los requisitos en las políticas de adaptación al cambio climático es contar con una adecuada dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales. Actuar ahora no solo es más rentable económicamente, sino que salva vidas. Cada euro invertido en medidas de adaptación puede evitar mayores costes en el futuro. El cambio climático está aquí, y es una amenaza muy grande que pone en riesgo la forma de vida tal como la conocemos.

Pero llama la atención que el Gobierno de Navarra destine ingentes fondos a determinados proyectos, mientras que las políticas de adaptación, con la importancia y prioridad que tienen, se doten con tan escaso presupuesto.  

Es el caso, entre otros, del Tren de Alta Velocidad (TAV), al que distintos sectores cuestionan su utilidad para la sociedad navarra, y, que, según la Cámara de Comptos, los 214 kilómetros que tiene esta infraestructura entre Castejón e Iruña-Pamplona costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, sin contar la estación en la capital de Navarra y la conexión de la 'Y vasca', que tendrán su propio presupuesto, y aún su trazado está por decidir. Mientras tanto, en el período 2015-2025 la única inversión recogida en los presupuestos de Navarra para fomentar el transporte público ha sido de una media anual de entre 10 y 15 millones, dedicados en su totalidad a subvenciones. 

¿Somos conscientes de la situación de emergencia climática en que vivimos?

Hace unos días se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Franco, aunque por desgracia el régimen no murió con él. Esta semana también celebramos el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como pequeño resumen de lo que supuso el régimen y la muerte del dictador para nosotras, las mujeres, pasamos de estar tuteladas por los maridos y sin derechos jurídicos a ser reconocidas como individuas con capacidad y posibilidad para desempeñar acciones y tareas tan básicas como trabajar, viajar o abrirnos una cuenta en el banco. Eso sí, no sería hasta el año 75.

Se pasó de la prohibición del divorcio, obligando así a tener que aguantar diferentes situaciones, muchas de ellas de violencia, a que en el año 81 pudiésemos tomar esta decisión, ganando así en libertad y autonomía. Lo mismo pasa con el aborto, que se despenalizó a partir del año 85. 

Existía un control moral sobre las mujeres y su comportamiento. Acuérdense de la existencia de la Sección Femenina, que imponía y exigía el modelo de mujer que el régimen dictaba, siendo ésta, claramente sumisa al hombre y a Dios. 

Con la muerte del dictador y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se abre la posibilidad del acceso a las universidades. Esto supone un antes y un después en la profesionalización de la mujer y en el acceso progresivo a puestos de trabajo igualitarios. 

A partir de los años 80, el acceso al trabajo de la mujer fuera del hogar sufre un crecimiento exponencial. También comienzan a irrumpir en el sector cultural. Empezamos así a disponer de literatura escrita por y para mujeres, y no de falsos feminismos escritos por hombres contando su visión sobre las vivencias y el papel de la mujer. 

Hoy día, es cierto, estos derechos no están garantizados. Vemos que cuanto más crece la ultraderecha, más se cuestionan nuestros derechos y, por tanto, nuestra capacidad de ser y de decidir.

Celebrando este aniversario de la muerte del dictador, me gustaría destacar y poner en valor a todas aquellas mujeres que lucharon por el fin de la dictadura, por frenar al fascismo, por estar en el frente luchando al igual que sus compañeros, por servir a un sistema democrático y de libertadas, por ser resistencia, esperanza y un ejemplo revolucionario. Aquellas que son ejemplo para las mujeres de hoy, aquellas que nos enseñaron historias y valores de lucha, resistencia, solidaridad…

Es preciso reivindicar nuestro papel como agente imprescindible en el avance y consolidación de la democracia. Fue fundamental. Formó parte de los avances ideológicos de la libertad. Porque solo se habla de ellos; de los asesinados, de los del frente, de los perdedores y ganadores, de los presos. Y nunca se habla de las asesinadas, de las que lucharon en el frente, de las perdedoras y ganadoras, de las presas.

No se habla de todo el horror que, durante años, se vivió en las cárceles franquistas de mujeres. Ni de las violaciones continuas, del miedo, de la violencia psicológica, del señalamiento, de las vejaciones, a las que estuvieron sometidas miles y miles de mujeres. Casi todo lo que sabemos hoy sobre lo que supuso esta barbarie franquista, está relacionado con lo que sufrieron ellos, los hombres. No las mujeres. 

Esto es una muestra total del desinterés por las mujeres víctimas. Existe una dificultad en el acceso a fuentes de datos y como consecuencia, se nos ha dado un menor protagonismo político a las mujeres en la lucha contra el franquismo. Esto conlleva un desconocimiento total sobre gran parte de nuestra historia. Y nos corresponde a todas, pero también a todos, reivindicarla. Por justicia democrática.

Por suerte, tenemos referentes, sí. Mujeres que merecen ser reconocidas, recordadas y estudiadas: Juana Josefa Goñi Sagardía, Maravillas Lamberto, Dolores Ibarruri, Manuela del Arco, Teresa Pamies, Neus Catalá, Margarita Abril, Manuela Díaz, Benedicta Santa, Sara Berenguer, Rosa Laviña, Rosa Díaz, Montserrat Fernández, Carmen Alcalde, Antonina Rodrigo, Cecilia G. de Guilarte, Ana Mary Ruiz, Luz Miranda, Maixux Rekalde, Enriqueta Otero, Maria Josep Colomer, Margarita Nelken y así un sinfín de nombres.

Desde la que ayudó a cruzar la frontera francesa a más de 180 niños huérfanos. La que colaboró en actividades de la Resistencia francesa contra los nazis, centralizando en su casa la recepción y transmisión de mensajes, armas y documentación. A La que dio cobijo a refugiados políticos que huían del régimen de Franco. 

Pasando también por la primera mujer instructora de vuelo de España que trabajó formando pilotos para las Fuerzas Aéreas del bando republicano. Pero también la historia de la mujer que apoyó y colaboró en la organización de la Unión de Mujeres Antifascistas y que escribía en diarios clandestinos. O la que estuvo en el frente y fue elegida diputada hasta en tres ocasiones seguidas. 

Quisiera recordar a todas las maestras, escritoras, abogadas, pensadoras e intelectuales de la época, que ejercieron en la clandestinidad para propagar la libertad, igualdad y resistieron al franquismo. O las que lo hicieron sin miedo, reivindicaron su voz y libertad como “Las Sinsombrero”.

No puede ser que, en estos días, escuchemos a la juventud decir que con Franco se vivía mejor. No puede ser. 

Se vivió y se sufrió una dictadura donde los derechos fundamentales no se respetaban, donde te asesinaban si no seguías al régimen, se pasaba hambre, no había libertad de expresión, no había libertad de identidad ni sexual, no se podía amar libremente, existía censura cultural, restricciones para viajar.

En la actualidad, sin embargo y gracias a la democracia, tenemos libertad para hacer y ser. Se aplican los derechos y lo más importante, la posibilidad de debatir y exigir los derechos que faltan por conseguir. 

Al normalizar la democracia y la libertad parece que han dejado de ser valiosas. Es tarea individual valorar lo que tenemos y pensar que, un día y con el auge de la extremaderecha no muy lejano, podríamos perder alguno de estos derechos.

El término “zona de sacrificio” surgió en Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, cuando los efectos de la minería de uranio dejaron grandes espacios inhabitables. Posteriormente, fue tomada por los ambientalistas para nombrar los territorios marcados por la contaminación, el despojo y la violencia estructural.

Las “zonas de sacrificio” en urbanismo y medio ambiente son territorios donde se ha priorizado el desarrollo económico sobre el bienestar social y ambiental ocasionando alta contaminación, degradación, vulnerabilidad…, ya que se han construido viviendas y demás edificaciones en zonas inundables.  

Un ejemplo, es el barrio de Etxabakoitz. El nacimiento del barrio en los 60 por acumulación de flujos migratorios al socaire de la industrialización, según el diagnóstico realizado por Rubén Lasheras Ruiz e Izaskun Andueza Imirizaldu, profesores del Departamento de Trabajo Social de la UPNA, propició una acumulación de trabajadores no cualificados venidos de otros lugares con un fuerte sentimiento de clase. Un barrio obrero, con una construcción deficiente, pocos servicios y un barrio estructurado en dos alturas, cuya distancia trata de salvarse mediante elevadores urbanos.

Y, donde se construyó en zonas inundables, como es el caso del Grupo Urdánoz. Hay quienes dicen que cuando se construyó eran otros tiempos. Así es, pero eso no es óbice para escudarse en ello, ya que implica una profunda injusticia ambiental y social, donde las personas son forzadas a vivir en condiciones de riesgo a pesar de que las administraciones tienen el deber de proteger derechos fundamentales, como la salud, el medio ambiente, una vivienda en condiciones, etcétera. 

Recientemente se ha publicado el informe “Infraestructuras críticas inundables en Navarra”, del Observatorio de Sostenibilidad, donde se decía, entre otras cosas, que “187 infraestructuras críticas ocupan lugares inundables en nuestra comunidad, la mayoría de ellas están relacionadas con población vulnerable (65) y servicios básicos (64)”. 

Dicho informe además de señalar los puntos calientes de la infraestructura navarra en cuanto a riesgo de inundación, propone también una serie de recomendaciones, como la mejora de los sistemas de alerta temprana existentes con protocolos claros y estrictos de cumplimientos de forma preventiva, implementar una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones, la revisión de los planes urbanísticos o el alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado de los núcleos urbanos, la creación de llanuras de inundación antes de los municipios que suponen “que el agua llegue mucho más remansada que cuando se canaliza”, y, que toda planificación debe ser realizada con el nuevo escenario de cambio climático en el que ya nos encontramos. 

Actualmente, nos encontramos que el Gobierno de Navarra está tramitando la Modificación del PSIS del Tren. Comarca de Pamplona“, y con el que se quiere construir 10.841 nuevas viviendas en el meandro inundable del río Elorz en Etxabakoitz. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 11 de noviembre.

La planificación del PSIS fue realizada hace ya 15 años. Eran momentos en que no se hablaba de cambio climático, lo cual obliga a repensar la urbanización propuesta. 

El Estudio Ambiental Estratégico de esta Modificación del PSIS señala que “la gran cuenca de recepción del río Elorz lo convierte en uno de los ríos de Navarra que, a pesar de su escaso cauce habitual, puede llegar a sufrir inundaciones importantes. Los puntos conflictivos en la situación actual en este río son tres fundamentalmente: la desembocadura del Sadar, el puente sobre el río en la Avenida Arostegui, que se ha visto cortado a la circulación en numerosas ocasiones, y el Grupo Urdánoz que se ve afectado para el período de retorno de 10 años.

Sorprendentemente, el Grupo Urdánoz, construido en zona inundable, no entra en el PSIS actual. ¿Un plan de construcción de 10.841 viviendas no debería integrarlo o aportar mejoras? ¿No es la ocasión histórica para solucionar esta “zona de sacrificio”? ¿Qué se va a hacer con posibles inundaciones como ha ocurrido en diversas ocasiones en ese lugar?

En la modificación del PSIS, a pesar de las actuaciones previstas en las márgenes del río, el Grupo Urdánoz sigue estando en “zona inundable de flujo preferente”, lo cual indica riesgo grave para las personas y bienes. 

Siguiendo con el PSIS, una parte de la zona a urbanizar se localiza en terreno inundable en períodos de retorno de 500 años. Para evitar los efectos de estas posibles inundaciones la urbanización debe realizarse tras hacer una serie de modificaciones en la zona de actuación que van desde el relleno de algunas zonas, la elevación de cotas en viales y plataformas de urbanización, la remodelación, alzado de la cota y ampliación de la luz de puentes existentes para eliminar obstáculos.

Como se dice en las alegaciones presentadas por la Fundación Sustrai en 2024 a la modificación del PSIS, se van a tomar una serie de medidas que ya han fracasado en el 100% de los casos estudiados en el área metropolitana de Pamplona, según los trabajos de E. Cabrejas (2018), y A. Aretxabala (2022, 2024), que como bien se ha comprobado, lo que hacen es derivar el problema, pero amplificado, a las zonas adyacentes. 

El principio de solidaridad de la Directiva Marco del Agua (DMA) tiene una un papel protagonista en la gestión del riesgo de inundación cuando la pretensión es “llevar el problema a otra parte”. Estas prácticas provocan inundaciones más graves una vez sobrepasados o superados los obstáculos. La crecida inundará lo primero que encuentre, sean huertas, polideportivos, zonas residenciales o bosques de ribera.

Con este planteamiento, el Gobierno de Navarra y ayuntamientos como el de Iruñea-Pamplona, y los otros tres incluidos en el Consorcio, ¿al servicio de quienes están?

Ya lo han vuelto a hacer. En cuanto la izquierda llega al Palacio de Navarra, entra una cuadrilla de golfos apandadores y chuscos dispuestos a saquear las arcas del Gobierno Foral, ya bastante menguadas por el alegre gasto de los años buenos, de los malos y de los medianos. No es que con las derechas la “res publica” estuviera más segura; recordemos el escándalo FASA o la desaparición de la CAN. Pero con la izquierda, es como si uno hubiera puesto más ilusión, y después de Urralburu y Roldán, escuece más.

Las subidas de impuestos y la inflación programada han minorado, en cierta medida, la importancia relativa de lo robado y estafado, pero parece ser que el montante total va a dar para vivir muy bien a unos cuantos sinvergüenzas, sin contar con lo que, una vez perfeccionado el método en Navarra, y ascendidos a la Comisión Ejecutiva Federal y a la Secretaría General por un tal P punto Sánchez, depredaron en otras regiones.

Con el capo de la trama en prisión, y a falta de que cante y caiga el Capone, la prensa nos entretiene este verano con la relación de beneficiarios secundarios del expolio. Pasan por el escarnio público novias, hermanas, mujeres, maridos, cuñados y pilinguis varias, a la espera de la pena de banquillo para sus favorecedores, que poca pena me dan.

Ante semejante desgaste, y en medio del justificado cabreo y hartazgo del pueblo, se plantean los asesores políticos cómo resistir y sostener la legislatura. Hay varias estrategias comunicativas posibles:

La primera es copiar al Jefazo. “Follow the leader”. Tiene publicado hasta un libro, “Manual de Resistencia”, que puede servir de guía. En estos casos conviene dar una rueda de prensa y declararse muy afligida. Es sabido que las lágrimas de mujer enternecen hasta al ciudadano más indignado. ¿Quién no quisiera ser Ojo de Halcón (Jeremy Renner) consolando a la Viuda Negra (Scarlett Johansson) en “Endgame”? Claro que las comparaciones son odiosas, pero algo de maquillaje siempre ayuda en estas situaciones. Conviene no pasarse, a Pedro Sánchez ya se le fue la mano y hubo críticas. Cuidado, no vaya una a acabar una como Bill Murray en “Zombieland”.

La segunda estrategia es la estrategia del lobo. No me refiero al locuaz Sr. Lobo, interpretado por Harvey Keytel en “Pulp Fiction”. Sé lo que estáis pensando, y no. Hablo de “¡O nosotros o el caos!”, que dibujaba Ramón en “Hermano Lobo” hace ya demasiados años. Gritemos ¡que viene el lobo!, como en el cuento de “Pedro y el Lobo”. Hoy habría que darle la vuelta. O nosotros o las derechas. Dejadnos rapiñar o vendrán la derecha y la ultraderecha, que es peor. Corto, fácil de entender y casi verosímil.

La tercera estrategia posible es la trumpista. Donald Trump ha revolucionado la comunicación política. Hagamos como él, anunciemos lo más disparatado que se nos pueda ocurrir. Quéjese la Presidenta del cupo catalán y anuncie que Navarra no sólo va a dejar de pagar la aportación, si no que, además, de no llegarse a un nuevo acuerdo en treinta días, va a empezar a cobrársela a Madrid. No tiene sentido, ni puede posiblemente suceder, pero pondrá a todos los periodistas y comentaristas a hablar del señuelo. Si a Donald Trump le funciona, ¿por qué a la Presidenta no?

La cuarta estrategia es la estalinista. Josef Stalin era muy dado a modificar los recuerdos que tiene la gente de la realidad. Publiquemos un panegírico de lo conseguido en estos años, con profusión de vídeos y fotos, pero, eso sí, donde el capo de la trama desaparece de las imágenes oficiales conmemorativas. Algo entre Sam Wheat (Patrick Swayze) en “Ghost, más allá del amor” y J Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) en “Ahora me ves”: lo viste, estaba allí, pero ya no lo ves. Tanto te quise, que ya no te quiero nada, Santos.

Las cuatro estrategias pueden probarse juntas o revueltas. “Qui resistit, vincit”, quien resiste, vence, dijo Persio, poeta romano que criticaba a aprovechados, trepas y entrometidos que se beneficiaban de su apellido para hacer carrera política. En vez de en Volterra, bien podía haber nacido en Valtierra para satirizar a esta Navarra nuestra.