Canarias es un territorio insular, fragmentado, separado del continente al que pertenece administrativamente por varios miles de kilómetros. Todos esos factores confieren a su desarrollo unas características teñidas de extrema sensibilidad. Esta sensibilidad se proyecta sobre cualquier ámbito económico y social, y más aún en los tres ámbitos de autonomía, los que, a mi juicio, debemos tratar de aumentar: hídrico, energético y alimentario.

Hace unos días presentábamos los datos recientes de un estudio de la Universidad de La Laguna y técnicos del Gobierno de Canarias del que se desprende que entre un 20 y un 35 por ciento de los alimentos que se comercializan en Canarias son de origen local, porcentaje que varía según se tenga en cuenta el grado de participación de ese producto local en su elaboración. Es una cifra que no podemos calificar de buena o mala, tan solo un punto de partida sobre el que conocer de manera más científica en qué punto estamos y, lo que es más importante, diseñar políticas junto a los productores sobre hacia dónde queremos ir, basadas en datos objetivos.

Por primera vez tenemos cifras fiables sobre la comercialización de productos alimentarios en las Islas, desde tres medidas diferentes: volumen, valor comercial y contenido energético. Este informe, disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha sido posible gracias al trabajo del equipo del Departamento de Economía Aplicada de la ULL y a los técnicos del Ejecutivo autonómico que han recopilado los datos necesarios, todos ellos procedentes de fuentes oficiales y públicas.

Se trata de un estudio que implementa una metodología que servirá de base para el futuro y sumar más datos al análisis sobre abastecimiento en las Islas. De su lectura cabe destacar algunos datos. Dos tercios del volumen total del mercado regional son alimentos transformados y el tercio restante corresponde a productos sin transformar, entre los que los productos vegetales suponen más de la mitad (54%). En el caso de los productos ganaderos, es un 18%, y de los pesqueros en su totalidad, un 22,1% (más de un 70% en pescado fresco).

Consolidemos esta herramienta para consolidar políticas que fortalezcan el tejido productivo alimentario de las Islas, y en el caso que a este equipo interesa, que desarrollen la capacidad del sector primario de las Islas mediante el progresivo aumento en el consumo de productos de origen local porque genera economía en las Islas, paisaje, conserva una tradición agraria, ganadera y pesquera que hemos heredado de nuestros ancestros y es más respetuoso con el medio ambiente (menor huella de carbono y menos uso de productos fitosanitarios).

Convenzámonos de que una apuesta por el producto local es una apuesta por nuestra economía y por nuestros paisajes, es dar soporte a un esfuerzo por modernizar, aplicar tecnología y criterios de calidad que los empresarios y empresarias de las Islas están realizando desde hace tiempo y que ya da sus frutos.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias

Esta practica es utilizada por los exportadores españoles para que los cítricos precoces, una vez maduros adquieran un color comercial, ya que los calores de septiembre y octubre impiden una coloración adecuada del fruto (es el frio lo que les facilita la coloración) y cuando este lo adquiere en el árbol de forma natural, es víctima de la mosca del mediterráneo. La prohibición del Etileno ocasionaría el retraso de la comercialización de los cítricos españoles, sacándonos del mercado en los meses de septiembre y octubre, que obviamente aprovecharían los sudafricanos para vender mejor sus cítricos tardíos. Además este retraso produciría una sobreoferta o atasco posterior del mercado, lo que ocasionaría la caída de los precios de las variedades posteriores. La consecuencia final sería el abandono de muchos productores, que se podría cifrar entre 50.000 y 100.000ha.

¿Acaso deja residuos el etileno? ¿Es tóxico? No, de ningún modo, se trata de un gas natural que determinados frutos desprenden en el proceso de maduración, no deja residuo alguno, motivo por lo que en la UE está autorizado tanto para agricultura convencional como ecológica.

¿Será entonces que, con su utilización, se madura de forma artificial a la fruta? No, tampoco. En el caso de la fruta no climáterica, como es el caso de los cítricos, el fruto no madura una vez recolectado, por lo que su recolección debe realizarse una vez se alcanza la madurez organoléptica, lo cual no significa que tenga el color típico de la madurez: el atractivo color naranja que la hace más comercial. Por lo tanto, el único cambio que consigue el tratamiento con etileno en cítricos es que alcance su color natural de maduración.

Pero lo más chocante del asunto es que justo Países Bajos y Alemania, dos de los países que apoyan la iniciativa del Lobby sudafricano, se benefician de tratamientos con etileno para madurar las bananas que los holandeses comercializan desde Sudamérica, o las patatas que se cultivan en Alemania. Es decir que, para los dirigentes de estos países, el etileno es bueno para madurar las bananas y las patatas, pero no lo es para madurar a los cítricos.

Bueno, entonces, no hay de qué preocuparse: si llevamos razón; si no existe toxicidad; si no hay ningún cambio en el estado de maduración que pudiera considerarse una ventaja comercial artificial; y encima es utilizado por otros países, la lógica dice que todo quedará en agua de borrajas. Pues no, no funciona así Europa. Desgraciadamente, Europa no decide en función de la razón o de la justicia, si no de intereses nacionales, económicos y comerciales.

Este indecente lobby, apoyado por los intereses comerciales de Países Bajos, ya consiguieron que no se exigiera a los cítricos sudafricanos, el más que recomendable “tratamiento en frio” para que los cítricos que lleguen a Europa lo hagan sin plagas que nos puedan transmitir. Pero lo que es peor, los países que forman parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), todos ellos acogidos al lobby sudafricano de cítricos, el mismo que nos quiere sacar del mercado, nos exportan sus cítricos a Europa, libres de aranceles aduaneros, gracias a un Tratado de Libre Comercio firmado entre la UE y la SADC, violando el Principio de Preferencia Comunitario.

Hay que desmitificar lo bueno que es pertenecer al Club europeo y empezar a exigir nuestros derechos como socios. Un club, en donde algunos no socios están comiendo al lado de los socios preferentes con mesa y mantel, mientras a otros socios se nos humilla echándonos las sobras en el suelo, y desgraciadamente, nuestros políticos, mueven el rabo con gratitud.

Ahora, como siempre, nos toca jugar con negras a la contra, ya que los sudafricanos, con blancas, han movido primero. Ahora nos toca convencer a los países que no tengan intereses comerciales, ya que, a los que los tengan no los vamos a convencer, de que utilizar el etileno, no es ninguna mala praxis comercial, ni ocasiona ningún cambio organoléptico en los cítricos, ni produce ningún residuo toxico. ¿Seremos capaces de convencerles? ¿pondrán nuestros políticos todo el empeño posible por conseguirlo? No, los complejos europeístas de nuestros políticos, unido a la fuerte influencia de Holanda y Alemania en el resto de países, nos augura un mal futuro.

Por eso, ha llegado el momento de jugar a la ofensiva, ha llegado el momento de hacer valer nuestra condición de socios, ha llegado el momento de exigir que se cumplan los tres Principios Básicos de la PAC y pedir que, en la próxima revisión del Tratado de Sudáfrica, en cumplimiento del Principio de Preferencia Comunitario, se extraiga del mismo a los cítricos.

Cierto es, que Europa firmó los acuerdos de la última ronda del GATT (General Agreement on Tariff and Trade) en Marrakech, sobre reducción de aranceles; cierto es que Europa pertenece a la OMC (Organización Mundial del Comercio), paraguas bajo el que se firman los acuerdos comerciales internacionales; y cierto es que Europa firmó los acuerdos de la última Ronda de la OMC en Doha, para potenciar los acuerdos comerciales internacionales. Pero también es cierto que el Principio de Preferencia Comunitario sigue en vigor y que cuando se firmó la última Ronda del GATT, tanto el Consejo como la Comisión europea, lanzaron sendas resoluciones indicando que en la redacción de los tratados internacionales que se realizaran, se tendría en cuenta el respeto al Principio de Preferencia Comunitario; y esto no se ha respetado.

Los Principios básicos son básicos porque sin ellos no existe la unión: si no existe Unidad de Mercado (Principio de Unidad de Mercado), no existe la Unión Europea; Si no existen fondos para financiar la unión (Principio de Solidaridad Financiera), no existe la Unión Europea; y finalmente si no hay preferencia de los socios dentro del Club (Principio de Preferencia Comunitario) de que sirve la Unión Europea. Dado que estas tres patas son imprescindibles e insustituibles para que exista la Unión Europea, es necesario que se respeten dichos principios y se doten de leyes para que se exija dicho respeto.

Comencemos pues en Octubre, con la revisión (revisión contemplada en el propio tratado) del Tratado de la UE con la SADC (Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional), y en cumplimiento del Principio de Preferencia Comunitario, exijamos la salida de los cítricos de dicho acuerdo, ya que se ven claramente perjudicados ante la avalancha de cítricos que nos llegan desde estos países sudafricanos; más de 800.000 Tn,, con grandes ventajas comerciales: Salarios 10 veces inferiores, bajos impuestos, sin reciprocidad fitosanitaria y sin tratamientos en frio, que han ocasionado la entrada en España de graves plagas endémicas de esos países, como es el Cotonet de Sudafrica.

Víctor Viciedo, presidente de ALIV (Associació de Llauradors Independents de Vila real)

Pepe Montegut, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules

También es verdad que más de 130 años de zafras consecutivas son muchos como para ahora pensar en tirar la toalla, aunque los problemas a los que se enfrenta esta actividad agrícola, otrora principal en las islas (más incluso que el plátano), no son pocos ni de calado menor: la amenaza del Brexit; la presencia de plagas y más plagas (potenciadas por el cambio climático); la competencia del tomate de otras procedencias en territorio comunitario en la etapa otoño-invierno (antes bajo dominio canario), de manera especial el importado desde Marruecos por las ventajas de acceso otorgadas por la UE; la lejanía de los mercados de destino y las nuevas dificultades técnicas en el transporte (condiciones de los barcos, frecuencias…); la necesidad de ajustes continuos en su marco singular de apoyo público, y la normativa laboral con el incremento reciente, por poner un ejemplo de lo que afecta ese ámbito normativo estatal, del salario mínimo profesional (SMI), un asunto que ha abierto una guerra entre empresas locales y sindicatos y que ya tendrá que ser dilucidado en los tribunales.

Así están las cosas y, pese a tanta dificultad, hay que decir, por ver la coyuntura con optimismo, que el enfermo se mantiene con vida. Pero ¿hasta cuándo…? Esta es la pregunta que respondida con el corazón tiene fácil respuesta: “Larga vida para el tomate canario de exportación”, aunque, si lo mismo se hace desde la racionalidad, que es lo que se espera de este espacio de divulgación, enseguida se activa una lluvia de dudas razonables que se apoyan en una buena ristra de certezas negativas.

Por ahora, tras cerrarse la zafra de 2018-19, se observa una cierta estabilidad dentro de la honda crisis, estabilidad bien dicha si solo el análisis se hace en el ámbito regional (se mantienen los envíos con una leve caída) o para la provincia de Las Palmas, ya que en el caso de Tenerife hay un empeoramiento de la situación, una aproximación grave al precipicio, por si fuera poco el estado anterior.

Según los datos oficiales de la campaña citada aportados por la Federación de Productores Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (Fedex) y por la Asociación de Cosecheros Exportadores de Tenerife (Aceto), las dos organizaciones empresariales de ese sector agrícola en las islas, el resultado de la última zafra, la concluida a principios de mayo pasado, refleja una “mejora sustancial” respecto al periodo anterior, 2017-18.

Así lo definen ambas patronales provinciales en un comunicado conjunto, algo que hacen teniendo en cuenta el estudio de parámetros clave para interpretar la evolución de este negocio de exportación; a saber, el rendimiento obtenido, los precios en los mercados de destino y las dificultades observadas en el transporte de las producciones locales a los puertos de Rotterdam, en Holanda, y Southampton, en Inglaterra, los dos nodos principales de recepción en la UE de la llamada fruta en la jerga de los tomateros isleños. También se manda algo a Península.

Por provincias y para la zafra 2018-19, en Las Palmas los resultados se elevan respecto a la campaña anterior, pese a acortarse la exportación en un mes, reducirse la superficie de cultivo en 51 hectáreas y existir una empresa menos. El volumen de tomate exportado ha sido de dos mil toneladas más (45.779,3) frente a las cantidades enviadas en la zafra 2017-18 (43.717,1). Ello representa casi el 5% más de salida a los mercados para el producto de esa provincia.

Si el mismo análisis se realiza para toda Canarias, la campaña de enví­os a Pení­nsula, Reino Unido y Holanda se cierra con 51.362 toneladas, unas 251 menos que en la etapa precedente, en 51.613 para 2017-18 (entonces cayó el 6%). Este retroceso se debe al comportamiento muy negativo de Tenerife.

Hay que decir, dentro de la misma exposición de detalles, que la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha reducido drásticamente el volumen exportado al transitar de las 7.920,2 toneladas de 2017-18 a las 5.583,2 de esta zafra, lo que significa el 29,5% menos. Los motivos de ese descenso, según las reseñadas fuentes, están vinculados principalmente a la evolución del número de empresas productoras, que, en la campaña pasada, fueron cinco y en esta han sido solo dos. Las plagas también han hecho un severo destrozo (Tuta absoluta, polilla del tomate o minador del tomate, como se quiera denominar).

En el cómputo global de las exportaciones desde Canarias durante la campaña 2018-19 de tomates, pepinos, arándanos, calabacines, pimientos y berenjenas, las toneladas exportadas han sido 76.618,2 toneladas, es decir, 1.884,5 más que en la recolección total anterior.

Sobre lo ocurrido en la zafra 2018-19, Fedex y Aceto apuntan varias cuestiones de interés, entre otras que la campaña “ha perdido la casi totalidad del mes de mayo, que habitualmente era una etapa interesante por el volumen de fruta”. En esta ocasión, “la disminución drástica de los precios ha sido determinante para detener los envíos y dar la actividad por finalizada”.

Atendiendo a lo expuesto por esas organizaciones empresariales en un plano más optimista, el incremento de la ayuda a la hectárea (medida de apoyo público recogida en el programa Posei), condicionado al plan de mejora, “está dando los primeros resultados y el aumento de la producción empleando menor superficie es un claro indicativo de ello”.

Dicho eso, se apunta lo evidente: “No todo es positivo en el horizonte de los exportadores canarios”. Aún “planea la incertidumbre del Brexit”, que, con la nueva fecha que se ha fijado para ver qué se hace con ese proceso, la del próximo mes de octubre, “preocupa mucho por coincidir con el inicio de los envíos de la próxima campaña”. A este respecto se apunta cuál es la postura del sector tomatero de exportación: “La aprobación por parte de la UE de una excepcionalidad basada en nuestra condición de región ultraperiférica”, de manera que las islas sigan manteniendo las condiciones actuales de acceso a ese mercado tradicional (sin someterse a futuros aranceles y con las medidas públicas de apoyo a la exportación: directas e indirectas).

También es motivo de intranquilidad, recalcan los productores locales, el desarrollo que está teniendo la plaga de Tuta absoluta, que, en el caso de los cosechadores de exportación, “ha ocasionado daños al final de la campaña. Los productores para el mercado local ya acumulan pérdidas muy cuantiosas”. Además se indica que la campaña 2018-19, igual que las precedentes, “ha estado condicionada por los efectos que está provocando el cambio climático. La escasez de lluvias y las altas temperaturas para el periodo de la zafra han vuelto a sumar otro invierno atípico para lo que es habitual en nuestro archipiélago, lo que supedita la producción y el efecto, entre otros, de la afección de plagas”.

Así las cosas, y ya hay una tonga de zafras con balances nada positivos, no queda otra que esperar, trabajar, consolidar y ver lo que al final pasa con la pesadilla del Brexit. No se ha puesto fácil pero… Lo dicho: “Larga vida al tomate canario de exportación”.

*Artículo publicado en Agropalca, en su edición del segundo trimestre de 2019Agropalca

La pelea sin duda se ha iniciado y Canarias (en alianza con las RUP) ya ha mostrado, en no pocas ocasiones, cuáles son sus triunfos en la partida, sus cartas maestras en esta especie de juego de póker, o quizá sea mejor decir, por lo de estar en las islas, en la jugada de envite.

Las demandas, propuestas e intenciones de las islas en esa dura negociación, en alianza con el resto de las RUP, han quedado meridianamente claras, sobre todo por lo tanto que se han puesto boca arriba en las numerosas y a veces cansinas reuniones en Bruselas, Madrid, Lisboa, Las Palmas de Gran Canaria y un largo etcétera.

Más adelante, en poco tiempo (que esto en breve tomará velocidad de crucero, que ahora el problema central es el Brexit), se verá cuáles son los resultados obtenidos y con qué acierto se ha negociado; o sea, cuál es el balance final que nos traeremos a casa. Ya eso lo digeriremos con el que entonces se constituya como nuevo Gobierno de Canarias, tras las elecciones del 26M. Ese será el que se apunte el tanto o se lleve el rapapolvo. Así funciona esto.

Pero no los voy a entretener más con consideraciones baladíes, sino que vamos a ir al fondo de la cuestión; esto es, a la batería detallada de demandas canarias con vistas al nuevo marco presupuestario, regulador y estructural de la UE con efecto futuro en las islas, en las RUP de forma general, se puede concluir.

En todos sus contactos diplomático-negociadores, Canarias ha despejado varias dudas acerca de cuáles concibe como guerras principales en la negociación de sus intereses en torno al pastel comunitario post-2020.

Vayamos por partes, que será mejor para entender estas cuestiones y así seguro conseguiremos que este artículo sea más divulgativo, mejor entendido por todos y por ello más útil para los lectores de la revista Agropalca.

Lo primero que se debe afirmar es que el análisis que aquí se propone no es completo, sino orientativo, aunque sí pretende hacer bien visible a qué aspiramos y cómo en el llamado post-2020, para, desde este primer nivel, luego medir con más precisión y acierto lo logrado: la nota que se le pone a nuestros negociadores en Bruselas, que es donde se corta el bacalao o la piña de plátanos.

Cuando se habla de representantes canarios en esa disputa de máximo nivel, se alude al Gobierno español, que previamente debe estar trabajado por el Ejecutivo autonómico para definir la que se suele llamar agenda canaria en Bruselas. Creo que se entiende a la perfección.

Dicho todo lo anterior, qué queremos y dónde debe estar puesto, y esto, que es muy relevante, para todo el sector primario isleño y para las ayudas directas y las subvenciones cofinanciadas por la UE en el septenio que está a punto de inaugurarse, aunque su aplicación real se haga con retraso. Es lo que siempre pasa.

El programa Posei

El programa PoseiEstá redicho, trasladado hasta la saciedad. La primera propuesta formulada por la Comisión Europea, el inicio del camino en este duro proceso de negociación con 27 países, recoge un tijeretazo en el presupuesto anual del Posei ahora en vigor (2014-20) del 3,9%, lo que, de consolidarse (que es poco probable que así sea, según las primeras voluntades políticas), quitaría en siete años, en el septenio 2021-27, unos 73,5 millones de euros.

Esa es una disminución anual de 10,5 millones de euros dentro del futuro marco, si se ratifica finalmente. Hay que decir que el Posei en marcha tiene una ficha financiera anual máxima de 268,42 millones de euros, con 141 millones para el plátano, en exclusiva; 54,72 para otros cultivos y actividades pecuarias, y 72,7 para subsidios del REA, también como máximo. Este segmento ha perdido algo más de 10 millones anuales en beneficio de las producciones locales (por trasvase).

Eso es lo que por ahora está sobre la mesa, y las RUP, entre ellas Canarias, defienden, como no podía ser de otra manera, que no se aminoren los recursos financieros del Posei, que la ficha, como mínimo, siempre como mínimo, se mantenga en los niveles del marco presupuestario actual (2014-20), aunque se entienda que debe actualizarse al alza.

La PAC, reglamentos horizontales y fondos estructurales

La PAC, reglamentos horizontales y fondos estructuralesEn este capítulo hay que decir que las intenciones iniciales de las RUP es que estas regiones alejadas del continente europeo tengan su propia versión dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR), con acciones a la carta que insistan en el fomento de la incorporación de los jóvenes al sector agrario y en la modernización agroganadera. El fondo estructural de este sector, hoy llamado Feader, se desea que mantenga una tasa de contribución máxima del 85% (umbral tope de subvención a la inversión).

También se persigue que haya una definición específica sobre el concepto agricultor genuino (tiene que ver con la consideración profesional) en el caso de las RUP y la aplicación de una exención a la condicionalidad reforzada en estos territorios, donde se considera poco probable que se pueda cumplir con los condicionantes a que ella obliga, entre otros el de la rotación de cultivos.

Respecto al recorte del 15% en el denominado segundo pilar de la PAC (el que financia las medidas agroambientales y sociales en el mundo rural) propuesto por la Comisión Europea en su primera aproximación a los presupuestos de la UE para 2021-27, Canarias y las RUP se oponen de plano dado que es clave para las islas dotar de recursos económicos públicos a los instrumentos de actuación medioambiental.

En materia de pesca y acuicultura, las peticiones también se centran en tener un Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP ahora y como se llame en adelante) propio, con las ayudas directas a la comercialización de la pesca y las producciones acuícolas (son 8,7 millones de euros por año, como máximo, en la actualidad) concretadas en un modelo tipo Posei.

El FEMP de las RUP, si se logra, será el que atienda las singulares condiciones de estas regiones y el que imponga una definición específica de la pesca artesanal, aparte de la aplicación de un apoyo público máximo a la inversión del 85% para las mejoras a bordo de las embarcaciones y queda por ver si se consigue algo, aunque con limitaciones, en el apoyo a la nueva construcción de embarcaciones pesqueras, una medida que ahora no financia la UE porque supone incremento del esfuerzo extractivo en los mares.

*Artículo publicado en la revista del sector primario Agropalca, en su edición del primer trimestre de 2019.Agropalca

Creo que me entienden... Los lectores avezados de esta revista sectorial hecha en Canarias saben a qué me refiero y además por qué a veces uno no sabe dónde meter la cabeza y esconderse.

Pasó con el fracaso en la depuración de aguas residuales con origen urbano, y los remito al ejemplo del Valle de Güí­mar, en la isla de Tenerife, y se ha vuelto a repetir, y seguro que no será la última vez, con la adaptación de los planes hidrológicos insulares al llamado segundo ciclo integral del agua, que no es un misterio, una falacia o una impertinencia de la Unión Europea (UE). ¡No! Nada de eso. Es algo mucho más serio: se trata de una obligación que conduce a tener un futuro más ventajoso en la gestión de los recursos hí­dricos. Y seguimos incumpliendo.

Estamos dormidos y parece que solo despertamos, los gestores públicos locales, que es a los que me refiero, para pedir y pedir: somos la Canarias pedigüeña y además lo confirmamos con esos fracasos, el pasotismo y la incongruencia. Con la dejadez manifiesta... La culpa no es del chachachá; la culpa es de la polí­tica y de los que están en ella, algunos de antes y otros de ahora; eso sí­, y lo hago por aclarar, con distintas intensidades en la metedura de pata y también con diferentes implicaciones en el descomunal desorden. Y los retrasos nada tienen que ver con la escasez de recursos financieros. También lo aclaro por si acaso.

La UE, señoras y señores, a través de su gobierno ordinario, el que representa la Comisión Europea, debe estar un poco harta, y ahora sí me destapo y reitero que toda esta reflexión crí­tica viene a cuento del fracaso en la adaptación de los planes hidrológicos insulares a la normativa comunitaria y lo tanto que a Canarias le está costando cumplir con ella: primero a los cabildos, con competencias en esos planes, y luego al Gobierno autonómico, tras este asumir de forma provisional la competencia en la redacción de esos documentos, y menos mal.

La amenaza de sanción ya ha tocado a la puerta de la Comunidad Autónoma, y sigue viva por mucho que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (de Coalición Canaria), diga aquello que sostuvo hace nada en Las Palmas de Gran Canaria tras hablar con la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu. Me refiero a lo de que seguramente ya no habrá sanción a España, por, entre otros, el desaguisado de los canarios. Otra vez los canarios.

En efecto, a Canarias le cuesta muchí­simo cumplir con sus obligaciones legales dictadas desde la UE. Pasa con la depuración de aguas residuales urbanas, como es el caso del Valle de Güímar, a lo que ya se ha aludido, y ahora la misma historia se repite por la falta de agilidad mostrada (primero por los cabildos) a la hora de llegar a los plazos definidos por la UE para proceder a la revisión y actualización del segundo ciclo de los planes hidrológicos insulares (este de aplicación en el periodo 2015-2021).

Estos documentos oficiales debí­an haber estado aprobados, los siete, a 22 de diciembre de 2015, y sus medidas tení­an que haber sido informadas antes del 22 de marzo de 2016, pero la realidad es que no se hizo nada entonces. Hubo suspenso y este se mantiene. Por ello, se puede decir y decimos que la historia se repite en el archipiélago.

En estos momentos, tras el Gobierno de Canarias asumir provisionalmente las competencias para esos planes en junio de 2017, que recayeron en la Consejerí­a de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (con Narvay Quintero) y de Medio Ambiente y Polí­tica Territorial (con Nieves Lady Barreto), y después de contemplar un gasto de 1,5 millones de euros en la asistencia técnica otorgada a la empresa pública Tragsatec (dependiente del Estado) para las siete confecciones, el balance es malo, aunque mejor que el que se tenía antes con esta misma función en manos de los cabildos. Entonces era igual a cero. Pese a los avances logrados por Aguas del Gobierno de Canarias, aún solo se puede hablar de fracaso [en enero de 2019 ya se han elaborado seis de los siete necesarios, y solo falta el de Gran Canaria].

Por ahora, de los siete planes necesarios, Canarias [en el momento de la redacción de este artículo] solo tiene tres aprobados de segundo ciclo (2015-2021), que son el de La Gomera, confirmado en septiembre pasado, y los de Tenerife y La Palma, con el visto bueno otorgado a finales de este mes de noviembre por el Consejo de Gobierno.

Los demás, hasta cuatro restantes, quedan pendientes de aprobación y son los siguientes: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. El consejero Narvay Quintero ya ha asegurado que los que faltan se podrán aprobar en breve, a principios del año próximo. Demasiado tarde, sin duda. Antes había dicho que en septiembre de este año, algo que solo se logró con el plan de La Gomera.

Pese a las prisas que se ha dado el Gobierno de Canarias para sacar esos instrumentos de ordenación y gestión de los recursos hí­dricos insulares y así­ evitar sanciones comunitarias (pueden no producirse si se cumple con el último plan de entrega acordado junto a la Comisión, ha concretado el Ejecutivo regional), tras la inoperancia de los cabildos insulares (todo hay que decirlo), lo cierto es que el balance es ruinoso.

En efecto, y lo es por la siguiente sucesión de incumplimientos: todos los planes hidrológicos insulares de segundo ciclo (y aún queda la revisión futura del tercer ciclo, para el periodo 2021-2025) debí­an estar aprobados el 22 de diciembre de 2015, y no había nada en esa fecha, como tampoco se informó, como es lógico, de las medidas adoptadas dentro del plazo fijado (22 de marzo de 2016).

Después de esos incumplimientos, la Comisión Europea puso la cara colorada al Gobierno español (para estos asuntos el Ejecutivo comunitario siempre habla con el Estado miembro) con denuncia administrativa cursada en abril de 2017, y tampoco hubo reacción. En marzo de 2018, la cosa ya fue a más y la misma Comisión Europea, ante la falta de noticias, elevó la denuncia a un plano judicial con presentación del expediente ante el Tribunal Europeo de Justicia, donde sigue y puede concluir con la definición de sanciones a España, que entonces se las cargaría, sin duda, a la Comunidad Autónoma de Canarias (y esta quizá a los cabildos).

Así está el patio, otra vez mojado por el desacierto en hacer las cosas bien. ¿Por qué a la política le cuesta tanto? Por qué tanto fracaso...

*Artículo publicado en la revista Agropalca del cuarto trimestre de 2018. Elaborado el 12 de diciembre de 2018.Agropalca

El paro en el sector, en el mismo periodo, se ha reducido el 14%, mientras que el valor de la producción aumentaba el 10,5%, de 436 millones en 2015 a 481,7 millones de euros en 2017, eso sin contar la industria alimentaria, que hoy en día suma un valor añadido muy importante al producto local. Estoy pensando, por ejemplo, en los quesos y los vinos, dos sectores que nos representan fuera del archipiélago y que contribuyen a mejorar la imagen de la marca Canarias en el exterior.

Este año que ahora termina hemos logrado cumplir varios compromisos con los que arrancamos el mandato, hace ya casi cuatro años. Uno de los más destacados del sector es la puesta al día de las ayudas del Posei adicional, una aspiración de los agricultores y ganaderos de las islas, truncada desde 2011 por los impagos del Gobierno del Estado. Este año hemos terminado de pagar esas ayudas, invirtiendo más de 30 millones de euros de fondos propios, incluyendo los del subsector del tomate, al tiempo que hemos logrado incorporar esta obligación del Gobierno de España al Régimen Económico y Fiscal, vinculado al Estatuto. De esta manera nos aseguramos que esta injusticia cometida hacia el sector primario de las islas no se vuelva a repetir, pues ha dejado de depender de la voluntad política de quien gobierne en Madrid.

2018 ha sido el año de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y del anclaje del Régimen Económico y Fiscal en este documento. Ambos tienen un marcado carácter agrícola, fruto de intensas negociaciones en las que hemos trasladado las demandas de un sector que ve en ellos una oportunidad para sentar las bases de su desarrollo.

Consolidación de derechos como los de las ayudas al transporte de mercancías, el Posei adicional comprometido por el Estado, ayudas para captación de agua para riego agrícola, los seguros agrarios, la incorporación de los bienes corporales a efectos tributarios… figuran en el REF y dan garantías al campo de las islas.

El Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura empezó a gestarse en 2003, con la aprobación de la Ley de Pesca de Canarias. Fueron muchos años de elaboración y el sector nos demandaba una solución que hemos ofrecido con la aprobación este año del documento definitivo. Ha sido un trabajo arduo, de mucho diálogo y consenso con las administraciones insulares y estatales, con el propio sector y con otros colectivos, que ha dado como resultado un plan que sienta las bases de un desarrollo inaplazable que va a generar empleo y riqueza en las Islas.

Respecto al sector pesquero, hemos logrado que se dé vía libre a las ayudas para renovación de flota, porque teníamos los deberos hechos junto al sector, ya en equilibrio, y además hemos incorporado al debate sobre el futuro de las ayudas al sector la posibilidad de que las regiones RUP como Canarias dispongan de fondos específicos. Somos diferentes y se nos deben aplicar políticas diferentes.

2018 termina con la firma del protocolo de obras hidráulicas con el Estado (915 millones de euros en 12 años), que, junto al esfuerzo presupuestario de Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, permitirá poner a Canarias entre las regiones más avanzadas respecto a su sistema de gestión de aguas y la aplicación de la Directiva Marco del Agua europea

Este año que termina, principalmente, ha sido el de la consolidación de un crecimiento que, de manera moderada, nos permite ser optimistas de cara al futuro: a un futuro con un mayor índice de autoabastecimiento alimentario e hídrico, un futuro con una mayor protagonismo del producto local canario, en definitiva, un futuro de mayor riqueza, más medio ambiente y más paisaje.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias

Así pues, esta semana hemos presentado un proyecto de presupuesto para 2019 que precisamente tiene como objetivo contribuir a consolidar este desarrollo, aumentando las cuentas el doble que las del resto de áreas del Gobierno (un 14% frente a un 7%). Gestionaremos casi 500 millones de euros, de los que 118 forman parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a los que hay que sumar la parte extrapresupuestaria de las cuentas: 306 millones procedentes de Europa y otros 74 que deben llegar del Estado, si se firman los convenios pendientes.

Queremos un sector competitivo y moderno, por eso hay un aumento de los capítulos destinados a mejora de las estructuras y el medio rural del 78% (de 9.984.040 euros a 17.856.135). Queremos un sector que pueda competir en igualdad de condiciones con productos que llegan subvencionados del exterior. Por eso durante esta legislatura se han trasvasado al sector 4,9 millones de euros, procedentes de diferentes recortes a las ayudas de alimentos importados que compiten con las producciones locales.

Vamos a reducir las tasas a los pescadores por ocupar espacios en los puertos de la Comunidad Autónoma y vamos a apostar por la investigación, sobre todo aquella que se centra en aspectos de interés regional (aumentan los fondos el 113%).

Queremos seguir potenciando la agricultura ecológica, para que lo seguimos aumentando la cantidad disponible (el triple que en 2016), además de tener en marcha una línea de ayudas a sus productores y presentar con orgullo el programa Ecocomedores, que es modelo para otras comunidades autónomas y que integra a 102 agricultores ecológicos en la cocina de 54 centros escolares para elaborar los menús de 10.7000 estudiantes de todas las islas.

Pero sobre todo hacemos una apuesta por el ciclo integral del agua, aunque no sea competencia del Gobierno la depuración, saneamiento, transporte o almacenamiento, trabajamos con los cabildos y sus consejos insulares para situar a Canarias, por primera vez en la historia, al mismo grado de desarrollo de los territorios continentales, con el inicio de la redacción de los planes hidrológicos de tercer ciclo. Un ciclo que beneficia tanto al abasto de la población como al de los sectores primario e industrial.

Respecto a la gestión del agua en las islas, aumentamos los fondos propios en un 55% (de 13 millones a 20), aunque siguen sin firmarse tanto el convenio de 10 millones para obras insulares como el convenio de obras hidráulicas con el Estado, que sí tiene una partida de 50 millones en los PGE de 2018.

Se trata de un presupuesto ambicioso, que no hace más que apuntalar una tendencia al alza, que implica además una mayor capacidad de gestión, gracias a la implicación de todos los trabajadores de la Consejería. Esta cantidad que se gestiona viene creciendo desde 2016, en concreto un 23,5%, al tiempo que los fondos propios aumentaban un 19,6%.

Esa tendencia pone sobre la mesa la apuesta del Gobierno por un sector que ha sabido responder al reto incorporando modernidad, innovación y apostando por los jóvenes como protagonistas de ese cambio.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Hoy recibe el premio Mujer Rural de Canarias Felipa Valdivia, de Fuerteventura, maestra quesera que ha impregnado su empresa de un fuerte carácter femenino, siempre apostando por la calidad del producto. También recibe un galardón Victoria Torres, productora de vino en La Palma, de la que el jurado ha destacado su conciencia ecológica. Adela Hernández (El Hierro) representa la artesanía de la agricultura, produce una piña tropical de excelente calidad. Ana María Vega es quesera de Gran Canaria, artífice de una de las marcas más premiadas aquí y fuera de las islas, garante de tradiciones como la trashumancia. La gomera Magnolia Armas es también quesera, con una gran conciencia de que la profesionalización y la formación continua es clave para avanzar. Carmen Morales es la tradición y la lucha en tiempos muy difíciles, 81 años vinculada a la pesca en Lanzarote.

Ana Carolina Sánchez está al frente de una sociedad agraria de transformación en La Palma, una mujer que preside una junta rectora en la que las mujeres son mayoría. Juana Teresa Vega proviene de otro ámbito del sector, técnica en desarrollo rural en Gran Canaria, es luchadora incansable para incorporar enfoques de género y fomentar la igualdad en el sector, luchando contra estereotipos por desgracia muy extendidos. Y Gloria Lobo, que desde Tenerife representa la mujer incorporada a la investigación, líder de proyectos de gran alcance, con una gran aportación al futuro de la industria agroalimentaria.

Todas ellas son las caras visibles de otras miles que hoy estarán detrás de los focos, quienes han sido auténticas mantenedoras de una actividad clave en la construcción de las islas, en la modelación de nuestro territorio, en la generación de buena parte de los paisajes que hoy representan a nuestro archipiélago.

Son cientos las mujeres que en pleno siglo XXI han dado un paso al frente y están transformando el sector primario de las islas y sus productos, aportándoles modernidad, conocimiento científico y formación académica. Son ellas, y los jóvenes que se están incorporando estos años, quienes van a protagonizar el nuevo rostro del sector primario de Canarias durante la próximas décadas. Es de justicia que reconozcamos todos su papel clave en la historia hasta hoy.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Quintero, según él mismo recuerda, se había comprometido a rematar tan crucial asunto (otro muerto que le habían dejado sobre la mesa) en sus primeros contactos con representantes de los productores acuícolas locales. Luego, en unos tres años, ha podido consolidar esa voluntad con un PROAC aprobado con todas las de la ley.

Ya era hora... Una vez más, y esto hay que subrayarlo, el consejero de Agricultura lleva a buen puerto los síes concedidos a peticiones del sector primario, como antes ya lo había logrado, y bien que ha sido aplaudido por esa hazaña, al poner al día los pagos retrasados de ayudas directas del llamado Posei adicional (con destino a productores agrarios), un proceso que ha finiquitado con éxito, no sin sudar la camiseta, y en el que ha dado un ejemplo de ganador a su predecesor en el cargo, también de CC: el palmero Juan Ramón Hernández, un gestor público que perdió en tantas y tantas cosas. Las diferencias, siempre a mejor, son irrefutables.

Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda, o por la degollada de Peraza. ¿Qué es el PROAC?, se preguntarán los lectores de la revista Agropalca, y qué importancia real tiene en el desarrollo sano, o sea, sostenible, de la producción de peces en cautividad en aguas marinas de las islas, esto es, en la producción de proteínas de pescado, de alimento.

Sin duda, se trata de un asunto clave, pues, dicho de forma sencilla, este PROAC, como ya se avanza en el título del artículo, no es otra cosa que una forma de meter entre corchetes, de enjaular, las actividades relacionadas con la acuicultura en Canarias. O sea, que se convierte en el documento guía, oficial, de obligado cumplimiento, que, en términos generales y también más o menos específicos, define la política de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de cría y engorde en cautividad de fauna marina con destino a la alimentación (interior y exterior), un ámbito en el que se había avanzado poco, en su marco regulador homogéneo, hasta entonces.

El PROAC que ahora se aprueba en la etapa de Narvay Quintero llevaba dando tumbos desde al menos el año 2008, cuando el germen del plan apareció en la escena pública, entonces con Pilar Merino, del PP, como consejera de Agricultura en el Gobierno de Canarias. Diez años después, más del doble del tiempo habitual para tramitar este tipo de iniciativa administrativa, ha sido terminado, pero no sin notables esfuerzos concentrados en pocos años.

Los papeles del PROAC estuvieron sobre la mesa de Pilar Merino, de Pedro Rodríguez Zaragoza (CC) y de Juan Ramón Hernández (CC), tres consejeros regionales que pocos empujones dieron al futuro libro verde de la acuicultura en Canarias. La gestión de los anteriores responsables se puede calificar de penosa, de crítica, respecto a este asunto. Tras tanto pasar y pasar de los anteriores responsables, se llega al otro tanto que se apunta el consejero herreño, y van unos cuantos.

El PROAC regula un sector productivo del ámbito primario en las islas que ofertó el año pasado (2017) algo más de 7.810 toneladas de pescado, lo que representó el 36,09% de la producción de pescado fresco en las islas (acuícola y extracción), frente al 63,91% de lo capturado por la flota pesquera local (sobre todo túnidos), según datos oficiales de los puntos de primera venta de Canarias.

Ese porcentaje de producción acuícola sobre el total desembarcado supuso un valor de la producción (en primera transacción y a precios de mercado) de 43 millones de euros (frente a los 31 millones de la pesca tradicional), el registro más alto en los últimos años (hubo 29 millones en 2014; 34 en 2015; 41 en 2016, y 43 en 2017). Las principales especies que se producen en cautividad son la lubina (5,5 millones de kilos en 2017) y la dorada (2,3). En el inicio de esta actividad, dominaba la dorada, pero ha habido un cambio estratégico acertado hacia la lubina.

Los objetivos centrales de ese documento oficial, el conocido por sus siglas, PROAC, tienen que ver con la generación de un marco normativo para el desarrollo del sector desde el punto de vista medioambiental y económico, como fórmula de diversificación de la economía dentro del sector primario local. Además, la implantación de las medidas que contempla esa guía encuentra apoyo financiero en las convocatorias de subvenciones del fondo estructural FEMP y en el marco definido para el apoyo directo a la comercialización de productos pesqueros y acuícolas de las RUP, un programa de ayudas directas (más de ocho millones al año para Canarias) que también se costea con dinero de la Unión Europea (UE) recogido en el citado fondo.

El PROAC establece las zonas de interés para la acuicultura en las islas (las que presentan una mayor aptitud para el desarrollo de la actividad desde el punto de vista ambiental y territorial-socioeconómico), que suponen el 9,95% del litoral isleño (unas 20.000 hectáreas). Estas áreas son de baja biodiversidad, con sustrato, profundidad media y pendiente adecuados y con características oceanográficas (corrientes, mareas, vientos y nutrientes, entre otros) óptimas.

Respecto al límite máximo de producción anual, se ha tenido en cuenta la capacidad total productiva de las concesiones vigentes, que es actualmente de 16.736 toneladas, aunque, si se le suman las concesiones que existen en trámite, la capacidad máxima asciende a 29.817 toneladas. Con esta premisa, se ha optado por calcular que en los próximos ocho años la producción pueda aumentar hasta las 37.118 toneladas. Este es el límite de producción fijado, que se obtiene teniendo en cuenta un incremento de la demanda anual del 4% para el mercado interior, del 0,25% para el mercado peninsular y del 15% para el exterior.

El plan regional también incluye un listado con las especies de interés acuícola, desde un punto de vista económicamente rentable y medioambientalmente sostenible. Se trata de peces que no están modificados genéticamente para evitar riesgos a las poblaciones locales en caso de escape. Ese listado, que ha sido cuestionado en algún caso por los pescadores de litoral canarios, puede ser alterado cumpliendo una serie de condiciones y procesos.

Respecto a los equipamientos permitidos (infraestructura), el mismo documento fija los tipos válidos para la acuicultura, sus características técnicas y las condiciones de las explotaciones. Además, establece especificaciones para zonas o especies concretas. Entre los previstos se encuentran la jaula marina, la piscifactoría, el vivero, el criadero y los centros de investigación.

También hay un plan de seguimiento que tendrá en cuenta los indicadores de desarrollo de la actividad y las condiciones de sostenibilidad ambiental. A todo esto se une un manual de buenas prácticas que agrupa diferentes recomendaciones respecto al medio ambiente, gestión del stock, prevención de escapes (el protocolo se aprobó hace unos meses), tratamiento de residuos, y limpieza y mantenimiento.

Canarias ya tiene PROAC; Canarias al fin, y han tenido que pasar 15 años desde que se aprobara la ley que invitaba a desarrollarlo, tiene enjaulada su acuicultura. Es todo un avance hacia las producciones más sostenibles en lo ambiental y en lo económico, y también aporta más seguridad al crecimiento de una actividad productiva que está llamada a ser esencial en el mundo. De hecho ya lo es, con la aportación de casi el 50% del pescado que se consume en el planeta.

Canarias ha encendido algo tarde su faro de la acuicultura. Pero ahora lo importante es que sí alumbra.

*Artículo publicado en la revista del sector agropesquero canario AgropalcaAgropalca

El reto planteado de manera unánime era lograr aprobar el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC). Este documento, debido a diferentes vicisitudes, llevaba acumulado un retraso de más de una década. Entre otros, la complejidad administrativa y los cambios normativos en materia medioambiental habían provocado este retraso que dejaba huérfano a un sector que supone ya, a estas alturas del siglo XXI, el productor de más de la mitad del pescado fresco que se consume en el planeta. 

Así pues, este equipo, con instrucciones precisas del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, quien también se interesó por el desarrollo de este texto, y un loable esfuerzo por parte de los técnicos y funcionarios de la Dirección General de Pesca y el resto de la Consejería, nos comprometimos a poner en marcha este documento que, sin duda, responde a un sector que tiene un gran futuro en las islas.

En 2017 produjo algo más de 7.810 toneladas de pescado (dorada y lubina), lo que representa el 36,09% de la producción de pescado fresco en las islas. Generó un valor de producción de más de 43 millones de euros, el más alto de los últimos años (29 millones en 2014; 34,02 en 2015 y 41,48 en 2016).

Este documento es fruto de una forma de trabajar que se ha visto reflejada en su presentación, en la que tuvimos la fortuna de estar acompañados por empresarios y representantes de la acuicultura en las islas. Es el resultado de decenas de reuniones, de charlas formativas, de encuentros, de periodos de exposición pública… en los que han participado administraciones, pescadores, empresarios del sector, de la industria auxiliar, técnicos de las universidades y los centros de investigación de las Islas, en uno de los mayores esfuerzos realizados por lograr un documento que, aunque es mejorable, como todos, establece las primeras reglas de juego para un sector que generará empleo y economía en los próximos años. De hecho, ya han decenas de jóvenes formándose en los institutos de Formación Profesional marítimo pesquera que existen en las islas.

Incluye una zonificación (segunda comunidad autónoma que aprueba algo similar) en la que se han tenido en cuenta dos factores clave, que dejan su impronta en todo el documento. Por un lado, la viabilidad económica de la explotación, que viene determinada por la ubicación y las características de sus fondos, profundidades, mareas, cercanía a infraestructuras portuarias. Por otro lado, la obligatoriedad, asumida por el propio sector, de jamás convertirse una amenaza para el medio ambiente del litoral de las islas.

Estas dos premisas, precisamente, son parte de las claves de la estrategia de economía azul diseñada por la Unión Europea, que, básicamente, pretende redirigir la obtención de recursos del mar hacia una óptica mucho más eficiente y respetuosa con el medio, como bien recordó el presidente de la asociación de productores, Carlos Rendón, que lo es también de la asociación española, lo que habla mucho del buen trabajo de los empresarios canarios en este sector.

Se trata de un documento de partida, vivo, que será enriquecido por las aportaciones de quienes están de una manera u otra relacionados con él, un texto que presenta una actividad en desarrollo, con muchas capacidades de generar empleo y sinergias de tipo económico con otros sectores productivos de las islas.

Un documento que plantea un escenario realista de futuro, compatible con la pesca tradicional y que, a los empresarios les va la vida en ello, tiene muy en cuenta las singularidades medioambientales de la costa canaria, sin duda una de las que reúne mejores condiciones de todo el mundo para el desarrollo de esta actividad.   

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias

Esta reducción también afectaría al llamado segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC) europea, la que coadyuva a la transformación de las estructuras agrarias, modernización, incorporación de jóvenes, social y ambiental de las zonas rurales, y que es clave del cambio que está viviendo la agricultura y la ganadería de las islas que no podemos interrumpir ahora.

Estas ayudas son fruto de años de diálogo, de lucha de nuestros predecesores para hacer comprender a la Unión Europea que las regiones ultraperiféricas deben tener un tratamiento diferenciado porque no pueden competir en igualdad de condiciones en un mercado internacional liberalizado.

Ese mensaje lo ha hecho suyo, de hecho, la propia Comisión Europea, la misma que ahora plantea un escenario de reducción.

Canarias cuenta con un régimen diferenciado dentro de la Unión Europea, como región ultraperiférica (RUP). ¿Cuáles son los motivos? Las regiones ultraperiféricas son el eslabón más sensible de toda la UE y como regiones diferentes deben ser tratadas de manera diferente. Esta línea de ayudas sirve para compensar a los productores por la lejanía respecto al continente, su singular orografía y la fragmentación territorial.

Las producciones de las islas no pueden competir con aquellas que proceden de grandes explotaciones o que no cumplen, como las que llegan de terceros países, las mismas exigencias en materia social o medio ambiental que se aplica a las de aquí.

Este mensaje llevamos desde el Gobierno de Canarias dos años trasladándolo en diferentes foros europeos y estatales, tratando de hacer cumplir un compromiso que, a día de hoy, no se ha cumplido. El compromiso de los ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal, acordado en enero de este año; el compromiso de la propia Comisión Europea que reconoce que las producciones de las regiones RUP no pueden competir en igualdad de condiciones en un escenario de libre mercado; el compromiso de su presidente, Jean Claude Junker, quien aseguró en Guayana que “vamos a seguir con los programas del Posei para la agricultura, no cuento con reducirlos ni corregirlos a la baja”.

Se trata, después del anuncio realizado por la propia Comisión, de palabras vacías y que no han ido en consonancia con lo manifestado con anterioridad por todos los protagonistas.

Por eso, el acto de este pasado viernes tiene un mayor calado. Porque sólo con un sector fuerte, unido y movilizado vamos a poder plantear en situación de fuerza un escenario de crítica y expresar nuestra disconformidad, la de quienes gobernamos y la de los 13.000 mujeres y hombres, empresarios, cuyo proyecto profesional gira en torno al campo en Canarias. Aún estamos a tiempo.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias

En los últimos años, la situación económica nos ha permitido afrontar un programa de alivio fiscal que está permitiendo una mayor disposición de renta entre nuestras empresas y familias, de modo que las primeras tendrán mayor facilidad para la inversión y las segundas, para el ahorro.

Por ejemplo, este mismo año ese programa alcanzará los 4,8 millones de euros; es decir, el Ayuntamiento dejará de ingresar ese dinero, pero éste quedará en manos de vecinos y empresarios para su utilización o para su depósito.

Esta política es posible por la labor de saneamiento financiero que hemos llevado a cabo en los últimos años en el Ayuntamiento y también, en buena lógica, por la mejora de los indicadores económicos en el conjunto del país.

La conjunción de ambos factores, unidos a otros intangibles, como la confianza que despierta Santa Cruz entre los inversores y empresarios, nos está ayudando enormemente para la consolidación de la recuperación económica.

Como tampoco resulta desdeñable la estabilidad política de la que venimos disfrutando en Santa Cruz durante estos años, un elemento fundamental para garantizar la seguridad jurídica e incrementar esa confianza empresarial.

Precisamente, a principios de esta misma semana tuve la oportunidad de trasladar a la directiva de la Cámara de Comercio tinerfeña algunos de estos asuntos y anunciar la adopción de una nueva medida de cara al próximo año.

Porque al extenso catálogo de rebajas fiscales que hemos aprobado se unirá también en 2019 la bonificación al cien por ciento de la tasa municipal de ocupación de la vía pública para rodajes cinematográficos o publicitarios, en todas sus modalidades.

Se trata de una medida que se dirige a un sector de actividad floreciente en la ciudad y que tuvo su máxima expresión, en términos cuantitativos, con el rodaje de la película Bourne en 2015, que generó un movimiento económico en la ciudad de 300.000 euros diarios.

El año pasado, por ejemplo, se realizaron en la ciudad 59 trabajos de este tipo, entre los que se incluyó el rodaje de escenas de cuatro largometrajes, lo que da idea del potencial de este sector para generar economía y trabajo en el municipio.

Creemos, en definitiva, que esta acción de rebaja fiscal, unida a las que han entrado en vigor en el último lustro, de similares características, allana el camino para la inversión empresarial en la ciudad y supone un aldabonazo a esa confianza empresarial, vital para crear empleo. A veces, como ha quedado demostrado, menos es más.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Nada grave, de hecho siempre hemos discutido sobre esto cuando teníamos más roce profesional, pero en esta  ocasión me indicó que mis comentarios no estaban argumentados y que rallaban el disparate. Entre risas, le dije que me proponía de hecho demostrarle que esos comentarios tenían fundamento real de modo que aprovecho esta ventana para explicarlos y de paso, abrir un debate que parece prohibido en Canarias.

En primer lugar conviene que a algunos les recordemos que, ya sea con ideología socialdemócrata, liberal, nacionalista o populista, nuestros Gobiernos, todos actúan, con mayor o menor acierto, en un entorno capitalista.. Y este modelo de sociedad (salvo Cuba y Corea del Norte no quedan sociedades regidas por otro modelo) se basa en un principio básico que es el de la competitividad. Dicho de otro modo, es la capacidad de cada quien de aportar un valor añadido a la sociedad, la que le permite disfrutar de mayor o menor prosperidad.

Para evitar un juego perverso, puesto que el punto de partida de cada quien es diferente, los Gobiernos, en este sistema, deben garantizar igualdad de oportunidades con la premisa de que esta garantía en modo alguno puede ser en forma de ayuda perpetua pues se estaría rompiendo la regla del ‘fair play’. Como ejemplo, podríamos citar el sistema de becas, que permite que aquellos que tienen menos recursos accedan a la educación. Esta beca se mantiene en tanto el becado lo necesite económicamente o, aquí viene el matiz que permite el silogismo con la economía, haya hecho buen uso de la misma alcanzando resultados positivos.

Este modelo de sociedad ha llevado, a través del esfuerzo y la innovación, a cotas de desarrollo humano nunca vistas antes.

Bien, en el caso que nos ocupa, hace mucho (no es justo otorgarle el patrimonio exclusivo del error a este Gobierno) se entendió que la deriva del libre mercado, la mejora en las condiciones de producción y transporte, el clima de inversión y el aumento del consumo, hicieron que en otras latitudes se comenzara a producir productos muy similares a los producidos en Canarias, con el matiz de que, debido a condiciones naturales o de mercado más proclives, lo hacían con una competitividad muy superior.

Y la gestión tuvo su efecto, y se lograron (al uso de otras regiones en Europa), un paquete de ayudas que básicamente financiaban la falta de competitividad del sector primario además de fijarse cuotas, cupos y aranceles a la importación (esto beneficiaba a otros productores lastimeros de la UE) a la entrada de productos foráneos en territorio comunitario.

Además, y aunque se defendía la necesidad de una línea de ayuda específica para el abastecimiento de bienes de primera necesidad (REA) fundamentando la petición en la insularidad, lejanía, y demás males que nos decimos padecer; se ‘colocó’ un arbitrio que gravaba la entrada en Canarias de bienes incluidos en una extensa lista de epígrafes que se producían en Canarias. La voracidad de este arbitrio (el AIEM) venía apoyada por el hecho de que el recaudador, que suerte vivir aquí, es el Gobierno de Canarias.

Todo correcto, al final del día la fiesta del subsidio tiene una lista de invitados interminable, salvo por el matiz de que toda ayuda o apoyo que se recibe para un sector debiera tener un enfoque generalista, es decir, que beneficie al conjunto de la población y nunca ser perpetua pues con la perpetuidad no se fomenta la competitividad que es, al final del día, lo que se debe pretender con las ayudas.

A mi amigo quizás le convenga fijarse en estas cifras que demuestran, con números (porque la economía es difícil entenderla sin números), que lo que comento no es ningún disparate:

Para que quede claro, los números que indico forman parte de una serie histórica que muestra una tendencia a la baja tanto en aportación al Valor Agregado Bruto (VAB) como al empleo. Y con ello conviene introducir una variable aparentemente ignota para muchos de nuestros dirigentes, la de los resultados. ¿Se ha generado más empleo con las ayudas y prebendas a ambos sectores? Estas prebendas han ayudado a que los sectores se hicieran competitivos haciendo menores esas ayudas? La respuesta es idéntica y se puede consultar en las estadísticas oficiales, NO.

En algún momento, los que reciben ayudas para mejorar su competitividad debieran dejar de hacerlo bien porque logran devenirse en competitivos, bien porque, al no hacerlo, pierde el sentido la ayuda por inútil.

Algunos dirán, seguro, que es que sin ayuda, esos sectores no existirían en Canarias, y la respuesta es simple; sí, sólo los realmente competitivos. Pero como le pasa a todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Si no hacen bien las cosas o si su orientación es errónea, desaparecen. ¿O es que el resto de sectores no tiene derecho a tanta ayuda?

Con los argumentos expuestos, sólo cabe entender la decisión de proteger y colaborar con el mantenimiento de una competitividad dudosa en ambos sectores por una cuestión política. Respetable, sin duda, pero que carece de argumentos económicos.

Ni la sobre-protección de la industria y el campo se hace para la defensa del interés común (vistos los porcentajes de empleo y aporte al PIB de ambos), ni se puede defender con otros argumentos que no sean políticos. El sector público, que lamentablemente ha pesado, pesa, y si nadie lo remedia, seguirá pesando demasiado en España, está controlado por los poderes políticos que deciden y marcan la pauta de sus designios.

Por tanto, se decide apoyar a ambos sectores porque interesa, a tenor de los resultados electorales que recogen los que los defienden, pero no porque se persiga el interés común. Lo que debiéramos comenzar a plantearnos es si la falta de competitividad de estos sectores debe estar pagada, como lo es ahora, por los ciudadanos, a base de AIEM y ayudas que si, así funcionan las finanzas públicas, salen de nuestros impuestos y benefician a muy pocos.

Son muchas las personas que se quejan amargamente de cómo le va a esta isla, perdiendo habitantes y sin un revulsivo que ayude a animar a que la gente se quede y prospere. Quizás al final de estas líneas puedan tener una idea de alguna razón por la que esto ocurre, ya que la experiencia que a continuación les voy a relatar es una de tantas historias de éxito y fracaso que nos deben animar a cambiar.

Corría el año 2010 cuando en mi granja de ovejas y vacas, situada en la zona ganadera de Barlovento, decidí completar la actividad de venta de carne y estiércol con la de gestión de residuos no peligrosos (de origen vegetal o animal), animado por la situación que se estaba viviendo en la isla de auténtico desastre en lo que a gestión de residuos de plátanos se refería.

Ya desde entonces existía la normativa europea de residuos, que deja bien claro que quien contamina paga, a la vez que explica qué ha de considerarse como residuo, y los restos del empaquetado de plátanos lo son. Hay que recordar que por entonces era normal ver vertederos en cualquier barranco, sobre todo al lado de un empaquetado de plátanos. Valgan como ejemplo el barranco de Argual, en Los Llanos, y el de La Herradura, en Barlovento.

Propuse la iniciativa a mi entorno platanero más cercano, encontrando buena acogida en la cooperativa Cupalma, que recibió la propuesta con entusiasmo, apoyándola con decisión y llegando a financiarla, con cargo a la futura facturación del servicio, con 30.000 euros sin mediar más contrato que la palabra.

Así comenzamos a trabajar y a crecer en instalaciones, con todos los trámites legales en regla, ya que en 2011, después de un largo camino en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, logré que se me autorizase como gestor de residuos no peligrosos, mientras invertía la mayor parte de mis ingresos en comprar y acondicionar terrenos para poder absorber el volumen creciente que Cupalma, mi único cliente, me estaba enviando.

Ante ese crecimiento exponencial y mi nivel de riesgo, manifesté al gerente de la entidad en reiteradas ocasiones la necesidad de normalizar nuestra relación en un contrato por escrito, a lo que se me respondía: “No te preocupes, no te vamos a dejar colgado, tú sigue trabajando”, y así fue, seguí trabajando, invirtiendo, creciendo y todo iba bien.

Toda iba bien hasta mayo del año 2013 (curiosamente cuando prácticamente había devuelto los 30.000 euros), fecha en la que se me comunica desde Cupalma que, si no reducía drásticamente mi tarifa de servicio de recogida y gestión de residuos, no podían seguir trabajando conmigo al haber recibido una oferta de servicio mucho más económica que la mía, algo que yo sabía que no era cierto. En caso de existir, tenía que ser una oferta ilegal, ya que la única opción que permitía cumplir la legalidad, a parte de la mía, era el polígono de Los Morenos, una opción mucho más cara. Fue así que se dio por finalizada la relación comercial y comenzó mi peregrinaje y calvario.

Se preguntarán: ¿y donde gestionó Cupalma los residuos a partir de entonces? Pues fácil, en todos los barrancos y cercados de ganado de Garafía mientras pudo, luego en Mazo y ahora andarán por las Breñas o donde puedan, que al fin de cuentas es donde quieran, ya que están denunciados, entre otros por los ecologistas, y lo siguen haciendo impunemente aunque salgan en los medios de vez en cuando. Aquí parece que no pasa nada, porque el poder fáctico se encarga de callar a nuestros políticos y medios.

Pero allá, más lejos, donde se hacen la leyes que nos afectan aquí y luego hay que aplicar, el mismo lugar de donde vienen las cuantiosas ayudas que recibe el sector platanero, están tomando nota y usarán esta información cuando toque renegociar fichas financieras que dependen de la condicionalidad (condición que obliga a cumplir ciertas normas para poder recibir ayudas comunitarias), entre otras cosas, y también toman nota para cuando se acabe el plazo para cumplir requisitos como que el 50% de los residuos generados sean reciclados antes del 2020. 

Lástima que cuando lleguen las sanciones pagaremos todos los ciudadanos, en forma de reducción de presupuestos europeos que mermarán ingresos a agricultores y servicios a la ciudadanía en general. No sancionarán solo a los mentecatos que han gestionado lo público de una manera irresponsable, permitiendo ilegalidades que se cometen a la vista de todos.

Les cuento cual fue mi peregrinaje. Me reuní muchas veces con todos los grupos y responsables políticos que por aquellos días tenían representatividad en el Cabildo de La Palma (PP, PSOE y CC). Todos me dijeron lo mismo: “Jorge, que putada te han hecho, no te preocupes que te vamos a ayudar”.

La verdad es que, en una sociedad de libre mercado, ningún político puede decirle a una empresa lo que tiene que hacer o con quien tiene que contratar un servicio o dejar de hacerlo. En eso estamos todos de acuerdo, pero en este caso bastaba con decirle a Cupalma y al resto del sector que cumplieran la ley (con quien quisieran), y si no, aplicarles las sanciones correspondientes. Solo tenían que hacer eso, pero no lo hicieron, y como cobardes miraron a otra parte.

Con sus mentes cortas (mentecatos), no identificaron una iniciativa que le hacía un gran bien a la isla, generando empleo, cuidando el medio ambiente y cumpliendo la ley. Como cobardes dejaron caer a un emprendedor sin enfrentarse a una gran empresa, o mejor dicho a su gerente (porque al final parece ser algo personal), dejando contaminar nuestra isla a la vez que dejarnos en evidencia ante Europa.

Yo ya he pagado. He perdido mi patrimonio por ponerlo como aval para cumplir un sueño que estaba más allá de mi interés particular, que le hacía bien a nuestra isla, creando empleo y cuidando nuestro medio ambiente.

Mi conciencia está tranquila. Mi pecado fue confiar en que los políticos cumplirían su parte, eso, y la ilusión en un proyecto que me hizo confiar demasiado en mi único cliente. Me hace gracia ver que ahora vienen a ofrecer soluciones milagrosas, millonarias empresas de fuera que quizás son buenas y todo. Pero… ¿qué pasa con los de aquí? ¿Qué pasa con los que apostamos y nos comprometemos con lo de aquí?... Quizás no somos tan caros, quizás siempre hemos ofrecido soluciones más eficientes. Esta actitud de querer o apreciar más lo de fuera que lo nuestro es un claro síntoma de que aún nos queda mucho camino para superar ciertos complejos de inferioridad propios de otros tiempos.

Estas líneas han sido escritas con la intención de ayudar a quien pueda y quiera emprender en nuestra isla de La Palma. Esperanza, la esperanza es lo que nos queda siempre.

*Profesional del campo en La Palma

En estos días, se están lanzando las campanas al vuelo y festejando la enésima reunificación dentro de Asprocan de las seis organizaciones de productores plataneros (OPP) de las islas.

Creo que hay que resaltar que, en esta ocasión y por primera vez, todo el Gobierno de Canarias, con su presidente al frente, ha tenido que dar un puñetazo sobre la mesa y exigir a las seis OPP que lleguen con urgencia a un acuerdo. Porque, hoy, es del todo imprescindible. Y que de no acordarlo ellos mismos, el Gobierno lo haría. Modificando las reglas de juego existentes y cambiando la estructura organizativa del sector. ¡Al fin una decisión valiente!

Y en efecto se llega a un acuerdo que se ha hecho público días atrás. En mi opinión con los siguientes aspectos a resaltar.

1) El nuevo dato, que el Gobierno de Canarias se haya implicado exigiendo llegar a un acuerdo, es un hecho relevante y muy positivo. Porque se ha abandonado el criterio hasta ahora mantenido, que los problemas del sector tenían que resolverse entre los propios plataneros y que el Gobierno no tenía que inmiscuirse en asuntos entre particulares. Reconociendo con ese cambio que la situación actual es de extrema gravedad. Y este hecho merece ser subrayado y sobre todo tenido en cuenta de cara al futuro.

2) El principal tema estratégico del acuerdo, como es obvio para cualquier conocedor del sector, tenía que ser sobre la pica. Y el resultado es frustrante. Porque deja de ser obligatorio cumplirla en su totalidad. Y es que, para consensuar, se ha tenido que aflojar y permitir comercializar hasta el 30% de la fruta afectada, a voluntad de parte. Por tanto, el principal instrumento de regulación queda en la práctica muy devaluado.

Es cierto que la pica es la última bala. Está claro que para los cosecheros que han estado cuidando la fruta con esmero un montón de meses el que no puedan comercializarla es lo peor que les puede ocurrir. Por tanto es entendible el argumento que se suele emplear para no aceptar la pica. Y es que, “si yo tengo colocada la fruta, no la voy a tirar. Si otros no la tienen vendida, el problema es de ellos”. El argumento parece razonable, pero oculta el hecho de que todos pueden decir lo mismo, eso sí, sin tener en cuenta el revolcón que puedan sufrir los precios. Es decir que, tratándose de la última medida y la más drástica, hay que sopesarlo muy bien antes de tomarla. Pero que, si llega esa desastrosa coyuntura, hay que actuar todos a la vez y sin excepciones.

Y es que el verdadero problema de la pica no está en el momento en que hay que tomar esa decisión, sino en el conjunto de medidas agrarias y comerciales que hay que desplegar con anterioridad, para no llegar a ese punto. Esa es la madre del cordero. Y, como se verá, en el acuerdo firmado no hay nada de nada al respecto.

3) Cuando se establecen reglas para un comportamiento conjunto, la confianza de que se van a cumplir los compromisos es la base esencial del acuerdo. Por tanto, salvaguardar la disciplina es fundamental. Y cumplir los acuerdos tiene que blindarse con sanciones disuasorias. En cambio, con este acuerdo que comentamos ha ocurrido justamente lo contrario. Y es que, en la práctica, se ha condonado casi la totalidad de las multas a la única OPP que había sido sancionada. Así que, en el caso más desfavorable para ella, apenas tendría que desembolsar el 10% de las penas en que había incurrido.

Nada de gestión conjunta

Nada de gestión conjuntaVemos que, después de tanto bombo y platillo, no se ha avanzado ni una sola milésima en la necesaria estrategia de la gestión conjunta de la oferta platanera canaria.

Nada de iniciar una decidida aunque compleja planificación conjunta de la producción. Nada de acordar una clasificación uniforme de la fruta, de tal manera que solo se empaqueten las categorías que luego aparecerán con precio diferenciado de venta al público en la Península. Nada de establecer una horquilla obligatoria de precios. Nada de unificar determinados aspectos de la comercialización. Y más flagrante si cabe por su sencillez, nada de contratar conjuntamente el transporte marítimo ni la compra de los principales insumos del sector.

¿Y entonces?

¿Y entonces?Si se han puesto todos los recursos económicos y políticos disponibles para llegar a un acuerdo significativo y no se ha alcanzado. Si solo se ha evitado momentáneamente la guerra de todos contra todos en el sector platanero canario ¿…?

Para intentar entender lo que viene pasando desde hace muchos años hay que poner énfasis en el hecho que los plataneros canarios solo saben competir entre sí. Y ahí son verdaderos expertos. Compiten por quitarse cosecheros unos a otros, por intentar engañar al de al lado, por intentar manipular a los recibidores en la Península, por ocultarse determinados logros logísticos… Eso sí, con quien no saben y ni siquiera imaginan competir es contra sus verdaderos competidores. Que no son otros que las trasnacionales plataneras anglosajonas que señorean las producciones plataneras de América Latina y África.

¿Se puede hacer algo?

¿Se puede hacer algo?Claro que se puede. Y es necesario realizarlo cuanto antes. Porque ¿qué es lo que impide que reine la cordura y la profesionalidad? En mi opinión el problema está claro. Y es que los actuales dirigentes plataneros canarios solo saben y quieren competir entre sí. [Al margen de ser unos excelentes buscadores de renta de las administraciones públicas, sobre todo europeas, tema de enorme importancia y que les ha permitido mantenerse al mando hasta ahora]. Por eso, el principal escollo es poder cambiar a los sempiternos protagonistas plataneros canarios, las “dinastías” de Amable del Corral. Y es que a las necesarias cordura y profesionalidad hay que añadir la DEMOCRACIA.

Es cierto que, formalmente, los actuales dirigentes cuentan con el apoyo de los cosecheros. Pero también todos conocemos la antigua, enorme y densa red clientelar sobre la que se mantiene la permanencia de la vieja dirigencia. Facilitada por un sistema electoral de diversos niveles y etapas. Y resulta significativo que cuando esa vieja estructura de poder rechina con la entrada de algún nuevo dirigente con ganas de mando en plaza, no es para modernizar la estructura organizativa, sino para imitar y replicar sus comportamientos. Una suerte de “quítate tú para ponerme yo”. Y así el mantener la vieja estructura se convierte en un objetivo unánime. Para los viejos y para los nuevos. Intentando convencer de que todos los que están son los mejores porque “¿quién les va a decir a ellos lo que tienen que hacer…?”.

Por todo esto, y como se ha defendido tantas veces a lo largo de muchísimos años, la racional, profesional y democrática “gestión conjunta de la oferta”, imprescindible para el renacimiento del sector, está fuera de las posibilidades (y por supuesto y de la voluntad) de los actuales dirigentes plataneros. Que han demostrado que solo saben competir entre ellos y mantener sus pequeñitos reinos de taifas. Aunque se hunda el mundo.

Romper el círculo vicioso

Romper el círculo viciosoPor eso es imprescindible sustituir a quienes tienen poder absoluto para transformarse y no quieren hacerlo. Y habrá que poner en marcha un proceso de nueva constitución, para recuperar la buena marcha de este secular cultivo. Y para concebir y establecer nuevas formas adecuadas al presente.

Y para eso creo necesario lo siguiente:

A) Elaborar, con participación directa de los cosecheros, un Reglamento que encamine de forma unitaria, transparente y eficiente toda la cadena de valor del plátano canario. Pudiendo mantenerse las actuales cooperativas, SAT y cualquier otra forma legal de agrupación de primer grado, pero planificando la producción y homogeneizándola de acuerdo con sus características técnicas. Con la finalidad de mejorar y modernizar el sector y ponerlo en condiciones de competir en calidad con las poderosas trasnacionales. Y es necesario insistir que hay capacidad profesional de sobra y técnicos sobresalientes. Que hasta hoy no están siendo utilizados debido a las rutinas e inercias comentadas.

B) Para que este nuevo Reglamento pueda alcanzar la operatividad que se le reclama, tendría que contar con la participación de todos los cosecheros interesados. Y eso a lo largo de las distintas fases de la elaboración del borrador de Reglamento. Con participación telemática y con asambleas explicativas en las zonas de cultivo. Hasta llegar a una propuesta de nuevo Reglamento que, para poder superar definitivamente todos los obstáculos, se tendría que aprobar directamente por medio del voto individual de los cosecheros de todas las islas. Como es lógico, el censo sería el que ya controla la Consejería y por el que se distribuyen las ayudas europeas.

C) Toda esta inmensa tarea sería mucho más hacedera si el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Agricultura, liderara y garantizara todo el proceso. Para eso ya contamos con la nueva estrategia de nuestro Gobierno, dispuesto a intervenir cuando la gravedad de la coyuntura así lo exige. Y este es el caso. Es tal la gravedad de la coyuntura actual y tan evidente la estrategia para intentar superarla que nadie entendería que ahora tratara de escabullirse de esta trascendental tarea.

*Artículo redactado para la revista especializada AgropalcaAgropalca

Supo además hacer ver a quienes le rodeaban la importancia de poner en valor nuestras tradiciones, como fórmula para que ese sector primario, el campo canario, no perdiese el protagonismo que durante siglos ha tenido en la sociedad de las islas.

Era Hijo Ilustre de Tenerife e Hijo Predilecto de La Laguna, como acordó este mismo año su pleno municipal. Su trayectoria pública de más de 30 años ha estado siempre motivada por la defensa del sector primario y, principalmente, de sus protagonistas. Lo hizo desde su puesto de concejal en La Laguna, desde la Asociación de Ganaderos de Tenerife, la Cooperativa del Campo La Candelaria, la mesa del REA, la Asociación de Criadores de Raza Bovina o la Federación de Arrastre canario.

Es nuestra responsabilidad mantener vivo su legado, su compromiso, que nos sirva de ejemplo a todos para dar continuidad a ese proyecto que tiene como objetivo poner en valor y dignificar el trabajo de los hombres y mujeres del campo canario.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias

Cuando en 2015 nos planteamos los principales retos para el sector primario y de aguas en Canarias sabíamos de la complejidad del asunto. Se trataba de promover un objetivo político concreto, vinculado al aumento del marco general de autoabastecimiento, mediante el estímulo a un sector como el primario que forma de manera intrínseca de nuestro pasado y nuestra idiosincrasia.

Dos años y medio después, y con la apuesta entusiasta de un sector motivado y que mira al futuro con decisión, hemos logrado establecer las bases de un crecimiento cimentado en dos pilares clave: la modernización y la calidad, que esperamos generen una renta digna para agricultores, ganaderos y pescadores.

Hemos trabajado en enfocar las ayudas a la producción, para incentivarla, así como a la industria y al consumo. Después de dos años, este Gobierno ha puesto al día las ayudas del Posei adicional y ha logrado consolidar el compromiso del Estado para que sea asumida en su totalidad por este, tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno.

La apuesta por la modernización y el relevo generacional son dos hechos constatables en el sector. Son más de 20 millones de euros los que van destinados a ayudas para modernizar el sector y 14 los que se dedican a 250 nuevas explotaciones dirigidas por jóvenes emprendedores.

Al tiempo, hemos actualizado las ayudas al sector pesquero y enfocadas hacia la comercialización, industria y modernización de la flota e instalaciones, y nos hemos empeñado en promocionar el producto local, no solo en el exterior, sino en el mercado interior y ante los 16 millones de turistas que nos visitan cada año. El proyecto Crecer juntos va dando sus frutos de manera paulatina y genera una puesta por el valor de nuestros productos, no solo entre los visitantes, sino entre los habitantes de estas islas que los reconocen ya de forma mayoritaria como de calidad, singulares y diferenciados.

Por otro parte, todo ello será difícil de llevar a buen puerto si no logramos cerrar el ciclo integral del agua. En septiembre de 2018, estarán aprobados los planes hidrológicos, junto a los cabildos insulares, y esperamos que durante el presente mes de enero firmemos un protocolo con el Estado de obras hidráulicas que nos permita la implantación del ciclo integral del agua hasta 2029, con una inversión prevista de unos 900 millones de euros. El objetivo: generar agua para el sector primario y que deje de mirar al cielo para conocer el futuro de su cosecha.

Nos encontramos pues en la senda del futuro, pero antes debemos consolidar nuestras posiciones en Europa ante el inicio del debate sobre la Política europea Agraria Común (PAC) más allá de 2020. Ese es el motivo de que el lunes 15 de enero se reúnan en Canarias los ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal, en un foro generado por este archipiélago para crear ese espacio de debate y garantizar que a las islas se les reconozca sus singularidades en el nuevo marco de la PAC.

Queremos blindar la base jurídica sobre la que se sustentan las ayudas que recibe el agro canario porque estas ayudas -que deben ser descentralizadas y adaptadas a la realidad de todos los territorios- contribuyen a reducir la dependencia alimentaria del exterior aumentando el grado de autoabastecimiento y hacen frente al abandono de la actividad agraria, generando paisaje y manteniendo el territorio.

Es un reto complicado el que tenemos por delante y por ello es fundamental tanto la unión del sector y de sus productores como de aquellos países en los que existen territorios con singularidades específicas, como es el nuestro.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

En nombre de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), es mi deseo en estas fechas tan entrañables y familiares hacer llegar una cariñosa felicitación a todos aquellos que conformamos el subsector vitivinícola, al tiempo que aprovecho esta época de balances para dar a conocer las acciones que, siempre en beneficio del sector, hemos impulsado durante 2017 y esperamos que, con el apoyo de todos, seamos capaces de ir materializando a lo largo del próximo año 2018.

Se han encargado a través de gabinetes especializados de expertos, tanto de Península como de nuestras islas, estudios de la situación actual de las ayudas Posei, tanto en Canarias -comparativamente con otros subsectores y líneas de ayuda- como haciendo la comparación con otros territorios ultraperiféricos de la UE, donde también existen estas ayudas comunitarias.

Como conclusión de estas acciones, y ante la próxima revisión a nivel europeo de esas ayudas, hemos trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias nuestra propuesta de modificación del programa en el sentido de completar las actuales ayudas por superficie con una ayuda a la producción que proponemos inicialmente en un euro/kg recogido.

Por otro lado, hemos culminado un exhaustivo estudio de los seguros agrarios en materia vitícola, donde hemos constatado la baja eficacia de los actuales, que además condicionan un porcentaje de percepción de las ayudas Posei, por lo que también hemos hecho llegar tanto a la Consejería como a Agroseguro y a Enesa nuestra propuesta de seguro colectivo, basada en una cobertura general básica para todos los viticultores contratada a través de la DOP y con una extensión de garantías a voluntad de cada viticultor. Son modelos que en otros sectores agrarios han dado muy buenos resultados, garantizando, de este modo y manera, una cobertura adecuada del riesgo a los viticultores a un costo razonable y asumible.

Continuamos mejorando nuestra póliza colectiva de seguro de cobro ante impagos en las exportaciones, lo que está permitiendo a las bodegas adscritas a este grupo poder exportar sin riesgos de impagos y con un coste de cobertura muy bajo.

Igualmente, seguimos avanzando en el desarrollo de un grupo logístico de transporte, buscando las mejores condiciones de mercado, aprovechando sinergias que abaraten costes y permitan a nuestros bodegueros posicionar sus vinos en el continente en condiciones económicas aceptables.

También, aprovechando la línea de apoyo a la exportación a terceros países, generamos sinergias entre bodegas, organizando conjuntamente, según mercados, las misiones inversas y promociones en destino.

Paralelamente y al inicio de la presente legislatura, propusimos desarrollar la Ley de la Viña y del Vino de Canarias, y por ello desde hace dos años, a través de la DOP Islas Canarias, instamos al reconocimiento de subzonas y vinos de parcelas singulares -según posibilita la OCM actual-, lo cual genera posibilidades excelentes para la revalorización comercial de los vinos canarios. Esta solicitud de Avibo ha sido finalmente recogida en parte en el anteproyecto de Ley Agroalimentaria de Canarias que se aprobará, previsiblemente, en esta legislatura.

Por último, y para finalizar, exponer también que, entre otras muchas propuestas, hemos conseguido comprometer a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en el desarrollo de un plan vitivinícola para el archipiélago que facilite el tan necesario cambio generacional y la modernización del sector para garantizar su pervivencia.

Son muchas e importantes las propuestas que de forma continua estamos realizando ante las administraciones e instituciones competentes para intentar mejorar las condiciones de nuestro sector, por lo que, tras el trabajo hecho, solo queda mirar con ilusión a un 2018 que nos permita, con el apoyo y la adhesión de todos los viticultores y bodegueros de nuestro archipiélago, conseguir que esas metas sean una realidad en el año venidero.

*Director gerente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias

Los agricultores plataneros llevan años escuchándolo: un mal deshijador te arruina la finca. Sin entrar a debatir si la cita tantas veces repetida es o no exagerada, para los lectores curiosos no iniciados en nuestro cultivo sería oportuno explicar algunos conceptos.

Cada año, una planta da una sola piña de plátanos. Una vez cortada, la mata que la emite muere y toma su relevo uno de sus hijos, en ocasiones dos y, en algún caso, hasta tres, si bien la platanera soporta mal las familias numerosas. Se diría que en pocas especies queda tan nítidamente reflejado “el ciclo de la vida”.

Si tenemos en cuenta que la planta tiene capacidad para emitir hasta quince hijos (aunque raramente sucede), es labor del deshijador seleccionar cuál o cuáles son los los elegidos para dar la piña al siguiente año. La labor del deshijador es, sin duda, la que tiene más incidencia en cómo y cuándo será la próxima cosecha y, por tanto, en los ingresos del cosechero. Si algún agricultor comete el error de infravalorar el trabajo de estos profesionales, basta con recomendarle que haga el sencillo ejercicio de ponerse delante de una planta con cuatro o cinco hijos y decida cuál o cuáles eliminar sin que le tiemble el pulso. ¿A que se ve diferente?

“La barreta, el cuchillo y la caña (la estaquilla) dan mucho dinero”

El maestro deshijador don Rufino Hernández me contaba, en una charla en su casa de Los Silos: “Usted escuche esto: la barreta, el cuchillo y la caña (la estaquilla) dan mucho dinero, eso sí, al que lo sepa hacer”.

Muy consciente de lo vital de su labor, el deshijador ha gozado de cierto halo de admiración y respeto por parte del resto de los trabajadores de la finca. Se le trata como poseedor de un conocimiento casi mágico al que no todos pueden acceder.

A menudo se oye que no es lo mismo ser deshijador que quitar hijos, de la misma manera que no es lo mismo saber cómo se mueven las piezas del ajedrez que saber jugar al ajedrez, esto es, entender el juego.

Para quitar hijos solo hace falta una barreta, y los fundamentos técnicos de la deshijada se pueden aprender en cursos que, acertadamente, se imparten en agencias de extensión agraria. Sin embargo, los profesionales buenos son muy escasos, entendiendo por tal a aquel que es capaz de llevar la finca al momento de corte deseado con la mayor uniformidad, y de adaptarse a distintos estilos de selección de hijos en función de la zona. Lograrlo es extremadamente complicado, ya que estamos hablando de una planta en cuyo desarrollo influyen muchísimas variables, como la temperatura y luz de la huerta, el tipo de suelo, el sistema de riego, la fertilización, el aporte de materia orgánica y otros factores que todavía no conocemos, como los mecanismos de interacción entre los microorganismos y el medio físico en el suelo. Para el experto costarricense Moisés Soto, “hay dos lugares de los que todavía conocemos muy poco, el cerebro humano y lo que sucede debajo de la tierra, alrededor de las raíces”.

Esta multitud de variables hacen que deshijar bien se convierta en una labor extremadamente difícil en la que dos más dos no siempre son cuatro. Según don Rufino, un deshijador necesita al menos tres años de formación práctica antes de dejarlo solo en una finca.

Más un arte que una técnica

Para muchos, estamos hablando más de un arte que de una técnica y, como en cualquier arte, no existe una única solución válida, ya que hay varios caminos para llegar al mismo punto. No hay dos deshijadores iguales. Curiosamente, probablemente estemos ante el gremio menos corporativo del mundo. Raro es el deshijador que, cuando se le pide opinión del trabajo de otro, afirme que la tarea está bien hecha.

A veces al deshijador se le pide que haga milagros con lo que tiene en la finca, lo que viene a ser como pedirle a un cocinero que haga buena comida con mala materia prima. Ese deshijador exigente desearía que se le ponga estiércol a toda la finca todos los años y que se riegue con agua mineral cristalina y pura en abundancia. Ya le gustaría al agricultor poder realizar semejante dispendio. La realidad es que se trabaja con recursos limitados.

Maneras de deshijar hay tantas como deshijadores, pero podría decirse que se repiten con frecuencia algunas situaciones. Están aquellos que entienden que deshijar bien es mantener una huerta sembrada en línea más derecha que la recta de Padrón. Los observadores y paseantes suelen decir aquello de “¡fíjate, que bien deshijada, que se ve la pared del fondo!”.

Siendo aconsejable que se mantenga la huerta bien distribuida, en mi opinión no puede sacrificarse la vitola (tamaño deseable de los hijos) por mantener obsesivamente la línea. Esto es, si un hijo es el adecuado por tamaño pero hay que desviarse para dejarlo, ya habrá tiempo de volver el año que viene a la fila. Más importante y complicado, pero menos lucido a la vista del paseante, resulta mantener la huerta en tamaño uniforme para concentrar las labores, consiguiendo un notable ahorro de tiempo y trabajo.

Cortes de la barreta en las manqueras

El deshijador y los riegos por goteo se suelen llevar mal. Y así hay algunos que no tienen por costumbre portar empates para arreglar los cortes de la barreta en las mangueras. Después de pasar los deshijadores por la finca, el encargado suele estar tres o cuatro días acordándose de los difuntos del de la barreta mientras arregla fugas.

Tener la hijería grande y adelantada suele valorarse. Sin embargo, a veces se va la mano y un porcentaje muy alto de la fruta puede nacer en mayo, mes poco deseable porque esa fruta suele tener pequeño tamaño y cortarse en verano. También para estas situaciones se ha creado una sentencia: “Para tener la finca adelantada ha de haber fruta en mayo”.

Con unas fincas en las que la tierra de cada cantero es de diferente textura, con zonas sombrías, ventosas, riegos a veces no uniformes y poca comida, la labor de estos profesionales es admirable. Sirva este artículo como pequeño reconocimiento a su trabajo.

*Ingeniero agrónomo (haroinfante@hotmail.com). Artículo hecho para la revista Agropalca, donde se publica en la edición de diciembre de 2017.haroinfante@hotmail.comAgropalca

Si bien el contexto de un europeo es distinto del entorno de una mujer o un hombre de un país en desarrollo y la situación que afronta un agricultor de la vieja Europa parece situarse a años luz de las dificultades de un productor de África, Asia o América Latina, la pequeña y mediana agricultura comparten en el fondo los mismos problemas tanto en el Sur como en el Norte y, por tanto, deben ser afrontados en su conjunto.

Las políticas actuales, desde el punto de vista financiero, económico, comercial y empresarial, tienen gran influencia para todos los habitantes del medio rural. Las multinacionales agroalimentarias, junto a las financieras, biotecnológicas y grandes grupos de fondos de inversión, condicionan unos mercados cada vez más globalizados y, en particular, las políticas agrarias, arrastrándolas a la cada vez más radical desrregulación, que facilita sus negocios especulativos.

Con la globalización, el poder de las multinacionales es creciente y cada vez más monopolizado. La Organización Mundial del Comercio (OMC), que del 10 al 13 de diciembre celebra en Buenos Aires su XI Conferencia Ministerial, y los acuerdos bilaterales de liberalización comercial, como el que se negocia actualmente entre la UE y Mercosur, tienen como objetivo construir paso a paso un mercado libre y especulativo a escala mundial, también en la agricultura y la alimentación, para llevar las producciones sin oposición alguna de un lugar a otro del mundo y localizarlas en el sitio que ofrezca el menor coste.

Este principio entra en el reparto del trabajo a escala internacional: cada zona del mundo (o la que pueda) se especializa en aquel sector que le permita producir a un menor coste respecto al resto sin importar los impactos sociales o medioambientales y vulnerando los derechos humanos básicos, como el de la alimentación. Las políticas decididas en la OMC y los Tratados de Libre Comercio destruyen el modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en España y en la UE, al tiempo que fomentan una agricultura especulativa, especializada por sectores y orientada a la exportación.

Un modelo comercial dominante que, por otra parte, se niega a reconocer que los recursos tierra y agua son limitados en un contexto marcado por el cambio climático. Y que además se están perdiendo a marchas forzadas como consecuencia de la expansión del urbanismo especulativo, las infraestructuras viarias y la desertización.

Según la FAO, en los últimos 15 años se ha retrocedido en superficie agraria útil, y una cuarta parte de la superficie agraria mundial ha perdido su potencial productivo por degradación y desertificación. Esto deviene en una carrera especulativa de acaparamiento de tierras fértiles y de los recursos hídricos en países vulnerables por parte de los países desarrollados y las potencias emergentes.

En la última década, se han acaparado 80 millones de hectáreas de tierra, el 60% en África y otra buena parte en América del sur, vinculadas a la sobreexplotación de agua del subsuelo. Paradójicamente, buena parte de dicha superficie no se está destinando a la alimentación de las poblaciones locales, sino a agrocombustibles, fibras textiles o monocultivos para la exportación, con enormes costes energéticos y ambientales por el transporte a largas distancias, que no se visibilizan en los cálculos de eficiencia.

Cada día se hace más palpable la paradoja de una liberalización comercial que supuestamente debería beneficiar a las sociedades en su conjunto, generar riqueza y favorecer el desarrollo -o al menos eso argumentan quienes la promueven-, pero que en la práctica solo beneficia a aquellos que manejan el comercio y destruyen los recursos naturales.

Tal y como muestra el último Informe sobre el comercio mundial, “el 80% de las exportaciones de los Estados Unidos son gestionadas por el 1% de los grandes exportadores; el 85% de las exportaciones europeas están en manos del 10% de los grandes exportadores y el 81% de las exportaciones se concentra en las cinco principales empresas exportadoras en países en vías de desarrollo”.

No es difícil entender por qué el mercado mundial, en su amplitud, requiere grandes cantidades uniformizadas en cuanto a gusto, forma y duración. Hoy la UE, junto a los gobiernos, están depositando las decisiones sobre la agricultura y la alimentación en manos de las grandes transnacionales que actúan y dominan los mercados internacionales. Los ciudadanos estamos perdiendo la soberanía alimentaria, nuestro derecho a decidir sobre el modelo de agricultura y alimentación.

De ahí que desde COAG mantengamos que la agricultura y la alimentación no pueden seguir formando parte de las negociaciones y tratados de libre comercio en el seno de la OMC. No pueden ser tratadas como elementos especulativos de los mercados, al mismo nivel que los fondos de pensiones, coches o microchips.

Debe respetarse y recuperarse la soberanía alimentaria de los países, posibilitando un modelo de agricultura sano, sostenible, generador de vida y que respete el derecho innegociable a la alimentación en todas partes del planeta. Es en este contexto en el que COAG defiende el principio de soberanía alimentaria, como facultad legítima de los estados para establecer sus propias políticas agrarias y de alimentación según las estrategias de seguridad alimentaria, sostenibilidad de la producción y equilibrio respecto a la dependencia de los mercados globales.

Ello implica la capacidad de proteger el mercado doméstico y el rechazo del dumping en las exportaciones agroalimentarias, resaltando la relación que tiene la importación de alimentos baratos desde países terceros con el debilitamiento de la producción y de la población agraria local. No se puede avalar un sistema de comercio que no valore a los productores de alimentos, que no respete sus derechos y que amenace su sustento, poniendo en riesgo su propia supervivencia. Es el sector agrario, y especialmente el modelo social de agricultura, el que paga la factura más cara. En el modelo alimentario de las multinacionales no caben las explotaciones agrarias familiares ni la producción de carácter social.

Debemos recuperar el carácter estratégico del sector agrario, como garante de una producción sostenible de alimentos. Aunque este planteamiento pudiera parecer obvio, durante los últimos años las políticas agrarias han estado buscando una legitimación al margen de la producción alimentaria, ya sea en la multifuncionalidad de la actividad agraria, en la protección medioambiental, en la orientación al mercado, en el desarrollo de las zonas rurales o en la necesidad de que la agricultura se adapte a los nuevos acuerdos de liberalización comercial.

Aun así, desde COAG siempre lo hemos tenido claro: la esencia de nuestra labor es la producción de alimentos para la sociedad. Por este motivo, día tras día nos reafirmamos en un modelo social de agricultura basado en el carácter social, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directa y personalmente en sus fincas y granjas y que viven de su actividad, con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para la población. Un modelo que genera empleo y economía real en el territorio que más lo necesita, el medio rural, con el que está integrado y que, por lo tanto, no se deslocaliza.

Sería absolutamente imprescindible verificar el impacto de las aperturas comerciales, especialmente con el objeto de comprobar que se producen avances en materia de respeto al medioambiente, en los derechos laborales y -sobre todo- en el desarrollo económico y social de la población local, y no solo de las grandes corporaciones locales o extranjeras, como sucede en la actualidad. Para ello, resultaría obligatorio condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, medioambiental y sanitaria.

El diálogo, la transparencia y el respeto, así como la búsqueda de una mayor equidad con la vista puesta en criterios sociales y medioambientales, pueden contribuir al desarrollo sostenible, a la seguridad alimentaria y a la mejora de los derechos de las los agricultores de todo el mundo, beneficiándose de todo ello también los consumidores europeos.

* Secretario general de la organización profesional agraria COAG