En silencio y portando carros de la compra con distintos mensajes en la toledana plaza de Zodocover. Una docena de personas han participado en la tarde de este lunes en una protesta simbólica por la vivienda y contra la especulación en el corazón de Toledo. Un silencio que, “a veces puede más que muchas consignas” y “remover conciencias” en una ciudad (y una provincia) tensionadas por la falta de vivienda, con precios desorbitados para quienes quieren acceder a un alquiler o a la compra de casa y “con la capital copada por turistas”, incluidos sus edificios, explicaba Alicia Martínez, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

“Hemos perdido 21 edificios en el último año y medio que se han convertido en apartamentos turísticos”, lamentaba.

Dos días antes de la huelga general por la vivienda el colectivo calienta motores. “De aquí a la huelga, la agenda mediática, la agenda urbana y también de la sociedad tienen que estar marcadas por una reflexión: la necesidad urgente de secundar la huelga general”, ha reclamado, para pedir a la ciudadanía que se manifieste el próximo miércoles 11 de noviembre. “Es una necesidad urgente” para tratar de frenar la “apisonadora que está terminando con las vidas dignas de muchísimas personas”.

Ha destacado la importancia de secundar la huelga, de la que se está informando a la ciudadanía y ha rechazado el mensaje que define este paro general como una huelga “política”. En su opinión ese es un “discurso zafio” que está difundiendo “la ultraderecha” pero que, asegura, “no es un discurso real” porque “esto es una huelga contra todo un sistema”.

Y en esa crítica, añadía, “es una huelga que incluye también como objetivo al gobierno socialista que durante ocho años no ha sido capaz de hacer nada y que no va a salvar los papeles por un decreto de última hora”, criticaba. Después, añadía, es necesario subir los salarios para afrontar el coste, no solo de la vivienda sino de la subida generalizada del coste de la vida, otro de los slogan del paro general del próximo miércoles.

Luz María Mena, “vecina de toda la vida” del Casco Histórico toledano que tuvo que abandonar por no poder pagar el coste del alquiler. “Tenemos que salir [a manifestarnos] porque es insostenible”, comentaba antes de participar en la marcha.

Evitar la “deshumanización” antes de que sea “demasiado tarde”

La portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo ha recordado hoy el caso de Mari Carmen, la vecina madrileña de 87 años, desahuciada de su vivienda y tristemente fallecida días después. “Fue el símbolo de lo que cuesta tener una vivienda digna y mantenerla”, ha afirmado para advertir que su caso no es ni mucho menos el único. “Hay decenas”, ha asegurado, pidiendo empatía a la ciudadanía para evitar “la deshumanización” y actuar “antes de que sera demasiado tarde”.

CCOO ha denunciado que varias administraciones de Castilla-La Mancha están preguntando a los miembros de su plantilla si secundarán la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre. Unas actuaciones que, recuerda el sindicato, son contrarias al derecho fundamental de huelga.

El sindicato señala al Ayuntamiento de Torrijos y a algunas delegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo como los organismos públicos que han requerido a sus trabajadores saber si se sumarán al paro nacional.

“Esta actuación es una vulneración del derecho fundamental de huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el Real Decreto Ley 17/1977. Además, supone un tratamiento ilícito de datos relativos a la ideología sindical y una práctica claramente antisindical”, explica CCOO en un comunicado.

Por ello, recuerda que “ninguna persona trabajadora tiene obligación de comunicar individualmente su decisión de hacer o secundar o no la huelga”, según ha indicado el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez. “Es una vergüenza y un escándalo que lo que no ocurre en la mayoría de las empresas esté ocurriendo en el sector público que debería dar ejemplo en estas cuestiones. Las sanciones económicas que puedan traer aparejadas estas actitudes recaerán en la ciudadanía en caso de que sean condenadas por ello”.

Es por ello que desde CCOO se insta a estas administraciones al cese inmediato de dicho requerimiento de información, su retirada expresa, la comunicación a la plantilla por la misma vía de que no existe obligación de manifestar si secundará la huelga y que se abstengan de elaborar ningún tipo de listado con las personas que ejerzan este derecho.

De no hacerse así durante el día de hoy CCOO interpondrá denuncia ante la Inspección de Trabajo así como la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social.

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha hecho una primera consideración sobre el posible seguimiento de la huelga general en defensa de la vivienda del 11 de noviembre, augurando que “no habrá mucha disposición” a seguirla.

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga Sanz, han comparecido en rueda de prensa, exhibiendo a los medios una réplica del número especial de la revista de la patronal dedicado a exponer las razones de rechazo por parte de los empresarios a este huelga, según recoge Europa Press.

Por un lado, se preguntan si “si algún trabajador va a querer prescindir del salario de un día para seguir una huelga que es política”, dadas las quejas sobre la existencia de salarios bajos. “Yo me preguntaría eso”, ha afirmado Arribas.

En su opinión, la huelga del 11 de noviembre “tiene un marcado carácter político” y sostiene que “es más una huelga electoral que una huelga general”. Dice “respetar” el derecho constitucional de huelga pero también que “rechaza” que la crisis estructural de vivienda, que reconoce, “se transforme artificialmente en un conflicto entre trabajadores y empresarios”.

La convocatoria, a su juicio, incorpora reivindicaciones cuya solución “es una adecuada política de vivienda, cuya conformación no depende de los empresarios, sino del Gobierno”.

Manuel Madruga: “No conviene caldear el ambiente”

De su lado, Manuel Madruga ha lamentado que las acciones violentas que se puedan dar en esta jornada de huelga impidan “ejercer el derecho al trabajo” de quien sí lo quiera ejercer. “No conviene caldear el ambiente y no conviene enfrentamientos de ese tipo, pero seguramente lo que suceda sea eso”.

Fedeto realizará “un seguimiento desde primera hora de la mañana” en tres veces con una muestra de 700 empresas, confiando en tener datos sobre las 10.30 horas, con previsión de que el siguiente dato se pueda aportar a las 13.00 horas.

Unas 25 personas pertenecientes a Fedeto estarán “en permanente contacto” con las empresas para conocer si se produce algún tipo de conflicto violento o “si los piquetes van más allá de lo que es su función y se convierten en violentos”. Esta información, aseguran, se recabará junto a otras provincias y se trasladará a la patronal regional CECAM.

CECAM pide “garantizar el derecho al trabajo”

Precisamente, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME) recuerda la necesidad de garantizar “el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes --productos y servicios--, la tipificación de la actuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidades sobre todo tipo de daños a los convocantes de la misma”.

Durante la jornada de huelga, CECAM y sus organizaciones empresariales actuarán como “interlocutoras y enlace con la Delegación del Gobierno y las subdelegaciones del Gobierno”, respectivamente, trasladando aquellas situaciones que así lo requieran y facilitando la coordinación institucional, según ha informado.

La patronal castellanomanchega también incide en el mensaje de que no comparte “en modo alguno” la convocatoria de huelga, al considerar que “responde a motivaciones ajenas al ámbito laboral y que plantea reivindicaciones cuya responsabilidad se debe a la inacción de las administraciones públicas, y no al tejido empresarial”.

El pasado 22 de octubre, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la nueva ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda de Castilla-La Mancha. Recibió luz verde con los únicos votos a favor del PSOE. El PP y Vox votaron en contra. Una de sus medidas más importantes es destinar todo tipo de edificios públicos en desuso a construir viviendas para alquiler asequible. Ahora, los 'populares' han propuesto esa misma medida en Guadalajara.

Concretamente, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento y teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha planteado la puesta en marcha de “estudios conjuntos” entre el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consistorio para estudiar la transformación de edificios públicos actualmente vacíos en viviendas destinadas al alquiler asequible.

Entre los inmuebles que podrían analizarse ha citado el parque móvil municipal, la antigua cárcel de hombres de la calle Virgen del Amparo, la antigua cárcel de mujeres y el edificio de los antiguos juzgados. Todos estos espacios tienen las características que contempla la nueva ley castellanomanchega y que el PP rechazó.

Pero ahora, Esteban la ha mencionado como propia afirmando que la vivienda es “un problema que preocupa mucho a todos los vecinos de Guadalajara” y ha defendido que, para darle respuesta, es necesario poner en el mercado más viviendas.

La nueva ley ya incluye esa medida

Y ese es, en principio, el objetivo de la nueva ley contra la que votó su partido. Incluye un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas añadieron un un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora fue la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin. Pero, además, amplió a “cualquier administración” esta posibilidad. Es decir, lo mismo que ha propuesto el teniente de alcalde de Guadalajara.

Ya se sabe como serán los servicios mínimos establecidos para la huelga general que tendrá lugar este miércoles, 11 de noviembre. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes la resolución de la Consejería de Fomento que fija los servicios mínimos en el transporte público regular de viajeros de la región.

La resolución protege en especial a los alumnos del medio rural y a los de educación especial. Así, se mantendrán inalteradas todas las rutas escolares que salen de zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación o rurales intermedias, o que paran en ellas. También todas las rutas que van a centros de educación especial. En el resto de rutas escolares, se mantendrá el viaje de ida.

El departamento que dirige Nacho Hernando defiende que, “de esta manera se garantiza el ejercicio de derecho a la educación del alumnado y el ejercicio de derecho de huelga de los trabajadores especialmente cuando la zona de origen de los usuarios de transporte es fundamentalmente rural”.

Autobuses de línea: depende de cuántos viajes tenga cada ruta

En los servicios regulares de viajeros de uso general, Fomento mantiene el servicio con más o menos intensidad según el número de expediciones que tenga cada línea en el calendario de su concesión o autorización. Siempre habrá al menos un viaje de ida y otro de vuelta. El servicio aumenta de forma progresiva a partir de dos umbrales: seis y diez expediciones completas.

Así quedan los servicios mínimos:

Tienen que cumplir estos servicios mínimos las empresas gestoras de servicios públicos de titularidad autonómica que puedan verse afectadas por la huelga. Esto incluye las concesiones autonómicas y los servicios parciales de concesiones de la Administración Central que discurren íntegramente por Castilla-La Mancha.

Con motivo de la huelga general convocada para este miércoles, día 11 de noviembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado los servicios mínimos que se llevarán a cabo en materia de salud pública y atención sanitaria. Básicamente, la atención médica en hospitales públicos y atención primaria funcionará como la de un día festivo, mientras que en otros sectores como los del transporte sanitario, en ambulancia o helicóptero, el funcionamiento será del cien por cien de sus plantillas.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), las medidas buscan un “equilibrio proporcional” entre el derecho fundamental a huelga y la protección de la salud pública, garantizando la cobertura asistencial “urgente e inaplazable”.

Por ello, la Consejería de Sanidad asegura la plena operatividad de áreas críticas como diálisis, oncología y urgencias, aplicando dotaciones equivalentes a un día festivo o coberturas completas según el servicio. Finalmente, se regulan las obligaciones para la gestión indirecta, incluyendo el transporte sanitario urgente, la distribución logística de medicamentos y los servicios de radioterapia.

Durante una jornada de huelga, las garantías de atención médica se articulan a través del establecimiento de servicios mínimos “esenciales”. Así, en urgencias extrahospitalarias y atención primaria, se garantiza la atención urgente en cada Zona Básica de Salud con los efectivos equivalentes a los de un día festivo. Ese mismo criterio se utilizará en cuanto a la plantilla general de los hospitales públicos y los centros de atención especializada.  

Pacientes críticos y trasplantes

Pero en el caso de pacientes críticos o con patologías graves, se asegura la asistencia y continuidad de tratamientos en situaciones donde un aplazamiento o reprogramación perjudique clínicamente al paciente: diálisis, hemodiálisis, oncología y hematología.

En otros casos, como en la de la Unidad de Coordinación de Trasplantes, se establecen el cien por cien de sus servicios, así como en el transporte sanitario y el de tratamientos específicos. No será así en la distribución de medicamentos: los operadores logísticos fijan como mínimo indispensable un 40% de la plantilla para garantizar el almacenamiento y entrega.

En cuanto a los sistemas de vigilancia de la salud pública, habrá un sistema de guardias en la vertiente epidemiológica y para la presencia de personal en distritos de salud.

La asignación individual de los profesionales que deben cubrir los servicios mínimos en el ámbito del Servicio regional de Salud (SESCAM) corresponde a las personas titulares de las gerencias correspondientes (o a la dirección del centro en centros directamente adscritos a la Consejería). Antes de notificar formalmente a los trabajadores designados, se debe realizar la comunicación previa a la representación del personal.

La Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional publica este lunes una resolución oficial que establece los servicios mínimos para el ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante la huelga general programada para el próximo miércoles 11 de noviembre.

Un total de 111 trabajadores, que representan el 27,96% de la plantilla del Grupo CMMedia, han sido designados para mantener operativos los informativos y la seguridad de las instalaciones.

Se trata, según la resolución, de equilibrar el derecho constitucional de huelga con la obligación de garantizar un servicio público de comunicación esencial y el acceso ciudadano a información veraz. Y es que el ente público se considera servicio esencial de la comunidad autónoma.

La radio y la televisión de Castilla-La Mancha reducirá su programación a las franjas informativas indispensables, alertas de protección civil si se produjeran situaciones de emergencia y programación en diferido.

Cada 30 minutos se difundirá un aviso oficial en televisión, radio y soportes digitales indicando expresamente que la programación de Castilla-La Mancha Media se ve afectada por la huelga general convocada en defensa de los salarios y de una vivienda digna.

Sin entretenimiento y parrilla reducida de informativos

El paro general ha sido promovido por las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Confederación General del Trabajo (CGT), entre otras centrales. Su ámbito abarca toda la jornada del 11 de noviembre, incluyendo el turno que se inicie antes de las 00:00 horas de dicho día y aquel que finalice en la jornada siguiente.

La reestructuración acordada supone la supresión total de programas de entretenimiento, magacines de producción propia y espacios promocionales. La dotación de personal asignada a las áreas de producción de contenidos no informativos será del cero por ciento, por lo que las franjas horarias no cubiertas por los informativos mínimos serán sustituidas íntegramente por redifusiones en diferido.

En la Televisión Autonómica (CMT), la emisión en directo se acotará a tres bloques informativos reducidos integrados en una parrilla única: por un lado el espacio matinal 'Castilla-La Mancha Despierta' reducirá su emisión a una hora de duración, de 9:00 a 10:00 horas.

'Noticias de las 2', la edición de sobremesa comprimirá su horario para emitirse entre las 14:00 y las 14:45 horas y 'Noticias de las 8', el informativo vespertino se ofrecerá durante media hora, de 20:00 a 20:30 horas.

Radio Castilla-La Mancha también ajusta su programación

Por su parte, Radio Castilla-La Mancha (RCM) articulará su parrilla ajustada manteniendo la emisión de los boletines horarios reducidos y cuatro espacios informativos de referencia. En concreto, 'Castilla-La Mancha Hoy', el magacín informativo matinal se emitirá de 7:00 a 9:30 horas.

Además, 'Castilla-La Mancha a las 2', el informativo del mediodía, ocupará el tramo de 14:00 a 14:45 horas, 'Castilla-La Mancha en Juego', el espacio de información deportiva se restringirá de 15:00 a 15:30 horas y 'Castilla-La Mancha a las 8', el resumen de actualidad de la jornada se ofrecerá de 20:00 a 21:00 horas.

El acuerdo garantiza asimismo una cobertura informativa mínima en la página web corporativa y en la aplicación móvil de CMMedia, reconociendo el papel de los canales digitales como vía de acceso preferente a la información autonómica para gran parte de la población.

Se venden menos casas, pero eso no impide que los precios continúen subiendo incluso de forma más acusada que en el resto de España. Es la realidad del mercado inmobiliario en Castilla-La Mancha que reflejan los datos publicados por el Decanato de Registradores de Castilla-La Mancha, que muestran cómo el precio de la vivienda aumentó un 11,9 % interanual durante el tercer trimestre de 2026, casi tres puntos por encima de la media nacional, mientras que las compraventas encadenaron su tercer trimestre consecutivo de descensos.

Esta situación, indican los registradores, es especialmente acusada en Toledo y Guadalajara, las dos provincias que concentran las mayores subidas de precio en la región.

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, el precio medio de la vivienda en Castilla-La Mancha alcanzó los 1.142 euros por metro cuadrado durante el tercer trimestre, tras aumentar un 5,7 % respecto al anterior, frente al incremento del 1 % registrado en España. En términos interanuales, el precio medio se situó en 1.082 euros por metro cuadrado, con una subida del 11,9 %, superior al 9,3 % nacional.

Pese a este encarecimiento, Castilla-La Mancha sigue siendo la segunda comunidad autónoma con la vivienda más asequible del país, con unos precios medios por debajo de la mitad (44 %) de la media española.

El decano de los Registradores de Castilla-La Mancha, Jaime Núñez, señala que “Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades más asequibles de España, pero el ritmo de encarecimiento, casi tres puntos por encima del nacional, merece seguimiento. Toledo y Guadalajara concentran buena parte de esa presión”.

En cuanto a la actividad inmobiliaria, durante el tercer trimestre se formalizaron 8.314 compraventas, un 3 % menos que en el periodo anterior, una caída superior a la registrada en el conjunto del país, del 2,3 %. No obstante, en los últimos doce meses se contabilizaron 34.262 operaciones, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.

Para Núñez, “que las compraventas caigan por tercer trimestre consecutivo mientras los precios suben indica un mercado con menos oferta que demanda, sobre todo en las provincias más cercanas a Madrid”.

Toledo y Guadalajara, a la cabeza del encarecimiento de la vivienda

Es precisamente en las dos provincias limítrofes con Madrid, Toledo y Guadalajara, las que encabezan el alza en los precios. Toledo registra la mayor subida interanual del precio de la vivienda de toda España, con un incremento del 20,3 %, seguida de Guadalajara, donde los precios aumentaron un 17,3 %, lo que la sitúa como la cuarta provincia española con mayor encarecimiento.

Sin embargo, ambas provincias experimentaron una reducción de las compraventas, del 6,8 % en Toledo y del 5,7 % en Guadalajara, reflejando, según los registradores, una creciente presión sobre los precios que no se traduce en un mayor número de operaciones.

La evolución fue diferente en Albacete, donde el precio de la vivienda creció un 8,8 % y las compraventas aumentaron un 10,2 %. Por su parte, Ciudad Real se situó como la provincia más barata de España durante el trimestre, con un precio medio de 776 euros por metro cuadrado.

Cuenca fue la única provincia castellanomanchega que registró una bajada interanual de precios, del 4,8 %, aunque las operaciones de compraventa crecieron un 13 %, mostrando un mayor dinamismo del mercado.

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, CASA 47, ha incorporado a su portal web un total de 63 viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha, 44 de ellas en la provincia de Toledo y 19 en la de Guadalajara.

Las viviendas presentan superficies de entre 35 y 160 m², con rentas mensuales de entre 350 y 905 euros.

Estas viviendas forman parte de una nueva convocatoria por la que el Portal de CASA 47 incorpora 442 nuevas viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias.

Se suman a las 807 de anteriores convocatorias. Antes de fin de año se incorporará al Portal un millar adicional de viviendas.

¿Cuáles son las condiciones?

Las inscripciones podrán realizarse desde este sábado, 7 de noviembre, hasta el 26 de noviembre y los detalles están disponibles en El Portal de CASA 47.

Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la vivienda, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

La comunidad autónoma establece el tope de renta mensual

Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio. Proceso de asignación de las viviendas Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes.

A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se entregarán las llaves.

Las consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de Educación, Cultura y Deportes han dictado distintas resoluciones por las que se establecen los servicios mínimos en determinados sectores de actividad gestionados indirectamente por la Administración de la Junta para la huelga general convocada para el día 11 de noviembre, como el Servicio de Atención de Urgencias 112, las residencias universitarias y los centros de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma.

En el caso del 112, según Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se considera un servicio esencial, pues supone la principal vía de acceso a los servicios públicos de urgencias, emergencias y seguridad las 24 horas del día y los 365 días del año.

La Administración, según explica, está obligada tanto a garantizar el servicio público sanitario como a mantener la seguridad y protección de las personas, bienes y patrimonios y preservar la seguridad pública derivada de posibles catástrofes, para lo cual se hace imprescindible que el acceso de la ciudadanía a los servicios de urgencia a través del teléfono 112 se mantenga “sin merma en la atención de las mismas”.

Por estos motivos, los Servicios de Atención de Urgencias 112 funcionarán con un 80% de su personal contratado en la sala de coordinación del 112 y con el 50% del personal de estructura.

Por otro lado, en relación con la seguridad y la vigilancia de los edificios públicos, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, dispone que la seguridad no es solo un valor jurídico primordial o normativo es igualmente “un valor social”. En este caso, el criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente prestan el servicio en estos centros, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para la ciudadanía.

Educación: residencias y centros de enseñanza

De su lado, en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que establece los servicios mínimos en las residencias universitarias, se ha ponderado la necesidad de garantizar las actividades necesarias para atender al alumnado interno.

De este modo, en las residencias universitarias con servicio de comedor habrá un director o responsable de centro por provincia, un cocinero o ayudante de cocina, un personal de limpieza y un ordenanza, y en las residencias universitarias sin servicio de comedor un director o responsable de centro por provincia y un ordenanza.

En cuanto a los servicios mínimos en centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la resolución de la Consejería recuerda que el derecho de huelga y el seguimiento de esta sin la determinación de una prestación mínima del servicio público educativo “podría generar graves perjuicios al derecho de la educación del alumnado”.

En este sentido, se señala que el servicio esencial de la educación “no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente”, ya que, junto a esta actividad, hay otras actividades fundamentales relacionadas con el ejercicio de este servicio esencial, tales como la vigilancia, los comedores, el cuidado o la asistencia de menores, especialmente de los menores con necesidades especiales, que exigen garantizar unas condiciones mínimas de atención, seguridad o higiene.

Puede “limitar el derecho al trabajo”

Asimismo, el cierre de los centros, o la falta del personal imprescindible para atender al alumnado que acuda al centro, puede “limitar el derecho al trabajo” de los padres y madres del alumnado o el derecho al trabajo de los trabajadores que no secunden la huelga.

En este caso, en el establecimiento de estos servicios mínimos, que no concreta la resolución, se han tenido en cuenta los criterios jurisprudenciales, tales como extensión territorial y personal de la huelga, su duración y demás circunstancias concurrentes,.

Principalmente, se han considerado como criterios diferenciadores en los servicios fijados, la edad, el número y las características especiales del alumnado, de manera que el profesorado afectado sea el “imprescindible” para atender al alumnado que asista al centro. Los servicios mínimos establecidos sólo pretenden “ser consecuentes con el objetivo que persiguen”, expuesto anteriormente.

En otro caso, aclara Educación, la coherencia “exigiría cerrar los centros para evitar poner en riesgo la convivencia y la vida del alumnado” en caso de un seguimiento masivo de la huelga en los centros.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha establecido los servicios mínimos que deberán mantenerse durante la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de garantizar la atención de las necesidades esenciales de la población y la seguridad de las personas y las instalaciones públicas.

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), afecta a distintos servicios de gestión directa de la Administración autonómica y contempla la presencia de personal en ámbitos como la protección civil, el registro administrativo, las oficinas de empleo, los centros asistenciales, los laboratorios de salud pública y las carreteras autonómicas.

Las oficinas de empleo mantendrán una atención básica

Uno de los aspectos de mayor interés para la ciudadanía es el funcionamiento de las oficinas de empleo. Durante la huelga, estos centros contarán con su director o directora, o la persona que les sustituya. Además, una serie de oficinas dispondrán de un empleado público encargado del registro de documentos y de la atención básica a las personas demandantes de empleo.

Entre ellas figuran las oficinas de Valdepeñas, Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso y Alcázar de San Juan, además de otras localidades de las cinco provincias de la región.

La resolución establece asimismo la presencia de personal de registro en las delegaciones provinciales de la Junta y en las delegaciones de servicios de Talavera de la Reina y Molina de Aragón, para facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de trámites sujetos a plazo.

Atención en residencias y centros asistenciales

Los servicios sociales constituyen otro de los ámbitos prioritarios. Las residencias de mayores y los centros de atención a personas con discapacidad y menores incluidos en la resolución dispondrán del personal necesario para mantener la atención indispensable.

En determinados centros asistenciales, la dotación prevista será la correspondiente a un día festivo en cada turno de trabajo, además de la persona responsable del centro o quien la sustituya.

La medida afecta a instalaciones repartidas por toda Castilla-La Mancha, entre ellas residencias de mayores de Ciudad Real, Puertollano, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Emergencias, carreteras y seguridad industrial

Los servicios de Protección Civil también contarán con servicios mínimos. Se garantizará la presencia de personal técnico en los servicios centrales de la Junta de Castilla-La Mancha y en cada delegación provincial, así como de un técnico del servicio de emergencias 112 en los servicios centrales.

En las carreteras de titularidad autonómica permanecerán de guardia los retenes previstos para atender incidencias y emergencias. También se mantendrá personal técnico en materia de seguridad industrial, con el fin de responder ante situaciones que puedan poner en peligro a las personas, los bienes o el medio ambiente.

Bibliotecas, museos y laboratorios, con servicios esenciales

La resolución contempla igualmente medidas para preservar el patrimonio cultural y asegurar la continuidad de los trabajos imprescindibles en los laboratorios oficiales.

Las bibliotecas públicas, los museos provinciales y los archivos históricos dispondrán de una persona responsable del centro durante el turno de mañana y de personal de ordenanza en los turnos de mañana y tarde.

En los laboratorios de salud pública de Castilla-La Mancha se establece la presencia, por cada sección, de una persona titulada superior y otra técnica superior de laboratorio. La finalidad es garantizar las analíticas urgentes y evitar que la interrupción de procesos ya iniciados comprometa su validez.

La Administración mantendrá sus sistemas informáticos

Los servicios de telecomunicaciones, sistemas informáticos y ciberseguridad de la Junta también estarán cubiertos mediante personal técnico específico. La resolución establece turnos de soporte local y regional, atención a los centros de procesamiento de datos y cobertura para determinadas unidades con guardias localizadas.

Además, se garantizará el mantenimiento básico y la seguridad de los edificios administrativos, con personal encargado de facilitar su apertura y cierre y de preservar las instalaciones.

La huelga general ha sido convocada por CCOO, UGT e Intersindical, entre otras organizaciones, para toda la jornada del 11 de noviembre. La convocatoria contempla también, en determinados casos, el turno anterior a la medianoche y los turnos que comiencen ese día y finalicen al siguiente.

El Gobierno de Emiliano García-Page justifica los servicios mínimos por la necesidad de compatibilizar el derecho de huelga con la protección de otros derechos esenciales. La resolución se aplica a los sectores de la Administración autonómica y no supone, por sí sola, que todos los servicios públicos de la región vayan a funcionar con normalidad.

Por eso se recomienda, a quienes tengan previsto realizar trámites administrativos, acudir a una oficina de empleo o utilizar algún servicio público el 11 de noviembre, comprobar previamente las condiciones de atención de su centro, especialmente si necesitan realizar gestiones sujetas a plazo.

Castilla-La Mancha hace tiempo que dejó de ser una excepción en cuanto al acceso a la vivienda. Y así lo demuestran tanto los datos del porcentaje de salarios que se dedica al alquiler o la compra, y lo “especialmente preocupante” que ha sido la pérdida de inmuebles con algún tipo de protección. Concretamente, el parque público residencial de esta comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas en 35 años porque “se han convertido en negocio”.

Así lo desvela el último ‘Informe sobre vivienda y bienestar’ de CCOO en Castilla-La Mancha que ha detallado el secretario de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial del sindicato, José Manuel Muñoz. Como primera reflexión ha señalado que el mercado de la vivienda sufre “una profunda distorsión funcional”. Ha pasado de ser una “función social primaria” convertirse en una “concepción de activo financiero con objetivos de especulación”.

Este escenario ha provocado una “extracción de rentas” en la economía castellanomanchega, arrasando con parte de la riqueza autonómica, lo que, a su vez, “tensiona la cohesión territorial” y “frena el crecimiento económico regional”. Por ello, el sindicato pide una “intervención pública” que garantice el derecho residencial, al ser una “responsabilidad de las instituciones y de los gobernantes”.

El informe desvela cómo el alquiler sigue subiendo y no se corresponde con una subida salarial acorde. En los últimos cuatro años, ha habido un incremento del 24,8% mientras los salarios superan una subida del 15%. Estas cifras “lastran los esfuerzos que se han hecho en políticas sociales”, en concreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los últimos años. Es un efecto dominó que también afecta a otros sectores de producción por lo que “también es un peligro para la creación de empleo”.

CCOO viene insistiendo desde hace tiempo que no debe dedicarse más de un 30% del salario a pagar al alquiler, incluidos los suministros eléctricos y energéticos. Castilla-La Mancha está lejos de ese máximo. Para adquirir una vivienda en alquiler, se dedica una media del 51,2%. Por provincias, llama especialmente la atención el 66% de Guadalajara o el 62% de Toledo. La cifra va bajando progresivamente en el resto de provincias: en Albacete el 54%, en Cuenca el 51% y en Ciudad Real el 50%. Pero todas por encima del umbral del 30%.

En la compra de vivienda, el escenario no es mejor. “Es cada vez más difícil”, afirma el dirigente sindical. La media es de 4,5 años de salario para conseguir adquirir un inmueble residencial. Y por provincias, esa cifra se duplica, hasta los 9 años, en Guadalajara y en Toledo, seguidas de Albacete, con 8 años de salario, y Ciudad Real y Cuenca con alrededor de siete años de salario. Esto, en capitales de provincia. Las cifras bajan en zonas con menos habitantes, pero siguen siendo “muy altas”.

El análisis de CCOO cifra más del 63% los residentes de Castilla-La Mancha que habitan en hogares cuyo volumen conjunto de ingresos no llega a los 2.000 euros al mes. Eso hace “muy complicado” acceder a una vivienda cuando el precio de alquiler o de venta “asequible” se fija en 700 o 750 euros al mes.

La situación es “especialmente preocupante” en el apartado del informe dedicado a vivienda pública. El parque público residencial de Castilla-La Mancha se reduce progresivamente y “no se repone al mismo tiempo”. Desde 1991 a 2025 se construyeron 78.500 viviendas protegidas en la región, de las que solo quedan poco más de 56.000 en 2026. Es decir, la comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas de ese parque público.

Se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a precios más altos

Además, la mayoría de ellas se ha “descalificado”, ha perdido su protección incluso con devolución de ayudas. “Se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a precios más altos”. Y no es un hecho que se está produciendo en zonas “arrinconadas o rurales”, sino en grandes ciudades.

El informe devela que en 2025 se terminaron en Castilla-La Mancha 3.650 viviendas y tan solo 222 fueron de protección oficial, apenas un 6,08% de vivienda pública. “Hemos visto además cómo esas viviendas las construyeron promotores privados, no públicos”.

“Esto es un problema grave, porque no se trata de construir mucho, sino de construir bien. Y la fuente de financiación también habrá que definirla, porque los fondos europeos en los que nos estamos apoyando son finitos y habrá un momento en el que no contaremos con ellos”, remarca Muñoz.

En otro orden de cosas, las viviendas vacías siguen ofreciendo datos muy reveladores. De un total de 1.366.521 viviendas en Castilla-La Mancha, 303.000 están vacías, un 23%. En municipios de más de 5.000 habitantes, Ciudad Real tiene un 57,8% de inmuebles vacías, Albacete un 42% y Toledo un 39%. Aquí, el sindicato interpela directamente a las administraciones más cercanas para aplicar el recargo progresivo a todas aquellas que no estén en un estado ruinoso e intentar que pasen a formar parte del mercado del alquiler.

Toledo y Guadalajara, las más tensionadas

José Manuel Muñoz hila esta circunstancia con la necesidad de que los ayuntamientos de las grandes ciudades soliciten la declaración de zonas tensionadas. Actualmente, en esta comunidad autónoma, solo el Ayuntamiento de Cuenca ha realizado esta solicitud al Gobierno regional. Pero CCOO considera que son Toledo y Guadalajara las que ya tendrían que haberlo cursado, por ser limítrofes con Madrid y por los citados datos del porcentaje de salario destinado a pagar la renta.

Con todas estas cifras, el sindicato elabora una serie de peticiones. La principal es la protección “permanente” del parque público, y no solo por 50 años.  A ello une la necesidad de que pueda haber mecanismos de “mediación” en la compraventa, mediante oficinas que estén a disposición de la ciudadanía y que utilicen el derecho de tanteo y retracto para recuperar la vivienda que ya existe. Y, también, aplicar recargos a las viviendas vacías.

También aboga por explorar la compra de nuda propiedad en rendimiento vitalicio. “Es otra salida para hacer que el mercado se amplíe, porque no se trata de construir mucho, sino de administrar bien lo que ya está construido”.

CCOO, preguntado al respecto, considera que la nueva ley de medidas de suelo y vivienda de Castilla-La Mancha es “positiva” en cuanto a que permite destinar a vivienda pública edificios en desuso. No obstante, critica que no recoja ese carácter permanente de la protección a la vivienda pública y que se aplique solo a las viviendas financiadas por el Plan Estatal, “dejando fuera el parque público autonómico”.

También lamenta que en la nueva ley no se regulen los desahucios ni se valoren alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. “Es un paso hacia adelante, pero no es suficiente para solucionar el problema que tenemos encima de la mesa. Creo que es mínimo el avance que se produce para un problema tan grave como el que tenemos, que es garantizar derecho residencial de todos los castellanomanchegos”, concluye.

No hay intención en los sindicatos de desconvocar la huelga general del 11 de noviembre debido a la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo. Más bien al contrario, CCOO de Castilla-La Mancha considera que incluso es “un homenaje a los que han perdido su vida por este sistema que nos arrastra a diario”. Así lo ha detallado este sindicato después de que tanto la patronal como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo hayan pedido su desconvocatoria.

Ha realizado estas declaraciones el secretario de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO de Castilla-La Mancha, José Manuel Muñoz, quien vinculaba su reflexión a las palabras del viudo de una de las mujeres fallecidas ferroviaria, cuando denunció que la catástrofe era resultado del “capitalismo con prisas”.

“Lo que ha pasado describe a la perfección que están rebasándose límites que también afectan a la vida diaria, y uno de ellos también es la vivienda”, ha afirmado el dirigente sindicalista, recordando el motivo principal de la huelga general.

Esta convocatoria es una expresión pública de un desacuerdo y de la petición de grandes cambios en el país

Pero sobre todo, ha querido denunciar que al hilo de esta tragedia, se haya puesto el “dedo acusador” sobre “los más débiles”. “Volvemos a acusar de nuestros males y a señalar a los que están por debajo, a los que están peor que nosotros. Y además, la especulación de la vivienda también está matando a gente y esta convocatoria es una expresión pública de un desacuerdo y de la petición de grandes cambios en el país”.

Por todo ello, Muñoz ha subrayado que la huelga del 11N está “más que justificada” y aglutina además conflictos que se han tratado de forma separada y que tienen un nexo común, como es la vivienda, que afecta a los salarios y a la distribución de la riqueza.

“Hay suficientes motivos para hacer esta huelga. Es un homenaje incluso a todos estos que han perdido su vida por ese sistema que nos arrastra a diario y que marca unas expectativas de futuro mejores para los que más tienen y peores para los que menos tenemos”, ha concluido.

El Grupo Socialista propondrá en el pleno municipal de este jueves, 29 de octubre, la creación de la figura del administrador de fincas “de oficio” para aquellas comunidades de vecinos consideradas en situación de vulnerabilidad. Esta figura prestaría a las comunidades un apoyo temporal que les permitiría favorecer la asistencia a la junta de propietarios, tomar decisiones y solicitar ayudas.

Lo ha avanzado la concejala socialista María José López, detallando que pedirán al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que inicie los trámites oportunos para formalizar un convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca para implantar esta figura.

En este sentido, López Ortega ha indicado que una de cada cinco comunidades de propietarios está considerada como vulnerable, lo que afecta a 21.000 vecinos y vecinas de la ciudad, según el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado el pasado año por FOESSA y Cáritas Albacete.

“Muchas de estas comunidades de propietarios vulnerables desconocen los trámites esenciales, como pueden ser la inspección técnica del edificio o las subvenciones para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los vecinos y vecinas”, ha indicado.

La concejala socialista ha destacado el “componente social” de esta iniciativa, que va a permitir “una ciudad más solidaria, accesible, eficiente y, sobre todo, más justa; además del importante retorno económico que tendría para Albacete, al conseguir captar más fondos europeos que lleguen a la ciudad”.

Ayudas europeas que no llegan “por desconocimiento”

A este respecto, ha recordado que las ayudas europeas gestionadas a través de las administraciones central o autonómica permiten mejorar la accesibilidad y la rehabilitación energética, con una financiación que oscila entre el 60 y el 80% en el caso de la instalación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, el aislamiento térmico y la mejora de la eficiencia energética de los edificios, llegando a cubrir la totalidad de la cuantía en casos acreditados de vulnerabilidad social y económica.

En muchas ocasiones, ha añadido, estas ayudas corren el riesgo de no llegar a su destino cuando las comunidades de propietarios en situación de vulnerabilidad no acceden a ellas “por desconocimiento técnico o administrativo o por incapacidad de organización interna”.

Ha puesto el ejemplo del barrio de La Pajarita, donde las ayudas europeas han permitido reducir la factura energética de sus 500 hogares. “Por ello, facilitar a las comunidades más afectadas por la exclusión una figura profesional mediante el administrador de oficio es una forma de democratizar el acceso a las ayudas públicas”.

María José López ha recordado que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España planteó en marzo pasado, como iniciativa, la necesidad de regular esta figura del administrador de oficio, dotándola de la financiación adecuada. “Para canalizar esta iniciativa, consideramos que la mejor fórmula es el establecimiento de convenios de colaboración entre las administraciones locales y los colegios profesionales”.

Así, la propuesta del Grupo Municipal Socialista establece que, además de iniciar los trámites para elaborar un convenio con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, se fije una partida presupuestaria específica y necesaria para hacer frente a estos gastos, que se elabore un censo de comunidades vecinales en situación de vulnerabilidad y que se cree una comisión de seguimiento para evaluar el desarrollo del programa y los niveles de retorno obtenidos.

La nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha es un “parche legal” para la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que asegura que la recién aprobada norma “elude la necesidad de una verdadera ley integral”.

Este texto, que las Cortes autonómicas han aprobado este jueves gracias a la mayoría absoluta del PSOE en esta cámara, ha salido adelante tras una tramitación de apenas dos meses y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Entre los aspectos de la ley que sí apoya la plataforma se encuentra que la ley persiga el objetivo de incrementar el parque de vivienda social, con medidas como la posibilidad de destinar edificios y parcelas públicas en desuso a vivienda protegida.

Sin embargo, denuncia que la protección permanente y la duración mínima de cincuenta años del régimen de alquiler que incorpora solo se aplican a las viviendas financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, un matiz que dejaría fuera “a buena parte del parque público autonómico, que sigue sin ese blindaje”.

También considera que quedarían “gravemente desprotegidas” las personas más vulnerables frente a desalojos administrativos: “El mero impago de una cuota puede bastar para justificar el desalojo, sin que en ningún momento se valore la situación personal, económica o familiar de las personas afectadas —tampoco la presencia de menores—”, añaden en un comunicado.

Además, la plataforma asegura que la norma prioriza la construcción y la reclasificación de suelo frente a “fórmulas más ágiles”, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante tanteo y retracto, y echa en falta un plan regional de movilización de vivienda vacía que incorpore al mercado residencial las viviendas desocupadas, junto con medidas de adquisición, rehabilitación y recuperación de vivienda existente.

“Esta desprotección, además, ignora que la crisis de la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Golpea especialmente a las mujeres, porque las desigualdades económicas y sociales también se reflejan en el acceso a un hogar digno: la brecha salarial, la precariedad laboral, las pensiones más bajas y la mayor carga de cuidados hacen que muchas mujeres tengan más dificultades para pagar un alquiler o acceder a una vivienda propia. Esta situación golpea especialmente a las familias monomarentales y a las mujeres víctimas de violencia de género, para las que tener una vivienda segura es fundamental para alcanzar la autonomía y romper con la dependencia”.

Críticas a las enmiendas de PP y Vox

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda también ha criticado en su comunicado la postura que han mantenido PP y Vox durante el debate parlamentario, así como las enmiendas que presentaron a la nueva leu.

Las propuestas del PP de rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre la vivienda del 9% al 6% con carácter general, y del 5% al 3% para empresas que compren vivienda para su reventa, y la ampliación de los motivos de desahucio administrativo en el parque público, han sido calificadas por la plataforma como “beneficios fiscales a grandes compradores y fondos de inversión”, y de más facilidades para desalojar, “justo lo contrario de lo que la crisis de vivienda exige”.

Por su parte, la propuesta de Vox de dar prioridad a la población española en el acceso a la vivienda protegida, al parque público de alquiler y a las ayudas autonómicas ha sido rechazada por la plataforma, que asegura que “disfraza la discriminación”, “vulnera derechos humanos reconocidos” y “alimenta el racismo y la xenofobia”.

“Ambos partidos dejan así clara su posición de fondo: mientras la Plataforma exige frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda para toda la población, PP y Vox proponen bajar impuestos a quien compra vivienda para el mercado y restringir el acceso por origen o nacionalidad”.

Por ello, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha “exige” una Ley de Vivienda integral para la región “que regule el alquiler, garantice una alternativa habitacional ante cualquier desahucio y reconozca este derecho humano con todas sus garantías, y seguirá vigilante ante el desarrollo reglamentario de la norma aprobada” y asegura que la norma muestra “por qué es necesario” secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre.

La segunda fase de rehabilitación del edificio de Alamillos del Tránsito, en Toledo, contará con un presupuesto que superará el millón de euros para añadir a la primera fase diez viviendas más en régimen de cohousing, 70 aparcamientos y una plaza pública, que se unirán a las 18 viviendas que contempla la primera fase que está ya en estado de ejecución.

Así lo han adelantado este jueves el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, en declaraciones a los medios, momentos antes de visitar las obras de rehabilitación de este edificio, que forma parte del proyecto 'Toledo Emerge'.

Velázquez ha concretado que esta segunda fase va en forma de Plan Especial de Reforma Interior y que ya está finalizado, por lo que ha avanzado que se presenta este mismo jueves en el Ayuntamiento. “Contempla otras diez viviendas en régimen de cohousing y 70 plazas de aparcamiento, más la plaza pública al nivel de la plaza del Conde y que comunicará a través de un cobertizo”.

A este respecto, la presidenta de la Diputación ha apuntado que la Institución provincial está trabajando ya en los presupuestos de 2027 que contemplará una partida para poder iniciar esta segunda fase, que se presentará hoy en el Consistorio “para poder obtener los permisos necesarios”.

Si la primera fase del proyecto contaba con una inversión de un millón de euros entre la Diputación y el Consorcio de Toledo, esta segunda fase contará con entre 1.000.000 y 1.200.000 euros “pero no es una cifra oficial porque estamos trabajando todavía sobre ello”, ha señalado.

Por lo demás, la presidenta de la Diputación ha destacado la importancia de recuperar edificios patrimoniales que llevan décadas sin uso y devolverlos a la ciudadanía con nuevas funciones que respondan a las necesidades actuales. “La Diputación no podía permitir que edificios tan importantes para Toledo, con tanto valor patrimonial, siguieran abandonados durante décadas. Nuestra obligación es recuperarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos”, ha afirmado.

Cedillo ha subrayado que 'Toledo Emerge' representa el compromiso de la Diputación con la recuperación del patrimonio y su aprovechamiento para mejorar la vida de los ciudadanos, mediante la colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones. “Lo vimos con la antigua Escuela de Enfermería y lo vemos hoy aquí: cuando hay voluntad, trabajo y compromiso, los proyectos avanzan”, ha señalado.

Alamillos del Tránsito forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de inmuebles históricos de la ciudad. Así, la Diputación está pendiente de la respuesta del Gobierno de España a la ayuda solicitada para recuperar una primera parte del Palacio de Abdón de Paz; avanza en la puesta en marcha de un centro gastronómico provincial en San Ildefonso; y trabaja para convertir San Juan de Dios en un centro asistencial con espacios culturales y una nueva plaza pública.

El edificio lleva sin uso ya 61 años, desde que cerraron las escuelas que había en su interior; y lo es, ha continuado el alcalde, por su ubicación en plena judería frente al Palacio de Fuensalida y al Entierro del Señor de Orgaz y por el uso al que se le va a dar.

“Un proyecto espectacular y que sigue la estela de lo ya conseguido por el Consorcio con la actuación en el Salón Rico, pero todavía más ambicioso porque crear 70 plazas de aparcamiento para residentes es apostar por la vida en el Casco”.

Es por todo ello que el alcalde ha destacado que se trata de un “trabajo coral” de muchas instituciones, “porque la inmensa mayoría de las veces la política sirve y es positiva para los ciudadanos pero nos quedamos siempre con lo negativo, con lo que llama más la atención, pero esto es política con mayúsculas”, ha indicado Velázquez.

Viviendas de Esteban Illán

A preguntas de los medios sobre la propuesta del PSOE de que el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, recupere la gestión de las 18 viviendas de la calle Esteban Illán que se pusieron a disposición de la Diputación Provincial en 2012, para destinarlas al alquiler asequible, el alcalde ha lamentado que los socialistas hayan querido “ponerse la medalla”.

“El PSOE ha conocido que ya llevamos trabajando en ese proyecto varios meses porque es algo que ya es en tramitación”, ha indicado, para agregar que el equipo de Gobierno lo va a hacer pero no porque lo dijera el PSOE. “Lo íbamos a hacer y ellos son conscientes perfectamente de que llevamos meses trabajando en esa cesión para seguir dando vida al Casco Histórico”.

De otro lado, se ha referido también a preguntas de los medios al edificio de Radio Nacional de España en el Casco Histórico, que está dentro también de 'Toledo Emerge' para indicar que es el único de los cinco edificios que es propiedad del Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde ha indicado que el Consistorio está trabajando ya en el proyecto y ha adelantado que son siete las viviendas que finalmente se van a llevar a cabo en este edificio de las ocho o nueve que se habían proyectado en un principio.

Castilla-La Mancha ya tiene una nueva ley de medidas sobre suelo y vivienda. No es la ley que pactó con Podemos, en la primera legislatura de Emiliano García-Page de 2015 a 2019, y que nunca llegó a aprobarse. Se trata de una normativa que se ha tramitado por la vía de urgencia en forma de proposición parlamentaria y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas han añadido un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

Asimismo, se incorpora que los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), tanto de iniciativa pública como privada, podrán conllevar el aumento de edificabilidad y densidad residencial (más cantidad de viviendas para más gente) que permita la viabilidad de la actuación. Y, en este sentido, establece que en caso de que ese incremento esté limitado por el planeamiento urbanístico - por ejemplo a través del Plan de Ordenación Municipal (POM)-, el número de viviendas no implicará necesariamente un aumento de infraestructuras o dotaciones, pero si así fuera, el coste irá a cargo del promotor.

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora es la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin.

Pero, además, amplía a “cualquier Administración” esta posibilidad y se indica que la “excepcionalidad” por cinco años para este objetivo es “prorrogable”. Finalmente, el PSOE elimina la posibilidad de que los ayuntamientos impongan condiciones a la posibilidad de implantar vivienda protegida en aquellos que estuvieran destinados a comercio, oficinas, hostelería u ocio.

'No' a la propuesta del PP de bajar impuestos a fondos buitre

Al margen de estas incorporaciones de los socialistas, durante el debate para su aprobación definitiva, el PP no ha conseguido sacar adelante las tres polémicas enmiendas que quería incluir en esta ley.

Entre otras cosas pedían bajar impuestos a “empresas” sin determinar cuáles, aunque el PSOE denunció que hablaba de bajar impuestos a fondos buitre e inmobiliarias, y también pedían agilizar desahucios en las viviendas públicas.

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales ha tumbado estas propuestas hoy, en el pleno que ha aprobado la ley, como ya lo hiciera en la Comisión que elaboró el dictamen inicial. Pese a su controvertido contenido, el Grupo Popular decidió mantenerlas vivas para la sesión plenaria, que ya ha dado luz verde a la ley.

Estas enmiendas las presentó el PP en pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Concretamente, las enmiendas de la discordia eran tres de las 58 que el PP había presentado para su incorporación a la nueva norma castellanomanchega, ya promulgada y que se ha aprobado en menos de dos meses por trámite de urgencia de que se registró en las Cortes castellanomanchegos.

Estas propuestas del PP se han vuelto a debatir en el pleno. La primera de ellas pedía añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP apostaba también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, bajando del 5 al 3%, la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas suponían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas la bajada de impuestos se hubiera aplicado con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas beneficiarias podrían “solicitar la devolución” de la diferencia pagada en impuestos. No ha salido adelante.

El PP también quería agilizar desahucios administrativos

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, proponían ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quería así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal, pudiera ser causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de esa necesidad que justificó la adjudicación a una determinada persona o familia. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas. No ha salido adelante por deseo expreso del PSOE.

También había polémica en seis de las enmiendas presentadas por Vox, que defendía aplicar su cacareado principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda. Es decir, solo para los españoles. Los socialistas también han impedido su incorporación a la ley.

Estas cuestiones han vuelto a marcar buena parte del debate en el pleno que ha aprobado ley castellanomanchega, que se ha tramitado por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista. La defensa de norma la ha hecho el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha remarcado que hubo un “consenso inicial” con el PP y Vox para que no presentaran enmiendas a la totalidad, pero que posteriormente las propuestas de la oposición “no tienen nada que ver con el acercamiento que hubo”.   

Ha acusado al PP de intentar convertir esta norma en una “ley de demanda y de populismo fiscal” y de “contaminarla” con su propuesta de “bajada de impuestos a fondos buitre” y con “más burocracia y más trabas”.

“Ser propietario no es ser un criminal, ni ser inquilino nos convierte ocupas”, ha dicho Toconar, defendiendo que la nueva ley viene a “reafirmar” las políticas de vivienda del Gobierno de Page, con más de 600 millones de euros invertidos en 12 años, frente a los 8 millones de euros que destinó en cuatro años el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal.

Dicho esto, ha defendido los Planes de Regeneración Urbana (PRU), una de las novedades de la ley, para “ayudar a muchas familias teniendo en cuenta el metabolismo rural de la región” y que permitirá convertir suelo rústico en urbanizable “de forma regulada y manteniendo las tramas urbanas”, pero de forma rápida y con procedimientos que reducirán los plazos hasta la mitad.

Las derechas de la oposición han reiterado los argumentos que ya fijaron en la comisión que debatió y rechazo sus enmiendas y han votado 'no' a esta ley.

Francisco José Cobo, de Vox, ha vuelto a pasar de puntillas por sus propuestas para incorporar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda, y se ha limitado a acusar al Gobierno regional de “no haber hecho nada” en 12 años.

“La ley no resuelve nada tras años de inacción y sin avanzar y ahora vienen con prisas. Ustedes no hacen vivienda, hacen titulares y no cumplen con sus promesas. Ahora tienen que correr y esto es una tomadura de pelo, un agujero que luego rentabilizarán electoralmente, pero va a generar problemas, sobre todo en los ayuntamientos y solo es un parche más”, ha alertado.

En una línea similar se ha pronunciado Ignacio Redondo, del PP, quien ha negado primero que su propuesta de bajada de impuestos sea para 'fondos buitre'. Ha dicho que en su enmienda se refieren a empresas inmobiliarias, mediante un tipo reducido que, según ha dicho, ya aplicó el Gobierno de Page en 2022.

“La ley tiene errores que pueden durar años. Pedimos que la ley no se salte los límites de cesión de suelo. Al intentar ser ágil, al final habrá retrasos y dificultades. No estamos en contra de construir más, pero sí queremos fórmulas para justificar de verdad el incremento de la edificabilidad e informes municipales previos y vinculantes para esas ampliaciones”, ha argumentado.

El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha detallado las novedades de la norma, resaltando la posibilidad de destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida “incluidos inmuebles pertenecientes a otras administraciones”, aunque el planeamiento urbanístico vigente hubiera previsto inicialmente su utilización para equipamientos privados.

Según la ley, debe crearse un parque público de vivienda

La norma establece también la creación de un patrimonio público residencial que solo podrá destinarse a vivienda con algún tipo de protección. La regulación contempla, además, la creación por ley de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se establecerá en función de los ingresos de las personas destinatarias y que prestará una atención específica a la población joven.

En materia de promoción de vivienda protegida, se contempla la posibilidad de incrementar, en determinadas parcelas, hasta un 20% la edificabilidad, un 30% la densidad y hasta dos plantas la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. La aplicación de estos incrementos, según ha explicado el responsable de Fomento, estará condicionada a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.

La regulación incorpora igualmente los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), concebidos para intervenir en situaciones de infravivienda o zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos permitirán abordar actuaciones de regeneración en ámbitos urbanos que, por sus características actuales, presentan dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos habituales de planeamiento.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) recibirá hasta 8.197.200 euros para promover viviendas y alojamientos universitarios asequibles en el campus de Albacete, en el marco de un programa estatal impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La medida forma parte del Real Decreto 850/2026, de 21 de octubre, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la concesión directa de subvenciones para incrementar la oferta residencial destinada a la comunidad universitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026.

La iniciativa contempla ayudas para siete universidades y administraciones públicas españolas. En el caso de Castilla-La Mancha no incluye a la Universidad de Alcalá, que cuenta con campus en Guadalajara, una de las provincias, en particular la capital y el Corredor del Henares, más tensionadas en España en materia de vivienda.

Se trata, según el ministerio de responder a las dificultades de acceso a una vivienda que afrontan estudiantes y profesionales que necesitan desplazarse por motivos académicos.

La cuantía máxima prevista para la universidad castellanomanchega asciende a algo más de 8,19 millones de euros.

El real decreto no detalla el número de plazas que se crearán, ni tampoco los inmuebles concretos que se utilizarán o los precios que deberán pagar sus futuros residentes. Estos aspectos tendrán que quedar definidos en la correspondiente resolución de concesión.

Una respuesta al coste de la vivienda universitaria

El Gobierno de España justifica estas subvenciones por la necesidad de ampliar las alternativas residenciales asequibles en las ciudades universitarias y evitar que el coste del alojamiento condicione el acceso a la educación superior, la elección de estudios o la movilidad académica.

El real decreto recuerda que en el curso 2024-2025 había 1.827.272 estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias oficiales en España. Esta dimensión del sistema, unida a la distribución territorial de los centros y a la creciente internacionalización de la universidad, genera una demanda importante de alojamiento para quienes estudian, enseñan o investigan fuera de su lugar de residencia habitual.

La norma también recoge datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del Instituto Nacional de Estadística. Según esta fuente, el 7,6% de las personas de 16 o más años había buscado vivienda durante los doce meses anteriores sin llegar a cambiar de residencia. Entre ellas, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal obstáculo.

En este contexto, el Ejecutivo considera que disponer de una oferta específica de alojamiento universitario puede favorecer la igualdad de oportunidades y reducir la competencia por las viviendas disponibles en el mercado ordinario de alquiler. El texto precisa, sin embargo, que la demanda universitaria no es por sí sola la causa del incremento general de los precios, aunque su concentración puede intensificar la presión en municipios con una oferta residencial limitada.

Siete beneficiarios y más de 44 millones de euros

La subvención destinada a la UCLM se integra en un programa que alcanza un máximo conjunto de 44.999.999 euros para las siete entidades incluidas en el real decreto.

La Universidad Autónoma de Madrid encabeza la distribución, con una cuantía máxima de 13.365.000 euros. A continuación figura la UCLM, con 8.197.200 euros, seguida de la Universidad Pablo de Olavide, con 6.504.300 euros; la Universidad de Burgos, con 5.940.000 euros; la Universitat Jaume I de Castelló, con 4.455.000 euros; la Universidad de Jaén, con 3.564.000 euros; y el Ayuntamiento de Lleida, con 2.974.500 euros.

Las cantidades recogidas en el BOE constituyen los límites máximos de las subvenciones previstas para cada beneficiario. Su aplicación concreta queda vinculada a las correspondientes resoluciones administrativas y a las disponibilidades presupuestarias.

La elección de estas entidades responde, según el Gobierno, a la singularidad de los proyectos, vinculados a determinados terrenos, inmuebles o derechos cuya disponibilidad corresponde a los beneficiarios.

Esta circunstancia justifica que las ayudas se concedan directamente, en lugar de mediante una convocatoria abierta en régimen de concurrencia competitiva.

Construcción, rehabilitación y transformación de inmuebles

El programa permite financiar distintas actuaciones destinadas a ampliar la oferta disponible de alojamiento asequible en las ciudades universitarias. Entre ellas figuran la promoción y construcción de nuevos alojamientos, la rehabilitación de inmuebles existentes, su adquisición y la transformación de edificios para destinarlos a este uso.

Precisamente la medida coincide hoy con el debate, en las Cortes de Castilla-La Mancha de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha que, entre otras cosas, permitirá dedicar edificios como antiguos cuarteles o de otro tipo a vivienda con algún tipo de protección pública.

Las actuaciones concretas de la UCLM deberán quedar especificadas en la resolución de concesión, que también establecerá los plazos de ejecución y las condiciones aplicables al proyecto.

El real decreto fija un plazo máximo ordinario de seis años para desarrollar las actuaciones, con posibilidad de solicitar una prórroga de hasta tres años adicionales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Entre los gastos que pueden recibir financiación se incluyen los relacionados con el suelo, la urbanización, las obras de edificación, los proyectos técnicos, los informes preceptivos y el personal vinculado a la actuación. También pueden contemplarse otros costes necesarios para ejecutar el proyecto, siempre que estén debidamente acreditados y justificados.

La ayuda podrá compatibilizarse con otras subvenciones o fuentes de financiación públicas y privadas destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma de los recursos no supere el coste total de las actuaciones subvencionables.

Precios limitados y protección permanente

Uno de los aspectos centrales de la norma es que los alojamientos financiados deberán conservar de forma permanente su destino universitario y su carácter asequible. No podrán perder voluntariamente la protección exigida ni convertirse en viviendas destinadas a otros usos, evitando así la especulación de futuro.

Esta obligación se mantendrá aunque cambie la propiedad del inmueble, la entidad gestora o la titularidad de los derechos de uso. También deberá garantizarse cuando los alojamientos se levanten sobre terrenos cedidos o concesionados, de manera que la protección continúe después de extinguirse el título correspondiente.

La resolución de concesión tendrá que fijar el número mínimo de viviendas, alojamientos o plazas comprometidas, así como las condiciones de acceso y el régimen de precios máximos. Estos últimos serán aprobados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a partir de una propuesta justificada de la entidad beneficiaria.

El precio mensual deberá incluir el alojamiento y los servicios básicos necesarios para su utilización ordinaria, entre ellos electricidad, agua, conexión wifi y limpieza en los términos que determine la resolución. Podrán ofrecerse otros servicios adicionales, pero deberán ser voluntarios y no podrán condicionar el acceso o la permanencia de los residentes.

La fijación de los precios deberá tener en cuenta la finalidad social del proyecto, su viabilidad económica, las características de los alojamientos, la financiación pública recibida y los precios de referencia de opciones comparables en el territorio.

Tramitación y obligaciones de la universidad

El real decreto establece que las resoluciones de concesión deberán emitirse y notificarse durante 2026. Antes de recibir los fondos, las entidades beneficiarias deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, declarar que no están incursas en determinadas prohibiciones legales y demostrar que disponen de un título jurídico suficiente sobre los terrenos o inmuebles afectados.

El pago se realizará de forma anticipada y en un único abono, de acuerdo con las condiciones de la resolución. Posteriormente, las entidades deberán justificar la aplicación de los fondos mediante una memoria de actuación y otra económica, con documentación acreditativa de los gastos y del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El plazo para presentar la justificación será de tres meses desde la finalización de las actuaciones. Además, las entidades deberán mantener actualizado un registro de las viviendas y plazas financiadas y comprobar periódicamente que siguen destinadas al alojamiento universitario asequible y que se respetan los precios y las condiciones de acceso establecidos.

Si la universidad no cumple sus obligaciones deberá reintegrar total o parcialmente las ayudas percibidas, con intereses.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más pobre de España. Es un dato demoledor que ahora estrechamente ligado a la vivienda. Así lo desveló el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN): el coste de la vivienda es un “factor clave que agrava la pobreza”. Pero hay muchos más. La excesiva burocracia en la tramitación de las ayudas, las dificultades para acceder a un empleo, el racismo, la discriminación y la soledad no deseada son solo algunos.

De todos ellos han hablado hoy quienes sufren estas situaciones en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado las Cortes de Castilla-La Mancha, organizado junto a la Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).

Han tomado la palabra seis personas de los grupos de participación de esta entidad social. Son espacios formados por personas con experiencia propia en situaciones de pobreza o exclusión social, permitiéndoles ser protagonistas y participar de forma activa en el diseño, evaluación e incidencia de las políticas públicas.

Hoy, han alzado la voz para desgranar las propuestas que desde esta red se han elaborado y que han entregado previamente a los tres partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Vox) para que las incluyan en sus programas electorales.

María del Carmen Poveda Anguita ha sido la primera en subir a la tribuna parlamentaria y se ha dirigido directamente a los diputados y diputadas para pedirles que hablen de sus necesidades. “Las personas que vivimos la pobreza y la vulnerabilidad sabemos que hay tres principios fundamentales: igualdad, justicia y dignidad. Porque todas las personas tenemos derecho a las mismas oportunidades y a una vida digna, y porque detrás de los datos, hay personas con nombres y apellidos, tenemos sueños, ilusiones y ganas de salir adelante”.

Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social

María del Carmen Poveda

Ha pedido así a los grupos políticos que refuercen su compromiso en la lucha contra la pobreza, con medidas para que “nadie se quede atrás”, pero también que “se nos escuche, que haya espacios de diálogo cercanos, fluidos y permanentes”. “Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social”, ha resaltado.

Después ha tomado la palabra Oksana Kalashnikova, quien ha detallado algunas de las propuestas. Concretamente, ha pedido que se garanticen ayudas suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, con ayudas “ágiles” y sin “trabas burocráticas”, sobre todo en las dirigidas a garantizar suministros básicos como el agua y la luz, la alimentación y la vivienda.

También ha pedido que las ayudas se actualicen en función del coste de la vivienda para evitar que “las personas queden sin protección”, así como facilitar el acceso a los servicios sociales, simplificando trámites y mejorando la coordinación, especialmente para los jóvenes y las familias.

Junto a ello, ha defendido mejorar los procesos de acompañamiento a extranjeros, y los de homologación de estudios y formaciones profesionales, con un acompañamiento a extranjeros “efectivo” para el acceso al empleo y a los servicios públicos.

Durante su intervención, ha querido hacer también especial mención a la necesidad de mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, “evitando que la edad se convierta en una barrera para acceder a un trabajo”. Y en paralelo, ha pedido más becas para material y transporte escolar, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Los presupuestos deben priorizar especialmente la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales y la vivienda pública”, ha concluido.

“La información de las ayudas públicas debe ser clara”

Precisamente, sobre políticas de vivienda ha hablado María Isabel Sánchez Velasco, también integrante de los grupos de participación de EAPN. Entre sus propuestas, garantizar el acceso a una vivienda “digna y asequible”, aumentar parque público y social, y facilitar el alquiler asequible a personas vulnerables.

“Es importante que el coste del alquiler y de los suministros no sea una carga imposible de asumir, especialmente en las familias con menores, y también facilitar el acceso a vivienda de familias monoparentales, con medidas específicas en situación de violencia y vulnerabilidad”, ha subrayado.

Nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado

María Isabel Sánchez Velasco

Del mismo modo, ha reclamado que la información sobre las ayudas públicas para vivienda sea “clara y fácil de entender”, porque “nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado”.

A ello ha añadido que la falta de empadronamiento no sea “una barrera” para el acceso a las ayudas, con el objetivo de “garantizar la igualdad de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa”. De hecho, ha llamado a combatir el racismo y la discriminación, así como “proteger a las personas más vulnerables de los abusos, estafas y explotación” en el mercado del alquiler.  

Juan Vicente Bosca López ha sido el siguiente en tomar la palabra. Se ha centrado en las medidas destinadas al medio rural, con especial incidencia en las nuevas tecnologías: garantizar una buena conexión a internet, mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones para reducir brecha digital y el acceso gratuito a recursos digitales a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha reclamado mejoras en el transporte público en zonas rurales, aprovechar las rutas escolares para mejorar la movilidad rural, un sistema público para desplazamientos “compartidos” para quienes tienen dificultades en su movilidad de un lugar a otro, y unidades móviles con servicios especiales de acompañamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a medios administrativos

Seguidamente, Juan Casamayor ha centrado las peticiones en materia sanitaria. “No por sabido debemos dejar de recordar que la Sanidad en un derecho universal”, ha comenzado, para demandar después el refuerzo del sistema público para una “atención de calidad que contribuya a reducir la desigualdad”.

Concretamente, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el acceso a los servicios de salud mental, con una atención “accesible y cercana”, y también incorporar la atención psicológica en los servicios sociales, sobre todo para personas y familias en riesgo de exclusión en zonas rurales. Asimismo, ha propuesto crear apoyos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad con enfermedades limitantes y para familias monoparentales que necesitan ayuda para atender a sus hijos e hijas.

“Hay que formar al personal médico para una atención más humana y respetuosa, reducir listas de espera y agilizar los diagnósticos. También agilizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de incapacidad, sobre todo cuando hay enfermedades que limitan la capacidad de desarrollar una autónoma”, ha añadido, promulgando al final el lema “la sanidad pública no se vende, se defiende”.  

La ronda de los integrantes del grupo de EAPN lo ha cerrado Raúl López Onsurbe, quien ha concluido haciendo un llamamiento para que todos los partidos políticos se unan a “esta causa de medidas justas para erradicación de la pobreza, un desafío que hay que superar y que es una cuestión de justicia, de derechos y de dignidad”.

La pobreza, “no es solo cuestión de dinero”

Tras ellos han tomado la palabra Fiama, Gisela, Carlos y Sebas, cuatro jóvenes de YMCA-Toledo que han leído un manifiesto en el que, primero, han querido dejar claro que hablar de pobreza “no es solo hablar de dinero”, ya que también significa “no poder estudiar, no tener a quién pedir ayudas cuanto estás mal, sentirte solo, no tener un espacio donde estar.

Que ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo

“La pobreza también es crecer pensando que estudiar no es para ti, que un futuro diferente al de tu familia no es para ti, que tus problemas no importan”, han remarcado, pidiendo que Castilla-La Mancha hago todo posible que “ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo”.

Ante todo, han recalcado que la juventud que se ha quedado fuera del sistema educativo necesita una segunda oportunidad, pero esto no significa decirles a los jóvenes “vuelve a estudiar”, sino que debe haber un acompañamiento.

Para ello, han reclamado más escuelas de segunda oportunidad, un refuerzo de la orientación educativa “para ayudar a encontrar un camino” y que se reduzcan las barreras económicas para estudiar, como los precios del transporte, del material escolar y los dispositivos digitales. “Tener ganas de cambiar tu vida y no encontrar una oportunidad es una forma de exclusión”.

Finalmente, han pedido mejores políticas de conciliación para que los adolescentes no se queden solos porque sus padres y madres están trabajando, una “soledad no deseada” en la que han hecho especial hincapié, junto con la petición de un mejor acceso a la salud mental. “La pobreza no puede ser nuestra herencia, nuestro futuro tiene que ser una oportunidad”, han concluido.

“Mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos”

Durante el acto, también han intervenido el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; el director general de Acción Social, Santi Vera; y la presidenta de EAPN-CLM, Mar González quien ha pedido “una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente”, al recordar que “tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza”, o que afecta más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación “nos demuestran cada día que de la pobreza ”no estamos libres ninguno“.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo -y escuchando a las presonas vulnerables- para combatir la exclusión social y ha animado a “odiar la pobreza, pero no a los pobres”, evitando los discursos del odio que “criminalizan a las personas vulnerables”.

“En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla”, ha afirmado.

El pleno institucional lo cerraba el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera. “Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás”, comentaba desde la tribuna de Parlamento regional. “Tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto”, zanjaba.

Ya es oficial. Castilla-La Mancha se sumará a la huelga que el próximo 11 de noviembre está convocada en todo el país por la crisis de la vivienda.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han formalizado este llamamiento, pidiendo la movilización y augurando éxito de convocatoria de la clase trabajadora en lo que será “un día sin precedentes” en el conjunto del país y en la comunidad autónoma.

“Va a haber paros masivos en los centros de trabajo y también va a haber una movilización social que pasará a formar parte de la historia del movimiento social”.

Han sido las secretarias de Organización de UGT y CCOO Castilla-La Mancha, Silvia López y María José Mesas, quienes han presentado esta convocatoria en el registro de la Delegación del Gobierno en la capital castellanomanchega este martes.

López ha apelado a que se garanticen los servicios mínimos y no sean “abusivos”, rechazando que sea una huelga política, tal y como ha afirmado este lunes el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y centrando los “motivos” en “los salarios, los precios y la vivienda”.

La representante de CCOO ha justificado que desde el año 2020 hasta ahora se han registrado por parte de CCOO y UGT “más de 913 conflictos colectivos”, todos ellos principalmente centrados en cuestiones salariales, de los cuales, “más de 190 han terminado en huelga general”.

Ha lamentado que “el precio de los alquileres” es “el mayor factor de empobrecimiento de jóvenes y familias trabajadoras” y ve “imposible” que a través de la negociación colectiva, los salarios que se están pactando “sean capaces de garantizar el poder adquisitivo”.

Es por ello que ha reclamado “un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, donde se establezca unos mínimos de subidas salariales en los convenios, desde un 4% hasta un 7% para aquellos salarios marcados por el Salario Mínimo Interprofesional y para aquellos sectores donde están más precarizados”.

“Huelga laboral y social”

De su lado, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, lo ha definido como una “huelga laboral y social”, y que aunque ha venido ligada a las acampadas por toda España, los sindicatos ya venían reclamando.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee el sexto acuerdo para el empleo de la negociación colectiva para subsanar “el gran desequilibrio que existe entre salarios y precios de vivienda”, que afecta también a la región, con “zonas tensionadas en Toledo y en Guadalajara”, donde los precios están desorbitados y no hay suficiente vivienda por la cercanía a Madrid.

“Las familias tienen que elegir entre pagar su casa o llenar la cesta de la compra de productos de primera necesidad”, ha aseverado la representante de UGT.

Esta huelga debe servir también “para mejorar la salud de las personas trabajadoras” con la aprobación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, cuyo proyecto “ya tenía que haber pasado al Congreso de los Diputados”.

“Lo que reivindicamos siempre es que se cumpla la normativa, que se actualice. Es muy importante que se tengan en cuenta los nuevos riesgos y que sea una ley del siglo XXI. Pedimos más medios para la inspección de trabajo que no llegan. Nuestra comunidad es muy extensa y se necesitan más recursos”, ha asegurado.

Asimismo, reivindica UGT la figura del delegado o delegada territorial de prevención porque, la realidad de las empresas de Castilla-La Mancha es que “la mayoría son pequeñas y en muchas es donde se necesita”, puesto que “no hay representación sindical”.