Estamos ante un fenómeno ineludible que afecta a las ciudades de toda Europa: una crisis de la vivienda y el auge de los alquileres turísticos facilitados por plataformas en línea. Aunque beneficioso en ciertos aspectos, este fenómeno ha planteado grandes desafíos para ciudades de alta demanda como París, Ámsterdam, Barcelona o Florencia, donde participé esta semana en un seminario en los márgenes del G7 sobre Turismo y Vivienda.

En estas ciudades el acceso a viviendas asequibles es, hoy en día, una pesadilla para muchos ciudadanos, afectando no solo a las familias con bajos ingresos, sino también a la clase media trabajadora y a los más jóvenes. Nos encontramos en un punto crítico, y necesitamos determinar cómo deberían operar las grandes plataformas de alquiler turístico en nuestras ciudades para apoyar un desarrollo más equilibrado y garantizar oportunidades de vivienda asequible para los ciudadanos.

Las ciudades experimentan una escasez de viviendas debido a que muchos apartamentos se destinan cada vez más a estancias de corto plazo en lugar de arrendamientos residenciales a largo plazo. Esta tendencia incrementa el precio de los alquileres para los ciudadanos, reduce la disponibilidad de viviendas asequibles y puede desplazar a los residentes locales, especialmente en los centros urbanos populares y los barrios con ubicaciones emblemáticas donde la demanda es muy alta. Por ejemplo, en la última década, los precios de alquiler en Barcelona han aumentado un 68 %.

En la legislatura pasada, desde la UE aprobamos regulaciones comunes para los alquileres de corta duración, con el objetivo de abordar cuestiones de transparencia, responsabilidad y compartición de datos entre las autoridades locales y las plataformas en línea.

¿Qué más podemos hacer a nivel europeo para asegurar que los alquileres de corta duración contribuyan positivamente a nuestras ciudades sin comprometer nuestras comunidades? Primero, es esencial implementar la regulación aprobada por la UE de manera rápida y efectiva.

Pero debemos ir más allá. La UE debería ayudar a las autoridades locales y regionales a trabajar activamente con las plataformas para desarrollar soluciones personalizadas que se alineen con las necesidades de cada ciudad. El diálogo regular entre los gobiernos municipales y las plataformas de alquiler ha demostrado que puede ayudar a fomentar la comprensión y la cooperación, mitigando potencialmente los conflictos, compartiendo mejores prácticas para aprender juntos y asegurando que las preocupaciones locales se reflejen en el marco legislativo común.

Y en tercer lugar, necesitamos analizar en profundidad el marco legal que regula el alquiler turístico (vivienda, servicios, turismo) y proporcionar una legislación de la UE que pueda ayudar a las autoridades locales y regionales a abordar el problema a nivel europeo. La realidad es diferente de Zagreb a Lisboa, pero desde las instituciones europeas sabemos que necesitamos proporcionar un marco legal armonizado que proteja el mercado interior, a la vez que logre un correcto equilibrio entre turismo sostenible y una vivienda asequible.

Este debate no puede esperar.

La controversia sobre la amnistía ha transitado velozmente desde su anticipatoria protesta por “contraria a Derecho” -aún antes de que se conociese el texto- a la discusión acerca de los requisitos de su “legitimidad política” en términos de opinión pública.   

Escribió Rubio Llorente: “del silencio constitucional respecto de la amnistía no se sigue necesariamente su prohibición” (El País, 11 diciembre 2000). Las tesis que han sostenido su inconstitucionalidad han obtenido una por una su refutación convincente: el examen que descansa en el principio “minus ad maius” por el que, alegadamente, si la Constitución prohíbe los “indultos generales” con mayor fuerza excluiría toda amnistía, ignora que la diferencia entre el indulto (necesariamente individualizado, toda vez que condona el cumplimiento de la pena tras una sentencia firme) y la amnistía (que extingue, por ley orgánica, la perseguibilidad penal de ciertos hechos) no es cuantitativa sino cualitativa. Así también con la que invoca la “separación de poderes” y la “reserva de jurisdicción”, que no resulta alterada por una decisión del legislador democrático cuyo alcance se contrae, objetiva y subjetivamente, a la delimitación de un supuesto concreto, y cuya adecuación a la Constitución dependerá estrictamente de su finalidad, justificación y motivación. Este razonamiento rebate asimismo la tesis de que una amnistía sólo podría explicarse en un “cambio de régimen”: tanto el Derecho histórico español (las Constituciones progresistas de 1869 y 1931 las contemplaron y aplicaron sin desdecirse de sus fundamentos) como el Derecho comparado (Francia, Italia, Alemania, Reino Unido) muestran casos específicos que no equivalieron a reconocer que quienes delinquieron “tenían razón” y que la democracia “les pidiese perdón”: en todos estos supuestos, fue el Estado constitucional quien concedió el perdón, en ningún caso al revés. Son razonamientos ya expuestos pormenorizadamente en el libro El indulto. Un análisis jurídico-constitucional (pp.36-91) (R. García Mahamut, 2004). Lejos también de la actual disputa, estudiosos de la materia han fundamentado la cabida constitucional de las leyes de amnistía bajo condiciones precisas (Aguado Renedo; 2023, Linde Paniagua en 1998, entre otros).

Una vez hecha pública la Proposición de Ley Orgánica registrada en el Congreso, ni peligra la Constitución ni el Estado de Derecho ni la independencia judicial: se trata de una iniciativa ejercitada conforme al art.87.1 CE, minuciosamente articulada para superar su examen de constitucionalidad (finalidad legítima, proporcionalidad y adecuación), de conformidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del TEDH (que objeta las amnistías de delitos de lesa humanidad y torturas, lo que obviamente no es el caso) y de adecuación al Derecho de la UE y su garantía ante el TJUE (al excluir los “delitos contra los intereses financieros de la UE”). 

Toda Ley asienta su normatividad en su aplicación judicial y en la lectura que de su “interés público” ejercite el ministerio fiscal en los procedimientos: precisamente porque en España disfrutamos de una Justicia independiente -cuyo frente de erosión no es otro que el inconstitucional bloqueo del CGPJ durante cinco largos años, por la exclusiva responsabilidad del PP al denegar sus votos imprescindibles para la formación de 3/5 en cada una de las Cámaras-, es fácilmente predecible que serán numerosas las cuestiones de constitucionalidad (y de prejudicialidad ante el TJUE) las que elevarán los jueces que deban suspender las causas de las que estén conociendo a la entrada en vigor de la Ley, con efectos suspensivos sobre el asunto concreto. Al interponerlas -sumadas a los recursos de inconstitucionalidad que interpondrá el PP con todos los instrumentos jurídicos a su alcance-, los jueces estarán dando prueba de su independencia, intacta, y desmintiendo por tanto esa retórica inflamada de denuncias de “atentado a la separación de poderes” a las que se han apuntado asociaciones judiciales, contraviniendo su Ley Orgánica que les prohíbe dirigir sus críticas a los poderes públicos. 

Es innegable que la opción por la amnistía es políticamente arriesgada para el Gobierno con que arranca esta Legislatura. La investidura de su Presidente, con holgada mayoría absoluta, ha sido legítimamente estimada como mejor para la democracia que su alternativa (dejar caducar los dos meses cuyo transcurso abocaría a nuevas elecciones tras el fracaso de Feijóo en su intento de sumar una mayoría en el Congreso). Pero es una opción defendible, tal y como se argumenta en su Exposición de Motivos: una Ley singular para superar una crisis asimismo excepcional, favoreciendo con ella la normalización política y social en Cataluña, tras la grave fractura causada por el procés, y su reintegración institucional en nuestro Estado autonómico. 

Los hechos cuya persecución puede excluirse por ley se refieren, como es obvio, a la secuencia de decisiones, actos y leyes que, condujo, en 2017, a la DUI (Declaración unilateral de independencia) y a la mayor crisis experimentada en la España democrática desde el 23F. La respuesta del Estado contempló una fase política -el 155 CE- y una fase judicial, cuyo capítulo más relevante se sustanció ante el TS y culminó con condenas tras un debido proceso con todas las garantías. No obstante, en esta derivada penden desde entonces cientos de causas

La conjugación de la Proposición de Ley Orgánica con el principio de igualdad radica en el acotamiento de su ámbito temporal, subjetivo y material y en el razonamiento de la proporcionalidad de su trato diferenciado. El perímetro preciso de actos tipificados como delito o como determinantes de responsabilidad administrativa o contable preparatorios o conexos a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 octubre de 2017, sucesos, excusa recordarse, que tuvieron lugar en el tiempo de Gobierno en España del PP.  Partiendo de esta delimitación se establece la extinción de la responsabilidad penal, contable y administrativa, la competencia de los órganos que deben aplicar la amnistía y el procedimiento a seguir, explicando en cada caso la adecuación de la medida a la finalidad que el legislador democrático vincula al interés general.

La Constitución se defiende en cuanto Norma Suprema al ofrecer soluciones a aquello conflictos sociales, políticos y jurídicos que importen a la paz social, y sólo al TC competerá enjuiciar su validez. Que se abra paso otra etapa de reparación implicará un ejercicio de responsabilidad política cuyo juicio corresponderá, en cambio, a la ciudadanía de una democracia madura, a la que toca encarar los desafíos planteados cuando son ineludibles. Por eso, procede atajar también una espiral lesiva con muchos daños infligidos a la reputación institucional de España: porque nunca antes de los “hechos de 2017” habíamos asistido a una ofensiva tan sostenida en el tiempo y polifónica en sus coros contra nuestra credibilidad como una democracia sólida y plenamente garantista, tanto en la propia UE como ante las jurisdicciones de alcance supranacional (TEDH, TJUE), pasando por los instrumentos de cooperación judicial (euroórdenes y extradiciones varias veces denegadas, siempre con recursos pendientes y giros inesperados).

Ojalá, una medida excepcional como la que plantea la ley sirva a la recuperación de un diálogo sobre el que reconstruir entendimiento y convivencia desde el irreductible pluralismo político, lingüístico e identitario con el que se hace España.

La cumbre entre la UE y la Celac de esta semana en Bruselas reunirá a líderes de toda Europa y de América Latina para relanzar el diálogo entre ambas regiones. Para la UE, esta cumbre debería servir para enterrar sus errores de estos años y exhibir un nuevo compromiso con la región. En un contexto de emergencia climática y crisis global, guerra en Ucrania y avance de la ultraderecha en todo el mundo, la UE no puede renunciar al potencial de una alianza prioritaria con América Latina, basada en la economía verde y productiva en ambas regiones, la defensa de los derechos humanos y la justicia social y ambiental. Sería inconcebible que España, que asumió la Presidencia del Consejo de la UE este mes, no liderara este proceso, y eso también nos lo jugamos el 23 de julio. 

El ascenso de la ultraderecha en Europa muestra que esta también puede ser un espacio de retrocesos y vulneración de derechos, especialmente para las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas migrantes, como hemos visto en países como Polonia, Hungría, Italia y ya en algunas comunidades autónomas en España. Por eso es importante que la presidencia española recaiga en un Gobierno progresista que impulse y defienda los avances en derechos y libertades en toda la UE. España puede liderar, por ejemplo, la coordinación de políticas a nivel europeo contra la inflación, la regulación del mercado eléctrico y alimentario; la directiva de trabajadores de plataformas digitales o la directiva de debida diligencia de las multinacionales. También puede y debe impulsar un uso de los fondos orientado a la soberanía energética, digital y tecnológica en toda la UE, escuchando a los territorios para cerrar las distintas brechas en esos sectores y combatir la despoblación y la falta de acceso a servicios públicos.

El refuerzo del pilar social y las políticas feministas en Europa también deberían ser, como lo han sido en España estos últimos tres años y medio, una insignia de la presidencia española. Revalidar el Gobierno de coalición permitiría trabajar en medidas como la implementación de garantía infantil, la tarjeta europea de discapacidad, el despliegue de vivienda pública frente a la especulación, un sistema europeo de cuidados, la protección de los derechos sexuales y reproductivos o una directiva contra las violencias machistas, entre muchas otras. La ultraderecha sabe muy bien que las políticas transformadoras en esos dos ámbitos son un objetivo a abatir. No es casual. Saben que es transformando y ampliando derechos como se frena a la ultraderecha.

Por otro lado, hay retos que requieren un cambio de rumbo si la UE quiere mantener su credibilidad como proyecto de bienestar y derechos. En los últimos meses hemos visto como han avanzado las discusiones sobre el Pacto de Asilo y Migración y como los principios racistas de las derechas han sido asumidos por el Consejo. Las fuerzas progresistas debemos evitar esos marcos y aspirar a una política de asilo y migración basada en derechos y en la protección de la dignidad de las personas. Debemos acabar con la mal llamada «devolución eficiente» y las muertes en las fronteras, porque ninguna política que ponga en duda la universalidad de los derechos puede ser sinónimo de bienestar y seguridad para la ciudadanía europea. Urge abrir vías legales y seguras que aseguren el respeto de los derechos humanos y una política justa, solidaria y eficiente.

Esto también significa un cambio del rol de la Unión Europea hacia las vulneraciones de derechos en otros territorios y una reconstrucción de la idea de vecindad sur. El silencio y el mantenimiento de relaciones prioritarias nos hace cómplices mientras Israel bombardea Palestina, Marruecos expolia los recursos del Sáhara Occidental o la población kurda es reprimida violentamente por Erdoğan. Las derechas intentarán vender los acuerdos migratorios o de defensa con estos países como una garantía de seguridad a corto plazo, pero, en realidad, esta complicidad con sus intereses erosiona las únicas herramientas disponibles para una convivencia pacífica entre pueblos: la defensa de la democracia, los derechos humanos y la propia construcción de paz.

Y, precisamente por eso, urge una modificación de las posturas ante la guerra de Ucrania. Tras 17 meses de sufrimiento, miles de personas muertas y millones de desplazadas, ¿alguien puede decir que ahora estamos más cerca de que esta pesadilla acabe? Alimentar las posturas belicistas no va a incrementar la seguridad y la justicia para el pueblo ucraniano o para Europa en su conjunto. Además, el belicismo es una gran puerta de entrada a discursos de odio capaces de paralizar cualquier avance social y político. Por ello, Europa debe emprender la vía diplomática para una salida negociada al conflicto y un acuerdo que garantice una paz justa y duradera. Debe contar con la mediación de países y organismos internacionales y trabajar por la rendición de cuentas ante los crímenes cometidos en territorio ucraniano. Y debe avanzar en una autonomía estratégica real de Europa, que anteponga los intereses de la ciudadanía europea para construir un proyecto autónomo, democrático, justo y sostenible en todos sus sectores; porque la autonomía estratégica va más allá de la seguridad: va de soberanía energética, alimentaria, tecnológica o digital. Seguridad, de hecho, es tener acceso a energía barata y limpia, a alimentos de calidad y proximidad, y a un desarrollo tecnológico que cierre brechas (en vez de abrirlas) y que genere empleo de calidad.

En lo que respecta a las relaciones con América Latina, considero que España, con un Gobierno progresista al frente, tiene un papel fundamental que cumplir. Nuestro país debe tomar la iniciativa y apostar por la cooperación en un mundo cada vez más multipolar e incierto, frente al reto fundamental de la emergencia climática y la escasez de recursos, la rivalidad entre EE. UU. y China, y la tendencia al rearme y la remilitarización. Para ello, la UE podría empezar revisando su política comercial y extractivista, así como la impunidad con la que sus grandes empresas extraen los recursos de América Latina a costa de sus hábitats naturales y de los derechos humanos. Para esto es esencial impulsar la directiva sobre diligencia debida de las empresas, vincular su actuación a derechos laborales, medioambientales, contra la explotación infantil y terminar con la impunidad e indefensión. Y hacerlo escuchando lo que los pueblos latinoamericanos y originarios tienen que decir sobre los acuerdos comerciales como el de México, Chile o Mercosur; pero también a las propias gentes de Europa que claman por dejar de vender nuestra soberanía y de tener que depender del exterior para nuestro abastecimiento de recursos que son (y serán aún más) estratégicos.

Por todo lo anterior, revalidar el Gobierno de coalición es la única garantía de que una alternativa progresista tenga la posibilidad de construir un horizonte de bienestar, derechos y libertades para toda Europa. El próximo 23 de julio no solo elegiremos quien gobernará España, sino también si Europa debe caminar hacia el pasado o hacia el futuro. Aunque es evidente que el poder no solo se dirime en las instituciones, una Presidencia española de la UE con un Gobierno progresista al frente será una gran herramienta para impulsar importantes avances sociales en toda Europa y plantear debates necesarios para encarar ese futuro. Nos jugamos mucho.

Según la Comisión Europea, nuestra naturaleza se encuentra en un estado de deterioro alarmante. El 80% de los hábitats europeos están en mal estado. El 71% de las poblaciones de peces han disminuido en la última década. Los insectos polinizadores (de los que dependen casi cuatro quintas partes de los cultivos) registran en los últimos años un 40% de especies en peligro de extinción a nivel mundial y una tendencia negativa incontestable en el número de insectos en todo el mundo, incluida Europa. La muerte anual del 1% de nuestra superficie forestal, entre otros criterios técnicos, sugiere que el estado de nuestros bosques no es mucho mejor. Las zonas urbanas, que acogen a casi tres cuartas partes de la población de la UE, no están preparadas, en general, para afrontar los retos del cambio climático (dicho de otra manera, faltan árboles y sobra asfalto).

Podría continuar enumerando ejemplos, pero creo que la importancia de restaurar la naturaleza se entiende incluso mejor con dos datos. Primero, más de la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que nos presta, como la producción alimentaria, la resistencia y mitigación del clima o las innumerables contribuciones a la salud humana. De hecho, según una evaluación preliminar del Banco Central Europeo, el 75% de los préstamos bancarios en la zona del euro son para empresas que dependen en gran medida de, al menos, un servicio ecosistémico. Segundo, solo en la UE y solo entre 1997 y 2011, la pérdida de biodiversidad representó una pérdida anual estimada de entre 3,5 y 18,5 billones de euros.

Por eso, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15) aprobó el año pasado un objetivo de restauración para esta década del 30% de los ecosistemas terrestres, costeros, marinos y de aguas continentales en el mundo. Por eso también, la Comisión Europea presentó -incluso antes del acuerdo de la COP- una propuesta legislativa que se adelantaba a estas obligaciones y fijaba un objetivo de restauración del 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030. Como responsable de la Ley de Restauración de la Naturaleza en la UE en el Parlamento Europeo, he negociado durante meses con los demás grupos políticos con el objetivo primordial de sacar adelante esta nueva norma, pionera en el mundo y en nuestra legislación. Es la primera vez en toda la historia comunitaria que nos ocupamos de la naturaleza a través de un reglamento.

Con esta información objetiva, contrastable y fidedigna, y con los datos científicos en la mano, he trabajado durante meses para alcanzar un acuerdo amplio que contara con el apoyo mayoritario de los miembros de la Comisión de Medioambiente en la Eurocámara, a la que pertenezco y en donde se ha completado la primera parte de la tramitación de este dosier. Desafortunadamente, también he pasado este tiempo enfrentando la frustrante tarea de refutar bulos y burdas mentiras que se repiten en un bucle sin fin que no atiende a razones. “La propuesta está, en muchas partes, en contra de nuestros objetivos climáticos y en contra de depender menos de Rusia y Qatar”. “[Esta ley] socava la seguridad alimentaria en la UE”. “Es un ataque a la agricultura, la silvicultura y la pesca de la UE”. “Hay un artículo completo para restaurar los ríos, lo que significa eliminar la energía hidroeléctrica”.

Esta ola de negacionismo y delirios ha ido a peor desde que el Partido Popular Europeo (PPE) decidió levantarse de la mesa de negociación a falta de una sola reunión para cerrar el acuerdo político. A sus diputados y diputadas pertenecen las afirmaciones anteriores, aunque cueste creerlo. Y es que, lamentablemente, esta propuesta legislativa se ha convertido en un arma arrojadiza para las derechas europeas con la complicidad de los conservadores en la Eurocámara. Su líder, el alemán Manfred Weber, fue candidato a presidente de la Comisión Europea en 2019, cargo que acabó ocupando su compatriota, compañera de filas y responsable última de la Ley de Restauración de la Naturaleza, Ursula von der Leyen. Este giro de guion, que tiene atragantado Weber desde entonces, explica, en buena medida, el origen de la oposición irracional que mantiene el PPE en la actualidad. El resto es pura estrategia política: asociarse a la extrema derecha para perpetuarse en el poder. Lo hemos visto en Finlandia, en Italia, en Suecia... y en España con los últimos pactos regionales y municipales. El PP ha pasado del cordón sanitario al abrazo reaccionario.

A menos de un año de las elecciones europeas, la Ley de Restauración de la Naturaleza, un texto esencial para completar el Pacto Verde Europeo y garantizar un futuro sostenible para todos y todas, es víctima de una táctica electoralista y personalista. La buena noticia es que, a pesar de la intensa campaña, abiertamente hostil, capitaneada por el Partido Popular Europeo, las derechas no han podido evitar que la propuesta llegue al pleno, donde se debatirá y someterá a votación de todos los miembros del Parlamento Europeo. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurrió en la votación en comisión, Weber no podrá sustituir a sus compañeros de filas discordantes con su línea política. Nada menos que un tercio de los populares de la comisión de medioambiente fueron sustituidos por miembros de otras comisiones.

A ellos apelo de cara a la votación final esta semana en Estrasburgo. Olviden los cuentos que les repiten machaconamente. Léanse la ley. Sigan el ejemplo del Consejo de la UE, donde los Estados miembros ya han aprobado una posición común sobre la norma y están listos, esperándonos, para poder comenzar las negociaciones interinstitucionales que alumbrarán el texto definitivo. Escuchen a los científicos, a los jóvenes, a las organizaciones de la sociedad civil. Atiendan al Banco Central Europeo que declaró, hace unos días, de manera contundente que “esto no va de abrazar árboles. Estamos hablando de riesgos financieros materiales derivados de la pérdida de biodiversidad (...): si destruimos la naturaleza, destruimos la actividad económica”. Lo dije hace unos días y lo repito: la primera ley de naturaleza y biodiversidad de la historia de Europa no puede depender de una trifulca política interna de los conservadores europeos. Es demasiado grande, demasiado importante. El futuro nos observa.

El advenimiento de una ola reaccionaria tanto en municipios como Ripoll, donde gobernará la extrema derecha independentista, como en el resto del Estado, donde los pactos de PP y Vox se multiplican, ha provocado que algunos representantes políticos independentistas afirmen que es necesario dejar llegar al poder a estos movimientos de extrema derecha para que la ciudadanía pueda comprobar por sí misma su incapacidad y nocividad. 

Pero la realidad es que no hay que esperar a que nos gobiernen y ni siquiera darles cien días de gracia para saber cómo actúa la extrema derecha una vez tiene poder ejecutivo. De hecho, sólo hace falta levantar cabeza y observar qué está pasando en nuestro entorno europeo, en países como Hungría o Polonia donde gobierna desde hace muchos años, o en Italia, donde el neofascismo encarnado por Meloni se ha hecho recientemente con el Palazzo Chigi. En todos los casos ya se han puesto en marcha iniciativas para reducir los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+ o de los migrantes y se han intensificado los esfuerzos para ahogar a los medios de comunicación críticos, entre otras medidas. En todos estos países se está acelerando preocupantemente la reducción del espacio democrático. 

Por tanto, cuando estos partidos llegan al gobierno, transforman su peligroso discurso en iniciativas políticas concretas contra el progreso, la diversidad y la pluralidad. No tengo la intención de convertir este artículo en un glosario de las leyes que han aprobado a lo largo de sus mandatos (aunque sería un buen ejercicio periodístico) pero sí vale la pena mencionar algunas de sus principales líneas de actuación. 

Las políticas de igualdad son unas de las primeras damnificadas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Polonia, controlado por el gobierno, ha prohibido de facto el aborto y, desde entonces, se suceden los casos de mujeres que mueren en las clínicas del país por no ver garantizados sus derechos sexuales y reproductivos y, en definitiva, su derecho a la salud. Se ha expulsado cualquier temática LGTBIQ+ de las escuelas porque difieren del modelo de familia tradicional e incluso se han aprobado leyes que permiten denunciar anónimamente a parejas homosexuales convirtiendo así el espacio público en un espacio de sospecha, persecución y terror . 

Las políticas xenófobas son otro rasgo distintivo de estos gobiernos que se llevan a cabo a través de la casi total restricción del derecho de asilo. Además, en todos los casos se intensifica la violencia contra los migrantes en las fronteras, se multiplican las devoluciones en caliente y se aplican estados de excepción encubiertos para normalizar la vulneración de derechos humanos contra este colectivo. 

Y todo esto ocurre en contextos en los que no hay fiscalización del poder porque no hay espacio para los medios críticos. Los gobiernos se encargan de reducirlos a la mínima expresión mediante la limitación o no renovación de las licencias y dirigiendo la publicidad institucional de forma sesgada. El caso más grave, seguramente, es el de Hungría, donde el estado es propietario de más de 500 medios de comunicación, el 90% de los medios del país.

Además, en el caso de naciones sin estado como Catalunya, Euskadi o Galicia, no sólo supondría un recorte de derechos y libertades sociales, sino también nacionales, puesto que otra de las políticas identificativas de estos movimientos es la recentralización total de competencias. Digámoslo claro: nos jugamos que, como ya ha ocurrido en Hungría, el estado vacíe de contenido las competencias locales y regionales en materias tan cruciales como las educativas. 

Y no hace falta ser mujer, formar parte del colectivo LGTBIQ+ o ser racializado para estar en contra de la extrema derecha porque los siguientes, no lo dudéis, serán los ecologistas, los sindicatos, las ONG, la cultura y, finalmente, la democracia. Como decía el poema de Martin Niemöller, “cuando me vinieron a buscar, no había nadie más que pudiera protestar”. 

¿De verdad es necesario esperar a que se apliquen estas políticas para saber que son corrosivas para el país y para la democracia? ¿Es necesario espolear campañas de abstención masiva entre el independentismo catalán que beneficiarán directamente a estos proyectos reaccionarios y, en el caso de Catalunya, a los partidos de obediencia española? Es una grave irresponsabilidad que nos puede salir muy cara. 

La izquierda independentista tiene el deber político y moral de ser el muro de contención del neofascismo allá donde se presente y expondré tres motivos muy básicos. En primer lugar, porque nos toca blindar unos derechos fundamentales colectivos que quienes nos han precedido ganaron con sangre y sudor. En segundo lugar, porque tenemos que defender Catalunya y sus derechos nacionales e históricos ante el más que probable escenario de recentralización. Y, por último, porque tenemos la oportunidad de visibilizar ante nuestros vecinos europeos que una República Catalana será la mejor aliada para reforzar la democracia y hacer frente a la ola reaccionaria en el continente. 

Ante los momentos oscuros que se avecinan, Catalunya debe presentarse al mundo como un bastión de derechos y libertades; como un referente europeo contra el reaccionarismo. Por eso, el 23J hace falta que el mensaje sea inequívoco: Catalunya es republicana y es antifascista.

A estas alturas Feijóo ya no puede disimular que carece de un proyecto para el país. Tras cuatro años ejerciendo la oposición más desleal, a las puertas de unas elecciones generales el Partido Popular se encuentra a merced de la extrema derecha de Vox y sin otra propuesta que la de derogar “el Sanchismo”. Una vaga consigna tras la que esconden la reducción de políticas sociales, limitación de derechos y libertades, el freno de la recuperación económica y la vuelta a la España del ruido, en la que llevan instaurados desde hace cuatro años. Esa es la oferta de Feijóo: un país contra la mayoría social. 

La reducción del salario mínimo, recortes en derechos laborales o volver a la congelación de las pensiones son algunas de sus propuestas. Una apuesta por el retroceso social más que evidente ante la que Europa tendría mucho que decir. Porque España, como todos los Estados miembros, tiene compromisos adquiridos con la Unión Europea y su incumplimiento supondría multas millonarias. Es decir, cualquier modificación significativa de la reforma laboral o de las pensiones implicaría un incumplimiento del Plan de Recuperación acordado con Bruselas y España pasaría de recibir fondos -37 mil millones de euros hasta la fecha- a acumular multas. 

Nos situaríamos de esta forma en el club de los países europeos, como Hungría o Polonia, cuyos fondos comunitarios se han visto congelados por la deriva autoritaria de sus gobiernos. Entre tanto, el Partido Popular seguirá hablándonos de la importancia de volver a la “moderación” mientras pactan con Vox y su credibilidad será la misma que cuando dan lecciones de coherencia. Porque en Bruselas estamos acostumbrados al patriotismo hipócrita de los Populares, donde han intentado poner toda serie de trabas para que España, y los españoles, no reciban esos tan necesarios fondos de recuperación. Pese a ello, es difícil saber si este modus operandi es consecuencia de su política del insulto o simple ignorancia de las normas comunitarias. 

Lo pudimos ver también durante la visita que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo hicimos a España por situarse a la cabeza en la ejecución de los fondos de recuperación. Ocasión que el PP aprovechó una vez más para lanzar ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez que, en definitiva, son ataques contra nuestro país. Al menos esa fue su intención, porque lo que quedó claro es que España está cumpliendo todos los compromisos europeos y cuenta con sistemas de control y de ejecución sólidos. Aunque tampoco les importó, pues ya sabemos que su discurso siempre pasa por el “miente que algo queda”. 

Así es el extraño patriotismo del Partido Popular que quiere tumbar todas las medidas que han permitido al país avanzar y que han logrado respeto internacional, como la ‘excepción ibérica’ en el mercado eléctrico. La Comisión Europea ha alabado la reforma de las pensiones como un ejemplo de diálogo entre los agentes sociales y las autoridades nacionales y europeas. Del mismo modo, el ejecutivo europeo acogió de forma positiva la reforma laboral, que además de ser un hito cumplido del Plan de Recuperación, es el marco que ha permitido lograr excelentes datos de empleo y crecimiento del PIB. En mayo, España superó por primera vez los 20.8 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Unos datos muy alejados del apocalipsis que algunos alientan, pero que nunca llega. Políticas que han permitido seguir construyendo un país para todos dentro de la Europa que queremos, fruto del impulso del Gobierno central y de su colaboración con las autonomías. 

Por todo ello, es más que evidente que en estas elecciones no solo decidimos los próximos cuatro años de gobierno, sino que nos jugamos las próximas décadas. Porque bajo los gobiernos de Feijóo se abre paso a la extrema derecha, a los aliados de Le Pen, de Viktor Orbán, de Bolsonaro. Elegimos entre seguir siendo un referente en progreso o volver a la España oscura de los recortes y de la irrelevancia internacional. Porque tal vez el Partido Popular no lo sepa, pero el socialismo es lo único que hace avanzar a nuestras sociedades. Mientras unos miran con nostalgia al pasado, este 23J la mayoría de españoles nos jugamos el futuro. 

Cuando hablamos de niños invisibles solemos pensar en aquellos niños y niñas que nacen en países en desarrollo y que no son registrados oficialmente al nacer y, por tanto, no existen a los ojos de los Gobiernos. Estos menores suelen ser excluidos de los servicios básicos esenciales, como la atención de la salud y la educación, y son también más vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso. Desafortunadamente, no hace falta salir de nuestras fronteras para descubrir que muchos niños y niñas son también invisibles y ven vulnerados sus derechos fundamentales.

En Europa, con una población infantil del 18,3%, conviven diferentes “categorías” de menores.  Están los que tienen sus necesidades básicas cubiertas y pueden desarrollar sus proyectos vitales. También los que se van a la cama con el estómago vacío y cuyos padres no pueden permitirse pagar, por ejemplo, medicamentos esenciales. Y, por último, los menores invisibles, que ven sus derechos vulnerados tanto por acción como por omisión en nuestras sociedades, olvidando que el interés superior del menor debería prevalecer siempre como lo recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Los primeros, afortunadamente la gran mayoría de la población infantil europea, provienen de hogares acomodados que ofrecen entornos protectores y afectuosos y que garantizan que los niños y las niñas puedan estudiar, descansar, jugar y disfrutar de actividades culturales y artísticas, así como recibir una alimentación equilibrada. 

Los segundos provienen de hogares en riesgo de pobreza o exclusión social y están más expuestos a sufrir privaciones graves en materia de asistencia sanitaria, alimentación, vivienda y educación. Para revertir esta situación, que ha empeorado considerablemente tras la crisis de la COVID-19, alcanzando ya el 22,2% de la población infantil, la Unión Europea aprobó en marzo de 2021 la Garantía Infantil Europea, una propuesta socialista que reclama un plan de acción global con los medios humanos y financieros adecuados para luchar contra la pobreza infantil. 

Y los terceros, los que no existen, son niños y niñas sin hogar ni protección y, por tanto, particularmente vulnerables y expuestos a sufrir diversas formas extremas de violencia, abuso y explotación. 

Los menores extranjeros, tanto los refugiados como los no acompañados (MENAS), son un buen ejemplo. En innumerables ocasiones se olvida que son niños antes que extranjeros y que, independientemente de su documentación o situación legal, también les amparan todos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Pese a que los gobiernos tienen la obligación de protegerles y garantizar el acceso a los servicios sociales básicos, las condiciones de acogida son a menudo deplorables o insuficientes y muchos de estos niños y niñas, que sufren detenciones prolongadas (con frecuencia compartiendo celdas con adultos), escapan de los centros y sobreviven en las calles sufriendo abusos y violencia. 

Además, estos menores al cumplir los 18 años se vuelven a enfrentar a un segundo abandono cuando dejan de estar bajo la tutela y la protección del Estado y pasan a estar bajo su propia suerte. Y lo que es aún peor, en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación ni la formación necesarias para desenvolverse en el mundo de los adultos. Por ello, es frecuente que sean retornados a sus países de origen o que se vean arrastrados a un círculo vicioso de explotación y abuso al pasar a la vida adulta.  

Para evitar este drama, algunos países, como Italia, han adoptado una legislación que garantiza un período de transición de dos años que permite a estos jóvenes terminar su educación y encontrar un trabajo, regularizando así su situación. 

Si todo lo anterior no fuera suficiente, a los menores extranjeros se les utiliza frecuentemente como arma política por parte de los partidos de derecha y extrema derecha, criminalizándoles como un riesgo para la seguridad nacional de los Estados fortaleza. 

Sin ir más lejos, en España, la ultraderecha llegó a construir toda una campaña publicitaria con datos manipulados acusándoles como beneficiarios de un gasto social que se les sustraería a los ciudadanos españoles, en este caso, a los pensionistas. No podemos tolerar estas campañas cobardes de odio dirigidas a hacia un colectivo ya doblemente vulnerable como los menores extranjeros no acompañados. Tenemos que lograr que estos partidos desaparezcan de la escena política.

Por eso es necesario que las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil colaboren e intercambien las mejores prácticas para promover la integración e inclusión de estos menores en nuestras sociedades y garantizar una preparación adecuada ante su salida de las instituciones de acogida.

En particular, debemos destinar una atención y una protección especial a estos menores migrantes mediante una reglamentación comunitaria que cuente con los recursos adecuados y el compromiso y la solidaridad necesarios para acompañarlos en su camino de integración a la edad adulta.

También son menores invisibles aquellos niños y niñas que caen en redes de trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación sexual, de delincuencia y mendicidad forzada, de sometimiento a matrimonios forzados, precoces y de conveniencia, así como la trata con fines de venta de bebés, extracción de órganos y de adopción ilegal. 

Desafortunadamente, es muy complejo visibilizar e identificar a estas víctimas que, en muchos casos, además, temen ser deportadas o que sus propios hijos sean utilizados a su vez por las mafias y los explotadores. Por eso, es esencial contrarrestar la cultura de la impunidad del negocio delictivo de la trata, promover un mayor acceso y ejercicio de los derechos de las víctimas y garantizar plazas suficientes en los centros de acogida o protección específicos para estas víctimas. 

Cuando los abusos también se graban y se comparten en línea, el daño se repite indefinidamente y permanece durante años. Las víctimas deben vivir sabiendo que esas imágenes que muestran los peores momentos de sus vidas se están difundiendo y que cualquier persona, incluidos sus amigos o familiares, algún día podrá verlas. En los últimos años, según la Comisión Europea, ha habido un aumento extraordinario de denuncias de abuso sexual infantil en línea en los países de la UE, convirtiéndolo en una de las principales amenazas del ciberdelito en la Unión Europea. Por ello, estamos trabajando en el Parlamento Europeo en una propuesta para combatir este fenómeno y proteger mejor a los niños cuando están en línea.

Por último, la cuestión más delicada y sensible es la que afecta a un grupo cada vez más visible: el de los menores europeos familiares de los soldados de la organización yihadista del Estado Islámico. Se trata de una problemática relativamente nueva para Europa que presenta innumerables y complejos interrogantes. 

Tras el rechazo inicial que causaban estos menores, los Estados miembros, empujados en algunos casos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han ido repatriando a cuenta gotas a centenares de menores de Siria. En el caso de España, el pasado mes de enero 13 menores procedentes de Siria llegaron al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. 

Las instituciones europeas han recordado que estos menores son víctimas inocentes y deben ser considerados como tales y no ser estigmatizados. No obstante, es evidente que estos menores deben tener un seguimiento intensivo por parte de las autoridades para ver cómo progresan en su nivel de integración, rendimiento académico e incluso en sus relaciones afectivas en función de su edad y su trayectoria personal. 

No podemos pasar por alto que a su corta edad han asistido a una realidad execrable, muy difícil de imaginar para cualquiera de nosotros, y que es esencial abortar y prevenir cualquier tipo de radicalización y proporcionarles la ayuda psicológica necesaria para superar los posibles traumas. 

Sin duda, el proceso de reinserción de estos menores junto con la protección de los menores migrantes que llegan a nuestras fronteras es uno de los mayores retos que tiene por delante los Estados miembros. 

Porque no lo olvidemos, no hay causa que merezca más prioridad y compromiso político que la visibilidad y la protección y el desarrollo de todos los niños y las niñas. Su futuro, nuestro futuro como sociedad, está en nuestras manos. Actuemos con valentía y luchemos por leyes más protectoras y por derechos más firmes para garantizar una infancia feliz y sana.

Desde diferentes frentes, los retos a los que la Unión Europea se enfrenta nos muestran un cambio de realidad, que necesita de nuevos paradigmas guiados por la justicia social y la inversión en unos sistemas de bienestar social sólidos.

Con una tendencia inflacionista al alza, salarios congelados en muchos países de la Unión, precios de la energía por las nubes y una pobreza laboral latente y evidenciada, Europa se encomienda a la tarea de buscar nuevos instrumentos que ayuden a sobrevolar las fluctuaciones del mercado, adaptarse a las transiciones, y frenar los choques, también en materia social. Toca renovar o, renovar.

Entra por tanto en el tablero de discusión, cómo mejorar los mecanismos antipobreza existentes, como el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también llamado Renta Mínima.

España ha sido pionera en impulsar un sistema de renta mínima (IMV) muy aplaudido fuera de nuestras fronteras, por lo que este tema podría desempeñar un papel relevante durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año. Si bien todos los países europeos cuentan hoy con un sistema de renta mínima, existen grandes disparidades en cuanto al diseño y la aplicación de los mismos. La UE pone por tanto ahora el foco en la necesidad de adaptar estos sistemas nacionales, no solo para impulsar una mayor adecuación, sino también para asegurar su eficacia. Y es que, si la renta mínima nació para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza mediante un ingreso mínimo, no parece estar dando los resultados esperados: todos los sistemas actuales se sitúan por debajo del respectivo umbral nacional de pobreza y, en algunos casos, incluso por debajo del 20%. Es evidente pues, que el flotador diseñado para ayudarnos a ondear tiempos difíciles, necesita una inyección de oxígeno de manera global.

Los datos sobre la magnitud del problema de la pobreza en la Unión Europea, hablan por sí solos. Según Eurostat, ya en 2021, 95,4 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, lo que equivale al 21,7% de la población europea. El riesgo de pobreza o exclusión social fue, ese mismo año, mayor para las mujeres que para los hombres (22,7% frente a 20,7%), y más de una quinta parte (22,5%) de la población europea con hijos a cargo, estaba en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

En vistas a cumplir con los objetivos fijados en la cumbre europea de Oporto de reducir el número de personas que viven en la pobreza o exclusión social en, al menos, 15 millones para 2030, resulta imprescindible mejorar los instrumentos de lucha contra la pobreza y, en concreto, los sistemas de renta mínima.

Consciente del incremento del coste de la vida, y de la necesidad de ayudar a millones de europeos a llevar una vida digna y pagar las facturas, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo en Estrasburgo, una resolución sobre rentas mínimas adecuadas, lanzando un claro mensaje: la necesidad de apostar por una directiva europea. Durante las negociaciones del texto, desde el grupo socialista defendimos la necesidad de impulsar normativa europea para contar con unos sistemas de renta mínima eficaces en Europa, que sirvan como red de seguridad y protección social.

La resolución aprobada por la Eurocámara, contiene además importantes recomendaciones relativas a la admisibilidad, accesibilidad o cobertura de las prestaciones. Entre otras muchas cuestiones, pide el aumento de los esquemas nacionales de renta mínima para alcanzar un nivel equivalente al umbral nacional de pobreza, o al valor económico de los bienes y servicios necesarios. También, la complementariedad con otro tipo de prestaciones sociales como la pensión por jubilación, desempleo o discapacidad, e incentivos para ayudar al acceso a un mercado de trabajo de calidad, importante para reducir el circulo de pobreza laboral, y velar por la obtención de trabajos decentes con unas buenas condiciones laborales. 

El texto contempla, asimismo, la posibilidad de percibir la prestación de manera individual dentro de un mismo núcleo familiar, y la eliminación de barreras para acceder a las ayudas, potenciando así un rastreo por parte de las administraciones para contactar a los potenciales beneficiarios. Con estas recomendaciones, se pretende prevenir situaciones de dependencia o violencia de género, y la eliminación del conocido problema de la non take-up, referido a personas que pudiendo pretender a la prestación, no la solicitan por falta de información, perpetuando así su condición de vulnerabilidad.

En tiempos convulsos, debemos dar ejemplo de solidaridad y apostar por una inversión en lo público. Unos sistemas de renta mínima bien diseñados pueden funcionar como instrumento estabilizador frente a choques económicos y sociales.

La Unión Europea explora la manera de avanzar hacia una reducción de la pobreza, a expensas de dar ese giro de tuerca que contribuya a eliminar las desigualdades.

La autora Mariana Mazzucato, de gran influencia en el “establishment” europeo, es una de las intelectuales que más ha abogado por concentrar esfuerzos públicos para lograr un fin de interés superior, las denominadas “misiones”, en clara referencia a los esfuerzos de la NASA por llegar a la luna. En la UE, se han puesto en marcha también varias misiones en el campo de la investigación siguiendo ese modelo. Pero lo que nadie esperaba es que Joe Biden escogiera esta línea de financiación pública tan decidida en la Inflation Reduction Act (IRA) para cobrar impulso en la carrera por las tecnologías de la descarbonización. 

La UE va detrás en la carrera digital, pero mantiene claros compromisos climáticos y liderazgo en la competición por las nuevas tecnologías limpias, lo cual le ha permitido reducir más de un 24% sus emisiones de gases de efecto invernadero mientras su economía ha crecido más del 60% desde 1990. No obstante, la propuesta norteamericana amenaza con disputar no sólo el liderazgo tecnológico, sino con atraer también empresas del sector hacia el otro lado del Atlántico. 

La carrera por la descarbonización es ahora una lucha encarnizada en la que la UE se juega buena parte de sus apuestas de futuro. Para hacer frente al envido americano, se precisa una respuesta europea clara, contundente y eficiente, evitando el proteccionismo y una guerra comercial que sólo beneficiaría a China. 

Ante el nerviosismo reinante no sólo entre la jerarquía política, también en la industria, la Comisión Europea ha reaccionado de manera muy tibia presentando su Plan Industrial para el Pacto Verde, un plan que carece de la fuerza suficiente en lo financiero y que corre el riesgo de generar un desequilibrio aún mayor en el mercado interior de la UE. Si a los países con más pulmón financiero se les permite dar más ayudas a sus empresas, la competición trasatlántica se trasladará a una competición interna desigual de indeseados efectos. No es un temor infundado: desde el inicio de la guerra en Ucrania, Alemania ha dado más ayudas de Estado (356 mil millones de euros) que el resto de miembros de la UE en conjunto (316 mil millones).

Para hacer frente a las medidas americanas, la Comisión Europea acaba de proponer usar los fondos disponibles del Plan de Recuperación, entre ellos los créditos que países como España ya se han adelantado a pedir, y reorientar otros instrumentos del presupuesto europeo para alinearlos con la necesidad de invertir en tecnologías limpias. Es decir, mucha creatividad, pero poco pragmatismo y ni un euro de nuevos fondos. 

Además, las ayudas que EEUU propone a las empresas son de asignación rápida, sin demasiada burocracia, todo lo contrario a lo que sucede a este lado del Atlántico, donde las empresas europeas se ven forzadas a transitar por un laberinto de instrumentos financieros y de reglas burocráticas que con frecuencia las hacen desistir de las ayudas. Un riesgo evidente es que esas ayudas, que buscan estimular nuevas tecnologías de descarbonización, acaben en manos de gigantes del sector fósil o del sector eléctrico y no lleguen de verdad a las pymes europeas que están invirtiendo en innovación. La UE goza de un ecosistema de start-ups y pymes en este campo que, de no mediar cambios, pueden iniciar su migración hacia USA.

Por lo tanto, la UE debe ser más firme y decidida, mejorar la gobernanza en cuanto a sus fondos públicos con objetivos globales y de alcance transnacional. No podemos repetir errores del pasado, como los cometidos a principios de siglo cuando la apuesta inicial por tecnología solar propia fue seguida de un progresivo abandono para acabar dependiendo de las importaciones de China. Una amenaza que ya empieza a sentirse en el campo de los electrolizadores, el elemento clave para producir Hidrógeno. No tropecemos dos veces en la misma piedra. 

La pasada semana hemos podido comprobar de primera mano la fuerza con la que el pueblo peruano está defendiendo en las calles lo que llevan años negándole en las instituciones: la democracia.  

Bajo un nuevo Gobierno ilegítimo, agazapado en el poder ejecutivo sin refrendo popular alguno, la situación actual que vive el país se ilustra con un solo dato: más muertos por represión que días del nuevo Gobierno.

Más de 60 asesinatos y cientos de personas heridas; criminalización y persecución sistemática de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos; estigmatización bajo acusaciones generalizadas de terrorismo; detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos... son ahora el pan de cada día de un país militarizado que, bajo un régimen de excepcionalidad, ha dejado en suspenso cualquier atisbo de normalidad democrática, de garantía de derechos y libertades individuales básicas o de imparcialidad y respeto al debido proceso jurídico.  

En ese contexto de represión, las protestas y movilizaciones las protagonizan de manera épica una amalgama de actores sociales y políticos diversos y plurales, unidos por el objetivo común de defender y avanzar en la democratización plena -institucional, económica y social- de Perú. 

Sindicatos, estudiantes, fuerzas políticas, organizaciones campesinas y pueblos originarios, desde la diversidad de sus luchas, nos trasladan un análisis compartido: el pueblo peruano está hastiado de corrupción, de inmovilismo, de ver cómo los cambios estructurales que necesitan se desvanecen, elección tras elección, en las marañas en las que se han convertido las instituciones nacidas de la Constitución fujimorista de 1993.

Una Constitución profundamente neoliberal que maniata cualquier atisbo de esperanza y progreso imposibilitando la puesta en marcha de cambios políticos lo suficientemente ambiciosos para intentar construir democracia económica y social en Perú y mejorar el día a día de la mayoría social.

Nos hablan de reforma agraria, de la autonomía de los pueblos originarios y el refuerzo del carácter plurinacional del país, de la democratización económica y la redistribución de una riqueza nacional expoliada, del refuerzo de derechos básicos como la educación o la salud o del fin de unas relaciones laborales basadas en la semi-explotación y con un fuerte componente xenófobo.

Y para ello, llevan semanas poniendo sobre la mesa una hoja de ruta inequívoca: la renuncia inmediata del Gobierno de facto de Dina Boluarte, la convocatoria urgente de elecciones presidenciales y legislativas y el inicio de un proceso constituyente.  

Es decir, poner rumbo hacia una nueva constitución, hacía una reforma estructural que cambie las reglas del juego impuestas tras el autogolpe de Fujimori en 1992. 

Esa -concluyen uno tras otro todos los actores que la Delegación del grupo La Izquierda hemos encontrado- es la única vía de escape de un Estado carente de legitimidad y representatividad democrática, sin control real sobre los recursos naturales, en manos de empresas multinacionales, e incapaz de generar gobiernos que respondan a los retos, intereses y necesidades de la mayoría social.

Una nueva constitución como clave de bóveda para superar la crisis política medular en la que llevan años inmersos los peruanos y peruanas, que ha fraguado seis presidentes diferentes en los últimos cuatros años - con la mayoría de ellos encarcelados- y, sobre todo, para atajar una crisis social y económica endémica. Hoy, casi el 40% de los y las peruanas son pobres multidimensionales, es decir, carecen de recursos monetarios o acceso garantizado a servicios básicos de alimentación, educación o salud.

No es una receta nueva, ni un experimento. Es el mismo camino que países vecinos como Bolivia o Chile han emprendido en los últimos años con objetivo similar: el de romper el encorsetamiento constitucional, heredado del pasado autoritario y del neocolonialismo contemporáneo, que actúa como red de seguridad neoliberal para evitar cambios que cuestionen estructuralmente los privilegios de las élites económicas y políticas, nacionales y extranjeras, que campan a sus anchas en el país.  

Porque -y aquí también hemos encontrado unanimidad entre todos los actores- la principal demanda que vertebra las movilizaciones y protestas es vista también como la única posibilidad de recuperar la soberanía económica y política, de poner los recursos naturales de los y las peruanas a trabajar en favor de los intereses de la mayoría y acabar así con un despojo de siglos. 

Un nuevo proceso constituyente para deshacer democráticamente el entramado histórico de concesiones, privatizaciones, privilegios fiscales, desregulaciones ad hoc y corruptelas varias que, a día de hoy, favorece y posibilita el enorme expolio en el que se ha convertido la explotación de los recursos naturales nacionales por parte de empresas extranjeras, principalmente minería e hidrocarburos.

Y es que, esta vez, Perú no quiere quedarse fuera de la ola progresista de avance y consolidación de democracia, de igualdad y derechos para la clase trabajadora que, afortunadamente, vuelve a inundar las venas de América Latina.

¿Sabía que los bosques moderan la temperatura, protegen nuestro suelo de sequías e inundaciones y contribuyen a su fertilidad, purifican el agua y son el hogar seguro de millones de especies animales y vegetales? Sin olvidar que producen la materia prima de una buena parte de nuestros muebles, ropa y medicinas. En resumen, son fundamentales para nuestra vida y desarrollo. Y, aun así, seguimos obstinados en perderlos. Sobre todo, los más importantes: los tropicales (con la Amazonía a la cabeza) y los primarios (las escasas áreas boscosas vírgenes que todavía quedan en el mundo, también en Europa). Para que se haga una idea, entre 1990 y 2020 perdimos una cobertura arbórea más grande que la UE.  

¿Y? ¿Qué tiene esto que ver con usted? Si se hace esas preguntas es porque desconoce la relación directa que existe entre lo que come cada día y la deforestación. Es normal. Ningún paquete de galletas, tableta de chocolate o bandeja de carne picada lleva en su etiqueta el logo de un árbol gigante cortado por la mitad o quemado. Lo mismo ocurre con el escritorio de madera en el que trabaja o los neumáticos que sostienen su coche. Sin embargo, la relación existe y es completamente causal. Según la propia FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la agricultura y la ganadería son el principal motor de la pérdida de bosques. Es más, al menos el 50% de la deforestación mundial se produce por el cultivo de palma aceitera (con múltiples usos en la industria alimentaria actual) y de soja (que se vende para alimentar el ganado, principalmente). Sume a estos el cacao, el café, la madera, el caucho y sus derivados y podrá hacerse una idea de la importancia que tienen nuestros patrones de consumo. 

La UE es muy consciente del papel que desempeñamos en este asunto. Después de China (24%), nuestras importaciones de productos agrícolas y ganaderos son las principales responsables de la deforestación tropical (representan el 16% del total). Por eso, la Unión se hace responsable del problema en lo que le corresponde y lidera el proceso para resolverlo. Y lo hace sabiendo que nuestro principal valor es abrir camino, ser ejemplo. Como en el caso de la lucha contra el cambio climático, nuestro impacto sobre el total global es limitado (en torno a un 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales), pero nuestro alcance puede ser planetario (el objetivo comunitario de neutralidad climática para mediados de siglo ya ha sido replicado en otros países como China o Estados Unidos).  

Con el nuevo Reglamento aprobado en Bruselas, la UE es pionera en la lucha contra la deforestación. Además, el acuerdo interinstitucional alcanzado esta semana da impulso a la recién iniciada cumbre mundial por la biodiversidad (COP15). La Comisión Europea acudirá a esta cita con un mandato claro: conseguir un acuerdo ambicioso de protección de la naturaleza con objetivos concretos y vinculantes. En paralelo, deberá seguir trabajando para tejer alianzas con otros grandes países y arrancarles un compromiso firme similar al nuestro. Por eso, el Reglamento es un punto de inflexión en la lucha contra la deforestación.

Hasta ahora, la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas ilegalmente no tenía ninguna consecuencia. La impunidad con que se han talado y quemado miles de hectáreas de bosque tropical en los últimos años puede, por fin, acabar. A partir del momento en que la ley entre en vigor el año que viene, las empresas que venden o comercializan en el mercado interior los productos clave ya comentados (aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como derivados como la carne de res o el chocolate) estarán obligadas a hacerlo con una etiqueta que verifique su origen —la denominada “diligencia debida”—. Es decir, deberán demostrar que han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y que también cumplen con todas las leyes relevantes al respecto en el país de producción. 

En caso de no cumplir con las normas establecidas, habrá fuertes multas que podrían ir hasta el 4% de la facturación de la empresa. Además, la proporción de controles aplicados a los operadores se establecerá de acuerdo con el nivel de riesgo del país, fijado por la Comisión Europea. El Ejecutivo también evaluará la necesidad de obligar a las instituciones financieras comunitarias a que solo presten servicios financieros a sus clientes si consideran que existe un riesgo insignificante de que estos servicios no conduzcan a la deforestación o degradación forestal (un término que, en sí mismo, amplía la capacidad de acción y ambición de la ley). 

En definitiva, esta ley representa un salto cualitativo muy relevante, único en el mundo. Gracias a él, dentro de muy poco tiempo usted podrá seguir comiendo galletas con la tranquilidad de saber que ello no le está costando al planeta parte de su pulmón verde. No crea que es un asunto menor. La capacidad de influencia de la UE es enorme. Al igual que ha sucedido con la ley del clima o la protección de datos, se espera que el impacto normativo comunitario acabe modelando cambios a nivel global. En este sentido, la aprobación del Reglamento es solo el siguiente paso. Combatir la deforestación es una tarea urgente para esta generación. Y un gran legado para la siguiente. Es el principio del fin de la impunidad.

La ausencia de las mujeres en las empresas ha sido el fruto de decisiones sesgadas, prejuiciosas e injustas. Decisiones que explican la brecha de género en el empleo, en el salario y en las pensiones, los techos de cristal y los techos de cemento. Hemos sufrido barreras que nos han obligado a esforzarnos mucho más en el mercado laboral, aun estando mejor preparadas, y que nos han forzado a elegir entre nuestra vida personal, familiar y laboral para que los varones no tuvieran que hacerlo.

La Directiva Women on Board, sobre mujeres en consejos de administración, se aprobó hace unos días en el Parlamento Europeo. El impulso de la presidencia francesa la sacó del agujero negro del Consejo en el que estuvo metida durante más de diez años. En el Consejo se sientan gobiernos reaccionarios cuyas políticas son abiertamente antifeministas y algunos de ellos han seguido resistiendo, todavía hoy, la aprobación de esta Directiva. A los sospechosos habituales y sus palmeros se ha unido ahora, lamentablemente, el gobierno sueco y es probable que Italia se acabe incorporando también a esa lista.

Lo que se pretende introducir son procedimientos de contratación transparentes en las empresas, de modo que al menos el 40% de los puestos no ejecutivos o el 33% del total estén ocupados por el sexo menos representado. Si hubiera candidatos igualmente cualificados para un puesto, se daría prioridad al candidato del sexo infrarrepresentado. Es simple.

Más allá de las dudas que pueden suscitar conceptualmente las estrategias meritocráticas, de lo que se trata es de hacer aflorar el mérito y la capacidad para que las mujeres puedan competir en condiciones de igualdad porque lo que nos dicen las estadísticas es que son los varones quienes ocupan muchos lugares que no merecen. Hemos tenido que recurrir a obligaciones vinculantes y a la imposición de sanciones, multas y anulaciones, para imponer lo que antes solo se recomendaba porque la recomendación se ha encontrado con un altísimo porcentaje de empresas que, a pesar de las evidencias, sigue creyendo que “las cuotas” no son necesarias (en España, el 70%).

Solamente siete Estados de la UE aplican cuotas nacionales de género en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa. Hoy las mujeres representan el 37% de los miembros de los consejos a los que se aplicaron cuotas de género. Ese porcentaje desciende hasta el 31% en los Estados con medidas blandas, y hasta el 18% en los que no se ha tomado ninguna medida. Las cuotas funcionan, aunque resulten “molestas” para algunos. La muestra más palmaria la representa Francia que, tras aplicarlas obligatoriamente, es el único país de la UE con al menos un 40% de cada sexo en los consejos de administración de las empresas cubiertas (46%).

Con esta Directiva las empresas se obligan a ser neutrales a la hora de elegir a sus consejeros, explicar las causas que han impedido alcanzar los objetivos e informar sobre las medidas que van a adoptar para enmendarlo. No parece un exceso, sobre todo porque se trata de una obligación más de ejercicio que de resultado. O sea, que no se sanciona en función del porcentaje obtenido sino del proceso utilizado. Se les dará seguimiento, eso sí, y en la ejecución de contratos públicos y concesiones se velará por que cumplan con sus obligaciones en materia social y laboral, de conformidad con la legislación comunitaria.

La cuestión es que todo esto no se hará solo por las mujeres sino para impulsar el crecimiento económico, atraer inversión, evaluar mejor la estrategia comercial, fomentar la movilidad en el mercado laboral y la competitividad de las empresas europeas. O sea, que la cosa no va solo de proteger los derechos de las mujeres y evitar discriminaciones seculares.

Y es que ahora mismo es un clamor lo que muchos estudios anunciaban hace años: la injusticia que han sufrido las mujeres ha tenido un efecto negativo sobre el propio desempeño de la economía, porque resulta que la feminización de la empresa garantiza sostenibilidad, seguridad, realismo, flexibilidad, cooperación, responsabilidad, confianza, empatía y promoción del consenso. La propia Directiva reconoce que la presencia de mujeres mejora la gobernanza y el desempeño del equipo, conduce a un negocio más proactivo, fomenta la innovación, decisiones más equilibradas y estándares profesionales mejorados. El liderazgo de las mujeres es “transformacional” y cambia la cultura empresarial. Ese cambio proporciona mejores resultados porque consiste básicamente en empatizar tanto con las necesidades de los trabajadores como con las de los clientes.

En conclusión, podría decirse que no es el éxito el que nos hace felices, sino la felicidad la que nos asegura el éxito. La clave está en tener trabajadores y clientes felices. Y este es un giro sustancial en la lógica dominante, acostumbrados como estamos a que el éxito corone la “virtud” y a convalidar cualquier victoria, cueste lo que cueste.

Lo cierto es que esta Directiva no solo no nos regala nada, sino que viene a reconocer lo mucho que se nos debe. Son las mujeres las que llevan siglos regalando al mundo y nadie les ha devuelto ni la mitad de lo que merecen. Hemos tenido que esperar diez años para confirmar lo que ya sabíamos. 

El impacto social de la pandemia en el sector residencial de personas mayores ha abierto un debate sobre qué modelo de cuidados es necesario desarrollar para prevenir y atender las situaciones de dependencia. Las causas estructurales del impacto de la pandemia en la población de personas mayores son problemas acumulados no resueltos, como el envejecimiento de la población residencial, la elevada concentración en grandes residencias, la precariedad del empleo en el sector sociosanitario y un limitado control de la calidad de los servicios. El debate se ha extendido no solo a todo tipo de centros residenciales sociosanitarios, por ejemplo los de personas con discapacidad, sino que ha puesto sobre la mesa de la agenda política de la Unión Europea una tarea tradicionalmente pospuesta, pero cada vez más urgente: el desarrollo de un modelo de cuidados integral que garantice una atención de calidad en los cuidados de larga duración que, a su vez, sea asequible y sostenible para las personas en situación de dependencia, las personas que las cuidan y sus familias.  

El pasado día 7 de septiembre, la Comisión Europea presentó su propuesta para una estrategia europea de cuidados. En esta Comunicación al Consejo y al Parlamento, la Comisión realiza un diagnóstico correcto de la enfermedad, pero no alcanza a prescribir el tratamiento adecuado, que hubiese necesitado de una directiva ambiciosa y no solo un paquete de recomendaciones. 

Sin embargo, este embalaje de indicaciones y buenos consejos no tiene por qué caer en saco roto. La Comisión abre tímidamente las puertas a un nuevo modelo de atención cuyo diseño deja en manos de los estados miembros que tendrán que ir labrando, poco a poco, un nuevo camino. Es un primer paso fundamental en la aplicación del principio 18 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y predice un cambio paradigmático en la forma en que se valora y organiza la atención de las personas dependientes. La propuesta, que ha sido elaborada respondiendo a las preocupaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre demografía, hace especial hincapié en los servicios basados en la comunidad, igualdad de género, conciliación laboral, inversión tecnológica, capacitación digital y primera infancia. 

La estrategia anima a adoptar un enfoque integrado y centrado en la persona, lo que implica mejorar la transición de la atención institucional a la atención domiciliaria y servicios basados ​​en la comunidad. Pero la desinstitucionalización solo puede tener éxito con la profesionalización de los cuidados, incluidos los servicios personales y domésticos, aplicando medidas que mejoren las condiciones de trabajo en todo tipo de entornos y abordando el trabajo no declarado. 

La estrategia reconoce que una fuerza laboral resiliente es la columna vertebral del sector del cuidado, pero la resiliencia requiere salarios dignos, niveles de dotación de personal seguros, revisión de las condiciones laborales, buena infraestructura, ayudas estatales, apoyo y formación para los cuidadores y otras medidas específicas que no parecen ser competencia de la Comisión y cuyo diseño se deja en mano de los Estados. 

Paralelamente es necesario proteger y apoyar el cuidado informal. Casi el 80% de los cuidados a largo plazo en Europa son asumidos por cuidadores informales, la mayoría mujeres En 2019 antes de la pandemia, alrededor de un tercio (32,6%) de las mujeres de 25 a 49 años que no formaban parte de la fuerza laboral indicaron que las responsabilidades de cuidados eran la principal razón para no buscar empleo, en comparación con el 7,6% de los hombres inactivos. Si bien la estrategia hace hincapié en la importancia de la igualdad de género y la conciliación laboral, deja de lado la situación de inmigrantes sin regularizar que trabajan en el sector de los cuidados. También deja fuera la cuestión de la interseccionalidad.

Sabido es que la transición digital ofrece múltiples oportunidades también para los cuidados, y la Comisión no pierde ocasión para señalarlo, pero la tecnología no puede ni debe reemplazar al ser humano, que se encuentra en el corazón del trabajo de cuidados. La tecnología de asistencia, teleasistencia, telesalud, inteligencia artificial y la robótica pueden mejorar el acceso a una atención asequible de alta calidad y servicios y ayuda para la vida independiente, especialmente en las zonas rurales, pero estas inversiones deben ir acompañadas de inversión en la formación de los cuidadores, no solo a nivel digital sino también (y sobre todo) en cuestiones de gestión emocional y capacitación psicológica para evitar situaciones como el abuso y el maltrato de las personas dependientes.

En esta línea, y aunque la salud mental parece ser fuente de preocupación para la Comisión Europea en su estrategia de cuidados, falta ambición en las propuestas concretas. En el informe aprobado recientemente por el Parlamento Europeo sobre salud mental en el entorno laboral digital, los socialistas señalamos la necesidad de que la estrategia de cuidados se complemente con una estrategia sobre salud mental a nivel europeo. Es el momento de tomarse esto en serio.

Junto con esta estrategia de cuidados, la Comisión presenta una recomendación del Consejo sobre la revisión de los objetivos de Barcelona, ​​que invita a los estados miembros a cumplir los objetivos revisados ​​de participación en la educación y el cuidado de la primera infancia, para 2030: al menos el 50% de los niños menores de tres años y al menos el 96% de los niños de 3 años hasta la edad de la escuela primaria obligatoria debe participar en la educación y el cuidado de la primera infancia. Los estados deberán hacer buen uso de la Garantía Infantil Europea para garantizar que esta atención llegue a los niños más necesitados con el fin de prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social. Pero la Comisión no habla de la necesidad de universalizar la gratuidad de la enseñanza infantil para niños de entre 0 y 3 años a nivel europeo, de ofrecer flexibilidad a los padres y proporcionar subvenciones y cheques de guardería para aquellos que estén inscritos en centros privados. 

En definitiva, la Estrategia presentada por la Comisión recomienda pautas de acción que los estados deben trabajar diseñando paquetes de inversiones en materia asistencial, para ir perfilando una nueva economía de la prestación de cuidados que reconozca los cuidados como un derecho y los valore como la columna vertebral de nuestra sociedad. El desafío es enorme pues exige repensar el modelo sociosanitario y requiere una fuerte inyección económica para evitar que se resquebraje el estado de bienestar.

Debemos considerar los cuidados como un bien público, por lo que es necesario aumentar la inversión en cuidados y hacerlo de forma urgente. No olvidemos, volviendo al inicio de este artículo, que las precarias condiciones laborales de los cuidadores formales y la paupérrima calidad de los servicios sociosanitarios ofrecidos durante la pandemia, debido a privatización y mercantilización de los mismos, explican gran parte de las muertes por Covid en las residencias.

Esta semana parece que hemos presenciado el punto y final al proyecto de gasoducto MidCat, tras las contundentes declaraciones de Emmanuel Macron. La verdad es que no lo ha tenido muy difícil esta vez Francia para rechazar el proyecto (defendiendo así su industria nuclear nacional). La realidad es que el MidCat, cuando se analiza en detalle, es un proyecto difícilmente defendible por caro e ineficaz. Es una infraestructura que nos encadena a los combustibles fósiles, en lugar de centrar todos nuestros esfuerzos financieros en un mayor y más rápido despliegue de las renovables. 

No hay que olvidar que la crisis energética actual se produce frente a las cada vez más alarmantes advertencias de la ciencia sobre el avance imparable del cambio climático. En el último informe del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático, se señala que el pico de emisiones de gases de efecto invernadero debe conseguirse en 2025 si queremos evitar el desastre climático y en 2030 debemos reducir el 43% de las emisiones actuales. Esta urgencia de la que nos habla la ciencia debe traducirse en decisiones políticas e inversiones, y el MidCat camina en la dirección opuesta. 

Más allá del debate político sobre su oportunidad, hay que señalar que los recelos técnicos y de los reguladores sobre la viabilidad del proyecto vienen de muy lejos, y no sólo del movimiento ecologista. Hay que recordar, en primer lugar, que la propia Comisión Europea eliminó al MidCat de la 5ª lista de proyectos de interés comunitario en 2020. Con la salida de Arias Cañete como Comisario de Energía, su principal defensor en Bruselas, la Comisión decidió no incluir esta interconexión en la última lista.

En 2019 las autoridades reguladoras competentes en temas de energía en Francia (Commission de Régulation de L'Energie) y España (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) rechazaron el proyecto presentado por Enagás y Térega para realizar la conexión. En su dictamen determinaron que: 1) los operadores de transporte no eran capaces de garantizar que hubiera suministro estable entre Francia y España 2) la falta de interés comercial por la nueva capacidad de transporte de gas 3) la interconexión existente no estaba siendo utilizada en plena capacidad 4) el coste del proyecto era mucho más elevado que los estándares europeos por estas infraestructuras 5) el proyecto no garantiza unos precios integrados del gas entre el mercado ibérico y el francés y 6) el análisis de costes-beneficios mostraba un sobrecoste de la infraestructura en la mayoría de escenarios. Este dictamen venía a sumarse a otro estudio ya realizado en 2016 por el CRE francés que rechazaba el proyecto por caro e ineficaz. 

La primera pregunta que deberíamos tratar de responder, en este contexto, es porqué el proyecto ha sido rescatado ahora tras haber sido descartado repetidas veces. La respuesta repetida hasta la saciedad estos días es que las potentes terminales de gas licuado en España pueden servir como terminales de entrada del gas en toda Europa, y particularmente hacia Alemania, frente al corte del gas ruso, recrudecido tras el anuncio de cierre del Nord Stream 1 hace unos días. Sin embargo, el proyecto no es una solución a corto plazo para la crisis del gas que tenemos por delante porque tardará tiempo en ejecutarse incluso apurando al máximo los plazos. Del lado francés, por ejemplo, la disponibilidad del terreno no está ni tan siquiera resuelta. 

Además hay un dato sorprendente, y es que durante este mes de agosto según las autoridades francesas las interconexiones de gas actuales se han usado tan solo al 60%. Sorprende que estemos hablando de una nueva conexión si en el contexto actual de emergencia no se están apurando al máximo la conexiones existentes. Alguien debería dar una explicación sobre ello. 

La segunda pregunta que deberíamos responder es como encaja esta infraestructura en los objetivos de descarbonización de la Unión. Estos días se están tomando decisiones de emergencia que son muy dañinas para el clima, pero sobre las que a corto plazo no hay alternativa. La importación de gas licuado producido mediante fracking en EEUU, o la reapertura de centrales de carbón son decisiones dolorosas y que van en la línea contraria a los objetivos de descarbonización de la Unión. Sin embargo, los ecologistas y los verdes europeos nos hemos mostrado comprensivos ante algunas de estas decisiones por la situación de emergencia en la que vivimos. Sin embargo, estas medidas de reforzamiento de los combustibles fósiles pueden ser justificables si son excepcionales y limitadas en el tiempo mientras continuamos el despliegue de las energías limpias. Es menos justificable, sin embargo, la construcción de una infraestructura cuyo uso deberá prologarse en el tiempo para poder ser amortizada. El MidCat, en este sentido, no es una solución de emergencia, sino una apuesta por el uso del gas a largo plazo, y por lo tanto contrario a nuestros objetivos de descarbonización. 

En tercer lugar, el proyecto a día de hoy carece de financiación clara. España insiste en que la Comisión Europea financie la obra. A pesar de que el MidCat está fuera de la 5a lista de Proyectos de Interés Comunitario, es posible que se pueda acceder a financiación comunitaria a través del programa RepowerEU (en función de cómo terminen las negociaciones en trámite sobre el mismo). Los Presidentes Sánchez y Aragonés han pedido a la Comisión Europea que se implique en el proyecto. Pero la realidad es que a día de hoy Bruselas se ha mostrado reacia a esa posibilidad y España no quiere asumir el coste por su cuenta. Solamente hay encima de la mesa un compromiso alemán de participar en la financiación, pero sin concretar.  El CRE francés estimó en el informe del año 2016 que el coste rondaría los 3000 millones de €, de los que 2000 millones deberían destinarse a obras en el lado francés. Una cantidad muy elevada que a día de hoy nadie quiere asumir. 

En cuarto lugar, está la cuestión del hidrógeno. Frente a las críticas que realizamos los ecologistas de que el proyecto nos encadena a largo plazo a los combustible fósiles, se nos responde que la conexión podrá ser utilizada en el futuro para el transporte de hidrógeno verde. Con las infraestructuras hoy existentes, se puede transportar hidrógeno verde en pequeñas cantidades a través del llamado blending. Sin embargo, para enviar hidrógeno verde a gran escala se necesita otro tipo de infraestructura. Los defensores del MidCat argumentan que es viable construir una infraestructura para el doble uso (gas ahora, hidrógeno verde después). Pero el problema de fondo es que, aunque fuera posible construir la interconexión con estas características, para hacer llegar el hidrógeno verde hasta el centro de Europa se debería operar sobre el resto de la red de gas en Francia, algo extremadamente caro y sobre lo que tenemos ninguna certeza.  Una interconexión de hidrógeno requiere de una estrategia europea y unos compromisos con el uso del hidrógeno verde que hoy en día simplemente no existen. 

Creo en este sentido que sería más honesto que los defensores de la obra reconocieran la realidad: el MidCat es un proyecto para el transporte de gas, no para el  hidrógeno. Lo segundo es una posibilidad muy lejana sobre la que a día de hoy tenemos muy pocas certezas. 

Finalmente, esta la cuestión de las reticencias francesas expresadas con toda su crudeza por Macron esta semana. Estas, que son como es obvio de índole industrial nacional, también están ligadas a la incertidumbre jurídica de embarcarse en una obra así en el país galo. Los terrenos necesarios para la tubería no están aún disponibles, y en Francia el diálogo y los acuerdos territoriales son un ejercicio mucho más complejo que en España. Además, el Consejo Constitucional francés acaba de fallar el pasado 12 de agosto contra el desarrollo de nuevas infraestructuras de gas en el país por ser contrarias a la Carta del medioambiente (integrada en el bloque constitucional francés desde 2005). Aunque el alcance de esta sentencia está aún por determinar, realizar nuevas infraestructuras fósiles en Francia hoy es un riesgo jurídico que no puede ser minusvalorado, y forman parte también de las dudas y reticencias expresadas en los últimos días por el Ministerio de transición ecológica francés.  

A día de hoy, por lo tanto, el MidCat sigue siendo un proyecto con demasiadas incoherencias, dudas y contradicciones. A pesar del impulso que Pedro Sánchez y Olaf Sholz han tratado de darle este verano, Macron no lo ha tenido demasiado difícil para argumentar su entierro prácticamente definitivo.  

Ha ganado el pueblo de Chile. Chile quiso cambio y es cambio lo que promete la nueva Constitución que se votará el 4 de septiembre. Pase lo que pase, la lucha no ha sido inútil. Allende sigue latiendo en la memoria colectiva como laten los desaparecidos, los asesinatos, las torturas, los hijos arrancados, las mujeres violentadas, los pobres y los desposeídos. Gane Apruebo o Rechazo, el sentir común y el sentido común ha decidido ya enterrar la Constitución pinochetista de 1980. El domingo se le hará un juicio sumarísimo al Chile de las privatizaciones y el Estado subsidiario, la desigualdad endémica y el pánico moral; al Chile criollo, colonial, machista y racista que tanto sufrimiento ha dejado en el camino. El pueblo está preparado.

El cierre de la campaña del Apruebo Dignidad comenzó con gases lacrimógenos y a las pocas horas el caudal de gente en la Alameda era incontenible. El proceso constituyente fue boicoteado desde el principio a base de fake news y bulos que rozaban lo dantesco, insultos, amenazas y una enorme presión mediática. Sucesivas encuestas poco confiables jugaban a la profecía autocumplida dando el Rechazo por descontado. El tablero saltaba por los aires. Ya no se trataba de vaciar ojos a base de brutalidad policial. La revolución había llegado a las instituciones y quedaba en manos de una Convención Constituyente de composición popular que estaba dispuesta a todo. La transformación era tal que resultaba increíble. El centroizquierda chileno, ocupado en buena parte por una generación que se ha considerado ninguneada o expulsada, ofendido, en cierto modo, nostálgico de lo que pudo ser y no fue, ha reproducido como un eco, con matices y ambigüedades, las resistencias de los más conservadores. Las derechas silenciadas han recurrido hábilmente a los egos heridos y a las ensoñaciones paternalistas de quienes se han visto superados por las nuevas generaciones. De entre las figuras conocidas de ese espacio político, mayormente masculinas, solo Bachelet se ha posicionado claramente por el Apruebo en favor de las mujeres. 

De hecho, el vuelco pueden darlo las mujeres, junto a los jóvenes y los nuevos votantes. Fueron ellas las que dieron la victoria a Boric, en Chile, y a Petro y Francia, en Colombia. El malestar de las mujeres, el feminismo popular, material y relacional de las últimas décadas, es el germen revolucionario del siglo XXI. La propuesta constitucional chilena es la más feminista que se conoce. Hace unos años, cuando en España se hablaba de proceso constituyente, algunas planteamos una reforma constitucional en esta misma clave. Hoy no puede haber feminista en el mundo que no quiera ser chilena.

La exigencia de paridad se ha impuesto de tal forma que, aún con la victoria del Rechazo, pocos piensan en la posibilidad de dar un paso atrás. La igualdad sustantiva (no solo la esquelética igualdad ante la ley de nuestro texto constitucional) afectará a todos los organismos públicos y semipúblicos y vendrá acompañada de ajustes razonables que garanticen su efectividad. No se libran ni las organizaciones políticas ni la función jurisdiccional (artículos 163 y 311). La democracia paritaria es, además, inclusiva, de modo que, a todos los efectos, junto a hombres y mujeres, figuran las diversidades y disidencias sexuales y de género (artículos 1, 6 y 25). Aunque en España se ha avanzado mucho en esta materia, su constitucionalización marca una diferencia sustancial porque ofrece un blindaje cuya intensidad es jurídicamente insuperable.

Chile garantiza el derecho a una vida libre de violencias (artículo 27). Nosotros hemos optado por proteger este derecho en el nivel infraconstitucional y hemos tenido la ley de violencia de género más resistida de la historia de España. Resistida por el Poder Judicial, que es el que tendría que hacerla cumplir.

Chile garantiza la educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género (artículo 40). Ahí es nada. Nuestro derecho a la educación, en cambio, deja la puerta abierta a los centros segregados y a una educación religiosa antifeminista y que habla todavía de “ideología de género” (artículo 27).

Quedan garantizados los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la autoconcepción, asegurando las mejores condiciones de gestación (artículo 61). Se evitan de este modo las regresiones que estamos viendo en buena parte de Europa, en Polonia y Hungría, sin ir más lejos, los recursos de inconstitucionalidad y las tentaciones atrasistas de las derechas, que también sufrimos en España.

Se reconoce el derecho al cuidado y a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar (artículo 46) y se apuesta por un Sistema Integral de Cuidados. En la Constitución española, sin embargo, el locus reproductivo y de cuidados está totalmente inferiorizado, y el ideal del “salario familiar” del artículo 35.1 naturalizó la férrea jerarquía de género tanto en la familia como en el trabajo. Chile asume que el trabajo doméstico y de cuidados es socialmente necesario e indispensable para la sostenibilidad de la vida, el desarrollo social y la actividad económica, y promueve, además, la corresponsabilidad (artículo 49). En España, ha sido el gobierno actual el primero y único que ha reconocido derechos a las trabajadoras del hogar paliando, así, un lacerante vacío constitucional y legislativo. 

Los derechos sociales y laborales están garantizados al máximo nivel (en nuestro país, gracias al artículo 53, no hay ningún compromiso constitucional con su efectividad y judicialización) y se acaba con la brecha salarial de género, algo que se ha conseguido muy recientemente en España por la vía gubernamental, no sin resistencias, y que todavía se pelea en la Unión Europea. 

El derecho al agua, a los consumos vitales básicos, que tanto costó en el espacio internacional y que es una quimera en toda Europa, es ya una realidad en la propuesta chilena. Parece una obviedad que nuestras necesidades más perentorias, sin cuya satisfacción no podríamos subsistir, no deben ser objeto de especulación ni estar en manos de oligopolios. Que el Estado garantice la vida y la salud de sus gentes es lo mínimo que se le puede pedir y es justo lo que la mayoría no hace. He defendido muchas veces que la protección de los comunes está claramente conectada con el feminismo relacional de nuestros tiempos porque el colapso civilizatorio que estamos viviendo lo es también de los valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado y al individualismo posesivo. Y porque son las mujeres las que sostienen la lucha ambiental y defienden el territorio, esa gestión comunitaria del hábitat de la que habla también la propuesta chilena (artículo 52). Una Constitución feminista se toma en serio la función social y la utilidad pública de la propiedad privada, que nunca puede predicarse de la actividad especulativa.

El 4 de septiembre Chile puede cambiar el ciclo de la historia; el futuro de Chile, de sus mujeres, y de todas las mujeres del mundo. Nada de lo que allí suceda nos dejará indiferentes. Todavía hoy muchos asumen que, por definición, cualquier cambio radical es imposible, pero las mayorías han comprendido ya que a veces la historia tiene sus propios planes.

Hace casi tres años, el Parlamento Europeo declaraba -en una resolución política- la emergencia climática, y la Comisión Europea publicaba el Pacto Verde Europeo, su hoja de ruta para conseguir una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, que tuvo su primera traslación legal en la aprobación de la Ley Europea del Clima el año pasado.

Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática a largo plazo, la Ley del Clima recoge la obligación de que la UE reduzca sus emisiones en un 55% para 2030 en comparación con 1990. El “Paquete Objetivo 55” o “Fit for 55”, que es como comúnmente se le conoce y que fue presentado en julio de 2021, es el conjunto de propuestas legislativas y reformas necesarias para alcanzar ese objetivo a 2030 y tiene como misión principal convertir la década de 2020 en una década de trasformación para la acción climática. Sin este nuevo paquete, con la actual legislación climática de la UE, Europa solo lograría una reducción de emisiones del 60% para 2050.

En los plenos de junio, el Parlamento Europeo, tras casi un año de largas y arduas negociaciones, ha dado luz verde a la mayor parte de dosieres que componen este paquete legislativo, que marcan la entrada de la política climática en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y empresas. Entre los múltiples dosieres destaca la reforma del sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) que engloba a sectores industriales altamente contaminantes y cuyas normas se ven reforzadas para conseguir una reducción del 63,2% de sus emisiones en 2030 en comparación con los niveles de 2005. Esta cifra es superior al 61% de la propuesta original de la Comisión.

La creación de un mecanismo de ajuste en frontera del carbono o CBAM, que gravará el contenido de carbono de las importaciones de varios sectores en riesgo de fuga de carbono, es otro de los dosieres clave. Este nuevo mecanismo garantizará la igualdad de condiciones para las empresas de la UE que podrían verse en desventaja competitiva a medida que Europa profundiza en su descarbonización, y se aplicará progresivamente desde 2027 a 2032, año en el que sustituirá completamente a los derechos de emisión gratuitos que disfrutan estos sectores.

El trasporte también ocupa un lugar destacado en las reformas. Además de aprobar los ambiciosos objetivos de emisiones de CO2 para los turismos y vehículos ligeros nuevos para 2030, el Parlamento ha respaldado el objetivo de la propuesta de la Comisión para que todos los coches y furgonetas nuevos sean de cero emisiones en 2035, lo que de facto supone el fin del motor de combustión interna para este tipo de vehículos, y que los grupos conservadores intentaron diluir. A su vez, el transporte marítimo se ha incorporado al ETS, y desaparecerán las asignaciones gratuitas para el sector de la aviación en 2025, frente a la fecha de 2027 de la propuesta de la Comisión, aunque se mantiene una cantidad de derechos de emisión para los operadores que usen combustibles de aviación sostenibles o SAF por sus siglas en inglés.

Un caballo de batalla ha sido la propuesta de la Comisión de extensión del ETS al transporte por carretera y a la edificación en una suerte de ETS2, que tras el voto en el Parlamento se aplicará a partir de 2025 a los operadores comerciales y, solo en 2029, a operadores no comerciales, previa evaluación y nueva propuesta legislativa de la Comisión en la que se deberá tener en cuenta la mejora o no de la situación de movilidad y pobreza energética en la UE. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo hemos sido determinantes para evitar que el ETS2 entre en vigor en la actual crisis de precios de la energía, a través de esta pausa de emergencia que pospondrá el ETS2 para los hogares hasta que los precios sean más bajos.

La Comisión Europea, conocedora de las inevitables repercusiones sociales de esta extensión, propuso crear un Fondo Social para el Clima ligado a la existencia del ETS2, en un intento de amortiguar el impacto del sistema en los ciudadanos por el aumento de los precios del combustible en transporte y de las facturas de calefacción. Dado que a medida que la descarbonización se extienda a toda la economía, la equidad social será crucial, los socialdemócratas hemos conseguido garantizar un Fondo Social del Clima fuerte a pesar del retraso en la introducción del sistema en los hogares, que apoyará sustancialmente a los hogares más vulnerables mucho antes de que tengan que pagar más por CO2.

Por otro lado, más allá de las emisiones, las absorciones también son reguladas en este paquete normativo a través de la revisión del reglamento que regula el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, que fija un objetivo de absorciones vinculante de la UE de 310 millones de toneladas de CO2 con los correspondientes objetivos nacionales que han sido respaldados por el Parlamento.

Aunque aún están en discusión otras medidas, como el aumento de los objetivos de energía renovable y eficiencia energética, la reforma de la fiscalidad energética, o los dosieres que regulan las infraestructuras de combustibles alternativos y el uso de combustibles renovables por los sectores marítimo y aéreo, las medidas recién aprobadas en junio constituyen el grueso de las emisiones y convierten a la UE en la primera gran economía global que empieza a traducir el objetivo de neutralidad climática en políticas reales.

Tras la aprobación en Pleno de estos dosieres comienzan las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo, donde esperamos que los dos pilares de guía sean la ambición climática y la transición justa, que son además los elementos más importantes para que las medidas tengan el éxito medioambiental y social esperado a largo plazo.

Una isla es, por razones geográficas, un sitio peculiar, distinto en muchos sentidos a un territorio continental. A menudo, destacamos aquellos aspectos más románticos: nuestro paisaje, nuestro clima, nuestra gastronomía… Pero en las islas convivimos ciudadanos que, como en cualquier comunidad, tenemos problemas. Muchos son compartidos con quienes viven en otros lugares del país, de Europa o del mundo, pero existen algunos que solamente los vivimos nosotros.

La insularidad genera obstáculos adicionales. El aislamiento por mar supone una desventaja, más aún en un contexto de economía globalizada. Desde Balears, no exigimos más derechos que nadie, pero tampoco menos. Por ello, si queremos una Unión Europea cohesionada, las Islas necesitamos la solidaridad de los demás para superar nuestra desventaja insular. Un buen ejemplo de ello es la necesidad de impulsar una Transición ecológica que sea justa con territorios como el nuestro.

Tras muchas semanas de negociación, estamos muy satisfechos porque el miércoles 22 de junio la última enmienda que registré en el Parlamento Europeo fue ratificada y apoyada por una gran mayoría de la cámara, con apoyo a izquierda y a derecha. Mi enmienda al nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión ha fijado la posición de todo el Parlamento Europeo a favor de que las rutas marítimas cubiertas por obligaciones de servicio público, es decir, aquellas que unen puertos continentales con puertos insulares, quedarían excluidas de la “tasa verde”. En otras palabras, que no paguemos más por lo que comemos por el mero hecho de vivir en Balears. 

No sería justo que el coste de vida se encareciera más en una isla que en el continente. No si queremos que la Transición ecológica sea justa. Por ello, es fundamental que la Comisión y el Consejo de la UE escuchen y respeten la voz del Parlamento, al que hemos logrado convencer que, para que la transición siga adelante, debemos evitar las posibles injusticias, y también las territoriales. Mi función en el Europarlamento es representar los intereses de los ciudadanos que me votaron. Y hacer buena política para Balears. En esta votación, lo hemos logrado.  

Las Islas Balears han sido en los últimos años precursoras de la transición ecológica. El gobierno de Francina Armengol ha aprobado tres leyes que son el tridente de la transición ecológica en nuestro archipiélago: la Ley de Cambio Climático, la Ley de Residuos y la Ley de Turismo. Pocos territorios han hecho tanto como el nuestro en los últimos años para acelerar la transición, con proyectos como la primera planta de hidrógeno verde del sur de Europa o la Estrategia Menorca 2030 de la Comisión Europea para llegar al 85% de descarbonización de la isla para entonces.

Nadie nos puede dar lecciones en nuestra ambición por la transición ecológica, pero nadie nos puede dar lecciones tampoco en nuestra ambición de que sea justa. Balears sale ganando con esta enmienda. En una isla dependemos del transporte marítimo y del transporte aéreo para sobrevivir. Nuestra dependencia marítima es especialmente sensible porque es como nos llegan la mayoría de mercancías, alimentos, medicamentos y otros productos básicos. No podíamos permitir que Balears saliera perdiendo. 

La transición ecológica nos plantea muchos retos. Pero si defendemos una transición justa, no podemos dejar que estos retos sean asumidos sobre todo en algunos lugares. Este es el riesgo para las islas europeas si se encareciera el transporte marítimo, porque provocaría un aumento en el coste de vida de las sociedades que viven en ellas. Esta ha sido una buena política para Balears, pero, sin duda, también para el futuro y la cohesión de la Unión Europea.

En la Unión Europea, los ingresos de las mujeres son, de media, un 37% inferiores a los de los hombres. La cifra puede parecer exagerada, pero hay varios motivos que la explican: una brecha salarial del 14,1% (el 11,9% en España); mayores tasas de desempleo, temporalidad y parcialidad entre las mujeres; más tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidados, motivo por el que millones de ellas no pueden incorporarse al mercado laboral o lo hacen a tiempo parcial (7,7 y 8,9 millones respectivamente, según datos del EIGE); más renuncias o interrupciones en su carrera cuando tienen hijos; segregación vertical y horizontal del trabajo (los sectores mejor pagados están masculinizados y el 66% de los puestos directivos están ocupados por hombres, según Eurostat). A corto plazo, esta brecha de ingresos se traduce en menos recursos para afrontar gastos cotidianos (alimentación, transporte, suministros, acceso a una vivienda digna). A largo plazo, en una menor capacidad de ahorro e inversión, una brecha de pensiones del 34% y la feminización de la pobreza.

Acabar con la brecha salarial es un paso importante para reducir esa diferencia. En marzo de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva para reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres a través de medidas de transparencia salarial. La brecha salarial es la diferencia entre lo que cobran de media un hombre y una mujer en una hora realizando el mismo trabajo, o un trabajo de igual valor en otro sector. Esa desigualdad se explica, en parte, por la segregación horizontal que hemos mencionado, pero también se sustenta en prejuicios y estereotipos que hacen que, en muchos casos, las mujeres reciban salarios inferiores sin que existan criterios ‘objetivos’ que lo expliquen (diferente formación, experiencia o responsabilidades). Obligar a que las empresas informen sobre las condiciones económicas de cada puesto de trabajo es una forma de detectar y atajar estas discriminaciones y evitar sesgos en el proceso de contratación. 

La exigencia de garantizar la igualdad retributiva se estableció en la Directiva 2006/54/CE, complementada en 2014 por una Recomendación de la Comisión sobre transparencia salarial. Sin embargo, pese a la existencia de este marco jurídico, la aplicación de este principio sigue siendo deficiente. Un informe de la Comisión reconocía en 2013 que hay tres factores que dificultan su cumplimiento: la falta de claridad y de seguridad jurídica sobre el concepto de ‘trabajo de igual valor’; la falta de transparencia en los sistemas de remuneración; y los obstáculos procesales (es decir, la falta de acceso efectivo a la justicia en casos discriminación salarial). La nueva propuesta de Directiva se centra en esos tres puntos y plantea, esta vez, medidas vinculantes.

El Parlamento Europeo, como órgano colegislador, ha planteado una serie de mejoras al texto. Un trabajo llevado a cabo por las comisiones de Empleo y Asuntos Sociales y Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. ¿Qué cambios se han introducido? En primer lugar, la exigencia de que todas las empresas de más de 50 trabajadores informen sobre su brecha salarial, y no solo las compañías de más de 250 empleados, como recoge la propuesta inicial. Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido productivo de la UE y agrupan al 70% de los trabajadores, por lo que la Directiva apenas tendría efecto con un umbral tan alto.

Los detractores de esta medida alegan que los registros retributivos supondrán una carga administrativa que afectará a la productividad de las empresas. La igualdad de género no es una carga, es una responsabilidad y un derecho. Y podríamos darle la vuelta al argumento: permitir la discriminación salarial implica permitir la competencia desleal de las empresas que no la fomentan dentro del mercado interior. Además, hay formas de adaptar las exigencias a la realidad de las pequeñas empresas, como espaciar la obligación de información cada dos o tres años o facilitar, desde la Administración Pública, herramientas sencillas que les permitan cumplir con sus obligaciones. Para llevar el registro retributivo que prevé el Real Decreto 902/2020, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo español facilita a las empresas una hoja de Excel en la que solo tienen que rellenar la información salarial de sus empleados, algo que ya está recogido en sus nóminas.

Si el análisis de estos datos revela que existe una brecha salarial, el Parlamento exige que durante los primeros seis años se audite a partir del 2,5% de diferencia, frente al 5% de forma permanente que establece la Comisión. Es una mejora, pero no hay que perder de vista que, en cualquier caso, legitima un margen de incumplimiento impensable si hablamos de otras normas y derechos fundamentales (permitir un 2,5% de fraude fiscal o un 2,5% de violencia machista). Si existe brecha, tienen que tomarse medidas para solucionarla, sea del 5 o del 0,1%.   

La propuesta de Directiva de la Comisión incorpora por primera vez un sistema para comparar el trabajo de igual valor. El ‘comparador hipotético’ que se esboza en el documento es un gran avance, puesto que permitirá equiparar trabajos de sectores distintos con características similares, algo crucial teniendo en cuenta la feminización de profesiones poco valoradas y peor pagadas (cuidados, limpieza). El Parlamento ha ampliado la lista de criterios objetivos que servirán para realizar dicha comparación. La brecha salarial de género se debe, en buena medida, a la incorrecta valoración de los puestos de trabajo, algo que identifica bien el Real Decreto 902/2020 español. 

Otra de las demandas de la Eurocámara es que todas las empresas, independientemente de su tamaño, informen del nivel salarial de una vacante antes de realizar las entrevistas de trabajo y prohíbe al empleador preguntar sobre el sueldo anterior. Como señala la Comisión, el objetivo es que los candidatos “dispongan de la información necesaria para entablar negociaciones equilibradas y justas sobre sus sueldos cuando establezcan una relación laboral”. También deberán informar sobre los criterios para la fijación de retribuciones y la promoción profesional, y responder a las demandas de información de los trabajadores o sus representantes sobre sobre su nivel retributivo individual y los niveles medios, desglosados por sexos, de quienes realizan un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

El pleno del Parlamento Europeo respaldó el pasado mes de abril, pese al intento in extremis del Partido Popular Europeo (EPP) y de la extrema derecha (ECR) de bloquearlo, volviendo a debatir y enmendar el texto para tratar de debilitarlo.  

El siguiente paso será la negociación —conocida como trílogo— entre la Eurocámara, la Comisión y los Estados miembros, que empezará antes del verano. El rechazo de algunos Gobiernos a cualquier medida contra la discriminación de género hace temer dos cosas: que la norma quede bloqueada (como ha sucedido con la Directiva de igualdad en los consejos de administración, en el cajón desde 2012); o que para salir adelante quede debilitada y su alcance limitado. En el primer caso, se requiere una mayoría cualificada (al menos 15 de los 27 Estados a favor, y que estos representen al menos el 65% de la población); en el segundo, conviene recordar que cuanto más exigente sea la postura del Parlamento, más garantías habrá de que la norma final corrija la discriminación que sufren millones de trabajadoras en la UE.

Es importante señalar que, aunque tarde, esta propuesta de Directiva llega junto a otras iniciativas que están empujando hacia delante la agenda social europea: la propuesta de Directiva de salarios mínimos y la que mejora las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales; la futura Estrategia Europea de Cuidados; y el nuevo impulso de la Comisión para aprobar, una década después, la Directiva de igualdad de género en los consejos de administración. Hoy más que nunca la agenda social debe marcar el pulso de la construcción europea, reforzando una Europa más rica, más fuerte y mucho más cohesionada.

Ya sabemos que el antifeminismo es uno de los ejes alrededor de los que ha girado la extrema derecha en toda Europa, aunque se ha ido metamorfoseando según líderes y regiones. Hace unos meses impulsamos un estudio de la Fundación Espacio Público sobre esta materia en ocho países europeos y los resultados que arroja son demoledores. Los presentaremos estos días en Bruselas: el retroceso que estamos viviendo en la protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y, en concreto, en la defensa del derecho al aborto, no se hubiera dado sin el rápido ascenso de la derecha ultra y su alianza con las iglesias en el mundo entero.

“Todos los bebés deben nacer para que, al menos, se les bautice, se les dé un nombre y se les entierre”, dijo el líder polaco del PiS (Ley y Justicia), Jaroslaw Kaczynski, y ahí está el Tribunal Constitucional del país siguiendo fielmente sus directrices. Nadie duda del modo en que la Iglesia polaca ha fomentado semejante deriva proclamando a los cuatro vientos que es la ideología de género la que ha provocado la crisis de la familia y los valores religiosos, la sexualización de la infancia y hasta los casos de pedofilia de los que se acusa al mismísimo clero.

Las leyes de “latido fetal” que pueden llegar a propagarse por EEUU tras el previsible retroceso del Supremo, se sitúan también en esta línea: prohibir los abortos a partir del momento en que puede detectarse actividad cardiaca en el embrión, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y sin admitir excepciones, ni siquiera en caso de violación o incesto. Estas normas permiten (y alientan) a los ciudadanos particulares a denunciar por 10.000 dólares (unos 9.500 euros) a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar, y para esos colaboradores se prevén penas de cárcel de hasta 10 años. Es probable que, dentro de poco, 26 (de los 50) Estados de EEUU acaben prohibiendo en mayor o menor medida el derecho al aborto.

La derecha cristiana que se reúne en Political Network for Values, por ejemplo, o, en España, en la Fundación Familia y Dignidad Humana, bien nutrida de altos cargos del PP y de Vox, trabaja con entusiasmo por trasladar semejante normativa a todos los rincones a los que pueda llegar su apostolado. El gobierno de coalición español ha salido a su paso con una propuesta de ley que deja sin efecto el recurso de inconstitucionalidad con el que pretendían demoler la norma vigente.

El aborto plantea cuestiones de calado que, desde el punto de vista moral, podrían ser dilemáticas pero que hay que resolver. ¿Hay una colisión entre el derecho a la vida de la mujer y el “derecho” a la vida del no nacido? O, ¿entre este último y el derecho a la salud y la no discriminación de la mujer? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Qué relevancia tiene esto?

Jurídicamente, tenemos claro que defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción y de manera absoluta supone instrumentalizar el cuerpo de la mujer. Sería como conectar mis riñones durante nueve meses a los de otra persona que los necesitara, sin mi consentimiento, dice la filósofa Judith Jarvis Thompson. Sin embargo, esto no significa que el nasciturus (concebido y no nacido) sea por completo irrelevante.

De hecho, cuando se regula el aborto con una ley de plazos, como la que rige en España, se ponen límites a la libertad de decisión de las mujeres, por mucho que se les conceda especial protagonismo en la primera fase del embarazo. Y se ponen límites porque se reconoce que en un aborto –aunque sea consentido– convergen intereses distintos que deben ser ponderados por el Derecho. La cuestión es que la protección de la vida en gestación no tiene un carácter absoluto y debe ceder cuando entra en conflicto con otros intereses de la máxima jerarquía normativa, en particular si alcanzan el rango de derechos fundamentales, como es el caso de la libertad, la vida y la integridad física de la mujer, en el marco del respeto a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y a su privacidad. Las decisiones sobre embarazos y maternidad son sumamente personales y expresan el tipo de interés que el derecho a la privacidad debe proteger.

Con las leyes de plazos, se asume que la vida del embrión tiene un valor que aumenta a medida que se desarrolla. Esto explica que el aborto solo se considere después de pasados 14 días desde la fecundación – implantación en el útero – y que no se considere aborto el uso de la píldora del día después o de dispositivos intrauterinos. Y esto explica también que muchas legislaciones permitan la experimentación con embriones.

Lo que no podemos olvidar es que regular las circunstancias en las que una mujer puede decidir interrumpir voluntariamente su embarazo supone, en muchos casos:

En fin, el antifeminismo de la extrema derecha y su lucha sin cuartel contra el aborto es un torrente sanguíneo con el que se pretenden dinamitar los pilares centrales del Estado democrático de Derecho y el discurso de los derechos civiles. Aunque haya misoginia y discriminación, su objetivo no es solo el de atacar a las mujeres sino el de utilizarlas para transitar a modelo autoritarios omnicomprensivos y de signo conservador. Por eso, del Estado solo interesan los instrumentos represivos y punitivos, y la política social queda en manos de las familias patriarcales de las que las mujeres dependerían para subsistir. El antifeminismo es hoy un dogma con el que las derechas quieren dictarnos, por fin, su particular fin de la historia.

Si en algo se diferencia Europa de otras regiones del mundo es en sus valores, y en concreto, en su solidaridad; interna, pero ante todo externa. Las políticas de Cooperación Internacional, de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria (o de partenariado) son, si no la mayor, una de las principales señas de la identidad europea. Pero, fundamentalmente, su ayuda humanitaria. No es un hecho menor que la Unión Europea, junto con sus Estados miembros, sea la principal fuente de ayuda humanitaria del mundo donante, representando cerca del 36% de la asistencia humanitaria mundial. Lo que está claro es que la ayuda humanitaria es un pilar clave de la acción exterior de la UE y una seña de su capacidad para proyectar sus valores a escala mundial.

Los principios de igualdad y solidaridad son la piedra angular de nuestra base jurídica, recogidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el Título IV de la Carta de los Derechos Fundamentales. A partir de estos valores, hemos logrado que la Cooperación Internacional y la Ayuda Humanitaria nos haga ser los mayores cooperantes del mundo más allá de nuestras fronteras; no solo por las cantidades económicas, sino también por la suma de esfuerzos de sus Estados miembros y el exhaustivo trabajo de sus Agencias de Cooperación. 

En este 9 de mayo, los ojos y el corazón de la ciudadanía europea están con los millones de ucranianas y ucranianos obligados a dejar sus hogares. Desde la UE, hemos realizado una movilización sin precedentes de fondos en un tiempo récord para Ucrania. Los compromisos inmediatos y los desembolsos iniciales de la UE, los Estados miembros, y otros donantes, han permitido la expansión de la ayuda humanitaria hacia los países vecinos, e incluso dentro de la misma Ucrania, con el envío de más de 22.000 toneladas de ayuda de urgencia.

A nadie se le puede escapar que en estos momentos Ucrania es un infierno más en este planeta. El respeto al derecho internacional humanitario y el acceso a la ayuda humanitaria dentro del país son cuestiones apremiantes e incondicionales. Sin olvidarnos, por supuesto, del claro y unánime rechazo de los países de la UE al bloqueo instaurado y la denegación de acceso humanitario por el ejército ruso en un territorio invadido, y su brutalidad a la hora de perpetrar crímenes de guerra por los que, más pronto que tarde, terminará respondiendo. Es entonces cuando vemos cómo los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, independencia e imparcialidad se ven vulnerados, o sencillamente ignorados, por quienes libran guerras sin sopesar realmente las consecuencias de las mismas.

Según las Naciones Unidas, OCHA, en 2021 solo el 53,8% de los fondos comprometidos a nivel global fueron desembolsados, en lo que llevamos del 2022, el porcentaje se reduce al 8,1%. A este déficit estructural de financiación de la ayuda humanitaria, hay que añadirle la reorientación o suspensión de las financiaciones ya existentes para con otras crisis humanitarias por parte de los donantes, lo cual resulta cada vez más evidente y alarmante. 

Por ello no podemos obviar otras crisis igual de preocupantes, muchas de ellas agravadas incluso por la guerra en Ucrania: en Afganistán, las niñas ya no acuden al colegio y hay 9 millones de personas que no tienen qué comer; en Myanmar, los militares liderados por Min Aung Hlaing han prohibido el acceso de ayuda humanitaria en las regiones afectadas por el conflicto; en Etiopía, el conflicto en Tigray y la grave sequía están diezmando al segundo país más poblado de África, con más de 4.2 millones de desplazados internos; en Siria, se han contabilizado 6.2 millones de desplazados internamente tras 11 años de guerra. Venezuela, Líbano, Sáhara, Nigeria, Somalia, o la República Centroafricana... son solo algunas de las crisis olvidadas y más acuciantes. En palabras del Comisario Europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, más de 270 millones de personas de 63 países necesitarán protección y asistencia humanitaria en 2022, respecto a los 235 millones de personas un año atrás (una de las mayores cifras en décadas, por cierto). Tras la agresión de Rusia a Ucrania, los números no dejan de subir, y nos hace situarnos en 300 millones de seres humanos.

No cabe la menor duda de que la ayuda humanitaria se enfrenta a retos sin precedentes, agravados por la invasión rusa de Ucrania, la pandemia COVID-19, el resurgimiento de conflictos estatales, el impacto climático, el crecimiento de la población mundial, la gobernanza fallida y la degradación del medioambiente.  

Debemos entender que la brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles a escala mundial está aumentando, demasiado rápido. Por ello es necesario honrar los compromisos adquiridos en la conferencia de donantes, defendiendo que el apoyo financiero en respuesta a la invasión de Ucrania sea adicional y no restante, dirigiendo la respuesta de la UE y los Estados miembros a mantener los niveles de financiación de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) y el apoyo a otras crisis humanitarias. 

A pesar de los niveles de contribuciones de este año -17.2 millones de dólares, o el 46% de las necesidades-, la brecha se sitúa en 20.500 millones de dólares entre las necesidades y la financiación, siendo la más alta de la historia. La escasez de fondos ha alterado la capacidad de respuesta de las agencias humanitarias a lo largo del año, especialmente porque fue necesario elevar la escala de varias emergencias, como las de Afganistán y Etiopía, y porque los efectos de la crisis sanitaria siguieron afectando a las comunidades vulnerables.

Las previsiones de Naciones Unidas ya han señalado la necesaria financiación adicional de 22.000 millones de dólares de aquí a agosto. En los tres meses que llevamos de guerra en Ucrania, apenas se han alcanzado los 1.600 millones de dólares.

La incógnita que se nos plantea es si no llegaremos a tiempo en la respuesta global a estas crisis, lo que podría generar aún más consecuencias. Los números no son esperanzadores, y aunque digan que la esperanza es lo último que se pierde, son demasiadas las personas que ya lo han perdido todo. Europa debe ser ante todo, una unión de valores.