Te escribo animado por una reciente entrevista al magistrado Baltasar Garzón en la que defendía algo que debería ser obvio en una democracia: que la justicia se puede y se debe criticar, y que no puede existir un “manto de protección” que la sitúe al margen del debate público.

Desde esa reflexión, me permito trasladar una impresión personal que, sin pretender generalizar, creo que merece al menos ser considerada: la sensación de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en determinadas ocasiones, no está ejerciendo plenamente su función de órgano de gobierno y control de la judicatura.

Conviene recordar que, en nuestro sistema constitucional, todos los poderes del Estado emanan, directa o indirectamente, de la soberanía popular. También el judicial. Sin embargo, a veces parece proyectarse la idea de que este poder opera en una esfera prácticamente inmune a la crítica, como si la independencia judicial implicara también inmunidad institucional.

En ocasiones, el tono de sus manifestaciones parece más el de quien se considera injustamente tratado que el de una institución llamada a actuar con la máxima autoridad y serenidad.

La independencia judicial exige precisamente lo contrario: autocontención, rigor técnico y una especial atención a la apariencia de imparcialidad. Por ello, resulta difícil de entender —al menos para un ciudadano no jurista, ingeniero de formación, como quien escribe— que no se haya producido una reacción clara ante conductas como la de jueces que se han pronunciado públicamente contra normas aún no aprobadas. ¿No corresponde al legislativo la elaboración de las leyes? ¿No debería la función judicial centrarse en su aplicación conforme al ordenamiento jurídico?

Además, conviene no olvidar que los jueces no están llamados a sustituir la voluntad del legislador, que es quien representa directamente la soberanía popular. Su función es aplicar la ley, no anticiparse a ella ni situarse por encima de las decisiones adoptadas por el poder legislativo.

Del mismo modo, determinadas resoluciones o construcciones jurídicas que generan perplejidad no parecen haber merecido valoración institucional alguna. No se trata de cuestionar la independencia judicial, sino de plantear si el CGPJ debería ejercer de forma más visible su función de garantía de la calidad, coherencia y credibilidad del sistema.

Desde esta perspectiva, surge una duda legítima: ¿está actuando el CGPJ con la suficiente cercanía al interés general, o existe el riesgo de que se perciba como un órgano más orientado a la defensa corporativa que a la rendición de cuentas?

Quizá esta percepción sea errónea. O quizá no. Pero, en cualquier caso, merece ser abordada, porque la confianza en la justicia no depende solo de su independencia formal, sino también de cómo es percibida por la ciudadanía.

Por ello, me permito plantear una última cuestión: ¿existen mecanismos suficientes para supervisar al propio órgano de gobierno de los jueces? Porque en un Estado de Derecho no debería haber espacios inmunes al escrutinio.

La justicia debe ser independiente, sí, pero también comprensible, razonable y cercana. Y eso exige no solo principios, sino también práctica y autocrítica.

Quizá, como se dice coloquialmente, aquí también habría que venir “juzgado” de casa: quien juzga debe admitir, al menos, ser juzgado en el ámbito de la crítica pública. Y también, desde el respeto institucional, aceptar las críticas que puedan proceder de otros poderes del Estado, incluido el ejecutivo.

Atentamente,

Porque en lugar de proveer al mundo con una distracción es bastante probable que nos vayamos a encontrar con el Mundial más politizado de la historia. Ni siquiera ha empezado y no hacen más que llegarnos noticias que nada tienen que ver con goles, penaltis, fueras de juego o revisiones interminables del VAR.

Así, por ejemplo, al árbitro somalí Omar Abdulkadir Arkan se le prohibió el acceso a E.E.U.U. A varios jugadores de la selección de Senegal se les cacheó exhaustivamente a su llegada como si fuesen delincuentes. Lo mismo que sufrieron algunos integrantes de la selección de Uzbekistán. Ambos casos se quedan cortos con lo que tuvo que vivir el delantero de la selección de Irak, Aymen Hussein, al que retuvieron e interrogaron durante más de 7 horas en el aeropuerto de Chicago. Y para rematar todo este esperpento la selección de Irán no podrá pernoctar en suelo estadounidense, de modo que tendrá que viajar desde México el día mismo de sus partidos y regresar inmediatamente allí al finalizarlos.

El aberrante trato que están sufriendo todos estos futbolistas se justifica por el pánico que tiene Donald Trump a que se cuele en E.E.U.U. algún indeseable inmigrante, cosa que también fueron su abuelo Frederick o Ivana y Melania, dos de sus tres mujeres. Eso, al menos, nos venden. En realidad, más parece que Trump está azuzando a su policía contra los jugadores de países de los que puede abusar o que son rivales políticos.

Y ya sabemos lo mal que se lleva Trump con nuestro Presidente. Tanto que, de hecho, el jefe de los autoproclamados defensores del mundo libre está intentando, vía lawfare, imponernos un gobierno que le gusta más. Así que nadie se extrañe si terminamos viendo la imagen de Nico Williams y Lamine Yamal con las manos apoyadas en la pared mientras les registran a ellos y a su equipaje.

O sea que ni el circo del Mundial de fútbol vamos a tener en paz. Y eso que la FIFA le otorgó su premio de la Paz, precisamente, a Donald Trump. Un reconocimiento de muchísimo prestigio, a la vista de la grandeza de los ganadores previos. Y sobre todo, viniendo de una institución tan intachable como la FIFA, que apenas suma a un expresidente condenado por recibir sobornos, a otro investigado por corrupción y al actual recientemente denunciado por tráfico de influencias.

Que igual también por ese motivo, porque ya bastante tienen con lo suyo, la FIFA calla y otorga ante todos los desmanes de la policía estadounidense. Y eso a pesar de que su gran negocio empieza a resentirse. Porque ya no es solo que las previsiones más optimistas de ganancias para el Mundial no se vayan a cumplir. Es que, a la vista de las entradas que siguen sin venderse y de la oleada de cancelaciones de reservas en hoteles, hay una más que creciente preocupación a que el Mundial 2026 termine siendo un fracaso.

Un fracaso que se deberá, en gran medida, por la incapacidad de Donald Trump de dejar la política al margen del balompié. Algo que, por poner en contexto, sí supieron hacer, en plena Primera Guerra Mundial, enemigos declarados como eran los soldados franceses, alemanes y británicos en lo que se conoció como «Tregua de navidad».

Pese a todo, aquellos eran hombres que sabían ser civilizados. En cambio, ninguna tregua va a tener el mundo mientras Donald Trump siga en su cargo. Y eso que a nadie le vendrían mejor las distracciones que al más de 3.000 veces nombrado en los archivos del pederasta Epstein. Pero es que ni eso sabe hacer bien. En fin…

Ojalá tengamos la fiesta del Mundial en paz pero, desde luego, no tiene esa pinta.

La realidad es que las voces críticas que pueden surgir entre la militancia se ven ahogadas ante la falta de un marco legal que permita cuestionar las decisiones que toman sus cúpulas directivas. ¿A quién dirigirse dentro del organigrama de la formación? España obliga a controlar al Gobierno en el Parlamento, pero no obliga a controlar a quienes mandan dentro de los partidos. ¿No debería hacerlo? Los mecanismos de control interno existen, pero suelen depender de las propias direcciones y carecen de la autonomía, periodicidad y capacidad de exigir cuentas, que sí encontramos en otras instituciones.

Quizás sea hora de reformar la L.O. 6/2002 de Partidos Políticos, y de paso, también la L.O. 8/2007 de Financiación de los mismos. ¿Alguien puede entender que la ley siga permitiendo pagos en efectivo dentro de estas organizaciones después de las sentencias que acreditaron la existencia durante años de una caja B en el PP? Es inaudito.

Podría ser interesante incluir en esa nueva ley la creación de un comité de control, elegido por las bases de manera independiente a la junta o comisión directiva, con mandatos renovables periódicamente. Este órgano no intervendría en las decisiones de la junta o comisión, pero sí podría someterla a sesiones periódicas de control —como el Parlamento hace al Gobierno—. Además, tendría una función decisiva: someter a votación extraordinaria de la militancia cuestiones importantes cuando un determinado porcentaje de la misma lo solicita.

La reforma debería también abordar temas como la obligatoriedad de elecciones primarias para elegir a los dirigentes, la periodicidad en que deben renovarse los cargos, la elección de los líderes autonómicos por las bases de cada organización territorial sin imposición de la dirección nacional, y la prohibición de las donaciones en efectivo y de pagos en metálico que excedan una cantidad mínima legalmente establecida. Una auditoría externa obligatoria al año por una empresa independiente no estaría de más, porque la experiencia muestra que la fiscalización del Tribunal de Cuentas no basta para prevenir la corrupción.

En el contexto actual de la política española con parlamentos fragmentados tanto a nivel nacional como autonómico, quizás la reforma debería incluir también la necesidad de realizar consultas a las bases para ratificar determinados acuerdos, más aún si incumplen una promesa electoral. Pero no solo en estas situaciones extraordinarias sería útil un comité de control; también para zanjar cuestiones que dividen a la militancia. Hay ejemplos en los dos partidos mayoritarios. Resultaría legítimo preguntarse si una consulta interna a los afiliados del PP habría permitido mantener durante meses el respaldo de la dirección a un presidente de la Generalitat valenciana fuertemente cuestionado por su actuación el fatídico día de la dana. O, en el bando opuesto, si permitiría a la actual dirección del PSOE mantenerse en su cargo sin necesidad de ser ratificada por las bases tras las imputaciones sucesivas de sus dos últimos secretarios de organización, sumando ahora la imputación de uno de ellos por presuntos intentos de coacción a la Justicia.

Quienes dirigen un partido acabarán gobernando, solos o en coalición. ¿No deberíamos ser más exigentes con los que aspiran a hacerlo? Pues empecemos allí donde nace el poder: en el seno de las organizaciones políticas. Un presidente del Gobierno debe comparecer ante el Parlamento. Un alcalde, ante el pleno municipal. Incluso el consejo de administración de una empresa que cotiza en bolsa debe someter su gestión al escrutinio de los accionistas. Sin embargo, un secretario general o presidente de un partido acumula un enorme poder interno durante los años que dura su mandato estatutario, sin tener que rendir cuentas a ninguna oposición. ¿No habría que intentar corregir esta realidad? La democracia sin duda se reforzaría.

España es, por mandato constitucional, un Estado aconfesional. Las leyes no se fundamentan en dogmas religiosos, sino en principios democráticos, derechos fundamentales y decisiones adoptadas por representantes elegidos por la ciudadanía. Por ello resulta profundamente preocupante que una autoridad religiosa extranjera pretenda situar sus convicciones doctrinales por encima de la soberanía legislativa española, cuestionando derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico como la interrupción voluntaria del embarazo o la prestación de ayuda para morir.

La cuestión de fondo no es que el Papa exprese sus creencias —algo legítimo en cualquier sociedad libre—, sino que pretenda presentarlas como un criterio superior al debate democrático y como una referencia moral obligatoria para el conjunto de la ciudadanía, incluidos quienes no comparten su fe. En una democracia moderna, ninguna confesión religiosa puede reclamar privilegios políticos ni capacidad de tutela sobre las instituciones civiles.

Resulta especialmente llamativo que durante su visita se dedicaran amplios esfuerzos a censurar leyes aprobadas democráticamente mientras la cuestión de los abusos sexuales cometidos dentro de instituciones eclesiásticas volvía a ocupar un lugar secundario. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y reconocimiento pleno de las responsabilidades institucionales. Cualquier autoridad moral que aspire a influir en la vida pública debería demostrar la misma contundencia al afrontar las heridas provocadas dentro de su propia organización que la que emplea para cuestionar las decisiones soberanas de un Estado democrático.

Ante esta nueva ofensiva doctrinal contra derechos consolidados, conviene recordar algunos principios esenciales.

1- El aborto y la eutanasia son derechos regulados, no obligaciones impuestas. Nadie está obligado a recurrir a ellos. Las leyes existentes simplemente garantizan que quienes, en determinadas circunstancias y bajo estrictos requisitos legales, decidan ejercer esas opciones puedan hacerlo con seguridad jurídica, sanitaria y personal.

2- La legislación española no impone una visión moral única sobre la ciudadanía. Precisamente porque España es una sociedad plural, las leyes permiten que convivan diferentes convicciones éticas y religiosas. Quien considere inmoral el aborto o la eutanasia es libre de no recurrir a ellos; lo que no puede pretender es imponer esa convicción particular al conjunto de la sociedad mediante la presión de una autoridad religiosa.

3- La regulación del aborto responde a criterios de salud pública, igualdad y protección de derechos. La experiencia histórica demuestra que su prohibición no elimina su práctica, sino que la desplaza hacia la clandestinidad, aumentando los riesgos para las mujeres, especialmente para las más vulnerables económicamente.

4- La eutanasia reconoce la autonomía personal frente al sufrimiento irreversible. La dignidad humana incluye la capacidad de decidir sobre el propio final de vida cuando concurren circunstancias extremas definidas por la ley y supervisadas por profesionales sanitarios y órganos de control independientes.

5- La soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo español. Ninguna autoridad religiosa, nacional o extranjera, posee legitimidad democrática para condicionar las leyes aprobadas por las instituciones representativas del Estado.

Por ello, la respuesta a las declaraciones papales no debe ser la confrontación religiosa, sino la defensa firme de los principios democráticos. Las leyes españolas pueden ser modificadas, ampliadas o derogadas, pero únicamente mediante los procedimientos previstos por la Constitución y a través de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas y en sus instituciones representativas, nunca por la presión doctrinal de ninguna confesión religiosa.

La democracia española no necesita tutela espiritual para legislar. Necesita respeto a su soberanía, a su pluralismo y a la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos.

La RAE asocia “crédito” a la economía (Cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución) y habla de crédito abierto, blando, extraordinario, presupuestario, público o sindicado. También propone locuciones como “a crédito”, “abrir un crédito” y “dar dinero a crédito”. Es habitual unir el término a otro para crear nuevos conceptos: cuenta de crédito, riesgo de crédito, tarjeta de crédito, títulos de crédito o transferencia de crédito. Admite como sinónimos préstamo, financiación o anticipo, pero descarta como tal la usura.

En su acepción 3ª, “crédito” se define como Reputación, fama, autoridad, y en la 6ª como Opinión que goza alguien de que cumplirá puntualmente los compromisos que contraiga. La locución “dar crédito” equivale a creer (tener algo por cierto o verosímil, o a alguien por veraz) y “sentar, o tener sentado, el crédito alguien” a afirmarse y establecerse en la buena fama y reputación del público por medio de virtudes, letras o loables acciones. Es sinónimo de fama, reputación, renombre, prestigio, fiabilidad, credibilidad y confianza.

Relacionado con la percepción social de personas e instituciones, “crédito” cotiza en la bolsa de los vértigos, a menudo más próximo a interpretaciones interesadas que al rigor de la semántica. Es en este terreno donde adquieren más relevancia sus antónimos “descrédito” (disminución o pérdida de la reputación de las personas), “difamación” (desacreditación de alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama) y otros términos empleados para menoscabar honestidades y reputaciones.

Al margen del descrédito forzado por las acciones coordinadas de varios actores sobre la opinión pública para favorecer determinados intereses personales o grupales, es palmario el descrédito que dichas acciones, por sí mismas, ejercen sobre las personas e instituciones que las llevan a cabo. No es tanto el descrédito, por ejemplo, de Begoña Gómez como el que supone para la prensa, la Justicia y la Democracia la astracanada consentida al juez Peinado; y es demoledor el descrédito de las fuerzas de seguridad que fabrican pruebas, investigan de forma irregular a personas o partidos, o golpean a capricho.

Conviene tener cuidado con el descrédito intencionado que suele revolverse contra quienes lo promocionan como arma sin pudor alguno ni profilaxis. El descrédito de la política es consecuencia del ejercicio demagógico y polarizador continuo a cargo de los actores del régimen del 78. El descrédito de la religión proviene del comportamiento pecaminoso de jerarquías y feligresías. Y el descrédito de los Servicios Públicos es un crédito abierto de las derechas al sector privado a cambio de… no es tan difícil de imaginar.

Si la Justicia, la UCO y la UDEF se escandalizan porque alguien intenta desacreditarlas, debieran reaccionar de igual forma ante las injustificables maniobras de sus propios miembros, coordinadas con las de Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, la infame prensa afín y otras formas de manipulación proclives al temible ruido de sables.

Y para evitar que les arrebaten lo que alucinadamente creen únicamente suyo, están dispuestos a ir a por todas y a por todos los que se interpongan en su camino.

Para conseguirlo han demostrado sobradamente que no hacen prisioneros, que todo vale. Desde declarar ilegítimo a un gobierno democrático, a utilizar todos los resortes a su disposición, que estamos comprobando que son muchos, poderosos y variados.

Porque compartiendo todos el gusto por la fruta, no son necesarias ni planes ni reuniones ni complots. Para qué, se dicen, si cada uno sabe lo que tiene que hacer. O sea, que p'alante.

Han conseguido que la independencia del poder judicial en España sea como creer en los Reyes Magos. Sería maravilloso que fueran de verdad pero hay tantas evidencias en contra que la ilusión se desvanece enseguida.

Y es que estamos asistiendo a una sucesión sospechosamente simultánea de procesos judiciales, en los que los tiempos se acompasan, retrasando lo que conviene y acelerando lo que interesa y se proclaman a los cuatro vientos deducciones aventuradas de cuerpos policiales que los jueces se limitan a adornar con prosa jurídica, abriéndose diligencias interminables, no para averiguar los hechos sino para ocupar tiempo y sitio en los medios de comunicación, que así tenemos caldeado el ambiente.

Disponiendo de los medios y el poder que las leyes les confieren, en vez de dedicar su tiempo, que pagamos todos, a intentar que haya más justicia, parecen dedicarse a intervenir e influir todo lo que se pueda para que todo discurra por los cauces que ellos consideran los más adecuados.

Y si alguien rechista, corporativamente se alzan indignados contra tan intolerable intromisión. Debe ser que manifestarse con el uniforme de trabajo delante de los juzgados que dirigen, contra una ley que todavía no se ha aprobado y que de aprobarse deben cumplir y hacer cumplir, es una muestra de su tan cacareada imparcialidad.

Por supuesto que todo no es invención, que puede haber miembros de este gobierno, familiares suyos y allegados que hayan podido cometer delitos. El problema es que como están las cosas nos vamos a quedar sin saber quienes son y que delitos han cometido, tal es la interesada confusión en que vivimos.

Eso sí, como en las mejores películas de mafiosos todo tiene que parecer un accidente.

Y para evitar que les arrebaten lo que alucinadamente creen únicamente suyo, están dispuestos a ir a por todas y a por todos los que se interpongan en su camino.

Para conseguirlo han demostrado sobradamente que no hacen prisioneros, que todo vale. Desde declarar ilegítimo a un gobierno democrático, a utilizar todos los resortes a su disposición, que estamos comprobando que son muchos, poderosos y variados.

Porque compartiendo todos el gusto por la fruta, no son necesarias ni planes ni reuniones ni complots. Para qué, se dicen, si cada uno sabe lo que tiene que hacer. O sea, que p'alante.

Han conseguido que la independencia del poder judicial en España sea como creer en los Reyes Magos. Sería maravilloso que fueran de verdad pero hay tantas evidencias en contra que la ilusión se desvanece enseguida.

Y es que estamos asistiendo a una sucesión sospechosamente simultánea de procesos judiciales, en los que los tiempos se acompasan, retrasando lo que conviene y acelerando lo que interesa y se proclaman a los cuatro vientos deducciones aventuradas de cuerpos policiales que los jueces se limitan a adornar con prosa jurídica, abriéndose diligencias interminables, no para averiguar los hechos sino para ocupar tiempo y sitio en los medios de comunicación, que así tenemos caldeado el ambiente.

Disponiendo de los medios y el poder que las leyes les confieren, en vez de dedicar su tiempo, que pagamos todos, a intentar que haya más justicia, parecen dedicarse a intervenir e influir todo lo que se pueda para que todo discurra por los cauces que ellos consideran los más adecuados.

Y si alguien rechista, corporativamente se alzan indignados contra tan intolerable intromisión. Debe ser que manifestarse con el uniforme de trabajo delante de los juzgados que dirigen, contra una ley que todavía no se ha aprobado y que de aprobarse deben cumplir y hacer cumplir, es una muestra de su tan cacareada imparcialidad.

Por supuesto que todo no es invención, que puede haber miembros de este gobierno, familiares suyos y allegados que hayan podido cometer delitos. El problema es que como están las cosas nos vamos a quedar sin saber quienes son y que delitos han cometido, tal es la interesada confusión en que vivimos.

Eso si, como en las mejores películas de mafiosos todo tiene que parecer un accidente.

Y por eso quiero hacer una pregunta incómoda que casi nadie se hace: ¿dónde está el menor en este conflicto? El profesorado tiene razón en muchas reivindicaciones, con ratios imposibles, interinidades precarias, burocracia asfixiante, y merecen respuesta sindical contundente. Pero en el debate solo aparecen dos actores adultos con agencia: los sindicatos y la Administración. Desaparece el sujeto que más pierde, el estudiante que ese día no recibe clase y no puede hacer nada al respecto. Yo lo tengo en casa. Es la razón de ser de toda la profesión educativa y, en mi caso, también quien (a veces) me da los buenos días.

En nuestra familia hemos optado por seguir llevándolos a la escuela los días de huelga. Somos minoría, y lo sé. Los servicios mínimos se limitan a vigilancia: mis hijos no han tenido clase, han pasado la jornada jugando a juegos de mesa bajo la custodia de quien quedaba libre. La escuela deja de educar y pasa a guardar. Y hay un coste más silencioso: el de ser los raros, los pocos que aparecen en un centro semivacío por decisión de sus padres. También eso lo pagan ellos. La mayoría, ante la falta de conciliación real, deja a los hijos solos; otros tiran de los abuelos, eternos salvadores del sistema; otros dependen de que un progenitor renuncie a su jornada. Cada casa improvisa según sus recursos, y esa desigualdad hace que la huelga golpee a cada niño de un modo distinto.

Voy a decir algo que quizá no me agradezcan algunos compañeros, pero que digo desde la lealtad. El profesorado es débil frente a la Administración, sí, pero privilegiado frente a buena parte del mundo laboral: tenemos estabilidad, calendario y derechos que para otras profesiones son ciencia ficción. Reconocerlo no debilita nuestras reivindicaciones: las hace más creíbles. Y de ese privilegio se deriva una responsabilidad. Cuando un colectivo desfavorecido para la producción, a menudo no tiene otra herramienta, nosotros sí: tenemos voz, organización y capital simbólico. Y el profesorado de menores carga además con algo decisivo: una profesión cuya razón de ser es el cuidado y formación de menores. Eso obliga a un estándar más alto, no más bajo.

Porque el derecho de huelga no obliga a una única forma de huelga: la total, que cierra el aula y descarga el coste sobre el alumno, es la más visible, no la única ni la más inteligente. Hay formas que golpean a la Administración sin abandonar al menor: huelga administrativa, negativa a las evaluaciones externas y a la recogida de datos que la Consejería necesita, paros con acogida garantizada. Un sindicalismo maduro distingue entre dañar a quien puede ceder y dañar a quien no tiene poder sobre nada.

Porque el responsable último no es el profesorado ni el sindicato: es la Administración, que tiene la obligación exigible de garantizar la educación obligatoria incluso durante un conflicto, y la incumple fijando servicios mínimos que son pura ficción. Faltan medidas compensatorias reales: refuerzo del calendario, materiales garantizados para el alumnado vulnerable, seguimiento del impacto sobre quien está en riesgo de exclusión.

Defiendo la escuela pública porque es lo que tienen mis hijos y los hijos de quien no puede pagar otra cosa. La defiendo los días de clase y los de huelga. Y defenderla de verdad es no convertir a los niños que dependen de ella en la moneda con la que pagamos nuestros conflictos. Esa es la responsabilidad que nos toca como adultos, como profesionales y, algunos, como padres que esta noche cenaremos frente a los rostros de quienes más pierden cuando el aula se apaga.

Mientras el museo contemporáneo se define por su capacidad para dialogar con la sociedad, quienes sostienen ese diálogo ocupan, con demasiada frecuencia, uno de los lugares más precarios de la institución. Los equipos de información y mediación reciben, orientan, explican, acompañan y hacen inteligibles las colecciones para miles de personas cada día. Son quienes convierten una visita en una experiencia y un edificio en un espacio público. Pero siguen siendo considerados un servicio subsidiario y, por tanto, externalizable.

Se invierten grandes cantidades de dinero en conservar una obra durante siglos, pero aceptamos con demasiada naturalidad que quienes la ponen en diálogo con la ciudadanía vivan pendientes de una licitación que se renueva cada pocos años. Se proclama la cultura como un derecho, pero el trabajo que hace posible ese derecho se somete a la lógica de la oferta económicamente más ventajosa. Así se erosiona, casi sin advertirlo, la propia idea de servicio público.

Hace tiempo que muchas de estas profesionales aprendieron un lenguaje que nunca imaginaron necesitar. Saben leer pliegos administrativos, interpretar convenios, calcular subrogaciones, presentar alegaciones y defender derechos laborales con la misma naturalidad con la que atienden a un visitante o acompañan una actividad educativa. Han incorporado la incertidumbre a su rutina. Han asumido que, cada pocos años, su futuro volverá a depender de una adjudicación.

Tampoco parece casual que estas áreas estén profundamente feminizadas. Los trabajos vinculados al cuidado, la educación, la escucha o la mediación han sido históricamente menos reconocidos que otros considerados más técnicos o especializados. También dentro de las instituciones culturales. Como si explicar, acompañar o facilitar el acceso al conocimiento fuera una tarea secundaria y no una condición indispensable para que el museo cumpla su función social.

Quizá por eso, cuando estos equipos dejan de limitarse a atender al público y empiezan a reclamar condiciones dignas, no solo están defendiendo sus empleos. Están planteando una cuestión mucho más profunda: qué modelo de museo queremos construir. Y para quién. Estos días, la movilización del equipo de información y mediación del Museo Reina Sofía ha servido para hacer visible una realidad que lleva demasiado tiempo oculta bajo la aparente normalidad de los concursos públicos.

Un museo no se convierte en un espacio público por el simple hecho de abrir sus puertas. Lo es cuando cualquier persona puede entrar, comprender, emocionarse y sentir que aquello que contempla también le pertenece. Esa posibilidad no surge de manera espontánea. Se construye cada día gracias a un trabajo paciente, especializado y casi siempre invisible.

Defender la información y la mediación no es defender un servicio auxiliar. Es defender una idea de museo. Una institución que no solo conserva el patrimonio, sino que lo pone en circulación, lo comparte y lo convierte en un bien común. Todo lo demás (la investigación, la conservación, la excelencia científica) pierde parte de su sentido si se rompe ese vínculo con la ciudadanía.

Los museos españoles necesitan seguir hablando de accesibilidad. Pero, sobre todo, necesitan empezar a reconocer a quienes la hacen posible. Porque las colecciones conservan la memoria, pero son las personas quienes mantienen viva su capacidad de interpelarnos.

Crecí cerca del Puente de Segovia y he vivido de primera mano la evolución del río en las últimas décadas. Nunca lo vi tan hermoso, ni tan poco merecedor de las bromas que ha soportado durante siglos. Nada que ver con ese cauce de aguas contaminadas que fue escenario de buena parte de mis andanzas infantiles.

Esta explosión de vida me hace recordar que, cuando, hace años, el ayuntamiento presentó el plan de renaturalización del Manzanares, la oposición de entonces acusó al consistorio de querer convertirlo en un “un charco inmundo”.

Ahora esas declaraciones se ven ridículas, ¿qué nos parecerán tantas de las que escuchamos hoy dentro de unos años? Y así se nos pasa la vida: crispados con insultos, bulos y exageraciones.

La culebra viperina también ha vuelto al Manzanares; alrededor del río, la lengua viperina nunca se fue.

La moción de censura en España, acorde con la Ley Fundamental de Bonn, debe ser constructiva, para evitar mayorías negativas, unidas para derribar un gobierno, pero desunidas para presentar una alternativa.

La censura al Gobierno supone, por un lado, exponer las razones por las que el gobierno merece ser sustituido y por otro lado, más importante, la exposición minuciosa y detallada del programa del candidato a la Presidencia.

Es aquí donde aparece la dificultad que tiene el señor Feijóo.

La moción de censura es una oportunidad de oro para el candidato, debido a que es él quien maneja los tiempos para desgranar su programa. La moción presentada en 1980 no prosperó, como era de esperar y así lo hizo ver Felipe González al inicio de la misma.

Sin embargo, las capacidades oratorias de Felipe González como candidato y de Alfonso Guerra como portavoz parlamentario, dieron lugar a la presentación de un programa cargado de credibilidad que influyó en la opinión pública, dando origen a que dos años después el Partido Socialista ganara las elecciones con amplia mayoría.

La losa de la dificultad del señor Feijóo adquiere en este paso un peso insoportable.

Porque la dificultad del señor Feijóo es el propio señor Feijóo.

El señor García-Margallo, además de otros varones del Partido Popular que no se han atrevido a expresarlo, se teme lo peor y sugiere un “candidato neutro”. Evidentemente, ningún candidato puede ser neutro como tampoco lo son los jueces (*). Lo que viene a decir el señor García-Margallo es la presentación de un candidato que tenga la mínima capacidad oratoria y un mínimo poder de convicción.

Igual que el inglés, la capacidad oratoria es incompatible con Feijóo y prácticamente con casi todo el arco parlamentario de la derecha.

Lejos han quedado Rodríguez de Miñón, Lavilla, Fraga, Carrillo, Boyer y los anteriormente indicados Felipe González y Alfonso Guerra.

Hoy, más allá de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Aitor Esteban y el pausado estilo de Mertxe Aizpurua, solo se aprecia un terreno vacío de oradores.

Lo que se plantea como necesaria dimisión del señor Feijóo para buscar un candidato “neutro” (tradúzcase como “competente y cualificado”), es meta imposible dentro de la torpeza del actual Partido Popular.

Tuvo el Partido Popular la fortuna de contar con la persona más preparada, cualificada y competente, capaz de representar a España en inglés, italiano, francés, alemán avanzado y español. Probablemente también gallego, pero de esto no tengo constancia.

Su experiencia como vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, ministra de Administraciones Territoriales, portavoz del Gobierno, fue desperdiciada por el partido. Y cabe añadir la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en su CV.

Me refiero, ya lo habrán adivinado, a Soraya Sáenz de Santamaría, elegida por los militantes y retirada posteriormente por los compromisarios. Qué pena de PP de Ayuso.

Alberto Núñez Feijóo, si es coherente, debería presentar su dimisión ante la persona que fácticamente dirige el Partido Popular (Díaz Ayuso) antes de que sus ocurrencias vayan a más. Los españoles nos merecemos un Partido Popular serio y coherente y el PP nos debe un intento de recuperación de la política seria, que vele por nuestros intereses y se olvide de la vacuidad, insultos, bulos y falacias con que nos obsequia en el Congreso y en las ruedas de prensa. ¿Y de lo nuestro qué?, se preguntan los españoles.

(*) No querría desperdiciar el espacio que me queda sin apuntar al Consejo General del Poder Judicial. Tiene razón el CGPJ al decir que no hay “lawfare” en España. Lo que hay es una gran desconfianza en los jueces y una tremenda sensación de inseguridad jurídica.

La inseguridad jurídica no es un fenómeno reciente. Hace más de treinta años que es notoria. En el año 2000, el Indicé de Seguridad Jurídica del Instituto Juan de Mariana, calificaba a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor deterioro institucional.

Siempre recordaremos a los jueces García Castellón, Hurtado, Alaya, Salvador Alba, Presencia y un largo etcétera, sin olvidar la lucidez del ínclito juez Peinado.

Y todo ello por la fuerza que reciben en votos, de las mentes más embrutecidas, más ignorantes, más frustradas y más acomplejadas, muchas de ellas también pobres y vulnerables, pero extremadamente manipuladas, engañadas y estúpidas.

Durante décadas, ese mecanismo fue relativamente visible. Había golpes de Estado, juntas militares, desapariciones, bloqueos, operaciones encubiertas y apoyo externo a élites locales. Pero el mundo ha cambiado. La intervención directa tiene hoy un coste reputacional más alto, y las sociedades democráticas reaccionan con mayor sensibilidad ante los atropellos del derecho internacional. Eso no significa que hayan desaparecido las formas de injerencia. Significa, más bien, que se han refinado.

Aquella lógica de intervención propia del siglo XX parece haberse desplazado hacia mecanismos más sofisticados: la judicialización de la política, la deslegitimación reputacional del adversario, la presión mediática, la utilización selectiva del derecho penal, la diplomacia de doble rasero y la fabricación de estados de opinión que convierten al adversario político en enemigo existencial. A algunas de estas prácticas se las ha denominado, con mayor o menor precisión, lawfare: no la mera actuación de los tribunales, sino la utilización estratégica del derecho como instrumento de combate político. Como ha señalado el filósofo Jason Stanley al analizar las dinámicas contemporáneas del autoritarismo, la erosión de las democracias no suele producirse únicamente mediante la fuerza, sino también a través de mecanismos institucionales y narrativos que vacían de contenido las garantías democráticas mientras preservan su apariencia formal.

El problema no es que los dirigentes políticos sean investigados. En democracia, nadie debe estar por encima de la ley. El problema surge cuando el derecho deja de funcionar como garantía general y se convierte en herramienta selectiva; cuando unos actores son sometidos a una presión constante mientras otros gozan de indulgencia; cuando la sospecha sustituye a la prueba; cuando el procedimiento se transforma en pena anticipada; cuando la acusación pública produce ya el efecto político de destruir reputaciones, erosionar liderazgos y alterar mayorías democráticas.

Tras la guerra de Irak, la retirada de las tropas españolas ordenada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero adquirió un valor simbólico que todavía resuena. Aquella decisión marcó una ruptura con la lógica de subordinación automática a la estrategia estadounidense y proyectó la imagen de una España capaz de defender una política exterior propia. No es extraño que figuras políticas que encarnan esa autonomía resulten incómodas para determinados equilibrios internacionales, especialmente cuando cuestionan la idea de que Europa deba alinearse siempre, de modo acrítico, con la agenda estratégica norteamericana.

Algo parecido ocurre, en otro plano, con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Gaza. La defensa del derecho internacional humanitario, el reconocimiento del sufrimiento palestino y la crítica a la actuación de aliados tradicionales de Estados Unidos han situado a España en una posición incómoda dentro del bloque occidental.

La batalla de nuestro tiempo no es solo entre izquierda y derecha. Es también una batalla por el significado del Derecho. O el derecho vuelve a ser un límite frente al poder, o acabará convertido en una de sus armas más eficaces

El alcalde de mi ciudad fue el autor del arboricidio. El motivo, según él, era la ampliación de la zona del tranvía, prometiendo que crearía un nuevo corredor verde, plantando nuevos en otras zonas menos conflictivas para los intereses comerciales de mi ciudad.

Como eso llevará tiempo, déjenme aprovecharlo y detenerme un segundo a contarles solo algunos beneficios que nos proporcionan los árboles urbanos.

- Generan biodiversidad urbana, al proporcionar hábitat, alimentos y protección.

- Absorben gases contaminantes por año, ayudando a combatir el cambio climático.

- Ofrecen un excelente filtro para contaminantes urbanos.

- Enfrían el aire entre 2 y 8 grados centígrados.

- Mejoran la actividad física y mental de los conciudadanos.

- Regulan el flujo de agua.

Mientras que el sector hostelero y el sector servicios se dedican a proporcionar un ecosistema compatible para la vida humana, me cuestiono lo secundario que se ha vuelto la protección de la sociedad ¿Por qué esta necesidad continua de convertir el espacio urbano en un espacio agresivo, hostil para el transeúnte? ¿Cuál es este cáncer extendido por las ciudades de la orografía española, qué nombre darle a la autodestrucción desmedida? ¿Cómo podemos considerar que el valor de unas cifras bancarias equivale a nuestro propio riesgo, nuestra propia seguridad?

Estudios recientes afirman que la destrucción de árboles urbanos está orientada a evitar la generación de un tercer espacio para el metropolita, fomentando la soledad, el aislamiento y la compra convulsiva. Si convierten el tránsito de un sitio a otro en un entorno hostil, tendrás que entrar en algún sitio a resguardarte. Y, si lo haces, tendrás que consumir. Y mientras consumes, no te cuestionas nada, no paras a pensarte nada. Solo sigues, a la espera de que algo te llene.

Mientras que las ciudades compiten en ver cuál de ellas es más agresiva para las personas que viven allí y mientras miro cómo los comercios engrosan unas cifras imaginarias que no podrán usar cuando ya no quede nada, me ha dado por preguntarme si alguien escribirá sobre el asfalto “Aquí hubo 8.500.000 personas”. Lo que sí me queda claro es que, si seguimos así, nadie quedará para leerlo.

Por eso son necesarias medidas contundentes. Los castigos a los responsables deberían ser ejemplares. Cito el caso de Singapur como un modelo de éxito. Alrededor de 1965, el gobierno de Lee Kuan Yew creó una agencia anticorrupción con amplios poderes de investigación, estableció castigos rápidos y efectivos, reforzó los controles en la contratación pública y subió salarios justificando que podría evitar la tentación a corromperse, algo más controvertido, pero globalmente eficaz.

Sea cual sea nuestra ideología, este es un objetivo que debería unirnos. La lucha contra la corrupción no debería ser una promesa electoral más, sino una exigencia democrática. Políticos, reaccionen ya.

El gesto de Nieto, simple, sereno y modesto de cumplir con lo que se supone que debe hacer un empleado público podría haber pasado desapercibido si no hubiera sucedido lo que desencadenó el injusto expediente sancionador.

Tras la pequeña manifestación de apoyo, empezaron a aparecer en la prensa local noticias como estas: “una empleada del servicio de extranjería cita a las personas que cada día son expulsadas por la contrata de seguridad”; “los empleados de una sucursal bancaria dicen a sus clientes que pueden acudir a pagar sus recibos mientras esté abierta la oficina”; “los empleados del call center de una gran empresa informan a los clientes de los lugares donde se encuentran las personas que pueden resolver determinados trámites… En todos esos lugares se procedió del mismo modo: expedientes disciplinarios, despidos, etc.; pero, como sabemos hoy, en 2046, lo que vino después cambió el rumbo de las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y privados.

Ante cada expediente sancionador, se sucedían las manifestaciones de apoyo, lo que animó a nuevos gestos que ya saltaron al debate nacional cuando en los parlamentos se presentaron propuestas de coordinación entre cita previa y un mínimo de horario de puertas abiertas que garantizara la atención universal.

Los poderes públicos y las grandes empresas, desbordados por las reclamaciones y las protestas, señalaron que entendían el problema y pidieron disculpas. La solución que encontraron fue crear servicios especiales para personas mayores que iban a resolver la brecha digital (podrían pedir cita por teléfono), contratar a una empresa de software que flexibilizara el sistema de citas y crear un servicio especial de vigilancia para detectar las irregularidades que se produjeran con una línea telefónica 24/7. “No podemos estar contra el progreso”. “La cita previa ha venido para quedarse”. “La inteligencia artificial resolverá los desajustes que hemos detectado”. “Todos los ciudadanos serán atendidos en menos de 48 horas en una ventanilla única en internet tanto para las demandas públicas como privadas”.

Como sucediera en 1955 con la costurera negra que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en EEUU, por distintos lugares prendió la mecha de la indignación. ¿Por qué cuando vamos a cualquier oficina pública o a cualquier gran empresa lo que sale en la pantalla es una combinación extraña y no un número que me permita saber cuántas personas tengo por delante? ¿Por qué tengo todas las facilidades para comprar o pagar una multa pero debo tener la paciencia de Job para cualquier otro trámite?

Grupos de ciudadanos comenzaron a actuar. Acudían a los centros de atención y contaban las personas que entraban y salían, el tiempo que duraban las gestiones y lo comparaban con lo que decían los informes oficiales o las explicaciones del tipo “no tenemos personal”. Estudiaban a las empresas concesionarias de servicios públicos y medían lo que cobraban del Estado y lo que ofrecían a los ciudadanos. Los resultados fueron escandalosos: una poderosa maquinaria burocrática se había apoderado de las instituciones que se relacionaban con sus administrados como súbditos. Nadie se atrevía a hacer nada contra un sistema ineficaz que había hurtado derechos objetivamente y ante el que sólo se proponían acciones que lo hacían cada vez más complejo y autónomo.

El movimiento “Embody Your Rights” nació entonces. En otros lugares se llamaba “presencialistas”. Miles de jóvenes de todo el mundo se negaron a someterse a las decisiones mediadas y a exigir la presencialidad obligatoria en todos y cada uno de los ámbitos, públicos y privados.

Si hoy tenemos la red de atención presencial de la que gozamos se lo debemos a personas como Rosa Parks y Juan Carlos Nieto, que con un gesto simple, alertaron de que normas como “cederás tu asiento a una persona blanca” o “no atenderás a una persona sin cita previa” producen un mundo en que las normas corroen la dignidad que deberían garantizar.

Su emisión era atemporal. En los casi tres años, se emitieron solo diez programas.

En ellos un grupo de ciudadanos anónimos entrevistaban a los líderes políticos invitados. Solo en una ocasión se invitó al entonces entrenador de la Selección española de Fútbol don Luis Aragonés. El resto de los asistentes invitados fueron políticos de los diferentes partidos.

El nombre del programa, “Tengo una pregunta para usted”, explica bien su formato.

Los ciudadanos asistentes lanzaban todo tipo de preguntas al personaje político invitado.

He recordado aquel programa de televisión para redactar el artículo de esta semana.

Así, si yo fuese un ciudadano participante y el invitado fuese Peter Brian Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos, le plantearía la siguiente cuestión:

-Señor Hegseth, imagínese por un momento la siguiente imagen: un niño palestino de diez u once años sobrevive a una bomba israelí que ha destruido su casa y ha acabado con la vida de toda su familia. Han fallecido sus padres, sus abuelos, sus hermanos... Pasados diez o quince años, este muchacho que ha sufrido tal atroz pérdida tiene todas las posibilidades de odiar tanto al Estado Israelí como al Estado del que usted es Secretario de Guerra. Ese odio podría derivar en que el joven pasase a formar parte de un grupo terrorista. Mi pregunta es: ¿justificaría usted el hecho de que esa persona pudiera ser en un futuro un terrorista?

Si en lugar del estadounidense tuviese la oportunidad de que el invitado fuese Yves Bertrand Ndongo Meye, el negro de Vox como el mismo se autodenomina, me gustaría plantearle la siguiente cuestión:

-Señor Ndongo, si se pudiese viajar en el tiempo, cree usted que su personaje encajaría en la de un jefe de tribu africana que proporcionaba esclavos de otras tribus a los comerciantes europeos negreros que traficaban entre los XVI y XIX?

Si el político invitado nacional fuese Núñez Feijóo, como ha estado en boca de la opinión pública la propuesta de moción de censura al presidente Pedro Sánchez, le preguntaría lo siguiente:

-Señor Feijóo, cuándo usted explica que con la moción de censura que propone, el único objetivo es “devolver la decencia al país, ¿se refiere a la indecencia de Pedro Sánchez, a la de Mariano Rajoy o a la de José María Aznar, o a la de los tres juntos?

En caso de que el político/a invitado/a al programa perteneciese a un partido político de izquierda que forma parte del equipo de gobierno, aprovecharía para preguntarle:

-Señor/a Tal, ¿está usted de acuerdo con la determinación del PSOE sobre la cuestión saharaui de reconocer el antiguo Sáhara Occidental como una autonomía perteneciente al reino de Marruecos? Si no es así, ¿qué medidas piensan tomar dentro del gobierno de coalición?

Un programa, “Tengo una pregunta para usted”, que habría que recuperar. Sobre todo para dilucidar ciertas cuestiones que puede plantear la opinión pública. Sería una forma de dar forma a esa expresión que llamamos “Participación ciudadana”. Sin duda, esta es uno de los anclajes principales de una verdadera Democracia.

Sin embargo, tengo la sensación de que aún no se ha integrado al hombre en esta visibilización de la menopausia y creo que habría que hacerlo. Esta no es solo una “cosa de mujeres” cuando ellas forman parte de una pareja, ya que los síntomas asociados al cese progresivo de la menstruación, en sus distintas etapas, impactan también en quien convive con la mujer menopáusica.

Por eso echo en falta más testimonios masculinos que, sin opacar el lógico protagonismo femenino, pueden contribuir a que otros hombres sepan cómo acompañarlas y ayudarlas, y a que ellos mismos entiendan y afronten los cambios que esta etapa produce en la convivencia.

La menopausia en pareja se parece a un bien biológico ganancial: ella hace toda la aportación, pero la experiencia se divide a partes, si no iguales, al menos proporcionales a los cambios que experimentan las vidas de ambos.

El declive de Podemos, que dilapidó el capital electoral de 2015 (20,68 % de votos y 69 diputados), obedece a cinco fallos de diseño político-organizativo:

-Disonancia entre retórica y praxis: El tránsito desde la retórica radical del “asalto a los cielos” hacia la gestión pragmática en coalición junto al PSOE, sin un relato honesto sobre las cesiones obligadas, generó sensación de traición en las bases.

-Desplazamiento de la agenda material: Se postergó el foco prioritario en el empleo, los salarios y la vivienda en favor de debates identitarios y simbólicos, permitiendo que la derecha radical capturara la “rabia” social.

-Debilidad arquitectónica e hiperliderazgo: La sustitución de la horizontalidad por aparatos centralizados y la dependencia extrema de figuras carismáticas como Pablo Iglesias provocaron vacíos de relato insostenibles tras su salida y derivaron en purgas internas.

-Deficiente gestión reputacional: Ante polémicas de gestión local o autonómica, se recurrió a respuestas lentas y defensas corporativas basadas en la legalidad formal. La falta de auditorías internas (compliance) asimiló la organización a las prácticas tradicionales del bipartidismo.

-Refundaciones cosméticas: Plataformas como Sumar replicaron estos vicios al cambiar siglas y liderazgos sin resolver la falta de participación efectiva, consolidando la fragmentación.

La izquierda debe cambiar su estrategia si quiere salir de la marginalidad estadística, para ello su proyecto debería apelar de forma diferenciada a tres sectores: 1-Exvotantes desencantados, alejados por la fatiga de las disputas internas, recuperables mediante garantías de enfoque material y fin del personalismo. 2-Votantes socialistas críticos con la corrupción y deterioro judicial del PSOE. La estrategia debe ofrecer una garantía de gobierno progresista con controles reales bajo la premisa de “vivir mejor sin tapar la corrupción”. 3-Juventud precaria y clases populares despolitizadas, que están afectados por la crisis habitacional y laboral, que demandan canales digitales y mensajes anclados en su realidad material cotidiana.

Por otra parte la reconstrucción exige transitar de la cultura del “jefe” a una cultura de “proyecto institucional” mediante liderazgos funcionales y revocables estableciendo un límite de mandatos, que además se complementen con coportavocías sectoriales rotativas para evitar la hiperpersonalización mediática en un único rostro, además de dotar a los órganos territoriales de capacidad para elevar propuestas, vetar candidaturas o iniciar revocatorios, descentralizando el poder de los despachos cupulares.

La propuesta de alianzas parlamentarias periféricas o frentes amplios plurinacionales, como la propugnada por Gabriel Rufián, enfrentan recelos y tienen riesgo de ser interpretadas como estrategias de “supervivencia de sillones”. Para no repetir el fracaso de Sumar, cualquier confluencia debería someterse a tres condiciones operativas previas: unas líneas rojas programáticas públicas con compromisos materiales detallados y costes estimados; una institucionalización confederal que respete las identidades territoriales bajo un reglamento común; y un arraigo desde abajo que integre a sindicatos, movimientos sociales y plataformas civiles en la gobernanza del frente.

Creo que el futuro del país no admite reformas cosméticas, por lo que la ventana de oportunidad solo será operativa si la izquierda alternativa demuestra con contrapoderes internos y reglas de integridad que ha aprendido de su propia historia.

Yo ya tengo prioridad sobre las personas inmigrantes que tienen alguna relación conmigo por cuestiones laborales.

Tengo la prioridad que me proporciona el mercado. Y no es poca. Para empezar tengo la prioridad de ser yo el contratante frente a la de ser él o ella la contratada.

Además, en el entorno del barrio donde vivo tengo la prioridad de tener vivienda en propiedad. No tengo por vecino a nadie de las personas que, según quienes hablan sin fundamento, gozan de privilegios asistenciales. Y he estado en dos barrios distintos, uno en una zona distinguida de Madrid y otro, también en zona distinguida, en Fuenlabrada.

En ningún caso las personas inmigrantes, a quienes se refieren de forma despectiva y a quienes acusan de llevarse todas las ayudas sociales, son mis vecinos. Es cierto que no me estoy refiriendo a aquellos que llegan avalados por jugar bien con la pelota, o por comprar a golpe de talón, o de fondo buitre, los pisos céntricos de las ciudades expulsando vergonzosamente a los inquilinos con asentamiento histórico. Esos sé que están en otros sitios. Otros barrios aún más señoriales que los que yo habito.

Me refiero a los que curran, a los que limpian las casas, desatascan los fregaderos, nos sirven una cerveza, cuidan de nuestros mayores o construyen nuestras viviendas. Esos no tienen un piso de propiedad en mi bloque. Y tampoco tienen una segunda residencia en un pueblo de la sierra.

¡Prioridad nacional! Yo lo que quiero es renunciar a un poco de la prioridad que ya tengo. ¡Vergonzoso egoísmo nacional!