La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas (Sección Primera) ha declarado conforme a Derecho la resolución administrativa de 25 de julio de 2022 que exigió a la consignataria Cargo Lanzarote el abono de los gastos derivados de la retirada de varios buques hundidos en el puerto de Gran Tarajal con motivo de la tormenta Emma, el 28 de febrero de 2018, así como de los daños ocasionados en las infraestructuras portuarias. La cuantía total de los estragos asciende a 7.153.703,78 euros.

El Tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Puertos Canarios, y ha revocado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que había dado la razón a la mercantil, eximiéndola del abono de estas sumas. 

Los hechos se remontan al 28 de febrero de 2018, cuando, con ocasión del temporal Emma, se hundieron en el interior del puerto varios buques destinados a obras marítimas, pertenecientes a la flota explotada por K-Marine Co. Ltd., actuando Cargo Lanzarote como consignataria.

Según recoge la sentencia, la Administración portuaria había advertido previamente de la previsión de condiciones meteorológicas adversas y había requerido a los responsables de las embarcaciones para que adoptaran medidas preventivas, como el refuerzo de amarres. Sin embargo, tales medidas no fueron atendidas de manera eficaz y el hundimiento provocó, además, vertidos contaminantes y graves daños en las instalaciones portuarias.

Inactividad

Ante la inactividad de los responsables, Puertos Canarios asumió directamente las labores de retirada de restos, contención de vertidos y reparación de daños con el fin de restablecer la operatividad del puerto y proteger el dominio público portuario. Posteriormente, dictó la resolución de abril de 2018 que declaraba la responsabilidad de armador y consignataria, resolución que quedó firme al no ser recurrida por la empresa y que fue confirmada en vía jurisdiccional.

En su resolución, la Sala sostiene que la obligación reclamada no deriva de una responsabilidad extracontractual civil, sino de una obligación legal específica prevista en la normativa portuaria, que impone a los sujetos vinculados a la explotación del buque el deber de asumir los gastos de retirada y los daños causados. Por ello, descarta la prescripción apreciada por el juzgado de instancia y afirma que no resulta aplicable el plazo de un año del Código Civil.

El tribunal también subraya que las resoluciones ahora impugnadas no revisan la declaración de responsabilidad ya firme, sino que se limitan a cuantificar los importes debidos. En ese sentido, advierte de que no puede reabrirse indirectamente un debate ya resuelto en vía administrativa y judicial, por exigencias de seguridad jurídica.

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de fuerza mayor, al considerar que el temporal era previsible y que existían avisos meteorológicos y requerimientos previos de la Administración para adoptar medidas preventivas. También da por acreditados los daños y gastos mediante la documentación e informes incorporados al expediente.

La sentencia impone las costas de la primera instancia a la parte actora y también las de la apelación, con un límite máximo de 5.000 euros por todos los conceptos. 

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de 30 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y un delito de robo con violencia e intimidación cometidos en distintos puntos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los agentes iniciaron la investigación al detectarse un aumento de robos en coches estacionados en diferentes zonas del municipio durante los meses de marzo y abril de 2026.

Las pesquisas permitieron identificar a un hombre conocido como El Argentino, quien actuaba principalmente en horario nocturno, llegando incluso a perpetrar varios robos en una misma noche.

El modus operandi empleado consistía en fracturar las ventanillas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer cualquier objeto de valor.

La Policía Nacional ha resaltado los hechos ocurridos el pasado 6 de mayo, cuando el hombre, tras cometer un robo con fuerza en un vehículo, permaneció oculto en las inmediaciones a la espera de que regresara la propietaria, momento que aprovechó para sustraerle el dinero que portaba.

Ante esta situación, los agentes establecieron diversos dispositivos nocturnos orientados a la localización y detención del autor de los hechos.

Por otro lado, el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades de los lugares donde se producían los robos fue determinante en la identificación del sospechoso.

Asimismo,los agentes localizaron un punto donde el investigado almacenaba numerosos objetos sustraídos de los vehículos, lo que permitió recuperar gran parte de los efectos reclamados y entregárselos a sus legítimos propietarios.

Los funcionarios públicos lograron atribuir al detenido la autoría de un total de 30 robos con fuerza en interior de vehículos, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional.

La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha ordenado el ingreso en prisión por delitos de asesinato y estafa continuada del hijo de la ciudadana belga cuyo cuerpo apareció desmembrado el viernes pasado en el vertedero de la ciudad, cinco días después de su desaparición

Según el extracto del auto de prisión que facilita el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se han recabado indicios de que el detenido, de 22 años, acudió el domingo, día 3, al domicilio de su madre, Katty O., de 56, con “la intención acabar con su vida” y conseguir un dinero que la víctima no quería entregarle.

Siempre según esos indicios, en el interior de la vivienda se produjo una discusión y una agresión “con extrema violencia”.

El auto sostiene que, tras matar a su madre, el investigado habría efectuado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.000 euros.

El juez explica que parte de ese dinero se habría destinado, presuntamente, a gastos realizados durante la madrugada y a la compra, a primera hora de la mañana, de diversos utensilios, entre ellos una sierra radial con la que supuestamente habría desmembrado el cuerpo y productos de limpieza.

Después, continúa, el investigado habría regresado a la vivienda, habría descuartizado el cadáver y se habría deshecho de los restos en contenedores próximos al domicilio, además de limpiar la escena y eliminar parte de los instrumentos utilizados.

Entre los principales elementos indiciarios valorados por el juzgado figuran las manifestaciones testificales, los vídeos de cámaras de seguridad, los movimientos bancarios, los albaranes de compra, la inspección ocular practicada en la vivienda, los hallazgos efectuados en el vertedero y la propia declaración del investigado, señala el TSJC, en un comunicado.

El auto también menciona indicios sobre la posible participación de una tercera persona no identificada plenamente en este momento.

Asimismo, la instructora destaca que todavía no han aparecido algunos de los objetos supuestamente empleados en los hechos, circunstancia que refuerza, a juicio del juzgado, el riesgo de destrucción de pruebas si el investigado quedara en libertad.

Desde el punto de vista jurídico y de manera provisional, la jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de asesinato con varias circunstancias agravantes.

En concreto, el auto aprecia de forma indiciaria alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar la comisión de otro delito, además de un delito continuado de estafa por las transferencias realizadas sin consentimiento desde la cuenta bancaria de la fallecida.

La resolución examina igualmente la alegación de la defensa relativa al consumo de drogas y concluye, en esta fase inicial, que no existen elementos suficientes para apreciar que esa circunstancia afectara de forma relevante a la capacidad del investigado en el momento de los hechos.

También razona que, según los indicios expuestos, el consumo de sustancias no excluiría la posible planificación previa, que el auto sitúa al menos desde la mañana del mismo día.

Para justificar la medida cautelar, la jueza subraya principalmente el riesgo de fuga, atendida la gravedad de los delitos investigados y de las penas asociadas, que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión por el asesinato cualificado.

La resolución también tiene en cuenta la edad del investigado, su escaso arraigo familiar tras los hechos y la situación personal y laboral reflejada en las actuaciones. 

La Guardia Civil ha instruido expediente por infracciones administrativas en materia de pesca marítima tras intervenir un ejemplar de atún rojo, Thunnus thynnus, de 126,15 kilogramos, capturado sin la correspondiente autorización en Fuerteventura.

Según informa el instituto armado en una nota, los hechos se produjeron el pasado 18 de abril durante un servicio preventivo en la costa este de la isla, cuando los agentes detectaron un vehículo todoterreno que circulaba por una pista próxima al litoral.

Tras proceder a su identificación, comprobaron que en el interior transportaba varios fragmentos de gran tamaño que, presuntamente, correspondían a un ejemplar de atún rojo recientemente despiezado, además de útiles de corte y diverso material vinculado a la actividad pesquera.  

Asimismo, la Guardia Civil señala que, en el transcurso de las actuaciones, los ocupantes reconocieron haber capturado el ejemplar horas antes. Sin embargo, no pudieron acreditar la preceptiva autorización para la pesca recreativa de esta especie, sometida a un estricto régimen de control que regula cupos, periodos de captura y medidas de trazabilidad  

Igualmente, de las averiguaciones realizadas se desprendieron indicios de un posible destino comercial de la captura, extremo especialmente relevante al tratarse de una actividad incompatible con la pesca recreativa y que será valorado por la autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento sancionador. 

El ejemplar intervenido fue trasladado para su pesaje y verificación oficial de especie, confirmándose que se trataba de un atún rojo con un peso total de 126,15 kilogramos.

Posteriormente, quedó depositado en dependencias habilitadas por los servicios competentes, donde permanece bajo custodia a la espera de su correspondiente gestión administrativa.  

La Guardia Civil recuerda que la captura del atún rojo se encuentra especialmente regulada para garantizar la sostenibilidad de la especie y la protección de los recursos marinos, por lo que cualquier actividad al margen de la normativa vigente puede conllevar importantes sanciones administrativas, así como la incautación de capturas y efectos empleados.  

La Guardia Civil localizó el pasado 15 de abril durante la ejecución de una actuación judicial en el interior de una vivienda de la urbanización Atalaya Dorada, en Corralejo (Fuerteventura), dos proyectiles de mortero con carga explosiva.

La Benemérita ha explicado que los objetos, que presentaban características compatibles con material de origen militar, fueron identificados inicialmente por los agentes, que alertaron a los especialistas en desactivación de explosivos (GEDEX).

Estos últimos, tras una primera comprobación mediante la fotografía de estos objetos, confirmaron que se trataba de dos proyectiles potencialmente peligrosos, por lo que se activó el protocolo de seguridad.

La zona permaneció asegurada hasta la llegada de los especialistas para evitar riesgos y una vez en el lugar se verificó que los proyectiles, de 50 milímetros de calibre, contenían carga explosiva, por lo que fueron retirados para su posterior destrucción en condiciones seguras.

La Guardia Civil ha recordado que ante el hallazgo de un posible artefacto no hay que manipularlo, sino alejarse del lugar y avisar a la Benemérita o a los servicios de emergencias, al tiempo que ha recordado que todo material de uso militar es exclusivamente para uso y tenencia de las Fuerzas Armadas, quedando prohibido cualquier otro uso.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, presentó este martes su nuevo Cajero Autoservicio Municipal, una herramienta innovadora que permitirá a los vecinos realizar gestiones de forma autónoma, ágil y sin necesidad de acudir a las dependencias municipales dentro del horario habitual de atención. 

El acto de presentación se celebró en la calle Virgen del Rosario, junto a las oficinas de Atención al Ciudadano, espacio en el que ha quedado instalado este nuevo terminal exterior. 

La incorporación de este servicio supone, según el consistorio, “un paso importante en la modernización de la administración local y en la implantación de soluciones digitales al servicio de la ciudadanía”. A través del dispositivo, detalla, podrán realizarse trámites habituales como la emisión de volantes de empadronamiento, certificados de viaje, consulta y pago de recibos, liquidaciones y deudas municipales, impresión de duplicados, acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento y de otras administraciones, así como consultas tributarias. 

Además, el cajero incorpora diferentes medidas de accesibilidad, entre ellas pantalla táctil, lector de DNI electrónico, sistema de voz sintetizada y teclado braille, garantizando un uso más cómodo e inclusivo para todas las personas. 

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, señaló que “con la puesta en marcha de este Cajero Autoservicio Municipal seguimos acercando la administración a la ciudadanía. Queremos ofrecer servicios útiles, rápidos y disponibles en cualquier momento, facilitando el día a día de nuestros vecinos y vecinas”. 

Por su parte, la concejala de Nuevas Tecnologías, Rosa Rodríguez, destacó que “este nuevo equipamiento refleja la apuesta del Ayuntamiento por la transformación digital, incorporando herramientas modernas que mejoran la atención pública y hacen más sencillos muchos trámites cotidianos”. 

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa incorporando soluciones innovadoras orientadas a una gestión más cercana, eficiente y adaptada a las necesidades reales del municipio.

El Tribunal Supremo (TS) ha accedido a estudiar el caso del exconcejal de Podemos en el municipio majorero de Pájara Rodrigo Berdullas, a fin de sentar jurisprudencia sobre si el abandono voluntario de una formación política antes de constituirse como grupo municipal implica pasar al grupo mixto o ser no adscrito.

El edil se presentó a las elecciones de 2019 con este partido y, tras ser el único elegido de la formación, pasó al grupo mixto y luego al de gobierno con delegación.

En su momento el concejal presentó un recurso contra la decisión del pleno de declararlo no adscrito dado que nunca había conformado grupo por no contar con el suficiente número de ediles.

Por lo tanto entendía que siempre “de facto” formó parte del mixto y que haber dejado su partido no implicaba consecuencia alguna.

En primera instancia un Juzgado le dio razón al edil dado que “la ley canaria guarda silencio respecto al abandono de la formación política cuando no existe grupo político pero sí prevé lo que sucede cuando se produce una expulsión”.

A continuación el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló el fallo inicial, anuló el acuerdo plenario, y llegó a la misma conclusión: “El edil no abandonó grupo alguno porque este nunca existió”.

Ahora, ante el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento mantiene que la consecuencia jurídica no puede variar en función de si la candidatura constituyó o no un grupo propio.

Considera que la sentencia incurre en contradicción al afirmar que la Ley estatal fija un concepto “amplio” de la figura del concejal no adscrito, y a la vez es una “regulación de mínimo”.

El Supremo entiende que la cuestión es distinta de las ya abordadas anteriormente, “pues lo que se debe determinar es precisamente si el abandono voluntario de una formación política que no se había constituido en grupo municipal puede llevar automáticamente aparejado el pase del concejal del mixto a la condición de no adscrito, con todas las consecuencias”. “O si, por el contrario, se trata de una interpretación extensiva y limitadora”, apunta el Alto Tribunal. 

El Cabildo de Fuerteventura ha comenzado los trabajos para erradicar el carrizo, un especie vegetal invasora instalada en el Saladar de Jandía, a través de un proyecto que cuenta con el respaldo europeo de los fondos del Programa Canarias Feder 2021-2027.

La Corporación insular retoma así la lucha contra especies vegetales exóticas que invaden espacios naturales de la isla e impiden el desarrollo de las especies autóctonas, según manifiesta en un comunicado.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, pone en relieve las actuaciones que se realizan desde el Gobierno de la isla para actuar sobre especies invasoras y favorecer la repoblación de flora autóctona, en este caso en el Saladar de Jandía, “un espacio único que constituye el humedal de mayor interés medioambiental de Canarias”, recalca.

Así, el actual proyecto de acciones para el control y eliminación de especies exóticas invasoras como Calotropis, cañas y carrizo, y más concretamente en el caso de El Saladar de Jandía, aborda el problema medioambiental con una nueva técnica que consiste en cortar desde la base del carrizo para después cubrirlo con unas láminas especiales que impedirán que la planta invasora rebrote.

El Cabildo señala que, una vez se haya controlado la reaparición del carrizo en un área de El Saladar (con el objetivo último de eliminarla para que no se extienda de nuevo en esa zona o colonice nuevos espacios), el segundo paso de este proyecto es favorecer que la flora natural y autóctona de El Saladar recupere los espacios invadidos por el carrizo. Este trabajo se desarrollará durante seis meses sobre una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.

El Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, que dirige Carlos Rodríguez, cuenta para esta actuación con el personal y herramientas de su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). Además, el Cabildo ya desarrolló meses atrás una acción piloto dentro del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza cuyos resultados han servido de experiencia para plantear esta nueva acción con respaldo de la Unión Europea.

El proyecto se enmarca en el Programa Canarias Feder 2021-2027, en su Objetivo específico RSO2.4 Favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes, así como la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas.

El Área de Salud de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha detectado que algunos establecimientos alimentarios de la isla han recibido llamadas telefónicas en las que personas que se identifican “falsamente” como Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP) anuncian el cierre de los negocios por supuestas sanciones pendientes.

En un comunicado, la Consejería explica que, ante esta situación, el Área de Salud de Fuerteventura desmiente “categóricamente” que el personal inspector esté realizando este tipo de llamadas a los establecimientos de la isla dando fechas de cierre o requerimientos de este tipo, “por lo que se trata de comunicaciones fraudulentas ajenas al Servicio Canario de la Salud (SCS)”, subraya.

Asimismo, el Área de Salud recomienda a los establecimientos que, en caso de recibir llamadas de estas características, “no faciliten ningún tipo de información personal o administrativa”.

Además, advierte de la conveniencia de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, para adoptar las medidas oportunas.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas.

La detención se produjo después de que el 5 de abril de 2026 se iniciara una investigación tras rescatar Salvamento Marítimo una embarcación neumática que se encontraba a la deriva con 43 inmigrantes a bordo, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado la Policía Nacional este viernes.

Tras varias gestiones, los agentes pudieron conocer que la embarcación había partido el día 4 de abril desde un punto de África, con 43 inmigrantes a bordo, que fueron transportados en una travesía nocturna de alto riesgo hasta territorio español.

Asimismo los policías constataron la existencia de una estructura organizada, que estaba integrada por los ahora detenidos, quienes actuaban de forma coordinada y con funciones “claramente diferenciadas”. En concreto, uno de ellos se encargaba del pilotaje de la embarcación, otro de la navegación mediante dispositivos de geolocalización y control de los ocupantes, y el tercero de la custodia del combustible y repostaje del motor.

La embarcación utilizada, una zodiac de aproximadamente siete metros de eslora, carecía de cualquier tipo de medida de seguridad o equipamiento obligatorio, tales como sistemas de iluminación, medios de comunicación o chalecos salvavidas.

Además la misma se estaba “gravemente sobrecargada”, ya que superaba ampliamente su capacidad, lo que generaba una situación de hacinamiento extremo.

En cuanto a la travesía, se desarrolló en condiciones “especialmente peligrosas, sin visibilidad, sin agua ni alimentos”, además de estar expuestos a condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó situaciones de hipotermia y deshidratación entre los ocupantes.

Así, durante la navegación, la embarcación comenzó a hacer agua, lo que obligó a los propios inmigrantes a achicar de forma ininterrumpida durante más de ocho horas para evitar su hundimiento.

La actuación policial, sustentada en declaraciones testificales y pruebas audiovisuales, culminó con la detención de los tres investigados el 9 de abril en Puerto del Rosario.

Por su parte, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El Cabildo de Fuerteventura comunica que se encuentra controlado el incendio declarado este jueves en el Complejo Ambiental de Zurita.

En un comunicado, el Gobierno de la isla detalla que ha sido gracias a la actuación coordinada de bomberos de la Corporación insular y Puerto del Rosario, así como efectivos de Protección Civil y la empresa que gestiona las instalaciones.

El incendio se generó en la planta de papel y cartón, probablemente por la introducción accidental de algún elemento desencante procedente de la recogida de residuos. Gracias a la rápida actuación, se ha evitado que este primer foco se extendiera a la planta de envases ligeros, ubicada junto a la de papel y cartón.

Los efectivos trabajan en la extinción definitiva del incendio ya controlado, en el que se han producido daños materiales de poca magnitud.

Asimismo, han colaborado Obras y Maquinaria del propio Cabildo y la empresa Cororasa con la aportación de maquinaria.

La Policía Local de La Oliva, en el norte de Fuerteventura, ha localizado 10,5 kilogramos de hachís que estaban escondidos en una de las papeleras ubicadas en la costa este del municipio.

Según informa el Ayuntamiento, fue un bañista el que advirtió el pasado sábado, 4 de abril, de lo que parecían ser los restos de un fardo, por lo que avisó a la autoridades.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local que realizaron una inspección y detectaron hasta 13 paquetes con 10,5 kilos de hachís en el interior de la papelera.

El cuerpo policial ha destacado la importancia del aviso de la ciudadanía en este tipo de actuaciones y ha animado al resto de vecinos a ponerse en contacto con cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad en caso de que presencie algún objeto, sujeto o situación sospechosa y que vaya en contra de la seguridad de La Oliva.

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha denunciado este domingo el hallazgo de un vertido ilegal en el paraje natural de la montaña de San Andrés, en Tetir, donde se han arrojado unos 35 extintores, que pueden ocasionar importantes daños medioambientales.

A través de sus redes sociales, la Policía Local ha informado de estos vertidos después de que un vecino les alertara, así como de que están analizando las etiquetas de los extintores par tratar de identificar al posible responsable y trasladar las actuaciones a la Fiscalía, ya que podría tratarse de un delito medioambiental.

En el lugar se han encontrado unos 35 extintores, además de otros residuos y restos de madera. Desde la Policía Local han recordado que este tipo de vertidos no solo suponen una grave falta de civismo, sino que pueden convertirse en un serio riesgo para el entorno natural.

Los extintores contienen sustancias químicas (polvo seco, CO₂ u otros agentes) que pueden contaminar el suelo y afectar a la flora y fauna de la zona, pero, si están presurizados o dañados, pueden suponer un riesgo de explosión o liberación repentina de su contenido.

La Policía ha explicado que también puede alterar el equilibrio del ecosistema, dificultar la regeneración natural del entorno y poner en peligro a animales que puedan entrar en contacto con estos materiales.

Asimismo, han señalado que el abandono de residuos en espacios naturales está prohibido y puede conllevar sanciones al tiempo que ha recordado que existen puntos habilitados para la correcta gestión de este tipo de desechos.

La Policía Local continúa con la investigación de estos hechos.

El Ayuntamiento de Antigua ha solicitado a la Dirección de Costas intervenir de urgencia en la reparación de los destrozos ocasionados por el temporal Therese en Pozo Negro, “ante el claro peligro que supone los socavones en el paso a familias, menores y residentes del pueblo”.

El consistorio señala en un comunicado que la Dirección de Costas ya denunció al Ayuntamiento de Antigua por ejecutar reparaciones, que no pudo finalizar, por los destrozos ocasionados hace un año, explica el acalde Matías Peña, y ahora reitera la solicitud de intervenir y reparar el paso por el peligro que suponen, quedando a la espera de su permiso para poder intervenir.

“Consideramos esta intervención de urgencia y esperamos recibir la respuesta y permiso cuante antes de la Dirección de Costas, una solicitud trasladada también al Cabildo de Fuerteventura, manifestando la necesidad de intervenir en Pozo Negro como en otros pueblos costeros afectados”, incide el Ayuntamiento de Antigua en el comunicado.

Antigua remarca en la importancia de actuar el marco de la legalidad y apunta que desde que reciba la autorización de la Dirección de Costas, actuará “de urgencia con todos sus medios y financiación municipal en las urgentes y necesarias reparaciones”.

El Ayuntamiento de Pájara ha denunciado ante la Guardia Civil una serie de actos vandálicos que asegura “pretenden perjudicar la imagen de la localidad de Costa Calma”, según ha informado Consistorio en un comunicado este martes.

Se trata de tala y quema de árboles, sabotaje en la infraestructura hidráulica “para dejar sin agua a la población”, cortes en el suministro eléctrico y desperfectos en el mobiliario público son los hechos denunciados. 

Ante esta situación, el actual grupo gobierno del municipio majorero (PSOE-CC) ha interpuesto la correspondiente denuncia con el objetivo de detener a las personas responsables.

El Ayuntamiento señala que, desde que se iniciara el actual mandato, la Corporación local ha concluido la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Costa Calma; ha sacado a licitación el proyecto para un polideportivo en la localidad y ha realizado un plan de asfaltado y preparada otro.

Asimismo, está a punto de adjudicar el contrato para la instalación de cámaras de vigilancia vial, ha reparado y sustituido farolas para mejorar el alumbrado público, ha instalado nuevas papeleras, ha sustituido un parque infantil y eliminado las edificaciones en mal estado que se encontraban en zona verde, entre otras acciones.

El grupo de gobierno traslada a la población que se seguirá actuando en el pueblo y denunciando a aquellos que no quieren que “Costa Calma avance”.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha alertado a la ciudadanía sobre la proliferación de anuncios y ofertas comerciales que promueven la adquisición de viviendas modulares, contenedores o casas prefabricadas como soluciones habitacionales “rápidas y económicas”, trasladando un mensaje que, según el consistorio, “no se ajusta a la legalidad vigente”.

El Ayuntamiento subraya que este tipo de construcciones, cuando tienen uso residencial, son consideradas viviendas a todos los efectos, con independencia de su formato o materiales. Por tanto, “deben cumplir estrictamente con lo establecido en el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario y la normativa urbanística en vigor”.

En este sentido, se recuerda que no está permitido el uso residencial en suelo rústico, independientemente de que se trate de casas de madera, contenedores o estructuras prefabricadas.

Además, contrariamente a la creencia popular, “no existe ningún vacío legal que permita instalar este tipo de viviendas sin licencia. 

Por último, inciden el Ayuntamiento, la consideración de “móvil” no exime del cumplimiento de la normativa urbanística.

El Ayuntamiento ha informado, además, de que, ante el incremento de estas prácticas, se están tramitando expedientes e imponiendo sanciones por infracciones en materia de disciplina urbanística, que pueden conllevar multas económicas, órdenes de retirada de las instalaciones y la imposibilidad de legalización posterior.

Desde la institución se advierte de que esta situación está provocando que numerosos vecinos y vecinas realicen inversiones económicas bajo premisas erróneas, generando perjuicios que podrían evitarse con una correcta información previa.

Por ello, insiste en que la única vía legal para la implantación de una vivienda es cumplir con todos los requisitos urbanísticos, incluyendo la clasificación del suelo, la obtención de licencia municipal y el cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

El Consistorio recomienda a la ciudadanía que, antes de adquirir o instalar cualquier tipo de vivienda modular o estructura similar, acuda a la Oficina Técnica Municipal para informarse adecuadamente sobre su viabilidad.

Un menor de dos años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras sufrir un ahogamiento este lunes en la piscina de un complejo hotelero en Fuerteventura.

El suceso ocurrió a las 10.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía un aviso por parte de la recepción de un complejo hotelero del municipio de Pájara informando de que habían sacado del agua a un niño con síntomas de ahogamiento en la zona de piscinas.

Una vez que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar, asistió al pequeño que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba posibles signos de ahogamiento de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura.

Efectivos de la Guardia Civil y Policía Local colaboraron en el incidente y elaboraron los informes pertinentes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a una cadena de supermercados a indemnizar a una trabajadora de Fuerteventura con 7.501 euros por vulnerar el derecho fundamental a la protección de datos al incluir la empresa su nombre y salario en una carta de despido dirigida a su pareja.

Por este motivo la sentencia ha condenado a la cadena de supermercados a indemnizar a la trabajadora por los daños y perjuicios derivados de esta acción, según ha informado la oficina de comunicación del TSJC.

Este fallo se produce después de que la Sala de lo Social del TSJC, en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, anulara parcialmente la sentencia de instancia que había desestimado la reclamación de una gerente de Mercadona en el centro de trabajo de Butihondo, en Fuerteventura, donde denunciaba que la empresa había incorporado sin su consentimiento sus datos personales en el expediente disciplinario seguido contra su pareja sentimental.

En concreto, la empresa, Mercadona, comunicó en la carta de despido del trabajador su nombre completo, su relación de pareja, la jornada laboral reducida de ambos y el salario mensual desglosado de la demandante durante más de un año.

Estos datos, explica, fueron revelados con la intención de demostrar que el trabajador despedido estaba percibiendo un complemento salarial que ya no le correspondía, comparándolo con lo que ganaba su pareja que realizaba la misma jornada.

Si bien, el tribunal reconoce que la empresa tenía intereses legítimos en ejercer su potestad disciplinaria y motivar debidamente el despido, ha considerado que esto “no justificaba el tratamiento no consentido” de los datos personales de la trabajadora.

Además el tribunal analiza detalladamente la decisión del Tribunal Supremo, de noviembre de 2024, sobre protección de datos en expedientes disciplinarios, que declara que “ni siquiera un fin tan lícito como garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres justifica la comunicación no consentida de datos que permitan identificar” la retribución individualizada de una persona.

La sentencia recoge que “para satisfacer el legítimo interés de la empresa en ejercer su potestad disciplinaria, en la carta de despido de un trabajador se comunica al mismo el salario de otra trabajadora, su pareja, con nombre y apellido, desde el mes de septiembre de 2023 a diciembre de 2024”, si bien considera que esta actuación “no supera el criterio de necesidad exigido por la norma de protección de datos”.

Añade, además el tribunal, que para “lograr el mismo objetivo podía haberse realizado la comparación sin mencionar a una persona concreta, medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia, habiendo bastado con aludir a otro trabajador en idéntico puesto o con utilizar datos anonimizados”.

Asimismo la Sala rechaza que el que los salarios se publiquen en tablones de anuncio en los centros de trabajo “justifique la inclusión con nombre y apellido de datos salariales individualizados en un expediente disciplinario” y matiza que, aunque la empresa pudiera haber recurrido a esos cuadros comparativos, esto “revela claramente” que la cadena de supermercados “podía haber recurrido a tal cuadro sin mencionar con nombre y apellidos a otra trabajadora”.

En cuanto a la indemnización, si bien el tribunal deja constancia de que la vulneración “no afectó a datos considerados especialmente sensibles, no consta comportamiento anterior similar de la empresa y no se aprecia la lesión a la reputación alegada”, por lo que justifica la aplicación del grado mínimo en su tramo inferior de las infracciones previstas en la legislación laboral.

Finalmente la sentencia ordena que la cadena de supermercados retire los datos personales de la trabajadora de cualquier expediente disciplinario en que figuren, procediendo a la supresión o rectificación de todos los documentos internos o externos en que se hayan incorporado indebidamente.

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a una mujer de 35 años acusada de agredir a su madre causándole lesiones en su domicilio, según ha informado este martes la Policía Local en sus redes sociales.

Los hechos se produjeron tras la alerta de varios vecinos que avisaron de un altercado en el interior de una vivienda situada en el barrio de El Charco, desde donde se escuchaban gritos pidiendo auxilio, condujo a descubrir los hechos.

Ante esta situación, los agentes se desplazaron hasta el lugar y realizaron repetidas llamadas a la puerta “sin obtener respuesta”, según señala el cuerpo municipal, por lo que uno accedió a través de una ventana, utilizando la escala de un camión de bomberos, con el objetivo de comprobar lo que estaba ocurriendo en el interior del domicilio.

Una vez dentro, los agentes se encontraron con una mujer que presentaba evidentes signos de violencia, con erosiones y hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo, detalla la nota.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura para recibir asistencia médica.

Se constató que la presunta agresora, hija de la víctima, había ocultado las llaves de la vivienda, impidiendo el acceso a los agentes y agrediendo a su propia madre, motivo por el cual se procedió a su detención, contando también con la participación de agentes de la Policía Nacional.

A cuya comisaría fue posteriormente trasladada para, tras instruir el correspondiente atestado, se puesta finalmente a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido este lunes a un hombre y una mujer que supuestamente retuvieron desde este domingo en su domicilio a un varón al que liberaron este lunes para que sacara dinero del banco.

Los detenidos como presuntos autores de un delito de secuestro e intento de extorsión han sido identificadas como R.C.R.T. y S.A.A., de 38 y 46 años, respectivamente, ambos de nacionalidad española, ha informado este lunes la Policía local a través de sus redes sociales.

Según los datos recabados por la Policía Local, los detenidos supuestamente retuvieron desde este domingo a un hombre en su domicilio en contra de su voluntad y hoy lo acompañaron hasta una entidad bancaria, ya que pretendían que retirara dinero de su cuenta para saldar una supuesta deuda económica con los presuntos captores.

Los agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario lograron sorprender a los autores in fraganti y procediendo a su detención inmediata.

Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de la Policía Nacional, donde se instruyó el correspondiente atestado policial, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.