“El dinero siempre viene bien”. Así respira la calle. En estas fechas, las sorpresas apetecen, pero entrañan un cierto riesgo: pueden no funcionar. En la propia naturaleza de la sorpresa se encuentra, de hecho, el fracaso. Por inmensa que sea la ilusión con la que se prepara un regalo 'que sorprenda', el éxito no está nunca asegurado. Sí, “lo importante es el detalle”, tal y como aseguran algunos viandantes en las inmediaciones de la Puerta del Sol (Madrid), pero muchos de esos mismos madrileños, al ser preguntados por el asunto, responden que estas fiestas navideñas –en las que, además, el gasto de los españoles en la cesta de la compra se ha visto rebajado por culpa de la crisis generada por la COVID-19 y por las restricciones que han anunciado las autoridades– prefieren el dinero a cualquier otro presente. Su postura, además, la refuerzan los datos. Según el último estudio publicado en este campo por la consultora Deloitte (2019), los adultos españoles se decantan siempre por el dinero contante y sonante antes que por cualquier otro regalo, una tendencia que se observa también en los adolescentes, aunque estos otorgan prácticamente la misma importancia a los videojuegos y a los libros que al dinero. No sucede lo mismo, sin embargo, entre los niños. 

Quizás todavía ajenos al “poderoso caballero” que es Don Dinero –en versos de Quevedo–, los más pequeños piden por encima de cualquier otra cosa juegos de construcción y juegos educativos. Además, la consultora señala que la ropa deportiva fue el regalo que cuyo anhelo más creció en 2019 entre los más pequeños de la casa. Todos estos datos no son baladíes, toda vez que la intención de gasto de los españoles en Navidad es más de 90 euros superior a la media de la Unión Europea (UE). Mientras que, en el caso de los ciudadanos de España, esa media se sitúa en los 554 euros, en el de los consumidores europeos en su conjunto la cifra cae a los 461 euros. En definitiva, los españoles gastan más en Navidad que los vecinos europeos. No obstante, hay que tener en cuenta que no todo ese gasto se destina a las compras de regalos. Según el estudio de Deloitte, 238 de esos 554 euros se destinaron el año pasado a la compra de regalos, 173 a productos para las comidas y cenas navideñas, 79 euros al ocio y 64 a los viajes planeados para los días de vacaciones.

Esos 554 euros que los españoles habrían gastado en 2019 dan cuenta de la actitud de los consumidores en un clima de normalidad. En 2020, en cambio, la crisis que atraviesa el país a raíz de la pandemia de COVID-19 estaría provocando una drástica caída en el gasto. Según otro estudio, en este caso uno de la consultora Capgemini recogido por Europa Press, un 38% de los españoles está invirtiendo en la cesta de la compra navideña menos dinero que en 2019. Por este orden, los dos motivos que están llevando a los ciudadanos a gastar menos son la menor renta disponible con respecto a la Navidad pasada (así lo ha declarado un 24% de los encuestados) y las restricciones impuestas por las autoridades a causa del coronavirus (un 22% de los encuestados).

Crece la compra 'online'

La compra 'online', por su parte, ha crecido durante las presentes fiestas navideñas, también según Capgemini. La limitación en los aforos en tiendas, supermercados y centros comerciales, por un lado, el miedo a contraer el virus o a contagiar a los allegados, por otro, y todo ello unido a la tendencia al alza que año tras año presentan las compras por internet son los factores que habrían impulsado más que nunca la venta 'online' en nuestro país. Siempre a falta de datos definitivos, un 48% de los encuestados ha comprado más vía telemática esta temporada navideña que ninguna otra. Por otro lado, hasta un 24% asegura haber apostado más por el comercio tradicional que otros años. Las mismas encuestas, de todos modos, apuntan a que el repunte del comercio electrónico de este año no tendría por qué mantenerse una vez finalice la pandemia, toda vez que el 63% de los consumidores preferirían recuperar sus hábitos anteriores de compra y un 59% declaran echar de menos comprar en una tienda física. El 'online' avanza, pero no al ritmo del 2020. 

Con todo, si los españoles suelen preferir el dinero a cualquier otro tipo de regalo, en 2020 el deseo común es bien distinto: salud y un 2021 más próspero y agradable. “Este año las fiestas tienen que ser más modestas que de costumbre”, tercia un vecino en la calle de Fuencarral. “No hay que perder la ilusión y, quien pueda, regalará algo a sus familiares y amigos”, continúa, “pero hay que recordar todo lo que ha sucedido este curso: no es momento para grandes celebraciones”. Al menos, “podemos contarlo”, desliza otro, “espero que el 2021 nos lo ponga un poco más fácil”. 

“Hay que mantener el espíritu navideño a pesar de todo”. Ese es el sentir general de la calle en lo referente a la iluminación festiva que decora todas las ciudades del país. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos culminan su postura con la misma coletilla: “También es cierto que este año se podría invertir una parte de ese dinero en ciencia, o en ayudar a las familias que más lo necesitan”. Se trata de una disyuntiva que ha asaltado también a los alcaldes y concejales de muchos municipios españoles. En algunos, además, se han producido discusiones entre el partido en el gobierno y la oposición a cuenta del pertinente –o no– incremento en las partidas destinadas a la decoración navideña. Pero, ¿qué dicen los datos? Los procesos de licitación que publica en su página web el Ministerio de Hacienda evidencian que casi todas las grandes capitales españolas han apostado en 2020 por mantener o aumentar su gasto en luces de Navidad, mientras que Guadalajara ha sido la que más drástica se ha mostrado, con el mayor incremento entre las capitales. No obstante, no se trata de una tónica que se repita en todos los casos. Existen, al menos, once capitales de provincia en las que –en mayor o menor medida– se han recortado los presupuestos para el alumbrado. 

Madrid (Partido Popular), Barcelona (Barcelona en Comú), Palma de Mallorca (Partido Socialista), Zaragoza (Partido Popular), Córdoba (Partido Popular) o València (Compromís) son algunas de las ciudades que han tirado la casa por la ventana y han iluminado sus plazas, calles, edificios y farolas más que el año pasado. La capital de España ha invertido 4.542.305,86 euros en 2020, por los 3.523.478 de hace un año. Barcelona, por su parte, tal y como adelantó la Agencia EFE, ha incrementado en un 65% su gasto en iluminación hasta rondar los 1,7 millones de euros. Son 0,3 millones más que los 1,4 que ha invertido Palma de Mallorca (mientras que, hace un año, la inversión fue de un millón de euros). Fuentes del Ayuntamiento insular explican que gran parte de todo ese gasto se destinará a la renovación de muchas de esas luces. Otros consistorios como el de Zaragoza (700.000 euros por los 400.000 del curso pasado), el de Córdoba o el de Valencia manejan cifras más modestas, pero también han incrementado sus respectivas partidas.

“Hay que tener en cuenta que, este año, mucha gente que normalmente pasa las fiestas fuera de la ciudad va a tener que quedarse”. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara (PSOE) justifican así el brutal incremento que ha experimentado su inversión en este campo. “La ciudad tenía que dar un paso adelante en sus luces y asegurar que los vecinos puedan pasear por el municipio y disfrutar de la Navidad sin tener que ir a Madrid o a Alcalá”. Y a fe que lo han hecho. Se trata de la capital de provincia cuya partida dedicada a la iluminación navideña ha sufrido un mayor repunte, alrededor de un 60% según los datos. Pero las mismas fuentes explican que, en realidad, el porcentaje se queda corto, toda vez que los 86.763 euros que se presupuestaron el año pasado no iban destinados en su totalidad a las luces de Navidad, sino que comprendían las partidas para distintas celebraciones. En cambio, los 213.000 de este año han ido dirigidos íntegramente a la decoración navideña. Con todo, ese 60% ascendería, en realidad, a un porcentaje mucho más elevado. “Solo hay que pasearse por Guadalajara para darse cuenta”, subrayan. “Las luces no tienen nada que ver con las de otros años”. 

La otra cara de la moneda: ciudades con menos inversión

Pero no todas las capitales de provincia han tomado la misma senda que Guadalajara y las grandes capitales. Es el caso, sin ir más lejos, de La Coruña (PSOE), Murcia (PP) o Lleida (ERC), que han recortado la inversión con respecto al año pasado. De todos modos, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, los presupuestos para este tipo de contratos se realizan de forma conjunta con otras celebraciones (Carnaval, fiestas locales, fiestas regionales, etc.) y, además, plurianualmente. Por eso, en el caso de algunos municipios, resulta imposible establecer comparaciones y, en el caso de otros, como Cádiz o Badajoz, el presupuesto es idéntico al del pasado curso porque tanto las fiestas 2019/2020 como las 2020/2021 forman parte del mismo pliego presupuestario. 

“Por muchas luces que pongan, el ambiente –como es lógico– no tiene nada que ver con el de otros años”, tercia una mujer a la altura del metro de Ópera. “No seas exagerada”, replica su acompañante. “Con el año que hemos pasado, solo nos falta que nos quiten la Navidad”.

“En los primeros meses de pandemia se desató en las empresas un espíritu de pertenencia a la organización, de todos unidos frente a la adversidad”, explica Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos (ORH). Es un fenómeno parecido al ‘Rally round the flag’, que tiene lugar en política en situaciones límite: el pueblo —en este caso, los trabajadores— valoran el esfuerzo de los dirigentes —en este caso, los directivos— y se unen con ellos para cooperar contra dicha adversidad. “Ahora, sin embargo, los ánimos empiezan a decaer”, advierte. “Es difícil mantener el compromiso de la gente cuando se ha perdido la cercanía del tú a tú y los espacios compartidos, como el del café”. Pero los, a priori, buenos datos en satisfacción laboral tras la pandemia que reflejan las encuestas entre los trabajadores españoles no se deben solo a ese compromiso, a esa lealtad.

Tiene mucho que ver también su gusto por la flexibilidad horaria y el teletrabajo. Los resultados de varios estudios —entre ellos el ‘Cigna COVID-19 Global Impact’ y otro llevado a cabo por la consultora Adecco— reflejan que los españoles han reforzado su satisfacción en el trabajo en muchos niveles. Ni la posible soledad que muchos podrían haber experimentado durante las jornadas lejos de la oficina ni la inestabilidad generada por la crisis económica ni la disponibilidad ‘eterna’ que muchos declaran tener que brindar a sus compañías han alterado negativamente la relación de los españoles con respecto al empleo. Es más, según el informe de Adecco, hasta un 53% de los encuestados “está contento con su situación tras la COVID-19”, mientras que solo un 17% está desanimado. Además, hasta el 80% de los encuestados reconoce haber ganado flexibilidad en sus horarios y, contra todo pronóstico, los índices de soledad no se han visto afectados. Cabría preguntarse, en este punto, si esa satisfacción se debe a una verdadera comodidad de los empleados, o bien a una sensación de alivio por haber logrado sobrevivir a los muchos despidos que se han llevado a cabo desde marzo pasado.

“Será necesario esperar un tiempo para ver cómo evoluciona esa tónica”, aunque sí que “parece claro que los encuestados valoran positivamente la flexibilidad horaria para manejar su tiempo personal y profesional”, opina la directora de ORH. En cuanto al resto de modificaciones que ha comportado la pandemia, todas tienen un efecto en la relación de los empleados con sus respectivas empresas. Para empezar, “ahora se tiene mucho más en cuenta tener el centro de trabajo cerca de casa” y, por supuesto, las tareas de higiene y prevención por la COVID que lleve a cabo la compañía. Algo parecido, subraya, sucede con la necesidad de información que tienen los trabajadores. Tras la pandemia, los contratiempos y los imprevistos están a la orden del día, por lo que los empleados requieren estar al tanto de todo. “El trabajo a distancia y los turnos rotatorios pueden complicar la comunicación entre compañía y trabajador”, señala Sáenz, “pero también ha salido a relucir la calidad humana de muchos directivos”.

Con todo, tanto los datos que aportan las distintas consultoras como las entrevistas realizadas a pie de calle señalan en la misma dirección. “Se ha demostrado que somos responsables”, tercia un vecino en la calle Fuencarral. “Hemos pasado tiempo trabajando en casa y hemos sido igual o más productivos que en la oficina”. El teletrabajo es, para otra vecina, “lo único bueno que ha traído la pandemia”. En muchos hogares, ha caído como una bendición y ha permitido una conciliación familiar casi insólita. “Espero que eso se mantenga una vez superada la pandemia”, resuelve. Eso sí, la encuesta de Randstad arroja otra información no tan halagüeña: el 79% de los encuestados se queja de “tener que estar siempre conectados” y el 59% afirma trabajar más horas. Sáenz asegura que el teletrabajo tiene un impacto positivo y es el futuro, pero los planes de las empresas deben incluir momentos de desconexión y, sobre todo, acotar los horarios. 

Los trabajadores españoles, más satisfechos que los franceses, alemanes e ingleses

Si bien es cierto que los datos de desempleo sonrojan a España por encima de a cualquier otro país de la Unión Europea (UE), también lo es que sucede todo lo contrario en lo referente a la satisfacción laboral. Con un 71% de los encuestados contentos con su puesto de trabajo (datos de 2019, previos a la pandemia), España se sitúa en un porcentaje de satisfacción cercano a la media europea, mientras que otros países del entorno como Francia, Portugal o Alemania marcan unas cifras de 68%, 66% y 65%. Reino Unido, por su parte, también presenta números peores que los españoles. En datos de Randstad, la progresión del país en ese sentido fue poco menos que vertiginosa desde el tercer trimestre del 2014, cuando solo un 62% de los españoles se declaraba conforme con su situación laboral, la marca más baja de la serie histórica. Desde ahí, la puntuación se disparó hasta el 77% (cuarto trimestre del 2016) y se mantuvo hasta hoy por encima del 70%. Es todavía una incógnita si la COVID alterará esas dinámicas. 

En cuanto a todas estas diferencias entre la satisfacción de los españoles con respecto a los trabajadores de los otros países, Sáenz advierte: “Hay que tener en cuenta que partimos desde más atrás que ellos”. Se refiere a que alemanes, franceses o ingleses —la mayoría con mejores condiciones laborales— son, de alguna forma, más exigentes. “No digo que los españoles no lo seamos”, concluye, “pero sí que valoramos más los pequeños avances”. 

Un 79,6% de los hombres de la Unión Europea (UE) tienen un empleo. En cambio, la cifra desciende más de 10 puntos —hasta el 68,2%— cuando se habla de mujeres. A menudo, los estudios del estado del empleo tanto a nivel continental como estatal se fijan en las diferencias norte-sur y entre los distintos grupos de edad. Quizás, los datos que mejor ilustran la cuestión —y que aúnan las dos perspectivas— son los del desempleo juvenil por países: España, Grecia e Italia (los tres, al sur de Europa) son los estados que tienen unos datos de paro en jóvenes más altos de la Unión. Digamos, entonces, que un ciudadano español, italiano o griego de menos de 25 años es el perfil de la UE que más difícil tiene penetrar en el mercado laboral. Sin embargo, esto es una verdad, pero solo a medias. Para completarla, es necesario añadir otro input a la ecuación o, mejor dicho, otro rasgo a ese perfil del ciudadano con peor probabilidad de trabajar y no es otro que ser mujer. En España, sin ir más lejos, todas las franjas de edad presentan peores cifras de empleo en la población femenina que en la masculina —en datos de la EPA de 2020— y se trata de una tónica que se repite en todos los países. 

El informe Mujeres en el Mercado de Trabajo de la Comisión Europea (2016) apunta a los distintos factores que condicionan la presencia de esa parte de la población en los puestos de trabajo. Son dos, fundamentalmente. Por un lado, señalan que son las mujeres las encargadas, en la mayor parte de los casos, del cuidado de los hijos y del hogar. Además, son también ellas las que dejarían el trabajo ante la eventual invalidez de algún familiar. Datos concretos y cercanos: casi un 50% de la inactividad profesional de las mujeres en España se debe a ese cuidado de menores, discapacitados u otras responsabilidades familiares. Son unas cifras especialmente preocupantes en nuestro país, que, según la Comisión Europea, es el tercero de la UE donde el empleo de las mujeres más depende de las responsabilidades familiares. Por delante, solo Irlanda y Chipre. Pero además del 'factor cuidados', el informe también habla de la brecha salarial como uno de los porqués de la menor presencia femenina en la arena laboral. En otras palabras, mientras las mujeres sigan cobrando sistemáticamente menos que los hombres, continuarán siendo ellas las que abandonen su empleo para encargarse de los hijos.

“Cuando se toma la decisión de formar una familia, hay que plantearse cómo conseguir estabilidad económica”, reflexiona una estudiante en la calle Fuencarral de Madrid. “Aunque está claro que lo ideal sería poder compaginar las responsabilidades familiares con la vida profesional”, resuelve. Esas intenciones, aunque más prometedoras ahora que unas generaciones atrás, tendrán que superar la barrera de la brecha salarial para convertirse en realidad. En el conjunto europeo, la brecha salarial se calcula en un 15%, mientras que en España, según datos de la CEOE y PwC, supera el oscila entre el 12% y el 13%. En muchos casos, las mujeres también recurren a la reducción de jornada. Desde luego lo hacen mucho más que los hombres. Mientras que, en 2016, hasta un 31,4% de las mujeres trabaja de forma parcial, el porcentaje cae hasta el 8% cuando se trata de hombres. 

Más mujeres jóvenes 'ninis'

En mayor o menor medida, en casi la totalidad de los países que integran la UE ser mujer es una losa ya desde el preciso momento en que termina los estudios obligatorios. “Las mujeres somos educadas en el cuidado”, responde otra mujer que pasea por Malasaña. Y no le falta razón. Ese es el principal argumento que se esgrime en el informe Urban Europe: Statistics on cities, towns and suburbs para explicar que hasta el 17,9% de las mujeres de entre 15 y 34 años ni estudien ni trabajen, es decir, que sean 'ninis'. En el caso de los hombres, ese colectivo representa un 12,7%. “Una mayor proporción de mujeres toman un descanso en sus estudios o en su carrera para formar una familia”, señala el texto. En este caso, son países como la República Checa, Hungría y Eslovaquia los que presentan una mayor diferencia entre ambos sexos. 

Sin embargo, todas las diferencias entre los hombres y las mujeres en el terreno del empleo tienen poco —o nada— que ver con la formación de las mujeres. El informe Mujeres en el Mercado de Trabajo remarca que, en datos del 2016, el nivel educativo de las mujeres supera al de los hombres en el seno de la UE. Así, el 44% de la población femenina tiene un nivel de educación terciaria o superior; mientras que el de los hombres se sitúa en el 34%. Por eso, la conclusión de dicho documento y la de la práctica totalidad de los informes que radiografían el asunto es clara: las responsabilidades familiares y la brecha salarial son las culpables de que las mujeres partan desde posiciones más complicadas en las carreras profesionales y de que muchas de ellas ni siquiera penetren en el mercado laboral. Con todo, si un ciudadano joven del sur de Europa tiene menos probabilidades que el resto de trabajar, una ciudadana lo tiene todavía más difícil. En 2020, el género es un handicap. 

Aunque no existe un acuerdo entre los investigadores acerca del momento en el que los antepasados de los Homo sapiens sapiens se iniciaron en el bipedalismo —algunos sitúan el hito en los 10 millones de años, otros en los 4,4 y otros, posteriormente—, sí que parece claro que fue el Homo erectus, hace un millón y medio de años, el que empezó a caminar como nosotros. Desde ese punto, el camino formó parte del ser humano. Caminar está en su ADN y, en nuestros días, hasta existen unas pulseras que cuentan los pasos que uno da en su día a día. Casi nadie reconoce hoy “caminar poco”. Eso sería casi una declaración de intenciones contra la salud propia y la del planeta. Significaría utilizar mucho el coche, emitir muchas partículas que dañan la capa de ozono. Ser un sedentario. Hubo alguien en 2007 que llevó a la máxima expresión eso de caminar. Fue Christoph Rehage, un alemán que anduvo 4.500 km, desde China hasta su Alemania natal, y estableció en ese camino un récord mundial. Nadie ha caminado más que él. Sin embargo, esos 4.500 están muy lejos de los 22.387 km que unen Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con Magadan (Rusia), los dos puntos del planeta más lejanos que pueden conectarse sin necesidad de un barco. 

4.492 horas. Ese es el tiempo que, tal y como desveló Interesting Engineering, separa ambos puntos. Si fuera posible caminar sin parar y sin dormir, un humano tardaría más de seis meses en completar el recorrido. Entre la ciudad siberiana de Magadan y la africana de Ciudad del Cabo, en el Cabo de Buena Esperanza, hay 16 países que habría que cruzar en la aventura que representaría dicho viaje. De sur a norte, la expedición partiría de Sudáfrica, pasaría por Botswana, Zimbabue, Mozambique, Malawi, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y Egipto. Esos son todos los países africanos que habría que patearse antes de penetrar en Asia por la península del Sinaí a través del Canal de Suez para topar, después, con Israel, Siria, las partes asiáticas de Turquía y Georgia, Kazajstán, Mongolia y, por fin, la ansiada Rusia. En jornadas de seis a ocho horas, se calcula que una persona tardaría 1.153 días en llevar a cabo la ruta.

Pero la inabastable caminata no es la única dificultad que entraña el recorrido. Para completarlo, el aventurero tendría que enfrentarse a tramos en los que, entre otros peligros concernientes a la naturaleza —tales como animales peligrosos, espesas selvas y llanuras eternas— le sería difícil la supervivencia. Hasta cuatro de los 16 países se encuentran, en este 2020, en guerra. Desde Sudán del Sur, el país más joven del mundo, hasta Siria, donde el conflicto, activo desde el 2011, se ha cobrado ya la vida de 380.000 personas; pasando por el Sahel (que comprende Sudán, uno de los países que habría que cruzar) e Israel, donde la lucha con Palestina parece no tener fin. Todo eso, sin contar las numerosas bandas armadas y grupos terroristas que siembran el miedo en las distintas regiones, algunas de ellas, entre las más empobrecidas del planeta. 

España, el país que más camina

No es por casualidad que Paquillo Fernández, uno de los mejores atletas que ha dado el deporte español, ganara la plata olímpica en Atenas 2004… caminando. Tampoco que una de las poesías más conocidas y reconocidas de Machado empiece con aquello de Caminante, son tus huellas, que Galdós anduviera y anduviera para escribir sus crónicas, o que el tristemente poco celebrado Manuel Chaves Nogales definiera su periodismo de una forma tan sencilla como “andar y contar”. España es un país de caminantes y así lo demuestra el estudio de la marca Fitbit. Según la investigación, los españoles dan más de 9.000 pasos al día y encabezan el ránking mundial en ese sentido, muy cerca de los 10.000 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poder considerarse una persona no sedentaria. Además, España ocupa una meritoria séptima posición entre los países que más actividad física realizan. 

Quizás, el camino más largo del mundo sea una hazaña demasiado ambiciosa, incluso, para un español, un suizo (segundo país en el ránking de Fitbit) o un ciudadano de Hong Kong (tercero). Para no fracasar en el intento, habría que tener la posibilidad de invertir más de tres años de la vida de uno en la expedición, algo que no está al alcance de casi nadie.

No es un problema del futuro. Es de ahora. Es de ya. Así lo dicen los datos de la Agencia Europea de la Contaminación. Cada año, entre 350.000 y 450.000 personas mueren de forma prematura en la Unión Europea por culpa del aire contaminado. Por situar el dato, es el equivalente a toda la población, por ejemplo, de Palma de Mallorca. En el caso concreto de España, la situación también es preocupante, aunque en menor medida que la de la gran mayoría de los países de la Unión. Así, el Informe de la Calidad del Aire de 2020 cifra en unas 30.000 las muertes prematuras en el año 2018 en nuestro país, mientras que en otros como Italia, Polonia o Alemania, la cifra rebasa las 50.000 y, en el caso del país germano, llega hasta las 80.000. A pesar de que el estudio recoge tres parámetros a los que se puede atribuir todas esas muertes —las partículas muy pequeñas en suspensión (PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3)—, hasta un 83,3% se deben, únicamente, a esas partículas PM2,5. Por eso es uno de los mejores índices para valorar la salubridad del aire. 

Pero, ¿por qué son tan peligrosas? Fuentes del Observatorio de la Calidad del Aire explican que, al tratarse de las partículas más pequeñas respirables, “cuando las inhalamos a través de los orificios buconasales traspasan todos los filtros y nos llegan a los pulmones”. Pero no acaba ahí la cosa. Una vez en ellos, en los pulmones, “también traspasan los tejidos y terminan en la sangre”. Estas partículas tan microscópicas, que mataron en 2018 a 23.000 españoles antes de tiempo (más de un 75% de los fallecimientos prematuros por aire contaminado, siempre según el informe europeo), son, sobre todo, de origen antropológico, es decir, producidas por el ser humano mediante actividades como la industria o la conducción de vehículos diésel. Sin embargo, o bien la cifra de muertes no es conocida por la mayoría de los ciudadanos, o bien no los impresiona lo suficiente. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo un 0,3% de los españoles considera el medio ambiente como su principal preocupación. 

La calle corrobora el dato. La mayoría cree que “la contaminación es un problema”, pero reconoce que “podría hacer más para ponerle solución”. Parece inevitable escurrir el bulto, sorprenderse con la alta cifra de defunciones prematuras para, acto seguido, aceptarla y asumirla como algo intrínseco a nuestro tiempo. Casi sin solución. No obstante, esa concepción fatalista se encuentra lejos de la realidad según asociaciones como, sin ir más lejos, Ecologistas en Acción, que aseguran que la mejor forma de eliminar o —cuando menos—, aminorar en gran medida la densidad de PM2,5 en el aire es “la reducción de su principal fuente de emisión, el tráfico rodado”. Ello comportaría, a su vez, una disminución de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares que provocan dichas partículas. 

Un 41% de españoles respiran por encima de sus posibilidades

Otro estudio, en este caso del Banco Mundial, cifra en el 41% la cantidad de españoles que respiran un aire cuyo índice de PM2,5 se sitúa por encima de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pone el tope en 10 μg/m3 (microgramos por metro cúbico). Eso quiere decir que cerca de la mitad de los españoles se exponen a diario a unas condiciones ambientales dañinas para su salud. Aunque es un porcentaje más alto que, por ejemplo, el de Portugal —donde solo un 16% de la población se expone a niveles demasiado altos de PM2,5—, la salubridad del aire español es, teniendo en cuenta el índice que propone el Banco Mundial, de las mejores de toda la Unión Europea. Algunos ejemplos: hasta el 98,4% de los italianos vive en zonas donde la calidad del aire es peor que la que recomienda la OMS; en Alemania, el 89,2% de los ciudadanos; en Austria, un 85,1%; en Bélgica, el 91,9%; en Francia, el 78,2% y en Países Bajos, el 99,6%. En cuanto a la media de la zona euro, se sitúa en el 77,4%. 

De todos modos, hay que tomar los datos con cautela. Si bien es cierto que la media anual de PM2,5 española es de 10,1 μg/m3 —al borde de lo recomendado por la OMS—, también lo es que se trata, efectivamente, de una media calculada a partir de los valores de todas la geografía española. En unas provincias (Cádiz, Huelva, Almería, Baleares) el porcentaje de contaminación es ínfimo. Por su parte, son otras como Madrid, Barcelona, el País Vasco o Galicia las que hacen subir la media. En cualquier caso, el Informe de la Calidad del Aire de 2020 da motivos para el optimismo, tanto en suelo español, como en el resto de la Unión Europea. Los últimos informes referentes a las muertes prematuras causadas por la polución (2018) apuntan a que disminuyeron en 60.000 desde el 2017. En España, muchas áreas geográficas siguen dando pasos para limitar la contaminación en el ambiente. Pero no es suficiente. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU advierte que el volantazo ecológico tiene que ser global y drástico para asegurar la viabilidad del planeta. No es un problema del futuro. Es de ahora. Es de ya.

En España, la industria de los videojuegos facturó, en 2018, 1.530 millones de euros. La del calzado generó casi 2.700 millones a través de exportaciones en 2019. Las dos cifras son altas, pero no tanto como los 3.000 millones de euros que los españoles, en conjunto, tiramos a la basura cada año en forma de comida. No es baladí. El dato convierte a España en el séptimo país de la Unión Europa (UE) que más alimentos desperdicia —con 7,7 toneladas anuales— por detrás de otros como Reino Unido o Alemania, que se sitúan en el primer y segundo puesto según publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cada español tira a la basura 179 kg de alimentos al año. Son verduras, hortalizas, pescados y carnes que quedan en “platos demasiado llenos” —tal y como aseguran muchos ciudadanos— o se ponen malos en la nevera y que terminan, en el mejor de los casos, en el contenedor orgánico. Un tercio de toda la comida que se produce a nivel mundial no se consume. Se desecha. Es algo que organizaciones como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) consideran inasumible tanto a nivel económico como, sobre todo, a nivel ecológico. 

“No hay que ir empujando la nevera de manera que los alimentos más antiguos vayan desapareciendo detrás de los más recientes”. Así respira la calle. Esa es una de las claves que apuntan los ciudadanos para avanzar hacia un modo de vida más sostenible. Sin embargo, muchos de ellos también reconocen que “hay veces que compras sin saber exactamente lo que tienes” y, al final, “es casi imposible no malgastar”. Según la FAO, los alimentos que más se desperdician a nivel mundial son las raíces, los tubérculos, las frutas y las hortalizas. Y, de nuevo entre un 30% y un 50% de los “alimentos sanos y comestibles” que se procesan en toda la cadena agroalimentaria hasta que llegan al consumidor se convierten en residuos. “Hay que echar poca cantidad en el plato y, si uno se queda con hambre, repetir”, comenta un estudiante que camina con auriculares a la altura de la fuente de Cibeles. La observación es acertada: un 86% de la comida que termina en la basura se desecha entre las fases de venta al por menor y el consumo final, mientras que solo un 14% lo hace en las fases previas.

Más datos. Reino Unido (14,4 millones de toneladas), Alemania (10,3 millones), Holanda (9,4 millones), Francia (9 millones), Polonia (8,9 millones) e Italia (8,8 millones) son los países de la Unión Europea que malgastan más cantidad de alimentos. Detrás va España. Varias campañas de la FAO insisten en que, a pesar de que el impacto del fenómeno en el bolsillo es quizás lo que más preocupa al ciudadano, es fundamental fijarse en la huella ecológica que deja toda la producción alimenticia. Se calcula que el desperdicio de alimentos es el culpable del 8% del efecto invernadero y que hasta un 30% de la superficie terrestre —un bien escaso en muchos países— se utiliza para cultivos que terminan por no consumirse.

1 de cada 9 personas, en emergencia alimentaria grave 

El año pasado, la Gran Recogida de Alimentos, que se lleva a cabo algunas semanas antes de las celebraciones navideñas, hizo acopio de 21 millones de euros en comida en España, una cifra 142 veces menor que los 3.000 millones que se tiran a la basura anualmente en nuestro país. La operación es clara. El lector podrá imaginarse la cantidad de problemas que se solucionarían si todas esas toneladas de alimentos terminasen en comedores sociales y no en contenedores o vertederos. Eso es ciencia ficción, pero cada pequeño esfuerzo podría contribuir a reducir el grueso de personas que sufren inseguridad alimentaria grave en España, unas 600.000 según la FAO. El total de población mundial que se encuentra en esa situación, para más inri, asciende a los 821 millones de personas en datos del 2017. Una cifra escalofriante: 1 de cada 9 personas. 

Ángel Franco, responsable de Comunicación de la Federación de Bancos de Alimentos de España, señala la dificultad con la que este año de pandemia se encuentra la iniciativa, que este año comenzó el lunes 16 de noviembre y termina el domingo 22. “Los cursos pasados la gente podía dejar los alimentos que donaba directamente en mano de los voluntarios”, comenta. “Este año, en cambio, hay que dar ingresar el dinero” y eso lo vuelve todo un poco más complicado, aunque en muchos supermercados los datos se intuyen buenos. De todos modos, anima a todo el mundo a seguir arrimando el hombro los días que quedan hasta el domingo. “El viernes y todo el fin de semana”, concluye, “habrá voluntarios en los supermercados y esperamos que eso anime a la gente a ser solidaria”. Por otro lado, en www.granrecogidadealimentos.org se pueden realizar donaciones hasta el 6 de diciembre. A fin de cuentas… ¿Qué es un kg de comida en comparación a los 179 que cada español desperdicia año tras año?

“Un robot no hará daño a la Humanidad o, por inacción, permitirá que la Humanidad sufra algún daño”. Es la 'ley cero' de la robótica que el escritor Isaac Asimov incluyó en su libro Robots e Imperio. El volumen salió publicado en 1985 y, por aquel entonces, el gran público lo percibió como lo que era, ciencia ficción. Sin embargo, en 2020 los 'robots asesinos', es decir, aquellos que pueden llegar a “hacer daño a la humanidad”, ya preocupan a las instituciones internacionales y se proyectan como uno de los grandes problemas morales del futuro, toda vez que países como EEUU, Rusia o Corea del Norte avanzan de forma incansable en la construcción de armas autónomas en base a la inteligencia artificial. En la otra orilla se encuentran otros como Argentina, Chile, Austria o Brasil, que consideran prioritario frenar el avance de un armamento que tendrá, según la ONG Human Right Watch, “la capacidad de detectar, seleccionar y atacar objetivos, sin ningún tipo de intervención humana”. Ese es el futuro y, a juzgar por las prisas de la ONU y el Parlamento Europeo para incentivar su regulación, es más próximo de lo que cabría esperar. 

El control humano de las máquinas es el quid de la cuestión y el punto de conflicto entre los países que apuestan por una prohibición sin ambages, los que la rechazan y los que, como España, están entre medio. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, declaró ante los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas que es “moralmente repugnante y políticamente despreciable” que exista la posibilidad de que las máquinas tengan en poder de arrebatar la vida a una persona. En esa línea, el Parlamento Europeo aprobó en 2018 —con 566 votos a favor, 47 en contra y 76 abstenciones— una resolución para limitar el uso, la producción y el desarrollo de cualquier arma capaz de matar sin necesidad de control humano. Para todos los detractores de los 'robots asesinos' es importante tener en cuenta la dimensión moral del asunto. ¿Quién va a tomar la responsabilidad de la muerte de civiles a manos de una máquina? Esa es una de las preguntas que se lanzan en la 'Campaign to Stop Killer Robots' (Campaña para frenar a los robots asesinos), una alianza de varios actores internacionales que luchan por el cese en la fabricación de 'robots asesinos'. Por otro lado, insisten en el papel de la misericordia en las guerras. “Si un arma está programada para matar a un soldado según una serie de inputs… ¿Qué pasa si ese soldado se rinde?”. Mientras que el ser humano es capaz de mostrar compasión, una máquina seguiría la orden para la que ha sido programada. 

Por eso la mayoría de los estados que participan en el Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW por sus siglas en inglés) coinciden en que es necesaria una regulación que asegure que siempre habrá un humano al mando. Entre esos países está España que, si bien no se encuentra en el grupo de los 30 que piden directamente la prohibición de los 'robots asesinos', sí que advierte de la necesidad de que la toma de decisiones venga siempre de la mano de las personas, con sus sentimientos, sus reflejos y su capacidad de adaptación al medio y al cambio de las circunstancias. No obstante, los contrarios a la prohibición —sobre todo países como Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte o Francia, muy interesados en la inversión en inteligencia artificial para armamento (según Human Right Watch)— también tienen sus argumentos morales. Fundamentalmente, arguyen que una guerra donde las armas fueran autónomas evitaría que un gran número de soldados muriera en el campo de batalla, habida cuenta de que podrían ser los propios robots los que se enfrentasen unos con otros.

Hackeo y problemas con el derecho internacional

“El derecho internacional se creó para las personas, no para las máquinas”. Son palabras de Bonnie Docherty, investigadora sobre armas en Human Right Watch. La ONG es uno de los actores más concienciados con la prohibición de las armas autónomas y por eso exige “la adopción de un nuevo tratado internacional”, puesto que se trata del único modo eficaz de “impedir que se deleguen a las máquinas decisiones de vida o muerte”. Por otra parte, la organización también apunta al problema del hackeo, que, según explicita en varios informes, podría aparecer con relativa facilidad, toda vez que “pequeñas modificaciones en las entradas de datos pueden engañar [a las máquinas] de una forma que ningún humano se dejaría engañar”. Todo ello son cuestiones que han saltado de las páginas de los libros y se han colado en la actividad política internacional. Muchos de los países con capacidad investigadora y armamentística se niegan a que la comunidad ponga palos en las ruedas al avance tecnológico, mientras que los demás ven con recelo un horizonte con máquinas con capacidad para razonar y decidir. Se trata, a fin de cuentas, de un dilema moral...  Aunque con una implicación absolutamente práctica: quién (o qué) tiene la legitimidad de matar. 

Truman Capote describió en su libro 'A sangre fría' un pueblo cuyas gentes desconfiaban entre sí. Tras el asesinato múltiple que se perpetró en Holcomb (Kansas), los vecinos se encerraron a cal y canto en la soledad de sus casas y comenzaron a sospechar los unos de los otros. Todo el mundo podía ser culpable. Cualquier gesto, criticable. Nadie se escapaba de los cuchicheos y, al mismo tiempo, entraba en las cábalas de sus conocidos. Los nervios estaban a flor de piel. Salvando todas las distancias del mundo, algo parecido pudiera haber provocado la pandemia. En este caso, no hay asesinatos, pero sí hay muerte. No hay asesinos, pero sí irresponsables y, por supuesto, lo que también hay —y de sobra— es encierro y confinamiento. Los sociólogos apuntan a que son las condiciones perfectas para que la confianza de la población en el prójimo caiga o, cuando menos, no experimente un repunte. Sin embargo, los datos dicen lo contrario. Según la encuesta de Opinión Pública del Centro de Investigaciones Sociológicas (publicada en agosto) nos encontramos en el momento de los últimos 15 años en el que los ciudadanos más confiamos en la comunidad. 

Para capturar cuál es la confianza de los españoles en el resto de la población, el CIS plantea, desde el año 2006, una pregunta de las que se denominan 'de escala'. En ellas, el entrevistador interroga: '¿Diría usted que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los/as demás?'. Para responder, los encuestados tienen que situarse en una escala del 0 al 10 en la que 0 es 'Nunca se es lo bastante prudente' y 10, 'Se puede confiar en la mayoría de la gente'. Si José Félix Tezanos, el presidente del CIS, se hubiera pasado por Holcomb los días posteriores al 15 de noviembre de 1959, cuando Perry Smith y Dick Hickock asesinaron a la familia Clutter, y hubiera planteado la pregunta a los vecinos del pueblo, con toda probabilidad muchos de ellos hubieran situado su confianza en la comunidad en cotas muy bajas.

En España, la encuesta que se ha publicado en agosto de este año es la que presenta una media de 'confianza en los demás' más alta de toda la serie histórica, un 5,40 sobre 10. No obstante, el dato más interesante no es ese. Desde el 2006, el porcentaje de personas que sitúan entre el punto seis y el diez de la escala su confianza en el resto de ciudadanos oscila entre el 32% (año 2009) y el 45,8 (2016). Pero en 2020, los datos dan la sorpresa: por primera vez, el porcentaje de encuestados que declara su confianza en la comunidad en la horquilla del seis al diez —los valores más altos— supera el 50% (un 50,7%). En este aspecto, el salto que se ha producido desde los datos de la encuesta anterior es de siete puntos, habida cuenta de que la última vez que se planteó la pregunta, en 2019, sólo un 43,7% de los encuestados se situaron en el seis o por encima. De todas formas, también es importante señalar que, en los últimos 15 años, la tendencia ha sido el aumento de la confianza, aunque de forma intermitente y nunca llegando a las cotas de 2020. 

¿Efecto inesperado de la pandemia?

Piotr Zagórski, investigador del Colegio Profesional de la Ciencia Política, la Sociología y las Relaciones Internacionales de la Comunidad de Madrid y profesor de la Universidad de Autónoma (UAM), señala que es difícil atribuir a la pandemia el aumento de la confianza, toda vez que ese fenómeno suele asociarse precisamente “a lo contrario de permanecer encerrados durante mucho tiempo y sin contacto con el resto de personas”. Zagórski destaca que son precisamente cuestiones “como el asociacionismo” y la inversión en “capital social” las que suelen provocar un aumento de la confianza. A pesar de ello, sí que observa que “en las semanas más duras, cuando aparecían ejemplos de solidaridad entre los vecinos” los ciudadanos pudieran percibir a sus semejantes como a personas en las que poder confiar más. Eso sí, avisa, “no se trata de un aumento lo suficientemente pronunciado como para establecer una norma” y “sería necesario esperar para ver si se mantiene en el tiempo”, así como “cotejarlo con lo que sucede en otros países”. 

Sea como fuere, la pandemia, los confinamientos y la crisis social son un factor a tener en cuenta en el estudio de cualquier fenómeno sociológico porque representan un shock que ha afectado, en mayor o menor medida, a la vida de absolutamente todo el mundo. Eso no significa, sin embargo, que todos los efectos que se desencadenan durante estos tiempos tengan su explicación en el coronavirus. De la misma forma, no todo lo que sucedió en Holcomb (Kansas) en 1959 y que tan bien documentó Capote fue un efecto del terrible asesinato de la familia Clutter. Solo el tiempo dirá si, finalmente, la pandemia nos ha vuelto a todos más confiados y solidarios, si todo lo contrario o si, una vez pase la tormenta (quién sabe cuándo sucederá) el virus y sus efectos habrán sido simplemente un alto en el camino.

“La experimentación con animales va a ir desapareciendo poco a poco”. Drástica y segura, Carmen Méndez, la presidenta y portavoz de la Asociación de Defensa de Derechos Animales (ADDA), vislumbra el final de la práctica más pronto que tarde y “por una razón muy sencilla”, tal y como afirma ella misma al otro lado del teléfono: “Ya no es por la moral ni por acabar con el sufrimiento animal… Es que ni siquiera es un método efectivo”. No obstante, España realizó en 2018 hasta 836.096 experimentos con animales. Son más que los que se contaron en 2017, cuando se llevaron a cabo 725.833, una cifra que le valió el tercer puesto en la lista de los países de la Unión Europea que más lo hacen, solo por detrás de Alemania y Francia, en cuyos laboratorios se producen 1,8 millones.

No se trata, sin embargo, de un podio meritorio o gratificante. El 22 de diciembre de 2010, la Unión Europea emitió una Directiva —la 22/63/2010— en la que alentaba a los países miembros de forma muy reiterada a que dedicasen medios a la búsqueda y la aplicación de “métodos alternativos de experimentación” y aunque entre 2015 y 2017 en la UE se experimentó con animales en más de 9 millones de ocasiones, la presidenta de ADDA celebra que “la situación es mucho mejor ahora que hace veinte o treinta años”. Sobre todo, insiste en que “es natural que progresivamente se vaya reduciendo”, habida cuenta de que se ha demostrado que la experimentación con animales “no es efectiva para poner solución a las enfermedades de los humanos”. Una rata no es un humano de 75 kg, resuelve.

Su postura se ampara en un estudio del grupo alemán Doctors Against Animal Experiments que afirma que “más del 90% de los medicamentos que resultan efectivos en animales fracasan en las fases clínicas posteriores en los humanos”. Tal y como reza el estudio, en muchas ocasiones los medicamentos que sí han funcionado con ratones, perros, vacas o cerdos no son útiles para los humanos porque “simplemente no generan la reacción esperada o provocan efectos secundarios”. Aunque hay países que encabezan la lucha contra esta especie de maltrato animal, Méndez evita señalar a uno en concreto en el que pudiera reflejarse España para avanzar en el cese de la actividad “lo que hay que hacer es trabajar en la dirección que señala Europa e invertir en I+D+I para hallar métodos alternativos”—. De todos modos, sí elogia el caso de Holanda, un país que se ha comprometido a prohibir, en los próximos años, prácticamente toda experimentación animal.

El futuro pasa por los 'organoides'

Europa apunta con el dedo a las alternativas que pueden poner solución al sufrimiento animal que provocan dichas prácticas, que todavía en la actualidad son el pan de cada día en industrias como la farmacológica, la médica, la cosmética, la armamentística o la biogenética. Por el momento, el camino que, según los expertos consultados, se descubre como el más prometedor pasa por la creación de una suerte de órganos en miniatura denominados ‘organoides’ que se generan a partir de células madre. Sustituir los animales por elementos artificiales “no solo sería positivo moralmente”, desliza la portavoz de ADDA, que cree que si fuera simplemente por ayudar a los animales nadie movería un dedo, “sino que también sería más efectivo”. Hasta ahora, continúa, “hemos perdido la oportunidad de poner solución a muchas enfermedades por confiar en un método, el de la experimentación animal, que se ha demostrado erróneo”.

El animal de laboratorio por excelencia 

Pero entretanto, mientras los distintos países no dan los pasos definitivos y por mucho que el estado de la cuestión sea el mejor en mucho tiempo, un gran número de ejemplares continúa padeciendo y muriendo en todo el mundo y, en concreto, en España. El 5,13% de los procedimientos que se aplican a los animales, sin ir más lejos, son tan duros que no permiten su recuperación, es decir, que los llevan a la muerte. Un 8,21%, por otra parte, son severos; un 34,97%, moderados y algo más de un 50% son leves. Por situar un poco los datos, algo más del 65% de las pruebas en nuestro país se realizan con ratones, el animal de laboratorio por excelencia, aunque Méndez aclara que se utilizan “muchas más especies”. En el informe que elaboró el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con datos del 2017 aparecen hasta 37, entre ellas los perros, gatos, cerdos, vacas o cabras.

Carmen Méndez no echa las campanas al vuelo, porque “por mucho que hayamos avanzado en estos últimos años”, la experimentación con animales todavía es una realidad. Al Gobierno le pide más recursos destinados a la investigación y a la formación de nuevos investigadores, pero es cierto que una de las cosas que más le preocupan, desliza como colofón, “son los lobbies”, unos grupos de poder que, según afirma, podrían retrasar el cambio.