La comprensión lectora es uno de los cimientos donde se sustentan el resto de materias. Para resolver un problema de Matemáticas primero hay que comprender qué nos están pidiendo. Para estudiar Historia hay que establecer relaciones entre hechos, distinguir causas de consecuencias y seguir una argumentación. Para aprender Ciencias hay que interpretar hipótesis, instrucciones y resultados.

Leer bien no sirve únicamente para aprobar Lengua. Sirve para desenvolverse en el mundo. Fuera del instituto hay que entender un contrato, una noticia, una nómina o las condiciones de una hipoteca.

En mis clases escucho a menudo una frase que probablemente reconocerá cualquier profesor: “Pero, profe, si lo he puesto todo”. Puede ser verdad. La información está ahí. El problema es que no está expresada de manera que permita saber si se ha comprendido. Faltan relaciones, precisión, vocabulario, estructuras. Expresarse bien no es solo saber lo que queremos decir, sino saber cómo decirlo.

La lectura deja un poso en todas las asignaturas, aunque no aparezca como una casilla en el boletín de notas. Ese hábito empieza mucho antes de que un adolescente se siente ante un examen. Los padres debemos ser referentes. Es difícil convencer a un niño de que la lectura es maravillosa si jamás nos encuentra con un libro entre las manos. Podemos comprarle cuentos y llevarlo a la biblioteca, pero los niños aprenden también observando qué hacemos nosotros.

En el aula, además, esa diferencia se percibe. El rendimiento académico del alumnado que viene de una casa en la que hay libros al alcance de la mano suele ser muy distinto del de quienes no han crecido con un hábito lector. Se nota en el vocabulario, en la capacidad para comprender un enunciado a la primera, en cómo estructuran una respuesta e incluso en la manera de enfrentarse a algo que no entienden inmediatamente. El alumno acostumbrado a leer suele mostrar una resistencia mayor ante la dificultad: vuelve atrás e intenta deducir. De ahí que resulte difícil pedir al sistema educativo que compense por sí solo una relación con la lectura que debería construirse también fuera de este.

La escuela puede enseñar estrategias, recomendar libros y ayudar a avanzar en las páginas que cuestan de Cervantes o de Lorca. Y mientras discutimos si determinados textos son demasiado difíciles, deberíamos preguntarnos qué ocurre si seguimos rebajando sistemáticamente aquello que exige esfuerzo. Llegará un momento en que el problema ya no será que nuestros jóvenes no puedan leer Cumbres borrascosas. Será que tendrán dificultades para comprender cualquier texto que no esté diseñado para ser entendido en unos segundos.

Leer exige tiempo. Exige atención. A veces exige esfuerzo, pero, al final, quien tiene palabras tiene pensamiento y quien puede comprender lo que lee dispone de más herramientas para entender el mundo.

Detrás de las cifras hay jóvenes y familias empujados por el hambre, la desigualdad, la represión y el deseo de vivir con libertad. Ceuta representa España y Europa: derechos y oportunidades que no encuentran bajo una monarquía autoritaria, enriquecida mientras una parte de su población sobrevive entre precariedad y ausencia de futuro.

Las fuerzas españolas difícilmente podían contener una avalancha de aquella dimensión si Marruecos había abierto su lado de la frontera. En el mar existía, además, la obligación legal y moral de salvar vidas. España no se enfrentaba a una invasión militar, sino a personas desarmadas. Algunas podían solicitar asilo; otras no tendrían derecho a permanecer, pero todas debían ser rescatadas, identificadas y tratadas individualmente.

Y eso fue también lo que entendieron muchos vecinos de Ceuta. Durante los primeros días, y después cuando las administraciones no daban abasto, numerosos ciudadanos dieron el callo: ofrecieron agua, comida, ropa, orientación y ayuda a personas completamente desamparadas. También rechazaron a los agitadores ultras llegados desde la Península para explotar el caos. Esa respuesta solidaria merece tanto reconocimiento como la crítica posterior a los episodios de violencia.

Igualmente imprescindible ha sido el trabajo de Cruz Roja, Amnistía Internacional y tantas organizaciones humanitarias y sociales. Unas prestando asistencia directa; otras vigilando, denunciando abusos y recordando las obligaciones legales. Trabajan con fuertes vientos políticos en contra y soportan acusaciones por defender algo elemental: que ninguna persona pierde sus derechos por cruzar irregularmente una frontera.

España hizo bien al evitar una represión indiscriminada. Después llegó el fracaso político: faltaron mando, previsión, instalaciones, atención sanitaria e identificación rápida. Ceuta pidió el 30 de julio una respuesta nacional. La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional no llegó hasta el 25 de agosto.

Desalojar una playa sin plazas suficientes, permitir el regreso de los migrantes y no asegurar el control posterior del espacio no es humanitarismo: es improvisación. Y esa improvisación transformó la preocupación legítima de los vecinos en combustible para la extrema derecha.

Fueron abriéndose paso las palabras “invasión”, “caza” y expulsión colectiva. Llegaron ataques contra migrantes, organizaciones humanitarias y periodistas. También algunos migrantes ejercieron una violencia intolerable, incluido el ataque contra una patrulla militar. Todos los delitos deben perseguirse individualmente: ni todos los inmigrantes son delincuentes ni todos los vecinos son racistas.

La crisis es también geopolítica. Marruecos ha reforzado su alianza con Estados Unidos e Israel desde los Acuerdos de Abraham y el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Rabat invierte millones en influencia política en Washington y utiliza su condición de guardián fronterizo como instrumento de negociación.

La Unión Europea no puede pagar a Marruecos para controlar la frontera y aceptar después que Rabat la abra cuando busca ventajas políticas. Frontex debe reforzar el lado español y la UE exigir en el marroquí el cumplimiento de los acuerdos financiados con dinero europeo.

Rescatar no significa conceder residencia automática. Quienes tengan derecho a protección deben recibirla; quienes no lo tengan podrán ser retornados legalmente. También los menores pueden ser reagrupados cuando estén garantizadas su identidad, seguridad e interés superior. Lo inadmisible es devolverlos colectivamente y sin garantías.

Los derechos humanos no fracasaron en Ceuta. Los defendieron sus vecinos solidarios y las organizaciones humanitarias. Fracasaron quienes no supieron organizarlos y protegerlos a tiempo.

Es necesario desmontar el falso relato que pretende amparar este derribo bajo la inevitabilidad judicial. Se oculta deliberadamente que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió una sentencia que validaba la catalogación protectora de la villa dentro del PEPPUC. Al momento de su demolición, la casa estaba protegida por el ordenamiento legal vigente. Por lo tanto, la concesión de la licencia de derribo firmada por la concejala Nekane Arzallus el 26 de mayo padecía de una manifiesta “disconformidad sobrevenida”. No se puede emitir una resolución particular que liquide una norma de protección general.

El Ayuntamiento no puede lavarse las manos alegando que dictó una orden de suspensión cautelar de urgencia. Esa orden llegó tarde aposta, forzada únicamente por los recursos de Áncora. El área de Urbanismo repite el modus operandi del escándalo del Hotel Nobu, donde emitieron informes jurídicos deficientes para camuflar una inacción deliberada tras permitir obras ilegales. Que en Gure Baitha la promotora ejecutara el derribo por la “via de los hechos” y que la Policía Municipal acudiera al lugar meramente como un cuerpo forense —cuando el edificio ya era escombro— evidencia una complicidad pasiva intolerable. Resulta escandaloso que el Gobierno municipal ignore de este modo las advertencias de su propio Consejo Asesor de Patrimonio Local, órgano donde la propia asociación Áncora cuenta con representación oficial.

Llueve sobre mojado. Esta destrucción sigue fielmente el patrón de anteriores atentados patrimoniales perpetrados bajo el mandato del PNV, donde se liquidan tanto los edificios como sus frondosos jardines históricos para beneficio privado. Sucedió en marzo de 2016 con Villa Dorotea (Paseo de la Fe, 22), una joya ecléctica de Francisco Urcola, cuyos árboles centenarios fueron arrasados para levantar tres bloques cúbicos escalonados. Continuó en marzo de 2017 con Casa Argi-Alde (Aldapeta, 5), pieza racionalista sustituida por un hotel de corte cebra. En 2022 el ensañamiento fue doble: se ejecutó la demolición de Villa Nuestra Señora de Itziar (Paseo de la Fe, 23), obra de Ramón Cortázar, sacrificada por una licencia hotelera, y la joya racionalista Villa Ikustoki (Duque de Baena), de Luis Jesús de Arizmendi, para levantar bloques cúbicos residenciales. Finalmente, se repitió en mayo de 2023 con Villa Belén (Aldapeta, 14), un palacete de 1868 cuya masa forestal y muro señorial desaparecieron para dar paso a bloques cúbicos de hormigón blanco, completando un proceso de destrucción en la cuesta que ya abrió en 2006 el derribo de la obra de Luis Elizalde, Villa Alta (Aldapeta, 28), bajo el mandato de Odón Elorza (PSE).

Han banalizado y despersonalizado la ciudad, sustituyendo nuestras joyas arquitectónicas identitarias por anodinos e impersonales “edificios cebra”. Han convertido Donostia en un tablero del Monopoly para la especulación inmobiliaria.

Exigimos de manera formal que el Alcalde y la concejala Nekane Arzallus rompan su silencio y comparezcan públicamente. Asimismo, apelamos a los partidos de la oposición municipal: es su deber fiscalizar esta nefasta gestión, cuando menos presuntamente delictiva, exigir la reconstrucción fidedigna de la villa a costa del infractor y no permitir que este expolio impune se salde sin dimisiones ni consecuencias legales.

Con los años dejé de creer en muchas de aquellas cosas, pero algunas permanecieron conmigo: ayudar a quien lo necesita, acoger al extranjero, ponerse al lado del débil, compartir con quien tiene menos y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran.

Por eso me cuesta entender algunas de las cosas que estamos viendo estos días en torno a la inmigración y, particularmente, ante la situación de los menores migrantes llegados a Ceuta.

Por supuesto que un país necesita normas, organización, recursos y una política migratoria. Podemos discutir sobre competencias, capacidad de acogida, financiación o sobre cómo distribuir solidariamente los esfuerzos entre las comunidades autónomas. Todo eso forma parte de un debate político legítimo.

Lo que me resulta mucho más difícil de comprender es que olvidemos que detrás de las cifras hay personas. Y todavía me sorprende más cuando determinados discursos de rechazo proceden de quienes reivindican continuamente nuestras «raíces cristianas».

Porque yo recuerdo una educación cristiana bastante diferente.

Me hablaron de acoger al extranjero, dar de comer al hambriento y ayudar al necesitado. Me hablaron del buen samaritano, que auxilia a quien encuentra abandonado en el camino sin preguntarle primero de dónde viene, qué religión profesa o qué documentación lleva consigo.

Hace ya muchos años escribí en mi página web algo que sigo pensando hoy: ninguno de nosotros ha elegido dónde nacer. Yo nací aquí, pero podría haber nacido en África y ser hoy uno de esos inmigrantes que intentan llegar a Europa o, quizá, uno de quienes dejaron su vida en una patera.

El lugar donde nacemos es fruto del azar. Nadie hace ningún mérito para nacer en Pamplona, París, Dakar o Pekín. Y nunca he entendido que ese azar pueda determinar la dignidad que reconocemos a una persona.

También escribía entonces que, hubiese nacido donde hubiese nacido, quería pensar que las injusticias, la falta de libertad, la pobreza, el hambre, la tortura, la discriminación, la intolerancia o el racismo habrían seguido siendo motivos por los que luchar. Han pasado los años y no encuentro ninguna razón para cambiar aquellas palabras.

Por eso me sorprenden determinados discursos de personas y formaciones políticas que se presentan como defensoras de la tradición cristiana mientras muestran una enorme dureza hacia quienes llegan huyendo de la pobreza, la violencia o simplemente buscando una oportunidad para vivir mejor.

Vox hace bandera frecuentemente de las raíces cristianas de España y también dentro del Partido Popular son habituales las apelaciones a nuestra tradición cristiana. Están, naturalmente, en su derecho. Pero también creo legítimo preguntar qué lugar ocupan algunos de los principios fundamentales del cristianismo cuando hablamos de inmigrantes y, más aún, de menores.

No pretendo dar lecciones de cristianismo a nadie. Sería bastante paradójico que un ateo quisiera ejercer de catequista. Tampoco pienso que todos sus votantes o dirigentes tengan la misma opinión.

Pero sí puedo hablar de aquello que me enseñaron.

Cuando defiendo que quien llega a nuestras fronteras debe ser tratado con dignidad; cuando creo que un menor merece protección independientemente de dónde haya nacido, o cuando rechazo convertir al inmigrante en culpable de nuestros problemas, tengo la sensación de estar bastante más cerca de aquellos valores cristianos que aprendí de niño que algunos de quienes hoy los proclaman continuamente.

Quizás hemos convertido demasiadas cosas en etiquetas: cristiano, ateo, español, extranjero, izquierda, derecha… Y detrás de todas ellas seguimos olvidando lo fundamental: las personas.

No sé si existe Dios. Personalmente, no creo en él. Pero sí creo en algo que no debería necesitar ninguna religión, ideología ni bandera: la dignidad humana, especialmente hacia quienes son más vulnerables.

No elegimos dónde nacemos, pero sí podemos elegir cómo tratamos a quienes tuvieron menos suerte en ese reparto.

Y si algún día resulta que estaba equivocado y existe ese Dios del que me hablaron cuando era niño, sospecho que me preguntará bastante menos por las veces que fui a misa que por lo que hice cuando alguien necesitó ayuda.

Y esa última pregunta, aunque sea ateo, procuro tenerla presente.

Los partidos de la oposición consideraban que la nueva norma limitaba derechos fundamentales como el de manifestación y reunión por lo que constituía un ataque a las libertades individuales. Incluso la Comisaría de Derechos Humanos en Europa se mostró y se muestra disconforme con esta Ley.

La siguiente Legislatura dio paso a un gobierno progresista. Y una de las cuestiones incluidas en el pacto para gobernar contemplaba la derogación de dicha Ley.

El hecho de que aún no se haya llevado a efecto la abolición de la Ley mordaza ha provocado desconcierto y desencanto entre los votantes progresistas, entre los que me incluyo.

Recordando las lamentables imágenes sobre los hechos acaecidos en Ceuta he recordado esta Ley de Seguridad Ciudadana. Y me he preguntado, que puesto que aún no ha sido derogada, por qué no se aplica a aquellos individuos a los que se puede emplear la normativa por delitos reconocidos por la propia Ley mordaza como graves. Porque a ver, han provocado desórdenes en las calles de Ceuta, han obstaculizado los servicios de emergencia y no han respetado a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Ley recoge que estos actos considerados como graves conllevan multas que pueden ir de los 600 a los 30.000 euros. Si se aplicase la norma, estos energúmenos se lo pensarían antes de actuar como lo han hecho. Es más, estoy convencido que hasta los representantes de VOX verían con buenos ojos estas sanciones porque supongo que los diputados de VOX hubiesen votado a favor de la Ley mordaza si hubiesen tenido representación parlamentaria cuándo esta fue aprobada. Suena un poco paradójico, es verdad, pero la Política está llena de oxímoron e ironías.

Una de las críticas más sonoras a esta Ley fue que en los hechos vale más la versión policial que del ciudadano. Pero en el caso de lo acontecido en Ceuta con las imágenes aparecidas en los medios de las actuaciones de estos sujetos sería suficiente.

No estoy a favor de la Ley Mordaza, pero ya que sigue vigente, soy partidario de aplicarla a ciertos elementos que tratan de romper las normas de convivencia por su propia cuenta haciendo llamamientos a través de las redes sociales para provocar violencia y caos.

Que apechuguen con las consecuencias de sus actos. En el pecado llevarán la penitencia cómo se suele expresar.

A los energúmenos más violentos se les puede decir, con la multa por delante, que “a lo hecho, pecho”, pero que paguen. Siempre tienen la posibilidad de acudir a José María Figaredo, diputado de VOX, para que se haga cargo de las multas que se les impongan. Pero, no sé...

Vivimos bastante bien, inusualmente bien teniendo en cuenta que históricamente solo han podido vivir bien los nobles y la burguesía. Se llegó hace unas decenas de años a ese momento social que han dado en llamar “el estado del bienestar”

Pero hemos llegado solo en el primer mundo. Hay quien dice, yo no lo dudo, que si lo hemos hecho es a costa de explotar precisamente a los países del segundo y tercer mundo en los obviamente no se vive nada bien.

En el momento en el que se analiza, aunque solo sea superficialmente, el estado del bienestar se ve que los que deciden hacia dónde va a evolucionar este, se llega a la conclusión que queda poco de vivir bien, que el estado del bienestar se está desmoronando.

Y tristemente los que deciden hacia dónde va el estado del bienestar no son los gobiernos socialdemócratas que son los que han gestado su existencia. Es el gran capital, al que recientemente se suman con fuerza los señores tecno-feudales, el que decide hacia dónde vamos y de lo que está ocurriendo se infiere que no le gusta que los que menos tenemos vivamos bien.

Sin entrar en detalles, solo hay que observar el incremento del coste de vida en todos los aspectos, pero en especial en los servicios básicos que están dejando de ser públicos para pasar a privatizarse con un único y trivial objetivo: incrementar los beneficios. Lo malo del tema es que el hecho de empobrecer a los sectores que menos tienen ni siquiera se considera. Y dejo caer por aquí, sin más desarrollo, el serio problema de la vivienda.

Para poder mantener la tendencia creciente de beneficios es necesario inhabilitar todo tipo de organización progresista, tanto si está en el poder como si tiene posibilidad de alcanzarlo. ¿No son acaso las ideas progresistas las que impiden que el capital navegue sin control?

Las herramientas para conseguir el ninguneado del progresismo se estudian en los think tanks de la derecha y extrema derecha, bien financiados por el capital y cuyas ideas traen funestas consecuencias para los menos pudientes.

La herramienta protagonista de esta reflexión, siempre latente pero ahora de moda, es usar la inmigración como mecanismo unificador de ideologías.

¿Cómo convencer a un hipotético votante de izquierdas de que el gobierno progresista o que las organizaciones progresistas no defienden adecuadamente sus intereses?

Para el capital todo vale y acudir a los bajos instintos forma parte de su quehacer cotidiano y en este caso utilizar el “miedo, rechazo u odio hacia los extranjeros o personas de otras procedencias, culturas y nacionalidades”, está por encima de ideologías.

Lo que he escrito más arriba no es sino una definición de “xenofobia” que me ha dado la IA de Google y que considero más didáctica que la de la RAE.

La xenofobia la llevamos todos arraigada en nuestro ADN, seas de derechas o de izquierdas. Controlarla es algo que nos hace humanos. Jugar con los miedos no es algo nuevo, va de la mano de sembrar odio y en este caso, además, pulsando instintos básicos de autoprotección.

¡Buen invento para el capital, malo para el ser humano!

Termino esta columna con una pregunta: instalar este tipo de odio es relativamente sencillo ¿habrán valorado los que han decidido pulsar la xenofobia como herramienta para derribar el estado del bienestar las consecuencias de su acción? El odio se instala fácil en las personas, su desinstalación es casi imposible

Y a modo de epílogo quiero hace una sencilla predicción: auguro un gran éxito de convocatoria para la manifa de “los ayuntamientos con Ceuta” en la que lo menos importante es solucionar el problema ceutí, siendo su principal objetivo continuar derribando el estado del bienestar mediante la utilización de esta peligrosa herramienta. Conmigo no contéis, había quedado, previamente a la convocatoria, con mi amigo Santi para jugar al golf.

¡Ah! Y dejo para otra ocasión reflexionar sobre la pregunta ¿Pueden los países del primer mundo evitar sin mecanismos violentos la invasión de los habitantes de segundo y tercer mundo?

Supongo que esos terrenos están calificados para vivienda, como supongo que tienen propietario. Entonces, ¿cómo se explica que en una ciudad como Madrid no se utilicen para la construcción de vivienda asequible, incluso pública, habida cuenta de que en esos barrios el metro cuadrado todavía no ha pasado de los 4000 euros?

The Economist se obstina en explicar la crisis de la vivienda en Europa como un problema de suelo calificado disponible. Quizá valga para el Reino Unido, pero no veo cómo aplicarlo a Madrid. Surge entonces una duda: ¿Hay intereses especulativos, respaldados por el ayuntamiento y la comunidad, que buscan mantener la carencia de vivienda en Madrid y tan poderosos como para dejar tanto terreno sin aprovechar?

El gobierno, junto a aciertos macroeconómicos ha incurrido en equivocaciones clamorosas. Una de las últimas fue la entrega del Sahara occidental que solo se explica por la política genuflexa demostrada ante el monarca alauita, actitud que llevará con el tiempo a la incorporación de Ceuta o Melilla a Marruecos ¿O alguien duda que la actual “invasión” forma parte de una secuencia cuyo fin último es la expansión territorial marroquí? Y si algún insensato propugna un conflicto bélico como medio para mantener el statu quo actual, que haga memoria y recuerde que jamás hemos ganado nada por la fuerza a Marruecos, salvo con la ayuda francesa. Quien conozca medianamente a los marroquíes, rifeños o no, sabe el peso que El barranco del Lobo, Annual y Abdel-Krim siguen teniendo en la memoria histórica de nuestros vecinos del sur. Aunque los rifeños no son árabes, sino bereberes y opuestos a la monarquía alauita, en la anexión de Ceuta y Melilla todo el país está fuertemente unido. En un conflicto con Marruecos estaríamos solos y divididos. Marruecos nos vende judías, naranjas y tomates y los agricultores españoles se quejan. Pero hay datos positivos:España ha cuadruplicado la venta de armas a Marruecos en los últimos 10 años y eso es un negocio estupendo. Lo malo es que tales armas sirven para reforzar al ejército marroquí que de ese modo puede defenderse mejor de las resistencias internas – que las hay- y refuerza la permanencia en el poder despótico a los monarcas alauitas que usurpan el territorio de los saharauis de la RASD.

Volviendo al territorio patrio, el daño que está haciendo Sánchez a su partido con su defensa numantina del enclave monclovita se comprobará en breve. Dilatar el desplome puede provocar, además del descalabro electoral, una crisis moral que se llevará por delante una gran parte de las señas de identidad históricas de la socialdemocracia, como ya ocurrió en su momento en Francia, Alemania e Italia.

Hace un tiempo me permití pronosticar, sin una pizca de ironía, que la ministra de trabajo y vicepresidenta intensamente segunda del gobierno tenía capacidad más que sobrada para aspirar a la presidencia de la OIT, y ya está todo bien encaminado. Sánchez se ha ganado fuera de su país una imagen de resistente antitrumpista que puede rentabilizar en el futuro. Puede jugar un gran papel en la política europea. ¿Por qué no, suceder a Úrsula, que lo deja en el 2029? O aspirar a la presidencia del Consejo de Estado Europeo. Habría que descabalgar a António Costa y ese es difícil de roer, pero más difícil fue lo del Peugeot. Lo que es seguro es que al paro no irá. Esperamos que no la líe con asuntos de joyería.

Los de las damas (algunas) eran bien distintos: de seda, con encajes e iniciales, inocentes señuelos con los que atrapar la atención de varones en Babia, dejándolos caer a su paso, distraídamente.

No quiero olvidar el pañuelo oncológico; el velo de Sherezade; o el pañuelo de sangre, testimonial, mientras suena de fondo la alboreá: Pañuelos de mujer; pañuelos impuestos.

El mundo es un pañuelo con demasiada sangre, demasiada inmundicia, demasiadas lágrimas.

Pero está el pañuelo ondulante y colorista de María Dolores Pradera que lucirá por siempre jamás aunque no se estile.

También Joan Manuel Serrat le canta al pañuelo. Un pañuelo con un corazón dibujado que quedó guardado en el cajón de los pequeños grandes recuerdos.

En Chile se baila la Zamacueca, en la que ambos danzantes agitan con su mano derecha un pañuelo blanco en el aire, sobre sus cabezas. Así mismo, en el baile de la Marinera (dedicado a la marinería), la bailarina hace ondular lateralmente su pañuelo blanco, que representa el movimiento suave de un barco a merced de la mar, en memoria del navegante ausente.

Las madres en Plaza de Mayo (1977) han usado el pañuelo blanco como un símbolo de lucha, paz, verdad y justicia. De esa manera se identificaba la multitud que peregrinaba hacia la Basílica de Luján para reclamar el regreso de sus hijos secuestrados, y como expresión de los derechos humanos.

Hay muchos otros pañuelos que el lector despertará en su memoria: rojos festivos; negros de estricto luto; estampados multicolor y veraniegos...

Pero deseo destacar aquellos de vocación humanista, fronterizos, en la penumbra donde es posible la luz para ver sin que dañe su relámpago, y donde la oscuridad de la caverna no nos engulla: Pañuelos para la música y la poesía. Pañuelos para la paz y la justicia; para el saber humano y su cosmovisión más virtuosa.

¿Y ahora qué...? ¿Cuáles se han de blandir para detener esta violenta locura, esta patología incurable del alma que algunos esgrimen convencidos de que el mundo les pertenece? ¿Cuántos inocentes sacrificados? ¿Qué caudal de sangre es necesario? ¿Y dónde quedaron esos otros refugiados fronterizos que deambulan en el barro, ateridos, ignorados porque son diferentes?

Pañuelos en las avenidas; pañuelos en los balcones; en los conciertos; en los colegios; los hospitales; en bosques y desiertos; por todas partes: Pañuelos Blancos. Para que el Mundo sea de verdad un pañuelo.

Mi madre vivía en Galicia, tuvo una caída y una operación de urgencia, y nos la trajimos a Madrid, a una residencia privada. Eso fue en verano de 2023. Ahí empezaron los trámites de la ayuda a la dependencia. Y sí, se la acabaron pagando por primera vez en mayo de 2026.

Por lo que he podido constatar, las demoras injustificadas son habituales, aunque a mí me habían dicho que en Madrid la dependencia era cosa de unos cuatro meses. Y no solo eso, la falta de transparencia de los procesos, la oscuridad total para saber en qué estado se encuentra la tramitación, produce una gran inseguridad a los beneficiarios que, de vez en cuando, se ven interpelados para adjuntar aún más información a la aportada en primer lugar.

Además, un cambio de comunidad autónoma penaliza, y mucho, a los potenciales beneficiarios. En mi caso, hubo que censar a mi madre en la localidad de la residencia, un municipio alejado de la capital, como requisito previo. Eso es comprensible, pero ya fue una primera demora. Una vez iniciado el trámite ante los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, se interrumpió el proceso pasados varios meses porque la CAM tenía que preguntar a la Xunta de Galicia si mi madre tenía algún expediente abierto allí, porque si era el caso, había que cerrarlo antes de abrirlo en Madrid. Lo sorprendente es que no se hace de oficio, como un trámite entre administraciones públicas, que sería lo lógico, ¡sino que lo tiene que hacer el beneficiario! Así que, mediante un escrito, contacté yo, de parte de la CAM y como representante legal de mi madre, con la Xunta de Galicia para que enviaran a Madrid una respuesta con el fin de seguir con el proceso.

No se lo van a creer, pero los servicios sociales de la Xunta no me contestaron, ni a mí, ni a la CAM. Pasaron meses y meses de silencio administrativo total, ni siquiera un acuse de recibo. Ante tal situación, con el expediente cerrado y bloqueado en Madrid por falta de información, denuncié esta vulneración de derechos constitucionales ante la oficina de la Defensora del Pueblo en Galicia, que aceptó el caso inmediatamente y a quien respondieron, obligados por la ley, los servicios sociales de la Xunta. ¿Qué había pasado? Respondieron que como mi madre no tenía ningún expediente abierto, no había nada que comunicar. Así de simple. Y como no había nada, no nos tenían que decir nada… Tal cual.

Con la resolución de la Defensora del Pueblo en mano volví a reiniciar el proceso en Madrid, de manera que se volvieron a retomar los trámites, que duraron otros cuantos meses, hasta que a mediados de 2025 me llamaron para comunicarme que entrevistarían a mi madre el tres de octubre para la evaluación del grado de dependencia. Yo ya comenzaba a ver la luz al final del túnel, pero no sabía entonces que aún pasarían seis meses más antes de que viniera la resolución y, al mes siguiente, la ayuda económica.

En mayo llegamos a nuestra Ítaca particular. Era el fin de nuestra odisea. Le conté a mi madre que, por fin, comenzaría a cobrar y, entonces, a finales del pasado junio, falleció…

Me ha alegrado saber que la nueva ley de dependencia intenta paliar el problema de las demoras injustificadas, de los procesos lentos que en muchos casos acaban antes con la vida de las personas beneficiarias que con los trámites de las resoluciones. Las ayudas por dependencia no son ni caridad, ni beneficencia. Es uno de los modos que tiene un Estado social moderno de asegurar la libertad de sus ciudadanos más vulnerables. Ese dinero no va a la especulación, a los casinos bursátiles, ni a los fondos de inversión; son prestaciones destinadas a mover los ciclos que activan la economía de los cuidados, que es el modo de asegurar el derecho a la dignidad personal de aquellos ciudadanos con unas necesidades que van más allá de su capacidad ordinaria.

Espero que mi experiencia sirva para ilustrar una realidad que están sufriendo miles de ciudadanos.

Lo más preocupante no es solo la facilidad con la que operan estos delincuentes, sino la enorme burocracia que muchas entidades bancarias imponen a los clientes cuando solicitan la devolución de un cargo realizado con tarjeta de crédito. Formularios interminables, documentación repetitiva, plazos excesivos y una presunción inicial que, en ocasiones, parece situar al consumidor en el papel de sospechoso en lugar de víctima.

El resultado es un mensaje muy peligroso: para los estafadores, el riesgo es bajo; para el consumidor, reclamar puede convertirse en un auténtico calvario. Esta situación no solo desprotege a quienes actúan de buena fe, sino que, indirectamente, favorece la proliferación de este tipo de actividades delictivas.

Es necesario reforzar los controles para evitar el fraude, pero con la misma determinación deben simplificarse y agilizarse los procedimientos de devolución cuando existen indicios razonables de estafa. La tecnología ha avanzado; la protección del consumidor también debería hacerlo.

Combatir el fraude digital no consiste únicamente en perseguir a los delincuentes. También exige que las entidades financieras respondan con rapidez, eficacia y una verdadera orientación al cliente. Porque cuando reclamar resulta más difícil que estafar, algo no está funcionando como debería.

El Sáhara Occidental ha sido durante los últimos siglos una colonia. Desde el siglo XX han existido reivindicaciones y exigencias por parte de su población local para comenzar un proceso de autodeterminación. Sin embargo, ha sido y sigue siendo un territorio explotado por parte de las élites coloniales y económicas, las cuales nunca han buscado el desarrollo real del territorio y de su pueblo.

La presencia de España comenzó a finales del siglo XIX y se mantuvo hasta 1975 cuando se firmaron los llamados “Acuerdos de Madrid”. Fue una ocupación que únicamente buscó beneficios económicos y que ignoró completamente a la población local. Mientras que Marruecos y Mauritania se independizaron de sus respectivas metrópolis, la situación del Sáhara Occidental nunca se concluyó. España abandonó el territorio y dejó al Sáhara bajo el control de Marruecos, lo que frustró los intentos de autodeterminación locales e inició una nueva ocupación.

En este contexto, las películas funcionan como productos culturales capaces de difundir significados, construir relatos y llegar a un público masivo. Son uno de los grandes motores de la memoria colectiva, ya que ayudan a crear imaginarios sociales y culturales. Por ello, el cine no es solo entretenimiento, es una herramienta política y cultural con capacidad de legitimar narrativas o invisibilizar injusticias o colectivos. Sirve para representar realidades sociales, políticas, económicas y culturales. Incluso en aquellas producciones consideradas “inocuas” se observa un trasfondo: roles de género, racismo, clasismo, un largo etcétera. Las películas son un reflejo de la sociedad, de sus preocupaciones y de su mentalidad.

Un ejemplo de esto es la creencia popular sobre las luchas de gladiadores durante la historia de Roma y la utilización del pulgar hacia arriba o hacia abajo para indicar si se debía perdonar la vida al gladiador perdedor. La realidad es muy diferente pero muchas personas han crecido con la idea del pulgar utilizada por los emperadores.

Otros criterios como solvencia profesional, erudición académica, conocimientos geoestratégicos, etc. no lograban superar en intensidad la visión cercana, por muy sesudos que fueran.

Por una parte, pienso que es lógico que así sea, pero, por otra parte, al poder tratarse de un asunto de Estado, entiendo que podía suscitarse la duda.

Cuando me pregunto por qué no se suscita quizás esté la razón en la percepción de que somos una zona olvidada de España que, a duras penas, aparece en los telediarios cuando se habla de marginalidad.

Coincido en la calificación de momento histórico o, por lo menos, peculiar.

Evidentemente el Brexit, y el paso cambiado de Gibraltar ante la metrópoli, ha sido el detonante del estado de la cuestión actual.

Pero, vayamos a un paso anterior. La metrópoli no atraviesa su mejor momento. La globalización ha laminado los imperios, la economía del Reino Unido se trastoca de tal manera que la población, con o sin maniobra conspiranoica, ve el Brexit como una salida. Los acontecimientos se encargan, a estas alturas, de evidenciar que no era solución.

En esta tesitura, la metrópoli hace ver a la colonia que tienen que buscarse la vida autónomamente porque no hay recursos ni para pintar los colegios.

Gibraltar, y el poder allí instalado por conveniencia, entienden el mensaje a la primera, listos con pedigree como son.

España, que lee sagazmente desde mi punto de vista, la ocasión, se pone a la tarea.

Sabe que si intenta llegar a un acuerdo con los de “a lo que sea, NO” el tema no sale y decide que el negociador visible sea la UE, bajo su atenta mirada y su veto.

Todos están de acuerdo en que notoriedad, la mínima, discreción total.

En esas estamos, RU se quita un lastre económico inasumible, Gibraltar se asegura que no se toque lo intocable y entra en una dinámica de “mantente mientras cobro” que tan acreditadamente maneja, y España, también aplazando lo intocable, busca una salida a la degradada zona del Campo de Gibraltar, en la idea de inyectar parte del PIB de Gibraltar en el entorno, sin ningún ánimo de ocultarlo bautizando la situación como de prosperidad compartida.

Veremos como rueda el invento porque para los habitantes del peñón, eternos becarios de la metrópoli, la fluidez y la libertad de movimientos va a tener un coste al que se irán incorporando paulatinamente pero al que su mejora de calidad de vida va a serle difícil renunciar.

Es posible que del lado español surjan increíbles equilibrios, sesudos análisis de Derecho internacional, cutreces varias, etc. en la derecha extrema y en la extrema derecha para aparentar el pataleo sin modificar la situación creada de facto, que estabiliza una parte muy sensible del Estado español.

Puedo entender que alguien de Cuenca, con todos mis respetos para los conquenses, no vea el pragmatismo y empiece su razonamiento en Utrecht o Castilla, pero debe comprender que ni España es China, aunque abunden los bazares, ni Gibraltar es Hongkong.

Solo deseo, desde este rincón del mundo, que sea para bien.

Puede ocurrir que quien no responde disponga de argumentos suficientes para refutar lo que acaba de escuchar, pero que, simplemente, no encuentre sentido a hacerlo. No siempre por falta de valentía. A veces tan solo se trata del hartazgo que produce intentar razonar con quien no muestra el menor interés por revisar sus propias certezas.

Quizá esa interpretación del silencio tenga que ver con que se suele conceder demasiado valor a quien habla con seguridad, a quien afirma sin dejar espacio a la duda. La contundencia no siempre es sinónimo de razón. En ocasiones responde más al deseo de imponer una idea que al de contrastarla. Resulta agotador debatir con quien no distingue una evidencia de una ocurrencia o con quien descarta cualquier argumento que contradiga sus convicciones.

No pretendo hacer aquí un alegato a favor del silencio. Hay momentos en los que callar es una irresponsabilidad y alzar la voz resulta imprescindible. Hay injusticias que exigen respuesta y discursos que no deberían quedar sin réplica, por ejemplo, cuando se vulneran derechos o cuando se normaliza la mentira, pero entre el silencio cómplice y la discusión permanente existe un espacio del que apenas se habla, el de quien decide no malgastar su energía en un debate estéril.

Supongo que con los años se aprende que no toda afirmación exige una respuesta y no todas las conversaciones merecen el mismo esfuerzo. Precisamente por eso, cuando hablamos con una seguridad inquebrantable haríamos bien en no descuidar los silencios. Convendría observar mejor los instantes en los que se producen. La pausa antes de responder, la sonrisa breve, la pregunta repentina por otro asunto no siempre indican conformidad.

La respuesta inmediata puede nacer del impulso; el silencio, en cambio, a veces es el resultado de haberlo sopesado todo.

Ahora se felicitan porque el TJUE ha santificado la controvertida ley de amnistía a los protagonistas del “procés” a la que se opusieron, una tras otra, todas las capas del funcionariado, especialmente la judicial, y “la gente de bien” de este santo país.

Pero para juzgar las bondades de un proceso hay que fijarse en su producto final: los resultados. El movimiento judicial que se inició tras la fugaz declaración de independencia de Puigdemont no solo perseguía restablecer los cauces de una riada política y social que se habría desbordado, presa de sentimientos separatistas, mediante el escarmiento de sus promotores, sino, de paso, y dado que el partido político encargado, el PP, no daba la talla (¿la dará alguna vez?), hacer una oposición real e incontrovertible al gobierno social-comunista liderado por Pedro Sánchez.

Y a fe que lo han conseguido.

Por lo pronto, este gobierno ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos en toda la legislatura. Si el Supremo no se hubiera inmiscuido, la ley de amnistía habría seguido su curso normal, los políticos catalanes habrían sido amnistiados y las leyes pactadas se habrían aprobado con normalidad, incluidas las de presupuesto.

Y no seamos ingenuos. La parte del sistema judicial convertida en auténtica oposición política no es precisamente ignorante. Sus componentes saben que la interpretación y el uso que han hecho y hacen de las leyes no pueden pasar el filtro de la más mínima ortodoxia. Antes o “después” —y aquí está el quiz de la cuestión— sus actuaciones serán declaradas nulas. Pero para entonces ya habrán cumplido su objetivo de eliminar la amenaza socialista y en la Moncloa estarán quienes nunca deberían haberse ido.

Marchena y su equipo del alto tribunal no ignoran que su interpretación sui generis de la ley de amnistía o la estrambótica sentencia de condena al que fuera fiscal general del Estado serán rechazadas por el Constitucional, pero, en mi opinión, controlan los tiempos a la perfección. Sus acciones quedarán diluidas en el marasmo de la historia y nadie se acordará de su ignominia. Pero ellos, con la indiscutible ayuda de otros sectores —prensa, cuerpos policiales, alto funcionariado, …— y la inestimable ayuda de una parte del propio Partido Socialista, habrán obstaculizado el normal funcionamiento del gobierno de coalición y, lo que es más importante, la posibilidad de su continuidad, algo nada descartable si se tienen en cuenta otros factores, como la buena marcha de la economía.

Hay que reconocerles la maestría en el cálculo y el desempeño de su estrategia. A ver si “la gente de bien” de este país se da cuenta de que el verdadero jefe de la oposición no es el inane Núñez Feijóo, sino el ínclito Manuel Marchena y sus huestes judiciales.

Sembraron la mentira, el odio y el rencor contra la democracia republicana desde aquel 14 de abril de 1931, simplemente porque el pueblo español proclamo pacíficamente la II República y continuaron los trabajos para la aprobación de la Constitución republicana, progresista, humanista, laica y la reforma agrícola tan necesaria y urgente para el campo español.

La intolerancia, el fascismo de las derechas y la jerarquía eclesiástica, doctrinaria e inhumana no querían perder sus privilegios económicos particulares y menos el control y poder del crucifijo clavado en las paredes de las escuelas públicas como guardián de las esencias de la intolerancia irracional católica y dueños de los pecados, el cinismo e hipocresía del discurso político que imponían bajo la intolerancia del catecismo que ni ellos se creían pero, no aceptaron la democracia ni la respetaron y no se detuvieron en conspirar desde los púlpitos contra los diferentes gobiernos de la República, para ir minando la democracia y explotarla de forma controlada, como hicieron los cabecillas del alzamiento con armas y sin respeto en la división de poderes del Estado para imponer su sinrazón y el temor a quienes no obedecieran a aquellos hombres de negro con sotana, que daban miedo y generaban reparo con su presencia y ese comportamiento marcial castrense.

La II República fue un sueño breve, pero, intenso, repleto de pluralidad, diversidad y modernidad para salir del pozo de la dictadura de Primo de Ribera -Tío- y quienes negaban a las españolas y españoles la democracia se unieron en la conspiración del fascismo y nazismo contra la II República español, desde la banca, la nobleza de las tierras en manos muertas, los terratenientes, el capitalismo salvaje, la jerarquía católica: los obispos, cardenales y arzobispos que bendijeron y apoyaron el horror de la Guerra Civil que iniciaron los rebeldes golpistas, bautizada por en general de la Iglesia católica, Isidro Gomá y Tomás con la cruzada para matar y asesinar en el nombre del dios católico, con los bombardeos de los aviones de la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi, que Francisco Franco, autorizo y aplaudió como asesinaban en Guernica y Durango con bombas a inocentes e indefensos españoles y españolas, descontroladamente.

El 1 de abril de 1939, proclamaron el inicio del exterminio y limpieza racial , programada y establecida por el vengativo caudillo mediocre e inculto, que bajo palio de la Iglesia Católica, pregonaron su política fascista desde todos los templos católicos y dieron inicio con el terrorismo franquista, eliminado a quienes no opinaban como ellas y ellos, fue la solución inhumana que trajo el régimen fascista español, de Francisco Franco y acólitos que machaban a diario a las españolas y españoles, matando, robándoles su identidad, sus personalidades, sus bienes muebles e inmuebles, su libertad y su democracia, imponiendo por la fuerza de las armas la obediencia debida y sin rechistar, dejando mudos, sordos y ciegos a todo un pueblo el español, con la amenaza permanente de las armas y el crucifijo de los hombres de la mala fe y las mujeres con hábito casadas con el dios católico, se impuso la delación, el odio, la venganza y rencor. Toda esta “mala fe” fue garantiza por los jueces al servicio de Franco y su dictadura y el régimen militar que sometió sin piedad, sin humanidad y forma salvaje a España.

España tampoco ha querido quedarse al margen y ha realizado su propia aportación al género: la justicia del realismo mágico.

En ella, los jueces no solo interpretan los hechos. A veces también parecen escribirlos. Las pruebas aparecen donde nadie las había visto, los indicios se transforman en certezas y las conclusiones terminan demostrando las premisas de las que nacieron. El relato deja de seguir a los hechos; son los hechos los que empiezan a seguir al relato.

En el realismo mágico de García Márquez, una muchacha asciende al cielo mientras tiende las sábanas. En el realismo mágico judicial, un ciudadano puede ascender a cooperador necesario simplemente por aceptar un puesto que otros decidieron crear. Una entrevista se convierte en teatro, un silencio demuestra conocimiento, una sospecha madura hasta convertirse en prueba y una inferencia acaba revestida con la solemnidad de una sentencia.

Todo ocurre con absoluta naturalidad. Nadie parece extrañarse. Los personajes jurídicos aceptan lo imposible con la misma serenidad con la que los habitantes de Macondo convivían con fantasmas o soportaban lluvias de años enteros.

Y entonces llega la última entrega del género. La Audiencia de Madrid elimina algunos delitos atribuidos a Begoña Gómez, pero mantiene viva la novela al afirmar que existen indicios de que «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno».

Es una expresión extraordinaria. No describe una llamada telefónica, una orden, una reunión decisiva o una instrucción concreta. Describe una atmósfera. Un influjo. Casi un campo gravitatorio jurídico. En el realismo mágico literario los personajes levitan. En el realismo mágico judicial basta con ocupar una «posición privilegiada» para que el influjo flote sobre el procedimiento como una fuerza invisible.

En un Estado de derecho conviene preguntarse cuándo un razonamiento deja de conectar hechos probados para empezar a sustituirlos; cuándo una inferencia deja de ser un puente hacia la verdad y se convierte en un sustituto de ella.

Quizás por eso algunos procedimientos recientes producen una extraña sensación de familiaridad literaria, porque parecen obedecer a las reglas de la ficción: primero se escribe el desenlace y después los capítulos van encontrando la forma de conducirnos hasta él.

Un influjo invisible. Una fuerza que nadie ve, nadie toca y nadie puede medir. Pero ahí está.

En literatura eso se llama realismo mágico. En un juzgado, también.