Tamara Milagros Molina volvía a su casa en la tarde del 14 de marzo cuando una persona todavía no identificada la asesinó a balazos. Tenía 18 años y había crecido en medio de la violencia y las bandas que se disputan la venta de drogas en Tablada, un barrio de la zona sur de Rosario. Ella misma registraba una causa por portación de armas siendo menor, había sobrevivido poco antes a un intento de asesinato y sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios. Pero la vida y la muerte de Tamara no son excepcionales en una ciudad donde “las economías ilegales avanzan mientras el Estado se retira de los barrios”, como advierte el politólogo Luciano Vigoni.

“El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas”, dice Vigoni, exdirector del Programa Nueva Oportunidad durante el gobierno de Miguel Lifschitz en Santa Fe. En ese escenario, “los pibes no solamente venden casinitos, también guardan armas, prestan plata y reparten bolsitas (con drogas)”.

. El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas

Luciano Vigoni — exdirector del Programa Nueva Oportunidad

“Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas”, confirma el juez penal juvenil Alejandro Cardinale. “Me cuesta ver que en esas vidas haya transgresión. No la hay, en realidad, porque no existe una norma. Son pibes que han sufrido distintas violencias, que perdieron padres o hermanos y donde la comida de cada día llega por la actividad delictiva. Una transgresión hubiera sido ir a la escuela o no agarrar un arma, esos serían actos de rebeldía”, reflexiona el juez.

Tamara Milagros Molina fue asesinada el pasado 14 de marzo. Tenía 18 años. Sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios.

El crimen de Tamara Milagros Molina fue precedido el 31 de diciembre por el otro vecino de Tablada, Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años en situación de pobreza extrema que se había vinculado al narcomenudeo. Un tirador no identificado baleó a Valentino por la espalda mientras otro menor lo distraía. Uno de los hermanos de Tamara, por otra parte, fue involucrado en tres crímenes y detenido después de tirotear un colectivo del transporte urbano en septiembre de 2024 siguiendo órdenes de Juan Carlos “Pelo Duro” Fernández, un preso de la cárcel de Coronda que se inició en el consumo de drogas a los 11 años, registró su primera detención a los 15 y en 2019 fue condenado a dieciocho años de prisión por homicidio y otros delitos.

Otro hermano de Tamara, a los 12 años, junto con otros de 10 y de 14, provocó la muerte de un hombre que vivía en la calle, Hugo Silva Viera, al arrojarle una botella con combustible y una mecha encendida el 6 de marzo de 2025. La tragedia ocurrida en una esquina de Villa Manuelita, un sector de Tablada, reunió así a niños atravesados por situaciones de violencia y un adulto sumido en el alcohol y la indigencia después que un accidente le imposibilitó trabajar como estibador. El padre está ausente de la casa donde se criaron los niños y la madre registra antecedentes vinculados con el narcomenudeo.

“Los espacios para menores privados de la libertad en Rosario no hacen otra cosa que reproducir la violencia. No hay tecnología de gestión nueva, es lo del Siglo XX y peor: los pibes pasan la mayor parte del tiempo encerrados, con tratamientos donde prima la lógica penitenciaria. Los pibes no pueden salir de ahí en mejores condiciones de las que entran”, afirma Luciano Vigoni.

“Hay varias barreras que deconstruir para pensar en una sanción en el sentido de la resocialización –dice el juez Cardinale–. En los casos graves, cuando les empieza a caer la ficha de lo que hicieron, hay que sostener esas subjetividades porque el pibe se derrumba y se sigue exponiendo al mata o muere y a otras conductas delictivas para volver a la cárcel más por una necesidad culposa que de rebeldía al sistema. Cuando podemos identificar eso, con un diálogo real, interdisciplinario, no resolviendo sobre la letra de un informe, la posibilidad de la intervención tiene un sentido formativo. Se sanciona a alguien que es parte de la comunidad”.

Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas

Alejandro Cardinale — Juez penal juvenil

Cardinale intervino cuando Tamara fue detenida por portación de armas: “Estuvo alojada en la División de Asuntos Juveniles Femenina, la cárcel de menores. La estrategia fue que saliera del núcleo familiar y del barrio; había una hermana mayor en Villa Gobernador Gálvez, pero la chica volvió a su casa. Hubo una falta de refuerzo estatal en la medida”. 

La economía ilegal como forma de subsistencia

La descripción de bandas criminales suele invisibilizar la situación de familias rosarinas dedicadas al narcomenudeo como forma de subsistencia o para saldar deudas. Fue el caso del allanamiento realizado el 9 de enero en una casa de Las Flores al 3500, en la zona sudoeste de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación descubrió a unas mellizas de 6 años que hacían de pasamanos para la venta de drogas. A esa edad, además, las niñas ya presenciaron otros operativos policiales en su domicilio y salieron ilesas de balaceras. El secuestro fue ínfimo: 10 gramos de cocaína.

“La economía ilegal es cada vez mayor frente a los restos del Estado en los barrios de Rosario, que son las escuelas, los centros de salud y algo de lo social –dice Luciano Vigoni–. Los clubes son la única estructura no estatal con presencia en el territorio, pero están muy debilitados. El gobierno provincial proyecta el encarcelamiento masivo de los jóvenes y el municipal de Rosario habla de buenos y malos, pero nadie mira una sociedad fragmentada y con mayores y múltiples niveles de violencia. En una recesión como la actual, con la falta de trabajo y hasta de changas, las economías ilegales son para muchas familias la posibilidad de generar un ingreso”.

La venta de drogas, el casinito y los préstamos informales de dinero funcionan entonces como alternativas para la subsistencia y el consumo, dice Vigoni, ex militante del Partido Socialista y ahora parte del Frente Amplio por la Soberanía: “Los pibes quieren consumir, quieren la moto, las llantas, la gorra. Obviamente están los clanes familiares (dedicados al narcomenudeo) pero ellos se conocen entre sí, van cambiando de un lugar a otro”.

El MPA y el gobierno de Maximiliano Pullaro contabilizan 109 puntos de venta de drogas “desactivados” en los últimos dos años. Sin embargo la comercialización de drogas no disminuye en Rosario: las transacciones se realizan en espacios abiertos –entre ellos el terraplén de barrio Las Flores donde fueron asesinados tres compradores el 23 de diciembre pasado– y el bunker se traslada a los propios domicilios de las familias. En otro procedimiento del mes de enero, los fiscales se encontraron con un niño de 10 años que asistía a su familia en la venta de drogas.

Los puntos de venta y la situación de los menores suelen quedar expuestos con los hechos de violencia. Una nena de 7 años llamada Pía resultó baleada el 28 de diciembre en el ataque de una banda contra su casa en Génova y Cabal, barrio Empalme Graneros. “Esta es una zona de balaceras. El bunker funciona hace cuatro o cinco años”, dijo entonces una vecina a Radio 2. 

“La criminalidad en su más amplio espectro –bandas, violencia, narcomenudeo, intervención corrupta de la policía– es un factor de vulnerabilidad para cualquier persona y más para un pibe que todavía se está criando –afirma el juez Cardinale–. Una medida de protección puede ser alejar al menor de ese ámbito. A veces hay opciones dentro del entorno familiar y a veces no. Ahí es donde queda limitada la respuesta estatal, y es también lo que muchas veces se entiende como que no se hace nada. Pero la herramienta legal, institucional, está”. En los casos de menores no punibles, “la gran protagonista por acción o por omisión es la Secretaría de Protección de Niñez de la provincia”.

Como la disputa por el mercado de drogas, el prestamismo informal asoma en la superficie cuando deriva en represalias. El 16 de marzo una familia del barrio Empalme Graneros denunció un ataque incendiario contra su casa por no afrontar una deuda. “El prestamista puede prestar por un día, por un fin de semana, por un mes, a un interés que se negocia en la desesperación por consumir o de cubrir una necesidad básica –explica Vigoni–. Si no se devuelve con billetes se paga con un bien o en el límite con la propia casa. No son necesariamente los narcos, también lo hacen familias o personas a las que le sobra algo de plata”.

La investigación sobre Los Menores, la banda narcopolicial que desafió la tradicional hegemonía de Los Monos en Rosario, reveló la explotación de casinos virtuales y apuestas ilegales. “Es una diversificación del negocio menos riesgosa en términos de violencia –apunta Vigoni–. Se hace a través de plataformas que ofrecen todos los juegos de un casino. Un administrador provee el usuario para jugar, carga las fichas, recibe el dinero y hace los pagos. Ahí hay un negocio en ascenso que no se ve, pero es masivo”. La investigación de la fiscalía de Rosario identificó las plataformas Zeus y Rojo23 utilizadas por una rama de Los Menores que habría organizado Fernando Cappelletti.

Los Menores deben su nombre a la utilización de menores de edad como sicarios y custodios de puntos de venta. Lautaro Nicolás Brest tiene hoy 20 años, pero su trayectoria está ya marcada por la muerte violenta: siendo menor presenció los asesinatos de dos amigos de 14 y 15, en la zona oeste de Rosario, y de su propio padre, un taxista de 38 años. El 25 de marzo Brest fue imputado como parte de Los Menores, banda a la que se atribuye entre otros crímenes el de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

“En quince años de trabajo nunca escuché a nadie decir ‘es menor no punible, no se puede hacer nada’ –enfatiza Vigoni-. La situación en Rosario es abordable aún hoy, pero el nuevo Régimen Penal Juvenil va a profundizar el problema. Necesitamos instituciones que tengan restricciones pero donde el tránsito cotidiano pase por lo cultural, lo deportivo y la atención de salud mental”.

Al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años se suma la nueva ley de organizaciones criminales, que por su parte incrementa penas e iguala la responsabilidad de los integrantes de bandas más allá de la función de cada uno. “Pero en un bunker tradicional, un espacio completamente cerrado con una mirilla por donde se despacha la droga, donde un pibe, una pibita están encerrados vendiendo, hay una situación de trata evidente dentro de la organización criminal –destaca el juez Cardinale-. Así lo definió la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. El menor es en esos casos una víctima más que el autor de un delito”.

Cardinale define como “terraplanismo punitivo” al Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. “Los problemas son complejos y la respuesta es falaz, simplista y no va a generar ninguna incidencia en la tasa de criminalidad ni en el estándar de seguridad comunitaria –señala el juez–. En Santa Fe los homicidios dolosos disminuyeron de una manera llamativamente abrupta sin ninguna ley agregada, supuestamente alcanzó con un patrullaje organizado y con cortar la comunicación desde la cárcel. El Régimen Penal Juvenil se aplicará además a una población que tiene una incidencia ínfima en la criminalidad”.

OA/MG

El presidente Javier Milei afirmó este viernes que el presunto “espionaje” vinculado a una campaña de origen ruso en medios argentinos reviste una “gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, y aseguró que el Gobierno buscará avanzar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que los periodistas y medios señalados en la investigación difundida en las últimas horas serían “la punta del iceberg” de una estructura mayor. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió.

Las declaraciones del Presidente se produjeron luego de la difusión de una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio internacional que incluye al sitio británico openDemocracy.

Según ese informe, una red identificada como “La Compañía” habría impulsado una estrategia para influir en medios de Argentina con el objetivo de desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza. Entre junio y octubre de 2024, de acuerdo con esos registros, se habría previsto un presupuesto de 283.000 dólares para la publicación de al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios locales.

La investigación también señala la existencia de firmas inexistentes y contenido presuntamente fabricado, con piezas centradas en cuestionamientos a la situación económica del país, el impacto social de las políticas de ajuste fiscal y las tensiones diplomáticas de la Argentina con otros gobiernos de la región.

En ese marco, el Gobierno ya había informado en 2025 la detección de una presunta red de agentes rusos, mientras que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió sobre la circulación de mecanismos de desinformación vinculados a intereses extranjeros en el país.

Con información de NA

A poco de asumir Javier Milei la presidencia, un grupo de agentes rusos denominado “La Compañía” activó una serie de operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar al nuevo gobierno libertario. El objetivo de esta red de servicios de inteligencia exterior de Rusia fue exacerbar aún más el clima de polarización en Argentina.

Así lo denuncia una investigación del consorcio de periodistas openDemocracy a partir de una filtración de documentos de los cuáles se desprende que estos espías se dedicaron a “contratar encuestas, informes sobre el complejo militar-industrial de Argentina y sus recursos petroleros en la Antártida, los partidos políticos y los sindicatos”. Además, realizó análisis de “riesgos y oportunidades”, perfiles de figuras públicas, “entrevistas a expertos”, “políticos, politólogos y economistas de la oposición”. El plan, de acuerdo a la investigación, incluyó el apoyo a candidatos de la oposición para las elecciones legislativas de 2025.

La investigación remarca que de todas esas actividades, la más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”. De los documentos surge que hay registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, y presupuestados en los documentos rusos por US$283.000.

Según la investigación, los medios presuntamente implicados son Infobae, Realpolitik, Ámbito, C5N, Diario Con Vos, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Dos Bases, La Patriada Web, En Orsai, Sección Ciudad, El Ciudadano Web, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Osorno en Vivo (Chile), Infocielo, Data Clave, Agenda Urbana, Ciudadano Agro, Contraste MDP y En la Mira del Poder.

Las tarifas para publicar contenidos van desde US$350 a 3.100 por artículo. Sin embargo, los registros no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. “Es posible, también, que estos montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién”, sostiene openDemocracy.

Para la investigación se analizaron y verificaron 76 documentos que obtuvo el medio africano The Continent. Del trabajo participó un consorcio periodístico que incluye a openDemocracy, Dossier Center e iStories, All Eyes on Wagner, Forbidden Stories y dos periodistas independientes de habla rusa.

El consorcio contactó con todos los medios involucrados y pudieron entrevistar a editores, directores o periodistas de 15 de ellos: “Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría de las fuentes explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una ”agencia de prensa“, ”consultora“ o ”intermediario“. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial”, señala el artículo.

Periodistas falsos

La mayor parte de los artículos publicados no tenían firmas y cuando la tenían eran inventadas.

Por ejemplo, citan el caso de Manuel Godsin, quien publicó notas en Realpolitik. Sin embargo, el nombre es falso y la foto que aparece en su perfil corresponde a un ruso llamado Mikhail Malyarov.

Según los documentos, el sitio web Realpolitik publicó 20 artículos presupuestados a US$550 cada uno, por un total de US$11.000 . Todos tenían autores, pero cuando openDemocracy preguntó por ellos al director del medio, Santiago Sautel, este dijo que no los conocía.

“Publicamos columnas de opinión todo el tiempo”, dijo Sautel. “El origen de estas en particular lo desconocemos. Sí damos fe de que no se trató de ninguna maniobra non sancta cocinada tras bambalinas en una sede diplomática. Y si algunas de estas publicaciones se orquestaron en las sombras bajo algún interés puntual, lo desconocemos”

Otro ejemplo es Gabriel di Taranto, quien aparece firmando artículos en Diario Registrado, C5N y Ambito. La imagen de su perfil fue generada con software de Nvidia y en la Universidad de Avellaneda, donde dice haber cursado un máster en comunicación política, negaron que haya pasado por sus aulas.

En el caso de A24, la investigación señala que publicó 10 artículos sin autoría o firmados como “Redacción A24”, por un presunto monto de US$16.500 . Contactados por openDemocracy, los editores no contestaron el pedido de entrevista.

La Compañía

De acuerdo con la investigación, “La Compañía es una entidad privatizada que desplegó en 2024 operaciones de propaganda e influencia política en más de 30 países de África y América del Sur”.

Los documentos muestran vínculos claros entre la Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido señor de la guerra Yevgeny Prigozhin, tal como reveló openDemocracy en una investigación sobre Bolivia, donde agentes de la Compañía intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del expresidente Luis Arce en Bolivia.

Uno de los 17 excontratistas de Wagner que siguieron vinculados a la Compañía es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. “Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina”, dice su biografía, uno de los documentos filtrados.

Filtraleaks se comunicó con Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad hasta diciembre de 2025, quien explicó que “a mediados de ese año fue advertida de actividades rusas de desinformación por la entonces Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que no mencionó a la Compañía, pero habló de pagos a medios y periodistas”.

Otro de los objetivos de La Compañía fue actuar ante el cambio de rumbo que significó la llegada de Milei en la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo, luego de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky fuera invitado a la asunción.

“La campaña de la Compañía, titulada ”Argentina no necesita una guerra ajena“, incluyó la realización de 89 graffitis en Buenos Aires, la colocación de pancartas en calles y en un partido de fútbol de la copa Libertadores, contenidos en redes sociales y artículos de columnistas argentinos, entrevistas con políticos y preparación de sus declaraciones ”sobre el perjuicio que supone el apoyo a Ucrania para los intereses nacionales argentinos“, señala la investigación.

La Presidencia argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio de inteligencia SIDE, la embajada de Rusia, Shilov y el SVR no contestaron los pedidos de entrevista de openDemocracy.

La investigación fue coordinada por Diana Cariboni, junto Sofía Álvarez Jurado y Santiago O’Donnell.

La nota completa puede leerse en este link https://www.opendemocracy.net/es/argentina-rusia-propaganda-medios-periodismo-milei-ucrania-putin-trump-prigozhin/

El tuit duró lo suficiente como para instalar una escena. El 24 de marzo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una publicación que la ubicó en el centro de una postal internacional: su titular, Cristian Auguadra, reunido en Langley, Virginia, con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe. Al día siguiente, Manuel Adorni ratificó el dato en su fallida conferencia de prensa. “Otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión”, leyó el jefe de Gabinete. Sin embargo, pocas horas después de ese mensaje exultante, algo extraño ocurrió: el comunicado desapareció. Había sido borrado.

En su versión original, el texto no dejaba demasiados márgenes para la ambigüedad. La SIDE informaba que Auguadra había mantenido una reunión bilateral “privada” con Ratcliffe en la sede de la agencia, en paralelo a la denominada Reunión por las Américas realizada en Washington, donde delegaciones de distintos países discutieron cooperación en materia de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. También anticipaba la entrega de un reconocimiento al organismo argentino en abril, en Langley, como resultado de “operaciones conjuntas” y del impulso al flamante Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

¿Por qué el Gobierno eliminó una noticia que, en principio, reforzaba a la perfección el relato oficial? ¿Acaso hubo una violación del secreto? Las explicaciones oficiales no llegaron de inmediato. Recién después de una semana de silencio, y tras la consulta de elDiarioAR, fuentes de la SIDE aseguraron que la publicación fue retirada porque se decidió volver a difundirla “una vez que se cuente con el material fotográfico oficial de la reunión mantenida ese día en Langley”. Aclararon que “no hubo ningún otro motivo detrás de la decisión” y que el objetivo es “aprovechar la foto para dar más información respecto del robustecimiento de la relación con la CIA”, además de anticipar anuncios vinculados al CNA.

¿Alcanza esa explicación para justificar la desaparición del comunicado? ¿O llega demasiado tarde para cerrar las dudas que ya se habían abierto? Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del viaje, Auguadra efectivamente estuvo en Washington y participó de la reunión regional, tal y como se informó. Ese dato no está en discusión. Lo que sí aparece bajo sospecha —y se espera que la foto venga a echar luz— es el corazón del mensaje: el cara a cara con el director de la CIA

De acuerdo con esas versiones, la reunión del titular de la SIDE no habría sido con Ratcliffe, sino con su número dos, David S. Cohen. Un encuentro de carácter protocolar, sin anuncios ni definiciones estratégicas, centrado en “generalidades”. ¿Es lo mismo? En el lenguaje de la inteligencia, claramente no: cada nivel de interlocución tiene un peso específico. La diferencia entre una bilateral con el director y un contacto con su segundo no es menor. ¿Por qué, entonces, se decidió comunicarlo de otra manera?

Ahí es donde la historia empieza a correrse del plano diplomático y a meterse en la lógica de la política doméstica. “Santiago pudo haber jugado una carta fuerte de ‘tengo esto que ustedes no’”, deslizó una fuente malpensada y al tanto de la dinámica interna del oficialismo. La SIDE, como otras áreas sensibles, es hoy un territorio en disputa entre el asesor presidencial y Karina Milei, en una interna que se expresa de manera cada vez más descarnada, pero que el affaire Adorni paradójicamente ayudó a dilatar.

La interna sin fin

La pulseada en la cúpula del poder libertario no es nueva, pero en las últimas semanas sumó capítulos. Mientras Santiago Caputo busca sobrevivir con su influencia en lugares estratégicos como la SIDE o ARCA, la secretaria general de la Presidencia intenta ordenar ese esquema bajo su propia lógica de control y lealtades. La decisión de postular a Sebastián Pareja como titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso es un botón de muestra. En ese sentido, el comunicado —ahora borrado— fue leído por muchos más como una señal hacia adentro que como un gesto hacia afuera. ¿Y si se trató de una forma apresurada de marcar territorio por parte del asesor? ¿Una manera de mostrar acceso directo a Washington en medio de esa puja?

Más allá del alineamiento automático de Javier Milei con la administración Trump, es evidente el lazo que une a Caputo con el lobby de Mar-a-lago a través del empresario Leonardo Scatturice, figura de su extrema confianza. Hay determinados niveles de la estructura norteamericana cuya llave de ingreso no depende solo de la afinidad política, sino de redes previas, confianza acumulada y validación técnica. “La visita a Langley no es tan difícil de conseguir, pero necesitás que los burócratas de defensa y seguridad de Washington te la validen, y a esos no los conoce cualquiera”, explicó a elDiarioAR un exfuncionario con vínculos en Estados Unidos, al describir los circuitos formales e informales que habilitan ese tipo de encuentros.

Sobre ese telón de fondo se dibuja, en paralelo, un clima interno en la SIDE que se volvió cada vez más inestable. Como reveló elDiarioAR, en el último mes se configuró un escenario de incertidumbre que incluso agentes con larga trayectoria describen como inusual. Hubo corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma del año 2024. La sensación dominante, según los testimonios recogidos, es la de un organismo desorientado, sin una directriz clara y atravesado por niveles de intriga que empiezan a afectar su funcionamiento cotidiano.

Todo alimenta el runrún de pasillo. Desde las versiones de nombres de la “vieja guardia” que podrían incorporarse, hasta los rumores —ahora menos insistentes— sobre una inminente eyección de Auguadra de su silla en el piso 5 de 25 de Mayo 11. En ese marco, el episodio del comunicado fantasma aparece como una pieza más de una trama mayor: la de una SIDE en transición permanente, donde lo doméstico y lo internacional se cruzan de manera cada vez más problemática.

PL/MG

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, en enero de 2015.

El planteo fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini mediante un dictamen de 46 páginas en el que el fiscal cuestionó la actuación de Fein durante las primeras horas del caso. Según sostuvo, su intervención el fin de semana en que fue hallado el cuerpo habría afectado la preservación de la escena y provocado la pérdida de elementos de prueba relevantes.

En ese sentido, Taiano señaló que en el departamento de Puerto Madero donde fue encontrado Nisman ingresaron 88 personas sin control, lo que, a su criterio, comprometió la investigación.

La definición sobre el pedido de procesamiento quedó ahora en manos de Ercolini. Fein había sido indagada el 24 de febrero pasado: en esa instancia rechazó las acusaciones, defendió su actuación y solicitó su sobreseimiento.

La ex fiscal está imputada por “serias falencias” en la investigación inicial de la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015 en su departamento de la ciudad de Buenos Aires.

Con información de NA

El gobierno argentino ordenó al encargado de negocios de Irán abandonar el país en un plazo de 48 horas. Fue luego de declararlo persona no grata, según anunció la Cancillería en un comunicado.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que conduce Pablo Quirno, se indicó que la decisión fue tomada en respuesta al texto oficial difundido durante el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán que, según el Gobierno, “contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina”.

El cruce entre ambos gobiernos tiene como trasfondo el alineamiento incondicional que Argentina mantiene con Estados Unidos y la guerra que ese país lleva adelante contra Irán. En ese contexto, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Conocida esta decisión del gobierno argentino, Irán condenó la medida mediante su embajada en Uruguay y señaló: “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”.

Para Irán, la decisión de Milei constituye un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”.

En respuesta a ese comunicado, la Cancillería argentina sostuvo este sábado: “Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

Asimismo, señalaron que ese último hecho “agraviante” que detallaron “se suma a la persistente negativa” de la República Islámica de Irán “a cooperar” con la Justicia argentina en la “investigación del atentado contra la AMIA”, así como a un “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de “detención y extradición de los responsables”.

Para finalizar, expresaron que “resulta particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica “de personas requeridas” por la Justicia argentina.

“La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia. Reafirmamos el compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como en pleno respeto del derecho internacional”, concluyeron.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en el cenotafio de Retiro. La conmemoración fue también un fuerte respalddo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cercado por la investigación de supuesto enriquecimiento ilícito. Frente al monumento a los caídes Milei y Adorni se fundieron en un fuerte y efusivo abrazo.

Es el segundo gesto de apoyo que el Presidente le dedica a Adorni en menos de 24 horas. Junto a gran parte del gabinete, Milei reiteró el reclamo de soberanía argentina sobre las islas y prometió mejoras salariales para las Fuerzas Armadas.

 “Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa”, dijo el Presidente. Y remarcó: “El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos”.

Sobre la situación de las Fuerzas Armadas reconoció: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas”, aunque no dio más precisiones para atender un reclamo persistente en el sector.

A 44 años del inicio de la guerra de Malvinas, la relación entre Argentina y el Reino Unido atraviesa bajo el gobierno de Milei un momento que combina gestos de acercamiento, negociaciones en curso y una llamativa inestabilidad en la conducción de la política exterior argentina. Hay un viaje oficial a Londres anunciado pero sin fecha confirmada, tratativas para levantar el embargo de venta de armas británicas vigente desde 1982 y una posición sobre la soberanía que el propio Presidente definió como “no negociable” ante un diario del Reino Unido, aunque con una condición que abre interrogantes: la recuperación de las islas, dijo, deberá esperar a que los propios isleños lo deseen.

El viaje anunciado y el silencio británico

En diciembre pasado, Milei concedió una extensa entrevista al diario británico The Telegraph, realizada en su despacho de la Casa de Gobierno. Fue en ese reportaje donde el presidente confirmó su intención de viajar a Londres en 2026, una visita que sería la primera de un mandatario argentino al Reino Unido en casi tres décadas: el último en hacerlo fue Carlos Menem, en 1998. Voceros oficiales confirmaron entonces que el viaje estaba planeado para entre abril y mayo de este año, e incluiría una reunión con el primer ministro Keir Starmer y encuentros con referentes de la oposición británica, entre ellos Nigel Farage, a quien Milei elogió por su “visión” sobre el Brexit.

La relación de Milei con figuras del establishment político británico tiene antecedentes. En el Foro de Davos se mostró junto al ex primer ministro David Cameron, y recibió en Casa Rosada a Boris Johnson, a quien hizo pasar al balcón que da a la Plaza de Mayo. En la entrevista con The Telegraph, el presidente también mencionó su admiración por la cultura británica y su cercanía con figuras como Mick Jagger.

Sin embargo, a meses de que ese plazo se cumpla, del otro lado del Atlántico no hay confirmación. Consultada por elDiarioAR sobre el estado de la visita, en la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires respondieron que no hay novedades al respecto.

Lo que Milei le dijo al Telegraph

En esa misma entrevista de diciembre, Milei fijó su posición sobre las islas con una combinación de firmeza y condicionamiento que generó lecturas dispares. Por un lado, fue categórico: “Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas”, afirmó, y cuando el periodista le preguntó directamente si esa soberanía era negociable respondió: “No es negociable.” Por el otro, introdujo una condición que matiza ese reclamo: el territorio “debería ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen.”

Esa fórmula —soberanía no negociable en abstracto, pero supeditada en la práctica al consentimiento de los habitantes de las islas— genera una tensión con el texto constitucional. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de las Malvinas por vías compatibles con el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, pero no condiciona el reclamo a la voluntad de quienes habitan las islas. La distinción no es menor: en los hechos, si los isleños —que en los sucesivos referéndums han votado por permanecer bajo soberanía británica— tienen poder de veto sobre cualquier acuerdo, el reclamo queda indefinidamente suspendido.

Tres cancilleres en dos años

Uno de los datos más notorios de la gestión Milei en materia de política exterior es la velocidad con la que rotaron los responsables de la Cancillería. En poco más de dos años, el presidente tuvo tres ministros de Relaciones Exteriores: Diana Mondino, quien condujo la cartera desde el inicio de la gestión hasta que fue desplazada; Gerardo Werthein, que la reemplazó y cuya etapa fue descripta en off como un período en que el vínculo con los británicos “mermó”; y Pablo Quirno, el actual canciller, que asumió a fines de 2025 y es caracterizado por esas mismas fuentes como alguien con “una visión parecida a la de Mondino, pero una eficiencia mucho mayor.”

Esa rotación tuvo consecuencias concretas sobre la continuidad de las negociaciones con Londres. Las tratativas para levantar el embargo de armas, que comenzaron formalmente en febrero de 2024, debieron sostenerse principalmente desde el Ministerio de Defensa —a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa— precisamente porque la Cancillería no ofreció durante ese período una conducción estable.

Las negociaciones por el embargo de armas

El embargo que el Reino Unido impone a la Argentina desde la guerra de 1982 no prohíbe solamente la compra de armamento británico: impide adquirir cualquier unidad o sistema de armas que tenga algún componente fabricado en ese país, lo que en la práctica excluye a Argentina de una parte importante del mercado global de defensa, dado el alto nivel de integración de la industria militar británica con otras potencias occidentales.

Fue ante el Telegraph donde Milei reconoció públicamente que buscaba levantar esa restricción. Ante la pregunta directa, respondió “absolutamente”, y explicó la lógica detrás de ese objetivo: “Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial sólida.”

Las negociaciones formales arrancaron en febrero de 2024 desde el Ministerio de Defensa y se coordinaron con Cancillería, aunque con distinta intensidad según el canciller de turno. El último levantamiento parcial del embargo había ocurrido en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Los efectos concretos de la prohibición quedaron en evidencia con la reciente compra de aviones F-16: la operación fue posible precisamente porque esos aviones y sus misiles son de fabricación íntegramente estadounidense, sin ningún componente de origen británico.

El reconocimiento a los veteranos

En paralelo a esa agenda diplomática, el Gobierno viene construyendo desde el inicio de su gestión un vínculo visible con los excombatientes. El gesto más resonante fue el del 9 de julio de 2024, cuando el desfile militar por el Día de la Independencia —el primero que se realizaba en cinco años— fue encabezado por los veteranos de la guerra de Malvinas. Según la locución oficial del acto, fue “el desfile más importante del que participan los veteranos de Malvinas desde 1982”. En ocasiones anteriores los excombatientes habían marchado al final de la columna o directamente no habían sido convocados. En ese desfile, en el que participaron alrededor de 7.000 efectivos y 62 aviones, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel bajaron del palco oficial hacia el final del acto y se subieron a uno de los tanques modernizados del Ejército, recorriendo un tramo de la Avenida del Libertador entre la ovación del público presente. No todos los grupos de veteranos aceptaron la convocatoria: el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) rechazó participar.

Este año, en la previa del aniversario número 44, el Ministerio de Defensa firmó un convenio con Toyota Argentina que establece beneficios para la compra de vehículos para todos los veteranos de la guerra. El acuerdo fue rubricado por el ministro Carlos Presti y el director comercial de la automotriz, Andrés Massuh, y tendrá vigencia desde el 2 de abril de 2026 hasta el 1 de abril de 2027, en toda la red de concesionarios oficiales de la marca en el país.

MC

Javier y Karina Milei se ocuparon de difundir este miércoles que la confianza en Manuel Adorni sigue intacta y que permanece “inamovible” como jefe de Gabinete. Ante el cúmulo de cabos sueltos que aparecen a diario sobre su incremento patrimonial y gastos desmesurados, el Presidente y su hermana trataron de escenificar algo parecido a la normalidad y le armaron una agenda de reuniones con ministros para delinear “la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

Detrás de la retórica grandilocuente, nadie en el Ejecutivo da crédito a esa pantalla de “crisis superada”, otro de los conceptos que surgió de las entrañas oficialistas. Todos en el Gobierno —incluidos los Milei— saben que la situación de Adorni se define día a día, al calor de las propiedades y los gastos que se van conociendo, las sospechosas transacciones y la causa judicial en Comodoro Py que con alta probabilidad tendrá al funcionario indagado más temprano que tarde.

Uno de los últimos datos que alimentó la presunción de ilegalidades en el ascenso económico de Adorni es que las dos mujeres que figuran como prestamistas de US$200.000 para concretar la compra del departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito parecen no conocer al jefe de Gabinete. Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, negó algún vínculo con Adorni, así como haberle concedido un crédito hipotecario, en un diálogo a través de un portero eléctrico con el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi. Una mujer que atendió el celular de la otra prestamista en partes iguales, Claudia Sbabo, de 64 años, también dio a entender que no estaba al tanto de la operación.

De acuerdo a datos consignados en el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, Viegas y Sbabo compraron la unidad de 200 m2 en Miró 550 al exjugador de fútbol Hugo Morales, a un precio de US$200.000, en mayo de 2025. Ambas vendieron el departamento a Adorni siete meses más tarde a cambio de US$230.000. Los valores consignados se ubican en la mitad del precio por metro cuadrado en esa zona de Caballito.

Los Milei le habían pedido a Adorni que agotara la información sobre los pormenores de su patrimonio, para evitar enterarse por la prensa de novedades inexplicables. Ante la versión de que las mujeres no conocían a Adorni, éste debió volver a responder preguntas ante la cúpula del Gobierno, pudo constatar este diario. El jefe de Gabinete les explicó al Presidente y a la secretaria general que una de las mujeres, Viegas, es la madre de un amigo, y que Sbabo es familiar de la primera.

De esta manera, el jefe de Gabinete se apresta a desmentir la versión publicada en La Nación, y también tratará de anular otra presunción que circuló en los últimos días: que Viegas y Sbabo no se conocen entre sí.

Adorni dice ahora que la hipoteca concedida será saldada con la venta del departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cerca de la nueva propiedad en la calle Miró. Otra anomalía es que el precio publicado por la unidad de 191 m2 en Asamblea, US$ 289.000, es sustancialmente más alto que el abonado por Miró, pese a que esa zona de Caballito es bastante más cara.

El jefe de Gabinete insiste en que tanto la propiedad en Caballito como la casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y anotada a nombre de Angeletti, formarán parte de la declaración jurada a ser presentada el 30 de mayo. Allí también deberá dar cuenta de un nuevo automóvil, un Jeep Compass Sport de 2021, que adquirió sin haber vendido el anterior. “Los números cierran”, insistió una fuente que escuchó las explicaciones de Adorni.

El presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita incluye el flujo de gastos, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado entre el 12 y el 17 de febrero junto al amigo Marcelo Grandio, por el que uno de ellos o entre ambos oblaron cerca de US$9.000. Desde que este diario publicó la información, el 11 de marzo, Adorni se adentró en un galimatías para explicar su vida dispendiosa del que no pudo salir.

No es el único viaje bajo la lupa de la fiscalía federal, que quedó a cargo de la causa por delegación del juez Ariel Lijo. Hay otros vuelos de Adorni y Angeletti a playas de la región que llamaron la atención de Pollicita, supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente. El destino en cuestión no es Hawaii, como circuló este miércoles.

Aunque Adorni no parece tener margen para recuperar la palabra en el corto plazo, los Milei creen que podrán dar vuelta la página con la apertura de nuevos debates, siempre y cuando no aparezcan más propiedades y gustos suntuarios. Las encuestas sobre el caso difundidas hasta ahora son demoledoras para la imagen del jefe de Gabinete.

Como sea, el operativo “olvido” deberá superar el escollo judicial, que comenzó a paso firme. Como anticipó este diario, la escribana Adriana Nechevenko, quien parece una figura clave en el armado de las compras de Adorni y Angeletti, fue citada a prestar declaración testimonial el 8 de abril. Ya pasaron por el juzgado de Lijo otros testigos vinculados al vuelo a Punta del Este y la lista de convocados por Pollicita promete crecer.

Una vez superada la primera ronda de testigos y con la documentación recabada en allanamientos y pedidos de informe, será el turno de las indagatorias.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Sin la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien declinó la invitación para no cruzarse con Axel Kicillof, se desarrollará este miércoles por la noche la vigilia en Tierra del Fuego para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en un acto con fuerte presencia del peronismo, que intentará copar la foto con tres gobernadores y una nutrida delegación de diputados nacionales de diferentes tribus.

El anfitrión, el gobernador Gustavo Melella, encabezará el evento en Río Grande y estará flanqueado por sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes aceptaron el convite.

Si bien en las dos ediciones anteriores ella había estado presente en Tierra del Fuego por el 2 de abril, Victoria Villarruel decidió ausentarse para no compartir escenario con el mandatario bonaerense, en medio de las especulaciones de un sector del peronismo para armar un frente anti-Milei que incluya a la vicepresidenta.

Del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria estarán la diputada Victoria Tolosa Paz, quien impulsa un armado peronista federal, los kicillofistas Hugo Yasky, Juan Marino y Hugo Moyano (hijo), la grobisista Natalia Zaracho, los massistas Cecilia Moreau y Sabrina Selva, y la camporista Lucía Cámpora.

Para no dejar que la escena sea monopolizada por el peronismo, La Libertad Avanza decidió enviar una delegación propia para participar de otra vigilia en Ushuaia, la capital provincial.

La comitiva en cuestión está integrada por el senador nacional Bartolomé Abdala y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz, Santiago Pauli, Lorena Villaverde, Verónica Razzini, Virginia Gallardo, Miguel Rodríguez y Agustín Coto, entre otros.

El juego de Axel Kicillof

Axel Kicillof estará en Río Grande escoltado por algunos de sus funcionarios más cercanos, como el ministro de Seguridad, Javier Alonso o el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Con su presencia en Tierra del Fuego, el gobernador bonaerense busca expandir su radio de influencia y erigirse como polo de acumulación de un frente opositor, aunque sus proyecciones nacionales encuentran resistencia dentro de las filas del propio peronismo, donde La Cámpora no piensa dejarle el camino allanado.

Para contrapesar el armado del kicillofismo, el kirchnerismo duro encaró un proceso de descongelamiento y recuperación del diálogo político con dirigentes que se habían alejado del PJ como Guillermo Moreno y Miguel Pichetto.

El único límite para la política de alianzas del kirchnerismo, según aclaró recientemente el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, se llama Victoria Villarruel, con quien lo separa una mirada radicalmente antagónica sobre la represión ilegal durante la última dictadura militar en la Argentina.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nicolás Emanuel Céspedez, inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), por empujar y provocar la caída de la jubilada Beatriz Blanco, de 82 años, durante una manifestación realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación. El tribunal consideró que existió un “uso desmedido de la fuerza” y rechazó la versión de la defensa, que sostenía que se trató de un acto reflejo.

El hecho ocurrió en el marco de una de las habituales marchas de jubilados que se realizan los miércoles, el mismo día que el gendarme Héctor Jesús Guerrero hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo al impactarlo en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Según consta en la causa, Blanco se acercó con un bastón a un cordón policial y, en ese contexto, Céspedez la empujó, lo que provocó que cayera al suelo y golpeara su cabeza. La mujer quedó inconsciente y debió recibir atención médica por una herida en la nuca que requirió puntos de sutura.

Con esta decisión, adoptada por mayoría, el policía quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.

Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun coincidieron en que la reacción del efectivo fue desproporcionada frente a la situación. En su voto, Boico subrayó que no se comprobó que Céspedez hubiera recibido golpes por parte de la jubilada y remarcó que, aun en ese caso, la respuesta no fue acorde. “Hubo un uso desproporcionado de la fuerza física contra una persona de edad avanzada y con movilidad reducida”, sostuvo.

Además, el magistrado descartó la hipótesis de la defensa al señalar que no existen elementos que indiquen que el accionar del policía haya sido involuntario. Por el contrario, consideró que el empujón fue una acción voluntaria que derivó directamente en la caída y las lesiones de la víctima.

En disidencia, el juez Eduardo Farah votó por dictar la falta de mérito. A su criterio, las pruebas reunidas hasta el momento no permiten establecer con claridad la intencionalidad del acusado ni la entidad penal del hecho, por lo que propuso profundizar la investigación con nuevas medidas.

El episodio se produjo durante un operativo de seguridad dispuesto en ese momento por la entonces ministra Patricia Bullrich. La confirmación del procesamiento de Céspedez refuerza las críticas sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y deja el caso a un paso del juicio oral, donde se definirá su eventual responsabilidad penal.

CRM

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le reclamó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda que supera los 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son atendidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales difundidos por la administración porteña, el sistema local cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral durante las 24 horas a 4.626 personas. De ese total, al menos 2.327 tendrían domicilio en territorio bonaerense, lo que motivó el reclamo para que la Provincia se haga cargo de los costos asociados a su asistencia.

El Gobierno de la Ciudad fundamenta su pedido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo y establece que la responsabilidad de atender a esta población recae en cada jurisdicción. En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño sostienen que la Provincia incumple con esa obligación, pese a contar con su propio programa de asistencia integral.

A través de sus redes sociales, Macri endureció el tono del reclamo y apuntó directamente contra Kicillof: aseguró que “es hora de que los porteños dejen de pagar su desgobierno” y le exigió que asuma la responsabilidad de brindar alojamiento y contención a las personas en situación de calle con domicilio en la Provincia.

En paralelo, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, enviaron una nota formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En el documento, solicitaron la “inmediata transferencia de los recursos necesarios” para cubrir tanto la deuda acumulada como los costos futuros del sistema.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Ciudad, el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.

Mraida reforzó la postura oficial al señalar que “la ley no deja lugar a dudas” respecto de las responsabilidades de cada distrito. “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”, afirmó. Y concluyó: “Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo”.

El planteo reaviva la disputa política entre la Ciudad y la Provincia en torno a la gestión de políticas sociales y la distribución de recursos, en un contexto de creciente demanda de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad.

Con información de la agencia NA

El Gobierno difundió este miércoles un comunicado que, leído entre líneas, contiene una admisión llamativa: la gestión necesita ser “optimizada”. El mensaje oficial anunció que el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron en la Residencia de Olivos para “repasar la agenda legislativa y delinear la recta final de la segunda etapa de gobierno”. A partir de esa conversación, Adorni iniciará una ronda de encuentros con los ministros y sus equipos técnicos.

El objetivo declarado, según la Prensa del Gobierno, es “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027”. Las primeras reuniones ya tienen fecha y hora: el 6 de abril a las 14 con el Ministerio de Seguridad, el 7 de abril a las 14 con el de Salud, y el 8 de abril a las 10 con el de Defensa.

Así, Adorni se verá con la ministra Alejandra Monteoliva el lunes próximo; el martes, con Mario Lugones; y el miércoles, con Carlos Presti. En uno de esos ministerios confirmaron la reunión con el jefe de Gabinete, en otra señal que muestra que el Gobierno cerró filas sobre el ministro coordinador. “Objetivos de gestión. Plan de trabajo 26/27”, comentó un vocero consultado sobre los temas a discutir en esa reunión.

Este jueves se espera que Adorni acompañe a Milei en el acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en el Cenotafio de la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires.

El operativo de visibilidad para Adorni llega en un momento delicado para el funcionario. La Justicia tiene la lupa puesta sobre su patrimonio y sobre su vuelo en jet privado a Punta del Este que generó sospechas. Adorni omitió aclarar que compró el departamento en Caballito donde vive. Su declaración jurada muestra solo $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, dos propiedades y dos autos. Además, acaba de recibir un aumento del 100% en su sueldo y ya cobra $7 millones.

Este miércoles el propio Adorni eludió la conferencia de prensa que tenía agendada y se reunió con Milei, mientras la Justicia avanzaba sobre el expediente y la oposición preparaba miles de preguntas para interrogarlo.

La movida de este miércoles tiene, entonces, una doble lectura. Por un lado, el Gobierno intenta proyectar una imagen de planificación y control de gestión cara al año electoral 2027. Por el otro, le da a Adorni una agenda pública prolija y alejada del ruido judicial: reuniones institucionales, ministerios, equipos técnicos. Nada que ver con departamentos, vuelos privados o patrimonios que no cierran.

El texto íntegro del comunicado oficial dice: “En una reunión de trabajo mantenida en la Residencia de Olivos, el Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno. Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027”.

MC

“Es una foto no sacada por mi, por lo tanto tampoco hice el texto. Hay CM de redes”. Con un particular uso del español, la diputada libertaria Juliana Santillán se defendió este miércoles del papelón que protagonizó en su propia cuenta de Instagram cuando celebró una reunión en la residencia de la Unión Europea con representantes de Brasil, Croacia y... Checoslovaquia. Curioso, ya que Checoslovaquia dejó de existir como tal hace más de 33 años.

Llama más la atención su posteo no sólo porque se trata de una diputada de la Nación, sino porque además es quien preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara baja.

En su cuenta de Instagram, la diputada aparece posando con varios representantes extranjeros, enfundada en un solero negro, y con la leyenda: “Embajadores de Brasil, Checoslovaquia, Croacia en la residencia de la Unión Europea”, junto con las banderas de Argentina y la UE.

No tardó en convertirse en el hazmerreir de las redes sociales. Pero lo primero que rodó fue, claro, la cabeza del community manager. “Es una foto no sacada por mi, por lo tanto tampoco hice el texto. Hay CM de redes. No voy a aplicar guillotina, ya que preguntó y escucho mal, dado a se hablaba en otro idioma. Errar es humano y me rodean seres humanos”.

Santillán eligió hacer su descargo respondiendo un posteo del periodista Ricardo Benedetti. Por eso, terminaba su respuesta con un “Ni cosquillas. CIAO”

No es un dato menor que desde el 1 de enero de 1993 Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia como parte del proceso de disolución de la Unión Soviética. Como titular de una comisión que maneja las relaciones internacionales, es un dato que Santillán debería saber.

Pero ya son varios los papelones que la diputada va sumando. En junio pasado, refutó en vivo en TN a dos médicas del Hospital Garrahan quienes cobraban $800.000 por mes. Según Santillán, con ese dinero tenían plata de sobra para afrontar una canasta básica de $360.000. En seguida se le aclaró que la canasta ascendía a $1.110.063, pero ella, lejos de corregirse, insistió: “Ella decía que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno. 360 mil pesos es lo que se necesitó, de acuerdo al INDEC. Mucha carga sobre las opiniones políticas de muchos”.

También habló de un supuesto “fusilamiento” de Mariano Moreno, quien murió en alta mar, dijo de Federico Sturzenegger que era un “haz” (por las dudas, es as) y que Manuel Adorni era una “candidatoso” (va con z). Hay más: a Axel Kicillof le dijo que Almirante Brown no tiene “CLUACAS”, y en otros post escribió “serro” para referirse al “Cerro Campanario”, “esepcion” y “atraza”.

Para terminar, el pasado 25 de diciembre dejó un mensaje de “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”, cuando los católicos celebran la víspera del nacimiento de Cristo

Por las dudas, desde aquí le avisamos a la diputada que en la calle Mendoza, en Belgrano R, existe la “Embajada de Transilvania”. Le aclaramos que no existe, es un chiste de su propietario.

En su momento más crítico desde la llegada del Gobierno libertario al poder, que lo tuvo a Manuel Adorni desde el inicio como una figura central, sobre todo en la relación con la prensa y en los temas que el oficialismo decidía difundir y defender como parte esencial de su batalla cultural, a raíz de las denuncias e investigaciones judiciales que lo tienen en la mira por sospechas sobre el crecimiento de patrimonio, las propiedades a su nombre y el viaje familiar a Punta del Este en febrero pasado, el jefe de Gabinete decidió suspender este miércoles una nueva conferencia de prensa, tras la de la semana pasada, en la que debió dar explicaciones sobre su vida privada y sus gastos. Y a pesar de dos noticias aspiraban explotar al máximo para defender la gestión, como el fallo favorable en EE.UU. por la causa YPF y los datos del INDEC sobre los números de pobreza.

En su lugar, Adorni mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei en Olivos en lo que en el círculo íntimo del Ejecutivo dicen fue una muestra más de apoyo y que el encuentro fue “para abordar temas de agenda”, mientras crecen las voces de diferentes sectores que piden un paso al costado del exvocero.

En una reunión de trabajo mantenida en la Residencia de Olivos, el Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno, según confirmaron fuentes oficiales. Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027.

Las primeras reuniones en realizarse serán:

La Justicia avanza

En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita dio el primer paso en una investigación que busca desentrañar la ingeniería financiera detrás de las recientes adquisiciones del Jefe de Gabinete y citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko. 

Nechevenko no es una figura circunstancial en la trama de compra de propiedades. Es la profesional que dio fe en la escritura de compra del departamento que Adorni adquirió el año pasado en el barrio porteño de Caballito, y quien también intervino, exactamente un año antes, en la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cua a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El foco de la Justicia se posa sobre una anomalía que desafía la lógica del mercado inmobiliario actual. Según los registros públicos, Adorni compró el inmueble de Caballito por un total de 230.000 dólares. Sin embargo, la mayor parte del pago (200.000 dólares) no provino de ahorros declarados ni de una entidad bancaria, sino de un préstamo personal otorgado por las mismas vendedoras.

Se trata de dos mujeres de 64 y 72 años quienes, sin relación previa conocida con el funcionario, aceptaron financiar el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento. Para los investigadores, este tipo de “generosidad” entre desconocidos en una operación de divisas en efectivo es, cuanto menos, un indicio que merece ser profundizado.

El pasado 27 de marzo, el jefe de Gabinete quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal  Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

Casi cinco mil preguntas para Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder casi 5000 preguntas que le formularon diputados de la oposición, de las cuales la mayoría estuvo centrada en el aumento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso Libra.

Los legisladores presentaron las preguntas que Adorni tiene que contestar en el informe escrito que debe enviar a la Cámara de Diputados antes del 29 de abril, previo que concurra en esa fecha a exponer en el recinto de sesiones sobre la marcha del Gobierno.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento.

Pero ahora su informe sobre la marcha del Gobierno estará atravesado por la polémica en el incremento de su patrimonio, en el viaje a Uruguay y en el caso Libra, aunque habrá otras consultas por la situación económica, del empleo y de las provincias.

Los legisladores tenían 48 horas para ingresar al sistema las preguntas para el jefe de Gabinete y, en ese lapso, se registraron unas 100 consultas por hora para llegar a 4.800, 800 más que las que tuvo que responder su antecesor, Guillermo Francos, en abril de 2025, con el caso $LIBRA como eje. Ahora, será el mismo Adorni el protagonista de la mayoría de los cuestionamientos el próximo 29 de abril en el Congreso, donde estará, según prometió días atrás, el presidente Javier Milei, como muestra de apoyo a su exportavoz.

La oposición, con Adorni bajo la lupa

El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, informó que envió a Adorni más de 40 preguntas sobre su situación patrimonial y señaló que “el Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra”

“A Adorni se le está poniendo cara de Espert”, señaló el legislador, en alusión al exdiputado que debió renunciar a ser candidato cuando surgieron las denuncias de su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.

Por su parte, la diputada de izquierda, Myriam Bregman, le preguntó a Adorni si “teniendo en cuenta la trascendencia de diferentes noticias periodísticas que indican la existencia de bienes pertenecientes a usted y su familia que no están incluidos en sus declaraciones, indique la cantidad de propiedades de las cuales usted y su esposa, Bettina Julieta Angeltti, son propietarios. Detalle: fecha en que fue adquirida, valor y cómo obtuvo los fondos para su adquisición”

Bregman también le pidió precisiones sobre el traslado del presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios al evento denominado “Argentina Week” que se realizó entre 9 y 12 de marzo de 2026 en dicha ciudad y que informe el costo de cada una de las actividades de toda la comitiva y el costo total del viaje, incluyendo el avión presidencial, hoteles, traslados, personal de seguridad, cenas y almuerzos,

Denuncia

Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron en las últimas horas la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial.

En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición un año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Con información de NA.

El Gobierno aún tiene entre sus pendientes al radar de capitales norteamericanos e ingleses que está ubicado a 600 km de las islas Malvinas: el aparato está activado, aunque no estaría operativo ni en funcionamiento, según supo elDiarioAR de fuentes extraoficiales involucradas en el expediente. En la localidad de Tolhuin, a 100 km de Ushuaia, reconocen que el tema sigue generando debate, sobre todo en vísperas a un nuevo 2 de abril.

El radar está bajo señalamiento desde que en 2023, bajo la gestión nacional de Alberto Fernández y durante el primer mandato provincial del gobernador Gustavo Melella, se supo del arribo al país de la empresa LeoLabs, una compañía radicada en California, Estados Unidos, pero constituida en la capital de Tierra del Fuego a partir de dos sociedades –una irlandesa y otra británica–. El gobierno del Frente de Todos habilitó su instalación pero cuando surgió la polémica se retractó. Cuando asumió Javier Milei se activó un lobby empresarial y de la embajada de Estados Unidos para volver a darle luz verde: se abrió un expediente de investigación sobre las cuestiones técnicas del aparato que aún circula por distintas oficinas de ministerios gubernamentales.

De acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, el expediente sobre la situación del radar había llegado al Ministerio de Defensa, que conduce el militar Carlos Presti, a fines de noviembre pasado, proveniente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su recorrido tendría que haber seguido a la Cancillería –de Pablo Quirno– y luego a la Jefatura de Gabinete –encabezada por el ahora sospechado Manuel Adorni–, donde se debería tomar una decisión final sobre su derrotero. elDiarioAR consultó en Defensa pero no obtuvo respuestas.

Lo que está bajo análisis son las cuestiones técnicas del radar, concretamente si podría hacer análisis del territorio argentino, cuando la empresa siempre argumentó que el aparato sirve para observar y estar en contacto con satélites espaciales. “Se inició un proceso de revisión de los datos que el radar puede transmitir, si puede hacer espionaje o no de manera horizontal, digamos, no solo hacia el cielo”, planteó una de las fuentes consultadas. 

En el área de Ciencia y Tecnología se determinaron “fallas técnicas” sobre su estructura del radar. “Los dueños planteaban que el problema apenas eran datos técnicos”, dijo una de las personas que estuvo siguiendo el expediente gubernamental. Hasta el año pasado, LeoLabs identificaba al radar de Tolhuin en un mapa de su red de radares en su página web. Estaba señalado como “en proceso”. Actualmente, ya no aparece el punto en Tierra del Fuego. 

En la municipalidad de Tolhuin también estaban al tanto de la situación del radar, más en una fecha tan simbólica como un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. El año pasado el municipio había presionado para conformar una comisión permanente sobre el aparato tecnológico. Y el tema sigue siendo de conversación entre los fueguinos. “Sigue en el mismo lugar. Si pasas por la ruta sigue instalado”, apuntaron desde Ushuaia. “El radar está activo, enchufado, para que sus baterías no se deterioren, pero no está en funcionamiento”, apuntó una fuente extraoficial.

El radar está emplazado dentro de la estancia El Relincho, a la altura del kilómetro 2.946 de la Ruta Nacional N° 3. Fue el 15 de noviembre de 2022 cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad le concedió a LeoLabs el permiso de instalación en territorio fueguino. Pero cuando la polémica escaló mediáticamente, el gobierno del Frente de Todos canceló la autorización citando riesgos para la seguridad nacional y la falta de adecuación a la normativa de defensa. 

Apenas asumió Milei, LeoLabs no perdió tiempo: el 21 de diciembre de 2023 interpuso un recurso de reconsideración. Esa gestión legal se completó con un activo cabildeo de los fundadores y directivos de la empresa con diferentes funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, con presencia de la Embajada de Estados Unidos en esas reuniones. La polémica llegó incluso a que los empresarios de LeoLabs aventuraran quitar a los accionistas ingleses de la operatoria para evitar una mayor escalada. También se estudió la posibilidad de instalarse en Chile, pero allí hay menores condiciones de conectividad e infraestructura. 

La cuestión nunca fue solo diplomática. En su momento hubo voces encontradas entre militares y científicos: mientras técnicos argumentaron que el aparato únicamente podía monitorear basura espacial en órbita, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, lo calificó como una amenaza para la defensa nacional. Esa tensión entre la lectura técnica y la geopolítica es la misma que hoy recorre el expediente que aún circula dentro del Gobierno.

MC

Por segundo año consecutivo, el aniversario de la Guerra de Malvinas encontrará a Javier Milei y Victoria Villarruel en actos separados. A 44 años del inicio del conflicto del Atlántico Sur, la fecha expone las tensiones dentro del propio Gobierno y le abre una ventana política a la oposición.

Milei encabezará este jueves a las 10 el acto central del Gobierno en la plaza San Martín de Retiro, acompañado por su hermana Karina Milei y todo el gabinete nacional. El evento también servirá para mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo patrimonial que lo tiene en el centro de la escena política. En relación al discurso, se esperan anuncios sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas y un posible llamado al diálogo con Gran Bretaña.

Milei tiene pendiente un viaje a Gran Bretaña que tenía previsto hacer entre marzo y abril, pero se vio demorado por el conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán en el Golfo Pérsico. El Presidente viene sosteniendo que el archipiélago debería ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen, y cuestionó a la ONU como ámbito de negociación, prefiriendo recostarse en la OEA.

Villarruel, en tanto, no tiene confirmada su presencia en Tierra del Fuego. Cerca de la vicepresidenta aclararon que “no tiene agenda confirmada” para este jueves. De todos modos, sí se sabe que fue invitada —como ocurrió el año pasado— al tradicional acto que realizan los veteranos en Río Grande. La incertidumbre sobre su viaje al sur tiene un nombre: Axel Kicillof confirmó su asistencia al mismo acto como invitado especial.La posibilidad de coincidir con el principal referente opositor en un mismo escenario complica el cálculo político de la vice.

Villarruel organizó en cambio su propia semana de Malvinas en el Senado: encabezó un acto el viernes y otro el lunes con entrega de diplomas a ex soldados, organizó una muestra naval de réplicas en escala en el atrio de la Cámara Alta, y este jueves a las 15 se proyectarán documentales en el cine Gaumont.

Desde el peronismo, es Kicillof quien se posiciona con mayor visibilidad en la fecha. El gobernador bonaerense confirmó su presencia en Tierra del Fuego para la tradicional vigilia en homenaje a los soldados caídos, que se realiza el 1° de abril por la noche y se extiende hasta la medianoche con el himno nacional y un minuto de silencio en memoria de los 649 argentinos caídos. Será su primera incursión en otra provincia en lo que va del año. Está previsto que en Tierra del Fuego mantenga un encuentro con el gobernador Gustavo Melella, asista a la vigilia en Río Grande y al otro día tenga actividades en Ushuaia.

El viaje tiene también lectura electoral. Kicillof volvió a confrontar con Milei y planteó que el Gobierno “le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional”, ejemplificando con el voto argentino en rechazo a la resolución de la ONU que calificó a la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad —una posición que Argentina compartió solo con Estados Unidos e Israel. Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas“, cuestionó el mandatario bonaerense.

MC

“Los antecedentes son de público conocimiento”, sintetizó, escueto, el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cuando le tocó proponer a Lilia Lemoine como la presidenta de Juicio Político. La diputada no se lo recriminó, a pesar de que las defensas del resto de las autoridades libertarias habían sido más vehementes, sino que celebró haber sido votada por la mayoría de la comisión y subió rauda a tomar su lugar en la presidencia. Agradeció la responsabilidad y dio por finalizada, en menos de media hora, la única reunión que espera que tenga la comisión de Juicio Político en la gestión de Javier Milei. 

Karina Milei eligió a su lanzallamas preferido para blindar a su hermano en la comisión que se encarga de impulsar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Lemoine es amiga personal de Karina, de quien supo ser cuñada también en 2020, cuando la ex cosplayer todavía estaba en pareja con Milei. Desde entonces, la diputada libertaria integra el círculo íntimo de los hermanos y es una de las pocas personas que goza, junto a los Menem, de la confianza de Karina.

Aunque Karina no siempre puede “controlarla”, como admiten cerca suyo, Lemoine es la vocera más aguerrida de la gestión libertaria. Ya sea para cazar “traidores” en nombre de Karina o para defender a los dirigentes y funcionarios caídos en desgracia que ya nadie en La Libertad Avanza quiere sostener. Sucedió, al principio, con José Luis Espert cuando se conoció su relación con “Fred” Machado. Y sucede, ahora, con Manuel Adorni.

Operativo blindaje

La designación de Lemoine al frente de la comisión de Juicio Político tuvo como objetivo subsanar un error de cálculo fundacional de la gestión libertaria: la elección frustrada de Marcela Pagano, a principios de 2024, como presidenta de la comisión. Una designación que contó con el visto bueno de Milei pero no en el de su hermana y que llevó al descabezamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, que fue quien había designado a Pagano, y a la parálisis de la comisión durante dos años. 

Martín Menem nunca reconoció oficialmente la designación de Pagano, quien fue votada por la mayoría de los presentes –incluido el peronismo– pero nunca logró asumir el cargo. El presidente de la Cámara de Diputados, entonces, mandó una nota formal suspendiendo la convocatoria cinco minutos antes de su realización y, luego, desconoció a las autoridades. 

El desplante a Pagano suscitó la primera grieta interna en LLA, y llevó a que la diputada se alejara de LLA. Enemistada con Lemoine, quien suele cruzarla casi a diario en redes sociales, Pagano está al frente de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni: fue ella quien denunció que el jefe de Gabinete tenía una propiedad no declarada en un country en Exaltación de la Cruz y quien deslizó que una casa en Martínez, que cuenta con custodia policial, podría ser también de Adorni. La ex conductora no participó de la nueva conformación de la comisión de Juicio Político, pero Lemoine no perdió oportunidad para burlarse de ella en su cuenta de Twitter. 

Karina eligió a su espada más combativa para proteger a Milei frente a las causas más sensibles que afectan al Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento hay más de media docena de pedidos de juicio político presentados contra el presidente vinculados a $LIBRA, pero también por el alineamiento con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. 

“Es importante que nos confirmen si el martes que viene vamos a empezar a tratar estos expedientes. Si deciden bloquear esta comisión eso no impide que el recinto vote un emplazamiento con mayoría simple. Hoy puede ser que no tengamos número en el recinto pero su desgobierno se va a ocupar de que lo consigamos”, advirtió Juan Marino, del bloque Unión por la Patria, quien ya tiene presentados dos pedidos de juicio político contra Milei por el caso $LIBRA y por la guerra en Irán.

La advertencia de Marino fue un mensaje: el peronismo sabe que no tiene el número para avanzar con un juicio político contra el presidente –ni tampoco el consenso interno–, pero apuesta a aprovechar la debilidad del Gobierno por el escándalo patrimonial de Adorni para presionarlo en el Congreso. Hay presentados, además, varios pedidos de interpelación contra Karina y el jefe de Gabinete, y la oposición planea utilizar todas las herramientas que tiene a mano. 

“Esperemos que esta no sea la última reunión”, sumó, sobre el final de la reunión de comisión, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, quien denunció que no se hubiera incluido a la izquierda en la comisión. 

Ni Lemoine ni el resto de las autoridades libertarias de la comisión, como Sebastián Pareja y Nicolás Emma, respondieron a las provocaciones. Después de unas pocas intervenciones, Lemoine dio por finalizada la reunión de comisión y convocó a todos los diputados libertarios a sacarse una foto. “Viva la libertad carajo”, gritó Karen Reichardt, y el resto de la bancada libertaria –entre los que habían varios ex PRO, como Silvana Giudici y Damián Arabia– respondieron: “¡Viva!”

El kirchnerista Rodolfo Tailhade, que los miraba con sorna, chicaneó: “Linda foto con el abogado de Burford”. Hacía alusión a Alejandro Fargosi, cuyo estudio de abogados actuó como representante en la Argentina del fondo Burford Capital en el juicio por la nacionalización de YPF durante el kirchnerismo. Fargosi argumenta que abandonó el estudio antes del juicio, pero igual se irritó, le respondió a los gritos y Tailhade abandonó, risueño, la comisión.

MCM/MC

En medio de la discusión por posibles cambios en la Ley de Glaciares, los obispos de la región Patagonia-Comahue hicieron público su malestar por la forma en se desarrollaron las instancias de participación en el Congreso. A través de un comunicado y declaraciones puntuales, señalaron que el proceso presentó serias deficiencias que afectan la intervención de la ciudadanía.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del obispo de Rawson, Roberto Álvarez, quien sostuvo que las irregularidades observadas no son excepcionales, sino parte de un patrón que —según indicó— se repite desde hace años en distintos debates vinculados a cuestiones ambientales en la Patagonia.

Desde la mirada de los prelados, las audiencias públicas no cumplieron su función de canalizar opiniones de manera abierta y equitativa. En cambio, describieron un escenario en el que se restringió la participación, se alteraron las condiciones del debate y se generaron situaciones que desalientan la libre expresión.

Entre las situaciones cuestionadas, mencionaron la exclusión de oradores, dificultades para acceder a los recintos y la presencia de intervenciones no previstas. También aludieron a mecanismos de presión que, según afirmaron, buscaron incidir en el desarrollo de las discusiones y en las posturas de quienes participan.

El documento difundido advierte que este tipo de prácticas no se limita al ámbito legislativo nacional, sino que se replica en distintas localidades de la región. Allí, aseguran, se suman condicionamientos de tipo económico y social que influyen sobre comunidades y autoridades locales.

En ese contexto, los obispos vincularon el debate legislativo con intereses asociados a la actividad minera y a otros proyectos extractivos. A su entender, estas iniciativas se presentan como alternativas de desarrollo, pero generan tensiones con la protección del ambiente y los recursos naturales.

La preocupación central de la Iglesia en la Patagonia está puesta en la preservación del agua, considerada un recurso estratégico para la vida en la región. En esa línea, advirtieron que cualquier modificación que afecte áreas protegidas podría tener consecuencias directas sobre poblaciones que dependen de esos ecosistemas.

Además, cuestionaron el rol de los representantes políticos, al considerar que no se está garantizando una adecuada representación de las demandas sociales en un tema de alto impacto. Según expresaron, el debate debía contemplar de manera efectiva la voz de las comunidades involucradas.

Los prelados también apuntaron a la influencia de actores externos en la discusión, al señalar que muchas de las decisiones en torno a estos proyectos no contemplan la realidad local ni las necesidades de quienes habitan el territorio.

Frente a este escenario, reafirmaron su postura en defensa del ambiente y de las condiciones de vida en la Patagonia. En particular, insistieron en la necesidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que puedan comprometerlos a largo plazo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a mejorar la calidad del debate público y a garantizar instancias de participación genuinas, en un contexto que consideran atravesado por tensiones entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

El comunicado de los obispos

“Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación. 

No nos es ajeno el modo de resolver que tuvieron quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder “deliberar y gobernar” de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista. 

Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos, parajes y localidades de nuestro territorio. Aquí -en poblaciones pequeñas- también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas. Ni qué decir cuando amedrentan llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo. 

Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denostan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso. Otras veces nos acusan de fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios.

Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos; y cuando convencen a nuestros gobiernos, asfixiados por economías que ellos han ayudado a quebrar, siembran la idea de que es eso o el descalabro final. 

Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen. 

Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua. 

Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire“.

Con información de medios

JIB

Silvia Labayru, una argentina de 69 años que sobrevivió al terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, fue impedida de viajar a Estados Unidos pese a tener toda la documentación en regla. El hecho ocurrió en Ciudad de México y, hasta el momento, no tiene una explicación oficial.

Labayru tenía previsto volar hacia San Antonio, Texas, donde iba a visitar a una familia amiga. Ya estaba a bordo del avión cuando, instantes antes del despegue, fue obligada a descender por personal que le comunicó que no podía continuar el viaje por una orden proveniente de las autoridades estadounidenses.

Según su relato, quienes la retiraron de la aeronave no le brindaron mayores precisiones sobre el motivo de la decisión. Desde entonces, quedó varada sin información clara ni documentación que justificara formalmente la negativa.

El episodio llamó la atención porque la mujer había ingresado anteriormente a Estados Unidos sin inconvenientes, incluso en años recientes. La falta de antecedentes que expliquen la medida alimenta las dudas sobre las razones de la restricción.

La historia de Labayru está marcada por su paso por uno de los períodos más oscuros del país. En 1976, cuando tenía 19 años, estaba embarazada y militaba en Montoneros, fue secuestrada por un grupo de tareas y trasladada a la ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura. Allí fue torturada, sufrió abusos y dio a luz a su hija en cautiverio.

Su testimonio tomó mayor visibilidad en los últimos años a partir del libro La llamada, de la periodista Leila Guerriero, que reconstruye su experiencia y el proceso posterior de su vida en el exilio. Para Labayru, la difusión de esa historia podría estar vinculada con lo ocurrido. “No encuentro otra explicación”, planteó, al remarcar que su militancia ocurrió hace más de cinco décadas.

Tras el episodio, intentó obtener respuestas tanto de la aerolínea como de las autoridades, pero no logró acceder a información concreta. Desde la compañía indicaron que actuaron por una orden de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aunque aclararon que no cuentan con detalles sobre los motivos.

Ante la falta de precisiones, el consulado de España en México —dado que Labayru posee esa nacionalidad— le recomendó iniciar un reclamo formal ante las autoridades estadounidenses. También le mencionaron causas habituales de inadmisión, como confusiones de identidad o antecedentes de viajes a determinados países, hipótesis que la mujer descartó.

Sin novedades sobre su situación, Labayru decidió regresar a la Argentina junto a su esposo. Mientras tanto, insiste en que lo ocurrido no responde a un trámite administrativo sino a una decisión de carácter político. “Esto es macartismo puro”, sostuvo.

Con información de medios

JIB

La retención en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery del activista brasileño Thiago Ávila, coordinador internacional de la Global Sumud Flotilla en solidaridad con Gaza, desató este martes una fuerte controversia política y denuncias de persecución por parte de organizaciones sociales y dirigentes de izquierda. Ávila fue demorado cuando intentaba ingresar al país y, según denunciaron desde su entorno, enfrenta una orden de inadmisión o expulsión que le impediría permanecer en la Argentina incluso por el breve lapso que tenía previsto.

El activista había llegado por la mañana procedente de Porto Alegre -aunque otras versiones indican que venía desde Uruguay- con el objetivo de participar en una serie de actividades públicas, entre ellas una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital y el lanzamiento del capítulo argentino de la flotilla internacional. Su agenda incluía además reuniones con organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y representantes parlamentarios, así como entrevistas con medios de comunicación.

Sin embargo, al arribar al país fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo retuvo para ser interrogado. Posteriormente, según indicaron fuentes cercanas a la organización, se definió que no podría ingresar al territorio nacional. “La policía fue muy clara en que no era una decisión administrativa ni del cuerpo de seguridad, sino una definición política que llegaba desde altos niveles del Gobierno”, señalaron.

La situación fue denunciada públicamente por dirigentes como la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien afirmó que “la policía de Javier Milei” le comunicó al activista que no podría hablar públicamente en el país. “Exigimos el fin de la persecución y el hostigamiento”, reclamó.

Desde el entorno del activista también denunciaron que fue separado de su familia al llegar a Migraciones y que las autoridades pretendían enviarlo de inmediato fuera del país, incluso a Uruguay, pese a que contaba con un pasaje hacia Barcelona para el día siguiente. “Thiago se rehusó a ir a cualquier parte sin su familia o sin al menos despedirse de ella”, indicaron desde sus redes sociales, donde se detalló que su intención era continuar viaje hacia Europa para participar del lanzamiento de una nueva misión de la flotilla.

La legisladora porteña de la Izquierda Celeste Fierro, quien se encontraba en el aeropuerto, aseguró que la decisión fue tomada por el Poder Ejecutivo nacional y reclamó que se le permita al activista reencontrarse con su familia. “Esperamos que pueda ver a su hija, a su compañera y tomar el avión mañana”, sostuvo.

El episodio generó un inmediato pronunciamiento del comité argentino de la flotilla y de la articulación internacional, que calificaron lo sucedido como un “acto persecutorio” y una “vulneración de las libertades de expresión política y de movilidad”. En un comunicado, la organización sostuvo que las autoridades migratorias dejaron en claro que la medida “no se debe a motivos administrativos”, sino que responde a “una decisión política que emana de las más altas esferas gubernamentales”.

La Global Sumud Flotilla es una iniciativa internacional que organiza misiones marítimas y terrestres con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y denunciar el bloqueo impuesto por Israel. Según informaron sus organizadores, el próximo 12 de abril está prevista una nueva acción a gran escala, con más de 100 embarcaciones que partirán desde distintos puertos del Mediterráneo y la participación de más de 3.000 activistas, entre ellos médicos, educadores y bioconstructores. También se prevé una caravana terrestre a través del norte de África.

Ávila es uno de los principales coordinadores de estas campañas a nivel global y, de acuerdo con la organización, ha sido objeto de “incidentes recurrentes” en distintos países. “Agentes de inmigración le han informado que existen alertas a su nombre por presunto ‘apoyo al terrorismo’ y ‘extravío de pasaporte’, así como requerimientos para contactar con Interpol”, señalaron. En ese sentido, recordaron que recientemente fue retenido durante varios días en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá.

El activista había sido invitado a la Argentina para participar del lanzamiento del capítulo local de la flotilla, recientemente conformado, y para presentar la delegación que se sumará a la próxima misión. En 2025, el país ya había tenido representación en estas iniciativas, con la participación de referentes como Celeste Fierro y Ezequiel Peressini, quienes fueron detenidos por fuerzas israelíes junto a otros activistas cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En el plano local, organizaciones políticas y sociales denunciaron que la retención de Ávila constituye un hecho “inédito” que implica censura y limita derechos fundamentales. “No sólo vulnera garantías básicas, sino que confirma un intento de criminalizar la militancia organizada, tanto nacional como internacional”, señalaron en un comunicado. Además, vincularon la decisión con el alineamiento geopolítico del Gobierno argentino.

Desde la organización insistían en que el objetivo inmediato era garantizar que el activista pudiera reencontrarse con su familia y continuar su itinerario hacia Barcelona, donde se prepara la próxima misión de la flotilla. “La Global Sumud Flotilla no se detendrá ni ante éste ni ante cualquier otro acto de censura e intimidación”, afirmaron, y ratificaron su compromiso de avanzar con la iniciativa para “romper el bloqueo” sobre Gaza.

CRM