Toda esta historia arranca en un olivar. Lo primero que nos dicen es que tapemos las matrículas. Algunos lo hacen con cinta adhesiva. Otros recurren a telas, pañuelos, banderas, mapas y accesorios para el coche. Lo importante, dicen, es que no puedan ser identificadas en imágenes aéreas.

Llegar ahí tiene su complejidad. Hasta el viernes no se sabrá la ubicación exacta del lugar. Sólo unos pocos activistas conocen las coordenadas. Los móviles deben ir apagados o en modo avión.

Los coches que llegan el jueves por la noche para ayudar a preparar el campamento, han de respetar protocolos de seguridad.

Ya en las inmediaciones, intentando dar con alguno de los organizadores para llegar al terreno y visto el ambiente, surge una pregunta obvia: ¿Cuál ha sido el punto de contacto con ellos? “Digamos que funcionan como una cebolla, y nosotras hemos hablado con una de las capas”, contesta una activista del coche que ha salido desde Madrid el jueves por la mañana.

A las siete en punto del viernes habrá una asamblea para organizar la logística, nos dicen al recibirnos finalmente en un lugar de acampada provisional. A las siete de la mañana del viernes, ya desayunadas, varias decenas de personas en círculo escuchan las instrucciones. A lo largo del día hay que montar la cocina, los baños, los lavabos, la barra donde se servirán bebidas por la noche y una carpa y escenario que han remolcado desde Andalucía dos hermanos que se dedican al circo social.

El campamento improvisado

En ese campamento improvisado en un olivar de Mont-roig del Camp (Tarragona), se estrena en público Revoltes de la Terra, un nuevo movimiento inspirado en el francés Soulèvements de la Terre (SLT). Nutrido en buena medida de la cultura asociativa del independentismo catalán, Revoltes de la Terra nace para ser una “constelación de luchas” por un interés común: la defensa del territorio y el anticapitalismo, explican sus impulsores. 

El método de protesta de SLT—movimiento que el Gobierno francés quiso disolver al considerarlo “ecoterrorista”— mezcla lo lúdico y festivo con la acción directa. Por un lado, la vertiente más “festivalera”: un campamento donde se organizan actividades, talleres, conciertos e incluso zonas infantiles. Por otro, la más disruptiva: la protesta, con desobediencia civil, ocupación de terrenos privados —generalmente para frenar o sabotear proyectos industriales— y potenciales disturbios con la policía.  

En el lugar de la acampada, un terreno cedido por los vecinos de Mont-roig a los activistas, más de mil personas se llegan a congregar el viernes, día en que la ubicación deja de ser secreta. Allí convergen militantes de grupos ecologistas como los de Extinction Rebellion —al menos una veintena de activistas de este colectivo acuden al encuentro— o de Ecologistas en Acción, movimientos por la vivienda, ecoaldeas, agrupaciones campesinas, centros sociales okupados, partidos políticos, organizaciones de jóvenes independentistas y sindicatos, entre otros. 

El foco de la acción con la que se estrena este movimiento ecologista catalán es la fábrica de componentes para baterías de coches eléctricos que la multinacional surcoreana Lotte proyecta instalar en un terreno cercano al olivar de las revueltas de la tierra. Entre la urbanización Club Mont-roig y la fundación Más Miró —una masía en la que veraneó el artista Joan Miró—, la planta de Lotte Energy Materials espera producir cada año 30.000 toneladas de elecfoil, finas láminas de cobre para baterías eléctricas. El clima es favorable para esa producción, según la compañía, y el lugar es estratégico: hacia el norte, en Martorell (Barcelona), queda la fábrica de Seat. En el sur, en Sagunto (Valencia), Volkswagen impulsará una planta de baterías.

Los vecinos y agricultores de la región denuncian que la zona del Camp de Tarragona está ya muy castigada. La provincia acoge explotaciones energéticas (entre ellas, las centrales nucleares Vandellós II y Ascó), focos turísticos como Salou o el parque temático de Portaventura, complejos petroquímicos y una refinería de Repsol.

La sequía que asfixió en 2024 al Camp de Tarragona arruinó los cultivos de avellanas y de oliva. “Los avellanos han muerto casi al 100%, y los olivos al 80%”, lamentan desde Revolta Pagesa. También lo han sufrido los algarrobos y los almendros de secano. “Llevamos tres años sin regar del pantano Riudecanyes”, se queja Ramón Rojo, portavoz de esta asociación.

“El agua tiene que venir primero a la agricultura antes de que pongan más químicas y más industrias”, zanja. Se calcula que Lotte empleará cada día unos 2.000 metros cúbicos de agua en la producción de elecfoil.

El sábado, día central de la protesta, los participantes se multiplican: 3.000 personas se movilizan contra Lotte, entre activistas, plataformas de vecinos de Mont-roig y colectivos como Revolta Pagesa o Unió de Pagesos, el principal sindicato agrícola catalán. La acción consiste en ocupar el terreno, plantar árboles y hacer una cadena humana. La policía finalmente no aparecerá, para decepción de muchos activistas, acostumbrados a protestas más “cañeras”, como las llaman. Entre esos activistas están Mahaut y Simon, unos franceses que militan en SLT. “Pero para ser la primera acción, está muy bien”, valoran.

¿Contradicciones?

La multitud marcha, campo a través, hasta el terreno donde se construirá la fábrica. Son varias horas a pie, aunque algunos conducen tractores. Varios de ellos, jóvenes agricultores, se sumaron también a las tractoradas que a lo largo del 2024 se manifestaron, en parte, contra las medidas del Pacto Verde Europeo. 

Rojo no encuentra en ello ninguna contradicción: “Estamos aquí para defender el suelo agrario, para defender la agricultura y el Camp de Tarragona, para que no haya más contaminación de la que ya tenemos”.

Revolta Pagesa ha protagonizado disputas recientes con los grupos ecologistas, a raíz del freno a la constitución de la Agencia de la Natura de Catalunya y a la reintroducción del lince ibérico. Las tensiones entre el mundo rural y el ecologismo son frecuentes, y la Ley de Restauración de la Naturaleza fue uno de los grandes frentes de batalla del año pasado.

Los levantamientos de la tierra en Francia surgen en 2021 de la experiencia de las Zonas a Defender —establecimientos de resistencia en que se instalan activistas locales y venidos de otros lugares para luchar contra determinados proyectos industriales, como ampliaciones de aeropuertos o construcción de carreteras— y los KlimaCamps, campamentos de formación en la que los activistas enseñan y aprenden métodos para exigir justicia climática.

Soulèvements de la Terre rompe con el ecologismo más urbano y con aquellas formas de protesta de Extinction Rebellion o Fridays For Future, que se centran en pedir a las autoridades un cambio para atajar la crisis climática. “Pero ese cambio no va a venir de ahí”, sentencia el francés Camille Teixó, que participa en Soulèvements de la Terre. En ese ambiente, Teixó cuenta que “había un punto de desesperación, y la gente salía a la calle a pasear su impotencia”. La idea de SLT, y de Revoltes de la Terra, es justamente devolver al activismo climático el espíritu de victoria y “conectar con la potencia colectiva”.

Residente en Catalunya desde hace años, el activista habla catalán con los impulsores de Revoltes de la Terra. También maneja el castellano a la perfección. Admira el tejido asociativo de Catalunya, y admite que gran medida de lo logrado en la composición de Revoltes de la Terra bebe de la cultura independentista. Pero precisamente la idea de esta composición de colectivos es “superar las diferencias ideológicas”, matiza. 

Unión desde la división

Como SLT, Revoltes de la Terra logra aliarse con el mundo rural. En Catalunya, estos ecologistas comparten con el campo la reivindicación identitaria. La unión desde la división. El primer día, el jueves por la noche, solo dos periodistas están presentes en el olivar. Ninguna pertenece a un medio de Catalunya. El único idioma de la acampada —en la que hay personas llegadas de todo el Estado español y de otros países, como Francia y Reino Unido— es el catalán. Sólo en la primera asamblea logística se facilita un punto de traducción simultánea al castellano. 

El viernes por la tarde, los portavoces de Revoltes de la Terra deciden hablar por primera vez con la prensa. Acuden al encuentro cuatro periodistas. Ninguna de las reporteras allí presentes habla catalán.

—Después de hacer vuestras declaraciones en catalán, ¿podríais contestar en castellano? — pregunto a los portavoces.

La persona que facilita el contacto con medios de comunicación rechaza la propuesta, pero sugiere que las preguntas se contesten en español.

—Uf, per mi és que és un tema ideològic — contesta la coportavoz de Revoltes de la Terra Marta Roig, y niega también esa posibilidad. 

Electrificar la movilidad

El fantasma que recorre el campamento a lo largo del fin de semana es el objetivo de la protesta, que desvela una suerte de guerra contra la movilidad eléctrica. La transición energética es un tema espinoso que divide desde hace tiempo al movimiento ecologista. Cuando se inician estas conversaciones con los participantes en este encuentro, enseguida aparecen términos como “tecnosolucionismo”, por un lado, y “colapsismo” por el otro. Unos rechazan la apuesta por las renovables y la movilidad eléctrica para frenar la crisis climática; mientras que otros creen que no aprovechar estas tecnologías es una forma de resignación ante un escenario peor de calentamiento global, y una aceptación de sus consecuencias.  

“El problema es que aquí no se está cuestionando para nada la movilidad que está habiendo”, resume Eduard Alzina, coportavoz de Revoltes de la Terra. “Están proponiendo una solución a corto plazo que no es viable ni para todo el mundo. Toda esta industria requiere unos minerales y una explotación y una contaminación en el sur que tampoco es viable y que tampoco es verde y lo que hay que cambiar es el modelo de movilidad individual que existe hoy en día”. 

“Lo que nos ofrece el capitalismo verde europeo es llevarnos a un punto de no retorno. La única solución que nos ofrecen es resolver el capitalismo con más capitalismo”, arguye Marta Roig. “Es pintar de verde lo que ya hay”, coincide Camille Teixó. 

“Apostamos y defendemos un modelo social que prioriza a las personas y el territorio, que se encuentra en las antípodas del patrón neocapitalista predominante que encarnan a los grandes lobbies económicos”, sostiene por su parte el líder de Salvem Mont-roig, Jep Borrull.

Marcos pasea con su bici por el terreno de la protesta. Ha venido desde Cantabria para apoyar. Critica la “mal llamada transición energética” que a su juicio es en realidad una “transacción energética”. Arguye que la transición “no es cierta”. “No deja atrás el petróleo, el carbón, el gas, que es fundamental para hacer los juguetes tecnológicos punteros”, dice en referencia a las energías renovables. Cuenta que le sorprendió “para mal” que Red Eléctrica lograra recuperar la electricidad “tan pronto” tras el apagón del pasado lunes. Para él, se ha perdido una oportunidad de mostrar a la población las consecuencias de un colapso.

El concejal de la CUP en Valls (Tarragona), Pere Vidal, explica que “nos preparamos para lo peor y esperamos que pase lo mejor”, dice Vidal, quien considera que “la distopía ya está aquí”.

Para Albert Villena, uno de los 14.000 vecinos de Mont-roig, el coche eléctrico “no es el problema en sí”. Pero exige la participación ciudadana en un proyecto de esas dimensiones, con ese consumo de agua. “Una planta de este tipo es lo suficientemente importante como para que pueda votar todo el mundo. No puede ser una decisión política porque el Gobierno cree que es lo mejor para todos. Eso lo hacían los reyes absolutistas franceses, pero ahora ya no toca”.

El Consejo de Ministros de Francia aprobó la semana pasada la propuesta del presidente de la República, Emmanuel Macron, de incluir en la Constitución la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y someterla a consulta popular. Pero la reforma del texto constitucional debe ser votada en el Senado, controlado por la derecha.

La iniciativa responde a una de las exigencias principales de la Convención Ciudadana por el Clima, la asamblea climática francesa compuesta por 150 ciudadanos elegidos por sorteo que se celebró entre finales de 2019 y principios de 2020 para aportar soluciones a la crisis climática.

Samuel Leré (Angers, 1991), asesor político y portavoz de la Fundación Nicolas Hulot, ha estado en todo el proceso de la asamblea, pues los ciudadanos participantes pidieron que esta organización homónima de la estrella de la divulgación ambiental y exministro para la Transición Ecológica asistiera como experta. Hablamos con él para analizar qué recorrido real tiene el anuncio de Macron.

¿Qué opciones hay de que salga adelante la propuesta de Emmanuel Macron?

Es muy poco probable que esta reforma salga adelante, sencillamente porque Emmanuel Macron no tiene mayoría en el Senado, y según las primeras palabras del presidente del Senado hay pocas posibilidades de que esté a favor de introducir esa mención en el artículo 1 de la Constitución.

Incluso en el que caso de que estuviera de acuerdo, es cuestionable si sería apropiado celebrar un referéndum a menos de un año de las elecciones presidenciales en ese momento. Además, esta medida no supondría una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿En qué punto se encuentra el proceso actualmente?

El proyecto de reforma acaba de presentarse en el Consejo de Ministros. Para ser aprobado deberá ser votado por el Senado y la Asamblea Nacional con el mismo número de votos. Si las dos cámaras votan el texto, el presidente de la República podrá someter la reforma a un referéndum, como se ha comprometido, o ante el Congreso, que reúne a los senadores y diputados en Versalles. Por lo tanto, estamos muy al principio de la reforma.

¿Qué puede significar jurídicamente el anuncio de Macron de incluir la protección del medio ambiente –tal y como exige la Convención Ciudadana por el Clima– en la Constitución?

Si esta reforma se aprobara daría al Estado una casi obligación de éxito, según el Consejo de Estado. Obligaría a Francia a cumplir sus objetivos climáticos y bloquearía todos los proyectos de ley contrarios a la protección del medio ambiente, como la autorización de la explotación del gas de esquisto.

Si esta reforma no sale adelante, ¿cuál es el papel del movimiento de los chalecos amarillos o de la Convención Ciudadana por el Clima?

En la Fundación Nicolas Hulot no hacemos política-ficción, así que veremos si esta reforma llega hasta el final. Eso esperamos, pero hay pocas posibilidades de que tenga éxito. Por lo demás, la convención de ciudadanos no tendrá más que decir que el presidente de la República ha traicionado su promesa. Pero eso ya lo dicen muchos. La mayoría de las propuestas que hicieron en la asamblea ciudadana han sido eliminadas del proyecto de ley o destripadas. Por ejemplo, se ha eliminado la prohibición de vender los vehículos más contaminantes en 2025. La regulación publicitaria para prohibir la publicidad de los productos más contaminantes como los SUV se ha transformado en una prohibición de los combustibles fósiles, pero ninguna empresa informa sobre su producción de carbón o petróleo. Una vez más, con esta mayoría tenemos buenas palabras, pero ninguna acción concreta.

“En esta casa no se habla de la mina”, sentencia una voz femenina al otro lado del teléfono. Es la mujer de Eustaquio Martín Herrero, el actual alcalde de Retortillo, un pequeño pueblo de Salamanca. No está disponible, dice, pero, si lo considera oportuno, devolverá la llamada, cosa que no llega a ocurrir.

El ambiente en esta localidad salmantina de apenas 200 habitantes lleva caldeado por lo menos diez años, desde que la empresa Berkeley Minera España, filial de la compañía australiana, mostrara interés en explotar comercialmente los yacimientos de uranio de la región. Lo que plantea la compañía es un proyecto mastodóntico que aspira a ser la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa y que atravesará un área protegida de la Red Natura 2000.

Pasada ya una década, la empresa sigue enredada en papeleos y recursos para llevar a cabo su plan, cuya ejecución, tras una serie de reveses burocráticos, había pospuesto para 2020. Además de la mina, Berkeley quiere construir una planta de concentrados de uranio –donde preparar el combustible nuclear– y un almacén de residuos radiactivos. Esta última parte llevó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a interrumpir en 2018 el expediente de tramitación, al considerar que necesitaba más información sobre la gestión de desechos altamente radiactivos.

Pese a que el proceso sigue paralizado, este mes de mayo Berkeley anunció que está “lista para invertir” 87 millones de euros para comenzar a construir las instalaciones del complejo, con el que promete generar unos 500 puestos de empleo ya en 2020. La compañía incluso lo ha presentado como “uno de los proyectos económicos más relevantes para la región, sobre todo en el próximo periodo de recuperación económica que tocará vivir tras la Covid-19”.

Pero antes de arrancar debe reunir todos los permisos necesarios. Y esto es precisamente lo que ha agitado a los activistas contrarios al proyecto, en su mayoría residentes de Retortillo y de las localidades colindantes Villares de Yeltes y Villavieja de Yeltes, que también se verían afectadas por la actividad minera y de la planta. “Ya nos han hecho mucho daño, nos han dividido. Hay vecinos con los que ahora no me hablo”, confiesa José Ramón Barrueco sobre su pueblo, Villares de Yeltes. Barrueco es el portavoz de Stop Uranio, la plataforma de unos 200 socios que se está movilizando para impedir la construcción de la mina.

En 2011, Berkeley firmó un acuerdo de colaboración “para el mantenimiento de buenas relaciones” con los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Las entidades locales se comprometían a “agilizar todos los trámites administrativos necesarios que solicite la compañía” “en reconocimiento del esfuerzo inversor a realizar por Berkeley”. Todo ello pasaba, precisaba el convenio, por “la emisión de informes favorables” y por “la concesión de licencias de obra, apertura, actividad y demás permisos municipales solicitados por la compañía”. Sólo Villavieja de Yeltes recibió, según explica su propio alcalde, Jorge Rodríguez Martín, un total de 90.000 euros que “se dedicaron a dos obras de mejora de accesibilidad en el centro de jubilados y en el ayuntamiento”.

Su firma figura en el acuerdo, pero en 2016 Rodríguez Martín rompió las “buenas relaciones” con la minera y se cambió de bando, un paso que le costó la credibilidad como edil entre sus vecinos y, en especial, la confianza de los “antimina radicales”, lamenta. Ahora dedica buena parte de su tiempo a investigar a Berkeley, una lucha personal que exhibe en su canal de YouTube. El giro se debió a que en 2016 la empresa añadió, “en plenas hostilidades”, un yacimiento nuevo a su proyecto, el de la “zona 7”, que estaba muy cerca de las escuelas de su pueblo, “a solo 150 metros”.

“Desde 2008 hasta mayo de 2012 Berkeley venía de la mano de Enusa. En esta comarca, Enusa operó con bastante prestigio y yo sentía cierta seguridad con su presencia. El proyecto me daba confianza y aunque nunca he sido un defensor de la energía nuclear, en aquellos tiempos la crisis estaba en su momento más álgido. Me pudo la idea de los puestos de trabajo”, se justifica.

Algunos residentes fueron contratados por la minera. Incluido el anterior alcalde de Retortillo y tres concejales, querellados en 2018 por Stop Uranio, que los acusó de cometer delitos de cohecho. El Juzgado de Instrucción desestimó el recurso. “Consideró que en un pueblo tan pequeño la gente al final se tiene que ganar la vida”, interpreta Barrueco. Mientras, otros tantos aún ven la promesa del empleo a la vuelta de la esquina y los que se oponen al proyecto aluden a cuestiones ambientales y de salud pública. Se declaran en contra de la destrucción del hábitat (incluida la tala de encinas que la minera comenzó en 2017, sin permiso), y de que su río, el Yeltes, quede contaminado una vez esté operativa la planta.

Pero, sobre todo, no quieren “acabar respirando polvo de uranio”. “El problema de salud de la minería de uranio es que cuando se hace la molturación –se tritura el material– despeja unas partículas que el viento puede diseminar incluso a largas distancias y que emiten una radiación, llamada alfa, que al inhalarse se sitúa dentro de las células y altera su funcionamiento”, explica Eduardo Rodríguez Farré, médico e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. “Lo usual es que aumente el riesgo de padecer cáncer al plazo de 10 ó 20 años. Y hay otras alteraciones, como la inmunidad o la de regulación de los ácidos nucleicos, que son a más corto plazo”, agrega.

La batalla ahora se libra en el terreno administrativo, en concreto sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que necesita cualquier iniciativa de este tipo para desarrollarse. Ante el riesgo de que se reanudasen los trámites paralizados, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes solicitó a la Junta de Castilla y León que diera por caducada la DIA. La Junta la aprobó en 2013 y fijaba un plazo de cinco años para que la empresa comenzara a ejecutar el proyecto.

En esos cinco años este no logró ponerse en marcha. Todavía no tenía –ni tiene– la licencia urbanística, un requisito esencial para realizar cualquier obra. También falta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de luz verde al proyecto, y para ello debe contar con el informe previo y favorable del CSN, el cual, por ahora, tampoco se ha emitido. El resultado es que a fecha de junio de 2020, sigue sin haber mina.

Contactada por email, Berkeley Minera España insiste en que “la empresa considera que la DIA está en vigor y que no hay ninguna motivación para su caducidad”. Defiende que la propia declaración especifica que esta caducará “si en el plazo de cinco años tras la autorización o aprobación del proyecto” no se hubiera empezado a ejecutar, y no tras la aprobación de la DIA, como arguyen los antimina.

Así, y como aún no tiene el proyecto aprobado, entiende que dicho plazo ni siquiera habría comenzado. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se basó en otro criterio totalmente diferente para rechazar hace dos semanas la solicitud de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental. Su argumento es que ya han comenzado “diversas labores de ejecución del proyecto” y citan, en concreto, el desvío de la carretera SA-322 y la realización del vallado perimetral, acciones que tuvieron lugar entre 2016 y 2017. La cuestión es que esas labores preliminares de infraestructura fueron denunciadas por los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriéndose un expediente sancionador por haberse realizado sin la necesaria licencia urbanística y sin la autorización de uso especial del suelo, concedida más tarde, en julio de 2017, por la Junta. Por otro lado, la minera fue multada con 8.000 y 10.000 euros por las prospecciones.

La pelota ahora está sobre el tejado del Ayuntamiento de Retortillo, que de momento no ha concedido a Berkeley la licencia urbanística, y sobre el CSN, organismo que asegura estar trabajando sobre la evaluación preceptiva del proyecto con el que elaborará el informe que será dictaminado en el Pleno y elevado al MITERD, del que depende la autorización de construcción.

Cristina Rois, de la organización Ecologistas en Acción, forma parte del comité asesor del CSN que se reúne dos veces al año para resolver distintas cuestiones. La semana próxima tendrá lugar la primera sesión de 2020, y en ella preguntará por el estado de la evaluación. Rois cuestiona la rentabilidad del proyecto: “En España ya hubo minas de uranio que cerraron a finales del siglo pasado porque no eran rentables. El uranio es relativamente abundante pero disperso salvo en algunas zonas. Es una minería muy contaminante y según la cantidad que puedas extraer compensa, o no”, advierte. El investigador Eduardo Rodríguez Farré también duda: “Es extraño lo de Berkeley porque han cerrado minas mucho más ricas en uranio en Canadá y sin embargo quieren abrir una en Salamanca, donde se extraía muy poco uranio y en un momento en que el mercado de uranio está abastecido de sobra”.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquíaquí

Tras nueve días sobrevolando la Gran Barrera de coral australiana, el reconocido científico Terry Hughes se desmoronaba este jueves en Twitter: “Un día deprimente y agotador. Me siento como un amante de arte que pasea por el Louvre... mientras lo destruyen las llamas”, escribía en su cuenta.

Su exploración desde una avioneta en colaboración con la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes (GBRPA, siglas en inglés) ha corroborado lo que varios científicos y él mismo venían advirtiendo desde hace unas semanas: el Gran Arrecife sufre un nuevo blanqueo de gran extensión, el tercero en los últimos cinco años.

El profesor, junto con la autoridad nacional, asegura que el cambio climático está detrás de este episodio. La misma tendencia en el clima que ha ocasionado que el verano de 2019 haya sido el más seco y caluroso desde que existen registros, ha producido un aumento de la temperatura de las aguas del océano por encima de los 2 ⁰C, en especial durante el mes de febrero y principios de marzo.

Cuando este aumento se produce, los corales expulsan las algas que les proporcionan sus colores brillantes pero también la mayor parte de su alimentación por lo que, si esto se produce durante un periodo extenso de tiempo, pueden llegar a morir.

Los científicos advierten que hoy en día los corales están desapareciendo a una velocidad preocupante en todo el mundo. Sin embargo, como explica David Wachenfeld, el director científico de GBRPA, que haya un blanqueamiento no quiere decir que el ecosistema no se pueda recuperar. “Hay que recordar que los arrecifes con un blanqueo leve o moderado suelen reponerse cuando las condiciones mejoran”, explicaba en un vídeo donde anuncia los resultados del registro aéreo. “Sin embargo, los más afectados tienen muchas posibilidades de ver la muerte de muchos de sus corales”.

La barrera de coral australiana, del tamaño de Japón, sufrió dos blanqueos que afectaron a dos tercios de sus corales en 2016 y 2017, por lo que algunas de sus zonas están más debilitadas. Los datos preliminares del estudio de este año indican que en las áreas norte y central, donde se concentra la mayor parte del turismo, los daños han sido moderados mientras que en muchas zonas del sur, poco afectadas en los episodios anteriores, el blanqueo que se observa es mucho peor. “En los lugares con síntomas más severos, se ha observado que el 80% o más de los corales ha perdido su color”, concluye Wachenfeld.

La Gran Barrera de Arrecifes de Australia constituye uno de los ecosistemas marinos más importantes del mundo, que además de sustentar a miles de especies y asegurar el equilibrio de la biodiversidad, mantiene actividades económicas tan importantes como la pesca y el turismo. Según publicaba Bloomberg, la Gran Barrera proporcionó hasta 64.000 puestos de trabajo en el año 2018.

En los últimos años, el Gobierno de este país ha reconocido su importancia lanzando el plan Reef 2050, en el que intenta regular algunas fuentes de contaminación del agua como la agricultura, los sistemas de dragado y la actividad de los puertos, junto al control de especies como la estrella de mar, corona de espinas.

Sin embargo, como advierten los científicos, los esfuerzos no serán suficientes si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al mismo nivel. En un comunicado que publicó la GBRPA en junio de 2019 el mensaje era rotundo: “Solo una acción robusta y urgente para frenar el cambio climático podrá frenar la destrucción de los arrecifes”.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.aquí