“Un bote, dos botes, rentista el que no bote”, han coreado esta tarde algo más de medio centenar de personas en el Casco Histórico de Toledo, rechazando que se esté haciendo “negocio” con las viviendas.

En una convocatoria “urgente” la Unión Popular de Inquilinos de Toledo había citado a la ciudadanía en la plaza del Ayuntamiento como medida de protesta contra el desahucio de Maricarmen, de 87 años, a cargo de un fondo de inversión, en Madrid esta mañana.

“Maricarmen, no estás sola”, “jefes y caseros, todos al basurero” o “qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, han seguido cantando durante una concentración en la que han reclamado que no haya “ninguna Maricarmen más” y en la que tampoco se ha librado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez: “Ministra rentista, estás en nuestra lista”.

Coincidiendo con las protestas en varios puntos de España, el Gobierno ha optado por acelerar el decreto de vivienda, forzado por el impacto del desahucio de Maricarmen.

También han pedido a la ciudadanía que “despierte” porque el desahucio puede llegar “a la puerta” de cualquier persona.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto. “Tenemos que pararlo de alguna manera y la mejor forma es la organización”, ha dicho Natalia Cortés, la portavoz, que ha invitado a la ciudadanía a sumarse al colectivo o a dar apoyo a través de las redes sociales, de cara a “trabajar por una ciudad para todos y todas”.

Comprarse una vivienda en España se ha convertido en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar, y entre los jóvenes esa problemática se agudiza especialmente. Según datos del Banco de España, en 2002 dos de cada tres personas menores de 35 años eran propietarias de su vivienda; dos décadas después, en 2024, esa proporción se había hundido hasta el 36%, prácticamente la mitad.

Son datos nacionales, ya que Castilla-La Mancha no cuenta con estadísticas propias de propiedad juvenil desagregadas. El indicador más cercano disponible para la región es la tasa de emancipación: solo 1 de cada 9 jóvenes de Castilla-La Mancha vive fuera del hogar familiar, según el informe Futuro eclipsado, presentado este verano por CCOO CLM. La cifra es inferior a la media nacional, que el Consejo de la Juventud de España sitúa entre el 14,5% y el 15,2% según el semestre.

A esa dificultad para emanciparse contribuye en buena medida el precio de la vivienda: ninguna de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, ni sus capitales, ha recuperado todavía el precio máximo que alcanzó durante la burbuja inmobiliaria (2007-2010), pero todas están subiendo con fuerza en los últimos años.

Según datos de Idealista, el precio medio por metro cuadrado más alto de las capitales de provincia castellanomanchegas está en Guadalajara (2.144 €/m2), seguida de Toledo (2.078 €/m2) y Albacete (1.898 €/m2). En cuarta posición queda Ciudad Real (1.733€/m2), capital en la que, no obstante, ha sido donde más ha subido el precio del metro cuadrado de un año para otro: un alza del 21,8%. Por su parte, en la ciudad de Cuenca es donde se encuentran tanto el metro cuadrado más barato (1.648 euros) como el incremento más reducido (del 2,4%).

Sin embargo, a pesar de todo lo indicado anteriormente, hay jóvenes que sí, que lo consiguen. Hemos hablado con cuatro treintañeros de Castilla-La Mancha que, contra la tendencia general, sí han conseguido comprarse su primera vivienda. Nos cuentan cómo han logrado acceder a un bien cada vez más difícil y cuál es su visión del mercado inmobiliario después de su experiencia.

En casa de sus padres para ahorrar

Cristina fue la primera de nuestras protagonistas en tener las llaves de su vivienda en la mano. También la más joven (ahora tiene 29 años). Fue el año pasado cuando ella y su pareja (24) se hipotecaron por un piso de segunda mano en la localidad toledana de Mora, el municipio donde ambos llevan residiendo toda su vida.

Esta responsable de prevención de riesgos laborales empezó a trabajar hace 5 años mientras que su pareja es transportista actualmente y tiene empleo desde los 16.

Nunca habían vivido juntos hasta que se compraron su casa. “El hecho de vivir con mis padres me ha permitido ahorrar. Si no, es imposible ir haciendo ese colchoncito”, cuenta, y eso a pesar de que no tuvieron que aportar la entrada para acceder a la hipoteca, ya que se beneficiaron del aval ICO del Gobierno de España que permite que el préstamo concedido por la entidad bancaria sea del 100%. Cuenta que, para conseguir ese aval, se tuvo que poner “muy pesada y muy insistente”, porque las entidades bancarias la ponían trabas para acceder a esta ayuda pública.

Una vez superado el escollo de la entrada, la pareja pudo destinar el dinero ahorrado al pago otros gastos, como los impuestos y una reforma.

Aparte del aval del ICO, Cristina y su pareja se beneficiaron de la deducción para jóvenes en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que actualmente el Gobierno de Castilla-La Mancha ha fijado en un 3% para menores de 36 años.

Entre que te incorporas tarde al mercado laboral, que los salarios no son acordes a los costes de la vida y que no hay vivienda —y la poca que hay, carísima—, es muy difícil afrontar la compra

Para Cristina, la principal dificultad para que un joven acceda a una vivienda es la desinformación: “Hay muchas ayudas, pero no las conocemos, o tienes que estar peleándote con todo el mundo para que te las apliquen”. A eso se suma el precio de la vivienda, “imposible de asumir”: “En nuestro caso sí es cierto que llevábamos tiempo trabajando, teníamos un colchoncito que nos daba mayor seguridad, pero hoy en día, entre que te incorporas tarde al mercado laboral, que los salarios no son acordes a los costes de la vida y que no hay vivienda —y la poca que hay, carísima—, es muy difícil afrontar la compra”.

Cristina concluye hablando de la “suerte” que ha tenido por poder comprarse una casa el año pasado, porque “de un año a otro, la cosa ha cambiado a mal muchísimo”.

La dificultad de conseguir una hipoteca

También en un pueblo de Toledo, pero en esta ocasión más cercano a la ciudad, se han comprado Elena (31 años, Project Manager en una agencia de comunicación) y Álvaro (31 años, enfermero).

Ellos firmaron el año pasado la compra de un chalet pareado en Burguillos. Es de obra nueva porque no querían meterse en reformas, y esperan que se lo entreguen el año que viene.

Como además tienen perro, la opción de tener patio se convirtió en una necesidad, por lo que tuvieron que irse a la periferia de Toledo para encontrar algo con esas características que fuera más asequible.

Comenzaron su proceso de compra hace tres años. “Estuvimos mirando pisos y promociones nuevas como la nuestra. Pero no teníamos todavía los ahorros suficientes. Además, nos daba un poco de pánico lanzarnos a comprar una casa. Entonces lo paramos como un año y pico, y luego ya nos pusimos otra vez a buscar en serio. Y como ya habíamos estado mirando previamente qué cosas queríamos y qué cosas no, fuimos directamente a una constructora con la que ya habíamos contactado con ellos hace tres años”, explica Elena.

Consideran que su situación previa a la hora de afrontar la compra de una vivienda “era bastante buena”, ya que Elena trabaja desde los 19 años en trabajos esporádicos y desde los 25 de forma estable. Por su parte, Álvaro, según acabó la carrera, ya tenía trabajo “en cualquier lado”, e incluso doblando en varios servicios.

Vivieron durante cinco años de alquiler, pero, en el momento en el que firmaron la compra de su casa, se mudaron a la vivienda que un familiar tenía vacía para poder seguir ahorrando. “Al ser obra nueva, cuando nos la entreguen tenemos que hacer la cocina, poner todos los muebles, arreglar la zona exterior…”, señala Elena.

Tras un proceso de compra largo, pero no especialmente complicado, sí señalan como “más tediosa” la fase de acudir a los bancos para pedir la hipoteca. “Teníamos la sensación de que intentaban estafarnos o, al menos, que no se implicaban para ofrecernos un interés lo más bajo posible”, recuerda ella. No fue hasta que un amigo les puso en contacto con la directora de una sucursal que sí que estuvo “muy pendiente de nosotros, explicándonos las cosas y estudiando las mejores opciones”.

El proceso lo estoy viviendo con ilusión, pero también me está pareciendo muy tedioso, con mucho papeleo, mucha burocracia, muchos plazos que se acaban alargando y mucha desconfianza, porque no sabes si realmente te están ofreciendo la mejor opción o si, por el contrario, te están intentando estafar

“El proceso lo estoy viviendo con ilusión, pero también me está pareciendo muy tedioso, con mucho papeleo, mucha burocracia, muchos plazos que se acaban alargando y mucha desconfianza, porque no sabes si realmente te están ofreciendo la mejor opción o si, por el contrario, te están intentando estafar”, resume Elena.

“Creo que hoy en día es muy difícil comprarse una casa siendo joven. En nuestro caso somos dos personas con trabajos estables, pero si eres una sola persona, o tienes ayuda de tus padres o, sinceramente, me parece casi imposible. Además, el proceso me parece muy excluyente, ya que hoy en día es muy complicado encontrar un trabajo bien remunerado que te permita ahorrar lo suficiente como para dar la entrada de una vivienda. Y, cuando por fin consigues reunir ese dinero, los precios están marcados por el poder adquisitivo de personas de mayor edad, que llevan más de 20 años trabajando y que pueden permitirse comprar viviendas a precios más elevados o incluso adquirirlas como inversión. Al final, todo esto deja a muchos jóvenes sin oportunidades reales de acceder a su primera vivienda”, reflexiona Elena.

De Toledo a Madrid

A pesar de ser toledana, tanto Irene (30 años) como su pareja, Germán (31), trabajan en Madrid, por lo que cuando hace medio año iniciaron el proceso de búsqueda de una vivienda en propiedad, ambos tenían claro que querían residir en dicha ciudad, a pesar de los precios.

Ella es bióloga y trabaja como profesora en un instituto de Madrid, con plaza en propiedad, mientras que él es ingeniero y se dedica a la logística aeroportuaria. Como vivienda han optado por un piso de segunda mano en el barrio de Usera, en el sur de la ciudad.

“En nuestro caso la obra nueva nunca la planteamos como opción, porque lo que estaba en construcción en Madrid en la zona en la que nosotros queríamos comprar estaban totalmente fuera de nuestro presupuesto: 600.000, 700.000, 800.000 euros”.

También tenían claro que tenía que ser un piso exterior, con ascensor y no demasiado pequeño, por lo que, por presupuesto, tuvieron que renunciar a “su ideal” de que estuviera ubicado dentro de la M30 y así llegaron hasta Usera, en un proceso de compra que duró dos meses desde que tomaron la decisión hasta que firmaron las escrituras.

Del proceso de compra, Irene destaca que, con los vendedores “todo fue muy buen”. No obstante, critica la comisión que les cobró la inmobiliaria, de un 4%. “Una burrada”, critica.

Con los bancos reconoce que al principio las condiciones que les ofrecían eran “muy malas”, con intereses cercanos al 3%. No obstante, a base de pedir ofertas en otros bancos y, sobre todo, el hecho de que ella es funcionaria, mejoraron las condiciones. “Nos dejaron bastante claro que era porque yo era funcionaria. A pesar de ser una pareja con ingresos medio-altos, lo que fue muy determinante era que yo tenía una plaza como funcionaria”.

Gracias a ser funcionaria, el banco les ofreció acceder a la hipoteca aportando una entrada del 10%, por debajo del estándar, que suele ser el 20%. A pesar de ello, el 10% de un piso en el barrio de Usera es una cantidad bastante elevada incluso a pesar de contar con una situación económica por encima de la media. Por eso, esta pareja ha estado dos años viviendo en una casa familiar, ahorrándose durante ese tiempo un alquiler que sí habían tenido que afrontar los años anteriores para vivir juntos. Aun así, para reunir ese 10% de dinero necesario para la entrada, ambos fueron ayudados económicamente por sus respectivos padres.

“Para mí el proceso no ha sido tan traumático como sí nos comentan algunos de nuestros amigos. Nosotros teníamos claro qué queríamos, qué no, y cuál era el máximo que nos podíamos permitir”, resume Irene. Ella aconseja ser “muy realista” durante todo el proceso de búsqueda y a que, una vez que se encuentra algo que “realmente encaje”, no se deje ir.

“¿Qué cambiaría, bajo mi experiencia, para hacer más fácil el proceso de comprarse una casa? Creo que ahora mismo es muy raro que alguien se pueda comprar una vivienda solo, lo veo muy complicado, al menos dentro de la Comunidad de Madrid. Y en pareja, sin ayudas económicas, no conozco ningún caso. En mi círculo, de los que se han hipotecado en Madrid, ninguno lo ha hecho sin ayuda de sus padres. Y estamos hablando de gente con estudios superiores, perfiles cualificados, lo que generalmente diríamos que es un buen trabajo y una buena posición económica. Y no tienen acceso sin ayuda”, denuncia Irene.

Con el mercado de la vivienda actual, ya no de compra, sino de alquiler, es complicado reunir esa entrada, porque la capacidad de ahorro, que es la antesala de la compra de una vivienda, está muy mermada

“Con el mercado de la vivienda actual, ya no de compra, sino de alquiler, es complicado reunir esa entrada, porque la capacidad de ahorro, que es la antesala de la compra de una vivienda, está muy mermada”, concluye.

Compra en solitario

Si bien hasta ahora todas las jóvenes propietarias que han aparecido en este reportaje han afrontado la compra en pareja, también los hay que acceden a su casa de forma individual. Gonzalo es ejemplo de ello.

Este profesor toledano de 31 años (actualmente funcionario, pero aún era interino en el momento de la compra) adquirió un adosado de obra nueva (todavía en construcción) en Argés, una localidad ubicada a unos kilómetros al sur de Toledo. Su caso es similar al de Elena: a pesar de residir toda su vida en la capital castellanomanchega, tenía claro que quería una casa de obra nueva y, debido a los precios, eso era imposible de conseguir en la ciudad.

Llevaba un año compartiendo piso con un amigo. Y en ese momento me di cuenta de que no podía tener ahorros que me permitieran, en un plazo de tiempo corto o medio, poder meterme en una hipoteca. De manera que volví a casa de mis padres para poder ahorrar

“Cuando tomé la decisión de comprarme una casa, llevaba un año compartiendo piso con un amigo. Y en ese momento me di cuenta de que no podía tener ahorros que me permitieran, en un plazo de tiempo corto o medio, poder meterme en una hipoteca. De manera que volví a casa de mis padres para poder ahorrar. Y en cuestión de un año me pude meter ya a la hipoteca, a pagar una entrada”.

Por tanto, él asegura que lo que me ha permitido acceder a una vivienda, poder poner la entrada, “ha sido volver a casa de mis padres”, los cuales también cuenta que le han ayudado económicamente con un aporte para la entrada.

Gonzalo reconoce que gracias a no tener pareja, pudo dejar el alquiler en el que estaba para volver a casa de sus padres y ahorrar para la entrada. “Pero otras personas que sí que viven en pareja y quieren vivir juntos en un piso, tienen complicado poder ahorrar para hacer un colchón de cara a meterse en una entrada”.

Del proceso de compra, destaca que, a pesar de lo complicado que resulta acceder hoy en día a una vivienda, él se quedó sin la primera opción que había mirado por pensarlo durante una semana. Un proceso que considera que es “excluyente”, y no solo para jóvenes.

“Cada vez gente de mayor edad, incluso 40 años, continúan viviendo en casa de sus padres porque no tienen la posibilidad de ahorrar lo suficiente. Al final los sueldos son más bajos, la vida más cara, y a no ser que estés en casa de tus padres sin pagar muchas de las cosas de los gastos diarios, es imposible tirar un colchón para meterte en una entrada. La pescadilla que se muerde a la cola, ¿no?”.

Ya ha pasado su primer trámite parlamentario la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda y la simplificación urbanística, cuyo contenido ya ha avanzado este periódico. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado su toma en consideración con los votos a favor de los socialistas y la abstención de PP y Vox.

Ahora pasará el trámite de enmiendas en comisión y después volverá de nuevo al pleno, donde, si se aprueba, quedará ya promulgada, al estar tramitada por la vía de urgencia.

Este primer filtro parlamentario ha servido para que los grupos políticos de las Cortes fijen sus posiciones. Tanto el Gobierno regional como el PSOE han recibido duros reproches del PP y Vox, los dos partidos de la oposición, centrados principalmente en el carácter “urgente” de la norma tras tres legislaturas socialistas; y en la figura de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU). Este último es uno de los instrumentos que contempla la ley para la movilización de suelo destinado a viviendas públicas o con algún tipo de protección.

El primero en intervenir ha sido el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha comenzado defendiendo que “se ha venido trabajando mucho tiempo” en esta nueva norma de la mano de los sectores sociales y de la construcción. “No es una estrategia aislada, sino parte de una hoja de ruta”, ha afirmado, tras haberse “superado”, ha dicho, las expectativas del denominado ‘Plan 10.000’ (la construcción de viviendas a precio asequible que el Gobierno ha promovido en colaboración con empresas constructoras).  

Según ha destacado, ahora esta ley busca poner más viviendas asequibles en el mercado, porque la solución a este problema no viene “solo de las ayudas”, sino que debe haber “más oferta”. Esto se debe, ha dicho, a dos fallos en el mercado: la ausencia de suelo y los costes construcción.

Por eso ha destacado los cuatro pilares de la proposición de ley: poner a disposición del mercado, de la ciudadanía y de las instituciones suelo para vivienda asequible con algún tipo de protección pública; conceder facilidades a las empresas del sector mediante medidas urbanísticas para que “vean rentabilidad” en construir vivienda pública; “vanguardismo urbanístico” mediante nuevas figuras (como los mencionados PRU) que permitan dar “saltos de calidad para grandes soluciones”; y “metabolismo propio, poniendo en la diana a las zonas rurales”.

Para todo ello ha apelado principalmente al voto del PP como “partido moderado”. Básicamente, se ha centrado en medidas como la recalificación de suelo dotacional privado o de uso terciario, que permitirá, por ejemplo, que oficinas o comercios puedan solicitar licencias para edificar vivienda protegida sin solicitar cambios de planeamiento urbanístico, o que se puedan destinar inmuebles de la Administración pública a la vivienda asequible.

El diputado socialista ha referido que los trámites urbanísticos son los que retrasan este tipo de iniciativas, motivo por el que ha defendido los PRU para zonas con infravivienda o con degradación por usos industriales, entre otras condiciones.

“Esta ley no le encasqueta el problema a otras administraciones. El Gobierno regional quiere liderar la ley, da a los ayuntamientos la oportunidad de participar en esos planes”, ha recalcado, junto con otras medidas como el aumento de la edificabilidad hasta 30 por ciento sin necesidad de cambiar el planeamiento municipal o la posibilidad de que las corporaciones locales puedan enajenar suelo público incluso al 50% de su precio de mercado siempre y cuando se destinen a vivienda protegida.

La oposición, contra los Planes de Rehabilitación Urbana

No obstante, estos argumentos han chocado de lleno con la oposición. Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo se ha mostrado en todo momento contrario a la simplificación administrativa al considerar que eso significa “saltarse el planeamiento urbanístico” y “debilitar la autonomía de los ayuntamientos”.

Ha dicho compartir los objetivos de la nueva ley, pero ha afeado al Gobierno que se “haya acordado” de este problema al final de la legislatura y ahora quiera solucionarlo mediante una norma “con muchas taras”. Ha reconocido que “hace falta suelo” y procedimientos administrativos “más ágiles” pero las medidas propuestas introducen “excepciones y reglas” que hacen el sistema “más complejo y menos previsible”.  

Respecto a las modificaciones de la LOTAU que incorpora la propuesta, el diputado de extrema derecha se ha preguntado si es “realmente necesario” un nuevo planeamiento urbanístico (en referencia a los PRU) cuando ya hay instrumentos existentes a nivel local como los planes especiales y de mejora (los PERIM).

En su opinión, crear nuevas figuras supone “escollos” para los ayuntamientos. “Se invierte el proceso. Primero se aprueba una herramienta municipal y después se obliga al ayuntamiento a adaptarse y eso puede generar situaciones muy difíciles para constructores y arquitectos, además de incompatibilidades con los Planes de Ordenación Municipal (POM). Se traslada a los servicios municipales la responsabilidad de interpretar las contradicciones de legislador”.

Ha dicho no negar la competencia autonómica en materia de vivienda y de ordenación territorial, pero “siempre respetando” la autonomía local del municipio, porque son los ayuntamientos quienes “conocen realmente sus necesidades”. “Esto no es simplificación, esto genera incertidumbre, a costa de vaciar de contenido el planeamiento urbanístico municipal y de reducir la autonomía local”, ha concluido.

Similares argumentos ha utilizado el diputado del PP Ignacio Redondo. Ha reprochado igualmente a la Junta de Castilla-La Mancha que lleve 12 años sin resolver el problema de acceso a la vivienda y ahora tramite de forma “urgente” la nueva ley. Y aunque ha reconocido como medidas positivas la recalificación de suelos y el aumento de porcentajes en la edificabilidad, ha preguntado varias veces por qué el Gobierno regional “no lo hizo antes”.

Dicho esto, ha afirmado que la LOTAU no puede ser “un cuaderno de tachones del PSOE” y que simplificar los trámites “no significa seguir acumulando excepciones”, porque “resta seguridad jurídica, sobre todo a los ayuntamientos”.  

En este punto, ha apoyado que haya más suelo para vivienda, pero ha mezclado esta cuestión con el régimen fiscal, pidiendo rebajas para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o para el de Actos Jurídicos Documentados. En general, ha pedido una política fiscal en vivienda “mucho más amplia”.

El diputado del PP ha concluido pidiendo que los ayuntamientos “tengan una voz real” para decidir sobre los instrumentos que contempla la nueva ley, refiriéndose también al hecho de que muchos de ellos no disponen de técnicos y arquitectos municipales o los tienen “compartidos”. Por eso ha pedido a la Junta que se comprometa a ayudar a las administraciones.

Ha concluido el debate el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien primero ha querido poner sobre la mesa que Castilla-La Mancha “siempre ha estado a la vanguardia” en materia de vivienda, con “propuestas innovadoras” y “buscando dinero debajo de las piedras”.

En este sentido, ha destacado que es la única comunidad autónoma que destina políticas de vivienda uno de cada cuatro euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Y precisamente, ha avanzado que hay 68 millones de euros de esas partidas “preparados”: 18 millones para el edificio administrativo de Ciudad Real que se destinará a uso residencial y 50 millones para ser la “primera comunidad” que pone en marcha el Sistema de Interés Económico General (SIEG) de la Unión Europea para viviendas en alquiler asequible.

El consejero ha querido igualmente defender la figura del PRU, al que ha denominado “primo hermano residencial” de la fórmula de los PSI (Planes de Singular Interés) que ya se utilizan para proyectos industriales.

Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante

Y junto con ello, ha defendido todos los cambios de la LOTAU: “Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante. De no ser así, no habrían sido posibles proyectos como el Puy do Fou. Lo ordinario es para lo ordinario y lo extraordinario para lo extraordinario”, ha recalcado.  

De hecho, ha dicho que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía “están viendo cómo copiar” el planteamiento de los PRU para sus barrios y ciudades. Y al mismo tiempo, ha garantizado que el desarrollo de esta herramienta se va a hacer “de la mano” de los ayuntamientos. “Serán singulares de cada ciudad y nosotros vamos a ser parte de la solución”.

Finalmente, Nacho Hernando ha defendido que será una ley “útil, beneficiosa y dará ejemplo a toda España”, al tiempo que ha mostrado su disponibilidad y voluntad para estudiar las aportaciones que quieran hacer los dos partidos de la oposición durante el trámite de enmiendas que seguirá a la toma en consideración de hoy.

Que Castilla-La Mancha tuviera una Ley de Vivienda propia fue una de las promesas que Emiliano García-Page realizó en su primer debate de investidura, en 2015. En esa legislatura gobernó con Podemos y llegó a redactarse una normativa que finalmente no salió adelante. Lleva desde entonces en un cajón. En la última década, todas las medidas sobre vivienda del Gobierno regional se han realizado vía decretos, ayudas y planes.

El pasado mes de mayo, el propio Page presentó, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, una 'Agenda de Acción por la Vivienda' con horizonte 2030. Se trata de un conglomerado de medidas, algunas ya puestas en marcha y otras todavía pendientes, entre las que se incluían varias modificaciones regulatorias de la comunidad autónoma.

Y ahora, en el tramo final de la legislatura, que culmina en la primavera de 2027, el Gobierno ha decidido unificar parte de todos esos cambios en una única norma. La iniciativa parte del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha elevado al pleno de este jueves, día 17 de septiembre, una proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha. Se tramitará por la vía de urgencia, es decir, acortando plazos. Su aprobación está prevista para noviembre.

Esta misma semana, Page ya ha dejado caer algunas iniciativas concretas que se derivarán de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, ha anunciado que parte del antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se destinará a viviendas, aunque no aportó más detalles al respecto.

Una situación idéntica es la que tiene el edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo, hoy en desuso, y sobre el que no hay una decisión definida en cuanto a su utilidad en el futuro. Ayer, Movimiento Sumar Toledo planteó que se estudie la viabilidad de dedicar parte del antiguo centro hospitalario a “vivienda pública y asequible”, avanzaba su portavoz José Luis Resuela, aprovechando precisamente el anuncio realizado por el presidente regional sobre el viejo edificio del hospital conquense.

Hoy, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez, que ha reconocido en varias declaraciones públicas que hace falta vivienda en la ciudad, también ha verbalizado esta posibilidad, pero advierte: antes la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deben clarificar la propiedad de este edificio. El Gobierno de España ya respondió a varios senadores del PP por Toledo el pasado mes de junio: el trámite está en marcha.

Reconversión de edificios públicos en viviendas

Es una cuestión que está en el espíritu de la nueva norma: una de sus principales novedades es que permitirá al Ejecutivo autonómico la reconversión de los edificios públicos para que se puedan ser “preferentemente” en viviendas. El presidente también avanzó que con la nueva norma se generarán alrededor de un millar de viviendas más con protección pública.

Pero, ¿cuáles son las líneas generales de la nueva normativa? Según el texto consultado por este periódico, en líneas generales, articula un marco integral estructurado en dos grandes bloques normativos, más un conjunto de reformas reglamentarias. Por un lado, las medidas en materia de vivienda, y por otro, las referidas a suelo y urbanismo, aunque en muchos casos, ambos bloques son transversales.

Respecto al primer eje, el Gobierno de Page va a modificar la Ley autonómica que regula las modalidades de viviendas de protección pública, y que data de hace 25 años. La principal novedad es que va a facultar a la Administración autonómica y a los ayuntamientos para constituir parques públicos de vivienda destinados al acceso de jóvenes y colectivos vulnerables.

Este punto se realizará mediante dos modalidades: vivienda dotacional pública (la desarrollada sobre terrenos o equipamientos públicos) y vivienda social para colectivos en riesgo de exclusión. Esta última estará vinculada a itinerarios de inserción diseñados por los servicios sociales.

Dentro de este primer bloque, la nueva ley ordenará el patrimonio público y residencial del Gobierno regional para que sea “separado, finalista y circular”. El objetivo es que se integre en el patrimonio público de suelo.

Esto quiere decir que sus fondos se destinarán exclusivamente a la adquisición de suelo residencial, promoción de Vivienda Pública Ofical (VPO), rehabilitación del parque público y actuaciones de renovación en el medio rural o zonas despobladas. Se financiará mediante consignaciones presupuestarias, ingresos patrimoniales, multas, donaciones y el 80% de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Al permitir que edificios de uso público se destinen a viviendas, la nueva ley no olvida regular los “desahucios administrativos”: rescisión de contratos de alquiler de esos inmuebles por falta de pago, no destino a vivienda habitual, subarriendo, obras no autorizadas o actividades molestas. Esta medida incluirá el procedimiento de desahucio y recuperación de oficio, aunque requiere autorización judicial para la entrada al domicilio.

Parque social y protección permanente mínima para 50 años

En cuanto a la gestión del parque social de la Junta de Castilla-La Mancha, la nueva norma establece que se formalizará mediante contratos administrativos (arrendamiento, cesión de uso o precario por razones sociales). Se habilita asimismo a la Consejería de Fomento a conceder moratorias individualizadas en el pago del alquiler por “motivos sociales debidamente justificados”.

La nueva norma también incluye el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Es una plataforma que en realidad ya existe en la región. Ahora el Gobierno reestructurarlo como registro administrativo regional para asegurar la gestión, control, publicidad y concurrencia transparente en las adjudicaciones.

Otra novedad que las viviendas protegidas, ya sea venta o en alquiler, y que están financiadas con fondos europeos o por el Plan Estatal de Vivienda, pasarán a tener un régimen de protección de carácter permanente, con una duración mínima del régimen de alquiler de 50 años desde su calificación definitiva,

El segundo bloque de nueva norma, el referido a las medidas en materia de suelo y urbanismo supone la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

Su principal medida se centra en los Planes de Rehabilitación Urbana. Será una nueva figura de planeamiento para intervenir en ámbitos urbanos residenciales con infravivienda o degradación industrial o ambiental. El texto permitirá, en planes especiales, reclasificar suelo rústico a urbanizable en municipios con necesidades acreditadas de vivienda en zonas escasamente pobladas, siempre que la trama urbana consolidada no pueda absorber la demanda. En estos supuestos, los plazos de tramitación y de aprobación de los Planes de Actuación Urbanística (PAU) se reducirán a la mitad y se eliminará la necesidad de consulta previa.

Además, en parcelas urbanas o urbanizables con uso terciario o dotacional privado, se autorizará la implantación de vivienda protegida con eficacia inmediata y sin necesidad de modificar el planeamiento. Se otorgará un plazo de cinco años para solicitar licencia y tres años para finalizar obras, corriendo los costes de infraestructuras exteriores a cargo del promotor.

Otra cuestión muy relevante en este bloque es que en parcelas destinadas a vivienda protegida en suelo urbano, se permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad máxima y hasta un 30% la densidad residencial, pudiendo autorizarse un aumento de altura de hasta dos plantas sobre lo permitido por el planeamiento.

También se habilitará un procedimiento excepcional para transformar parcelas e inmuebles del sector público regional en vivienda protegida o dotacional, prevaleciendo sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento municipal.

Infraestructuras de “interés” para ejecuciones residenciales

Más novedades: las infraestructuras de energía necesarias para posibilitar ejecuciones residenciales protegidas podrán ser declaradas de “interés público autonómico” por el Consejo de Gobierno, lo que conllevará la tramitación de urgencia a “efectos expropiatorios”. De igual forma, la Consejería de Fomento articulará ayudas “en especie” (redacción técnica de planes generales o revisiones) dirigidas a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Finalmente, otras precisiones de la futura ley en la parte referente a suelo y urbanismo refieren que las parcelas para vivienda protegida se adjudicarán por concurso valorando las políticas públicas de vivienda, fijando un límite mínimo de venta no inferior al 50% de su valor tasación.

En este punto, hay una cuestión también relevante: se concede un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la nueva norma para que los municipios puedan acordar motivadamente no aplicar, condicionar o limitar territorialmente los cambios de uso y los aumentos de edificabilidad en sus términos municipales.

El pleno regional de este jueves, día 17 de septiembre, será el pistoletazo de salida para esta nueva ley. Se debatirá su toma en consideración para posteriormente tramitarla en comisión, con las enmiendas que incorporen los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) y en pleno. Una vez aprobada por el pleno, quedará promulgado y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Movimiento Sumar Toledo plantea que se estudie la viabilidad de dedicar parte del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo -cerrado desde 2021- a construir y habilitar “vivienda pública y asequible”.

Este planteamiento lo han realizado a partir del anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este lunes sobre la futura normativa autonómica destinada a facilitar la reconversión de edificios públicos en desuso. Page puso como ejemplo el proyecto previsto para el antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

“Si la Junta considera que reutilizar edificios públicos en desuso para hacer vivienda es una buena idea en Cuenca, creemos que merece la pena estudiar también qué se puede hacer en Toledo con el antiguo Virgen de la Salud”, ha señalado el portavoz local de Movimiento Sumar Toledo, José Luis Resuela.

La formación considera interesante analizar esta posibilidad porque sería una oportunidad para aprovechar patrimonio público y espacios ya existentes dentro de la ciudad consolidada, “en lugar de recurrir preferentemente a nuevas expansiones urbanísticas como plantea el PAU Palacios, pendiente de aprobación municipal” y sobre el que Movimiento Sumar presentó alegaciones la pasada semana.

“En Toledo llevamos demasiado tiempo hablando de cuánto suelo nuevo podemos urbanizar, cuando primero tenemos que preguntarnos qué espacios que ya existen podemos recuperar para ponerlos al servicio de las necesidades de la gente”, ha defendido Resuela.

Sumar reivindica además que se trata de una propuesta de consenso y apunta que la Asociación Vecinal La Voz del Barrio lleva planteando este uso desde antes de que se trasladase definitivamente el Hospital Virgen de la Salud.

Piden colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta

Desde Movimiento Sumar Toledo señalan que el Ayuntamiento toledano reconocía que en el pasado “se planteó la posibilidad de desarrollar vivienda pública en el entorno del antiguo hospital, una posibilidad que no llegó a materializarse dada la situación de titularidad del inmueble”.

La formación considera que este es “un buen momento” para recuperar ese debate. Por ello, propone que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo analicen conjuntamente la situación de titularidad, las condiciones urbanísticas y el estado de conservación del complejo para determinar qué usos son posibles y, entre ellos, si existe una alternativa viable para desarrollar vivienda pública.

“No estamos diciendo que todo el antiguo hospital tenga que convertirse en viviendas. Estamos diciendo algo mucho más sencillo: estudiemos todas las posibilidades y veamos si una parte de ese patrimonio público puede ayudar a resolver el problema de la vivienda en Toledo”, ha explicado Resuela.

Para Movimiento Sumar, esta propuesta encaja además con la orientación de la futura normativa autonómica y con la necesidad de priorizar la rehabilitación, la reutilización del patrimonio existente y la generación de un parque público permanente de vivienda. La propia proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en las Cortes plantea reforzar el patrimonio público residencial, la rehabilitación y la regeneración urbana.

“No basta con aprobar una ley que habla de movilizar patrimonio público: hay que empezar a estudiar qué patrimonio público que ya existe en nuestras ciudades puede ponerse al servicio de la vivienda”, ha señalado Resuela.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Consejo de Gobierno de esta semana aprobará una operación para nuevos usos del antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, detallando que albergará viviendas, aunque no ha dado más detalles al respecto.

Este hospital ya no sigue operativo como centro sanitario, ya que cerró sus puertas de manera definitiva el 19 de diciembre de 2025 tras 61 años de servicio, y después de la inauguración del nuevo Hospital Universitario.

Las administraciones locales aprobaron solicitar el cambio de uso del inmueble para reconvertirlo en espacios públicos, y albergar viviendas, como ha anunciado Page, junto con la Delegación provincial de Sanidad y el Archivo Histórico.

Una nueva ley para la reconversión de edificios públicos

El presidente castellanomanchego también ha aprovechado para comentar que, en noviembre, Castilla-La Mancha va a contar con una ley que autorizará a la Junta a la reconversión de los edificios públicos para que se puedan convertir preferentemente en viviendas.

“Con la ley que aprobaremos, que será norma ya en noviembre, nos llevará a contar con una operativa mínima, con una estrategia de 1.000 viviendas que tendrán obviamente su protección pública, que irán a evitar problemas, pero sobre todo a dar soluciones”, concluido el el presidente.

Se refiere con ello a la proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, que se tramita por el procedimiento de urgencia, y cuya toma en consideración se debate en el pleno de las Cortes regionales del próximo jueves.

El precio de la vivienda libre subió un 11,7% en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

A nivel nacional, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año respecto al pasado ejercicio, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Datos nacionales

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

UGT pide introducir el precio de la vivienda en la negociación colectiva

UGT Castilla-La Mancha considera “absolutamente necesario” implementar medidas para garantizar el derecho a la adquisición de una vivienda, en base a los datos publicados por el INE.

“Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda, es una realidad el que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. El precio de este bien básico se come los salarios, por lo que debemos adoptar soluciones urgentes para solucionar este grave problema”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores proponen introducir el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva.

“El crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero no suficientes. Las subidas del SMI, la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a evitar un escenario peor. Sin embargo, continuamos teniendo problemas estructurales como son los salarios insuficientes; la parcialidad; la desigualdad territorial…problemas que debemos solucionar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas y se de seguridad jurídica al nuevo Decreto Ley sobre vivienda.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

Muy cerca de la emblemática Plaza de Zocodover de Toledo se encuentra la calle de La Plata. Nace en diagonal a su arteria principal, la calle Comercio, lo que la convierte en un enclave de lo más apetecible para los numerosos proyectos turísticos que no paran de multiplicarse en el Casco Histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El ejemplo de mayor relevancia se encuentra ahora en el macrohotel de 80 habitaciones dobles y cuatro alturas que la promotora Delfín S.A. quiere construir en ocho inmuebles que ocupan casi 7.000 metros cuadrados entre la mencionada calle y diversos edificios residenciales y parcelas (algunos privados y otros de titularidad pública enajenados por el Ayuntamiento) en otros tres callejones: los Husillos, los Bécquer y San Ginés.

El proyecto incluye cafetería, restaurante, salas de reuniones y spa. No existe ningún presupuesto público ni cifra oficial de lo que costará.

Pero al margen de ello, la cuestión viene de largo. El Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (PERIM) para su construcción vio la luz hace más de cinco años y se aprobó en diciembre de 2022, cuando todavía gobernaba en la ciudad el PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa. No obstante, ha sido este año, con el PP y Vox en el equipo de Gobierno municipal cuando se ha tramitado. Y ahora los socialistas, en la oposición, no lo quieren.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo dio luz verde al proyecto, pese al rechazo que de los partidos de la oposición (PSOE e IU-Podemos) y de Movimiento Sumar.

Además, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Real Fundación de Toledo contra el proyecto. El objetivo de esta acción judicial es clarificar los criterios urbanísticos que se están aplicando en el Casco Histórico de Toledo y en algunas zonas protegidas de Cigarrales.

“Buscamos aclarar si el modelo con el que se está trabajando responde a objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) o se está haciendo un abuso de los PERIM”, explica Jesús Carrobles, director de la Real Fundación de Toledo.

Este experto en patrimonio cree que se está recurriendo a disposiciones de rango menor (en referencia al PERIM) para modificar o anular normativas superiores aprobadas por la comunidad autónoma (el PECHT), las cuales cuentan con “un alto nivel de protección y consenso”.

“Podemos tener los mejores planes del mundo, pero si utilizamos de manera abusiva una figura que anula lo dispositivo, tenemos un problema”, señala Carrobles, subrayando que Toledo es actualmente la ciudad que más está utilizando esta vía administrativa.

Cuando no prima el uso residencial

La Real Fundación de Toledo compara la tendencia actual con los “desastres urbanísticos de los años 50 y 60”, cuando la construcción de grandes bloques anuló parte de la trama urbana tradicional. Su temor es que estas operaciones actuales degraden profundamente la ciudad de una manera negativa que el actual Plan Especial trataba de evitar, primando el uso residencial de los edificios del barrio antiguo.

Y ahí está el quid de la cuestión. Este nuevo macrohotel, de llegar a construirse, agrava la tendencia creciente de reconvertir bloques residenciales enteros en plazas turísticas, en detrimento de la vivienda. Y todo con el apoyo de PP y Vox.

Porque los dos partidos gobernantes en la ciudad no solo apoyan este proyecto hotelero de gran envergadura, sino que también modificaron en noviembre de 2024 el Plan General de Ordenación Urbana en su limitación de los apartamentos turísticos (AT) y de las viviendas de uso turístico (VUT) en el Casco Histórico.

¿Qué cambió? En la legislatura anterior del PSOE se limitaba la actividad, en ambos casos, a las plantas baja y primera de los edificios, para evitar molestias a los residentes en pisos superiores. Sin embargo, ahora ese límite tiene una excepción: “Cuando el inmueble se destine en su conjunto a apartamentos turísticos”.

Ese cambio, que pasó casi desapercibido, ha permitido dar vía libre a la mencionada reconversión de edificios residenciales completos, no en el caso de las VUT, pero sí en apartamentos turísticos.

De acuerdo con la definición que hace el decreto autonómico tanto de apartamentos turísticos como de VUT, la Junta de Castilla-La Mancha distingue en su propio registro ambas categorías. Según los últimos datos publicados, la ciudad de Toledo cuenta con 26 apartamentos turísticos en edificios completos, casi todos ellos en el Casco Histórico.

El dato es muy relevante y no ha pasado desapercibido para los vecinos y vecinas del barrio. Hablamos con Alicia Es. Martínez y África Alonso, madre e hija, y residentes en el Casco. “Esto destroza el tejido urbano y vecinal, y el reflejo de la especulación que estamos viviendo en todo el país”, denuncia África, representante de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Este colectivo ha analizado minuciosamente el proyecto y recalca el hecho de que muchos de los edificios que utilizará el macrohotel eran inmuebles que el Ayuntamiento ha vendido. “Es curioso que, mientras pasa esto, estemos reivindicando más viviendas sociales para los vecinos y vecinas del Casco Histórico, a los que también están echando de sus casas para lo mismo, para hacer apartamentos turísticos”, destaca

Es una cuestión que esta asociación lleva denunciando desde hace tiempo. “A los vecinos del Casco nos están echando y se está reduciendo por todas partes la habitabilidad del barrio. Hay viviendas sociales mal construidas que todavía no se han habilitado y familias enteras que optaron a una vivienda joven a los que también quieran echar de sus casas. Estamos perdiendo oportunidades de vivienda mientras la ciudad se convierte en un decorado”, lamenta.

No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran

África Alonso — Unión Popular de Inquilinos de Toledo

Y un gran hotel de estas características, tan cerca de la Plaza de Zocodover y de la calle Comercio, es un claro ejemplo de la turistificación. “No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran. Es un despropósito”, subraya África Alonso.

De la misma opinión es Alicia, también activista social y cultural de Toledo. “Es absolutamente vergonzoso que casi una calle entera se dedique a un macrohotel, a un uso hotelero, quitando la posibilidad de viviendas de hasta 100 viviendas en el Casco Histórico y en un tejido urbano absolutamente consolidado, que además hay que promover. Pero el Ayuntamiento ha optado por un modelo de ciudad que expulsa a sus vecinos”.

“No lo vamos a consentir bajo ningún concepto y estamos, evidentemente, movilizándonos ya, reuniéndonos y organizándonos para protestar por esta y otras decisiones que lo que hacen es premiar la especulación y premiar que la ciudad de Toledo sea una ciudad en venta en lugar de una ciudad para las vecinas y los vecinos y sus niños y niñas”, agrega.

En el terreno político, por el contrario, la defensa que hace el equipo de Gobierno de las derechas es férrea. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox), ha defendido la aprobación de esta modificación del PERIM alegando que al no existir una suspensión del planeamiento justificada, el Ayuntamiento está obligado a respetar los derechos de la propiedad para evitar futuras impugnaciones judiciales. “Si la ley no está limitada tiene que cumplirse”, apunta.

La oposición, un rechazo en bloque

En el Grupo Socialista, la situación es cuanto menos paradójica. El proyecto tiene su origen en la etapa en que gobernó en la ciudad. Pero ahora, su portavoz, Noelia de la Cruz, lo rechaza porque “la modificación el proyecto que se plantea no responde al interés general”.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, considera que este nuevo hotel en el Casco es “absolutamente innecesario e invasivo”. Advierte sobre la falta de un informe arqueológico específico, a pesar de que la Viceconsejería de Cultura sugirió tener en cuenta posibles afecciones patrimoniales que, según denuncian, no se han integrado en el expediente.

“Luego hacemos una obra y nos llevamos el patrimonio al Museo Arqueológico Nacional”, subraya Fernández en referencia a la exposición de tablas policromadas medievales que se encontraron durante las obras de otro hotel en el Casco y que ahora están en una exposición temporal en dicho museo.

También pone en entredicho el informe de movilidad que “pone pegas al uso de plazas verdes” de aparcamiento dedicadas a residentes y al nivel de ruido que tiene que establecerse al tratarse de una zona residencial. “Se nos olvidan los informes de necesidad de vivienda.. Hemos eliminado ocho bloques de viviendas en la calle de la Plata para convertirlo en un hotel probablemente de lujo, inaccesible para la gran mayoría de la gente”, agregó Fernández.

A la oposición política se ha sumado el Movimiento Sumar Toledo, que señala que, a su juicio, este macrohotel profundiza en un modelo que “prioriza el negocio turístico frente al derecho a la vivienda”. La formación remarca que Toledo “tiene que seguir siendo una ciudad habitable, no un parque temático”.

Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar en Toledo

“Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida”, ha señalado el portavoz local de Movimiento Sumar, José Luis Resuela, que se compromete a que, si gobierna, no permitirá nuevas conversiones de viviendas residenciales en usos turísticos en el Casco Histórico.

Se refiere con ello no solo al proyecto de calle de La Plata, sino a otros que también tiene entre manos el Ayuntamiento. El más paradigmático es el que se planea, también en el Casco Histórico, pero orillas del río Tajo, conocido como Hotel La Cava. El proyecto cogió velocidad con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Toledo, en 2023. Se planteó un macrocomplejo de cinco alturas, 110 habitaciones y más de 250 plazas de aparcamiento que despertó una fuerte contestación social y política que todavía hoy, tres años después, no ha terminado.

En dos ocasiones ha salido a información pública, para que las personas interesadas pudieran opinar y presentar alegaciones. En la segunda de esas ocasiones, la actual, las expectativas se redujeron: la construcción que se plantea ha menguado su volumen -se proyectan edificios fragmentados en lugar de una mole- y se ha pasado de cinco a tres alturas, pero la ubicación sigue siendo la misma.

Se asentaría en la zona conocida como La Solanilla, uno de los parajes de Toledo con la mayor biodiversidad natural de plantas y animales, especialmente de aves, en todo el recorrido del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. Hace unos meses esta cuestión ya se puso en el punto de mira por plantearse en plena zona inundable del río Tajo.

El proyecto provocó incluso la creación de una plataforma ciudadana, que cuenta incluso con página web, para expresar el rechazo a la iniciativa y se han recogido firmas en este sentido. Los colectivos sociales y vecinales del Casco Histórico no descartan ahora plantar cara también al nuevo macrohotel de La Plata. No les gusta. No lo quieren: “Vamos a ir a por todas”, advierten.

El pasado mes de junio se firmaron en Castilla-La Mancha un total de 2.578 hipotecas, lo que supone un incremento del 23,1% con respecto al mismo mes del año anterior. De ese total, 1.987 fueron hipotecas constituidas sobre vivienda, con un capital total de 241 millones de euros.

Los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un incremento superior de este tipo de operaciones en la región con respecto a la media nacional, ya que la subida en España se quedó en un incremento del 10,8%.

De hecho, Castilla-La Mancha es la segunda región que más ha aumentado la firma de hipotecas en términos relativos de un mes de junio para otro, solo por detrás de Canarias.

En términos absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el sexto mes del año fueron Andalucía (9.321), Cataluña (8.045), Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.675).

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 27,4% interanual en el sexto mes del año, hasta los 12.424,3 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 15,8%, con 212.887 euros.

UGT CLM pide medidas para acabar con la “especulación”

Estos datos han sido valorados por UGT Castilla-La Mancha, cuya secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa, ha mostrado su “preocupación” por el aumento del número de familias hipotecadas en la región, y considera prioritario acometer la negociación del VI AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) para “blindar el poder adquisitivo de la población trabajadora incorporando un incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, para que las familias no tengan que destinar la mayor parte de lo que gana a la compra de una vivienda”.

En este sentido, Carrascosa también ha recordado los datos recientemente conocidos que arroja la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025. La mayor carga financiera de las familias se concentra en la vivienda, que se lleva de media el 33 % del presupuesto. Las familias castellanomanchegas tuvieron un gasto medio de 31.551 euros en 2025, casi 2.000 euros más que en 2024.

“Nos encontramos con un grave problema social, necesitamos urgentemente medidas contundentes para poner coto a la especulación en torno a un bien imprescindible para poder desarrollar una vida en condiciones dignas”.

Según el INE, el precio de la vivienda se disparó un 12,9% en el primer trimestre del año y encadena ya seis trimestres consecutivos con incrementos de doble dígito. La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Esto no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano.

Para ello, necesitamos una apuesta decidida por impulsar la negociación colectiva para mejorar salarios, especialmente en los sectores más precarizados“.

Carrascosa también ha recordado que UGT cuenta con un servicio de Asesoría de Vivienda gratuito para sus afiliados y afiliadas.

Un esfuerzo inédito en 15 años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner vivienda a disposición en la ciudad de Toledo.

Para los próximos meses o años estarán disponibles o comenzarán a construirse un total de 612 viviendas destinadas al alquiler “asequible” y hay previstas otras 231 viviendas más para la venta, prevista en dos parcelas reservadas a cooperativas de vivienda, y que en la actualidad se encuentran en periodo de licitación pública.

En pleno proceso para que ciudad pueda dotarse de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el que tiene vigente data, nada más y nada menos, que del año 1986, tras varios intentos de aprobar un nuevo planeamiento que ha sido tumbado en los últimos años en los tribunales.

El nuevo POM que se está preparando recoge una proyección de 17.000 nuevas viviendas en la ciudad (en un primer borrador se habla incluso de más de 31.000), aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de rebajar las expectativas de PP y Vox, y reduce esa necesidad a unas 7.656 hogares más para el año 2039, según ha avanzado Toledodiario.es. Para entonces, Toledo tendría más de 100.000 habitantes. Hoy cuenta con algo más de 87.000.

¿Cómo serán y dónde estarán las nuevas viviendas que se proyectan a corto plazo? Habrá 210 de alquiler asequible, que ya están en construcción, más otras 316 que se van a empezar a construir. A estas deberían añadirse otras 86 viviendas que están inacabadas y que finalmente se dedicarán al alquiler. En total, 612 viviendas.

A esas se sumarán 231 viviendas que se pondrán a la venta, a través de cooperativas.

En septiembre, más obras en el barrio del Polígono

Una de las promociones que empezará a ver a luz ahora es la que corresponde a las 316 viviendas de alquiler asequible previstas en la calle Río Fresnedoso del barrio del Polígono de Toledo. Las obras comenzarán en septiembre, según ha avanzado el director gerente de la empresa pública Gicaman, Roberto Cámara García.

La previsión supone adelantar el inicio respecto a las últimas fechas manejadas por el Gobierno regional, que situaban el comienzo de esta promoción, considerada por la Junta como “la joya de la corona”, a finales de este año.

La promoción, destinada al alquiler “asequible”, fue adjudicada a Clibeal 2030 S.L. (AR Rehabilitación-Sánchez Horneros) después de que la licitación quedase desierta en dos ocasiones. El proyecto cuenta con licencia de obras desde el 13 de mayo de 2025 y contempla un presupuesto estimado de 42,5 millones de euros, con una ayuda máxima de 15,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El desbloqueo de esta actuación ha estado ligado a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de hasta 7.000 millones de euros y que, según ha defendido la Junta, permitirá completar la financiación necesaria para poner en marcha la promoción.

El plan estatal prevé que el 40% de sus recursos se destinen a ampliar la oferta de vivienda, mediante nueva construcción o adquisición de viviendas que se incorporen al parque protegido. Incluye además medidas para favorecer el alquiler asequible, la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como ayudas específicas para vivienda en municipios rurales.

Con el inicio de las obras de las 316 viviendas, el Gobierno regional avanza en el despliegue de varias promociones de vivienda protegida en el Polígono. Las otras dos ya están en construcción y acumulan 210 viviendas, aunque ambas han superado el plazo inicialmente previsto para su finalización, fijado en el 30 de junio.

Roberto Cámara ha señalado que la previsión actual es que las 86 viviendas de la calle Río Cabriel terminen en septiembre, mientras que las 124 viviendas del paseo doctor Gregorio Marañón concluirán entre febrero y marzo.

Este último bloque de pisos fue adjudicado a Real Estate Adi 2 S.L., del Grupo Avintia, y obtuvo licencia de obra el 29 de octubre de 2024. La promoción cuenta con una inversión empresarial de unos 12,7 millones de euros y una subvención de la Junta de 6,16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El precio previsto se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una mensualidad aproximada de 550 euros, a la que habría que sumar los gastos de comunidad y otros tributos repercutibles. La Junta ha señalado que el alquiler final no superará los 700 euros mensuales.

Por su parte, las 86 viviendas de la calle Río Cabriel fueron adjudicadas a ACH Ventura Sport S.L., después de que Avintia renunciase a ejecutar la promoción. La licencia se concedió el 25 de febrero de 2025 y la obra también tenía como fecha límite inicial el pasado 30 de junio.

La actuación cuenta con una inversión de 11,4 millones de euros, de los que más de 4,2 millones proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation. El alquiler máximo también se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado y la Junta ha estimado una mensualidad de alrededor de 646 euros, incluyendo garaje y trastero, a la que podrían añadirse gastos de comunidad e impuestos.

Otra promoción inacabada y dos más para la venta

Además de las citadas, también hay otra promoción inacabada de 86 viviendas públicas en la calle del Río Valdemarías -cuya licitación para una empresa pueda finalizarla quedó desierta a principios de año-, frente al bloque de 86 de la calle Río Cabriel en construcción. Según la licitación fallida, Gicaman las destinaría también al alquiler.

De otro lado, hay dos parcelas en licitación -cedidas por la Junta a Gicaman- para construir en ellas un total de 231 viviendas protegidas, en régimen de precio tasado (VPT). Ambas se ubican en la avenida Río Boladiez y se licitan por un montante global de 4.282.648,64 euros. Tendrán que estar terminadas en el plazo máximo de cuatros años.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en Castilla-La Mancha en julio en tasa interanual, 5 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,5%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,3% más que en julio de 2025 (+1,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 7,3% (+1,9 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,7% (-1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,6% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,7% (-0,3 puntos) ; actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (+0,6 puntos) y información y comunicaciones, un 2% (+2 puntos).

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja (3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).

CCOO reclama que los salarios se equiparen a la carestía de la vida

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) pide a la patronal que la subida de salarios sea consecuente con la carestía de la vida para no seguir empobreciendo a sus trabajadores y trabajadoras.

Aseguran que con la subida de los precios, el poder adquisitivo de las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha “se ve comprometido en elementos básicos de consumo de los que no se puede prescindir como agua, electricidad o vivienda que son los que más han subido”. Además, destacan que “se da la circunstancia de que la población trabajadora tiene aquí peores salarios que en el resto del país lo que empeora claramente sus condiciones de vida, especialmente, entre las rentas más bajas”.

Según la estadística de convenios colectivos publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogida por el sindicato, hasta el 31 de julio la subida salarial media en Castilla-La Mancha se situó en el 3,08% y la jornada media anual en 1.757,70 horas. La variación interanual es de apenas un 0,19% en el caso de los salarios mientras que la de los precios alcanza el 3,6%

“El encarecimiento de los precios se come cualquier mejora salarial pactada en convenio mientras los márgenes empresariales siguen en máximos”, explican. Además en julio el IVA reducido al 10% en carburantes y electricidad se volvió a situar en el 21%, “decayendo los descuentos fiscales por la crisis de Irán, lo que impacta de forma directa en el bolsillo de las familias”.

UGT apunta que se están “agravando las dificultades” de la ciudadanía

UGT Castilla-La Mancha lamenta que la vivienda y el transporte -debido a la evolución de los precios de los combustibles- sigan empujando las subidas del IPC en la comunidad autónoma, una tendencia que de manera especial está lastrando la economía de las familias y personas trabajadoras.

La secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, apuntaba que este encarecimiento de la cesta de la compra y de bienes y servicios tan importantes como la vivienda y el transporte “agrava las dificultades que ya tienen muchas personas para llegar a fin de mes y afrontar los gastos corrientes”, máxime cuando los salarios no están aumentando en paralelo al coste de la vida.

Para UGT Castilla-La Mancha el crecimiento económico y la buena salud del mercado laboral “deben ir acompañados de incrementos salariales que permitan recuperar y mejorar el poder adquisitivo, sobre todo entre aquellas personas con los sueldos más bajos, algo que también pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos y de las políticas de protección social”.

Este 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar, se celebra el Día Internacional de la Juventud, aunque los jóvenes en Castilla-La Mancha se enfrentan cada día a multitud de obstáculos para desarrollar su vida: sueldos y trabajos precarios, horas trabajadas e impagadas y la incapacidad para emanciparse debido a la crisis de la vivienda.

Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, la secretaria de Juventud, Ana Villaseñor, ha presentado el informe 'Futuro Eclipsado' y señala que “la juventud quiere trabajar, quiere emanciparse y quiere construir su proyecto de vida”, el problema es que las condiciones materiales que cada vez lo ponen más difícil: “En Castilla-La Mancha tenemos jóvenes que cobran poco, que trabajan horas que no se les pagan y que tienen que dedicar la mitad de su sueldo en pagar el alquiler”.

Más jóvenes trabajando, pero con bajos sueldos

Según datos aportados por CCOO, en Castilla-La Mancha existen en la actualidad 300.000 jóvenes activos y 250.000 ocupados, con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Si analizamos la tasa de desempleo juvenil en base a estas edades se encuentra en un 16,79% -y focalizando a los menores de 25 años, en el 27,28%-. Sin embargo, Ana Villaseñor señala que “aunque tenemos a más jóvenes trabajando, tener un empleo no significa necesariamente poder construir una vida alrededor de ese empleo”. Asegura que “17.452 personas jóvenes trabajan cada semana 117.789 horas extras, que no son remuneradas. Y esto es importante, esas horas que se hacen no son pagadas. Y si transformamos esas horas en puestos de trabajo, estaríamos hablando a un total de 3.153 empleos”.

Villaseñor ha señalado que el salario medio bruto anual en Castilla-La Mancha se localiza en los 26.000 euros, no obstante en el caso de las personas jóvenes es de 21.425 euros, casi 5.000 euros menos.

Solo 1 de cada 10 jóvenes consigue emanciparse

La crisis de la vivienda está dificultando que los jóvenes puedan emanciparse. Según CCOO Castilla-La Mancha, los salarios en el último año en la región han crecido un 4%, mientras que el precio de la vivienda ha aumentado un 13%: “Por mucho que los ingresos mejoren el coste de la vida está aumentando tantísimo que es imposible. La última cifra que tenemos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España nos data a un 11,2% la emancipación de las personas jóvenes. Es decir, una de cada 10 personas jóvenes consigue emanciparse”.

Villaseñor apunta que en julio de 2026 alquilar una vivienda de 60 metros cuadrados en Castilla-La Mancha costaba 534 euros de media, mientras que en 2020 costaba 331 euros. Una realidad que va directamente proporcional al tamaño de la vivienda. En Guadalajara alquilar una vivienda de 120 metros cuadrados “podría suponer más del 110% del salario de las personas jóvenes, y más del 107% si hablamos de Toledo”.

La situación se agrava, según el sindicato, para las mujeres debido a la brecha salarial, que se sitúa entre las jóvenes en el 17,52%. “Una mujer joven tiene que destinar el 48,40% de su salario para pagar un alquiler de 60 metros cuadrados frente a un 41,18% de un hombre”, explica Villaseñor.

El informe pone también el foco en la dimensión demográfica. Castilla-La Mancha ha perdido 36.600 jóvenes de entre 16 y 35 años desde 2002, lo que supone una reducción del 8%. Además, señala que en Castilla-La Mancha, el empleo de los jóvenes predomina en el sector servicios, estando en el último lugar la agricultura.

“Si queremos que la juventud se quede en Castilla-La Mancha tenemos que garantizar que pueda vivir aquí con derechos. No podemos hablar de reto demográfico mientras una persona joven tiene que marcharse porque no encuentra empleo estable o no puede pagar una vivienda”, afirma Villaseñor.

BBVA Research prevé que la demanda de vivienda continúe sustentada por unos tipos de interés relativamente bajos, el crecimiento del empleo y de los salarios reales, además de una intensa creación de hogares impulsada por la inmigración y el mantenimiento de una demanda extranjera relevante.

Sin embargo, estos factores no serán suficientes para sostener el volumen de compraventas debido a la persistente falta de vivienda disponible, según un informe publicado por la entidad financiera.

Tras una evolución más débil de lo previsto durante los primeros meses del año, BBVA Research ha revisado la previsión de ventas para 2026 hasta una caída del 7,3%.

El informe señala que el fuerte aumento de los precios y la limitada disponibilidad de viviendas moderarán la actividad del mercado, aunque las compraventas seguirán situándose en niveles históricamente elevados.

Para 2027 se espera una recuperación moderada, con un incremento del 0,6%, que situaría las operaciones ligeramente por encima de las 700.000 viviendas.

La construcción aumentará, pero seguirá siendo insuficiente

La oferta residencial continuará creciendo durante los próximos dos años. BBVA Research prevé que los visados de obra nueva aumenten un 10,1% en 2026 y un 12,6% en 2027, mientras que las viviendas iniciadas pasarán de 139.000 en 2025 a 153.000 en 2026 y 170.000 en 2027.

Este incremento impulsará la inversión en construcción residencial hasta el 5,7% del PIB en 2026 y el 6,0% en 2027.

No obstante, este ritmo de producción seguirá siendo claramente inferior al crecimiento de los hogares, estimado en 223.000 en 2026 y 217.000 en 2027.

Como consecuencia, el déficit de vivienda continuará aumentando y alcanzará unas 885.000 viviendas en 2027, concentrándose especialmente en las áreas con mayor presión de la demanda.

El desequilibrio entre oferta y demanda seguirá impulsando precios

La escasez de vivienda continuará siendo el principal factor que explique la evolución del mercado residencial. BBVA Research prevé que la combinación de una demanda sólida y una oferta insuficiente seguirá presionando al alza los precios de la vivienda.

El déficit de vivienda continuará aumentando y alcanzará unas 885.000 viviendas en 2027, concentrándose especialmente en las áreas con mayor presión de la demanda

En este contexto, el precio de la vivienda crecerá un 12,0% en 2026 y un 5,7% en 2027, según las estimaciones de los analistas.

El informe también advierte de que las tensiones comerciales internacionales representan un riesgo adicional, ya que un eventual encarecimiento de los materiales de construcción podría retrasar la respuesta de la oferta y reducir la viabilidad de algunos proyectos residenciales.

El Plan Estatal mejora el diseño de la política de vivienda

El informe valora positivamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, destacando la mayor dotación presupuestaria, la apuesta por consolidar un parque público permanente de vivienda y las medidas dirigidas a impulsar la industrialización, la urbanización de suelo y la transparencia del mercado.

Sin embargo, BBVA Research considera que estos avances no serán suficientes para corregir el déficit acumulado de vivienda. El estudio señala que los recursos previstos siguen siendo limitados frente a un déficit estimado de unas 700.000 viviendas en 2025, y recuerda que persisten los principales obstáculos para incrementar la oferta, como la escasez de suelo finalista, la falta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria y la complejidad de los procesos urbanísticos.

Además, la efectividad del Plan dependerá de la coordinación entre administraciones y de su capacidad para movilizar inversión privada.

La red eléctrica, otro reto para la construcción residencial

BBVA Research identifica la disponibilidad de capacidad en la red eléctrica como un factor que puede estar limitando el desarrollo residencial en algunas zonas. La ampliación de la red en grandes desarrollos urbanísticos puede requerir entre cinco y ocho años, mientras que más de 80.000 viviendas previstas dependen actualmente de nuevas infraestructuras eléctricas.

El estudio señala que el 88% de los nudos de distribución dispone de menos de un megavatio de capacidad libre, lo que limita la conexión de nuevos proyectos residenciales de cierta dimensión.

Ante el avance de la electrificación de la economía, BBVA Research propone acelerar la inversión en redes eléctricas, mejorar la coordinación entre planificación urbanística y energética, optimizar la asignación de capacidad disponible e impulsar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema para evitar que esta restricción ralentice aún más la construcción de vivienda.

Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, ha licitado tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares (Guadalajara) para promover la construcción de hasta 403 viviendas.

Las actuaciones permitirán desarrollar hasta 231 viviendas de precio tasado mediante cooperativas en Toledo y hasta 172 viviendas protegidas (VPO) en Azuqueca de Henares.

Las convocatorias para la enajenación de estos suelos se publicarán mañana, 31 de julio, en la página web de GICAMAN y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En el caso de Azuqueca de Henares, también se difundirá a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento del municipio. La adjudicación se realizará mediante concurso público.

En Toledo, las actuaciones contemplan la enajenación de dos parcelas ubicadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia: la parcela RP-2 (35-BIS), situada en la Avenida Río Boladiez número 2, que permitirá desarrollar hasta 141 viviendas de precio tasado; y la parcela 53, ubicada en la Avenida Río Boladíez número 64, que contará con capacidad para hasta 90 viviendas de precio tasado promovidas mediante cooperativas. Ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados.

Por su parte, en Azuqueca de Henares se licita la parcela residencial VC-12, situada en el Paseo Bulevar del Deporte número 4. El suelo dispone de una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

Se valorará la eficiencia energética y la accesibilidad

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas convocatorias.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de GICAMAN, Silvia López, ha subrayado que “estas actuaciones forman parte de la estrategia regional para movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, ha destacado que “los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica y constructiva de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la asequibilidad de las viviendas para sus futuros propietarios”.

La responsable de GICAMAN ha asegurado que “con estas dos nuevas licitaciones, GICAMAN continúa avanzando en la movilización de suelo público para el desarrollo de vivienda asequible en Castilla-La Mancha, impulsando fórmulas que permitan ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda existente en la ciudad de Toledo”.

Hay actividades empresariales a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar agilidad en sus trámites burocráticos, administrativos y urbanísticos. Esta comunidad autónoma ya dispone de una normativa que declara como “prioritarios” los proyectos que fomenten el desarrollo socioeconómico de la región. Pero ahora, quiere darle rango de ley a otra nueva fórmula: considerar “estratégicas” algunas inversiones empresariales.

Este periódico ya adelantó parte del contenido de este anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, la referida al biometano. Pero hay todo un compendio de actividades económicas que se detallan en el borrador y que también dan una idea de por dónde quiere transitar el Ejecutivo de Emiliano García-Page a la hora de dar facilidades a determinados proyectos empresariales.

Por ejemplo, en el sector primario y de aprovechamiento natural, la ley considerará “estratégicas” explotaciones agropecuarias, con especial atención a las impulsadas por jóvenes agricultores en zonas escasamente pobladas, y también a las actividades que aprovechen productos forestales (madera, resina, biomasa, corso u hongos) o servicios de captura de carbono, biodiversidad y conservación del suelo.

También incluye en el listado inversiones destinadas a la transformación primaria de recursos forestales como el aserrado de maderas, destilación de resinas y procesado de biomasa; o instalaciones de camping o campamentos ubicados en zonas con riesgo de despoblación o rurales con predominio agrícola.

Por otro lado, la industria manufacturera también atrae al Gobierno castellanomanchego. De hecho, en la futura ley se incluirán prácticamente todas las ramas: desde la alimentación, el textil, el papel y las artes gráficas, hasta la industria química (donde incluye los productos farmacéuticos) a la metalurgia y la automoción, con la reparación de maquinaria incluida.

En lo referido a la energía y el medio ambiente, además de la cuestión del biometano, actualmente pendiente de un decreto de regulación específico, la futura normativa contempla como estratégicas las inversiones relacionadas con el suministro eléctrico y la gestión de residuos. En este último caso, se refiere específicamente a la reutilización, reciclaje de textil, reciclaje químico, extracción de materias primas fundamentales y actividades innovadoras que eviten el envío de residuos al vertedero.

Uno de los apartados más amplios del borrador es el dedicado a la “construcción residencial”. La futura ley permitirá que proyectos relacionados con la vivienda sean declarados “estratégicos”, mencionando específicamente la construcción de edificios residenciales. Y más concretamente, de “carácter social”. ¿A qué se refiere? El borrador pone un énfasis significativo en la construcción de diversos modelos de alojamiento diseñados para colectivos específicos, considerándolos “sectores clave” para el desarrollo regional.

Por ejemplo, en el caso de residencias para personas mayores, se dará prioridad a aquellas ubicadas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, y también a las ampliaciones que ofrezcan servicios de cercanía (comida a domicilio, fisioterapia, podología) para “ayudar a las personas dependientes a permanecer en su entorno”.

De “unidades de convivencia” a personas con discapacidad

También incorpora otros modelos alternativos: se incluyen las “actividades residenciales con pequeñas unidades de convivencia”, que buscan ser una alternativa a los grandes centros para “facilitar la integración en entornos sociales habituales con atención profesionalizada”.

Esa catalogación de inversión estratégica de la futura ley también se dará a centros como los de atención residencial especializada o diurna para personas con discapacidad, y a los dedicados a servicios sociales con alojamiento

Finalmente, otros proyectos que podrán acogerse a la ley se agrupan en torno al área de la logística, la comunicación y la informática: producción cinematográfica, vídeo, televisión, radio, programación, consultoría de datos, turismo, hostelería, artesanía y actividades artísticas, deportivos y de entretenimiento.

Ahora bien, para que estas actividades reciban la declaración de “estratégicas” deben cumplir los requisitos generales de generación de empleo indefinido y volumen de inversión mínimo que establece el propio borrador, y que varían dependiendo de la población del municipio donde se instalen.

En cuanto a los requisitos de empleo, el anteproyecto establece que cualquier proyecto debe crear puestos de trabajo de carácter indefinido a jornada completa (o su equivalente en jornadas parciales) en un plazo máximo de tres años tras obtener las autorizaciones de puesta en marcha.

Los umbrales mínimos según la población son: en localidades de más de 30.000 habitantes, al menos 30 puestos de trabajo; entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 puestos de trabajo; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 puestos de trabajo; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 puestos de trabajo; y en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes, 5 puestos de trabajo.

Sobre la inversión, la ley exigirá que se realice en “activos fijos” en un plazo inferior a tres años desde la autorización de puesta en marcha, también con umbrales mínimos según la población. Al menos 10 millones de euros en municipios de más de 30.000 habitantes; 7,5 millones en el umbral entre los 20.001 y 30.000 habitantes; cinco millones de euros en localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes; tres millones de euros cuando el pueblo tenga 5.001 y 10.000 habitantes; y al menos un millón de euros en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes.

No obstante, hay algunas excepciones. En las zonas despobladas, los umbrales de empleo e inversión mencionados se reducen a la mitad. Además, hay una “cláusula de excepcionalidad”: el Consejo de Gobierno puede declarar estratégica una inversión que no cumpla los mínimos de empleo o inversión si el proyecto tiene un “impacto relevante” por “su carácter innovador, su capacidad de generar cadenas de valor o su desarrollo tecnológico”.

Finalmente, para que se considere inversión estratégica, el borrador obliga a la promotora a mantener la actividad y los niveles de empleo e inversión durante un periodo mínimo de tres años, debe ser viable técnica y financieramente, y no debe tener prohibiciones para contratar con el sector público o recibir subvenciones.

El precio de la vivienda nueva en Castilla-La Mancha cerró el primer semestre de 2026 con un incremento interanual del 5,1%, según el último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de Grupo ST, que incluye datos a junio de 2026. Esta evolución se sitúa por debajo de la media nacional, establecida en 9,7%, aunque confirma la tendencia alcista del mercado residencial castellanomanchego.

El valor medio en la Comunidad se establece en 1.736 €/m², muy por debajo de la media nacional (3.458 €/m²). Por capitales de provincia, aquella con el precio más elevado es Guadalajara (1.990 €/m²), seguida de Toledo (1.875 €/m²), Albacete (1.764 €/m²), Cuenca (1.507 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Alcázar de San Juan registra la mayor subida de precio

De los catorce municipios analizados a junio de 2026, las mayores subidas se observan en Alcázar de San Juan (+7,2%), Talavera de la Reina (+6,8%), Toledo (+5,8%), Albacete (+5,4%) y Guadalajara (+5,2%). Por su parte, Puertollano, Tomelloso, Valdepeña, Molina de Aragón, Mora y Torrijos son los seis municipios que en los que no hay variación interanual.

Los datos determinan que los precios por metro cuadrado más elevados se registran en Guadalajara (1.990 €/m²), Toledo (1.857 €/m²) y Albacete (1.764 €/m²). Por su parte, los valores más bajos corresponden a Puertollano (966 €/m²), Daimiel (1.000 €/m²), Alcázar de San Juan (1.200 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Pese a los precios, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda de tipo medio, se ha establecido en Castilla-La Mancha en 5,4 años a cierre del segundo trimestre de 2026, por debajo de la media nacional, situada en 7,8 años.

Castilla-La Mancha presenta el cuarto menor nivel de esfuerzo inmobiliario entre las comunidades autónomas. El indicador registra un incremento interanual del 1,2%.

Por su parte, el Índice de Accesibilidad —que mide el equilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada— se sitúa en Castilla-La Mancha en 123 puntos, por encima del umbral de 100 que marca el equilibrio recomendable y de la media nacional, posicionada en 83.

La comunidad presenta el cuarto valor más elevado de España y forma parte de las ocho autonomías en las que un ciudadano con salario medio puede acceder a una vivienda estándar sin superar el nivel de endeudamiento aconsejable. En términos interanuales, el Índice de Accesibilidad desciende un 3,1% en Castilla-La Mancha.

“El deterioro de la accesibilidad no responde a un único factor. La combinación de precios más elevados, tipos de interés en niveles algo más restrictivos y mayores necesidades de ahorro previo está limitando la capacidad de compra de una parte de la demanda potencial”, apunta el delegado general de Grupo ST en Castilla la Mancha, César Jiménez.

El optimismo sigue siendo generalizado en el conjunto del país, aunque el indicador refleja un ligero ajuste en el conjunto del mercado. El Índice de Confianza Inmobiliario se situó en Castilla-La Mancha en 55,2 puntos sobre 100 en el segundo trimestre de 2026, por encima del umbral de equilibrio, establecido en 50 puntos, aunque por debajo de la media nacional, situada en 58.

El dato confirma que la percepción del mercado residencial castellanomanchego se mantiene en terreno positivo y registra una variación interanual del +1,5%.

El desajuste entre la construcción residencial y las necesidades de vivienda

El Informe de Vivienda Nueva de Grupo ST sitúa el origen del problema residencial español en el desajuste entre la producción residencial y las necesidades de vivienda. Pese a la reactivación de la actividad promotora en España —con incrementos relevantes en los visados de obra nueva a comienzos de 2026—, la oferta sigue limitada por la disponibilidad de suelo finalista, los extensos plazos urbanísticos, los costes y las dificultades de financiación del suelo.

Entre estos factores, el documento destaca que el coste medio de construcción de las promociones residenciales de obra nueva iniciadas alcanzó los 1.451 €/m² en el segundo trimestre de 2026, un 11,2% más que un año antes y un nuevo máximo de la serie histórica.

Frente a la tensión de precios y costes, los datos de Grupo ST confirman que la obra nueva mejora en sostenibilidad. Las promociones iniciadas en el primer semestre de 2026 registran unas emisiones medias de 2,98 kg CO₂/m² año y un consumo de energía primaria no renovable de 16,87 kWh/m² año, mínimos históricos de la serie (un 18,1% y un 11,2% inferiores, respectivamente, al semestre anterior).

Además, la calificación energética A se consolida como el estándar dominante en la obra nueva residencial: el 92% de las promociones arrancadas en 2026 obtiene calificación A en emisiones y el 88% alcanza esa misma calificación en consumo.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Castilla-La Mancha en junio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de junio es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,6% más que en junio de 2025 (3 puntos más respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,4% más (2,1 puntos menos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% más (0,1 puntos menos) y seguros y servicios financieros, un 3,5% más (1,5 puntos menos).

En el lado contrario, dónde más moderadas se registraron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (0,5 puntos más respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1% (0,4 puntos menos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (0,6 puntos menos) y vestido y calzado, un 1,5% (0,5 puntos menos).

Desaparición de la medidas fiscales sobre la energía

El INE explica que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Por el contrario, tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

Hace unos días leíamos una noticia más sobre la posibilidad de pasar el suelo terciario de la zona de contacto a vivienda, tema que viene gestándose entre administraciones desde hace tiempo. No me puedo imaginar qué puede haber detrás de este interés del ayuntamiento que, además, parece ser refrendado por las demás administraciones, en construir vivienda en este inhóspito lugar.

¿Por qué tanto interés en hacer vivienda en este disparatado lugar? ¿Alguien ha pensado la pesadilla de los miembros de una familia para salir de este fondo de saco varias veces al día? ¿Qué pintan ahí aisladas un pequeño número de viviendas? ¿A nadie se le ha ocurrido intercambiar el suelo de la quinta fase del Polígono (zona de consejerías y centros tecnológicos destinado a centros oficiales) por el de la zona de contacto, por ejemplo? Es pedir peras al olmo a los pensantes de nuestras administraciones. Son sus inescrutables pensamientos sobre urbanismo y vivienda.

Pero, sobre todo, qué necesidad hay de situar ahí esas viviendas, cuando en el Polígono hay suelo para otras cuatro mil. Eso más las eternamente proyectadas 316 que en los últimos días ha sido vallada la parcela, anunciadas el 8 de febrero de 2024, o las promociones de las 126 y 86 de alquiler 'asequible'. Qué ironía y buen negocio privado, viviendas que ya deberían estar entregadas en este pasado mes de junio. Al igual que con las 86 a medio de acabar desde hace trece años, así es de eficaz la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la falta de vivienda.

Todo esto es solo la punta del iceberg de la lentitud y los disparates de las administraciones. Por otra parte, seguimos leyendo constantes y diversas noticias sobre el nuevo disloque urbanístico proyectado en un POM tras otro. Así José Ramón de la Cal y Jesús Carrobles, de la Real Fundación de Toledo, nos decían que “parece que estamos dispuestos a cometer los mismos errores para los mismos problemas: una estructura urbana inconsistente, un tejido urbano asocial, con tipos edificatorios obsoletos, de tamaño desmesurado, de calles carretera”.

El informe 'Vivienda y Bienestar', publicado por CCOO, dibuja un escenario marcado por contrastes: crecimiento sostenido del parque inmobiliario, pero también un elevado volumen de viviendas vacías y un acceso desigual al mercado residencial

La asociación vecinal 'El Tajo' viene exigiendo desde enero de 2018 que la Junta no se desentienda de las viviendas sociales, en tanto que las ha abandonado y se vanagloria de ello, diciendo que no son buenos caseros.

En los últimos días, el ayuntamiento ha promovido la enésima reunión para debatir sobre vivienda, asimismo se ha realizado varios estudios sobre vivienda, pero no sirve para nada el estudio del estudio y nuevo estudio, hace falta realidades y pasar a la acción.

Por todo lo anterior, hay poco de esperar de las administraciones, que, además de hacer mucho ruido y vanagloriarse de naderías, podrían hacer muchísimo más que poner nuevamente el futuro de la vivienda en manos privadas a través del 'gran invento' de lo público-privado.

Llegados a la situación actual, y sabiendo el proceder de las administraciones y sus sinrazones, deberíamos pensar si los que necesitan vivienda y quienes realmente les apoyan pueden aportar alguna solución para paliar la situación. Defender la vivienda como derecho esencial no puede quedarse en reclamar vivienda de alquiler -ya vemos su 'asequibilidad'-, poco esfuerzo y prisas de las administraciones. La pregunta a estas alturas es si quien de verdad defiende la vivienda y quien la necesita pueden hacer algo. Personalmente, pienso que sí hay resquicios. Lo expuse en artículos anteriores, pero habría que cambiar el paso en algunos planteamientos, no podemos quedarnos únicamente en que hay muchas viviendas vacías. Con lo que tenemos, con lo que nos puede venir sabiendo que la propiedad privada también está en nuestra Constitución y que por más que pudiera gravarse la vivienda cerrada no resolverá el problema.

Debemos pensar sobre qué tipo de vivienda necesitamos, sobre el número de personas que viven solas o en pareja sin hijos, sobre datos de personas que viven en habitaciones en pisos compartidos. No caer en la necedad de la administración, antes solo construían viviendas de 60-70 metros cuadrados, después todas de 90, y ahora volvemos al todo 70 metros… Todos los datos están ahí y la superficie de la vivienda debe ser diversa.

Hay que ver qué se necesita para 'oxigenar' algo la situación; cómo paliar el problema a plazo inmediato, corto, medio y largo, conjugando todo de forma planificada. Por ejemplo, en el Polígono en un plazo de 10-15 años comenzará a haber viviendas libres, es decir, vacías.

Sí, hay resquicios, hay posibilidades aunque sean escasas, pero hay que contar con las personas que necesitan una vivienda, reunirlas, planificar con ellas. En definitiva, si seguimos solo en el reclamar lo que debería ser y deberían hacer las administraciones ya estamos viendo lo que pasa. Hay que pasar a debatir qué podemos hacer con lo que hay a nuestro alcance, con la legislación vigente, con las normativas, ayudas... Ya se sabe ese dicho “no esperes que te traigan a tu puerta la cabeza de tu enemigo”.