Varios profesionales de la cultura —algunos se conocen, han trabajado juntos, incluso son amigos— deciden enfrentar la fragilidad laboral que afecta a su sector. Son diversos y complementarios: artistas de todos los ámbitos, actores y actrices, músicos, guionistas, ilustradores, organizadores de eventos, expertos en marketing, desarrolladores web, educadores...

Sobre esa confluencia de capacidades, intereses y objetivos, se organizan para crear cooperativas, empresas autogestionadas por sus propios miembros y con un enfoque social que trasciende el del beneficio económico. Lo consideran necesario, claro, pero no suficiente si no se orienta hacia valores como la solidaridad, la autonomía, la responsabilidad colectiva o el desarrollo sostenible. También la autoestima personal y profesional.

Una de esas cooperativas se especializa en artes escénicas para el público infantil y juvenil. Otra combina un sello discográfico con la promoción de conciertos para difundir el patrimonio musical gallego. Las hay que promueven el turismo responsable o la educación en el respeto y la convivencia. Una fomenta esos valores desde una editorial, otra desde el diseño de juegos de mesa. Ofrecen servicios de e-learning, contenidos digitales o gestión cultural, u organizan conciertos, exposiciones, jornadas de artesanía o cualquier evento relacionado.

Todos estos ejemplos existen, son algunas de las 70 cooperativas especializadas en el extenso mundo de la cultura —de las casi 300 en total, de diferentes sectores— integradas en la Unión de Cooperativas EspazoCoop, organización de referencia en la representación y defensa de los intereses del cooperativismo gallego.

Para dar visibilidad a sus 70 cooperativas culturales, EspazoCoop ha lanzado el Catálogo Coops Cultura. La mayoría de los proyectos que lo integran nacieron en la última década como respuesta a la crisis y la precariedad del sector, y pasaron a ser una solución que combina estabilidad laboral y gestión colectiva con un firme compromiso con la cultura gallega y su patrimonio.

Esta programación se enmarca en la programación de la Red Eusumo, una red de colaboración impulsada por la Consellería de Emprego, Comercio e Igualdade —a través de la Dirección Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social— para fomento del cooperativismo.

Cooperativisimo, alternativa también en cultura

Hablamos de un modelo de emprendimiento con raíces en el siglo XIX —en la revolución industrial—, que ha evolucionado y hoy vive un impulso sostenido desde la larga crisis de 2008. Como explica Ana Olveira, presidenta de EspazoCoop, “la mayoría de estas cooperativas han nacido en los últimos 10 años como respuesta a una profunda crisis en el sector y a la precariedad laboral, lo que también demuestra por su parte dinamismo, capacidad de adaptación y un tipo de emprendimiento alternativo frente a los desafíos sociales y económicos. Por eso entendemos el cooperativismo como una transformación de la sociedad”. 

El modelo predominante es el de la cooperativa de trabajo asociado (CTA), con más de 12.000 personas socias solo en Galicia. “Este tipo de cooperativismo permite generar empleo estable, de calidad, especialmente relevante en las áreas rurales donde contribuye a fijar población para combatir el despoblamiento”, añade Olveira.

Según el Ministerio de Trabajo, el 78% de las 1.565 cooperativas constituidas en 2024 son CTA —un 4,8% más que en 2023—, y Galicia es la segunda comunidad autónoma donde más se crearon, solo por detrás de una región mucho más poblada como Andalucía. Por cierto, el 45% de esas nuevas personas cooperativistas son mujeres, un porcentaje paritario bastante por encima del de otros modelos empresariales. En el caso de las CTA integradas en EspazoCoop, el 50% tiene como presidenta a una mujer.

“El modelo cooperativo ofrece soluciones sostenibles y democráticas para las y los profesionales en general y de la cultura en particular”, amplía Emi Candal, responsable de la Sectorial de cultura de EspazoCoop. “Permite consolidar proyectos que combinan estabilidad laboral, gestión colectiva y un firme compromiso con la creación cultural gallega y la preservación de su patrimonio”.

El cooperativismo proyecta esa doble dimensión de desarrollo local y alcance global que Naciones Unidas promueve para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tanto es así que la propia ONU ha declarado 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas (AIC2025). EspazoCoop se alinea en esa estrategia global desde Galicia y con diferentes programas: por ejemplo CULTSOS, Cultura Social y Sostenible —impulsado a través del PERTE Economía Social y Cuidados del Ministerio de Trabajo y Economía Social—, un conjunto de herramientas y recursos de análisis, formación, metodologías, colaboración, comercialización y mecenazgo a disposición de todas las cooperativas culturales para impulsar su innovación competitiva.

Unas jornadas para conectar la cultura cooperativa

Otra iniciativa global desde lo autóctono viene en camino EspazoCoop junto a Coceta —Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado— están organizando las jornadas Somos Cultura, Somos Coop. La cultura como derecho, el cooperativismo como motor social, que entre el 26 y el 28 de noviembre contarán con la participación de diferentes asociaciones y federaciones tanto regionales como estatales.

Este evento es posible gracias a un respaldo institucional encabezado por la Xunta de Galicia —a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude (AGADIC) y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración— y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se suman como impulsores la Deputación da Coruña y la Rede Eusumo, y cuenta con la colaboración del Concello de Santiago, el Concello da Coruña y Culturgal.

Las tres jornadas se desarrollarán, consecutivamente, en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, A Coruña y la Feria de las Industrias Culturales de Galicia (Culturgal 2025, Pontevedra). Entre otros eventos, se han programado mesas redondas que abordan cuestiones como las políticas públicas del sector o las prácticas más eficaces para dinamizarlo; talleres y actividades de co-creación entre las diferentes comunidades culturales; visitas a cooperativas de referencia para conocer en persona su modelo de trabajo; y asistencia de todos los participantes a Culturgal con el fin de establecer contactos entre cooperativas, empresas, instituciones y profesionales. 

Varios eventos y debates están abiertos al público general, que puede inscribirse hasta completar aforo.

El concepto del cooperativismo arrastra en nuestro país una buena colección de mitos que, lejos de reflejar su realidad, perpetúan ideas erróneas sobre este modelo empresarial. A menudo, se habla de caos organizativo, falta de crecimiento o de ausencia de responsabilidad, entre otras afirmaciones que circulan tanto en conversaciones informales como en artículos que han quedado obsoletos.

A continuación, vamos a repasar (y a desmontar) algunos de esos prejuicios de forma sencilla, pero rigurosa, recurriendo para ello a datos, legislación y ejemplos fiables. Comprobaremos cómo muchas de estas críticas nacen de desconocimiento o de casos concretos exagerados, y no representan la experiencia mayoritaria de las cooperativas españolas.

“Como no hay jefes, es un caos organizativo”

Se trata de una afirmación bastante común y... falsa, ya que las cooperativas cuentan con una estructura organizativa clara: la Asamblea General de socios y el Consejo Rector (o Administradores), regulados por la Ley 27/1999, que define sus funciones y límites. Además, los Estatutos pueden incorporar figuras de dirección —administrador único— en cooperativas pequeñas, garantizando eficacia y responsabilidad.

“Es un modelo empresarial que no crece”

De nuevo, se trata de una idea errónea y hay ejemplos que así lo corroboran. En el sector agroalimentario, las cooperativas en España redujeron su número solo un 7% entre 2001 y 2022, pero su facturación total creció un 348% en ese mismo periodo, según recoge un reciente estudio de la Universidad de Valencia. Este dinamismo demuestra su capacidad de consolidación y expansión, especialmente cuando se apoyan en gestión profesional y tecnología.

“¿Quién se hace responsable de sus deudas?”

Otro de los mitos habituales es pensar que nadie se hace cargo de los rotos. Sin embargo, la Ley de Cooperativas establece que cada socio responde hasta el importe de sus aportaciones suscritas, estén o no desembolsadas. Asimismo, ante la salida voluntaria, el antiguo socio sigue cubriendo obligaciones sociales hasta cinco años después, garantizando la solvencia frente a terceros.

“Es un modelo muy ineficiente”

Existen numerosos estudios que desmienten este punto, aunque son los ejemplos lo que evidencian lo erróneo de esta afirmación. Tanto es así que, con una planificación estratégica adecuada, las cooperativas llegan a niveles de eficiencia y competitividad comparables o superiores a las empresas tradicionales. En España, Corporación Mondragón agrupa a un centenar de cooperativas, factura más de 10.000 millones al año y da trabajo a casi 80.000 personas. La clave reside en combinar valores cooperativos con prácticas de gestión profesional.

“Es un modelo muy ineficiente”: otro tópico refutado por Mondragón, que agrupa cien cooperativas, factura más de 10.000 M de € anuales y emplea a casi 80.000 personas

“No generan empleo estable”

De nuevo, los datos revelan lo lejos que está esta idea de ser cierta. Según el último informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en diciembre de 2024 había 24.792 cooperativas y sociedades laborales, que daban trabajo a 386.265 personas, de las cuales 335.057 se desempeñaban dentro de cooperativas. En paralelo, las Cooperativas de Trabajo Asociado crearon 2.968 nuevos empleos solo en 2024, tal y como recoge la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA).

“No generan empleo estable”: en diciembre 335.057 trabajadores se desempeñaban en cooperativas en España, con 2.968 nuevos empleos solo ese año, según COCETA.

“Es imposible conseguir financiación”

Una vez más: no es cierto. En realidad, las cooperativas pueden acceder a las mismas líneas ICO que pymes y autónomos (por ejemplo, ICO Empresas y Emprendedores con 8.150 millones de euros) y a fondos europeos como FEDER, FSE y FEADER, diseñados para impulsar innovación y sostenibilidad en la economía social. Al mismo tiempo, las entidades financieras cooperativas también ofrecen avales específicos.

“Solo son útiles para el campo”

Es cierto que en el entorno agro son mucho más visibles, no obstante, el cooperativismo abarca servicios, consumo, trabajo asociado, vivienda y otros sectores. De hecho, el 80% de las cooperativas en España son de trabajo, no agrarias, y en 2024 representaron el 78% de las nuevas altas, generando casi 3.000 empleos, como se ha mencionado con anterioridad.

“Pagan salarios bajos y aprovechan mano de obra barata”

Muy alejado de la realidad, ya que. en numerosas cooperativas, la política salarial es más equitativa que en las empresas convencionales. Por ejemplo, en la mencionada Corporación Mondragón la relación entre el salario más alto y el más bajo fue de 1:9 en 2018, mientras que, en muchas grandes empresas capitalistas, se supera la relación 1:20, tal y como recoge el portal especializado Co-operatives UK.

“Son frágiles ante crisis económicas”

El último mito seleccionado es, quizá, uno de los más equivocados, puesto que el modelo cooperativo ha demostrado ser especialmente resiliente en periodos de recesión. Un artículo del periodista Miguel Moreno Mendieta, publicado hace un mes, señala que las cooperativas, gracias a su gestión democrática y foco en el largo plazo, aguantan mejor las caídas de demanda y mantienen empleo estable: agrupan a 1.200 millones de personas en todo el mundo y generan más de 2,5 billones de euros de ingresos anuales.

Existen otros muchos mitos en torno a las cooperativas y su funcionamiento, pero estos ejemplos muestran que la mayor parte de los prejuicios no resisten el contraste con la estadística y realidad informativa contrastable. Las sociedades cooperativas en España ofrecen organización, crecimiento, responsabilidad limitada, eficiencia y generación de empleo, junto a vías de financiación específicas y presencia en diversos sectores. Desmontar estas afirmaciones erróneas es el primer paso para conocer y valorar un modelo que combina valores sociales y viabilidad empresarial.

En el concepto habitual de empresa, ya sea una sociedad limitada o anónima, es el capital el que manda: cuantos más euros aporte una persona u organización, más fuerza de voto y dividendos recibirá. Sin embargo, aunque es el mayoritario, no se trata del único modelo que existe a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial, ya que existe el formato que ofrecen las cooperativas. Con este sistema, cada socio pone su grano de arena y tiene un voto, sin importar cuánto haya invertido, y los beneficios —o excedentes— se reparten en función de la participación en la actividad, no en la bolsa de capital. ¿Quieres saber más acerca de este modelo igualitario, democrático y participativo?

En nuestro país, el texto legal que regula este formato de empresa es la Ley 27/1999, de 16 de julio y, según recoge su primer artículo, “una cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional”. Este régimen jurídico se concreta en nuestro país con un objetivo claro: promover la iniciativa colectiva y garantizar la protección de los derechos de sus socios.

En el cooperativismo, cada socio pone su grano de arena y tiene un voto, sin importar cuánto invierta; los beneficios se reparten en función de la participación en la actividad

Entonces, a diferencia de las sociedades mercantiles tradicionales, en las cooperativas la propiedad no recae en un único inversor o en un conjunto de accionistas con gran participación, sino que pertenece de forma colectiva a todos los socios. Cada miembro aporta capital y, a cambio, adquiere derechos económicos y políticos. Este modelo permite que el valor añadido generado sea compartido de forma equitativa, en lugar de concentrarse en quienes tienen mayor aportación económica. Por lo tanto, como se ha señalado con anterioridad, la legislación española establece que el reparto de excedentes se realiza conforme a la participación en la actividad cooperativa, no al capital aportado.

Uno de los pilares de las cooperativas es la gestión democrática: cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del capital que haya aportado. Este principio contrasta de manera drástica con las sociedades anónimas (S.A.) o limitadas (S.L.), donde el poder de decisión suele vincularse al número de acciones o participaciones de cada socio. La igualdad de voto fomenta la participación activa y el compromiso de los socios en la toma de decisiones, fortaleciendo el carácter social y solidario de la entidad.

Pero hay más aspectos que marcan la diferencia. Así, la Ley 27/1999 establece el régimen de libre adhesión y baja voluntaria para las cooperativas: cualquier persona que cumpla los requisitos estatutarios puede incorporarse o retirarse de la cooperativa sin necesidad de autorización externa. Este aspecto es clave y, de nuevo, difiere de las sociedades mercantiles, donde la transmisión de participaciones o acciones está sujeta a restricciones legales y estatutarias que pueden incluir derecho de tanteo y prioridad. En las cooperativas, la flexibilidad de entrada y salida refuerza la naturaleza asociativa y la libertad de los miembros.

¿Qué ocurre con los beneficios?

En el marco del cooperativismo, los beneficios se destinan prioritariamente a reservas, fomento y consolidación de la actividad, con un porcentaje limitado para distribución entre los socios, habitualmente en proporción a su participación en la actividad (los conocidos como excedentes cooperativos). Además, el mismo texto legal prevé la obligación de destinar un mínimo al fondo de educación y promoción, que financia actividades de formación y difusión del modelo cooperativo. Este mecanismo contrasta con el reparto libre de dividendos en las S.A. y S.L., donde los accionistas reciben dividendos en función de sus acciones o participaciones.

Los expertos del derecho enlistan más diferencias entre modelos: mientras que en las sociedades anónimas y limitadas la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado y existe un capital mínimo —60.000 euros para la S.A. y 3.000 euros para la S.L.—, en las cooperativas no se exige un capital mínimo único a nivel estatal. De hecho, cada comunidad autónoma puede establecer sus propios mínimos en su legislación complementaria, tal y como explica el Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa. En cuanto a la responsabilidad de los socios ante terceros, esta se limita también al capital aportado, salvo en las cooperativas de trabajo asociado, donde los socios-trabajadores responden personalmente de las deudas sociales hasta un doble del valor de sus aportaciones.

Los beneficios se destinan prioritariamente a reservas, fomento y consolidación de la actividad, con un porcentaje limitado para distribución entre los socios

¿Qué hay de los impuestos? El régimen fiscal de las cooperativas goza de ventajas específicas: estas compañías tributan al 20% en el Impuesto de Sociedades sobre el rendimiento cooperativo (siempre que cumplan determinados requisitos de reparto y destino del excedente), frente al tipo general del 25% aplicable a S.A. y S.L. Asimismo, las cooperativas están exentas de retención en las operaciones internas entre socios y, en ocasiones, pueden beneficiarse de deducciones autonómicas para fomentar la creación de empleo y la economía social.

En suma, las cooperativas en España se caracterizan por su propiedad colectiva, gestión democrática —un socio, un voto—, reparto equitativo de excedentes, régimen de adhesión y baja voluntaria, y ciertas ventajas fiscales. Por el contrario, una S.L. o una S.A. se define por una estructura de capital con aportaciones desiguales, voto ponderado según participaciones, reparto de dividendos proporcional al capital, exigencia de capital mínimo estatal y un régimen fiscal y de transmisión de participaciones más rígido.