Augusto Fraschina, un reconocido jinete e instructor del ambiente hípico argentino, fue denunciado por abuso sexual por dos exalumnas y enfrenta dos causas judiciales, como viene reflejando la investigación de elDiarioAR desde el año pasado. Pese a las pruebas y testimonios presentados, una de ellas lleva casi ocho años sin llegar a juicio. El entrenador tiene un vínculo cercano con la familia de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino.

Además, hay dos jueces implicados en una de las causas que la dejaron cerca de la prescripción y que están ligados a la Asociación del Fútbol Argentino.

El abogado Hugo Tomei, quien fuera defensor de los rugbiers acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa, representa a las dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de Fraschina. Una de las presentaciones se realizó en 2018 y otra en 2024. Según explicó el letrado, el expediente atraviesa una compleja disputa judicial que podría derivar en la prescripción de la primera causa. El conflicto gira en torno a la nulidad de una prueba psicológica que había sido incorporada.

El Tribunal de Casación anuló esa prueba y un juez de Garantías interpretó que esa decisión también invalidaba el llamado a indagatoria del acusado, que es el acto que interrumpe los plazos de prescripción, según contó Tomei en TN.

Si esa interpretación queda firme, podrían considerarse cumplidos los años necesarios para que la causa prescriba. “La resolución deja prácticamente sin sentido el proceso penal. Básicamente dice que pasaron los 12 años y que la causa estaría prescripta”, explicó Tomei.

El fallo que habilita la posibilidad de que la causa prescriba fue firmado por integrantes de la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos aparece Mario Cohan, quien además integra el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino. En la misma sala también intervino Fernando Luis María Mancini, vicepresidente del Tribunal de Apelaciones de la AFA.

La defensa de las víctimas presentó un recurso ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires con la expectativa de revertir esa situación. Mientras tanto, el caso continúa sin una fecha de juicio y con un proceso judicial que ya lleva cerca de una década.

“Ni siquiera llegamos a la mitad del proceso, por lo tanto puede durar muchísimos años más. En el medio de una denuncia de abuso sexual infantil. Las chicas sufren. Tengo cierto sabor amargo. No le puedo explicar muy bien a mi representada las cosas que están sucediendo dentro del proceso porque ella misma me interpela en su angustia de cómo llevar el caso adelante”, subrayó Tomei.

Y consideró: “Esta misma situación podría haberse dado con un juicio terminado y con una sentencia que, en caso de ser adversa para el acusado, podía plantear esa nulidad en su defensa, pero el proceso estaba todo terminado”.

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone. En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El vínculo de Fraschina con Pablo Toviggino

Fraschina es considerado uno de los jinetes destacados del país y fue campeón en distintas competencias. Además, mantiene un vínculo directo con la familia de Pablo Toviggino. Fraschina fue entrenador de los tres hijos del dirigente de la AFA y compitió con los caballos de Toviggino. En 2024 incluso ganó el Gran Premio de la Federación Ecuestre Argentina con HT Felini, un caballo perteneciente a uno de los hermanos Toviggino.

“Me siento afortunado de la calidad humana de todo el equipo de trabajo, ni hablar de la familia Toviggino que nos da la oportunidad de darnos este gustito”, dijo en una entrevista el propio Fraschina tras ese triunfo.

El jinete también es fundador del centro ecuestre Las Casuarinas, en Villa Rosa, Pilar, el lugar donde, según consta en la denuncia, habrían ocurrido los abusos.

NB

Candela Lenzi Pra (31) llega primero a la entrevista virtual, vía Zoom. Le sigue M. Sol Brunello (38). Ya se encuentra también conectado su abogado, Hugo Tomei, quien las acompañará durante la entrevista con la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. Se muestran conmovidas, pero seguras. Hablarán sobre las repercusiones de la investigación que reveló las denuncias por abuso sexual contra el reconocido jinete e instructor Augusto Fraschina. Ellas son las denunciantes y detallarán cómo llevan adelante el proceso judicial, la indiferencia a sus causas dentro de la equitación y las repercusiones de la publicación de este medio. También, cómo se dan fuerzas mutuamente, a pesar de no haberse visto nunca personalmente. Lenzi Pra vive en la provincia de Buenos Aires y Brunello, en el interior del país.

El 1° de noviembre la UDI de elDiarioAR reveló que el reconocido jinete e instructor de equitación Augusto Fraschina fue denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal. Lenzi Pra denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Brunello también denunció ante la Justicia a Fraschina: afirmó que fue abusada cuando tenía entre 17 y 20 años. Brunello denunció, además, a un segundo jinete, sindicado como presunto cómplice de Fraschina, su entregador, Javier Rawson. Así surge de los expedientes de la Justicia de San Isidro y testimonios consultados por la UDI de elDiarioAR durante los últimos meses.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1, Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente, iniciado por Brunello, tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

—¿Cómo vivieron los días posteriores a la publicación de la investigación?

Lenzi Pra: —Es movilizante porque uno vuelve a recordar el pasado y se cruzan un montón de emociones, pero creo que fue tanto el esfuerzo que uno hace para seguir luchando contra esto, contra el sistema judicial, por la verdad, que no te queda otra que seguir. Por suerte estoy bastante contenida y tratando de aferrarme a que esto sirva, para que le llegue también a otras chicas, ya sea del ambiente de la equitación o no. Que por lo menos la gente sepa, que los padres se enteren lo que está pasando en el ambiente. Lamentablemente queda clarísimo que la gente que cometió estos hechos sigue libre y las que terminamos escondiéndonos somos nosotras, por cuidarnos. Estos tipos siguen sueltos y la Justicia sigue sin hacer nada. No somos solo dos mujeres, hay muchas más víctimas.

M. Sol Brunello: —Mi caso es similar, me está sosteniendo mi familia. Lo más fuerte es que tengo que sostenerme también para recibir un montón de comentarios y llamadas de otras mujeres que también vivieron casos de violencia en el ambiente. Hubo mucha gente comunicándose incluso con mi familia, con mi hermano -quien es jinete- que recibió mucho apoyo de sus colegas. Denunciar es mostrarlo todo, es desnudarse porque es algo que uno lleva con vergüenza y es sostener la palabra hasta el final, como dice Cande. 

Nosotras somos víctimas de estos tipos que nos arrebataron la inocencia, nos arrebataron el deporte y creo que nada va a repararlo, pero sí alivia un montón no taparlo sino ponerlo a circular porque te das cuenta de que hay un montón de mujeres afectadas.

—¿Qué esperan de la Justicia?

Lenzi Pra: —Espero que hagan bien su trabajo, que se ocupen, que no dejen pasar el tiempo. En mi caso ya van a ser siete años. Yo arranqué siendo mucho más chica, con la inocencia de que la Justicia iba a actuar bien y que me iba a cuidar. Y me encontré impulsando a la Justicia, yendo a buscarla, tocando las puertas del juzgado una vez por mes y que no me quisieran atender o que me atiendan mal, o que me dijeran: “Mirá, yo me voy a tomar el tiempo que quiera, que necesite”, a lo que he respondido: “Tomarte el tiempo que quieras también es una respuesta hacia mí, estás tomando una decisión”.

Brunello: —Yo empiezo ahora a sentir el cansancio que Cande me contaba que sentía las primeras veces que hablamos. La realidad es que una tiene que seguir con la vida, también te pasan otras cosas: el tema laboral, los hijos y de fondo está esto que es como estar arrastrando una piedra, ese esfuerzo tiene que ser de la Justicia.

Me parece que más allá de nosotras, también es una bomba de tiempo que estos tipos sigan dando vueltas y que sigan afectando a un montón de personas. Para nosotras también, porque queremos darle un cierre y seguir con nuestras vidas, que es lo que nos merecemos después de tanto.

Lenzi Pra: —Siento que no somos del todo cuidadas por la Justicia. Yo dejé de ir a los concursos, dejé de montar, directamente no me acerco a una pista cuando sé que tengo la posibilidad de cruzarme con alguien, y si pasa la que termina estando mal después de ese día soy yo. Por suerte ahora estoy mejor, pero tenía recaídas, volvía a vomitar, volvía a tener depresión. Yo intentaba seguir con mi vida, pero es imposible. Vos estás constantemente presentando escritos, sometiéndote a pericias, fui a una pericia ocular al lugar, me hicieron pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, fui al juzgado las veces que necesitaron y me presenté diciendo “lo que necesiten y lo que ayude para acelerar el proceso estoy disponible al juzgado y a la fiscalía, ya he hablado con el fiscal, con los jueces en reiteradas oportunidades.

—¿Pensaron alguna vez en abandonar el proceso judicial?¿Por qué decidieron seguir?

Lenzi Pra: —Mil veces tuve las dudas de dejarlo porque es agotador, porque decís ¿hasta cuándo voy a estar con esto? ¿Cuántos años voy a seguir perdiendo el tiempo y la energía? No es gratis, cada vez que hay algo nuevo para presentar o una resolución o la respuesta de un juez o de un fiscal, se vuelven a revivir un montón de cosas del pasado, no es que leo el escrito y no me genera nada. 

Sol Brunello: —Cuando pensé en no seguir avanzando fue por la enorme energía que requiere cada escrito, releer, abrir otra vez esos recuerdos de aquella época. Creo que es lo más duro. Las veces que me pasa que estoy por aflojar, me impulso a través de Cande. Por ejemplo, cuando me enteré que Cande también iba a hablar en la nota dije “Bueno, somos dos”, te sentís acompañada y entendida de alguna manera. Y también a través de mi hermano, todo el tiempo me dice: “No tengas miedo”. Porque tengo miles de miedos. Igualmente, desde el día uno yo tengo confianza en este proceso porque está Cande y porque está Hugo. No sé si podría convivir con la decisión de no haber hecho lo que tenía que hacer, lo que me iba a dejar tranquila.

Lenzi Pra: —A mí también me sirvió mucho que Sol se animara a hablar, una cosa es estar sola luchando contra todo y otra cosa es ser dos, que, lamentablemente, pasamos por lo mismo con la misma persona. No es coincidencia porque las historias tienen mucho en común y está super claro y la gente que realmente los conoce no duda de que es verdad.

—¿Qué repercusiones del ámbito ecuestre les llegaron después de la publicación de la investigación?

Lenzi Pra: —A mí me hablaron algunas personas del ambiente. Me contaron que en la Federación Ecuestre Argentina estaban todos revolucionados porque no les gusta que los nombren y que los expongan. Lo de la Federación Ecuestre Internacional, eso sí fue como el bombazo, llamó la atención de todos, como que dijeron, “Bueno, acá no es joda, esto no queda solo acá en Argentina”, sino que se empieza a expandir mucho más.

—Sol, comentó que le hablaron muchas mujeres para contarle sobre abusos. ¿Qué siente cuando le llegan todas esas historias?

Brunello: —Creo que todo cobra sentido, más allá de nuestros casos siento que esto nos atraviesa a nivel social y es una justicia que se da en el ámbito social, que es necesaria para poner cada cosa en su lugar. Y me parece que es desarmar esa idea de que es algo que se tiene que ocultar, callar, del “mejor no digas nada”. Nos fortalecemos entre nosotras para animarnos a hablar porque es re loco que la violación y los abusos son los delitos, quizás los únicos, en los que la vergüenza la llevamos nosotras, las víctimas.

—¿Qué les gustaría que se revea en la equitación y el deporte en general en cuanto a la violencia de género y los abusos? 

Lenzi Pra: —Siento que tiene que haber un cambio en la sociedad y en lo personal de cada uno de cuidarse más con estas cosas. Sí, obviamente, que la Federación Ecuestre tome las medidas necesarias para cuidar también a las personas que denuncian y no que esas personas se tengan que ir del deporte por eso.

Brunello: —Yo que estuve de los dos lados, alumna y profe, creo que sí hay muchas cosas que pueden cambiar. Concuerdo que la sociedad tiene que actuar también. Pero, por ejemplo, no hay formación pedagógica en la equitación, trabajan con chicos desde los tres años y no están formados pedagógicamente. Todo eso filtra a estos seres. No quiere decir que alguno no se escape, pero me parece que son todos filtros: para que puedas trabajar con niñas de 16 años, además de ser buen jinete tenés que ser buena persona y tenés que ser docente. 

Por otro lado, no hay un cupo femenino en la Federación Ecuestre, no hay mujeres en la [conducción de] Federación Ecuestre. Hay muy pocas y son secretarias o son ayudantes. No hay una renovación de las nóminas, o sea, siguen estando los mismos tipos. No hay cupo femenino en los torneos internacionales. Y esto de que nuestros casos hayan llegado a la Federación Ecuestre Internacional es también muy importante. Por último, el maltrato animal también es una forma de abuso y no está para nada regulado en las ligas menores. Vemos caballos enfermos, rengueando en la pista, caballos que saltan 25 veces al día. 

—¿Qué mensajes les darían a otras posibles víctimas de abuso?

Lenzi Pra: —Que se animen a hablar, que realmente es muy sanador sacar todo lo que uno tiene adentro, eso que te hace mal. Ya sea hacer una denuncia o hablar con sus conocidos, no guardárselo, no tener miedo más allá de que es lo primero que se siente, que es imposible no sentirlo, pero que después, cuando uno lo pone todo en palabras, es muy sanador.

Nosotras luchamos con nuestra verdad y eso no nos lo va a sacar nadie. Siempre se puede ayudar a alguien más, esa persona no está sola. Me sentí así con Sol cuando me escribió la primera vez y me dijo: “Cande, gracias a que vos te animaste a hablar yo pude hablar con mi familia”, eso para mí ya fue darle un sentido a todo esto que había arrancado. Antes, me sentía muy sola. En su momento cuando me animé a subir algo en mis redes, a mí también me escribieron desde mujeres mayores que han sido abusadas y que me dijeron “yo no me animo a hablar”, hasta personas que me escribieron por un Instagram falso y que me dijeron “te agradezco que hayas hablado, pero por ahora no me animo a hablar”.

Brunello: —Sí, que se escuchen a sí mismas. Si te escuchás en el momento en que lo estás viviendo, sentís eso que está en la nota: yo me fui de ahí [el lugar donde denunció haber sido abusada] diciendo… “esto es que te violen”. Cuando sientan que algo no corresponde o que las incomoda, que se animen a hablar primero con quien tengan a mano para que las ayude o con nosotras también, yo estoy ahí para escuchar. Es importante que aprendan a no naturalizar cualquier situación de incomodidad: “No se dio cuenta”, “fue un chiste”. Hay cosas que no corresponden en un vínculo de profesor-alumna o de compañeros de deporte.

ED/MC

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia por los presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR el 1° de noviembre pasado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. Además, la Federación Ecuestre Internacional (FEI) dijo a partir de la consulta de este medio que se encuentra investigando los casos.

Apenas una hora luego de la publicación de la investigación en elDiarioAR, el buscador de Google fue colonizado por fake news que, copiando el estilo de titulación de la nota, afirmaba: “Reconocido jinete e instructor hípico Augusto Fraschina exonerado de todas las acusaciones de abuso sexual”. Los links estaban alojados en las páginas web de las universidades Nantés Université de Francia y la Universidade do Estado de Santa Catarina de Brasil. 

La supuesta noticia, fechadas el 27 de octubre de 2023 pero publicadas el 1° de noviembre por la madrugada, sostenían: “Las autoridades judiciales han concluido que no existen evidencias suficientes para sostener las acusaciones de abuso sexual presentadas contra Augusto Fraschina en marzo de 2025”. Sin embargo, las denuncias fueron presentadas por las mujeres en 2018 y 2024, según consta en los expedientes judiciales, y se encuentran en pleno trámite. No existe absolución ni condena por el momento. 

Envenenando la web

“Fraschina, reconocido por su trayectoria extensa en el turf y su labor como instructor, ha sido completamente exonerado, reafirmando su reputación en el ámbito ecuestre”, anunciaba la noticia falsa que buscaba desacreditar lo publicado por la UDI de elDiarioAR. Actualmente, ambas causas están en pleno proceso. La primera, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

La falsa noticia afirmaba: “Por su parte, los abogados del instructor señalaron que esta resolución demuestra la importancia de la presunción de inocencia y el valor del debido proceso en la Justicia”. Además, las publicaciones resaltaron que las “acusaciones infundadas” no deben afectar “la carrera ni la vida personal de individuos que han dedicado su existencia a promover los valores y la excelencia en el deporte.” 

elDiarioAR consultó al abogado de Fraschina, pero la defensa rechazó hacer declaraciones sobre estas publicaciones. Solo dijo que no tenía información sobre ellas.

Este medio también consultó al abogado de ambas denunciantes, Hugo Tomei, sobre la publicación de las noticias falsas. “Me sorprendió. Estamos en un nivel de acciones que pueden ser ilícitas, que se dan en una escala económica superior, no es lo que se encuentra comúnmente”, y agregó: “Estamos hablando de hechos que se dan en un estado mayor de posibilidades económicas. Entonces, todo lo que pueda llegar a pasar lo voy comprendiendo desde ese lugar. Hay recursos de otros lugares que pueden intentar cancelar una nota (de elDiarioAR) y por qué no también un proceso (judicial)”, “Siento que fui elegido para ser el abogado de dos chicas con una fortaleza enorme, pero que esto va un poco más allá: es una causa”, aseguró el letrado.

Cómo funciona la maniobra

Mauro Eldritch, fundador de Birmingham Cyber Arms (BCA LTD), una empresa que ofrece soluciones de inteligencia de amenazas digitales y ayuda a las organizaciones a detectar riesgos y tomar decisiones de seguridad fundamentadas, dialogó con elDiarioAR sobre el caso de las fake news publicadas en las páginas web de Nantés Université de Francia y la Universidade do Estado de Santa Catarina de Brasil.

“Es un claro ejemplo de Black Hat SEO, y, más particularmente, una forma de SEO Poisoning, un conjunto de prácticas orientadas a desposicionar un contenido y posicionar otro en su lugar para ‘taparlo’, sepultándolo entre los resultados del buscador”, explicó Eldritch a este medio, y agregó: “En este caso abusaron de sitios de universidades que rankean muy bien y suelen aparecer primero, pero que tendrían alguna mala configuración o vulnerabilidad que aprovecharon para subir contenido. La noticia de elDiarioAR [publicada el sábado 1° de noviembre último] habla de una denuncia a un jinete, ellos usaron casi las mismas palabras del titular pero cambiando la historia para decir que fue exonerado”. 

El resultado de la operación mencionada por Eldritch se refleja en el buscador de Google, donde se exponen en una misma jerarquía visual dos informaciones que se contradicen. “Cuando un usuario busque el nombre (de Augusto Fraschina) o el titular de la nota de elDiarioAR, el buscador le va a ofrecer primero los sitios con mejor ranking: los de las universidades, aunque el contenido indexado por el buscador sea ficticio”, aclaró a este medio.

Consultado sobre la sofisticación que puede implicar este tipo de operaciones, el experto respondió: “Tiene su sofisticación pero no es demasiada. Identificaron servidores de entidades que rankearan bien en el buscador y que tuvieran vulnerabilidades. Coordinaron la explotación para subir las noticias falsas con cierta simultaneidad y esperaron a que el buscador las indexara”.

“El problema es que es un truco que se descubre fácil, dura hasta que un administrador [de las webs de las universidades] borre el contenido ilegítimo de la web y hasta que el indexador de los buscadores vuelva a pasar y ya no encuentre ese contenido; o incluso hasta que un sitio de noticias saque algo nuevo sobre el tema. En ese caso por ser más reciente probablemente rankee primero. De nuevo, todo depende del buscador”, agrega Eldritch.

Tal como explicó el experto, pocas horas después de la aparición de las fake news sobre la exoneración de Fraschina en los casos de presunto abuso sexual en su contra, las noticias falsas dejaron de figurar entre los primeros resultados en el buscador de Google. Pero sí llegaron a rankear en un primer momento. Este comportamiento se explica “porque el administrador de sistemas o quién esté a cargo de la web de la universidad se da cuenta de la anomalía y revierte el contenido, pero esa persona trabaja para el sitio de la universidad, no para Google. No se puede desindexar del buscador. Por eso al generar la búsqueda muchas veces el buscador sigue ofreciendo un resultado ‘fantasma’ por algún tiempo breve” concluyó el fundador de Birmingham Cyber Arms (BCA LTD).

La lectura del contenido de la noticia falsa presentaba una dificultad: al abrir el link, la página mostraba por muy pocos segundos el contenido de la nota en formato blog e inmediatamente redirigía a un sitio de apuestas online.

Qué dice eso de la operación principal, le preguntó este medio al experto. “Aunque hayan borrado el sitio, lo que permitió en primer lugar que subieran el contenido (una vulnerabilidad en la seguridad de la web de la universidad, por ejemplo) no fue corregido y fue aprovechado por otro actor para difundir su propio contenido. En este caso, sitios de apuestas, crypto-casinos, etcétera, que probablemente lo hayan descubierto y explotado de forma automatizada. Como dije antes es un truco que funciona (si lo hace) por muy poco tiempo”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con voceros de Google para solicitar información sobre estas publicaciones. La respuesta fue que es “difícil saber qué puede haber sucedido” y que existen caminos oficiales para denunciar contenidos fraudulentos. También comunicó sobre la maniobra a las universidades de Francia y Brasil, pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

ED/MC

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. 

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio, como publicó la UDI de elDiarioAR este domingo. La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, hoy a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción. 

En el ámbito internacional, la organización que representa a los jinetes es la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Tiene una “Política de Salvaguarda contra el Acoso y Abuso”. Las penas van desde los diez años hasta la suspensión de por vida del infractor. A través de aquel apartado, la organización se compromete a promover un entorno seguro para todos sus miembros, atletas, personal de apoyo, entrenadores, oficiales y voluntarios en todas las disciplinas ecuestres, prohibiendo explícitamente toda forma de acoso y abuso.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para realizar preguntas por ambos casos nombrados en esta nota. La FEI acusó recibo y afirmó que “está investigando este asunto y no está en condiciones de ofrecer más comentarios en este momento”.

Las respuestas de la Federación Ecuestre Argentina

Lenzi Pra, la primera denunciante, notificó sobre su denuncia contra Fraschina a Campo Chico Country Club, el club al que representó cuando competía como jineta. El 8 de febrero de 2019 ingresó por mesa de entrada una carta dirigida a su presidente, que cerraba con el siguiente párrafo: “Ahora los pongo en conocimiento para que conjuntamente con la Federación Ecuestre Argentina (FEA), que tiene la responsabilidad de velar, cuidar y respetar, ética y moralmente a su comunidad, tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir actos semejantes con otras niñas, niños y adolescentes”. A Fraschina “le negaron la entrada al country”, recuerda Lenzi Pra en diálogo con elDiarioAR. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con Fraschina para hacer preguntas sobre las denuncias en su contra y dar lugar a su versión de los hechos. El jinete derivó a este medio con su abogado Diego Olmedo. El letrado respondió: “No damos reportajes mientras las causas estén en trámite”. Luego, agregó: “Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación, no nos parece prudente. Por esa razón hasta que estas causas no terminen, que insisto, están en pleno trámite, me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”. 

Tras la notificación a las autoridades ecuestres, Fraschina siguió concurriendo a otros espacios y competencias de la equitación. Un año y siete meses después de la carta de Lenzi Pra, en octubre de 2020, la denunciante notificó de su denuncia por correo electrónico a la Federación Ecuestre Argentina en una carta electrónica dirigida a su presidente de entonces, Gregorio Werthein, hijo de Gerardo, saliente canciller del gobierno de Javier Milei. También lo envió al secretario general de la FEA, César Lopardo Grana, a Marcelo Brandolino -actual presidente de la FEA- y a Julio Orma Carrasco, actualmente a cargo de la Secretaría Técnica de la Federación. 

En el correo, Lenzi Pra expuso las razones de la denuncia penal de 2018 y pidió que se tomaran medidas para “evitar que esos delitos volvieran a ocurrir”. Además, relató los “dolores, culpas y trastornos físicos y psíquicos” que los abusos le habrían ocasionado.

Lenzi Pra preguntó por qué la FEA no había suspendido a Fraschina, a pesar de haber sido notificada de la denuncia el 8 de febrero de 2019, cuando envió una carta al presidente de Campo Chico Country Club, que forma parte de la Asociación de Clubes de Campo de la Federación. 

La respuesta de la institución llegó dos días después, notificándole que el Comité Ejecutivo de la FEA había resuelto “suspender al jinete Augusto Carlos Fraschina” hasta tanto la Comisión Directiva de la institución, previa intervención de Oficial Sumariante designado al efecto, resolviera en forma definitiva sobre el caso. La respuesta fue firmada por Gregorio Werthein, Alejandro B. Cima, César Lopardo Grana, Ricardo Doldan, Leonardo Madcur y Marcelo Brandolino, actual presidente de la FEA. 

Según el artículo 47 del Estatuto de la FEA, la Comisión Directiva tiene la facultad de sancionar a los atletas federados, incluyendo la suspensión. Además, indica que se podrán aplicar las normas del Código Penal en materia de imputabilidad, responsabilidad, tentativa, participación, reincidencia y concurso de infracciones.

A pesar del aviso de la FEA sobre la suspensión del jinete, Lenzi Pra nunca recibió comunicación oficial sobre lo que decidieron después: su reincorporación. Fraschina seguía asistiendo a los concursos, asegura la denunciante: “Me di por enterada, pero no me avisaron nada, ni qué trataron, ni en qué quedó. Me fui enterando por conocidos, no porque me hayan notificado ni nada”, aclara la mujer.

Tras la denuncia, Lenzi Pra asegura: “Me lo cruzaba [a Fraschina] y él pasaba a propósito delante mío. Me acuerdo patente, pero a mí me salía del inconsciente bajar la cabeza y me acuerdo de mi hermano más chico diciéndome: 'Vos parate, vos [con] la frente en alto'. Pero es difícil, porque ver a la persona te genera muchas sensaciones”. Lenzi Pra sostiene que se vio expulsada del deporte que tanto quería, incluso dejó de ir a ver a su padre competir: “Es muy injusto. Llegó un momento en que tomé la decisión, aunque me duela, de dejar de ir porque no me hace bien”.  

La UDI de elDiarioAR se comunicó con la FEA a través de tres direcciones de correo electrónico para preguntar sobre la postura de la institución respecto a ambos casos. Al cierre de esta nota no había recibido respuestas. Tampoco respondió su apoderado, Alberto Hernán Méndez Canas.

El pasado 10 de mayo, Fraschina compitió en el Club Hípico Argentino contra otros 24 jinetes por el Gran Premio Internacional Sol de Mayo, uno de los más importantes del país. Este no es un torneo más, sino un torneo internacional de salto que integró el circuito de la Federación Ecuestre Internacional - FEI World Cup - CSI1-W* y sumó puntos para uno de los rankings, el Longines Ranking Group E.

Fraschina quedó en quinto lugar. En la foto de la entrega de premios publicada por la Federación Ecuestre Argentina, Fraschina aparece sonriente, con su característico pelo rubio cubierto por una gorra de Mercedes Benz, como el resto de los ganadores. Debajo del podio, acompañaban las autoridades de la FEA.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Augusto Fraschina, reconocio jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y por abuso sexual con acceso carnal, como reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, que actualmente tiene 38 años, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho de abuso supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses.

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio. Ante la consulta de la UDI de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos denunciados, el jinete e instructor derivó a este medio con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

Candela Lenzi Pra declaró contra Fraschina en diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Violencia de Género de Pilar. Después de casi siete años, continúa esperando una resolución de la causa, que correría peligro de prescribir. 

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone.

En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El riesgo de prescripción se debe a una prueba, la ampliación de un peritaje psicológico que buscaba acreditar que los hechos le habían generado a la víctima un grave daño a la salud. Fue anulada por la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2023, que declaró su nulidad y todos los actos consecuentes. 

Tras la anulación, el juez de Garantías Saettone interpretó que esa prueba anulada tenía un efecto extensivo sobre la citación a prestar declaración del principal imputado en la causa, realizada en junio de 2021. Ante la Justicia, Fraschina sostuvo: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. El jinete se refirió a las situaciones de supuesto abuso enumeradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

La causa llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó la queja de la fiscal María Laura D’ Gregorio por “improcedente”, argumentando que la resolución no era una sentencia definitiva. Sin embargo, en la respuesta dejó entrever que la nulidad no afectaba el llamado a prestar declaración indagatoria del imputado, que esa declaración de Fraschina no era nula, según interpreta el abogado de Lenzi Pra, Hugo Tomei, consultado por la UDI de elDiarioAR.

La causa estuvo bajo estudio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, integrada por los jueces Oscar Quintana y Ernesto García Maañón, por los recursos de apelación que interpusieron el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Manuel Cayuela, y de la propia Lenzi Pra. Uno de los jueces que debía decidir sobre el futuro de la causa, García Maañón, fue denunciado en julio último por una secretaria letrada por presunto acoso sexual y laboral, lo cual llevó a una investigación de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En sus idas y vueltas, el expediente contra Fraschina volvió a ingresar a la Cámara de Apelaciones de San Isidro el 13 de junio de 2025. La Cámara debía resolver si era procedente extender la nulidad de la prueba al llamado a prestar declaración del imputado y a la citación a juicio. Eso podría haber herido de muerte a la causa. 

El pasado 2 de septiembre, y luego de la renuncia presentada por Maañón, la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró admisible el recurso de apelación del fiscal Cayuela, a pedido del fiscal departamental adjunto, Cosme Iribarren, y de Lenzi Pra y su abogado. 

Además, la Cámara revocó la decisión del juez Saettone, permitió que el proceso continúe su curso hacia el juicio oral y público y remitió el expediente a un nuevo juez. El fallo da cuenta de cómo afecta a la denunciante el paso del tiempo sin una resolución, afirmando que “la demora en el proceso vulnera los derechos de la víctima, especialmente considerando su condición de niña al momento de los hechos”.

Sin embargo, la defensa ha hecho una reserva para recurrir a Casación nuevamente. En un escrito del 4 de septiembre, el juez Saettone hizo lugar a ese pedido.

Sin embargo, uno de los últimos movimientos en la causa fue el 21 de octubre pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fraschina.

La UDI de elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con el juzgado de Garantías número 7 para consultar al juez Saettone. Se dejó constancia del motivo del contacto y un número telefónico. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Este medio también se contactó con la Fiscalía número 1 de Juicio del departamento judicial de San Isidro, derivado por el Fiscal General de San Isidro, John Broyad, quien constató que la causa está actualmente en manos de la fiscal Marcela Semería. elDiarioAR envió preguntas sobre el caso, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Denunciar y sus costos

La segunda denunciante de presunto abuso sexual cometido por Fraschina, M. Sol Brunello, evaluó las posibles repercusiones de emprender acciones legales, tanto para ella como para otros, antes de decidirse a denunciar. Al principio, dudó: “Era abrir y destapar una olla”, dijo a la UDI de elDiarioAR. Sin embargo, una vez que pudo hablar, todo comenzó a avanzar: “Desde que logré hablar, todo está yendo para adelante”. La denuncia fue presentada en agosto de 2024, luego de que la mujer hablara con sus familiares sobre la denuncia de Lenzi Pra, que salió publicada en un medio local, Pilar a diario, y después de que Brunello le contara a su familia lo que asegura haber vivido con Fraschina.

La fiscalía que lleva a cabo la investigación es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en violencia de género, a cargo de María José Basiglio. Luego de tomarle declaración a la denunciante, a sus padres y su hermano, y de considerar lo relatado por Brunello en el espacio de contención del Centro de Atención a la Víctima, la fiscal determinó que la denunciante “no logró dar detalles de los hechos denunciados en autos”, que el material probatorio fue “contradictorio” y, como consecuencia, “insuficiente” para tomarle declaración al imputado según el Código Penal. Sin más, Basiglio dispuso archivar la causa.

Sin embargo, luego de reclamar por supuesta ineficiencia en la investigación y solicitar la revisión de archivo, la denunciante -con representación del mismo abogado de Lenzi Pra, Tomei-, logró una respuesta favorable de la Justicia, aunque no un cambio de fiscalía. 

El 18 de febrero pasado, Sebastián Cosme Iribarren, fiscal departamental adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, resolvió revocar el archivo por considerar “que el criterio adoptado [por la fiscal] aparece -de momento- prematuro”.

La medida de desarchivo fue un nuevo impulso para Brunello: “En un momento, cuando tengo que firmar para desarchivar la causa, me hago la pregunta: ¿sigo con esto? Porque esto puede tardar un montón de años”, reflexiona la mujer en diálogo con elDiarioAR.

El 11 de marzo pasado, tras lo dispuesto por la Fiscalía General, la fiscal Basiglio dispuso librar varios oficios para solicitar medidas, como que se fije fecha para una pericia psicológica a los acusados y a la denunciante.

Las pericias serán recién dentro de casi un año: en septiembre de 2026. La fiscal también solicitó librar oficio al Presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), Marcelo Luis Brandolino, a fin de que informe si Fraschina y su supuesto cómplice, el jinete Javier Rawson, estaban registrados como deportistas entre 2004 y 2008, fecha en la que la denunciante pudo encuadrar que habrían sucedido los abusos. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos de Pilar para enviar preguntas sobre los avances en el caso el pasado 22 de octubre por la mañana. Ese mismo día, a las 15:55, siete meses después de aquel escrito, la fiscalía envió un oficio al titular de la comisaría de San Miguel para que realice una “inspección ocular en Campo de Mayo -sector equitación- y se constate los registros de ingreso y egreso de personas entre los años 2004-2009” para corroborar los dichos de Brunello.

Además, la fiscal requirió que se le informe quiénes cumplían funciones en el lugar durante dicho período y que se informen los datos de contactos de los mismos a fin de recibir declaración en la fiscalía. Al cierre de la nota, las preguntas enviadas por este medio a la fiscal no fueron respondidas.

La respuesta de la Federación Ecuestre Argentina llegó rápidamente, al día siguiente. El apoderado de la institución, Alberto Hernán Méndez Canas, confirmó mediante un informe: “Tanto Rawson Marcelo Javier Humberto como Fraschina Augusto Carlos estuvieron federados como jinetes en nuestra institución durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. También informaron que Rawson es instructor de la FEA desde 1999.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que está imputado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones.

El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, según un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En un acta de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber -a Rawson- los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia por los supuestos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el encargado de la educación y guarda y abuso sexual con acceso carnal. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Así surge del expediente de la Justicia de San Isidro y testimonios consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR durante los últimos meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, quien actualmente tiene 38 años, denunció ante la Justicia a Fraschina por un hecho cometido supuestamente cuando tenía entre 17 y 20 años. 

La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1, Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

La equitación implica algunos requerimientos indispensables para practicarlo: tener un caballo, alimentarlo, domarlo, hacerle controles veterinarios, conseguirle un establo para que duerma. Y tener el dinero, los medios o los contactos para que todo eso suceda. Pero hay otro punto central para poder realizar este deporte: tener un instructor.

Augusto Fraschina es una figura reconocida en el ambiente hípico y un hombre conectado con el poder. En 2023, ganó una de las competencias más importantes del país con el caballo HT Felini. Se destacó en la competencia de 1,5 metros por su tiempo, 74 segundos, y ninguna falta. Al recibir el premio, el jinete mostró una sonrisa perfecta, la piel dorada, el cabello rubio y los lentes de cristales rectangulares. Sostenía la copa de cristal con su mano izquierda y con la derecha tomaba por el hombro a Marcelo Brandolino, presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA). Una banda azul lo condecoró como ganador del “Gran Premio Federación Ecuestre Argentina”.

En una entrevista publicada en las redes sociales de la FEA, en octubre de aquel año, el ganador dijo estar feliz por los resultados y por los dos caballos con los que compitió, propiedad de los hermanos Toviggino. Más adelante, agradeció a aquella familia: “Me siento afortunado de la calidad humana de todo el equipo de trabajo y ni hablar a la familia Toviggino que nos da la oportunidad de hoy darnos este gustito”. 

Pablo Ariel Toviggino es tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), además de presidente ejecutivo del Consejo Federal de la institución. También es un apasionado de los caballos. Sus tres hijos, jóvenes y destacados jinetes, fueron entrenados por Fraschina. Felini, el caballo con el que el jinete ganó en 2023, pertenecía al hijo mayor de Toviggino. elDiarioAR se comunicó con Pablo Toviggino para preguntarle si estaba al tanto de las denuncias contra Fraschina, pero al cierre de esta nota no había respondido.

Denuncias de abusos

Además de competir y ser instructor, Fraschina, de 50 años, es fundador del Centro Ecuestre “Las Casuarinas”, ubicado en el complejo Pilar del Este. Fue en este lugar donde comenzaron los abusos a su entonces alumna Candela Lenzi Pra, de acuerdo con la denuncia presentada por la joven ante la Justicia y su testimonio ante la UDI de elDiarioAR.

La primera vez que Lenzi Pra montó un caballo fue a los tres años. Su padre, Juan Lenzi, practicaba equitación amateur. Su instructor, Fraschina, abusó sexualmente de ella por primera vez cuando tenía 16 años y él, alrededor de 36, afirma en la denuncia ante la Justicia y ante elDiarioAR. Los abusos comenzaron en 2010 y se extendieron durante meses, según su declaración.

Lenzi Pra se destacó en las competencias de equitación desde pequeña y ganó concursos nacionales en la categoría juvenil. Llegó a representar al país a los 14 años, cuando fue invitada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) a través de su entrenador de entonces, anterior a Fraschina. La competencia fue en Santiago de Chile.  

Su deseo más grande era crecer en el deporte. “De chica siempre soñé con saltar en primera, era mi único sueño”, dice la mujer de 31 años, aunque admite: “Hoy es difícil decir si me hubiese dedicado porque de repente de un día para el otro se me vino el mundo abajo”. 

Su familia la acompañaba en cada competencia. “Todos los fines de semana mis papás me llevaban a los concursos y me acompañaban. Se movía toda la familia: si tocaba saltar en el (Club Hípico) Argentino, íbamos todos al Argentino y pasábamos todo el día ahí, aunque entrara a la pista por 30 segundos, un minuto como mucho”. Su familia la veía entusiasmada y con potencial, por lo que buscaron un jinete de primera categoría que pudiera enseñarle y entrenarla con mejores caballos.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, donde vivía la familia, había solo tres entrenadores de primera, explica Lenzi Pra. Por recomendación de un amigo de Juan Lenzi, su padre, llamaron a Fraschina. La primera reunión con el jinete fue en la confitería del barrio privado Campo Chico, en Pilar. Fraschina sacó una notebook y mostró videos de sus entrenamientos. Juan Lenzi recuerda aquel momento en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “Me mostró cómo eran los videos, cómo laburaría, cuántos caballos tenía y cómo saltaba. El tipo ya estaba saltando en primera y como jinete es bueno”. Candela quedó contenta, ahora tenía un profesor de primera categoría.   

elDiarioAR contactó a Augusto Fraschina para hacer preguntas y dar lugar a su versión de los hechos y fue derivado con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar bajo alguna modalidad”.

Ante la Justicia, Fraschina sostuvo durante una declaración indagatoria en junio de 2021: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. Fraschina se refirió entonces a las situaciones de supuesto abuso nombradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

Después de algunas clases en Campo Chico, Fraschina le propuso a la familia hacer las clases en su nuevo establecimiento ecuestre, Las Casuarinas, que manejaba con su socio y amigo Javier Rawson, también jinete. Allí la joven podría entrenar con mejores caballos.  

Los martes y jueves, al salir del colegio, y por la tarde, la adolescente de 16 años comenzó a asistir a Las Casuarinas. Fraschina filmaba a su alumna durante el entrenamiento para luego ver juntos el video y detectar cómo mejorar en los saltos. “Una tarde me dijo que fueramos a ver el video al lugar donde yo me cambiaba y ahí mientras estábamos en un sillón viéndolo, se empezó a acercar más, hasta que me agarró de la cintura y de la cara y a la fuerza me dio un beso en la boca”, relató Lenzi Pra en la denuncia que efectuó ante la Justicia. “Esa vez fue solo eso, yo le dije que no, me lo saqué de encima”, agregó en el descargo. Aquel fue el primer abuso de tantos que ejercería Fraschina, afirma la denunciante.

Los entrenamientos continuaron. “Cada vez que yo me cambiaba, él venía al lugar, entraba y me acorralaba y me tocaba, siempre con ropa”, detalla la joven y agrega: “Estaba confundida, no sabía qué hacer porque, por un lado, a mí me encantaban las clases, eran las mejores, era un gran profesor, para mí era muy importante tomar clases con él, lo admiraba mucho y me daba los mejores caballos. Pero, por otro lado, me hacía eso”. 

Lenzi Pra se quedaba paralizada, dice. Así lo relata a elDiarioAR: “De repente no entendía nada. No entendía qué era lo que estaba pasando, era mi profesor, era alguien que quería mucho y de repente me estaba haciendo algo que yo no quería y aunque le decía que no, él insistía. No es que insistió una vez, sino que ya había hecho varias cosas y me paralizaba, no sabía cómo manejar la situación, no la podía manejar, claramente”. 

Fraschina cambiaba de actitud de un minuto a otro, asegura la denunciante. Apenas salía del cuarto, fingía que nada había pasado, sostiene Lenzi Pra. La clase continuaba y la alumna era introducida en un esquema de premios y castigos. De acuerdo a ese esquema, la joven recibía su clase con los mejores caballos o una simple vuelta al trote.  

Así lo relata en la denuncia ante la Justicia: “Siempre me negaba y le decía que no, pero capaz me decía: 'Bueno, hoy te voy a prestar tal caballo', como para que yo tenga un buen entrenamiento y salte bien o quede contenta, y al otro día venía y me hacía lo del abuso y si decía que no, me decía: 'No, hoy no te doy clases, hoy me tengo que ir temprano'”. 

Engaños

Los abusos no solo sucedieron en “Las Casuarinas”, sostiene Lenzi Pra. Otro episodio ocurrió al regresar de un concurso, según la denuncia. Su padre le pidió a Fraschina que la llevara a su casa, ya que él estaba en el trabajo y no llegaría a buscarla. Fraschina accedió. “Yo no decía nada. No me animaba a decirle a mi papá: ‘No me dejes sola con este tipo'”. Ya en el vehículo con Lenzi Pra, el jinete se desvió del camino a la casa de la adolescente. Ella recuerda que su entrenador le dijo: “Antes tengo que pasar por mi casa”. Hoy la mujer imagina todas esas cosas que cree que debería haber hecho y no pudo: “En vez de tirarme del auto, de patalear, de lo que sea, me quedé en el auto”. 

Al llegar, Fraschina le dijo: “Bueno, bajá porque yo voy a tardar” y ella bajó, sostiene Lenzi Pra. En la denuncia, relató: “Yo estaba en la cocina de su casa hasta que me agarró de los brazos y me llevó a su cuarto. Él se acostó en la cama boca arriba y a la fuerza me tiró encima. Yo quedé acostada arriba de él, me empezó a tocar y nuestras partes íntimas quedaron una arriba de la otra. Me decía que así le gustaba a él. Me dio un beso y sentí un gusto amargo, su presencia me paralizaba. En un momento, como pude, me paré de la cama y salí de la casa, y después él me llevó a la mía, como si nada hubiese pasado”.

La última vez que Lenzi Pra recuerda que Fraschina abusó de ella, sostiene la denuncia, fue mediante un engaño. La mujer describió ante la Justicia esta situación como “lo peor que me hizo”. A finales de 2010, Fraschina le dijo que organizaría una fiesta de fin de año para la gente de Las Casuarinas. La fiesta sería de día, en una quinta con pileta y se suponía que con más gente. “En teoría nos juntaríamos con personas que montaban en Las Casuarinas, íbamos a ir a una quinta y yo estaba yendo con una chica que conocía del lugar, en su auto”, cuenta la mujer. 

Javier Rawson, socio de Fraschina, mantenía un vínculo en aquel momento con la amiga de Lenzi Pra, también menor de edad, de 17 años, según la denuncia. A mitad de camino, las adolescentes se cruzaron con Rawson y Fraschina, que iban en otro auto. Lenzi Pra dice en la denuncia: “Javier se bajó del auto en que iba con Augusto y me dijo que él quería ir con mi amiga y que yo fuera con mi profesor”. 

Lenzi Pra se sorprendió al ver que estacionaban en un lugar inesperado. “Cuando frenamos me di cuenta de que no estábamos en ninguna quinta”. Era un hotel ubicado cerca de la ruta 8, a la altura del kilómetro 64. El nombre del establecimiento se detalla en la denuncia. “Hasta que entramos no me di cuenta de que era un hotel. Cuando empezaron a hacer el check-in yo le dije a mi amiga que esto no era lo que habían dicho”, asegura a elDiarioAR. El nombre completo de su amiga, quien declaró para ratificar el testimonio de la denunciante ante la Justicia, figura en el expediente pero este medio resguardó su identidad.

En la denuncia, Lenzi Pra sostuvo: “Yo sentía que no le podía decir que no [a Fraschina] y por eso no podía hacer mucho”. Su amiga dijo a la Justicia que los socios se adelantaron al mostrador del hotel para acreditarse y ellas quedaron detrás. Ellos pidieron dos habitaciones: una, supuestamente para ellas, donde se cambiaron, y otra para ellos. Los cuatro fueron a la pileta del hotel. “Ellos sacaron de una mochila un champagne con unas copas y nos quedamos un rato ahí”, recuerda la mujer, y agrega: “A nosotras no nos pidieron documentos ni nada [en el hotel]”.

Luego, según consta en el expediente, ella relató: “Nos metimos a la pileta hasta que mi amiga se fue con Javier y yo me quedé con Augusto. En un momento me dijo que fuéramos al cuarto a sacarnos el cloro. Yo nuevamente me sentí obligada”. Una vez en el cuarto, ella entró a la ducha y él se metió detrás de ella. Lenzi Pra fue abusada, sostiene. Cuando la joven salió de la ducha, se le tiró encima nuevamente, dijo. “Yo me asusté mucho y empecé a llorar y a gritar pidiéndole por favor que no, diciéndole que no quería, pidiéndole por favor que no me hiciera nada, hasta que él se vistió y se fue a otro cuarto”. 

Lenzi Pra fue al cuarto donde estaba su compañera y le dijo que quería irse de allí. Las jóvenes juntaron sus cosas y se fueron. En su declaración, su compañera contó que no hablaron del tema, pero que Lenzi Pra estaba visiblemente angustiada.  

Segunda denuncia

La segunda denunciante, M. Sol Brunello, acusa a Fraschina del presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Su familia siempre estuvo cerca de los caballos. Durante los años 90, se fueron a pique en términos económicos y lo que era un hobby de su padre, la equitación, se convirtió en el negocio familiar que los sacó a flote con un establecimiento ecuestre. “Nosotros cuidábamos caballos, dábamos clases, ganamos el oficio laburando a la par de mi viejo”, asegura la mujer en diálogo con este medio.

Cuando su padre consideró que les había enseñado todo lo que sabía a ella y a su hermano, la única alternativa para conseguir un instructor fue un antiguo profesor, quien en su juventud fue un destacado jinete. A cambio, ella y su hermano mantenían la caballeriza del instructor ubicada en Campo de Mayo. Allí, la joven tomó clases entre 2004 y 2008. El hecho denunciado habría ocurrido cuando tenía entre 17 y 20 años.

En aquellos años, su regreso a casa desde Campo de Mayo solía ser en el colectivo 57 o a veces con su antiguo instructor. Otras pocas veces la llevó Javier Rawson, una persona conocida de la familia, hijo de un militar de Campo de Mayo que vivía cerca del lugar donde su familia tenía el establecimiento hípico. 

“La primera vez Rawson me ofreció llevarme a mi casa porque venía para estos lados, no hubo ninguna situación. La segunda vez me pidió hacer un pequeño desvío porque tenía que hablar con su socio, lo que me pareció normal, yo tenía tiempo. Bajó unos minutos de la camioneta gris en la que íbamos y tuvo una charla con alguien en un centro hípico”, dijo Brunello en su declaración ante la Justicia. 

Hubo una tercera y última vez. Ella estaba en la parada del 57 y Rawson salía de Campo de Mayo. Se ofreció a llevarla. “Me preguntó si podíamos pasar a buscar un pasaporte de un caballo, él transportaba caballos”, relató. Se dirigieron a un barrio cerrado sobre la calle Champagnat, camino a la Universidad del Salvador, mientras él hablaba con alguien por handie o Nextel. Llegaron a una casa desconocida para ella. “Me ofreció pasar a tomar un vaso de agua, hacía calor, era casi primavera o verano”, cuenta. Decidió bajar del vehículo. 

“Cuando entré estaba en la casa Augusto Fraschina, a quien no conocía [personalmente] pero sí sabía quién era por la revista Equestrian y el entorno de este deporte. Lo conocía de nombre y sabía quién era, pero nada más. Él bajó por la escalera, me tomó el cuerpo y me arrastró a la fuerza para llevarme a la habitación del primer piso. Me hizo subir la escalera, a lo que yo empecé a llamar a Javier Rawson pidiéndole ayuda. Vi que Javier se empezó a reir mientras tomaba agua, hizo un gesto burlón como saludando con su mano, como diciendo ‘qué va a ser’, y se fue, se metió para adentro de la cocina, pasó a través de una puerta creo que corrediza o vaivén”, relató Brunello en la denuncia penal que hizo en agosto de 2024.

“Fraschina me arrastró hacia arriba. Una vez en la habitación, comenzó a bajarme el pantalón, tenía su pene afuera, se colocó un preservativo que ya tenía sobre la cama. Yo le decía que no, que me deje, que no quería”, describió en la denuncia. “Me acuerdo que me miraba con cara de sacado, me decía: ‘Dale, dale’”, continuó la mujer en su exposición. Ella se vio atrapada en una habitación. Tenía que salir. Como pudo, logró bajar las escaleras. 

“No había nadie, ya Javier no estaba o si estaba, estaba metido adentro. Agarré mis cosas de la camioneta y me fui caminando”. Aquel recuerdo de cómo regresó a su casa fue para ella una de las más difíciles de recordar: “Sé que me fui caminando, es lo que más me costó recordar, cómo me fuí de ahí”, dice. “Recuerdo caminar pensando: ‘Bueno, esto es que te violen’”.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que es investigado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones. El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, de acuerdo a un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En el acta de presentación de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Aquel día, al llegar a su casa, la joven se encontró con su hermano menor. “Yo quería contarle, pero no me animé, me dio vergüenza”. Aquél fue el único intento por poner en palabras el abuso antes de reprimirlo durante años: “No lo pude contar y lo archivé automáticamente”. Si bien su hermano no pudo ayudarla en aquel momento, sí lo hizo cuando ella empezó a recordar. “A mí me costó mucho ubicar mi edad en torno a esa época porque por mucho tiempo lo negué, durante mucho tiempo lo reprimí, pero mi hermano me ayudó porque él tiene más recuerdos, porque él viajó más, compitió más y a través de los recuerdos fugaces míos y las fechas en las que mi hermano también participó de diferentes torneos fuimos llegando a una edad mía en donde viví esto”.

Después de tantos años de haber bloqueado los recuerdos de aquel día, asegura Brunello, aún no pudo establecer exactamente en qué año sucedió, según la denuncia. 

Lo que hubiera sido un proyecto de vida, tuvo un punto de quiebre, a pesar de su buen desempeño en las competencias, cuenta. “Fue entre los 17 y 20 años más o menos que a mí me pasa esto, y fueron los años que yo más me había comprometido con la equitación, sobretodo con la enseñanza, hice el curso de equinoterapia y le metí fuerte a entrenar, a aprender y a mi escuelita donde daba clases a chicos desde los tres años”, cuenta.

Luego, la joven siguió dando clases un tiempo más, incluso a sus 20 años llegó a tener 30 alumnos pequeños a quienes enseñaba a montar. Pero de un momento para otro, dejó todo, abandonó la equitación.

“Fue muy fuerte para mi familia, nadie terminó de entender bien por qué, tampoco qué era lo que me pasaba. Me frustré, me cansé, me enojé y ahora puedo decir que para mí yo no había podido digerir esto”, dice. “Vendí mis caballos, todas mis monturas. Regalé mi ropa de montar, mis botas, todas mis cosas”.

Después de un viaje largo, quiso retomar la equitación: “Luego intenté volver como profe en otro club, pero ya no fue lo mismo, los tiempos empezaron a apretar económicamente y el laburo no me rendía, había conocido a un chico, quedé embarazada y decidimos venirnos para acá después de que naciera mi hija. Y ahí se terminó la equitación para mí”, cuenta desde su hogar en el interior del país.

En 2023, Javier Rawson participó de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde coincidió con el hermano de Brunello, asegura la mujer. “En Santiago de Chile, fui a ver a mi hermano. Tenía que ir y ver a Rawson ahí. Él me vio, bajó la cabeza. Yo recién acababa de recordar”. 

El silencio

Tras el último abuso que consta en la denuncia, sostiene Lenzi Pra, Fraschina comunicó a su familia que no podría seguir entrenándola y la recomendó con una profesora. Pero ella no logró retomar el deporte y decidió alejarse. Fraschina continuó compitiendo y creciendo en su carrera: “En los concursos me lo he cruzado. Él hacía como si nada y yo también hacía como si nada”, recuerda la mujer. 

Pronto empezaron los vómitos, la depresión. “No se lo contaba a nadie, no se lo contaba a mis papás, amigas, hermanos, a nadie y la única forma que tenía de sacarlo era vomitando. Entonces, estuve muchos años sin poder hablar”. Los padres, preocupados, la llevaron a Aluba, una institución que aborda los trastornos alimenticios. El acompañamiento de una psicóloga y una nutricionista la ayudaron. 

El momento de hablar llegó después de un episodio específico. Su padre recibió un premio en una competencia amateur y se encontró con Fraschina en la pista. Al momento de la entrega de premios, Juan Lenzi se tomó una foto con el jinete y se la envió a su hija por WhatsApp: “Mirá con quién estoy”, le dijo. Al verla, la joven volvió a sentir náuseas. Vomitó. “A la noche tengo que hablar con ustedes”, le respondió. “Fue la primera vez que nos cuenta lo que había pasado”, recuerda su padre en diálogo con elDiarioAR durante una entrevista a mediados de 2025. 

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) junto a 2000 científicos y científicas firmaron la presentación frente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un documento que da cuenta del incumplimiento por parte del Estado de la ejecución de los fondos para financiar los proyectos científicos. Hoy científicos y científicas se movilizaron al Polo Científico de Conicet, en defensa de la ciencia pública y sus trabajadores. 

Valeria Levi, Vicedecana de la Facultad de Exactas de la UBA y miembro de RAICyT contó sobre la presentación al organismo multilateral: “Hemos tratado de hablar numerosas veces y hemos hecho llegar nuestros reclamos en numerosas instancias al gobierno nacional y no tuvimos respuesta, entonces apelamos al BID que es uno de los organismos financiadores” y agregó: “Pero hay interrogantes: ¿cuántos fondos quedan?, ¿en dónde están?, ¿se han girado al país y no se han usado?”.

Según Levi, el organismo respondió que “inmediatamente después de presentar la denuncia”, les llegó un email diciendo que se va a revisar todo el material y “que en caso de ser necesario nos van a contactar”. Y agregó que el envío de la documentación con la firma de los 2000 científicos, es un hecho sin precedentes en la historia del país: “hay gente de todo el arco político, gente hiper importante del ámbito científico. Creo que es la primera vez en la historia que al BID le llega un reclamo a la propia comunidad científica y eso nos parece también un hecho importante, que marca la crisis absoluta que estamos viviendo”.

Las 2000 avales que acompañaron el petitorio tienen firmas de científicos de renombre como el biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología, Diego Golombek; la viróloga argentina, Andrea Gamarnik, científica conocida por sus investigaciones relacionadas con el VIH, la hepatitis B, y el virus del dengue y Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, investigador superior del CONICET y director del Departamento de Microbiología de Facultad de Medicina de la UBA.

En septiembre pasado, una investigación de elDiarioAR reveló que la Agencia I+D+I que financia la ciencia argentina anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retenía al menos US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado hasta ese momento durante 2024, US$3,93 permanecían en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde fines de diciembre de 2023. La situación desde entonces no hizo más que empeorar.

La investigación periodística desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, se expuso que si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. Sin embargo, la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica (PICTs) de 2023, el instrumento que permitía recibir financiamiento para cada una de las investigaciones, se prorrogó por 5° vez. 

Levi sostiene que: “además del tema de la plata en sí, hay otras cosas que marcan que se está obstruyendo con la agenda de la financiación de las ciencias, en particular el no nombramiento de los miembros del directorio” y agregó que “eso en sí frena, paraliza un montón de tareas rutinarias que necesitan del directorio [de la Agencia I+D+I] para ser realizadas, que no se pueden realizar porque no está nombrado”.

Los becarios y becarias de la Agencia I+D+I organizados en asamblea, comenzaron hace algunas semanas una campaña focalizada en cuestionar “¿Dónde están los 53 millones de dólares?”. En un video que circuló por redes sociales plantearon la situación asfixiante que viven los investigadores: “Los salarios de los investigadores están congelados hace casi un año y ahora incluso suspenden becas ya otorgadas”, sostuvieron y agregaron: “Si los organismos internacionales ya enviaron la plata: ¿Dónde están los fondos?, ¿Se están usando para lo que corresponde?, ¿Por qué el gobierno nacional no da respuestas?”

En un comunicado de prensa con motivo de la marcha a realizarse hoy, los becarios y científicos apuntaron contra el Gobierno: “con la publicación de los resultados de la última convocatoria de becas de finalización en Conicet y como consecuencia de una escasez en los cupos otorgados, quedan en la calle al menos 166 investigadorxs en formación que venían desarrollando sus doctorados como becarixs de la Agencia I+D+i o distintas universidades nacionales y que normalmente los habrían concluido como becarixs de Conicet”. Además agregaron: “una decena de becarixs de la Agencia I+D+i fueron despedidxs por decisión burocrática de ese organismo, excusándose en criterios contradictorios en sus propios reglamentos internos”.

Ya a principios de diciembre, Raicyt había enviado un pedido de acceso a la información pública al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos para consultar, entre otras cosas, sobre la asignación y ejecución presupuestaria de la Agencia I+D+I y los programas y proyectos ejecutados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según detalló Levi, las respuestas fueron insuficientes, por lo que el equipo de abogados de la Red, reafirmó el pedido de la información solicitada.

Este miércoles, científicos y científicas marcharon hacia el Polo Científico donde se encuentra el predio de Conicet y la Agencia I+D+I en el marco de la primera reunión de directorio de Conicet. 

Victoria García, delegada de ATE Conicet, sostuvo en diálogo con este medio que ya presentaron un pedido de reunión con el directorio de la institución: “tenemos una serie de problemáticas pendientes como la situación de las becas de finalización de doctorado donde los cupos resultaron totalmente insuficientes este año: Hay más de 50 becarios que quedaron afuera y que ya vienen desarrollando tareas como investigadores en formación”. Además, mencionó “la situación gravísima de los ingresos a la carrera de investigador y a la carrera del personal de apoyo, que son aproximadamente 1000 personas que están en un limbo total después de los concursos que aprobaron”.

La situación de la ciencia argentina se agrava mes a mes. Valeria Levi sostiene que, a pesar de los desafíos que enfrenta el sector científico, los grupos de investigación y desarrollo continúan haciendo “malabares para sobrevivir” y concluyó: “Igual lo vamos a seguir haciendo porque creemos en lo que hacemos y creemos que es importante para el desarrollo del país, pero ahora más que nada nos estamos respaldando en en la ayuda y colaboración de grupos que existen en el exterior, de colaboradores externos, pero ningún país del mundo vive de eso”.

El Instituto Nacional del Agua (INA) está descentralizado en cinco sedes a lo largo y ancho del país en las que trabajan poco menos de 300 personas. El rol que ocupa es clave en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y proyectos relacionados con el agua. Entre sus actividades más destacadas se encuentran el pronóstico y alerta de inundaciones y sequías, el diseño de grandes obras hidráulicas como las centrales hidroeléctricas nacionales e internacionales, la investigación de enfermedades vinculadas con el agua y la resolución de conflictos legales por contaminación. Pero el INA podría ser reemplazado por una empresa privada y su personal reducido a sólo 50 personas, según denuncian los trabajadores.

En un comunicado de prensa, los empleados del INA señalaron que el histórico instituto “enfrenta un futuro incierto tras una decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que amenaza con disolver este organismo, de más de cinco décadas de trayectoria”.

A pesar de estar explícitamente protegido por la Ley de Bases N°27.742 ya que fue incluido dentro del listado de organismos que no pueden disolverse, los trabajadores entienden que el ajuste presupuestario y los despidos pueden ser una forma de sortear el impedimento y dejar al INA sin cumplir los objetivos para los que fue creado. 

Según Melina Devercelli, directora del Centro Regional Litoral del INA, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “solicitó la disolución del INA, alegando que sus funciones podrían ser cubiertas por una empresa privada. Frente a la excepción de cierre por la propia Ley de Bases, se está pidiendo la elaboración de un plan de negocios autosustentable de dos de los laboratorios del Polo Hídrico de Ezeiza, equivalentes a una privatización, y el cierre de Centros Regionales”.  La científica advirtió, además, que se busca llevar al INA a un mínimo de 50 trabajadores.

En el comunicado de prensa, se destaca que “se ha solicitado al Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Dr. Andrés Rodríguez, comenzar con el achicamiento de la institución”. Rodríguez, a su vez, está a cargo del despacho de presidencia del Instituto, ya que el Gobierno no designó a una persona para el cargo, al igual que el gerente de proyectos, siendo estas dos las principales autoridades.

elDiarioAR intentó contactarse con Andrés Rodríguez en reiteradas ocasiones para consultar por el estado de situación del organismo, pero hasta el momento, no ha recibido respuestas.

Leandro Kazimierski, delegado gremial de ATE y jefe del programa de hidráulica fluvial del laboratorio de hidráulica de Ezeiza relató a este medio que la Ley de Bases sólo protege al instituto del cierre. Pero aclaró: “uno puede dejar dos personas, o lo mínimo indispensable y el resto, disponer de ello. Entonces, cerrar un organismo, como está pasando hoy, es matarlo de inanición: es no pagar los servicios, no pagar luz, gas, agua, internet, no pagar mantenimiento, no pagar distintos proveedores que uno tiene para el quehacer diario. Si no se paga eso, al INA lo van matando lentamente.

El ajuste se da en un contexto de avanzada contra los organismos de Ciencia y Tecnología, donde muchos de ellos, como la Agencia que financia al sistema científico argentino, dejó de pagar los proyectos de investigación, aún cuando sus fondos provenían de préstamos de organismos multilaterales. Recién el pasado 23 de enero, luego de cinco meses de demora, se dio aviso de la aprobación de fondos para pagar parte de la deuda de los servicios que no se abonaban desde agosto, incluso con amenazas de corte y otros servicios que ya se habían facturado.

Una infraestructura única

El INA, como institución de ciencia y tecnología, cumple un rol que va más allá de las capacidades del sector privado. La institución cuenta con una infraestructura única, y un equipo interdisciplinario de expertos dedicado a la investigación y búsqueda de soluciones para problemas hídricos.

“Tenemos infraestructura que es única en Latinoamérica para estudiar este tipo de problemas, para hacer modelos físicos a escala, tenemos capacidad de cómputo específica para problemas hidráulicos: estamos bien equipados”, afirmó Mariano Re, jefe del programa de Hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica de Ezeiza. 

Además de su infraestructura, el INA desarrolla investigaciones que van en beneficio de la sociedad: ofrece servicios de alta especialización y capacita recursos humanos en torno a la gestión del agua. A diferencia del sector privado, el INA no persigue fines de lucro, lo que garantiza la independencia de criterio y el compromiso con la comunidad.

Re destaca “el compromiso que tiene una institución como el INA es la del bienestar colectivo, fuera de intereses parciales y lucrativos”. El INA también participa en peritajes, ofrece consultas a nivel nacional e internacional y forma parte de organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), funciones que difícilmente podrían ser asumidas por una empresa privada.

Una de las características más importantes del INA es su estructura descentralizada en distintas zonas geográficas del país en la que se crearon los Centros Regionales: Litoral, en Santa Fe; Andino, en Mendoza; Región Semiárida, en Córdoba; Aguas Subterráneas, en San Juan y los tres laboratorios del predio de Ezeiza. 

Es por eso que la institución puede abordar problemáticas hídricas que trascienden las fronteras provinciales, como el manejo de cuencas hidrográficas compartidas o la gestión de recursos hídricos. Sin embargo, la idea de cerrar los centros regionales, atenta contra el carácter independiente en temas nacionales y una mirada integral del recurso hídrico.

Leandro Kazimierski ejemplificó lo que pasaría si se provincializara un centro regional como el de San Juan: “con el tema minería, como los sueldos son de las provincias, uno podría encontrar ciertas incompatibilidades, porque se estarían auditando a sí mismos. Hay que verlo caso por caso”, y agregó: “un organismo nacional tiene una visión federal e integral del todo”. 

Motosierra o bisturí

Si bien, las reuniones con el Ministerio de Desregulación con trabajadores y directivos se han dado en el ámbito privado, los trabajadores del INA destacan que el representante del Ministerio de Desregulación que encabeza las negociaciones y comunicaciones oficiales es Alejandro Tamer, cofundador de Despegar.com y actual subsecretario de Reforma Estatal de la Secretaría de Transformación del estado.

Una fuente allegada al organismo, confirmó a elDiarioAR que el 28 de noviembre pasado, agentes de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) se presentaron en el predio de Ezeiza del instituto para analizar y tasar al menos las 15 hectáreas que colindan con el Estadio de River. Asimismo, diversas fuentes allegadas a la sede, confirmaron la presencia del organismo.

elDiarioAR se contactó con el Ministerio de Desregulación del Estado para obtener una respuesta sobre la situación del INA, pero desde el organismo negaron que el instituto estuviera dentro de los temas de trabajo. Este medio también contactó a Alejandro Tamer, para consultarle sobre la posible disolución del INA, pero el funcionario respondió: “Yo no doy notas a nadie de ningún tema”.

Asimismo, el 22 de enero, los trabajadores del predio de Ezeiza recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Economía. El Secretario de Obras públicas, Luis Giovine y el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Felipe Berón recorrieron las instalaciones. Según relató Leandro Kazimierski, el mensaje que quedó después del recorrido fue que desde el Ministerio de Sturzenegger la motosierra es completa, mientras que los representantes del Ministerio de Economía describieron el ajuste como un “bisturí”.

Además, este medio pudo conocer que los trabajadores del INA alertaron a los empresarios, consultores y Pymes del ámbito privado sobre los recortes anunciados y éstos pidieron una reunión con Alejandro Tamer para explicarle la importancia del instituto para realizar sus propias actividades dentro del sector productivo.  

Para el 2025, el instituto, tiene un presupuesto de $8.357 millones proveniente del financiamiento del Tesoro Nacional. En el mismo presupuesto se detallan, también, los proyectos a desarrollar por el instituto durante este año. “Es un presupuesto que, comparándolo en dólares, desde los últimos 15 años se redujo a la mitad”, aportó Mariano Re.

Pese a su gran aporte, el INA tiene un presupuesto relativamente modesto. La mayoría de sus fondos se destinan al pago de salarios, y el resto se utiliza para el mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. El valor que el INA aporta al Estado y a la sociedad, en términos de prevención de desastres, gestión de recursos hídricos y apoyo al sector productivo, supera con creces el costo de mantener la institución funcionando.

Desde el conurbano al Canal de Panamá

La disolución o el desmantelamiento del INA tendría graves consecuencias para la sociedad y la economía. La institución cumple un rol fundamental en la prevención y mitigación de desastres hidrológicos, como inundaciones y sequías. Su sistema de alerta hidrológico, por ejemplo, permite pronosticar el comportamiento de los ríos y alertar a la población en riesgo.

“Estamos trabajando en un sistema de alerta para inundaciones junto con el servicio meteorológico nacional en el conurbano sur, pensando en cómo le llega a la población inundable a su teléfono celular la información de que se puede llegar a inundar. Es un hecho concreto e impacta sobre cientos de miles de personas en el conurbano sur”, comentó Mariano Re a este medio.

Además, el INA genera información hidrológica clave para la producción agropecuaria, la industria y el sector energético. Su labor permite optimizar obras de infraestructura hídrica, reducir costos y prevenir pérdidas económicas. 

Melina Devercelli destacó que la disolución del INA significaría la pérdida de personas expertas que trabajan interdisciplinariamente en temas del agua: “los problemas del agua necesitan ser abordados desde distintas miradas y en conjunto: una mirada ambiental, social y productiva conjunta” y agregó: “Sería una pérdida de este equipo de expertos que además ha llevado mucho tiempo en que se especializaran para poder abordar esas problemáticas”. 

En la misma línea, Mariano Re, habló de la pérdida que significaría desmantelar el organismo: “la gran pérdida acá es una acumulación de 50 años de conocimiento en temáticas muy específicas asociadas a lo energético, porque siempre hemos tenido fuerte incidencia en las grandes obras hidráulicas: las presas Yacyretá, Salto Grande, Alicurá y otros problemas asociados al agua en centrales térmicas o hasta nucleares”. 

El Instituto participó en el diseño de esclusas para el Canal de Panamá, un proyecto de gran dimensión que requirió de mano de obra altamente especializada. La incidencia del INA también abarca a las distintas zonas del país, interviniendo en actividades económicas como la minería, la agricultura, la vitivinicultura, y lo agroalimentario.

En este contexto de incertidumbre, los trabajadores del INA se encuentran en estado de alerta y están organizándose para defender la institución. Han generado propuestas de mejora del funcionamiento sin perder su esencia. Sin embargo, la postura del Ministerio de Desregulación parece inflexible, lo que hace aún más incierto el futuro del INA.

“Desde el INA se han generado propuestas de optimización y de adecuación frente a las nuevas políticas y que de alguna manera pretenden mejorar el funcionamiento de la institución sin perder de vista esta premisa y este principio: que como institución de ciencia y tecnología nuestra función es trabajar para generar propuestas frente a las problemáticas del agua, mejorar la calidad de vida y también preservar la vida de las personas”, sostuvo Devercelli.

elDiarioAR intentó obtener respuestas acerca de la situación del instituto de parte del Ministerio de Economía, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas. 

LG/MG

Una torre de 35 pisos será edificada en uno de los barrios patrimoniales más restrictivos de la ciudad de Mar del Plata, donde no se permiten más de siete metros de altura en los edificios. Gracias a una ordenanza votada a fines de septiembre de 2024, el proyecto que preside Florencia Miconi (por la Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP SA) será posible. La medida fue aprobada en el Concejo Deliberante gracias a los votos del interbloque oficialista de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. 

El terreno destinado a la construcción de la torre de 122 metros de altura está ubicado a una cuadra del mar, en el barrio residencial Stella Maris, justo en la manzana del chalet de María Frers de Mahn, “La Robla”, declarado de interés patrimonial, y próximo a otros dos chalets, el “Belvedere” y “Top Capu” o “El Tovar”. 

elDiarioAR tuvo acceso al expediente donde uno de los argumentos troncales para validar el pedido de la constructora dice: “En los casos en que las parcelas superen los 3.750 metros cuadrados –La Robla ocupa más de 6.500— el Código de Ordenamiento Territorial permite que los propietarios pidan a la Municipalidad el dictado de normas urbanísticas particulares”. Entre las firmas que sostienen el pedido está la de Ricardo Rodríguez, arquitecto, ex subsecretario de Planeamiento Urbano y actual asesor de empresas, y la de Juan Martín Colombo, especialista en Derecho Administrativo y ex procurador municipal.

Para Nino Ramella, ex funcionario radical y ex secretario de Cultura del municipio, el permiso para construir 35 pisos en un barrio que es casco urbano es “un verdadero desastre”. En el mundo entero –como ocurre en Europa, dice— se prioriza la protección del casco urbano por encima de cualquier tipo de inversión“, afirma.

“Hay diferentes tipos de excepciones, pero con La Robla, sin dudas, se llega al extremo de la dislexia urbana”, enfatiza Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP), mientras recuerda el día de la votación, cuando “los vecinos dijeron en el Consejo que estaban destrozando su barrio”. 

Para Gonzalo Vergez, abogado especializado en medioambiente, el proyecto La Robla responde al “perfeccionamiento de las excepciones exprés”, ya que “entró en febrero y para fines de septiembre la ordenanza ya estaba promulgada sin haber cumplido correctamente con las instancias tempranas de participación ciudadana que establece el Acuerdo de Escazú”. Este documento es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe.

La presidenta de la Comisión de Obras y Planeamiento, Angélica González, en cambio, considera que todas las excepciones otorgadas, incluida La Robla, “han sido producto de un estudio concienzudo, otorgando, modificando, restringiendo o ampliando aquello que consideramos que correspondía y podíamos acompañar”.  

“Entiendo a los vecinos y creo que si viviera en ese barrio me sentiría de la misma manera, pero la evolución de la ciudad y de cada distrito muchas veces tienen características que deben ir siendo modificadas dentro de las normativas vigentes y con sus debidas excepciones para que la ciudad pueda seguir evolucionando al ritmo del crecimiento poblacional y urbanístico”, detalla la concejala de la Coalición Cívica (CC).

La vicepresidenta de Acción Marplatense no está de acuerdo: “La aprobación de excepciones no incluye evaluaciones ambientales profundas ni estudios sobre cómo los nuevos desarrollos afectan la infraestructura existente, el acceso a servicios básicos, el manejo de residuos o el entorno natural. Con la proliferación de grandes edificios en áreas que no están preparadas para soportar un aumento significativo en la población, se genera presión sobre los servicios públicos (agua, cloacas, energía) y se agravan las inundaciones y la pérdida de espacios verdes”.

Nota: se corrigio la bajada el 2 de febrero de 2025 a las 21:19, donde decía “siete pisos” debió decir “siete metros.

ED/JJD

A través de las ordenanzas por excepción –que modifican indicadores urbanos—, un selecto grupo de desarrolladores privados, avalados por el Ejecutivo municipal, acumulan proyectos millonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad de Mar del Plata. 

Distintos expertos y actores políticos consultados por este medio coinciden en que, en los últimos años —con mayor celeridad en los últimos 3—, se aceleró el mecanismo de aprobación de ordenanzas exprés gracias un mecanismo “cada vez más aceitado” entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, desde donde se determina cómo y dónde construir. 

El círculo rojo de la ciudad, conformado por funcionarios, empresarios y profesionales expertos del rubro de la construcción, logró adquirir más de un millón de metros cuadrados en la ciudad a través de ordenanzas por excepción. 

“Frente a la falta de un plan de desarrollo urbano integral, la excepción empezó a convertirse en la regla de un concepto de desarrollo que beneficia a un reducido y repetido grupo de personas que no resuelve ninguno de los problemas habitacionales, además de que perjudica, en términos generales, al ambiente urbano y, en particular, a los barrios que constituyen la identidad de esta ciudad”, explica a elDiarioAR Gonzalo Vergez, abogado ambientalista, coordinador del equipo Legal de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y miembro de Organización Mar. 

¿En qué consiste ese mecanismo? A partir de modificar “por excepción” el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y actualizar distintos índices y valores de la construcción, en el Concejo Deliberante se aprobaron más de 10 proyectos inmobiliarios multimillonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad y en barrios de gran valor patrimonial, como es el caso de “La Robla”, como se conoce al proyecto de vivienda multifamiliar Casa Malecón, donde se proyecta una torre de 35 pisos sobre la costa, o el caso de La Reserva Explanada al sur de la ciudad, en la que se intenta construir 9 edificios sobre la playa y en zona arqueológica, a pesar de las advertencias por el fuerte impacto ambiental y habitacional. 

Detrás de los emprendimientos de lujo hay un grupo selecto de privados entre los que se encuentra Juan Pablo Reverter, CEO de H Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, que obtuvo a fines de 2024 el respaldo para modificar los indicadores que permitirían el desarrollo de un nuevo barrio privado en el sur marplatense. Al mismo tiempo, el empresario consiguió el aval para avanzar con el Unkanny Residences, ubicado sobre la zona patrimonial del ex Hotel Hurlingham, donde se proyecta una torre de 21 pisos y un hotel boutique sobre Playa Varese. Este último será la pieza que complementa el ya casi terminado Unkkany Tower, ubicado a una cuadra sobre el terreno del Chalet “Mores” (por haber sido la casa de Mariano Mores), gracias al aval de otra ordenanza por excepción aprobada en 2016. 

Florencia Miconi es otra de las figuras de esta transformación inmobiliaria. Es CEO de IMASA, presidenta de Fiduciaria Paisajes Urbanos SA y presidenta del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. En sus manos se encuentra el proyecto de la torre de 35 pisos conocida como “La Robla”, uno de los casos más emblemáticos y cuestionados desde que la ordenanza se aprobó a fines de septiembre pasado. 

Miconi también tiene desde 2019 el aval para construir un edificio de 9 pisos en el chalet patrimonial conocido como Villa Susuki y, desde 2023, el respaldo legal para iniciar el desarrollo del Distrito de Arte y Diseño ubicado en la zona del Puerto. Este último se trata de un ambicioso proyecto presentado por el Jefe comunal ante el Concejo Deliberante en busca de los permisos necesarios para construir dos torres de 30 pisos junto a oficinas y locales gastronómicos, aspirando a conseguir un “Puerto Madero de Mar del Plata”, según declaraciones del mandatario.

Por su parte, Patricio Gerby, titular de la constructora Coarco SA —uno de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos—, en octubre del año pasado obtuvo el aval para la construcción de un edificio de 10 pisos en el predio de dos chalets de valor patrimonial, los “Vaia Po” y “Félix Pachano”, destinado para vivienda multifamiliar y locales comerciales. Un dato: en 2021, el Jefe comunal adjudicó a su constructora la principal obra del Presupuesto 2021, la segunda etapa del desagüe pluvial Marcos Sastre, consignada en más de US$530 millones.

Dos modelos de ciudad

“En este modelo de negocio concentrado, el Ejecutivo municipal facilita de manera sistemática la modificación de indicadores urbanísticos por excepción para habilitar nuevos proyectos inmobiliarios. Se trata de un modelo que viene a sustituir la falta de un plan de desarrollo urbano inclusivo para toda la ciudad”, asegura a elDiarioAR Francisco Olivo, decano de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), preocupado por el uso abusivo de las excepciones porque “rompen acuerdos sociales sobre las condiciones estipuladas acerca de cómo queremos vivir en una sociedad según las leyes vigentes, creando una gran desarticulación provocada por el mercado”.

“La excepción tiene que estar cuando la normativa no alcanza a resolver un problema puntual de una regla general, pero no para beneficiar a un grupo pequeño de personas con alto nivel adquisitivo y de manera sistemática”, remarca el decano de UNMDP.

Para Vergez tampoco existe “una planificación que incluya a todos”. En cambio observa una lógica muy vigente de “extractivismo inmobiliario”, que se impone “en perjuicio del hábitat urbano, de sus habitantes y del medioambiente”. Pone contexto: “Si tomamos como punto de partida el año 1988 con la creación de las torres Manantiales, en esos años solo se dio un puñado de excepciones en toda una década, pero ahora tenemos una decena de excepciones en pocos años. Ahora, hasta hemos llegado a la instancia de pensar todo un Distrito de Arte que es aprobado por excepción. Esto está subiendo la vara de la ambición hacia límites impensados e irrazonables”. 

Otro de los proyectos aprobados se encuentra en el predio Chateau Frontenac, originalmente denominado Villa Kelmis, sobre las calles Alvear y Bolívar. En este caso, la construcción de dos torres de hasta 30 pisos (además de la puesta en valor del edificio de interés patrimonial) está a cargo de un grupo de desarrolladores e inversores de Buenos Aires y Uruguay. 

Círculo rojo: vínculos cuestionados

El secretario de Obras y Planeamiento Urbano del municipio, Jorge “Guasa” González, fue consultado por este medio acerca de las objeciones manifestadas ante el avance de megaproyectos que fueron avalados con su firma, pero no respondió al cierre de esta nota. También se intentó consultar al intendente, Guillermo Montenegro, pero tampoco hubo respuesta.

Mientras tanto, en los pasillos del Concejo Deliberante, donde una mayoría automática facilita el camino rápido para la resolución de proyectos en línea con el oficialismo, se cuestiona la relación existente entre González y María Müller, su esposa y arquitecta experta en Gestión Ambiental responsable de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) preliminares de los proyectos más cuestionados: La Robla y La Reserva Explanada. 

Consultada por los megaproyectos que avala con su firma, Müller dijo a elDiarioAR que no tiene “mucho para aportar” y que “la instancia de participación –ciudadana— era para eso”, dando a entender que en aquella instancia quedaron planteadas todas las dudas sobre los proyectos. 

“Los que me cuestionan suelen ser siempre los mismos. Mi trabajo es evaluar proyectos de arquitectura e intervenciones urbanas, es técnico y tiene un alcance que está muy claramente definido. Yo solo participo de la instancia preliminar, como parte de un proceso”, agregó. En relación al polémico caso La Reserva Explanada, asegura que todavía se encuentra en “la fase de presentación” y que ya se cumplió con “la participación ciudadana”.

Con respecto al vínculo que mantiene con el secretario de Obras, su marido, dice que no encuentra ningún problema. Por el contrario, explica que su trabajo “pasa por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), por lo que no hay conflictos de ética”, y avisa que también elevó una nota a su Colegio Profesional notificando sobre la situación. “Toda la vida trabajé en el rubro, pero si quieren criticar, que lo hagan”, dice y se disculpa por cortar el diálogo para atender una reunión de trabajo.

De acuerdo a Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP), “la relación –por Müller y González— se repite en el tratamiento de los casos más complejos y paradigmáticos de la ciudad, como ocurre en La Reserva Explanada, en el que se cuestiona la destrucción de médanos entre muchos otros puntos, y en La Robla: no me parece un detalle menor, por el contrario, es bastante escandaloso”.

Por su parte, el arquitecto y asesor del Bloque Unión por la Patria Gustavo Franco desliza que “le llama la atención que se hayan expuesto tanto”. “Los conozco a los dos y los respeto, pero me parece que esto no corresponde, especialmente por la repetición de casos donde hay megaproyectos en juego y muy cuestionados por la ciudadanía”, dice.

A favor y en contra de las ordenanzas exprés

Entre los que se oponen al mecanismo exprés que se viene otorgando a las ordenanzas por excepción, Gueglielmotti se posiciona: “Las ciudades están atravesadas por intereses económicos y es entendible. Pero el gran problema acá es que no se planifica de manera integral: la especulación es tal que se les da prioridad a las zonas más costosas, frente al mar o en la zona sur, dejando de lado otras zonas de la ciudad que también necesitan atención para infraestructura e inversión”.

A este planteo se suma Franco para remarcar “la enorme asimetría entre el desarrollo de megatorres que, en gran medida durante el año casi no están ocupadas, y la realidad habitacional de la periferia, donde hay falta de cloacas, de alumbrado, calles destruidas, incluso, en muchas zonas, hay servicios de emergencia que no pueden ingresar a los barrios”. 

“Hay dos grandes ciudades dentro de Mar del Plata y esas diferencias cada vez se acrecientan más ya que no vemos que se plantee una línea de crecimiento coherente para toda la ciudad”, coinciden desde Unión por la Patria.  

En la misma línea, Eva Ayala, concejala por Acción Marplatense asegura a elDiarioAR que “la vía de excepción es un negocio para pocos con un costo para todos”. “En ausencia de una planificación estratégica, la ciudad no solo pierde su identidad histórica y cultural, sino que también enfrenta un deterioro de su entorno natural”, afirma. Ayala sostiene que en lugar de planificar la ciudad de manera integral, estas excepciones permiten el avance de negocios inmobiliarios que no consideran ni el impacto ambiental ni la preservación del patrimonio. “La falta de regulación, a su vez, se refleja en las compensaciones urbanísticas, que deberían equilibrar las excepciones otorgadas pero que, al no contar con criterios claros, quedan a discreción del Ejecutivo y de los desarrolladores”.

En tanto, Angélica González, presidenta de la Comisión de Obras y Planeamiento y concejala por la Coalición Cívica (CC) intenta aportar “una mirada más amplia”, dice a este medio. “Para que las ciudades avancen se tienen que hacer movimientos que muchas veces incomodan, pero son parte necesaria de la evolución siempre y cuando no destruya ni corrompa los bienes marplatenses. En tanto se respeten las normativas y los privados aseguren la restauración y conservación de los bienes patrimoniales nosotros no vemos inconvenientes”.

Este medio también conversó con el arquitecto Diego Domingorena sobre la posición del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito 9, que preside: “Es indispensable una planificación democrática de la ciudad, con herramientas donde participen todos los sectores, donde se balanceen obligaciones, intereses, objetivos, que se tengan en cuenta lo productivo, lo industrial, lo cultural, lo turístico, y nada de esto está ocurriendo. Contrariamente, vemos esta serie de excepciones a las que nos opusimos y brindamos en cada caso razones suficientes”.

El presidente del colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, se suma al debate y dice a este medio que el desarrollo en la ciudad “no se debe detener” pero que le preocupa “la utilización excesiva de excepciones”. Como martillero, resalta que, por supuesto quiere vender propiedades, “pero siempre que sea cuidando la ciudad, el barrio y la identidad de los marplatenses”. 

De corrido y como si pensara en voz alta, pone un ejemplo: “El barrio Chauvin fue perdiendo la armonía de sus casas a partir de las excepciones que permitieron construir torres que rompieron con una topología particular del lugar. En todo caso, lo que deberíamos hacer es volver a reunirnos todos los actores y plantear qué ciudad queremos”. En este barrio, Jardines de Chauvin SA, obtuvo el aval (26.533) a fines del año pasado para construir dos torres.

Dos Mar del Plata

Al menos hay dos miradas muy diferentes sobre la conservación patrimonial de bienes inmuebles en Mar del Plata: por un lado, Miconi considera que muchos de los inmuebles patrimoniales que hoy son parte de distintos desarrollos estaban en “estado de abandono” y que ahora “se están poniendo en valor” gracias a la inversión de privados.

En la misma línea, el presidente de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, decía hace unos meses que “varios chalets aristocráticos de hace 100 años, que habían sido abandonados y corrían riesgo de derrumbe, ahora están siendo restaurados y reutilizados para fines comerciales o integrados en nuevos desarrollos inmobiliarios”.

Sin embargo, desde el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), alertaron sobre “la continuidad de la normativa de excepcionalidad a cambio de compensaciones, ya que la misma fácilmente puede transformarse en una práctica que termine por ser un instrumento destinado a la especulación inmobiliaria en detrimento no solo de los bienes arquitectónicos patrimoniales, sino de la calidad ambiental y patrimonial de toda la ciudad de Mar del Plata, caracterizada como uno de los ejemplos patrimoniales arquitectónicos y urbanísticos más destacados de nuestro país”. 

Según Nino Ramella, ex funcionario radical y ex secretario de Cultura del municipio, la preservación del patrimonio “es una responsabilidad del conjunto social, pero tiene un protagonista principal y es el Estado”. 

“Es muy preocupante la destrucción de la armonía urbana del casco de la ciudad que se está permitiendo. No hay un solo urbanista en este país que pueda avalar esto; incluso hay muchos que se pronunciaron en contra y tildaron las modificaciones como una gran barbaridad”, dice en diálogo con elDiarioAR, luego de aclarar que no tiene “nada en contra de los desarrolladores ni de las empresas constructoras”, apunta al Estado municipal por ser “el gran ausente como garante de la protección del patrimonio de la ciudad”. 

“Es lamentable que, con la misma voracidad que se avalan miles de metros cuadrados, no se avance proporcionalmente en la construcción de otros bloques de viviendas para aquellas personas que no tienen acceso, incluso dentro de la comunidad europea, que en compensación por las construcciones de lujo se ven obligadas a construir viviendas sociales. Pero, claro, en ese caso el negocio no es tan rentable”, afirma Vergez.

Por su parte, Ayala ve a la ciudad como “testigo de la sistemática demolición de su patrimonio arquitectónico y urbanístico”. “Las excepciones aprobadas en el Concejo Deliberante, bajo la excusa del desarrollo inmobiliario, permitieron la construcción de edificios en zonas residenciales que, además de alterar la fisonomía urbana, eliminan construcciones históricas que forman parte de la identidad de la ciudad. Esto no es solo un problema estético, sino una pérdida de memoria colectiva y de atractivos únicos que diferencian a Mar del Plata como destino”, concluye.

ED/JJD

En la ciudad de Mar del Plata, el plan de desarrollo inmobiliario que promueve el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, tiene un objetivo muy claro: “Que el privado invierta” y que “el Estado acompañe”, según argumenta en distintas notas periodísticas.

En un twit de hace unos meses, el mandatario decía: “Más del 90% del empleo en nuestra región corresponde al sector privado, por eso nuestro trabajo es acompañarlos, dar facilidades y quitar trabas para que puedan crecer y apostar por Mar del Plata: los permisos exprés para las obras, la ordenanza para recibir los fondos de los créditos de Banco Nación para la construcción y el incentivo a nuevas inversiones son ejemplos claros de esto”.

Un selecto grupo de desarrolladores privados junto a representantes de la UOCRA –el gremio de los construcción– y funcionarios públicos afines al oficialismo enfatizan en que los proyectos inmobiliarios traerán progreso y más trabajo a la ciudad. Por otro lado, una gran porción de la comunidad marplatense realiza críticas y denuncias al advertir graves faltas legales y técnicas al momento de otorgar permisos que “no miden las consecuencias ambientales y sociales”.

El caso de La Reserva Explanada, un megaproyecto inmobiliario que busca construir 9 edificios de 12 metros de altura con cocheras subterráneas sobre una de las playas sur de la ciudad (sobre la ruta 11 KM 530, barrio Alfar), llegó a la Justicia con la denuncia de diversas instituciones, expertos y vecinos de la ciudad de Mar del Plata que se oponen por el impacto ambiental, habitacional, arqueológico y turístico que implicaría su desarrollo.

Para comenzar las obras, el fideicomiso espera la Declaración de Impacto Ambiental, entre otros permisos que tiene pendientes. Sin esto, la empresa constructora CROMAR SA, la cual participa del proyecto, no puede avanzar. Sin embargo, distintas inmobiliarias de la zona filtraron a este medio que desde fines de 2023 se están vendiendo lotes con departamentos divididos en 9 módulos –con y sin cocheras incluidas, frente al mar o en zona de bosque–, a un valor promedio de US$5.000 dólares el metro cuadrado. 

La ubicación elegida es uno de los grandes puntos de tensión: el predio donde se proyectan las viviendas está ubicado en la primera línea de médanos lindero con la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, un extenso sector de la costa marplatense que abarca desde el Faro hasta Los Acantilados y que está bajo los dominios privados de la sociedad anónima Playas del Faro, firma que responde a los herederos de la familia fundadora Peralta Ramos. 

Playas del Faro SA administra desde 1991 el espacio para uso comercial y, desde entonces, entrega a emprendedores privados diferentes porciones (donde hay médanos, reserva forestal y arroyos que terminan en el mar), bajo la figura municipal de “Complejo Turístico”, el cual responde a la ordenanza (8.434), la cual tiene la última prórroga vencida en 2015.  

“Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona”, explican a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR desde la Asamblea Playas del Sur, conformada por vecinos, investigadores y profesionales de diversas áreas de la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires distrito 9, en un extenso y detallado informe, advirtieron sobre múltiples consecuencias negativas: la fragilidad ambiental, el desmonte de especies implantadas, el impacto en la remoción de médanos, el peligro de las construcciones que impermeabilizan el terreno y pueden provocar inundaciones mayores tanto en el terreno del proyecto como en los barrios aledaños, el valor paleontológico y arqueológico que no está siendo tenido en cuenta y el acceso a las playas públicas, entre otros puntos en conflicto.

En un intento por conocer la posición del oficialismo y conversar con referentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y con el área de Gestión Ambiental de la Municipalidad, la UDI de elDiarioAR pidió una entrevista hace más de una semana, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

Una ordenanza cuestionada desde el inicio

Todo comenzó a fines de 2022, cuando el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la ordenanza 25.848/222 en un tratamiento legislativo “exprés”, que permitió ampliar las posibilidades de edificación de viviendas multifamiliares en zonas de fragilidad de médanos y reserva forestal.

Unos meses antes, el empresario Esteban Alberto Materia había ingresado una nota particular donde solicitaba “la reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales para el predio y/o sector conocido comercialmente como balneario La Reserva”, persiguiendo el objetivo que más tarde se haría público: el emplazamiento de un complejo de edificios de uso residencial uni o multifamiliar con una densidad de 100 habitantes por hectárea.

“La ordenanza 25.848 tiene restricciones provinciales que se imponen a toda propiedad privada en el frente costero, con la particularidad de encontrarse circundada por el arroyo Corrientes y la Reserva Fiscal. Por eso, la provincia de Buenos Aires es la encargada de dar intervención a la Autoridad del Agua (ADA), al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de infraestructura para velar por los principios de legalidad y los recursos naturales, para que la modificación que suceda en un municipio no altere el patrimonio provincial”, puntualiza a la UDI de elDiarioAR Kanki Alonso, asambleísta diplomado en el Ordenamiento Ambiental Territorial y coordinador del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur.

Según explica a este medio Soledad Arenaza, abogada y coordinadora de la Organización MAR, “la ordenanza 25.848/222 (firmada el 28 de diciembre de 2022), que modificó los indicadores urbanísticos, nunca fue convalidada como corresponde por decreto de la provincia de Buenos Aires, de la que depende el Municipio de General Pueyrredón. Se trata de una modalidad que se viene replicando en varios proyectos de la zona”.  

Paula Suero, arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR, analiza para la UDI de elDiarioAR: “Mar del Plata viene sufriendo una transformación urbanística muy preocupante que responde a una matriz basada en un modelo de lote privado que no tiene en cuenta el espacio público, el ambiente, el espacio costero, las personas que habitan el barrio, los bienes comunes, el patrimonio construido y natural”.

“La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular, algo que viene acompañado necesariamente de la entrega de lugares públicos y espacios verdes. Mirar al territorio únicamente como un negocio es la mercantilización absoluta del espacio donde para acceder hay que pagar”, se lamenta.

Los espacios que se oponen al megaproyecto coinciden en que esta ordenanza podría ser la “primera de muchas más” que intenten modificar los indicadores urbanísticos para avanzar sobre terrenos frágiles a lo largo de todo el Paseo Costanero Sur. Especialmente, ahora que el Concejo Deliberante cuenta con mayoría automática.

Lo que dejó la audiencia pública del 26 de noviembre

Cuando la Constructora CROMAR SA presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) preliminar firmado por la arquitecta María Müller, recibió fuertes críticas sobre incongruencias técnicas, legales y ambientales que quedaron expuestas en la audiencia pública del 26 de noviembre. 

En esa instancia, vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad costera tomaron el micrófono para contar cómo serían perjudicados de manera directa: explicaron que en los barrios aledaños aumentaría el riesgo de inundaciones como consecuencia de la destrucción de médanos en conjunto con las crecidas del arroyo Corrientes; que se agravaría la situación de contaminación de ese mismo arroyo, que tiene por destino los desechos cloacales de los 9 edificios (y a dónde ya llegan los desechos que reciben por parte del balneario privado de mismo nombre). También mencionaron el cono de sombra que las edificaciones proyectarán sobre la playa pública, quitando horas de sol tanto a vecinos del barrio como a los turistas que se acerquen.

El abogado y asesor del fideicomiso Julián Vespa, presente en la audiencia, se encargó de defender que “el desarrollo se asienta sobre una propiedad privada, esto no es tierra del municipio y tenemos la escritura en regla”, y aseguró que “no afectará al mar ni a los médanos, y no afectará el acceso a las playas públicas”.

Para Marcia Mojica, geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), “la fragilidad de dunas de la zona” es una de las razones suficientes para oponerse al proyecto y así lo detalló: “En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas”.

El conflicto continuó escalando y en diciembre la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió acceso al expediente para conocer la situación actual. ¿Con qué se encontraron? En diálogo con este medio, explicaron que se encuentran “en etapa preliminar de análisis”, y que con el correr de las semanas analizarán “si el proyecto respeta lo previsto por la Ley General de Ambiente”, al mismo tiempo que evaluarán si “el derecho a la participación ciudadana se cumplió con debido proceso”, es decir, si la ciudadanía tuvo acceso a la información sobre el EIA preliminar en tiempo y forma y si se otorgó una respuesta acorde a las inquietudes presentadas en aquella audiencia pública. 

Por último, adelantaron que “será tenido muy en cuenta el temor que la ciudadanía denuncia respecto a la ordenanza 25.848”, en relación a que podría ser el primer paso para que luego se multipliquen iniciativas similares a lo largo de toda la franja costera.

Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona

Asamblea Playas del Sur.

El límite entre lo público y lo privado: la línea de ribera denunciada

Otro de los puntos de conflicto que aparecen en el EIA preliminar responde al otorgamiento de la prefactibilidad hidráulica por parte de la Autoridad del Agua (ADA).

Según revisa el coordinador del Observatorio Ciudadano Costanero Sur, desde 1998, la Ley 12.257 con la que se creó el Código de Aguas –que rige hasta la actualidad para toda la provincia de Buenos Aires– aumentó en el artículo 143 la franja de protección de desagües naturales a 50 metros, modificando lo establecido en un decreto de 1961 que indicaba 15 metros. En el Estudio de Impacto Ambiental cuestionado, se tomó el parámetro antiguo como distancia necesaria al arroyo Corrientes para iniciar las construcciones. Un error que no parece inocente.

Asimismo, Alonso explica que “la línea de ribera utilizada para medir la distancia que divide lo público de lo privado, que sería el límite desde donde se podría comenzar a edificar, también está desactualizada”. En el artículo 142 de la misma ley dice que se prohíbe “el loteo y la edificación en una franja de 150 metros aledaña al océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”. Sin embargo, la línea de ribera que fue tomada en cuenta es de 100 metros, de acuerdo a la ordenanza municipal (8434/11), que “no solo está vencida, sino que está maliciosamente modificada”.  

¿Por qué? “La norma municipal 8434 fue sancionada en 1991 y no en 2011”, explica Alonso, hecho que también fue denunciado y que ahora se encuentra en la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio número 6 de La Plata, en el marco de la actuación de Andrea Cumba, directora provincial de Gestión Hídrica del ADA, responsable de la firma que otorga el aval de prefactibilidad hidráulica que daría luz verde al proyecto. 

A favor de quienes se oponen aparece un nuevo argumento: el último estudio del ADA publicado en 2022, en el que se sugiere que las tierras involucradas en el área donde se proyectan los edificios quedarían en zona de restricción. “La mensura que toma el proyecto es de 2014, donde el límite de la línea de ribera está totalmente desactualizado: actualmente es una línea que cae dentro del mar”, cuentan a este medio desde la comisión de arquitectos y arquitectas de la Asamblea Playas del Sur.

“La línea de ribera que debe ser tomada en cuenta es la que está publicada en el último informe realizado por el ADA, en el que se sugiere un trazado actualizado de línea de ribera de acuerdo a la topografía mixta del lugar”, aclaran, y anticipa: “Desde la comisión, estamos realizando un informe en el que superponemos la mensura de 2014 con la de 2021 y la ubicación en terreno donde quedan implantados los 9 edificios. A partir de la línea de ribera actualizada, que es la que se debe tener en cuenta para el avance del desarrollo, planteamos la restricción de los 150 metros que dictamina el Código de Aguas demostrando que no cuentan con terreno disponible ni habilitado para el desarrollo del proyecto”.

Una marcha por las playas públicas del sur

Entre las últimas acciones que visibilizan el conflicto, la Asamblea Playas del Sur organizó una marcha el pasado domingo 12 en “defensa de las playas públicas del sur”, que partió por la costa desde el arroyo Corrientes y se desplazó hasta la Reserva Educativa Verde Mundo.

En el comunicado que convocó a marchar decía: “El límite costero donde termina lo público y comienza lo privado también está en riesgo. Turistas y vecinos que disfrutamos de las playas públicas del sur tendremos cada vez menos espacio disponible para habitar un espacio natural que nos pertenece a todos y todas. Queremos que nuestra ciudad prospere, pero que los negocios se realicen en sitios adecuados, donde no exista riesgo ambiental y social. Donde no se necesite destruir para prosperar”.

La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular

Paula Suero — Arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR.

En un recorrido de más de dos kilómetros sobre la orilla del mar, entre cantos a favor del cuidado de las playas y en contra de la especulación inmobiliaria, desde la asamblea contaron a elDarioAR que están “preocupados y dispuestos a defender los pocos médanos que quedan al sur de la ciudad sin intervención inmobiliaria”, y advirtieron que “el avance de los privados sobre las playas públicas es cada vez más evidente”, que lo hacen “sin respetar las normativas que rigen en la provincia de Buenos Aires”.

Más exigencias legales

Actualmente, continúa en debate el proceso de aprobación definitiva de las obras de La Reserva Explanada. la UDI de elDiarioAR tuvo acceso al expediente y pudo corroborar que, entre los últimos movimientos publicados, desde el área de Gestión Ambiental que dirige Marcelo Ragonese y que depende de EMSUR, se publicaron nuevas exigencias. 

Julián Vespa, el asesor del fideicomiso, fue consultado por elDiarioAR sobre distintos puntos cuestionados en el expediente, pero debido a la “falta de tiempo” para expresar su opinión, ya que “se encuentra de vacaciones”, no brindó una respuesta.

Entre los nuevos requisitos, el fideicomiso deberá presentar “un proyecto para la demarcación de manera física y tangible de los límites del Paseo Costanero Sur que se encuentra entre esta propiedad privada y la ruta 11; especificar exhaustivamente la cantidad de ejemplares (de árboles) a extraer, la superficie de excavación y la cantidad de metros cúbicos a ser removidos; deberá presentar los permisos emitidos por la Autoridad de Agua de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente Factibilidad de Servicio Eléctrico; agregar un estudio con sus correspondientes especificaciones del impacto del cono de sombra y especificar cómo será el acceso al predio de viviendas multifamiliares con un croquis de intervenciones respecto al acceso desde la ruta y el desarrollo vial en el interior del predio.

En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas

Marcia Mojica — Geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Conicet.

“Se piden requerimientos con los que acordamos, pero todavía omiten otros que son relevantes”, se queja Alonso, y enseguida brinda un ejemplo: “Por un decreto de 1985, se prohíbe la tala y el desmonte en esa propiedad, es decir no se puede talar ni uno ni 700 árboles”. 

“Tampoco mencionan la restricción a otros dos artículos del Código de Aguas ni hacen el debido pedido de estudio de impacto arqueológico y paleontológico que requiere la zona”, repasa. 

Carlos Quintana, miembro del laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), adhiere al reclamo del Observatorio Ciudadano Costanero Sur y sostiene ante la consulta de este medio que “el área específica del emprendimiento La Reserva Explanada se sitúa en un sitio arqueológico (denominado Arroyo Corrientes) fechado en más de siete milenios siendo muy relevante por diversos motivos, en tanto da cuenta de los modos de vida de sociedades cazadoras recolectoras costeras. Por otro lado, se trata de un caso raro de un sitio arqueológico dispuesto en pleno tejido urbano, otra razón por la cual se deberían extremar los recaudos para su protección”.

A su vez, explica que “el patrimonio arqueológico y paleontológico de este sector bonaerense comprende bienes y yacimientos que están protegidos por legislación nacional, provincial y municipal, como ser por la Ley Nacional 25743/2003 y, más precisamente por la ordenanza 9417/94”.

Junto con el Estudio de Impacto Ambiental, se debe realizar un estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico, el cual se tramita de manera provincial a través del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRePAP). Pero, al momento, este requerimiento no fue solicitado por la municipalidad.

ED

Elisa Carrió denunció al diputado del PRO Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. La presentación de quien fue socia del macrismo en Cambiemos se basó en la investigación publicada por este medio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre el entramado de sociedades offshore vinculado a la esposa del jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Romina Diago. 

En un escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, Carrió planteó el jueves 12 de diciembre pasado que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. Además, solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, su actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, así como el monto de adquisición de bienes inmuebles. 

Mónica Frade amplió la presentación

Tras la denuncia de Carrió, Mónica Frade, diputada y aliada de la líder de la Coalición Cívica (CC) realizó una segunda presentación en la que amplió la información sobre el patrimonio de Ritondo, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR. 

Frade enumeró una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo y datos obtenidos de una investigación propia de la diputada. Al finalizar su presentación solicitó que se inicie la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la espada de Mauricio Macri en Diputados.

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero, según publica el diario La Nación.

Para Frade, “claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, remarcó la legisladora.

Asimismo, asegura que Ritondo posee las firmas Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.

Este miércoles, en declaraciones a Radio con Vos, Frade sostuvo que Lilita Carrió “es una olfateadora nata respecto a temas de corrupción y nosotros seguimos sus enseñanzas. El funcionario Cristina Ritondo ha sido materia recurrente para la Coalición Cívica, sobre todo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. Tuvimos algunas objeciones y alguna información que le hacíamos llegar a la entonces gobernadora (María Eugenia Vidal) porque nos preocupaba”.

De acuerdo a Frade, “en la ampliación sobre las posibles inconsistencias de las últimas tres declaraciones patrimoniales de Ritondo, pusimos el ojo en la conversión de 133 mil dólaresde una supuesta herencia. Tomó el valor del dólar a un número muy inferior, lo que serviría para justificar dólares que no estaban registrados”, explicó, al tiempo que agregó: “La empresa madre es Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada con su padre en el 2000. Adquirió numerosos rodados de alta gama en el 2024, unos diez autos de alta gama”, detalló.

Los autos en cuestión que se compraron desde 2004, según el escrito presentado por Frade, son dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Antecedentes

El trabajo periodístico reveló que Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. Ritondo, referente central de Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. 

El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, se presentó este martes a ratificar su presentación ante la fiscalía, por lo que Taiano ya está en condiciones de decidir si abre una investigación penal.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez rechazó esa posibilidad.

Estas son cinco claves para entender el caso de las sociedades y propiedades en el extranjero.

Las preguntas sin responder

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

ED/MC

La investigación sobre el entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Estados Unidos, vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, dejó en evidencia la necesidad de dar transparencia a los patrimonios de los cónyuges de funcionarios y legisladores. Las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latioamericano de Investigación Periodística (CLIP) aún no han sido aclaradas por Ritondo y Diago, quienes fueron consultados antes de la publicación y declinaron responder.

Diago figura en documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers, a las que accedió el equipo periodístico como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La documentación se encontraba en poder de un estudio jurídico de Panamá que fue uno de los blancos de la filtración, OMC.

Además, la UDI de elDiarioAR y CLIP consultaron los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida, Estados Unidos, de donde también surgen documentos públicos que conectan a Diago con más sociedades y propiedades. Pese a esa información, son varias las preguntas que aún quedan por responder por los involucrados en la trama.

Quedan tres puntos por conocer: 

La UDI de elDiarioAR consultó a tres expertas para intentar adelantar respuestas.

Cadena de favores

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

El caso demuestra que en Argentina los obstáculos legales para conocer el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios públicos es una discusión que dejó de darse hace años pero nunca debió abandonarse. ¿Por qué no podemos conocer los bienes de los cónyuges de los y las funcionarias?

La participación en empresas, las propiedades muebles e inmuebles de los cónyuges y de los hijos no emancipados, tanto en el país como en el exterior, era información pública hasta las declaraciones juradas de 2012. 

En 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner motorizó cambios en la Ley de Ética Pública, logrando una modificación esencial, entre otras: el patrimonio de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados ya no serían de carácter público, como era hasta 2012.

Gracias a aquella modificación votada por el Congreso, el patrimonio de la esposa de Ritondo permanece resguardado en un legajo reservado al que ahora sólo se podrá acceder por una orden del juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que interviene en el expediente contra el diputado y su pareja.

“Las declaraciones juradas deben servir para identificar evoluciones patrimoniales incompatibles con los ingresos de la función pública y de conflictos de intereses”, explicó a elDiarioAR Clara Lucarella, coordinadora del programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Aquella reforma implicó un retroceso en la transparencia. Excluir esta información impide que la ciudadanía pueda llevar adelante un adecuado control de los actos de gobiernos y la prevención de la corrupción”, afirmó la abogada.

Un fallo sin efecto 

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró que este punto de la reforma de la ley es inconstitucional, luego de un planteo de la organización Poder Ciudadano. Sin embargo, no ha habido una modificación normativa que refleje esta decisión, explicó Lucarella. 

Germán Emanuele, abogado de Poder Ciudadano y coordinador del servicio jurídico gratuito de la organización, sostuvo ante la consulta de este medio que la declaración de inconstitucionalidad de 2018 quedó en la nada. “La excusa de la Oficina Anticorrupción para no cumplir el fallo era que no podían dar a conocer los anexos reservados de las declaraciones juradas si la ley seguía en vigencia”, aseguró. Entonces, gobernaba Mauricio Macri y la OA estaba al mando de Laura Alonso. 

“Con el cambio de gobierno en 2020 recibimos una nota de la Oficina Anticorrupción en la que nos invitaban a participar de una mesa de trabajo que tenía como fin cumplir con la sentencia de 2018. Debíamos pensar una nueva normativa”, explicó Emanuele. Un mes más tarde, llegó la pandemia del Covid-19 y todo volvió a truncarse. “La OA presentó un proyecto en el Congreso y quedó ahí, no se discutió más”.

Casados con hijos

Si Diago y Ritondo están casados, ¿los bienes adquiridos por Diago en el exterior son bienes conyugales? ¿Debería Ritondo haber declarado el 50% de esos bienes en sus declaraciones juradas públicas, por ejemplo, cuando era legislador porteño, entre 2013 y 2015?

“Todos los bienes que uno recibe a título oneroso, es decir que no son por donación o herencia, son bienes gananciales, no importa que la titularidad sea de ella”, explicó Marisa Herrera, investigadora del Conicet, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Diago declaró ante el estudio OMC que al menos en el caso de una inversión inmobiliaria de US$650.000, los fondos provenían de su trabajo como abogada. Es decir que para la ley argentina, son bienes conyugales.

Esto determina, explicó Herrera, que si Diago se divorcia de Ritondo, el diputado tiene derecho al 50% de los bienes que ella tenga a su nombre tanto en el país como en el exterior. “Ella es la titular pero él tiene un derecho en expectativa por ser bienes gananciales, que se actualiza o se hace valer cuando se disuelva la comunidad” del matrimonio, agregó la experta. Esto se aplica de esta manera tanto en el viejo como el nuevo Código Civil.

Beneficiaria final

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o ARCA? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

En los documentos revelados, Diago aparece como member o integrante de la sociedad de Florida: Bonita Holdings 39. Esta compañía es a su vez accionista de otra sociedad: Ilustre LLC (radicada en Delaware). Ilustre aparece hasta 2021 como la titular de un departamento en Hallandale Beach, Florida.

Además, en otro documento confidencial de Pandora Papers, Diago figura como beneficiaria final de Sunstar Point Ltd, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Así consta en documentos de OMC de 2014 y 2018. Esta compañía también figuraba como titular de un inmueble en Florida.

¿Qué es un beneficiario final? Es quien ejerce el control efectivo de una sociedad sin la necesidad de ser accionista. En inglés la figura se denomina “beneficial owner” o “dueño beneficiario”, y cumple el mismo rol: es quien controla la estructura y se beneficia de los bienes de la compañía.

Argentina sancionó en marzo de 2024 una ley que crea un Registro Público de Beneficiarios Finales en cabeza de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes AFIP. 

¿Quiénes están obligados a informar a ARCA si son beneficiarios finales de una sociedad? De acuerdo con la ley, todas aquellas personas residentes en el país aunque las sociedades estén radicadas en el extranjero. Lo mismo sucede con la participación en fideicomisos en Argentina o en el extranjero. Eso obliga a Diago a declarar su participación en Sunstar Point ante las autoridades argentinas, en caso de que siga siéndolo o lo haya sido en los últimos años.

¿Quiénes pueden acceder a este registro? “La norma señala que existirán distintos grados de acceso a este registro para los diferentes organismos públicos y particulares que requieran esa información y que no habrá secreto fiscal oponible en relación con la información del Registro y sobre los accesos otorgados”, explicó Maria Eugenia Marano, abogada integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). 

Sin embargo, aclaró Marano, el registro no es de acceso público por fuera de determinados organismos de control. La publicidad total del Registro Público de Beneficiarios Finales es uno de los debates que organizaciones de la sociedad civil como Fundación SES –miembro de la red Latindadd– vienen dando desde hace años en el país. 

“La ley dejó en cabeza de ARCA la reglamentación del acceso a dicho registro y lejos de convertirse en una herramienta ágil y eficiente para las investigaciones, lo transformó en otro burocrático registro, donde el acceso es limitado a determinados funcionarios de los diferentes poderes habilitados”, afirmó Marano.

“El caso que nos ocupa visibiliza a la perfección como a través de múltiples entramados multijurisdiccionales y artilugios jurídicos, el uso abusivo de las cáscaras empresarias logró ocultar a quienes buscan pasar desapercibidos ante el Estado, ya sea para no pagar sus impuestos, lavar dinero o bien para ocultar sus bienes a otras personas”, sostuvo Marano. 

A más de una semana de la revelación sobre las sociedades y sus patrimonios en Estados Unidos, Ritondo y Diagosin responder esos detalles.

ED/MC

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, quedó en el centro de las críticas esta semana tras una investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico reveló que Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien citó al denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, a ratificar su presentación este martes.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ritondo, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. Estas son las claves del caso.

1. De dónde surgen los documentos 

Las conexiones de Diago con una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas y un fideicomiso en Florida surgen de una serie de documentos internos del estudio Overseas Management Company (OMC), que se filtraron gracias a Pandora Papers, una investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integran la UDI de elDiarioAR y el CLIP. La participación del periodista argentino Iván Ruiz, del CLIP, fue central en la investigación. OMC es un bufete o estudio jurídico especializado en la conformación de sociedades offshore. 

Además, otros documentos públicos permitieron reconstruir las conexiones de Diago con otras sociedades a través de las consultas al registro público de sociedades de Florida. Este sitio es abierto y puede consultarse en internet. 

Otro registro público que aportó documentación es el registro de propiedades de Florida. Los documentos fueron hallados por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas con las bases de datos de Estados Unidos. Allí fue clave el investigador Angus Peacock, quien asistió al equipo periodístico en la búsqueda.

2. Cuáles son las conexiones de Diago con las sociedades

La investigación sacó a la luz tres redes distintas de sociedades y propiedades, pero que están conectadas entre sí, no sólo por Diago sino también por una persona y direcciones que se repiten en ambos circuitos. 

Red 1: el fideicomiso. La primera red, hallada en Pandora Papers, está formada por la sociedad Sunstar Point Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Diago aparece en los documentos activando esta sociedad en 2014 a través del estudio OMC de Panamá, de acuerdo con un correo electrónico.

El objetivo de la compañía es ser titular de una propiedad en Florida valuada en US$650.000, de acuerdo con los documentos.

La propiedad estaría ubicada en Hallandale, en el sur de Florida, en un condominio denominado Beachwalk Condominium, frente al mar, de acuerdo a un formulario del estudio OMC.

Sunstar Point era controlada por Diago como beneficiaria final de la sociedad y como presidenta y directora, pero su accionista es un fideicomiso creado en Florida, también en 2014. El fideicomiso, denominado Warwick Trust, fue creado por Diago para controlar esta sociedad.

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio. La sociedad también tuvo un cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida. En 2018, en un formulario de OMC, aparece un vínculo con una cuenta bancaria en el Santarder Río, en Buenos Aires.

Diago aparece en los documentos de Sunstar Point al menos hasta noviembre de 2018.

Red 2: Ilustre y Bonita. El departamento de Hallandale aparece en 2015, un año después, a nombre de otra sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, donde llegar a los verdaderos dueños de las compañías está plagado de obstáculos.

Conocer quién es el verdadero dueño de Ilustre LLC es requirió del análisis de documentos públicos de Florida, hallados en el registro de propiedades, ya que los documentos de la sociedad en Delaware no arrojaban esa información. En Florida, sin embargo, surge una declaración jurada. En agosto de 2021, Ilustre LLC decidió vender el departamento de Hallandale. Durante la venta del departamento, la agente inmobiliaria de la sociedad, María José Pérez-Millán, firmó un documento en el que declaró que la sociedad era propiedad de otra compañía radicada en Florida: Bonita Holdings 39. También sostuvo que Bonita Holdings 39 tenía un miembro: Diago. 

¿Qué significa ser “miembro” (member) de una sociedad en Florida? elDiarioAR consultó a un experto en este tipo de compañías. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, explicó a este medio que mientras el manager de la sociedad es quien gestiona los negocios de la compañía, el miembro o “member” es equivalente a un accionista.

Red 3: Vamospormás o Goformore. En los documentos públicos, Ilustre LLC es representada por Pérez Millán. La agente inmobiliaria también aparece como manager de otra sociedad: Goformore LLC, radicada en Florida, y cuya traducción podría ser “Vamospormás”.

La investigación de la UDI de elDiarioAR y el CLIP estableció que la sociedad estuvo conectada a Diago hasta junio de 2013, cuando la abogada renunció a su cargo como “manager/miembro” de la compañía. La abogada desaparece de los documentos públicos y la agente inmobiliaria Pérez-Millán asume el cargo de manager (no el de miembro). Hasta la actualidad, Goformore LLC aparece representada en Florida por Pérez-Millán.

Esta compañía aparece como propiedatria de cuatro inmuebles en Miami, uno de ellos vendido en 2015. 

La primera propiedad fue adquirida el 14 de marzo de 2013. Se trata de un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Fue comprado a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). 

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015. Los departamentos están valuados en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Hace pocos meses, Ritondo celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

3. La conexión con Juan Alberto Pazo, jefe de ARCA

Pazo es abogado y proviene del sector privado pero también es un hombre del espacio que lidera Macri. El flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue hasta principios de diciembre el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. 

Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público: fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp (la sociedad que vendió un departamento a Goformore LLC en 2013), de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Pazo fue denunciado esta semana por el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) ante la Justicia por presunta por “falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

4. Ritondo y su patrimonio 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. 

En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los legisladores locales, diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado. Ritondo debía informarlo también cuando estas estructuras se montaron y él era legislador porteño, entre 2013 y 2015.

5. Qué dijeron Ritondo y Diago sobre la investigación

El matrimonio no respondió las consultas de la UDI de elDiarioAR y el CLIP sobre si estas sociedades y propiedades fueron declaradas por Diago ante la exAFIP -hoy ARCA-. Tampoco quiso dar su versión de los hechos al cierre de esta investigación ni luego de la publicación.

En abril, cuando surgieron los primeros documentos, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa sobre Goformore LLC, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Luego de que la denuncia contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, quedara a cargo del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Eduardo Taiano, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica)  advirtió en la red social X que un hijo del fiscal trabajó con el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Federico Nicolás Taiano fue nombrado por Ritondo en abril de 2016 como responsable ejecutivo del Programa Integral de Protección Ciudadana, con rango y remuneración equivalente a un director, de acuerdo con el escrito que lleva las firmas de Ritondo y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.  

Federico Taiano renunció al puesto tras la salida de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019. Fue concejal de Escobar por el mismo partido, entonces liderado por Mauricio Macri. En agosto de 2024, asumió como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, en el Ejecutivo de Javier Milei. Depende de Jefatura de Gabinete.

elDiarioAR intentó contactarse con el fiscal Taiano para conocer su posición sobre un eventual conflicto de interés pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

El caso

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo. Los datos surgen de la investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico sacó a luz documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers que revelan un entramado de sociedades offshore y otras compañías radicadas en Florida, Estados Unidos, para adquirir propiedades en Miami y Hallandale, en el sur del estado de las palmeras.

La presentación judicial, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

CC/JJD

El diputado Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, fueron denunciados este lunes en los tribunales federales de Retiro, tras las revelaciones de una investigación sobre los vínculos de la pareja del jefe de la bancada del PRO en Diputados con sociedades en paraísos fiscales y Florida, y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos. El caso fue revelado este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.

La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Eduardo Taiano, de acuerdo al sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ). 

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado Nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

El caso

Diago aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisición de departamentos por US$2,6 millones en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Voceros de Ritondo desligaron al diputado y su esposa de parte del entramado pero no respondieron si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la exAFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo -de la que además el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust y había activado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público, si bien proviene del ámbito privado: fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

El abogado fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp, de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposo, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Paso de manos

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo –de la que además el abogado figura como accionista en 2018– fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Aquella transacción inmobiliaria de 2013 conecta a la esposa del diputado Ritondo con el flamante titular de ARCA. 

Sin embargo, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024 por parte de elDiarioAR, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust. Esta información surge de documentos de la filtración Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).