Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 40 personas, una de ellas mujer y tres menores, que viajaban a bordo de una neumática localizada en aguas al sur de Fuerteventura, tras recibir un aviso de que una embarcación había salido de El Aaiún con rumbo a Canarias.

Según ha informado Salvamento Marítimo a EFE, los controladores del centro de coordinación de Las Palmas recibieron por la mañana el aviso de la salida de la patera y movilizaron al helicóptero Helimer 205, además de alertar a los buques que navegaban por la zona.

Posteriormente, la Guardia Civil comunicó la detección de un eco radar, hacia cuya posición se dirigió el helicóptero, que confirmó a las 11:50 horas el avistamiento de la embarcación.

Ante esta situación, Salvamento Marítimo ha movilizado a la Salvamar Izar y ha desviado al buque portacontenedores San Alberto, que se encontraba a unas 10 millas de distancia, para que permaneciera a una distancia segura y a la vista de la neumática.

Minutos antes de las 14:00 horas, la Salvamar Izar ha llegado a la zona y ha iniciado la maniobra de rescate, que ha concluido con el transbordo de las 40 personas, todos hombres excepto una mujer, que se encontraban en aparente buen estado de salud.

Según fuentes de los servicios de Emergencias de Fuerteventura, del total de ocupantes 13 eran de origen subsahariano, 22 de origen magrebí –incluidos tres menores de edad–, mientras que tres personas proceden de Egipto y dos de Sudán.

Tras el rescate, la Salvamar Izar ha puesto rumbo al puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, donde ha atracado sobre las 16:30 horas.

Salvamento Marítimo rescató en la noche de este miércoles una lancha neumática que intentaba llegar a Lanzarote con 60 hombres de origen magrebí y subsahariano a bordo, entre ellos 21 posibles menores, según ha informado a EFE un portavoz del 112.

La operación se puso en marcha en torno a las 21.00 horas, cuando los propios ocupantes de la embarcación lograron llamar por teléfono móvil a emergencias para solicitar ayuda.

La neumática fue localizada a unos 20 kilómetros de la costa por la Salvamar Al Nair.

Todas las personas que iban a bordo fueron desembarcadas en el puerto de Arrecife, sin que ninguna precisara asistencia médica.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha advertido este miércoles de lo “mortífera” que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa y ha opinado que “habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan” y que apoyen la acogida de personas migrantes.

Lo ha hecho en un encuentro informativo celebrado en el marco de la 129º Asamblea Plenaria de la CEE para analizar la realidad de la inmigración en Canarias de cara a la próxima visita del papa León XIV en junio, en el que también ha participado el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y la responsable de Cáritas Canarias, Caya Suárez.

“Habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, logicamente. Si se quiere ser cristiano y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos”, ha subrayado Mazuelos, que ha lamentado que se trate a los migrantes como “si fueran un número” y “no se les ponga rostro” porque son personas “con vidas muy duras”.

Una visita para visibilizar el drama migratorio

Por su parte, Santiago ha destacado que Canarias es la frontera sur de Europa y punto de llegada de la migración del continente africano, y ha reconocido que “a veces la realidad” los supera, como en el caso de El Hierro, una isla con 9.000 habitantes que el año pasado “recibió a más de 25.000 personas” a través del muelle de La Restinga“.

“Nos sentimos impotentes ante esta ruta atlántica tan mortífera y creemos que la vista del santo padre no solo va a significar un apoyo y una motivación para seguir trabajando en ese ámbito tan importante como iglesia y como sociedad, sino también para visibilizar a nivel internacional este triste drama, para que todas las instituciones nacionales, europeas e internacionales, tomen conciencia del drama de las migraciones”, ha destacado Santiago.

Aunque Arguineguín (Gran Canaria) y el muelle de La Restinga (El Hierro) son los “dos grandes focos”, Mazuelos ha recordado que muchos otras personas llegan a distintas zonas del archipiélago y “otros no llegan vivos”, y ha destacado que en todas las islas se experimenta la solidaridad de la gente, y que el Gobierno de Canarias está “sensibilizado con esta realidad y la de los menores”.

Tras confiar en que la visita de León XIV “ponga luz” a esta realidad, Mazuelos ha insistido en que la migración “es un problema a nivel de global, incluso de los países de origen” a los que “habrá que exigirles una responsabilidad”. “Hay que ”atacar a las mafias y buscar fórmulas para que los mismos migrantes vengan de otra forma a trabajar“, ha añadido.

Ha incidido en que el viaje del pontífice será “una visita pastoral” en la que la Iglesia canaria va a mostrale su preocupación por la población migrante. “No centremos que el papa va a venir a Canarias para coger el palo de la migración y pegar políticamente a uno y a otro”, ha dicho.

Sí a la regularización, pero dudas sobre cómo se ha hecho

Los obispos se han mostrado de acuerdo con el “contenido” de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, aunque han considerado que “se puede debatir sobre la forma”. Santiago ha recordado que esta regularización “no está vinculada a la visita del papa”, sino que “tiene una historia muy larga” que arranca de una iniciativa legislativa popular.

Una regularización que para Caya Suárez “no es más que poner rostro y poner una situación administrativa y una dignidad” a las personas que “ya están aportando a nuestra sociedad.

Aunque los obispos no han avanzado ningún acto no confirmado de la agenda del papa en sus dos etapas en Canarias, han asegurado que los “testimonios de migrantes serán fundamentales”.

Sobre si León XIV cumplirá el sueño del papa Francisco de visitar El Hierro, han dicho que está “en el aire” y que, aunque “no es imposible, es altamente difícil” por “los tiempos y la logística”.

Los dos prelados, que han agradecido el apoyo de “mucha gente con muchas ganas de colaborar porque es un evento muy importante y que requiere una gran preparación”, han indicado que la intención del Gobierno canario es dar una subvención de un millón de euros, en tanto que la de los cabildos será de medio millón.

Salvamento Marítimo rescató este martes a doce personas de origen subsahariano, todos hombres y entre ellos dos menores, y los condujo a Gran Canaria, según han informado este miércoles a EFE fuentes de la sociedad estatal y del 112.

Los migrantes iban en un cayuco detectado por el radar del SIVE cuando se encontraba a unos 13 kilómetros al suroeste del muelle de Arguineguín, donde fueron desembarcados a las 22.30 horas.

La embarcación fue detectada sobre las 21.00 horas, ha precisado este miércoles a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo, organismo que activó a la Guardamar Urania para que fuera a auxiliar a sus ocupantes.

A su llegada a Gran Canaria recibieron asistencia sanitaria y humanitaria, si bien todos presentaban buen estado de salud, aseguran las fuentes. 

Búsqueda de una barcaza

Por otra parte, Salvamento Marítimo colabora con Marruecos en la búsqueda de una barcaza con una treintena de ocupantes que pidió auxilio la madrugada de este martes cuando se encontraba a más de 113 kilómetros al noroeste de Tan Tan, al suroeste del país africano.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, que este miércoles ha activado al avión Sasemar 103 para que participe en la búsqueda de esta embarcación.

Al parecer, se trata de una neumática que hasta el momento no ha podido localizar la Marina marroquí, por lo que su búsqueda se intensificará con el avión de Salvamento, que ha partido a las 09.00 horas de Las Palmas. 

La Salvamar Al Nair ha rescatado este martes a 22 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres, que navegaban en una lancha neumática que se encontraba a la deriva a 20 kilómetros al este de Lanzarote.

Todos ellos han desembarcado ya en aparente buen estado en el puerto de Arrecife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

El rescate se ha llevado a cabo después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (112) alertara de que se había recibido una llamada que entró por un repetidor de Teguise en la que se comunicaba que había una zódiac a la que no le funcionaba el motor.

Así mismo, se indicó que en ella viajaba una veintena de personas que habían salido de Tan Tan (Marruecos), por lo que desde el Centro de Salvamento de Las Palmas se activó un dispositivo para su búsqueda, han señalado las fuentes.

Han explicado que primero se movilizó al avión Sasemar 103 pero finalmente fue en su búsqueda un helicóptero del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario, que los localizó.

Además, se activó a la Salvamar Al Nair y por tierra a dos patrullas de la Guardia Civil.

Las fuentes han precisado que también se buscó a una segunda embarcación con inmigrantes que partió del mismo lugar de Marruecos y que ya ha sido localizada por la Marina de ese país.

Una de cada siete muertes registradas en las rutas migratorias del mundo ocurre rumbo a Canarias. Así lo expone el último informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que concluye que al menos 8.000 personas perdieron la vida en una frontera en 2025. El documento recoge que las llegadas a las islas cayeron el año pasado respecto a 2024, preo advierte de que los viajes son “más largos, más arriesgados, y más dispersos geográficamente''.

Según los datos que maneja la organización, en 2025 llegaron a Canarias 17.788 personas, un 62% menos que el año anterior. Hasta el 11 de marzo de 2026 se han contabilizado 1.172 muertes y desapariciones. El año pasado, de las rutas activas para llegar a Europa, la más mortal fue la del Mediterráneo central, donde perdieron la vida 1.330 migrantes.

El informe de la OIM atribuye el descenso de las llegadas al Archipiélago al ''aumento de los esfuerzos de cooperación fronteriza'' y a los acuerdos bilaterales entre los paíes de origen, tránsito y destino. Estos pactos políticos han provocado, de acuerdo con el análisis, que las salidas de embarcaciones precarias se desplacen hacia el sur del continente africano, ''alargando los viajes y aumentando los riesgos''.

Así, la organización ha detectado un descenso de las salidas desde Mauritania y Senegal y un incremento de los viajes que parten desde Guinea, Guinea-Bissau y Gambia. Según los datos publicados por la OIM, los cambios también se han reflejado en la nacionalidad de los supervivientes que alcanzan las islas, con una mayor presencia de gambianos y guineanos. Asimismo, se ha identificado un incremento generalizado de mujeres y niños en las embarcaciones.

Detenciones en origen

La OIM advierte de que no hay datos completos sobre detenciones y deportaciones en los países de origen. Sin embargo, destaca que las autoridades mauritanias informaron que entre enero y julio de 2025 su guardia costera había interceptado a 1.385 personas en el mar. Por su parte, las autoridades senegalesas indicaron que entre enero y agosto habían interceptado 39 barcos y las autoridades gambianas, 41 embarcaciones con 1.789 personas a bordo.

La OIM también explica en su informe que el año pasado se registraron devoluciones forzosas, expulsiones y más restricciones en las zonas de tránsito y salida. A pesar de ello, la organización advierte de que la ruta que conecta Canarias con África Occidental seguirá siendo este 2026 ''dinámica y peligrosa''. ''Están emprendiendo viajes marítimos significativamente más largos y precarios, aumentando la exposición a riesgos a lo largo de una ruta ya de por sí muy peligrosa'', resume el informe.

Estos cambios en los flujos migratorios aumentan la duración del viaje y también el riesgo de muerte. La OIM advierte de una incidencia creciente de ''naufragios invisibles''. ''La disminución de llegadas parece reflejar mayores obstáculos para el movimiento, más que una resolución de las condiciones que contribuyen al desplazamiento y la migración'', subraya el informe.

Esto se debe a que las razones que empujan a los migrantes a salir ''siguen siendo fuertes'', explica la OIM. Entre las causas incluye la inseguridad en Malí y en Guinea, la ''frágil gobernanza en los estados costeros'' y la inestabilidad generalizada del Sahel. ''Los riesgos en la ruta se intensificarán incluso si el total de llegadas se mantiene bajo, convirtiéndola en uno de los corredores marítimos más letales en 2026'', concluye.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

“Al no tener documentos, mis hijas se han privado de muchas cosas. Y ha sido frustrante”, rememora Julia (nombre ficticio) sobre sus dos hijas, que eran adolescentes cuando llegaron a Gran Canaria. En España, según un informe de ‘Save the Children’ y ‘Por Causa’ publicado en 2021 con datos de 2019, había más de 146.000 personas menores de 19 años en situación administrativa irregular, un escenario que va a cambiar con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y que va a mejorar la vida de miles de menores que, incluso con protección familiar, han vivido privados de derechos durante años. Con la regularización, estos menores van a poder participar de manera plena en sus colegios, en las actividades extraescolares y podrán continuar sus estudios si así lo desean. 

Las niñas y niños sin papeles se han enfrentado durante años a numerosas trabas administrativas que les han impedido la integración completa en la sociedad y que, además, han dejado un impacto en la salud mental de ellos y de sus familias. Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia en movimiento de ‘Save the children’, desgrana que estos menores han debido renunciar a viajes escolares, a la realización de estudios medios y superiores, a la realización de prácticas curriculares, al comedor escolar, a becas o a estar federados en equipos deportivos. “Son cuestiones que van quitando la libertad de vivir y de participar en la sociedad de manera plena”, denuncia. 

Las consecuencias de la falta de papeles se evidencian especialmente en la educación. Julia, una mujer de Perú que no tiene papeles, recuerda que sus hijas tenían buenas calificaciones y que decidieron estudiar. La menor comenzó una formación de administración que no pudo terminar, ya que le exigían disponer de la tarjeta de residencia para la realización de las prácticas. “Ella hizo un primer periodo de prácticas en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde su coordinadora la llegó a recomendar. Pero ya las segundas prácticas no las pudo hacer porque no tenía el NIE (Número de Identificación de Extranjero). Así que no pudo terminar”, señala su madre. “Ella ha tenido capacidad intelectual para hacerlo, pero no se le ha dado la opción de elegir”, denuncia. 

A su hija le gustaba la psicología, pero tampoco hubiera podido matricularse en la universidad si antes no hacía entrega del certificado académico, para el cual es necesario disponer de tarjeta de residencia. “Estas son cosas que están dentro de mi corazón, ahí, un poco reprimidas y con dolor, obviamente, porque no veo a mi hija realizada como ella querría”. A su otra hija la matriculó en un centro privado para estudiar peluquería, donde pudo formarse sin necesidad de un NIE. Julia recuerda que trabajaba sin papeles y que con mucho esfuerzo económico pagaba el curso a su hija. Sin embargo, una vez finalizada su formación no pudo ejercer, ya que no tenía autorización de residencia ni de trabajo. “Fue muy frustrante porque no podía ejercer lo que le gustaba”, se lamenta. 

Zupporili subraya que estos menores se enfrentan a más obstáculos en su día a día. Por ejemplo, no pueden salir de excursión con sus compañeros de clase fuera de sus provincias o de su país, puesto que deben presentar documentación en regla. “Hace muy poco hemos tenido un caso muy grave de un niño que había viajado a Polonia. Encontraron su situación de irregularidad en el aeropuerto y empezaron un expediente de expulsión de ese niño por estar en situación de irregularidad en España. Sabemos que es una situación de mucho riesgo y de mucha inseguridad para ellos”, destaca. Julia también recuerda que sus hijas tuvieron que renunciar a programas de intercambio con estudiantes de otros países por el mismo motivo.

También encuentran problemas para federarse en deportes, escuelas y equipos oficiales. Pero además, si consiguen inscribirse en alguna entidad, pueden tener dificultades para viajar. La hija mayor de Armando (nombre ficticio) ha dejado con 11 años y después de dos años sus clases de gimnasia rítmica en un municipio del sur de Gran Canaria. “Mi hija después del colegio salía a clases de gimnasia rítmica. Le pagaba una mensualidad, pero el inconveniente era que cuando tenían presentaciones fuera, la niña obligatoriamente tenía que tener un NIE. Entonces ya la academia iba seleccionando a las niñas que podían viajar y tener descuento de residente”, revela. 

A raíz de esta imposibilidad para viajar, Armando confiesa que su hija se ha desanimado y ha abandonado esta actividad. “Ella ya dijo que no quería seguir porque veía a sus compañeritas que iban fuera y ella no podía”, cuenta. Al mismo tiempo, Armando recuerda que el primer curso escolar fue el más complicado, ya que con los pocos recursos de los que disponía la familia, puesto que tanto él como su mujer tenían trabajos esporádicos y sin contrato, tuvieron que hacer frente al pago de todos los libros, los uniformes y el comedor. 

Un hogar en el que sus miembros no disponen de documentación tiene bastantes probabilidades de caer en la pobreza. Zuppiroli constata que la irregularidad es un factor de riesgo, ya que la ausencia de papeles dirige a las personas hacia trabajos precarios, mal pagados, donde se exponen a la explotación laboral o a ser chantajeados. “Cuando estás en la irregularidad no participas en la sociedad de la misma manera, con lo cual eso puede afectar a tu seguridad y a tu empoderamiento. Y esto puede tener unas consecuencias a nivel de salud mental de los niños y las niñas y en su desarrollo en el medio y largo plazo”, matiza la experta en infancia migrante. 

“Yo veo en mi hija que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene muchos traumas por lo que ha pasado. No me gustaría que otros niños pudieran tener ese tipo de traumas por no tener papeles”, reclama Julia. De hecho, la vida en la irregularidad marca a los menores desde temprano. Los hijos de Armando, con 8 y 11 años actualmente, preguntan en sus casas cuándo van a poder ir a la Península o a hacer planes de familia fuera su localidad. “¿Cuándo vamos a tener los papeles para que vayamos de paseo?”, le preguntan sus hijos a su padre.

Padres sin papeles, hijos sin papeles

En España, la situación administrativa de un menor va vinculada a la que tiene su progenitor: “Yo he arrastrado a mis hijas a esta situación por no tener papeles”, se lamenta Julia. En nuestro país, prevalece el criterio de ‘ius sanguinis’, el derecho de sangre, frente al ‘ius soli’, derecho de suelo. Por ello, hay personas que, aun habiendo nacido en España, no tienen la nacionalidad española y adoptan la de sus padres y, por consiguiente, su estatus jurídico. “Si el progenitor paterno o la progenitora materna progresan en ese sentido y tienen una autorización de residencia, también indirectamente los menores pueden de alguna forma solicitar su permiso de residencia”, aclara Jair Sánchez, abogado experto en Extranjería. 

Por ello, el decreto para la regularización de miles de personas extranjeras es una oportunidad para las familias. Los progenitores que presenten su solicitud pueden añadir al mismo tiempo la de sus hijos, según aclara Sánchez. Para ello, deben aportar el certificado de nacimiento donde conste quiénes son los progenitores, el pasaporte con sello de entrada en España y el certificado de empadronamiento. 

Zuppiroli añade que se puede aportar cualquier otra documentación que demuestre que han entrado a España antes del 1 de enero de 2026 y que han residido en el país los últimos cinco meses, como informes de escolarización, médicos, de urgencias o de cualquier otro recurso que refleje que la persona ha estado residiendo en el territorio en el periodo solicitado. 

Para aquellos progenitores que ya hayan iniciado su tramitación de arraigo antes de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, Redwan Baddouh, portavoz de Regularización Ya en Canarias, recomienda que, a falta de nuevas instrucciones, lo aconsejable es esperar a que, si entrado junio no hay respuesta, que desistan y que se presenten a la regularización extraordinaria junto a sus hijos.  

“El hecho de que los padres puedan tener su permiso de residencia y la autorización a trabajar, ya es algo que beneficia a los menores. Que sus padres puedan tener unas mejores condiciones laborales en sus puestos de trabajo, ya beneficia al menor”, resalta Sánchez. En la misma línea, ‘Save the children’ celebra esta regularización extraordinaria ,ya que va a sacar de la exclusión a miles de personas vulnerables: “Proporcionar papeles a las familias y a los niños es cuidar y proteger a los niños”, concluye Zuppiroli. 

El olor a café recién hecho da la bienvenida al hogar de Pape Bara y Boudou El Hadji. Un bizcochón espera sobre la mesa del salón mientras los dos chicos guían un pequeño recorrido por la que es su casa temporal desde octubre. Para muchos menores migrantes que viven en Canarias sin su familia, cumplir los 18 años es dar un paso hacia el abismo. Frente a la incertidumbre total sobre el futuro, los pisos para extutelados son un pequeño puente hacia la vida adulta, y dan cobijo a decenas de jóvenes que tienen lejos a sus referentes familiares. “Antes era difícil, pero gracias a esta oportunidad sigo adelante”, dice Pape, un joven senegalés.

El hogar San Fernando, gestionado por la entidad Nuevo Futuro y localizado en un edificio de Santa Cruz de Tenerife, tiene capacidad para once personas. En él viven chicos y chicas que tratan de integrarse no solo en el mercado laboral, sino también en la comunidad canaria, que ya sienten también suya. Este es uno de los dos recursos abiertos por el Gobierno de Canarias en Tenerife recientemente para que “los jóvenes puedan culminar sus proyectos”. 

“Son niños que están en el sistema, pero que no tienen los mismos derechos para poder formarse. Por eso estos pisos son necesarios. Es como cuando los niños que viven con sus padres tienen un proceso hasta la emancipación”, resume la coordinadora del proyecto, Arautápala Álamo, o Ara, como le dicen los chicos.

Pape llegó a El Hierro a los 16 años en un cayuco en el que viajaban 230 personas. Se marchó de su casa de noche y sin que sus padres lo supieran. Pasó ocho días en el mar, y en el camino vio morir a “muchas personas” y “perder la cabeza” a muchas otras. Las víctimas de esta travesía, cuenta Pape, eran migrantes de “países que no tienen mar”, y que se tiraron al agua sin saber nadar porque “perdieron su cabeza”, dice mientras baja la mirada. 

La comida y el combustible se terminaron antes de pisar tierra firme. “En el cayuco había tres alumnos de español que pudieron llamar a Salvamento y vino a recogernos, porque si no…”, recuerda el senegalés sin poder acabar la frase. Boudou lo escucha en silencio sentado junto a él en un pequeño sofá rojo. Este joven mauritano también llegó a las islas con 16 años, aunque en su caso desembarcó en La Gomera después de un viaje de dos días al que sobrevivieron todos. 

Estudiaba Enfermería en Mauritania, pero no pudo terminar por falta de dinero. “Mis padres no podían pagar todos mis estudios y decidí venir aquí”, explica. Por el momento, ha tenido que aplazar su deseo de estudiar para poder ganar algo de dinero. Cada día se despierta a las cuatro de la mañana para desplazarse hasta el sur de la isla, donde ejerce de camarero en un hotel. A la misma hora, Pape sale hacia los invernaderos en los que trabaja como peón agrícola, aunque su sueño cuando decidió emprender el viaje a España era ser futbolista, como los jugadores del Real Madrid a los que admira. Boudou le rebate: “Yo soy del Villarreal”. 

Arautápala Álamo insiste a los jóvenes en que prioricen trabajar en algo que les permita emanciparse y, sobre todo, ajustarse a los tiempos. Para poder dar respuesta a la realidad de Canarias, que hasta hace pocos meses atendía en sus recursos a más de 5.000 menores no acompañados, el tiempo en el que los extutelados pueden estar en los pisos de emancipación oscila entre los seis y los nueve meses. 

En este periodo, se les intenta ofrecer todas las herramientas para que la vida adulta no sea tan compleja: hacer la declaración de la renta, hacer la compra, buscar vivienda, ahorrar y, sobre todo, perfeccionar el idioma. “Ya después podrán buscar la manera de cumplir sus sueños. Aquí siempre van a poder estudiar”, dice Álamo. 

Al mismo tiempo, los jóvenes lidian con la presión de enviar dinero cuanto antes a sus familias. “¿Cómo vas a ayudar si todavía tienes que ayudarte a ti mismo?”, les pregunta la coordinadora del proyecto de emancipación de Nuevo Futuro. Álamo cuenta que algunos extutelados en sus países de origen trabajaban desde muy pequeños, por lo que “sin faltar al respeto a sus padres y conciliando ambas culturas”, procuran que los jóvenes entiendan “que aquí es distinto”. “Que no puedes trabajar sin papeles ni formación y que podrán ayudar a sus familias cuando ellos se estabilicen aquí”, apostilla la educadora.

Antes de llegar al sistema de extutelados, uno de los retos que aún sortea la administración pasa por cumplir con la obligación de documentar a todos los menores antes de que cumplan la mayoría de edad. “Hay niños que llegan más pequeñitos y hay más tiempo, y otros que llegan con 17 años y, aunque se haga todo lo posible, es más complicado”, apunta Álamo.

No todos los menores que cumplen la mayoría de edad pasan a pisos de emancipación. Algunos se reúnen con familiares, otros encuentran salidas por sus propios medios y otros, en el peor de los casos, se quedan en la calle. 

Evitar los guetos 

“Un piso de extutelados busca la integración laboral y la búsqueda de vivienda, aparte de otras herramientas que necesites para ser independiente”, resume Alfonso Roque, director de Nuevo Futuro en Tenerife. Cuando un joven entra en este sistema, se prepara un proyecto educativo individualizado que se ajuste a sus fortalezas, a sus propósitos, y a la capacidad real del mercado laboral. 

El informe Personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas, de 16 a 23 años, con autorización de residencia en vigor, del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), reveló que el 69% de los jóvenes migrantes extutelados de 18 a 23 años y con una autorización de residencia en España a 31 de diciembre de 2025 formaba parte del mercado laboral. Según explica Roque, en la actualidad, la mayor dificultad para alcanzar la integración no es encontrar un empleo, sino una solución habitacional para poder salir del recurso.

Nuevo Futuro apuesta también por ofrecer acompañamiento a los jóvenes. “Entendemos que traen dificultades sociales, psicológicas e interculturales añadidas que no tienen otros jóvenes que cumplen la mayoría de edad, y creemos que el acompañamiento también permite a la sociedad canaria comprender sus necesidades”, explica el director. 

“Si nosotros trabajamos desde el primer minuto en una política favorecedora del conocimiento mutuo, ese joven migrante no va a necesitar una búsqueda de sus iguales para sentirse afianzado en la sociedad, ni se crearán guetos, sino que va a poder conectar”, apunta.

Un bautismo de buceo, ir a ver la nieve al Teide o cocinar tortilla de papas son algunas de las actividades que recuerdan Pape y Boudou y que han podido hacer en su tiempo libre. “Somos buenos amigos y colaboramos entre nosotros. Cuando él necesita ayuda, me llama a mí, y cuando yo la necesito, lo llamo a él. Somos como una familia”, dice el senegalés. “Me siento muy cómodo, también gracias a esta señora”, dice Pape señalando a Ara. Ella se echa a reír: “No me llames señora, si somos familia de convivencia”.

2.097 personas han sobrevivido a la ruta migratoria hacia Canarias en lo que va de año en 22 embarcaciones precarias. Esta cifra supone una caída del 80,1% respecto al año anterior, cuando entre enero y abril llegaron a las islas por el Atlántico 10.515 migrantes en 166 barcazas. Las llegadas también se han desplomado en el conjunto del territorio nacional, que ha recibido a 7.030 personas, un 47,5% menos que el año anterior, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.

Mientras tanto, las muertes en esta frontera no cesan. El proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifra en 115 las personas que han fallecido en lo que va de 2026 en la ruta que conecta África Occidental con Canarias. El dato puede ser mucho mayor, ya que muchas tragedias no se registran y decenas de migrantes desaparecen en el océano.

El último incidente contabilizado por la OIM data del 5 de marzo de 2026 y tuvo lugar en las costas de Saint Louis, en Senegal. La embarcación había salido once días antes desde Gambia y entre los fallecidos hay un bebé.

El naufragio más mortífero registrado en Missing Migrants tuvo lugar a principios de año y se cobró la vida de al menos 107 personas. Según la información publicada por la OIM, la embarcación naufragó alrededor de la media noche del 31 de diciembre cerca de la aldea de Jinack, en Gambia. En ella viajaban cerca de 300 personas, pero solo fueron localizados 128 supervivientes. Aunque se pudieron recuperar 41 cadáveres, los cuerpos de otras 66 personas desaparecieron.

En las costas más cercanas a Canarias, las dos primeras semanas del año dejaron al menos tres víctimas mortales. La primera fue un hombre de 34 años que viajaba en un cayuco con 165 personas más. La embarcación fue rescatada en Tenerife, y cuatro supervivientes precisaron asistencia sanitaria.

Las otras dos víctimas viajaban en una embarcación que fue localizada a 148 millas al sureste de El Hierro. Una de ellas ya estaba muerta cuando llegó Salvamento Marítimo. La otra estaba en estado grave y murió poco después del rescate.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas.

La detención se produjo después de que el 5 de abril de 2026 se iniciara una investigación tras rescatar Salvamento Marítimo una embarcación neumática que se encontraba a la deriva con 43 inmigrantes a bordo, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado la Policía Nacional este viernes.

Tras varias gestiones, los agentes pudieron conocer que la embarcación había partido el día 4 de abril desde un punto de África, con 43 inmigrantes a bordo, que fueron transportados en una travesía nocturna de alto riesgo hasta territorio español.

Asimismo los policías constataron la existencia de una estructura organizada, que estaba integrada por los ahora detenidos, quienes actuaban de forma coordinada y con funciones “claramente diferenciadas”. En concreto, uno de ellos se encargaba del pilotaje de la embarcación, otro de la navegación mediante dispositivos de geolocalización y control de los ocupantes, y el tercero de la custodia del combustible y repostaje del motor.

La embarcación utilizada, una zodiac de aproximadamente siete metros de eslora, carecía de cualquier tipo de medida de seguridad o equipamiento obligatorio, tales como sistemas de iluminación, medios de comunicación o chalecos salvavidas.

Además la misma se estaba “gravemente sobrecargada”, ya que superaba ampliamente su capacidad, lo que generaba una situación de hacinamiento extremo.

En cuanto a la travesía, se desarrolló en condiciones “especialmente peligrosas, sin visibilidad, sin agua ni alimentos”, además de estar expuestos a condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó situaciones de hipotermia y deshidratación entre los ocupantes.

Así, durante la navegación, la embarcación comenzó a hacer agua, lo que obligó a los propios inmigrantes a achicar de forma ininterrumpida durante más de ocho horas para evitar su hundimiento.

La actuación policial, sustentada en declaraciones testificales y pruebas audiovisuales, culminó con la detención de los tres investigados el 9 de abril en Puerto del Rosario.

Por su parte, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha celebrado como una gran “victoria popular” la aprobación definitiva del Real Decreto para regularización de personas migrantes, una medida que servirá para “garantizar derechos y dignificar la vida de miles personas” que ya se encuentran residiendo en España.

CEAR señala en una nota que la regularización de personas migrantes, impulsada por los propios movimientos de personas migrantes y organizaciones sociales, “fue apoyada por más de 700.000 firmas de la ciudadanía”.

No obstante, la organización celebra que, aunque no logró ser tramitada a través del Congreso, sirvió como impulso para que el Gobierno la pueda aprobar mediante Real Decreto, “respondiendo a un amplio consenso social y político”, asegura. 

Para la entidad que se trate de una iniciativa impulsada desde la ciudadanía la hace aún más valiosa, demostrando que la sociedad organizada es capaz de ejercer una gran influencia política. Sin embargo, lamenta que se trate de una medida extraordinaria que resuelve solo puntualmente la situación administrativa irregular de quienes ya se encontraran con anterioridad en el país.

“La solución real pasa por establecer mecanismos estructurales que eviten meses y años en la irregularidad que lo único que provocan son situaciones de extrema vulnerabilidad y grandes obstáculos para acceder a derechos básicos como la sanidad, la educación o la vivienda, entre otros”, apuntan.

CEAR recuerda que las anteriores regularizaciones han permitido luchar decididamente contra la explotación laboral y lograr sociedades más inclusivas y cohesionadas, ya que dotan de seguridad jurídica a personas que llevan tiempo formando parte de la sociedad y aportando en diferentes ámbitos esenciales.

Además, subrayan que no solo favorece a la población migrante, sino a la sociedad en su conjunto, ya que es una poderosa herramienta de inclusión social imprescindible para construir sociedades diversas y cohesionadas.

Ahora, CEAR destaca que “el gran reto” una vez se han iniciado los trámites es que se pongan todos los medios para que este proceso sea “eficaz y no deje a nadie atrás”, sobre todo teniendo en cuenta el plazo “tan corto” con el que se contará para entregar toda la documentación necesaria, “de apenas dos meses y medio”.

CEAR recuerda que para tratar de agilizar el proceso y evitar fraudes, el Gobierno ha elaborado un listado de entidades colaboradoras, en el que se encuentran varias organizaciones especializadas en migración y asilo, entre ellas CEAR.

La regularización de personas migrantes ya es una realidad. Para Redwan Baddouh, portavoz del Movimiento Regularización Ya en Canarias, la valoración es bastante positiva, “estamos muy contentas, tras 6 años de lucha se ha logrado, aunque decían que no se podía, hemos demostrado que sí”, y ha querido recalcar que “este es un logro de los colectivos migrantes”.

Tras un “arduo periodo de lucha y negociaciones” para el Movimiento Regularización Ya, que quiere abarcar la mayor cantidad posible de personas en situación administrativa irregular, este martes han anunciado que el texto incorpora gran parte de sus demandas, aunque lamentan que otras reivindicaciones hayan sido desestimadas. 

La reducción drástica de los tiempos de arraigo es uno de los puntos más relevantes. La regularización afectará a quienes hayan entrado en territorio español antes del 1 de enero de 2026, y se les exigirá acreditar sólo 5 meses de estancia, frente a los dos años que marca el procedimiento actual.  

Además, hay cambios sustanciales en cuanto a la tramitación burocrática: 

Permisos de trabajo: se concederá una autorización provisional desde el momento en que se admita a trámite la solicitud,y ya no habrá que esperar de la resolución favorable. 

Documentación: Se aceptarán pasaportes caducados y el padrón dejará de ser el único medio para demostrar la permanencia en España. Para los antecedentes penales, aunque se elimina la figura de la declaración responsable, se mantiene la posibilidad de acreditar que no se ha recibido contestación por el país tercero, y que sea directamente el Gobierno de España quien lo solicite. 

Protección Social: Se establece una prórroga de cuatro años sin requisitos adicionales para colectivos vulnerables, como personas en edad de jubilación, personas con enfermedad grave o discapacidad y familiares de estos, o cuando se trate de cónyuge o descendientes de primer grado. 

Las sombras del acuerdo

Aunque celebran los logros alcanzados, el movimiento destaca varios puntos críticos que han quedado desestimados tras el dictamen del Consejo de Estado. La exclusión más señalada es la de las personas solicitantes de apatridia, como los saharauis, para quienes no se han aceptado las alternativas propuestas por las organizaciones “a pesar de lo relevante de su inclusión y de una serie de alternativas viables” propuestas por el Movimiento Regularización Ya para alcanzar un acuerdo. 

Además, el movimiento critica que la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo haya servido de “excusa” para no ampliar la vigencia de esta medida extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2026, como se solicitaba inicialmente. Tampoco se ha logrado eliminar la obligatoriedad del certificado de vulnerabilidad, “sin embargo, no ha sido posible llegar a un acuerdo”, y añaden, en su lugar, “hemos logrado que se simplifique el trámite a través de un modelo específico sencillo”. 

A pesar de la insistencia del movimiento de “que no decayeran las solicitudes de Protección Internacional tras la concesión de la regularización este punto ha quedado en un estado intermedio”, permitiendo la compatibilidad en el momento de solicitar y durante el trámite pero no ante la concesión. 

“En Canarias hay pocas entidades habilitadas para la regularización de migrantes”, advierte Redwan Baddouh, portavoz del Movimiento Regularización Ya en Canarias.  

Hasta ahora sólo hay tres entidades de Canarias colaboradoras acreditadas para realizar la presentación electrónica de documentos en representación de las personas extranjeras de forma gratuita: la Federación de Migrantes de Lanzarote -FEDEMILANZ, con sede en la isla conejera, la Asociación para la Inserción Laboral y Fomento de la Economía Social ACTÚA con sede en Tenerife. Y Fundec, también con sede en Tenerife. 

En el listado de entidades colaboradoras acreditadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aparecen otras organizaciones estatales con sede en el archipiélago, como Cáritas, la ONG Rescate Internacional, Accem o CEAR. 

Para Redwan Baddouh, portavoz en Canarias del Movimiento Regularización Ya, es preocupante que haya tan pocas entidades para poder presentar los trámites en Canarias. “Hago un llamamiento para que más entidades se inscriban. No implica la obligación de atender a todo el mundo, pero habilita para poder hacerlo” explica. 

Estas entidades colaboradoras, además de poder presentar la documentación de manera electrónica, pueden emitir los certificados de vulnerabilidad de los migrantes, uno de los logros aprobados para el Movimiento Regularización Ya. El portavoz de esta plataforma en Canarias pone en duda que la administración o los abogados a los que acudan los migrantes consigan estos certificados de vulnerabilidad. “Si hay pocas entidades colaboradoras o hay islas donde no haya ninguna, puede ser que no haya otra alternativa que tener que acudir a la administración o a los abogados, y ya sabemos como funcionan”, concluye. 

Para poder presentar las solicitudes de esta regularización se habilitarán, con cita previa, algunas oficinas de correos y de la seguridad social, además de algunas oficinas de extranjería, que recogerán la documentación y se la enviarán a la UTEX, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente de la Dirección General de Migraciones, creada para agilizar la tramitación de los expedientes. 

Este sábado 11 de abril cerrará en Lanzarote un centro de menores extranjeros no acompañados. El recurso, que estuvo en el centro de la polémica en enero de 2025 por supuestos malos tratos a los jóvenes, está instalado en la localidad de Mácher (Tías) y en él viven trece menores que serán reubicados.

Según han explicado a este periódico desde la Dirección General de Protección a la Infancia, los jóvenes que quedan en el centro cumplirán en los próximos días la mayoría de edad, por lo que pasarán a los pisos para jóvenes extutelados habilitados en la isla. En la actualidad hay cinco recursos de este tipo en Lanzarote con 25 plazas disponibles. 

Fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia explican que ''no hay menores para mantener un recurso completo abierto''. ''Es lo que estamos haciendo con las salidas de menores por el artículo 35 de la Ley de Extranjería'', añaden. Con los traslados de niños y adolescentes a la Península que se han ejecutado por la vía de la acogida obligatoria entre comunidades, ha disminuido la presión sobre la red de recursos y se están reestructurando los centros.

Polémica por malos tratos

En enero de 2025 salieron a la luz supuestos casos de violencia y amenazas en este centro de Mácher. Según publicó El País, los empleados denunciaron falta de comida y agua para los menores, ausencia de lavandería y el destrozo de las instalaciones. Las imágenes que acompañaron a esta información mostraban la nevera y los muebles del centro vacíos, sin apenas comida.

Tal y como publicó La Voz de Lanzarote, los empleados pusieron en conocimiento del Gobierno de Canarias y de la Fiscalía la ''desprotección'' que sufrían los niños y los adolescentes. En esta publicación, los trabajadores también aseguraron que seis de ellos habían solicitado la baja laboral y que dos renunciaron al empleo. Además, aseguraron en un escrito que quienes alzaban la voz contra la situación, sufrían ''amenazas''.

El centro estaba gestionado por la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (Fepas). Esta entidad también era responsable del polémico centro de La Santa, también en Lanzarote, que cerró después de que la Guardia Civil hiciera pública su investigación contra cinco trabajadores del centro por coaccionar y amenazar a los jóvenes.

El Parlamento Europeo sacó adelante el pasado 26 de marzo la bautizada como 'vía Meloni', que consiste en crear en países terceros centros de retorno para migrantes. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha subrayado en un debate organizado en la cadena EuroNews que estos espacios ''no son una respuesta a la migración''.

''Dan la oportunidad a los estados miembros de, por una compensación económica a un país tercero, mantener a los migrantes fuera de nuestra vista, y esa no es la idea'', ha apuntado.

''Los centros de retorno no son la respuesta a la migración, particularmente cuando están fuera de las fronteras de la Unión Europea. No hay garantías de respeto derechos fundamentales, no son coherentes con la ley europea, no son coherentes con la base del pacto de migración y asilo que aprobamos'', ha aseverado.

''El Partido Popular Europeo se ha unido a la extrema derecha para legalizar la denominada 'práctica Meloni' en Albania'', ha rechazado el socialista. ''Pero no es solo Albania, puede ser cualquier país tercero, tal vez en África. ¿Por qué el gobernador de un país tercero aceptaría este tipo de trato de un estado miembro? Solo por razones económicas'', añadió.

López Aguilar ha cuestionado que solo una compensación económica sea suficiente para proteger los derechos humanos, para proteger a los menores y los derechos fundamentales de los menores no acompañados. “¿Hay consideraciones legales coherentes con la arquitectura que hemos diseñado? La respuesta es no'', ha concluido.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha respondido mediante una carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), que el mecanismo de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados es el establecido por el Real Decreto-ley 2/2025, y recuerda la obligación “legal” por la que “debe seguir aplicándose” mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.

En este sentido, Torres aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida.

El ministro canario destaca que el mecanismo activado para dar una respuesta conjunta en todos los territorios al fenómeno migratorio y poniendo por delante el interés superior del menor, “es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”.

Asimismo, subraya que su aplicación ha contado durante los últimos meses con la colaboración y la lealtad institucional de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, “lo que ha permitido avanzar en una respuesta solidaria ante una situación extraordinaria. Se ha hecho con absoluta normalidad y, al contrario de lo que auguraban algunos, se está llevando a cabo sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia”.

Ángel Víctor Torres recuerda que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que lidera en Ceuta y Melilla, el PP, y que cogobierna en Canarias, y añade que “es el Gobierno de España quien más está apoyando a estas comunidades. Los compañeros de Díaz Ayuso que gobiernan en esos territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre su negativa y por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de esos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.

En la carta el ministro critica que el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución.

Ante esa situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó un día más tarde que, las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión.

Por este motivo, el ministro recuerda a la Comunidad de Madrid que dichas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”.

Así, Torres insiste en que todas las actuaciones se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las administraciones implicadas y, especialmente, el pleno respeto a los Derechos Humanos y al principio del interés superior del menor.

Por esa razón ha reiterado su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar una respuesta “eficaz, legal y centrada” en la protección de los menores.

Un cayuco con 169 personas a bordo, entre ellas siete menores, ha arribado este martes por sus propios medios al puerto de La Estaca (El Hierro), donde, tras su desembarque, fueron atendidas por los equipos sanitarios y de emergencia a pie de muelle.

Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

De acuerdo con la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 169 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 15 mujeres y siete menores de edad.

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de siete días desde Sami (Barra), Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Conakri, Guinea-Bisau, Sierra Leona y Nigeria.

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

La agencia de la ONU que promueve la protección de los derechos, el bienestar, la salud y la educación de niños y adolescentes en más de 190 países, Unicef, vela en Canarias por la salud mental de la infancia migrante desde unas unidades móviles que han comenzado a operar recientemente en las islas.

Con la ayuda que presta para ello el Ministerio de Sanidad y la Consejería canaria del ramo, el organismo internacional da apoyo a esos niños que “por la historia de vida y la historia de tránsito que han tenido requieren de una atención específica que no puede ser atendida de una manera tan sistemática y urgente en los programas de salud mental habituales”.

Así lo ha explicado este martes a los periodistas la nueva presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa, tras reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, y con su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, a quienes ha detallado las prioridades estratégicas de la entidad.

Espinosa ha agradecido al Gobierno de Canarias el apoyo que presta al trabajo que desarrolla Unicef, muy especialmente en la lucha contra la pobreza infantil y en el apoyo a la salud mental de los niños migrantes no acompañados.

La directora de Unicef en España ha explicado que la idea de la agencia de la ONU es ampliar la atención que presta desde esas unidades móviles a la salud mental de la infancia migrante, de forma que también pueda ofrecerla a menores ingresados en centros de protección.

También ha destacado que la labor que realizan desde hace pocos meses estas unidades móviles en Canarias la desarrollan también en otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla la Mancha o La Rioja, pero con distinta estructura, ya que se integran en los servicios sanitarios de la Atención Primaria de esos territorios, donde las necesidades de la infancia son diferentes.

En todos ellos lo que se hace es “acompañarlos en todos los males psicológicos y problemas más serios” inherentes a “su tránsito, la ruta, pero también a cómo se están integrando tras la llegada”.

“Es un magnífico ejemplo de colaboración a nivel estatal y a nivel autonómico, con independencia de cualquier otra consideración, de cómo se pueden poner por una parte los recursos económicos y por otra parte los recursos atencionales que forman ese tándem prácticamente perfecto”, ha referido.

Preguntada por la valoración que hace Unicef del mecanismo legal por el que se lleva a cabo el traslado al resto de territorios españoles de menores migrantes no acompañados llegados a comunidades o ciudades autónomas del país donde se ha declarado la contingencia migratoria, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla, Espinosa ha insistido en la necesidad de escuchar a esos niños, porque “es una decisión que les afecta”.

Luego, ha recalcado, “las comunidades autónomas” que los reciben “deben poner las condiciones adecuadas para que el ejercicio de sus derechos se complemente de una manera eficaz”, algo a lo que hace seguimiento Unicef.

“Los niños tienen que tener los mismos derechos que tiene cualquier niño o niña que vive en nuestro país. Nosotros lo que hacemos es insistir en ese trabajo y en esos procedimientos para que se cumplan. El procedimiento es que se produzcan los traslados de la manera más garantista para los niños y niñas con respecto al cumplimiento de sus derechos, que se hagan evaluaciones psicosociales individuales”, ha aseverado. 

Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana a 37 personas que viajaban en una patera rumbo a Lanzarote. La embarcación fue localizada a unas 40 millas de la isla y en ella viajaban 33 hombres y cuatro mujeres. De ellas, dos han tenido que ser evacuadas al hospital tras la llegada de la embarcación al muelle de Puerto Naos. Una de ellas está embarazada de ocho meses y otra ha sufrido un esguince.

Esta es la cuarta embarcación que alcanza Canarias en los últimos cuatro días. La primera fue un cayuco escoltado por Salvamento hasta el muelle de La Restinga (El Hierro) este viernes. El cayuco fue avistado cuando navegaba a ocho millas de la isla y en él viajaban 159 personas. Dos de ellas, según informó Efe, tuvieron que ser trasladadas al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

El aviso lo dio la Guardia Civil, al detectar poco antes de las 15.00 horas un eco radar, y el acompañamiento hasta el puerto lo hizo la Salvamar Diphda. El cayuco había salido siete días antes desde Ganjur, en Gambia, y en él viajaban 30 mujeres y cuatro hombres.

El siguiente rescate tuvo lugar el 4 de abril, cuando Salvamento auxilió a 47 personas a bordo de una neumática localizada a 27 millas al sur de Gran Canaria. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. La barcaza fue localizada a las 11.00 horas por el barco pesquero Julio y Olga, cuya tripulación alertó a Salvamento.

Las llegadas continuaron este domingo, cuando la Salvamar Izar rescató a otros 47 migrantes de una patera hallada al sureste de Morro Jable, en Fuerteventura. En la patera viajaban 46 hombres y una mujer. Todos ellos fueron trasladados al puerto de Gran Tarajal, donde estaba Cruz Roja, la Policía Nacional y agentes de Frontex.