Ubicado en el Sudeste Asiático, en medio del Pacífico y cerca de Australia, se encuentra Timor Oriental, un país con poco más de 20 años de vida después de haber sido colonizado por Portugal desde el siglo XVI hasta 1975 y más tarde lograr la independencia de Indonesia, que que invadió el país hasta el año 1999. En 2002, tras unas elecciones que contaron con una participación de cerca del 90% de la población, Timor Oriental logró su ansiada independencia. Sin embargo, los problemas derivados de la marcha de los indonesios y de la violencia ejercida por estos durante las elecciones y la necesidad de construir el país trajeron consigo pobreza económica y falta de recursos, afectando especialmente a los menores de edad.

“Se trata de un país joven que tiene también una población muy joven. Uno de los problemas más duros es la malnutrición de los menores sobre todo por problemas de información sobre la alimentación de los bebés. Cuando los indonesios se marcharon acabaron con todo a su paso y, más allá de la violencia que ejercieron, destruyeron escuelas, hospitales y viviendas, por ello actualmente existen problemas de educación, de salud en cuanto a la vacunación y también hay violencia en las familias”, sostiene Ainhoa Jaureguibeitia, representante de Unicef en el país.

Entre los proyectos que lleva a cabo Unicef en el país, se encuentran los enfocados a la salud, que tratan de reducir la mortalidad infantil y materna, así como incrementar el acceso al agua potable y el saneamiento; los enfocados a la educación, que proporcionan instalaciones, material y habilidades educativas tanto a niños como a sus profesores; programas de protección infantil que ayuden a implementar sistemas y servicios institucionales efectivos que prevengan y respondan al abuso, la violencia y la explotación infantil; así como programas para crear alianzas entre el Gobierno del país, medios locales y agentes externos, como ONGs.

“Ofrecer ayuda humanitaria en un país aparentemente tranquilo como puede ser Timor Oriental, en comparación con otros países donde la violencia es más latente, puede tener sus cuestiones positivas, como que aquí tenemos un fácil acceso a los niños y podemos desarrollar los programas sin interrupciones”, explica Jaureguibeitia, que asegura que parte de la violencia que sufren los menores ocurre dentro de sus familias debido a “la disciplina” que ejercen sobre ellos.

El cambio climático ha afectado duramente al país creando tormentas e inundaciones en un territorio que ya de por sí vulnerable debido a los miles de terremotos que sufre al año. Tanto Timor Oriental como Indonesia se asientan sobre el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados.

Más allá de eso, sus principales retos son la reconstrucción de su infraestructura y el fortalecimiento de su joven administración gubernamental. Cuentan, además, a largo plazo, con un proyecto de explotación de petróleo y gas natural en las aguas del sureste. Otro de los potenciales activos también a largo plazo es el turismo gracias a las playas paradisíacas y a las montañas que ofrece la isla. “Es un territorio muy poco explotado. Tiene potencial de turismo gracias a sus cataratas, cascadas, montes y playas, sin embargo, es algo que por el momento no se ha trabajado. La movilidad por el país es muy complicada también porque las carreteras no están en buen estado y también son difíciles las conexiones con Europa y América”, concluye la representante de Unicef, que a modo de anécdota confiesa que desde Bilbao hasta Timor Oriental suele tardar tres días de viaje.

República Dominicana es el destino más visitado del Caribe. Cuenta con 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de playas, además de montañas, ríos, lagunas y un lago. Según los últimos datos aportados por el Gobierno del país, en junio visitaron el país un total de 644.861 turistas, la cifra más alta de visitantes en ese mes en toda la historia. En el primer trimestre del año, la isla recibió a casi 4 millones de turistas, que ingresaron a la economía alrededor de 4.000 millones de dólares. Rosa Elcarte, representante de Unicef en República Dominicana, es consciente de los beneficios que puede traer el turismo en materia de economía y empleo a la isla, sin embargo, es más consciente aún de sus posibles efectos negativos. “El turismo tiene una parte muy beneficiosa. Lógicamente, genera trabajo a muchísimas personas, pero no todo es piña colada y playas; dentro de ese turismo, hay una gran parte que viene a buscar chicas para tener sexo con ellas a cambio de dinero, y especialmente, buscan a chicas menores de edad”, critica Elcarte, quien se dedica a labores de concienciación y sensibilización sobre los derechos de las niñas y niños del territorio.

Además de un lugar idóneo para el turismo, República Dominicana es un escenario perfecto para rodajes de películas, series y reality shows. Allí se rodaron películas reconocidas mundialmente como 'El Padrino', 'Jurassic Park' o 'Piratas del Caribe' y también tienen lugar programas de televisión españoles como 'La isla de las tentaciones'. Entre las razones por las que los productores y cineastas escogen la isla como escenario de sus producciones, además de sus paisajes paradisíacos, están los incentivos fiscales que ofrece la Ley de Cine aprobada por el Gobierno en 2010. Los rodajes extranjeros que se realizaron a lo largo de 2021 tuvieron un impacto económico de 230 millones de dólares y para este 2022, según ha anunciado el presidente del país, Luis Abinader, se espera que dicha cifra se iguale.

“La isla, por sus características climatológicas y por su belleza, atrae muchísimo a la industria del cine. Hay un mercado de trabajo importante alrededor de los rodajes. Somos conscientes de que este tipo de rodajes pueden traer consigo un tipo de turismo abusivo. Hemos ayudado a Fiscalía a detener a personas que llegaban y trataban de grabar a mujeres y niñas para películas pornográficas. Puede llegar a ser una fracción pequeña del total, pero al ser un turismo tan masivo, son números importantes. Por eso tratamos de concienciar a las personas que viven en comunidades cercanas a las playas sobre estos temas”, sostiene Elcarte.

El turismo tiene una parte muy beneficiosa. Lógicamente, genera trabajo a muchísimas personas, pero no todo es piña colada y playas

Las investigaciones realizadas por Unicef concluyen que el 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados en el país son menores de edad y un 45% de los adolescentes asegura conocer a menores de edad que mantienen relaciones sexuales con extranjeros a cambio de dinero. Otra de las cuestiones que preocupan a los organismos internacionales es el alto porcentaje de matrimonio infantil: cuatro de cada diez niñas de República Dominicana se casan antes de cumplir la mayoría de edad y un 10% de estas lo hace antes de los 15 años. En las zonas más empobrecidas estas cifras se duplican.

Esto ocurre, debido a la normalización de la violencia y de los matrimonios o las uniones de niñas con hombres mayores que hay incluso entre las propias familias dominicanas. “La mayoría de las familias pobres esperan que sus hijas se casen con un hombre mayor que les atienda económicamente. Las propias niñas, al cumplir los 15 años son conscientes de ello, y por culpa de la presión social, sufren un cambio de chip que les hace tener la ilusión de que casándose podrán llegar a cambiar de vida. La desigualdad de género está muy marcada y también la sensación de que el cuerpo de la mujer es una mercancía por la que poder llegar a obtener dinero”, explica la representante de Unicef.

Con el objetivo de mejorar esta situación, los programas de Unicef que Rosa Elcarte coordina, apuestan por el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales de los sistemas de protección de la infancia, tratan de promover reformas e iniciativas legislativas que resulten necesarias para la vigencia de un sistema de protección integral y eficaz, y crean campañas de comunicación, sensibilización y educación para generar cambios en las prácticas culturales que favorecen el machismo y la violencia. También trabajan con las comunidades y el sector privado vinculado al turismo y e impulsan el trabajo intersectorial con las instituciones.

Cuatro de cada diez niñas de República Dominicana se casan antes de cumplir la mayoría de edad y un 10% de estas lo hace antes de los 15 años

Debido a que el suyo es un trabajo de cambios de pautas de comportamiento de una sociedad entera, Elcarte siente que el mayor problema que tienen a la hora de desarrollar su labor es el hecho de que los programas que dirigen “no son lo suficientemente largos”. “Pueden durar un máximo de cuatro años y luego perdemos la financiación. Nuestro trabajo es importante porque tratamos de fortalecer las instituciones públicas, pero el trabajo que realizamos con las comunidades es una carrera de fondo y a los cuatro años puedes conseguir algunas mejoras, pero se les debe dar una continuidad. Necesitamos que los proyectos sean más largos o, que al menos, una vez terminen, se les pueda dar una continuidad para que haya un cambio real en la sociedad de República Dominicana”, concluye.

La de Sara es una historia real, a pesar de que su nombre no lo sea. Como niña nacida en Santa Ana, ciudad de El Salvador, desde pequeña su familia le dijo que no podía estudiar, que su único futuro sería el de quedarse en casa, casarse y formar una familia, al igual que hizo su abuela, su madre y sus hermanas mayores. Sin embargo, ese no era el destino que Sara quería para su vida y, por ello, comenzó a participar en los programas educativos que ofrecía Unicef en su ciudad. “Empezó a participar en uno de los programas para prevenir la violencia y, en especial, la violencia sexual en las escuelas, en el que se trabaja para empoderar a las niñas y para crear nuevas masculinidades con los niños para que puedan tener relaciones no violentas y, así, romper los estereotipos de género. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con lo que su familia quería para ella. Se impuso a su familia y dijo que quería seguir estudiando”, explica a este periódico Begoña Arellano, representante de Unicef en el país, quien confiesa que “probablemente” desde pequeña Sara ha sido víctima de violencia.

Más tarde, la joven comprobó que además de estudiar, le apasionaba el mundo del deporte, en concreto, el atletismo. “Es tan buena deportista que es la campeona de su departamento (Estado o región) en un montón de pruebas”, indica Arellano. Gracias a ello, Sara ha ganado una beca para poder seguir estudiando y entrenando en la escuela y ha logrado que su familia le apoye en su sueño. “Al final sus padres le han animado a que siga estudiando y su abuela le ha dicho que se siente muy orgullosa de ella. Si sigue mejorando le darán la oportunidad de ir a la capital o al extranjero a seguir luchando por su sueño”, señala Arellano un par de semanas después de haber escuchado el relato de Sara frente a un grupo de niñas y niños de la escuela de Santa Ana en la que la ONG colabora para inspirarles y motivarles para que sigan estudiando.

“Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas. Es algo muy cultural y tratamos de romper ese círculo”, detalla Arellano. Su función en la oficina de Unicef en El Salvador se basa en supervisar y coordinar todos los programas de las distintas áreas de salud, higiene, protección de niños y niñas, educación y políticas sociales que tiene la ONG en el país. Según explica, El Salvador es uno de los países con mayor índice de violencia del mundo. La violencia se produce en los hogares y las escuelas, pero también en las comunidades y hasta en las instituciones, y la población más afectada son los menores de edad, que son víctimas de abuso sexual, en el caso de las niñas, pero también de los niños, a los que además las pandillas o maras reclutan privándoles de su libertad.

Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas

Cerca de 2.000 niños encarcelados por el estado de excepción

Actualmente, El Salvador se encuentra en un estado de excepción desde el pasado 27 de marzo, a raíz del cual han quedado suspendidas las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa. Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros. “El Gobierno está tratando de luchar contra las pandillas y es un asunto complejo que ha reformado algunas leyes, como la de justicia penal juvenil”, detalla Arellano. Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños, niñas y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión. Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. “Es una cosa totalmente contraria a todos los estándares de derechos humanos. No sabemos ahora mismo cuántos niños están detenidos, pero según estimaciones puede ser entre 1.500 y 2.000. Estamos trabajando para que se mejoren sus condiciones de internamiento, también para que puedan tener asistencia médica y psicológica dentro de los centros donde están internados, que no cumplen las mínimas condiciones debido a que están totalmente saturados. Son centros en los que antes había 100 o 150 chicos y ahora hay 500”, critica la responsable de Unicef.

Tanto Unicef como otras organizaciones se han posicionado en contra de esta medida y han exigido al Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, a que revise los cambios en la ley penal juvenil para que los derechos de los menores prevalezcan incluso en estados de excepción. “De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad. La detención afecta a su salud y bienestar, y las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza. Las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención”, indica Unicef en un comunicado hecho público poco después de instaurarse el estado de excepción en el país.

“Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados. En los últimos años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que han demostrado prevenir la violencia. Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz”, concluye el documento.

La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir

Escuelas cerradas por la COVID-19 y alta deserción escolar

Con este contexto, sumado a la pandemia, la labor de Arellano y su equipo para que los menores sigan estudiando resulta cada vez más complicada. Según explica, la pandemia ha dejado visible la alta tasa de deserción escolar que hay en el país. Al cerrar las escuelas durante más de un año -a día de hoy aún no es obligatorio asistir al colegio para evitar contagios de coronavirus- muchos menores optaron por dejar de estudiar. Para evitar que esto ocurriera, desde Unicef trabajaron de forma conjunta con el Ministerio de Educación para crear plataformas online, dotar a los menores de ordenadores para que pudieran seguir estudiando desde casa e instruir a profesores para que adquieran habilidades digitales. “La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Todavía no han vuelto a la escuela cinco días a la semana, porque no es obligatorio. Es una gran pérdida de capital humano en un país en el que su mayor riqueza son las personas, ya que no hay recursos naturales como para vivir de ellos. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir”, lamenta Arellano.

Las escuelas están abiertas, pero al no haber finalizado la pandemia de la COVID-19 sigue sin ser obligatorio acudir a ellas. Arellano confía en que el próximo curso académico se celebre con “total normalidad”, sin embargo, indica que “se han visto las deficiencias que hay en infraestructuras en un país en el que hay 6 mil escuelas y 900 de ellas no tienen agua ni saneamiento”. “Es muy difícil volver a la escuela y tratar de prevenir la COVID-19 en esas condiciones”, reconoce.

Con el objetivo de mejorar la situación de los menores que han tenido que hacer un parón en sus estudios durante la pandemia, desde Unicef y otras ONG, han creado un sistema para nivelar habilidades en el que los niños se pueden reinsertar en el sistema educativo cursando dos cursos en uno. “Está pensado para aquellos niños y niñas que han dejado la escuela y quieren regresar, para menores migrantes y para desplazados internos que huyen de las maras y pandillas”, señala.

“Son procesos muy largos, porque cambiar la mentalidad y la visión de la gente en temas tan complejos y culturales se tarda mucho tiempo y es muy difícil lograr un resultado”, reconoce Arellano. Para ella, lo más duro de su trabajo es que las cosas no salgan como lo había esperado. “Es muy duro ver que chicos que han participado en estos procesos terminan siendo reclutados por las maras y no tienes éxito en el proyecto. O cuando ves que la gente se ve obligada a salir del país porque no tiene oportunidades aquí cuando lo bueno sería que tuvieran las oportunidades en su país sin tener que salir de él”. Es por ello que, para Arellano y su equipo, historias como la de Sara, cuyo nombre real no se incluye en este artículo para salvaguardar su intimidad, suponen una gran satisfacción, ya que les hacer ser conscientes de que su trabajo, pese a los obstáculos y las adversidades que se encuentran por el camino, puede llegar a transformar vidas.

“Pensábamos que Unicef nos mentía para debilitar al grupo y que los Seleka podían atacarnos de nuevo, pero nuestro jefe nos dijo: ‘Vayan a verlo por sí mismos y si no les gusta, pueden regresar'. Este es el testimonio de Laurent, un joven de 20 años de la República Centroafricana que pasó un año y medio como niño soldado. Fue liberado en 2015 y, tras participar en un programa de reintegración de Unicef, a día de hoy es mecánico y ha aprendido a cultivar legumbres y a criar animales, así como a leer y escribir. Desde que en 2013 estalló la guerra entre la coalición rebelde Seleka y el Ejército Gubernamental de la República Centroafricana, se calcula que 2,8 millones de personas (1,3 millones de niños y niñas) necesitan ayuda humanitaria. Según los últimos datos aportados por Unicef, en 2020 se reportaron 899 violaciones graves de los derechos de los niños, incluidos asesinatos y mutilaciones, reclutamiento, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y denegación de acceso humanitario.

“Hay familias que no tienen comida para mañana, por eso, si tienen hijas e hijos, no es raro que los entreguen a soldados o a otra familia para que viva con ellos, entendiendo ese 'viva con ellos' todo lo que puede llegar a pasar. Lo hacen porque no tienen cómo sobrevivir. Eso es algo muy común, niñas que son entregadas, casadas, vendidas a gente que tiene dinero porque ellos no pueden mantener a los niños que tienen. En el caso de los niños, no es que la comunidad quiera que el niño vaya al frente de guerra o que sea reclutado por un grupo armado, pero a veces es la única salida porque así ganan dinero para mantener a la familia. Es una situación terrible”, explica a este periódico Meritxell Relaño, representante de Unicef en el país.

A los menores se les usa para combatir, para hacer trabajos para los grupos armados, como cocinar o limpiar, y también para utilizarlos como esclavos y esclavas sexuales

Por el momento, debido a la situación del conflicto, Relaño no ha podido salir a realizar el trabajo de campo. Sin embargo, al hablar sobre todo lo que supone una guerra para un territorio como este, recuerda que en Yemen, otro de los lugares a los que ha sido destinada, entrevistó a una gran cantidad de niños soldado para conocer su situación. “Muchos de ellos tuvieron que ir al frente de guerra porque tenían que mantener a la familia. Me acuerdo de algún caso en el que el chico nos decía que su padre estaba enfermo y que sus hermanos eran demasiado pequeños, por lo que era el único de la familia que podía salir a conseguir dinero. Por eso fue reclutado porque con el dinero que ganaba podía mantener a su familia”, detalla Relaño, quien también ha trabajado en países como Colombia, Gambia, Mozambique o Ginebra. La cantidad de dinero que reciben los menores que se dedican a luchar en la guerra varía según el grupo armado que les reclute, no obstante, la representante de Unicef insiste, “en una situación de pobreza un euro por poco que parezca, es algo”.

En República Centroafricana hay un grave problema de violencia sexual en general y también ligada al conflicto. Entre 2016 y 2021 se contabilizaron más de 63.300 víctimas de violencia sexual, la mayoría de ellas niñas, pero también niños. “Con el deterioro del conflicto y el aumento de los grupos armados, el reclutamiento y la violencia contra los niños ha aumentado. Se les usa para combatir, para hacer trabajos para los grupos armados, como cocinar o limpiar, y también para utilizarlos como esclavos y esclavas sexuales”, sostiene Relaño. Por ello, desde Unicef trabajan en la prevención de la violencia sexual para que las comunidades cambien este tipo de actitudes.

Hay niñas que son explotadas sexualmente, no tienen ninguna educación ni conocen ningún oficio ni forma de ganarse la vida y no pueden estudiar por el estigma que hay por haber sido víctima de una violación

“Trabajamos con las comunidades, con los grupos armados para que dejen de utilizar a niños y, sobre todo, con las víctimas”, señala. Su labor se basa en identificar y acompañar a las víctimas de violencia sexual menores de edad para que puedan tener una vida después de la agresión sufrida. Se encargan de que puedan volver al colegio o que aprendan un oficio al que poder dedicarse. “Nuestro programa de reintegración de niños soldado incluye apoyo para su reintegración escolar y actividades productivas en las que se les enseña un oficio, se les apoya con fondos para que puedan desarrollar un negocio y se realiza un trabajo en la comunidad para que vuelva a aceptar a estos niños, porque hay mucho estigma relacionado con los niños soldado y sobre todo con las niñas que han sido utilizadas por un grupo armado como esclavas sexuales. En el caso de esas niñas, muchas de ellas dejan la escuela o el trabajo al quedarse embarazadas tras la violación. Hablamos de niñas de 13 y 14 años que además de haber sido explotadas sexualmente no tienen ninguna educación ni conocen ningún oficio ni forma de ganarse la vida y no pueden estudiar por el estigma que hay por haber sido víctima de una violación”, lamenta.

Además del programa destinado a la protección de los niños soldado, Unicef colabora también para facilitar la educación a las comunidades, creando escuelas temporales en los campamentos desplazados, rehabilitando las dañas durante el conflicto, repartiendo material escolar y formando a profesores. “Hay graves problemas de acceso a la educación a raíz de la falta de profesores y de las normas sociales que obligan a las niñas a dejar la escuela cuanto antes. Estamos trabajando formando a profesores, reconstruyendo escuelas y dando material a niños, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera dinero para comprar un lápiz o no tienen lo suficiente para llevar una ropa decente al colegio. Las comunidades en principio lo entienden. Son conscientes de que hay que proteger a la infancia, pero a veces es muy difícil cambiar normas sociales tan arraigadas. Pasa igual con la sociedad española a la hora de acabar con el machismo, todos coinciden en que tiene que desaparear, pero sigue estando ahí”, señala.

Unicef también cuenta con programas de salud con el que previenen y tratan enfermedades que pueden llegar a ser mortales para la población como el sarampión, la diarrea, la malaria o, a raíz de la pandemia, el coronavirus. Cuentan, además, con un programa específico sobre nutrición con el que tratan de distribuir micronutrientes y asesoran a las familias para que mejoren las prácticas nutritivas, como, en el caso de los bebés, la lactancia. Por último, el trabajo de Relaño, más allá de mejorar las condiciones sobre el terreno, también se basa en hablar con el Gobierno y las instituciones para lograr mejoras para la sociedad centroafricana.

Crisis alimentarias y sanitarias, guerras y conflictos armados, derechos robados o emergencias climáticas. Son sólo algunas de las amenazas que acechan a gran parte de territorios del mundo y que afectan en mayor medida a la población más vulnerable: los menores de edad. En las próximas semanas elDiario.es, en sus ediciones de Euskadi y Navarra, viajará a Etiopía, República Centroafricana, El Salvador, República Dominicana y Timor Oriental para mostrar la realidad de las personas, y en especial, de las niñas y niños que viven en esos países. Gracias a la colaboración de Unicef y de sus comités en el País Vasco y Navarra, cinco representantes de esta ONG mostrarán su trabajo desarrollando proyectos que mejoran la vida de las personas más vulnerables de esos territorios. 

Cada una de las protagonistas detallará cómo está siendo su experiencia y cuál es su aportación y la de Unicef en el país en el que están destinadas. Inés Lezama narrará los problemas de desnutrición en los menores en Etiopía, Meritxel Relaño mostrará la cruda realidad de los niños soldado y de las niñas que sufren abuso sexual en República Centroafricana, Begoña Arellano hablará sobre la deserción escolar, la migración y cómo afectan a los menores que provienen de El Salvador, Rosa Elcarte explicará sus problemas como médico en República Dominicana y Ainhoa Jaureguibeitia detallará cómo se enfrenta a dramas como la escasez de agua en Timor Oriental, donde trabaja.

La labor de todas ellas, cada una con las especificidades que exige el territorio en el que viven y trabajan, consiste en procurar que los menores de edad residentes allí tengan acceso a salud, educación y bienestar, y vivan de forma que su infancia no sea explotada ni interrumpida. Un trabajo imprescindible que para gran parte del mundo es totalmente desconocido, sobre todo en Occidente. Por ello, elDiario.es quiere visibilizar tanto su trabajo como aquellas “infancias ignoradas” a las que tratan de proteger, porque todos los niños deberían tener el derecho a vivir su infancia en total libertad y con dignidad y, sin embargo, solo unos pocos pueden hacerlo. 

El último informe sobre el hambre en el mundo publicado por Naciones Unidas concluye que, en 2021, un total de 828 millones de personas -el 9,8% de la población mundial- no pueden alimentarse correctamente. La cifra ha aumentado en 46 millones respecto al año anterior y en 150 millones desde que comenzó la pandemia. Las catástrofes medioambientales como las sequías, la falta de producción alimenticia, el aumento del precio de los alimentos importados o los conflictos armados, son algunas de las razones por las que millones de personas no tienen acceso a comida ni agua.

Etiopía es uno de los países más afectados por esta situación, donde cada año 7 millones de personas no cuentan con un apoyo para la agricultura, más de 20 millones se encuentran en inseguridad alimentaria, otros 7 millones necesitan una respuesta nutricional de emergencia y 16 millones requieren servicios de agua. “Vas sumando y es algo inmenso. El gran reto es tener la capacidad de poder anticipar para evitar que haya tantas personas afectadas. Se trata de un país que ha estado desarrollándose muchos años, pero algo ha fallado porque no hemos sido capaces de mitigar lo que estaba ocurriendo”, explica a este periódico Inés Lezama, coordinadora del clúster de nutrición de Unicef en Etiopía.

Aparte de las propias circunstancias del país, actualmente, Etiopía está sumida en una devastadora sequía que afecta a las zonas del sur, este y noroeste del país. Se trata de la peor sequía en años, lo que hace que haya gran número de desplazamientos de población que huye a lugares donde aún hay agua tanto para vivir ellos, como para hidratar a sus animales y sus tierras, ya que muchos cuentan con la ganadería y la agricultura como modo de vida. “Esto hace que se desplacen a otros lugares en malas condiciones y que dependan de la ayuda humanitaria porque no pueden producir sus propios alimentos”, detalla Lezama.

Las ayudas humanitarias les ofrecen acceso a agua, a sanidad, educación y a nutrición, ámbito en el que Lezama está especializada. Según indica, las mujeres embarazadas y lactantes y los menores son la población más vulnerable y quienes desarrollan más desnutrición aguda, que es la que tiene más riesgo de muerte y requiere un tratamiento urgente. Además del contexto propio del país, la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética afectan sobre todo a la hora de acceder a fertilizantes para poder producir alimentos en temporada de lluvia. “Ahora empieza a llover, pero se calcula que se han perdido cuatro periodos de lluvia consecutivos en los dos últimos años. Se teme que ahora, a pesar de que llueva, no sea suficiente para empezar a producir”, señala Lezama, quien explica que, a raíz de esta situación, en algunas zonas han aumentado los casos de malaria y el riesgo de cólera. 

En los casos de desnutrición infantil, Unicef interviene a través de actividades que fomentan el acceso al agua, con camiones cisterna o habilitando pozos y se realizan iniciativas para fomentar la higiene. Para evitar casos de desnutrición, se realiza un cribado masivo de la población infantil, a la que también se le atiende a través de programas de vacunación, enfermedades y con programas educativos y sociales. Cada año, el equipo de Lezama atiende a más de un millón de niños con problemas de desnutrición. Por lo pronto, han atendido a 300.000, a los que a la mayoría han salvado la vida, pero según confiesa, han tenido que lamentar algunas muertes. “A pesar de que hemos salvado casi a 300.000 niños, porque también hay un porcentaje de niños a los que hemos atendido y han fallecido, sabemos que todavía nos quedan muchísimos por tratar”, sostiene. Uno de los casos que más le han impactado en su experiencia en Etiopía es el de Zahara, una niña desplazada en situación vulnerable. “Nos la encontramos en un centro de salud, estaba recibiendo un tratamiento y no estaba respondiendo bien a él. Muchas veces eso sucede porque llegan muy tarde o por otras razones que no tienen que ver con la calidad del tratamiento. Fue uno de los casos que a mí más me chocó porque aunque lleguemos a dar respuesta a casos tan vulnerables como el de esta niña, hay veces en las que llegamos tarde y podríamos llegar antes. Para mí ese es el mensaje primordial. No hay que esperar a que un niño esté desnutrido o con complicaciones médicas, deberíamos llegar antes para prevenir estos casos”, lamenta.

Para Lezama, el problema de la ayuda humanitaria no es de recursos, sino de saber actuar a tiempo. “No es tanto lo que falta, es cuestión de tiempo. Es de darnos cuenta si estamos actuando cuando debemos actuar o no. Por ejemplo, ahora, sabemos que los llamamientos llegan tarde. Desde mayo estamos viendo un aumento impresionante de niños que están en centros de salud esperando a ser tratados y sabemos que es algo que va a continuar hasta el mes de septiembre. Creo que no estamos anticipando lo suficiente una respuesta adecuada en estos momentos del año. Considero que hay suficiente ayuda y colaboración, pero que debe realizarse a tiempo, para que no lleguemos siempre tarde y que cuando lleguemos al lugar ya sea demasiado tarde para hacer algo”, concluye.