Pero ¿qué se busca realmente cuando se insulta? 

Ante la rabia o la impotencia, lanzar una palabra hiriente puede proporcionar cierto alivio, como si descargar el enfado sobre otra persona permitiera desprenderse de él. Sin embargo, las investigaciones sobre la ira cuestionan esa creencia tan extendida de que desahogarse agresivamente ayuda a calmarse. En determinadas circunstancias, lejos de reducir la rabia, esa descarga puede alimentarla y prolongarla. Es decir, puede que quien insulta termine más enfadado que antes, aunque durante unos segundos haya sentido cierta satisfacción.

Otras veces, lo que está en juego es la defensa de la propia identidad. Hay personas que viven sus convicciones como una parte tan importante de sí mismas que, cuando alguien las cuestiona, lo interpretan como un ataque personal. En esos casos puede aparecer una respuesta defensiva, incluso agresiva, ante lo que se percibe como una amenaza a la propia imagen, a la autoridad o a la manera de entender el mundo.

Existe un fenómeno que la psicología denomina realismo ingenuo, que consiste en creer que vemos la realidad tal como es, de manera objetiva, y que, por tanto, quien la interpreta de otra forma debe estar equivocado, mal informado o tener malas intenciones. Olvidamos que nuestra manera de observar el mundo está condicionada por nuestras experiencias, creencias y valores, y que los demás también lo observan desde los suyos.

Es fácil imaginar lo que puede ocurrir cuando alguien está absolutamente convencido de que su interpretación es la única posible. La discrepancia deja de despertar curiosidad y comienza a generar rechazo hacia quien la expresa. Ya no se trata de entender por qué el otro piensa diferente, sino de demostrar que está equivocado desacreditándolo.

En otros casos, el insulto puede convertirse en una forma de ejercer poder. Descalificar a alguien delante de otras personas, ridiculizarlo o intentar humillarlo puede servir para demostrar quién manda y para acallar futuros comportamientos u opiniones discrepantes. 

Y no siempre se insulta pensando en el interlocutor. A veces el mensaje va dirigido a quienes están alrededor, a los que comparten las mismas ideas y celebran la descalificación del contrario. El aplauso se convierte entonces en una recompensa, refuerza la sensación de pertenencia al grupo y, como ocurre con tantos comportamientos humanos, aquello que recibe reconocimiento tiende a repetirse.

Por tanto, el insulto puede cumplir distintas funciones y conseguir algunos resultados, aunque sus supuestas ventajas empiezan a resultar bastante menos atractivas cuando se examinan de cerca. La descarga emocional no necesariamente calma, el ejercicio de poder puede conseguir obediencia o silencio, pero no respeto, y el reconocimiento de los propios no significa haber convencido a quien piensa de otra manera.

Y hay un coste que me parece lo más importante: lo que ocurre con las relaciones cuando se deja de cuestionar las ideas para atacar a las personas.

Una cosa es afirmar que una propuesta resulta inviable, que una decisión ha sido equivocada o que determinados argumentos carecen de fundamento, y otra muy distinta es concluir que quien los defiende es un ignorante, un inútil o un sinvergüenza. En el primer caso todavía existe un asunto sobre el que conversar; en el segundo, el adversario ha dejado de ser alguien con otras ideas para convertirse en alguien a quien desacreditar.

De esta manera discrepancia se transforma en animadversión hacia la persona y la disposición a escuchar puede desaparecer, y desde ahí es muy difícil construir relaciones de confianza. Se podrá discutir sobre una decisión, corregir un error, modificar una propuesta o negociar un acuerdo, pero resulta mucho más complicado reconstruir una relación cuando lo que se ha puesto en cuestión es la dignidad de quien tenemos enfrente.

En el ámbito político, además, aparece un ingrediente que complica todavía más las cosas: el insulto puede formar parte de una estrategia de comunicación. Los estudios sobre ataques personales en política muestran que estos pueden proporcionar una mayor visibilidad en los medios de comunicación y las redes sociales, aunque no se haya demostrado que esa notoriedad se traduzca necesariamente en más votos.

Es decir, un político puede obtener mucha repercusión por insultar a otro sin que ello signifique que haya convencido a nadie de la bondad de sus propuestas. Incluso puede ocurrir que se hable durante días de sus descalificaciones mientras los asuntos que deberían ocupar el debate público quedan relegados.

Los políticos no están obligados a llevarse bien, pero sí necesitan poder hablar, negociar y alcanzar acuerdos con quienes defienden posiciones diferentes. No solo con los de su propio partido, también con sus adversarios, porque gobernar un país exige convivir con la discrepancia y, habitualmente, llegar a acuerdos con quienes mantienen posiciones profundamente enfrentadas.

Sin embargo, cuando la confrontación política pasa de cuestionar las propuestas a descalificar personalmente a quienes las defienden, se deteriora la confianza que puede permitir esas conversaciones. Y aunque los acuerdos siguen siendo posibles, cada insulto puede hacerlos un poco más difíciles, porque las palabras no desaparecen cuando termina una intervención parlamentaria o un mitin. Permanecen en la memoria de las personas y condicionan sus relaciones futuras.

Esto es lo que me preocupa del momento político que estamos viviendo. No tanto que existan personas que insulten, porque el insulto ha acompañado a la humanidad desde siempre, sino que parezca estar adquiriendo carta de naturaleza como una forma más de confrontación política.

Y si el insulto forma parte de una estrategia para obtener visibilidad o alguna ventaja política, convendría preguntarse qué lugar ocupa en esa estrategia la necesidad de mantener abiertas las posibilidades de diálogo y acuerdo.

Porque una cosa es ganar protagonismo en el debate público y otra muy distinta contribuir a resolver los problemas de un país. Y cuando quienes se insultan son los responsables de representar y gobernar a millones de personas, las consecuencias de esas puertas cerradas van mucho más allá de sus rivalidades personales.

Y al cierre de este artículo, le preguntaría a Bolsonaro qué ganó llamando nueve dedos a Lula.

En la posguerra, el malestar tenía un enemigo claro (el patrón, el Estado opresor) y una salida colectiva (la huelga, la movilización). Hoy el enemigo es difuso: la competitividad global, los algoritmos, la inflación. Y la presión se internaliza. Mark Fisher llamó privatización del estrés a ese proceso: se convence a la gente de que las condiciones inestables son lo normal y de que el origen de su malestar está en su química cerebral o en su historia personal. El discurso de la resiliencia y el mindfulness, promovido por corporaciones y gurús del desarrollo personal, ofrece su versión más perversa: si sufres, es porque no has aprendido a gestionar tus emociones, a meditar, a positivizar. Si estás mal, es que no te esfuerzas lo bastante. La culpa migra de las estructuras al individuo.

Las cifras dan la medida. Según la OMS, la depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, y la prevalencia de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% durante el primer año de la pandemia. En España, el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024 recoge, con datos de 2023, 355,9 casos diagnosticados de trastornos mentales y del comportamiento por cada 1.000 habitantes (un 35,6%), con una prevalencia ajustada por edad un 8,5% superior a la de 2019. En atención primaria la ansiedad sigue siendo el problema más frecuente (111,3 casos por 1.000 habitantes, un 12,6% por debajo de su máximo de 2021), mientras los trastornos del sueño (87,3) y los depresivos (49,3) siguen creciendo. La Encuesta de Salud de España 2025 del INE apunta en la misma dirección: el 16,2% de la población de 15 años o más presentaba un cuadro depresivo, frente al 14,6% de 2023. Estos números son el rastro de un sufrimiento que ya no encuentra cauces políticos de expresión.

Este sufrimiento tiene, además de su dimensión personal, un coste social y económico cuantificable y creciente, y su manifestación más clara en el ámbito laboral es el absentismo. Según el informe Salud mental y trabajo 2025 de UGT, con datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en 2024 se contabilizaron 671.618 bajas por trastornos mentales y del comportamiento, la cifra más alta desde 2016, cuando fueron 283.999, y su duración media duplica con creces la del conjunto de diagnósticos (2,5 veces, en 2023). El Barómetro de Absentismo 2024 de Mutua Navarra sitúa los trastornos mentales como segunda causa de baja en el régimen general, solo por detrás de los musculoesqueléticos: el 17,86% de los días de baja en 2024, frente al 15,6% de 2023. Este dato habla de productividad perdida y también de cuerpos y mentes que literalmente no pueden levantarse para ir a trabajar en un entorno percibido como tóxico, precario o sin futuro. Pese a ello, según la misma UGT, solo 1.429 de ellas se tramitaron en 2024 como contingencia profesional (un 0,21%, frente al 0,43% de 2016). Aunque la contingencia común agrupa cuadros clínicos muy distintos, ese porcentaje residual sugiere que los riesgos psicosociales de origen laboral se declaran muy por debajo de lo que son. La paradoja es brutal: un sistema que genera el malestar mediante la precariedad y la hiperexigencia lo contabiliza luego como un gasto y una pérdida en sus propias cuentas, sin cuestionar nunca su lógica patógena.

Reconocido por la OMS en 2019 como fenómeno ocupacional, el síndrome del desgaste profesional o burnout es el epítome de esta crisis. Va más allá del cansancio: es un estado de agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la realización personal causado por el estrés laboral crónico. La encuesta OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) sitúa a España entre los cinco países de la UE con mayor estrés laboral: el 40% de los trabajadores declara estrés, ansiedad o depresión vinculados al trabajo (29% de media europea; en España era el 26% en 2022), el 49% declara presión de tiempo o exceso de tareas (44% en la UE), el 45% sufre fatiga y solo el 28% tiene acceso a asesoramiento psicológico en su empresa (40% en la UE). El fenómeno es especialmente agudo en sectores precarizados y feminizados: la sanidad pública, la educación, los cuidados. También lo es en los trabajos de ensueño del capitalismo cognitivo: el becario que hace tres trabajos a la vez, el directivo hiperconectado 24/7. Quemarse es la materialización de la contradicción entre la exigencia de ser un emprendedor de sí mismo y la realidad de un mercado que te trata como un recurso desechable. Es la herida abierta de la meritocracia fallida. El absentismo funciona así como la huelga silenciosa del sistema nervioso en una sociedad que ha cancelado el derecho a la huelga del cuerpo. La respuesta patronal a esa huelga ha sido sospechar de ella. El 16 de junio de 2026, en una jornada de la CEOE sobre absentismo, el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que dirige además la mutua Solimat, llamó memos a los jóvenes que se dan de baja por salud mental y atribuyó parte de esas bajas a desengaños personales, sin aportar datos. Garamendi se distanció ese mismo día y Nicolás pidió disculpas al siguiente, pero la frase ya había dicho lo esencial: lo que el sistema produce se lee como defecto de quien lo padece.

La respuesta hegemónica a esta epidemia ha sido su medicalización. España es el tercer país de la UE en consumo de antidepresivos, con 98,4 dosis diarias por cada 1.000 habitantes en 2022 (la media de la UE es de 70,3; Portugal marca 150,5 y Suecia 114,5), un 18% más que en 2019, según la OCDE. En ese mismo 2022, el 9,7% de la población de 15 a 64 años consumió hipnosedantes, con o sin receta, en el último mes (era el 3,7% en 2005), según la encuesta EDADES. Esta farmacologización ofrece alivio químico individual, pero silencia causas sociales.

El malestar no se reparte por igual. El Informe Anual del SNS 2024 recoge 387,0 diagnósticos de trastornos mentales por cada 1.000 mujeres frente a 323,4 por cada 1.000 hombres; en 2022, según la encuesta EDADES, consumió hipnosedantes el 12,1% de las mujeres frente al 7,3% de los hombres, hasta el 21,4% entre las de 55 a 64 años. Según UGT, el 64% de las bajas por trastornos mentales de enero a julio de 2025 fueron de mujeres. La clase decide quién puede salir del circuito público: la atención privada puede superar los 200 euros al mes (OCU, 2024), el 23,8% de quienes buscaron atención por salud mental en el último año la pagó directamente a un profesional privado (Barómetro Sanitario 2026, datos provisionales) y los grupos de discusión del estudio de Salud Mental España (2023) sitúan el malestar sobre todo en perfiles socioeconómicos bajos y señalan la sobrecarga de cuidados que recae en las mujeres.

Al mismo tiempo, florece una industria del bienestar (wellness) que vende soluciones boutique: retiros de yoga, apps de meditación, coaching personal. La economía global del bienestar alcanzó los 6,8 billones de dólares en 2024, según el Global Wellness Institute. La paradoja es cruel: se comercia con los productos que intentan paliar los daños causados por el propio sistema que los vende. Mientras tanto, el acceso a una psicoterapia pública, contextual y no patologizante sigue siendo una quimera para la mayoría: España tenía en 2018 en torno a 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes (Ministerio de Sanidad), la primera consulta con un especialista público tarda de media 90 días desde la derivación y las siguientes se separan casi 148 (Barómetro Sanitario 2026, datos provisionales), un ritmo muy inferior al que exige tratar un malestar con raíces laborales, económicas y familiares a la vez.

Pero esta medicalización tiene un reverso más oscuro y físico: la gestión coercitiva del sufrimiento psíquico grave. Los datos son tan escasos que ya dicen algo. En diciembre de 2024, la ministra de Sanidad anunció un mapeo de las contenciones mecánicas (atar a pacientes) en salud mental y urgencias psiquiátricas porque esas cifras son «prácticamente desconocidas»; en julio de 2025 la licitación del estudio, de 14.442 euros, quedó desierta, porque ninguna de las seis universidades invitadas presentó oferta. No existe normativa estatal específica sobre contenciones en discapacidad psicosocial, solo regulaciones autonómicas, y la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado pide evitar su aplicación rutinaria. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU considera que la regulación española del internamiento no voluntario vulnera varios artículos de la Convención. En 2025 hubo cerca de 75.000 internamientos psiquiátricos involuntarios, según el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no garantizar la defensa legal de un hombre ingresado contra su voluntad. El legislador lleva además desde 2010 sin cumplir el mandato del Tribunal Constitucional de regular estos internamientos por ley orgánica. El artículo 13 bis de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, en vigor desde el 23 de octubre, reduce el ingreso involuntario a situaciones de «urgencia vital» y exige haber agotado las alternativas voluntarias; la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental advierte de que deja sin cobertura a pacientes graves, como los que sufren psicosis con abandono del autocuidado o episodios maníacos graves, y de que la propia ley define la urgencia vital de dos formas que no coinciden. Hay vías distintas: el hospital Gregorio Marañón, con su programa Contenciones Cero, mantiene por debajo del 5% a los ingresados contenidos.

La antropología médica ha documentado desde hace décadas, desde los trabajos de Erving Goffman sobre instituciones totales hasta los estudios de Ángel Martínez-Hernáez sobre el significado del síntoma, cómo el dispositivo psiquiátrico tradicional puede reproducir el estigma y la desposesión de la agencia, patologizando y aislando el malestar en lugar de contextualizarlo socialmente. Esto afecta de manera desproporcionada a colectivos ya vulnerabilizados: personas sin hogar, migrantes en situación irregular, jóvenes en crisis psicosocial y, en general, quienes carecen de redes de apoyo. Cuando el sufrimiento no cabe en las pastillas ni en el coaching, el sistema tiende a recurrir al candado y al aislamiento.

Este modelo de control tampoco es una novedad de la psiquiatría moderna. Toda sociedad ha tenido que definir, ubicar y a menudo excluir a quienes encarnan un sufrimiento que desborda la norma. En la Edad Media europea, el loco podía ser un poseso, un visionario o un bufón, y su lugar no era el hospital sino el bosque, el santuario o los márgenes ritualizados de la comunidad, como analiza Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica. Con el asilo de los siglos XVII y XVIII, esa figura ambivalente se medicalizó y se enclaustró, y el tratamiento moral de Pinel, que liberaba a los enfermos de sus cadenas pero los sometía a una disciplina interna estricta, inauguró una liberación que es también un nuevo confinamiento. En otras latitudes, el padecimiento se ha entendido dentro de marcos comunitarios y espirituales: Anne M. Lovell y Papa Mamadou Diagne documentan en el Senegal periurbano cómo familias extensas y comunidades movilizan deudas y obligaciones para atender la psicosis y la epilepsia, y Miriam Rabelo describe en terreiros de candomblé de Salvador cómo una tristeza que hace llorar por nada se atiende consultando los búzios y haciendo ofrendas, de modo que el malestar se lee como una relación que hay que atender. Estos marcos tienen sus propias jerarquías y coerciones (la propia Rabelo recoge las quejas de las iniciadas por humillaciones y abusos de poder), pero muestran que el modo occidental de tratar el dolor es uno entre varios. La pregunta que surge es tanto médica como política y cultural: ¿qué hacemos con el dolor que no tiene cabida en el relato funcional de la sociedad? ¿Lo encerramos, lo medicalizamos, lo mercantilizamos o le damos un lugar donde ser escuchado e integrado? Esta época, con sus ansiolíticos y sus contenciones, parece haber elegido las tres primeras opciones, pero el malestar persiste y se expande.

Romper este círculo exige nombrar las cosas por su nombre y politizar lo que se vive como avería privada, como pedía Fisher: leer la ansiedad como respuesta adaptativa a la inseguridad vital extrema y la depresión como una reacción lúcida ante un futuro clausurado. Exige también condiciones materiales concretas: salario digno, vivienda asequible y una jornada laboral de 32 horas semanales sin pérdida salarial. La evidencia disponible sobre la reducción horaria es aún limitada y procede en buena medida de ensayos con empresas voluntarias y datos autoinformados, pero apunta en una dirección consistente. El piloto británico de 2022, con más de 70 organizaciones inscritas y sin recorte salarial, registró en una encuesta a mitad del piloto, difundida por 4 Day Week Global y respondida por 41 empresas, un 49% que declararon una productividad mejorada (un 34% leve y un 15% significativa) y un 46% que la mantuvieron. El ensayo publicado en 2025 en Nature Human Behaviour (Fan y colegas), con 2.896 empleados de 141 empresas de seis países, mostró que seis meses de semana de cuatro días, con unas cinco horas semanales menos de media, reducían el burnout de 2,83 a 2,38 en una escala de 1 a 5 (un 16%), sin mejoras significativas en el grupo de control; en quienes recortaron ocho horas o más bajaron además la fatiga y los problemas de sueño, y más del 90% de las empresas participantes decidió mantener la semana de cuatro días al terminar el ensayo, según el propio estudio. El contraejemplo de Telefónica, que ofreció en 2022 32 horas con una rebaja salarial en torno al 16% y recibió una adhesión de alrededor del 1% de la plantilla (según El País, citado por Xataka), sugiere que la aceptación de la reducción depende de que no se pague con el sueldo. En servicios que no pueden parar, como la sanidad o los cuidados, recortar horas exige más plantilla, y eso es una cuestión de financiación pública, no de preferencia individual. Se necesitan además comunidades de apoyo mutuo (grupos de pares, centros sociales no mercantilizados) frente a la soledad terapéutica, junto con una salud mental pública que priorice la prevención comunitaria y el enfoque psicosocial sobre la mera farmacología.

El agotamiento de esta época es un mensaje cifrado: el cuerpo y la mente gritan lo que la razón ya ha diagnosticado. Escuchar ese grito y traducirlo en un proyecto político, en lugar de silenciarlo con pastillas, es el desafío. Una sociedad que enferma masivamente a sus ciudadanos tiene un sistema patógeno, y la única respuesta a un mal sistémico es la organización colectiva y un nuevo contrato social que ponga la vida en el centro.

No podemos deducir lo que piensa una sociedad a partir de esos comentarios. Pero sí podemos encontrar en ellos preguntas que merece la pena hacerse. ¿Por qué un mismo acontecimiento despierta interpretaciones tan diferentes? ¿Quién escucha lo que la gente dice y siente? 

Las redes sociales y la digitalización están redefiniendo múltiples dimensiones de la vida social. Además del trabajo y el tiempo, están los vínculos, la intimidad, el consumo, la memoria, la percepción de la realidad y la calidad de la conversación pública, entre otras. Los algoritmos seleccionan los contenidos que vemos y las conversaciones se fragmentan en comunidades cada vez más diversas. Al mismo tiempo, muchos políticos se transformaron en celebridades, tentados por la viralización de su propia imagen. 

Por eso los partidos corren el riesgo de medir únicamente la respuesta de sus seguidores más intensos, confundiendo su fervor con la conversación de una sociedad entera. Y cuando un partido deja de contrastar sus ideas con quienes piensan diferente, la persuasión cede paso a la confrontación. Ya no se trata de convencer al distinto, sino de desacreditarlo; no de comprender por qué alguien vota otra opción, sino de confirmar que está equivocado. Entonces no hay con quien conversar. Nadie a quien convencer.

En una comunidad como La Rioja, donde la cercanía forma parte de la vida cotidiana, las conversaciones importan: en el bar, en el trabajo o en la puerta del colegio. Pero también en WhatsApp, TikTok o Instagram.

Comprender las emociones que hay detrás de cada reacción no significa aceptar cualquier interpretación, sino identificar qué preocupa a las personas, cómo explican lo que ocurre y qué responsabilidades atribuyen. Entre un problema y una demanda política hay una interpretación de la realidad. Los problemas no se votan. Se vota lo que significan.

Por ejemplo, la vivienda aparece entre las principales preocupaciones ciudadanas. Pero ¿significa para todos lo mismo? Para una familia migrante, puede ser la angustia de no encontrar alquiler. Para una madre que cría sola, el miedo a que una subida se lleve el dinero de la compra. Para un joven, la imposibilidad de proyectar su futuro. Para quien complementa su pensión con el alquiler de una vivienda, el temor a perder esos ingresos o no poder recuperar su propiedad cuando la necesita. 

Una campaña no debería limitarse a difundir mensajes. Exige aprender a escuchar a quien nos contradice sin preparar de antemano la respuesta, contrastar nuestros propios relatos y aceptar que una conversación puede desmontar una estrategia cuidadosamente diseñada. Discrepar es inevitable; escuchar a quien nos contradice, incómodo.

Cuando las elecciones pasen, volveremos a coincidir en el bar, en la sala de espera, en la puerta del colegio. Seguiremos compartiendo espacios, problemas y una comunidad, aunque hayamos elegido opciones políticas distintas. La pregunta no es solo quién ganará. Es si, ganando o perdiendo, podremos mirarnos sin sentir que somos enemigos.

El coco no apareció. Pero el miedo sí. Y, por lo visto, también se quedó a dormir. Hace unos días, una compañera me relataba otra situación vivida en consulta. Una madre, agotada y sin saber cómo manejar determinados comportamientos de su hijo, había terminado lanzando una amenaza contundente: “¡Pues este año te quedas sin Navidad!”. Una sentencia que, probablemente, ni ella misma deseaba cumplir.

Y pensé: ¡qué curiosa es a veces nuestra manera de educar! Para conseguir que un niño duerma, le hablamos de monstruos. Y para lograr que se comporte, amenazamos con despedir a los Reyes Magos.

Detrás de estas escenas, que podrían protagonizar una comedia familiar, hay una cuestión bastante más profunda: ¿estamos educando para que nuestros hijos comprendan o simplemente para que nos obedezcan? Educar desde el miedo puede conseguir obediencia inmediata, pero no necesariamente aprendizaje. Un niño que se acuesta porque teme al coco no ha aprendido a descansar; ha aprendido a tener miedo. Y quien obedece porque le amenazan con quedarse sin Navidad quizá no comprenda qué ha hecho mal, pero sí descubra que aquello que más ilusión le hace puede convertirse en moneda de cambio.

La rabia tampoco suele ser buena consejera educativa. Cuando estamos desbordados, pronunciamos frases que no representan lo que realmente queremos transmitir. Confundimos poner límites con imponer castigos desproporcionados y, en ocasiones, exigimos a nuestros hijos una regulación emocional que nosotros mismos estamos teniendo dificultades para sostener.

Porque hay una paradoja maravillosa en la crianza: pedimos calma gritando, respeto amenazando y confianza sembrando miedo. Conviene decirlo también: las familias no necesitan otro dedo acusador. Educar cansa, desborda y, a veces, nos coloca frente a nuestras propias inseguridades. Nadie viene al mundo con un manual de crianza debajo del brazo. Y reconocer que nos hemos equivocado no nos resta autoridad; nos hace más humanos.

Desde la educación social sabemos que los límites son necesarios. Los niños y las niñas necesitan referencias, normas y personas adultas capaces de sostenerlas. Pero un límite no necesita dar miedo para ser firme, ni una consecuencia necesita humillar para enseñar. La autoridad educativa no se mide por el tamaño de nuestras amenazas, sino por la coherencia entre lo que decimos, hacemos y acompañamos.

Quizá deberíamos preguntarnos con más frecuencia qué hay detrás de nuestros mensajes. ¿Estoy enseñando o descargando mi frustración? ¿Quiero que comprenda o necesito que deje de molestarme? ¿Estoy respondiendo a su comportamiento o a mi propio cansancio?

La gestión emocional no consiste en no enfadarse nunca. Consiste en reconocer cuándo el enfado está tomando las decisiones por nosotros. En saber pedir disculpas, reparar, escuchar y volver a intentarlo. Y también en comprender que detrás de determinados comportamientos infantiles puede haber miedo, necesidad de atención, inseguridad o dificultades que merecen ser escuchadas. Fortalecer los vínculos socioafectivos significa precisamente eso: construir relaciones donde exista confianza para contar lo que sucede, seguridad para equivocarse y afecto que no dependa de portarse siempre bien.

Tal vez esta noche, en alguna casa, vuelva a aparecer el coco. O alguien amenace con cancelar la Navidad antes de que llegue noviembre. Si ocurre, quizá merezca la pena recordar que nuestros hijos no necesitan personas adultas perfectas, sino personas adultas disponibles, coherentes y capaces de reconocer sus errores. Y, sobre todo, que la infancia ya tiene suficientes monstruos imaginarios como para que los adultos nos empeñemos en hacerlos reales.

Al fin y al cabo, el mejor regalo educativo no lo traen los Reyes Magos ni lo esconde ninguna cajonera: es la tranquilidad de saber que, incluso cuando nos equivocamos, seguimos siendo queridos.

Rufián reclamó generosidad. Pidió a los partidos que renunciaran a parte de sus intereses particulares para construir una alternativa más amplia. Habló de la necesidad de superar las siglas, los cálculos electorales y las pequeñas disputas que tantas veces terminan convirtiendo la política en un ejercicio de supervivencia de las propias organizaciones. Era una propuesta necesaria aunque quizá demasiado ingenua, si de verdad esperaba que bastara con señalar el problema para que quienes llevan años instalados en él decidieran resolverlo.

Porque, llegado el momento de la verdad, la gran operación de unidad no ha sido posible. ERC y Podemos han alcanzado un acuerdo limitado a Cataluña, mientras que las negociaciones entre Podemos y el Frente Amplio han terminado sin un entendimiento general. El propio Rufián ha reconocido su fracaso y ha pedido disculpas a la ciudadanía por el espectáculo ofrecido. ¿Tanto ruido para esto?

Aunque no sería justo concluir que todo ha sido inútil. Rufián ha contribuido a poner en circulación una pregunta incómoda y necesaria. Pero sí cabe preguntarse qué queda de aquella ambición inicial cuando el resultado termina siendo mucho más limitado que las expectativas que se habían generado. Y aquí aparece la contradicción que merece una reflexión más profunda, ya que la generosidad que se reclamaba a los demás parece haberse encontrado con dificultades cuando ERC y Podemos han tenido que concretar sus propios acuerdos. Cabe preguntarse si, además de intentar simplificar la oferta electoral, cada organización ha sabido resistir la tentación de aprovechar el proceso para reforzar su propia posición.

Porque una cosa es defender la unidad como proyecto colectivo y otra convertirla, consciente o inconscientemente, en una oportunidad para mejorar la proyección de los propios liderazgos. La alianza catalana puede contribuir a ampliar la visibilidad de Rufián entre sectores menos identificados con el independentismo y ofrecer a Irene Montero una plataforma de proyección compartida. Lo preocupante es que, mientras se discutía cómo construir un proyecto común, el debate parecía volver una y otra vez a las mismas preguntas de siempre: quién encabeza la candidatura, quién conserva su espacio, quién renuncia y quién obtiene mayor protagonismo. Y así resulta difícil construir algo nuevo.

Tampoco estamos ante un problema exclusivo de ERC y Podemos. La reciente disputa entre Chunta Aragonesista e Izquierda Unida a raíz de la decisión de no presentar candidatura al Congreso por Teruel demuestra que las dificultades se reproducen incluso entre organizaciones que ya han decidido concurrir juntas en otros territorios. Chunta ha defendido su decisión como una forma de evitar la dispersión del voto; IU ha cuestionado el procedimiento y ha lamentado que Teruel se quede sin una candidatura propia de la coalición. De nuevo, todos pueden encontrar razones para defender su posición. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué significa realmente actuar con generosidad cuando las decisiones afectan a los propios intereses?

Porque la unidad no puede consistir en pedir a los demás que renuncien mientras uno mismo se reserva el derecho a decidir dónde y cuándo hacerlo. Tampoco puede construirse a base de reproches públicos, negociaciones interminables y agravios que terminan ocupando más espacio que las propuestas políticas que deberían unir a quienes las defienden.

Y, sin embargo, hay motivos para no darlo todo por perdido.

El acuerdo entre el PSOE y las formaciones del Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado demuestra que, cuando existe voluntad, es posible superar diferencias y buscar un objetivo compartido. No es un acuerdo que borre las discrepancias ni que resuelva todos los problemas de la izquierda. Pero sí constituye un ejemplo de que las organizaciones pueden entender que, en determinadas circunstancias, el interés colectivo debe pesar más que la comodidad de presentarse por separado.

Ahora queda por ver si esa generosidad será también recíproca cuando llegue el momento de votar. ¿Seremos capaces de superar los escrúpulos que a unos y a otros pueda producirnos marcar la casilla de quien hasta ayer era el adversario político? ¿Podremos entender que votar a una candidatura compartida no significa renunciar a nuestras convicciones ni olvidar nuestras diferencias, sino reconocer que hay objetivos que merecen un esfuerzo común?

No se trata de pedir a nadie que deje de pensar por sí mismo. Ni de sostener que cualquier pacto es bueno por el simple hecho de reunir siglas. Se trata de distinguir entre las diferencias que realmente impiden compartir un proyecto y aquellas que, en ocasiones, se convierten en una excusa para no asumir los costes de la cooperación.

Y también de comprender las reglas del juego electoral. En el Congreso, la fragmentación puede tener consecuencias importantes en el reparto de escaños mediante la Ley D'Hondt, especialmente en las circunscripciones pequeñas como la nuestra. En el Senado, donde se vota a candidatos individuales y el sistema favorece a las candidaturas más votadas, la concentración del voto puede resultar todavía más determinante.

No es una cuestión de aritmética fría frente a principios políticos. Es precisamente una cuestión de responsabilidad política, de saber qué queremos conseguir y actuar con inteligencia para aumentar las posibilidades de lograrlo.

En estas próximas elecciones quizá deberíamos conceder menos protagonismo a las tripas y más a la razón. Menos a los agravios, las purezas ideológicas y las fronteras entre siglas y más a la capacidad de entendernos sin exigir que el otro deje de ser quien es. Porque las convicciones importan, pero no deberían convertirse en una coartada para renunciar a objetivos que decimos compartir.

La izquierda no tiene por qué pensar igual en todo. Ni necesita borrar sus diferencias para trabajar junta. Lo que necesita es demostrar que sabe distinguir entre la pluralidad, que es una riqueza, y la fragmentación, que puede terminar siendo una debilidad.

La decepción que deja la iniciativa de Rufián debería servir, al menos, para aprender algo. No basta con reclamar generosidad. Hay que practicarla. No basta con denunciar la división. Hay que estar dispuesto a asumir las renuncias que exige superarla. Y no basta con hablar de responsabilidad electoral si, cuando llega el momento decisivo, pesan más las siglas que el resultado.

—A quien se represente. 

Le desconcierta la respuesta de su interlocutor, que ha enfatizado el transitivo con un se vibrante que ofende su propia sutileza. Está acostumbrado a la habilidad de su amigo para enredar los significados mediante juegos de palabras, paradojas y oxímoron, pero no recurre a esas diversiones sugestivas cuando conversan sobre política o, sería más exacto, cuando conversan sobre la actualidad política. En este último caso, su discurso sustituye el ingenio o la gracia por una concisión dura, seca, sentenciosa, sin funambulismos retóricos, como de pericial forense. “No es que me disguste o me incomode que hablemos sobre la actualidad política”, le explicó una vez, con un cierto envanecimiento por que la transformación de su estilo hubiera sido captada o descubierta, “sino que es un diálogo que se nos impone, mientras que la especulación creativa bebe de la libertad y la espontaneidad”. 

Han comprobado, pues, que su amigo no lo es de las respuestas directas o conclusivas. Como cualquier amante de la digresión (especie que la comunicación contemporánea ha condenado a la extinción, de modo que hay que clamar por que se salvaguarde como un patrimonio inmaterial de la humanidad, en tanto que pocas compañías son tan deliciosas como las de un interlocutor que es capaz de convertir una anécdota trivial en una disertación filosófica), prefiere el método deductivo al inductivo, esto es, prioriza exponer los criterios que le conducen a decantar un cierto voto antes de afirmar su voto, en lugar de afirmar su voto y, una vez afirmado, exponer los criterios por los que lo ha elegido. También debería protegerse a esta especie cívica, igual de extraña o moribunda que la del divagador: la del ciudadano que no contesta a quién votará, sino por qué votará, y que, por eso, puede llegar a debatir, en una sana mayéutica que va avanzando al ritmo de la palabra intercambiada, sobre las razones de su voto, que no está cautivo por una lealtad emotiva o mercadotécnica. Así que, una vez que su amigo reconoce su interés (mudo, pero manifestado en el arqueamiento de cejas), perora: 

—¿Recuerdas los exemplum? Esas fábulas prestigiadas durante la Edad Media, tanto por literatos como por predicadores, y que nuestra posmodernidad ha enterrado por su sesgo moralizante. —Los recuerda, sí, porque hace unas semanas elucubraron sobre el mestizaje entre la moral hindú y la moral católica a través de la difusión de la traducción alfonsí del Calila e Dimna. —Las moralejas pueden resultar anticuadas en una cosmovisión democrática que exige, como presupuesto, el relativismo. De hecho, advierte que el péndulo ha oscilado hacia el ángulo opuesto: en el mundo clásico aprendían de las virtudes de los héroes, mientras que un rasgo de nuestra posmodernidad es que nos interesan las biografías poco edificantes o perturbadoras. Esta diferencia fractura el flujo natural e instintivo del aprendizaje, que se basa en la mímesis del comportamiento ideal evocado, mientras que ahora, en vez de repetir, primero debemos disentir y repudiar: no ser espejos, sino lentes convergentes.  

Bebe un trago de vino. El código interno de los contertulios identifica este gesto con un aviso para que su amigo detenga la espiral de digresiones (no la digresión principal, sino que esa digresión primitiva se multiplique) de la que luego raramente sabe regresar. Otros días, tratando otros temas, no le importaría que se sumiera en esa vorágine, le entretendría y le retaría intelectualmente, pero ahora agradecería que asomara esa sobriedad lingüística que suele reservar a la crítica de la actualidad política. Su interlocutor comprende el signo. 

—Esos apólogos siguen un esquema maniqueo, si quieres calificarlo así (lo que entraña, en sí mismo, una descripción maniquea), pero extraordinariamente eficaz para conformar una praxis, una ética: los personajes no teorizan, sino que actúan, y son sus acciones las que se recompensan o se castigan. 

—Ya teoriza después el narrador, cuando subraya la moraleja.

—No cabe resquicio para una interpretación ambigua, lo que, claro, resulta artísticamente empobrecedor; pero esa moraleja está respaldada en un hecho práctico, no es abstracta. Los modelos que se premian o sancionan son conductas, no ideas pensadas o expresadas. ¡Son conductas! Por resumir: subyace esa reflexión neotestamentaria, que desde luego influyó en la construcción ideológica de tales alegorías, de que “por sus obras los conoceréis”. 

Empieza a dilucidar su argumento, aunque le parezca simpático o irónico que su amigo, que tanto gusta de emborracharse de imaginación escolástica (y de ahí su apego a la Edad Media), esté reivindicando la dimensión práctica de la vida. Sabe adaptarse al medio, piensa, o quizá sólo esté jugando con él. En cualquier caso, le ofrece la réplica que está aguardando:

—Sin embargo, ahora se nos pide que votemos programas electorales. Ideas. 

—Por eso, la gente se equivoca cuando se queja de que “Los políticos no me representan”. Deberían quejarse de que muchos políticos representan, pero no se representan a sí mismos, a las convicciones que supuestamente defienden. La escisión crucial de nuestro tiempo, fruto de la propaganda de los totalitarismos, no enfrenta a las élites con el pueblo, qué va, las clases han sido suplantadas por las tribus; sino que enfrenta, casi rayando en la esquizofrenia, el discurso y la imagen proyectada con la vida verdadera de nuestros representantes públicos. 

—En fin, que votarás a quien viva de forma coherente con lo que propugne. ¿Indagarás en sus vidas privadas?

—No, no se reduce a eso, porque la coherencia no es más que un concepto lógico y la lógica nos remite, de nuevo, a un planteamiento teórico insuficiente: se puede posar para pasar por coherente. Votaré a quien sea ejemplar, pero no necesariamente como referente cívico (lo que, por lo demás, sería el deseable estadio superior), sino que sean ejemplos en el sentido de las referidas fábulas medievales: un modelo práctico, vital, de su propuesta teórica, ideológica. Y, sí, estoy convencido de que no se puede disociar, o no al menos de manera permanente, la personalidad pública de la privada, y viceversa, son una unidad con distintas facetas o escenarios.

—Tu idolatrado García Marquéz adoraba los Mercedes, pero luego se limpiaba la culpa pringosa de que los fabricara un sistema capitalista explotador, que tanto censuraba. —Sabe que le picará la alusión al escritor colombiano. 

—Podría decirse que fue ejemplar, un ejemplo de su arte, de su movimiento literario: el realismo mágico, el pensamiento mágico, impregnaba su vida.  

—Entonces… ¿Votarías a un corrupto que prometa derogar el delito de malversación? 

Se ríe socarronamente y bebe de su jarra de cerveza. La obsesión por la originalidad tiene esta contrapartida: cuando se la retuerce y retuerce para desafiar y desafiar las convenciones y los tópicos, la reducción al absurdo la acaba encerrando dentro de una trampa saducea. La agudeza no es inagotable, y por eso, aunque cada individuo disponga de una dosis diferente, no debe abusarse de su consumo. Su amigo detecta que ha llegado a esa trampa, así que utiliza la inflexión para que emerja su laconismo típico cuando habla de la actualidad política. 

—Escogería el ejemplo más bondadoso entre la oferta de ejemplos. Pero, siempre, un ejemplo. Lo que me sobran son las máscaras y las declamaciones. El bien común o el interés general no necesitan símbolos, sino conductas personales. 

—¿Y quién puede prescindir de la hipocresía? En eso, los políticos sí que nos representan.

—Ahí radicaría, pues, su mayor servicio público: en que prescindan de lo que los demás no podemos prescindir. Que no nos representen ni representen, pero que se representen.

Ahora beben los dos a la vez y, después, guardan un silencio ritual y nostálgico, como el que inspiran los ideales crepusculares, antes de empezar un nuevo tema de conversación cuyas digresiones no les precipiten hacia un callejón sin salida. 

Conviene precisar qué significa aquí yo no mediatizado. Sostengo que ningún yo ha existido al margen de las mediaciones: el lenguaje, las relaciones sociales, las instituciones y las tecnologías participan desde siempre en la formación de la subjetividad. Lo específico de la plataforma es que convierte parte de esa mediación en una infraestructura comercial que registra, clasifica y optimiza la conducta de quien la usa, con el engagement como criterio de éxito. La cuestión política es impedir que esa mediación concreta se convierta en la condición dominante de la experiencia.

La promesa original de Silicon Valley era liberadora: conectar a la gente y darle voz. Sin embargo, como ha documentado Shoshana Zuboff, el modelo de negocio que triunfó fue la extracción de datos de comportamiento para predecir —y modificar— la conducta futura a escala masiva. Cada like, cada pausa de milisegundos en un vídeo, cada patrón de scroll es una minúscula confesión inconsciente que alimenta un perfil de probabilidades. El objetivo último es reducir la incertidumbre del comportamiento humano y convertir la libertad en una variable predecible y rentable; la publicidad es una de las formas de cobrarlo. La relación es simbiótica: quien usa la plataforma produce la materia prima (datos), se convierte en producto (perfil) y consume lo que ese perfil sugiere (contenidos y bienes). En España, según Digital 2026 (We Are Social y Meltwater, con datos de finales de 2025), las personas usuarias de internet dedican 34 horas y 17 minutos semanales a estar conectadas, y 16 horas y 23 minutos de ellas a las redes sociales; otras mediciones dan menos: el Estudio de Redes Sociales 2026 de IAB Spain sitúa el tiempo medio en redes en torno a una hora diaria.

Sostengo que el poder de estas plataformas se reparte entre cuatro capas que se refuerzan entre sí: el capital que exige crecimiento (el modelo de extracción de Zuboff), los Estados que regulan o toleran, las arquitecturas técnicas que hacen más probables unas conductas que otras y las propias personas usuarias, que reproducen el sistema cada vez que lo usan; los estudios que siguen documentan las dos últimas. El algoritmo es la parte visible de esa relación, y por eso importa quién decide qué optimiza, con qué datos, quién puede auditarlo y quién soporta los costes cuando produce daños.

La memoria, lejos de ser un archivo individual, es un proceso social y situado. Maurice Halbwachs lo formuló desde la sociología con su concepto de memoria colectiva; Paul Connerton, desde la antropología, estudió cómo las sociedades recuerdan a través de rituales y gestos del cuerpo, y Marc Augé sostuvo que el olvido forma parte de la memoria. Delegar esa función tampoco es nuevo: André Leroi-Gourhan vio en la exteriorización de la memoria, primero en la herramienta y después en la escritura, un rasgo de la especie, y en el Fedro Platón temía que escribir debilitara el recuerdo. Lo nuevo es a quién se delega: hoy, a servidores de empresas privadas, y la pregunta es quién decide qué se olvida. La función Recuerdos de Google Fotos, presentada en 2019, elige con aprendizaje automático y reconocimiento facial las fotos de años anteriores que enseña a cada persona, según criterios de mejor foto que la empresa no detalla. La memoria se convierte en un producto prefabricado, un highlight reel que omite los momentos grises, los conflictos, la ambigüedad.

Hay una diferencia que conviene señalar. La memoria colectiva de Halbwachs se construye en grupos, mediante relaciones, conversaciones, rituales y marcos compartidos; la memoria algorítmica es otra estructura: el servidor selecciona para cada individuo lo que puede reconstruirse a partir de sus registros y se lo devuelve como experiencia personal. La externalización pasa así a ser también una desocialización: el criterio de selección deja de ser comunitario y se vuelve computacional. El resultado se parece menos a una memoria colectiva que a una memoria solipsista asistida: una biografía que una infraestructura privada recompone para su propio usuario.

Paralelamente, el deseo se pre-formatea. Plataformas como Spotify o Netflix moldean los gustos que dicen reflejar mediante bucles de retroalimentación. Según Gómez-Uribe y Hunt (2015), las recomendaciones influían entonces en aproximadamente el 80% de las horas vistas en Netflix. En Spotify, un estudio de Ashton Anderson y sus colegas (2020) asoció el consumo guiado por recomendaciones con menor diversidad musical, y ese mismo año David Holtz y su equipo, en un experimento aleatorizado con podcasts, vieron que la personalización reducía un 11,5% la diversidad de lo que escuchaba cada persona y aumentaba un 5,96% la del conjunto: cada oyente recibe más de lo mismo y el público se fragmenta en grupos homogéneos por dentro. Es lo que Eli Pariser denominó burbuja de filtro: un entorno personalizado que, al priorizar la relevancia algorítmica, aísla en una realidad cultural recortada y autorreforzada. Nick Seaver, antropólogo que ha estudiado a quienes diseñan estos sistemas, los describe como trampas pensadas para capturar la atención. El algoritmo estrecha el horizonte hacia lo previsible, y el deseo deja de ser una exploración para convertirse en una confirmación.

El mecanismo tiene, sin embargo, una grieta. El estudio de Anderson encuentra que quienes amplían su diversidad musical lo hacen desplazándose del consumo algorítmico al orgánico: la desviación forma parte de la conducta observable de los usuarios. El estudio observa trayectorias, y leerlas como resistencia es una interpretación mía: la subjetividad algorítmica necesita que se sigan aceptando sus propuestas, y la resistencia empieza en el pequeño margen entre lo que el sistema predice que se quiere y lo que alguien decide probar, como saltar una sugerencia, elegir algo que no encaja con el historial o seguir una recomendación humana.

José van Dijck llama memorias mediadas a la manera en que los medios participan en cómo construimos el pasado, el presente y el futuro de nosotros mismos en relación con los demás. De ahí sale una memoria algorítmica que se convierte en el nuevo canon biográfico: una narrativa de lo vivido filtrada por lo que es registrable, cuantificable y, sobre todo, compatible con la lógica del engagement. La memoria deja de ser un diálogo con el pasado y se vuelve un producto de consumo personalizado.

Esta lógica de captura es una decisión de diseño. La arquitectura de estas plataformas explota sesgos cognitivos ancestrales, como el miedo a perderse algo (FOMO) o la búsqueda de validación social. Las notificaciones, los likes y los seguidores funcionan como recompensas sociales intermitentes, en una lógica que recuerda a la que Natasha Dow Schüll describió tras quince años de trabajo de campo con jugadores de máquinas tragaperras en Las Vegas. Björn Lindström y sus colegas analizaron en 2021 más de un millón de publicaciones de más de 4.000 personas y vieron que la publicación en redes se ajusta al aprendizaje por refuerzo: se publica más cuando llegan más likes. Marcel Mauss describió en 1925 la triple obligación de dar, recibir y devolver; desde esa lectura, un like es un don mínimo que invita a la reciprocidad, y la plataforma convierte esa deuda en un número. El resultado es una reconfiguración de la experiencia emocional, además de una pérdida de tiempo.

Reducir el sistema a una maquinaria de captura sería insuficiente: las plataformas retienen también con experiencias genuinamente placenteras, como una recomendación acertada, una conversación que reconforta, una canción desconocida que amplía un gusto o una comunidad que da compañía. La crítica no puede apoyarse, por tanto, en la idea de un usuario engañado por un sistema que no desea. La eficacia de la economía de la atención reside en que mezcla utilidad, descubrimiento, sociabilidad y placer con mecanismos diseñados para prolongar la permanencia, y la cuestión política es qué ocurre cuando experiencias que valen por sí mismas quedan integradas en infraestructuras cuyo incentivo económico es maximizar la atención que producen.

Adam Gazzaley y Larry Rosen, en The Distracted Mind (2016), explican por qué el cerebro, hecho para otro entorno, está mal preparado para la multitarea con dispositivos, y apuntan a la ansiedad por estar incomunicado aunque sea un instante. La revisión de Melina Uncapher y Anthony Wagner (2018) asocia la multitarea mediática intensa con más lapsos de atención sostenida, aunque Wagner advierte de que los datos no prueban causalidad.

Entre los adolescentes españoles, la encuesta ESTUDES 2023 (42.208 estudiantes de 14 a 18 años) sitúa el uso problemático de internet en el 20,5%, con un 25,9% entre las chicas y un 15,3% entre los chicos. En el Barómetro de UNICEF España 2023-2024 (4.740 adolescentes de 13 a 18 años), el 41,1% dice haber tenido, o creer haber tenido, un problema de salud mental en el último año, y solo el 32,3% cree que usar demasiado el móvil o internet perjudica la salud mental de los jóvenes de su edad. Ninguna de las dos fuentes mide ansiedad ni establece causas, así que no uno unas cifras con otras. Vivimos en un régimen de estimulación constante que entrena para el zapping emocional y dificulta la tolerancia al aburrimiento, a la soledad no mediada, al pensamiento lento y profundo que requiere cualquier proyecto vital sólido.

A la cantidad de atención capturada se suma la forma temporal que impone la captura. La actualización continua hace que siempre pueda haber una publicación, una respuesta o una notificación que deje el presente incompleto, y el tiempo pasa de ser una sucesión de momentos con principio y final a ser una disponibilidad permanente a la novedad. Pensar, recordar y construir relaciones requieren intervalos sin estímulo, espera y duración. La aceleración digital, que enlaza con la aceleración social que describe Hartmut Rosa, dificulta sobre todo que determinados momentos terminen, y plantea un problema de soberanía temporal: quién puede interrumpir el presente de una persona y quién obtiene valor económico de mantenerlo abierto indefinidamente.

Esta dinámica alcanza su paradoja más cínica en la figura del influencer y en la presión social por convertir la propia vida en contenido. El adanismo —la pretensión de empezar desde cero— se tecnifica aquí: se ofrece la ilusión de autenticidad mientras se sigue un guion algorítmicamente optimizado, y la autenticidad se mide en métricas de engagement. Theresa Senft acuñó en 2008 el término microcelebridad para las mujeres que retransmitían su vida por webcam, y Sarah Banet-Weiser llama, en Empowered (2018), economía de la visibilidad al contexto mediático del capitalismo avanzado y las plataformas en red, en el que lo decisivo es hacerse visible. Todo ello crea sujetos permanentemente escindidos: uno que vive y otro que observa y edita esa vida. Erving Goffman, como vimos en El rostro que se nos exige, distinguió la región anterior, donde se actúa ante los demás, de la posterior, donde la actuación se relaja; en una plataforma la región anterior no se apaga. La consecuencia es una alienación profundizada: Marx la describió respecto del fruto del trabajo en la fábrica clásica, y aquí alcanza a la propia experiencia vivida, que debe traducirse y valorarse en likes para adquirir realidad social. Rosa la vincularía con esa aceleración y con la pérdida de resonancia con el mundo.

Los efectos de este sistema llegan más allá de la esfera psicológica: su lógica opaca y orientada al crecimiento tiene costes que pagan otras personas. Los documentos que Frances Haugen filtró en 2021 mostraron que Facebook (hoy Meta) conocía investigaciones propias sobre el efecto de Instagram en adolescentes, y solo se supo porque una exempleada los sacó a la luz; Meta respondió que algunas de esas investigaciones habían sido interpretadas de forma incorrecta o fuera de contexto. Más grave aún son los desnudos falsos no consentidos. En enero de 2024 circularon masivamente en redes imágenes sexuales falsas de Taylor Swift generadas con IA. En 2023, en Almendralejo (Badajoz), quince menores crearon con aplicaciones de IA desnudos falsos de unas veinte compañeras, a partir de fotos de sus perfiles superpuestas a otros cuerpos, y los difundieron por WhatsApp. La sentencia 86/2024 del Juzgado de Menores de Badajoz, de 20 de junio de 2024, los declaró responsables de veinte delitos de pornografía infantil y veinte contra la integridad moral, con un año de libertad vigilada.

La violencia patriarcal ya existía y la IA le ofrece un acelerador: según Deeptrace (2019), el 96% de los deepfakes en línea eran pornografía no consentida, y casi todos con rostros de mujeres. La IA generativa añade una capacidad nueva: fabricar imágenes tan realistas que la distinción entre documento y ficción deja de ser evidente para quien las recibe. El daño no depende de que la imagen sea verdadera; basta con que resulte creíble u obligue a la persona representada a desmentir algo que nunca ocurrió. El cuerpo ajeno se convierte en materia prima para producir una apariencia de evidencia, con un coste de fabricación mínimo y la carga de demostrar la falsedad desplazada hacia quien aparece en la imagen. Son síntomas de una estructura que externaliza costes sociales y éticos y privatiza beneficios, justo lo que Lo que no cabe en el precio llamaba externalidad.

A esto se suma la desinformación. En diciembre de 2024 el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló el proceso electoral presidencial, cuando la primera vuelta ya se había celebrado, tras la desclasificación de informes de inteligencia que atribuían a una operación vinculada a Rusia una campaña coordinada, con miles de cuentas en TikTok y Telegram; Moscú negó las acusaciones. Una realidad compartida intoxicada y polarizada erosiona el debate democrático, y el caso plantea una pregunta más difícil: ¿cuándo deja una elección de poder considerarse expresión válida de la voluntad popular? Anular unos comicios para proteger su integridad puede ser necesario, pero abre un problema de legitimidad: la autoridad que declara intoxicado el proceso debe justificar qué evidencia considera suficiente, y los mecanismos para detectar la manipulación necesitan a su vez controles democráticos para no convertirse en una nueva fuente de poder opaco. A la pregunta de quién gana una elección se suma otra: quién determina si las condiciones informativas en las que se celebró permiten considerarla válida.

Frente a este panorama, las soluciones individuales (desconectarse) son insuficientes y a menudo un privilegio de clase; la resistencia significativa debe ser colectiva y estructural. Implica, primero, una alfabetización digital crítica que enseñe a usar herramientas y también a comprender sus modelos de negocio y sus efectos psicosociales. En segundo lugar, exige reclamar soberanía sobre los datos personales y luchar por marcos legales que vayan más allá del RGPD. La portabilidad ya la reconoce el RGPD (art. 20), y el Reglamento de Servicios Digitales de la UE obliga a las plataformas muy grandes a ofrecer al menos un sistema de recomendación no basado en perfilado (art. 38) y abre el acceso a datos a investigadores acreditados (art. 40). Falta exigir que se cumplan, ampliarlos y comprobar que puedan ejercerse y producir conocimiento independiente sobre sistemas cuyo funcionamiento interno y escala superan la experiencia individual. En España, el proyecto de ley orgánica de protección de las personas menores en los entornos digitales, remitido al Congreso por el Consejo de Ministros en marzo de 2025 y todavía en tramitación, busca elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales; según las enmiendas pactadas por PSOE y Sumar, las plataformas tendrían que demostrar ante la CNMC que no usan diseños adictivos.

El problema se formula así en términos políticos más precisos: está en juego cuánto tiempo pasan conectadas las personas y también quién puede intervenir sobre su atención y bajo qué condiciones. Tim Wu mostró en The Attention Merchants (2016) cómo la captura y reventa de la atención se convirtió en el negocio definitorio de la época. La literatura sobre neuroderechos (Ienca y Andorno, 2017) propone una libertad cognitiva y una integridad mental pensadas sobre todo para la neurotecnología, y trasladarlas a las plataformas es una discusión reciente; la Carta de Derechos Digitales de España (2021) fue de los primeros documentos institucionales europeos en abordar la libertad cognitiva. El derecho europeo ya ofrece un punto de apoyo: el artículo 25 del Reglamento de Servicios Digitales prohíbe diseñar interfaces que engañen, manipulen o deterioren materialmente la capacidad de decidir con libertad e información. El objeto de la regulación serían las arquitecturas que explotan sistemáticamente vulnerabilidades atencionales sin que el usuario pueda comprender o controlar el proceso; la persuasión en general, inseparable de buena parte de la vida social, quedaría fuera. Si la atención es limitada y necesaria para pensar, decidir y participar políticamente, su captura tiene una dimensión de derecho y de gobernanza, más allá de la gestión privada del tiempo.

Finalmente, y más ambiciosamente, la resistencia requiere imaginar y construir infraestructuras digitales cooperativas, basadas en protocolos abiertos y lógicas no extractivas, como las que ensayan algunas plataformas del fediverso (Mastodon, PeerTube), en la línea de la producción entre pares basada en bienes comunes que estudia Yochai Benkler. Safiya Umoja Noble, en Algorithms of Oppression (2018), mostró cómo el buscador de Google reproduce las jerarquías racistas y sexistas del mundo analógico; esta transición hacia una lógica digital común apunta a lo contrario: una tecnología que sirva para empoderar comunidades y repartir el poder de narrar, recordar y decidir.

El problema de la escala obliga a abandonar cualquier romanticismo sobre las alternativas. Como ya apareció en Lo que no cabe en el precio, una comunidad pequeña puede gobernarse, y no está claro que valga lo mismo para cientos de millones de personas: pequeña, descentralizada o federada, ninguna de esas condiciones garantiza por sí sola que una infraestructura sea democrática. En Mastodon, un estudio de Aravindh Raman y sus colegas (2019) halló que el 10% de las instancias alojaba a casi la mitad de los usuarios, y atribuye, con cautela, las caídas de instancias individuales al carácter voluntario de muchos administradores. Otro, de Spencer-Smith y Tomaz (2025, Internet Policy Review), con entrevistas a administradores de siete instancias, encontró que tras la llegada masiva de usuarios de 2022 las instancias grandes y generalistas sufrieron el mayor estrés de moderación, con cargas que superaban sus recursos, mientras las pequeñas volvían a su nivel anterior. La alternativa exige decidir quién mantiene las infraestructuras, quién paga ese trabajo, cómo se reparten los costes de moderación y qué mecanismos de representación permiten gobernar redes grandes sin reconstruir un centro privado de poder; sustituir una plataforma central por muchas pequeñas no lo resuelve.

La regulación pensada desde Europa tiene un alcance limitado: el RGPD y el DSA rigen dentro de la Unión, pero las plataformas operan transnacionalmente y la extracción de datos cruza jurisdicciones. Nick Couldry y Ulises Mejias llaman colonialismo de datos (The Costs of Connection, 2019) a un orden social en el que la extracción continua de datos de la vida humana beneficia a unas pocas empresas. Los documentos de Haugen dan un indicio de cómo se reparten los costes: según uno de ellos, el 87% del presupuesto de Facebook para clasificar desinformación iba a Estados Unidos, mientras los usuarios de Norteamérica eran en torno al 10% de los diarios, y en 2020 la empresa carecía de clasificadores para detectar desinformación en birmano o discurso de odio en oromo y amárico; la empresa sostuvo que aplica la misma intensidad fuera de Estados Unidos. La externalización que opera dentro de una plataforma se reproduce así a escala global: los beneficios se concentran donde se toman las decisiones y los costes recaen sobre quienes menos pueden intervenir en ellas.

El reto es decidir quién gobierna las condiciones digitales en las que se recuerda, se desea, se conversa y se participa políticamente; aprender a usar mejor la pantalla es una parte menor del problema. Si la atención, los datos y las infraestructuras son recursos estratégicos, su gobierno no puede delegarse por entero en la rentabilidad privada. La respuesta democrática tendrá que combinar derechos individuales, obligaciones empresariales, investigación independiente, infraestructuras alternativas y formas colectivas de gobierno capaces de intervenir sobre la escala y la propiedad de las plataformas.

Zygmunt Bauman describió en 1996 al peregrino, alguien con destino, como la figura de la modernidad, y al turista, que va de sensación en sensación, como una de las figuras de la posmodernidad, junto al paseante, el vagabundo y el jugador. Propongo leer el turismo digital como un régimen temporal: desplazarse de sugerencia en sugerencia, sin tiempo para el sentido y sin que nadie tenga que ordenar que se siga avanzando. Sociedades que guardaron su memoria fuera de sí ha habido muchas; seremos la primera que la guarda en un servidor ajeno y olvida la contraseña. Recuperar la pantalla como herramienta pasa por disputar las condiciones bajo las que la tecnología organiza la atención, la memoria y el deseo, sin esperar volver a un mundo sin tecnología ni a una autonomía pura que nunca existió, y por recordar que, antes que usuarios, somos ciudadanos y cuerpos con memoria, deseo y tiempo finito.

Frente a una pantalla que piensa por cada uno, la alternativa es pensar juntos, y eso requiere construir las condiciones sociales, políticas y técnicas que lo permitan.

Se le atribuyen delitos tan graves, como el asesinato, a dos hombres utilizando sus fotografías y empleando nombres falsos. Situándolos en Burgos, dónde aseguran que han matado a una mujer y la verdad es que son dos jóvenes que trabajan y residen en Barcelona y Manresa, respectivamente. El primero es estudiante, el segundo taxista y ni siquiera se conocen entre ellos, pero las redes sociales y la inteligencia artificial, sin encomendarse ni a Dios, ni al diablo han decidido machacar la vida de esas dos personas.

Qué falta hace hoy en día el periodismo riguroso y serio. Cuánta necesidad tenemos de entender esta profesión, como se trabaja en ella y como los buenos profesionales contrastan sus informaciones y renuncian a las primicias en favor de la verdad. Es mejor dar una noticia más tarde que los demás, pero tener todas las garantías de que esa información es cierta desde el principio y hasta el punto final.

Es una cuestión de ética periodística, pero no todos los periodistas la tienen. Los hay que prefieren el sensacionalismo y las medias verdades, cuando no falsedades completas. Por eso me gusta leer frases como ésta: “El buen periodismo es más necesario que nunca y ayuda a construir un mundo más libre y solidario”. Son palabras de Javier Godó, o si lo prefieren el Conde de Godó, editor del periódico de tirada nacional La Vanguardia, que recibió hace unos días el primer premio en SpainMedia Hall of Fame. Forbes España. 

Un galardón que reconoce las trayectorias extraordinarias de hombres y de mujeres que contribuyen de manera decisiva al progreso económico, social, y cultural de España. No conforme con el anterior entrecomillado Godó dice del periódico catalán: “Escogimos en el diario La Vanguardia que la verdad no se negocia, sino que se busca, se investiga y se comunica”. Y Rosa Montero, en el podcast de El País: Tercer Acto, que dirige el también periodista, Fernando Navarro dice que: “Lo único que se puede hacer para salvar el mundo es ser buena persona. Intentar ser buena persona e intentar mejorar aquello que controlas y que tienes a tu alrededor».

Buenas personas me han parecido esta semana un grupo de mujeres que con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural expusieron en una mesa redonda los negocios que han montado a base de mucho trabajo, más esfuerzo y demasiado tesón. Una de ellas es ingeniera agrícola, pero se dió cuenta de que en el campo sólo podía trabajar de jornalera, porque estar una mujer al mando de un grupo de jornaleros no les cabía en la cabeza. Silvia, que así se llama esta mujer, tuvo que reinventarse y como quería vivir en su pueblo, montó una academia de clases particulares. Sus alumnos, aseguran que con ella entendieron las matemáticas y hoy aman esta ciencia exacta. Luz Mari, vino de Venezuela con su marido y dos hijos, uno de ellos enfermo. Trabajó en la limpieza, en domicilios particulares, cuidando a personas mayores. 20 años después regenta una cafetería-pastelería que sirve los mejores desayunos de este pueblo de 3.000 habitantes y proyecta ampliar el negocio. Pero también se ha tenido que formar, asistir a cursos de cocina, de repostería…nadie le ha regalado nada, sí ha contado con una red de apoyo y asesoramiento que le ha conducido por el laberinto de la burocracia. 

Beatriz estudió Empresariales, se dedica a la explotación agraria y elaboración de productos del campo. Explica como nadie los problemas del aumento de los precios desde el gasoil, hasta las semillas, pasando por el encarecimiento de toda la cadena relacionada con lo que los agricultores necesitan para trabajar la tierra. Pese a las dificultades, está empeñada en cultivar nuevos productos. El cambio climático obliga a ello. Lo que hasta ahora era tradicional, ahora está dejando de serlo. El campo necesita innovar, probar con nuevas cosechas y esta mujer joven y con formación universitaria, se ha empeñado en remar a favor del viento.

Son mujeres que el 29N tendrán que votar y estoy convencida que lo harán en conciencia, libertad y sabiendo lo que les conviene porque están sosteniendo el presente de sus pueblos y quieren decidir el futuro.

El desalojo reúne tres elementos: un contrato de renta antigua de 1956, una empresa inmobiliaria que le planteó un alquiler más de tres veces superior al que pagaba, y sectores de la derecha que convirtieron a una anciana de 87 años en objeto de burla y descalificación moral. Cuando esos tres factores coincidieron, el cuerpo de Maricarmen dejó de poder tratarse como un asunto estrictamente privado y se convirtió en un símbolo de una crisis estructural. Mary Douglas sostuvo en Símbolos naturales (1970) que el cuerpo físico es un modelo del cuerpo social: lo que una sociedad piensa de sí misma se lee en cómo trata los cuerpos. Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock (1987) distinguieron tres cuerpos, el individual, el social y el político, y el de Maricarmen los reúne: una mujer de 87 años con movilidad reducida, un barrio que la rodeó y un debate de Estado que se libró sobre ella.

Maricarmen llegó al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, un sexto piso de unos 90 metros cuadrados en Retiro, cuando su padre firmó el contrato de alquiler, el 3 de septiembre de 1956. Su madre no pudo figurar como arrendataria: la ley franquista no se lo permitía. Maricarmen, nacida en noviembre de 1938, tenía 17 años. Allí vivió casi toda su vida. El contrato se subrogó a su madre tras la muerte del padre, en 1960 según El País y en 1961 según El Español, y a ella misma en 2005, cuando falleció la madre. Pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre renta y gastos; las fuentes no coinciden en cuánto era la renta estricta, que aparece entre 200 y 440 euros. Era un contrato que todo el mundo —incluida ella, según su abogada, Beatriz Duro— daba por blindado.

El 28 de junio de 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una empresa inmobiliaria con sedes en Madrid y Valladolid, adquirió el piso (no el edificio entero) y le ofreció venderlo a Maricarmen por unos 250.000 euros, que ella no tenía. Durante dos años nada cambió. En 2020, la empresa le comunicó que debía abandonar la vivienda: consideraba que la segunda subrogación solo había durado dos años, el límite que fija la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65%. A Maricarmen se le reconocía un 50%, quince puntos por debajo. El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid le dio la razón el 27 de enero de 2022. La Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia el 30 de junio de 2022 y declaró extinguido el contrato, y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación por auto de 13 de diciembre de 2023, que dejó firme la resolución. Setenta años después de que su madre no pudiera firmar el contrato, una ley democrática, la de 1994, volvía a decidir quién tenía derecho a quedarse.

Entre lo que dice la ley y lo que una comunidad considera justo existe una distancia que las ciencias sociales conocen como economía moral. E. P. Thompson la describió en las multitudes inglesas del siglo XVIII y James Scott en el campesinado del sudeste asiático: en ambos casos la gente defendía un derecho de subsistencia que ninguna norma escrita le reconocía. El derecho a quedarse en la casa donde se han vivido setenta años pertenece a esa familia, y por eso el fallo judicial no cerró el conflicto: lo llevó a la calle.

Lo que vino después fue un pulso de casi un año: cuatro intentos de desahucio. Los tres primeros, en otoño de 2025 y en dos ocasiones durante junio de 2026, se suspendieron por movilización vecinal y presión del Sindicato de Inquilinas; entre medias, la ONU pidió frenar los lanzamientos. En 2024, Urbagestión le había notificado una subida del 275% sobre su renta, hasta 1.650 euros mensuales, que presentó como una oferta por debajo de los 2.650 a los que, según la empresa, se alquilaban ya otros pisos reformados del bloque; según Público, llegó a plantear esos 2.650 euros una vez recuperada la vivienda. Urbagestión asegura que ofreció una renta bonificada entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado. La pensión de Maricarmen rondaba los 1.400 euros, aunque los medios la sitúan entre 1.300 y 1.450, de modo que incluso 1.650 euros la superaban.

El 23 de septiembre de 2026, hacia las 13:00, la comisión judicial ejecutó el desahucio. Cientos de personas habían pasado la noche en la calle para intentar frenarlo. A Maricarmen la sacaron del edificio en camilla y los sanitarios del Samur la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón, ante los cientos de personas concentradas frente al inmueble. Nunca volvió a casa. Sus pertenencias quedaron dentro del piso: no tuvo tiempo de recogerlas. Falleció el 7 de octubre.

Desde los días siguientes al desahucio, parte de la derecha la convirtió en diana. El concejal de Vivienda del PP en Benalmádena, José Luis Bergillos, la llamó puta sinvergüenza con miles de euros en el banco durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda. Ocurrió el mismo día en que Maricarmen murió. Bergillos pidió después sinceras disculpas, admitió un grave error y explicó que su intención era denunciar el uso partidista del problema. Lo de los miles de euros carece de pruebas: el bulo concreto hablaba de 250.000 euros en el banco y de acciones de BBVA, Santander y Telefónica; la abogada de Maricarmen lo calificó de mentiras ante Newtral, y Maldita.es advierte de que circula sin evidencia. Además, su patrimonio, su pensión, su pasado laboral, su trato con los vecinos y hasta un vídeo en el que aparecía caminando se usaron para cuestionar su relato; el vídeo era de octubre de 2025, según Newtral. Circularon bulos sobre una segunda residencia en la playa y sobre comidas en restaurantes caros. Un titular de Voz.us la presentó como la privilegiada anciana que el Gobierno utilizaba para intervenir el mercado de la vivienda. El 29 de septiembre, El Confidencial publicó una columna de opinión titulada Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo), que sostenía que se había aprovechado de otro sin tener derecho a ello; la propia Audiencia Provincial, sin embargo, constató que Maricarmen siguió pagando la renta y viviendo en el piso. El 25 de septiembre, el espacio Objetivo directo de The Objective se tituló La farsa de Maricarmen y se preguntó si había detrás una operación psicológica; según El Boletín, Roberto Vaquero sostuvo, sin pruebas, que a Maricarmen le han prometido algo.

No fue un episodio aislado. El 27 de septiembre, la cuenta oficial de Vox en X escribió: toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa, y el 7 de octubre el portavoz de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, repitió la fórmula. El portavoz de IU en Benalmádena, Enrique Pablo Centella, que abandonó la reunión en protesta, dijo que no entiende cómo Bergillos ha podido comprar los bulos de la extrema derecha.

Un análisis publicado el 8 de octubre por Marcelino Madrigal sobre casi 13.500 publicaciones en X, TikTok, YouTube y Telegram concluye que hubo una ofensiva contra Maricarmen, pero sin plan detrás: ni granjas de bots ni mensajes copiados en masa, sino creadores con mucha audiencia que contaron la misma historia, cada uno en su red. A su juicio, pesaron más esos creadores que las declaraciones de los partidos. Según su recuento, el alcance se concentró en pocas manos: en X, tres tuits reunieron dos tercios de las visualizaciones hostiles.

Entre los argumentos que más se repitieron, según ese mismo análisis, estaba que Maricarmen pagaba poco, que vivía en un barrio caro y que debería haberse comprado una casa. La acusación da por hecho que el valor de un barrio pertenece a quien compra sus edificios. Los estudios urbanos y la antropología sostienen que ese valor lo produce en buena medida quien lo habita. Jane Jacobs mostró en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961) que lo que hace segura y deseable una calle, los ojos en la calle de vecinos y comerciantes que se conocen, lo sostienen quienes la habitan y la usan a diario. Henri Lefebvre distinguió en El derecho a la ciudad (1968) el valor de uso, el de quienes viven un lugar, del valor de cambio, el que fija el mercado. Neil Smith llamó en 1979 rent gap, brecha de renta, a la diferencia entre la renta del suelo que un solar rinde con su uso actual y la que rendiría con su mejor uso posible. Aplicada por analogía a este caso, la brecha separa un alquiler de unos 500 euros de los 2.650 a los que, según Urbagestión, se alquilaban otros pisos reformados del bloque, o de los entre 1.980 y 2.300 euros que estimaba Idealista para un piso equivalente, sin que haga falta atribuir intenciones a nadie. La ley de 1994 limitó las subrogaciones de las rentas antiguas con vistas a su extinción, y el argumento de la propiedad, que no tiene por qué subvencionar a un inquilino, tiene peso jurídico. La antropología pregunta otra cosa: de dónde sale el valor que se cobra. Mindy Fullilove, psiquiatra, llamó root shock al trauma de arrancar a una comunidad de su barrio, y el psicólogo Marc Fried describió en 1963 el duelo de los vecinos del West End de Boston realojados por una renovación urbana, comparable al de perder a una persona querida. Que tres intentos de desahucio se frenaran por movilización vecinal indica que ese tejido existía y tenía valor.

El ataque tiene una particularidad: apunta a la edad. La columna de El Confidencial lo formula sin rodeos: reconoce que tiene 87 años y que la sacan de su casa, pero sostiene que no siempre ha tenido 87 años. La vejez, que en algunas sociedades funciona como un escudo moral, se trata aquí como un dato que no cuenta. Simone de Beauvoir escribió en La vejez (1970) que la sociedad trata a los viejos como una especie extraña y consigue que nadie vea en ellos a sus semejantes, y escribió el libro para quebrar la conspiración del silencio. Susan Sontag mostró en 1972, en The Double Standard of Aging, que envejecer penaliza más a las mujeres que a los hombres; el insulto de Bergillos suma al desprecio por la edad un descrédito sexual.

La antropología encuentra respeto a los mayores en unas sociedades y abandono en otras, y esa variación ayuda a entender el ataque. Leo Simmons comparó en 1945 el trato a los ancianos en 71 sociedades y halló que su prestigio crecía donde conservaban derechos de propiedad e influencia en el gobierno, y caía con el clima duro. Igor Kopytoff sostuvo en 1971 que, en muchas sociedades africanas, los ancianos vivos y los ancestros muertos forman una misma categoría, de modo que el respeto al mayor y el culto al antepasado son una misma línea; la tesis ha sido discutida por otros africanistas. Una sociedad que corta esa línea y ve en los mayores un obstáculo vivo en lugar de futuros ancestros queda más libre para atacarlos.

La escasez hace el resto. Robert Binstock analizó en 1983, en The Aged as Scapegoat, cómo el discurso público pasa de ver a los mayores como un colectivo necesitado y merecedor de ayuda a señalarlos como responsables de las dificultades de otros grupos. René Girard explicó el mecanismo en El chivo expiatorio: una sociedad en crisis descarga su malestar sobre una víctima unánimemente señalada, a la que atribuye la culpa y que lleva marcas que la hacen parecer diferente, como la pertenencia a una minoría, la enfermedad o la debilidad. En un país donde la emancipación media llega a los 30 años, una anciana con un alquiler de 500 euros en Retiro resulta una figura útil: encarna el privilegio de quien llegó a tiempo y recibe un malestar que no encuentra otro destinatario. Aplicada entre generaciones, la lógica del don de Marcel Mauss (dar, recibir, devolver) convierte a los mayores en acreedores de una deuda que los jóvenes pueden preferir no reconocer. Maricarmen nació en plena guerra civil y pertenece a la generación que vivió la posguerra y el desarrollismo, la que suele decirse que levantó el país. Atacarla puede romper simbólicamente la cadena que permite a los jóvenes reclamar, a su vez, que se les devuelva algo; por eso importa que entre quienes salieron a defenderla hubiera tantos jóvenes.

La muerte de Maricarmen desencadenó una disputa sobre la vivienda y otra sobre cómo debía ser llorada. El 8 de octubre, el PP rechazó un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid con el argumento de que no iba a contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada; Más Madrid y PSOE lo guardaron en el atrio. En las Cortes de Aragón, PP y Vox votaron en contra de la propuesta, y en el pleno del Ayuntamiento de Madrid sus concejales permanecieron sentados mientras la oposición guardaba el minuto. La negativa puede leerse como una disputa sobre quién tiene derecho a definir qué significa esa muerte. En el marco del conflicto, un minuto de silencio podía interpretarse como el reconocimiento público de que aquella muerte no era un hecho privado, sino el desenlace de un conflicto político y social. Judith Butler preguntó en Marcos de guerra, a propósito de las guerras recientes, qué vidas merecen duelo público, y Katherine Verdery estudió en The Political Lives of Dead Bodies (1999), a propósito de las reinhumaciones postsocialistas, por qué los cuerpos muertos resultan símbolos políticos tan eficaces. El cuerpo de Maricarmen entró en esa disputa desde el día de su muerte.

Conviene mirar de frente un paralelismo, con los términos bien separados: el asesinato terrorista y un desahucio son hechos distintos, y lo que se compara es la operación política sobre la memoria de las víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995, ha construido su trayectoria pública sobre una premisa incómoda para todos: las víctimas no pertenecen a ningún partido. Ha criticado al PP por instrumentalizar el dolor de las suyas y ha dicho que todos los partidos las han usado, aunque unos más que otros; ha pedido que dejen en paz a las víctimas. Su argumento, tal como lo leo, sostiene que el homenaje que convierte a las víctimas en munición electoral las traiciona.

Aplicado a Maricarmen, la frontera exige distinguir tres operaciones. Una cosa es inventarle una biografía para destruirla —miles de euros en el banco— y otra insultarla: Morocarmen, puta sinvergüenza, jeta. La primera operación es una falsificación; la segunda, un descrédito moral que produce un efecto semejante: desplazar la atención desde las condiciones del desahucio hacia la conducta de la propia Maricarmen. Y otra muy distinta es recoger las palabras que ella misma dejó en un vídeo que el Sindicato de Inquilinas difundió desde el Gregorio Marañón: no he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. La tercera es una herencia. La frontera entre las dos primeras operaciones y la tercera la traza la verificación, y esa frontera es exactamente lo que está en juego cuando una sociedad decide cómo recordar a sus muertos.

Comprobar este caso es más difícil de lo que parece, y la dificultad forma parte de la historia. La renta estricta de Maricarmen aparece entre 200 y 440 euros según el medio; su pensión, entre 1.300 y 1.450; el padre murió en 1960 o en 1961; la subida que le notificó la empresa fue de 1.650 o de 2.650 euros, y no siempre en el mismo orden; y Urbagestión es un fondo inmobiliario para unos y una micropyme para otros. Algunas diferencias se explican por lo que se mide, como la renta con o sin gastos. Otras parecen simples errores de redacción. Otras vienen de la etiqueta, porque fondo buitre y micropyme describen dos relatos y no la misma empresa. Y unas pocas son bulos, como los 250.000 euros del banco. El análisis de Madrigal sugiere que ese ruido no necesita un plan: basta con que la atención se pueda convertir en dinero. No todos los medios participan en él; Newtral y Maldita.es dedicaron piezas enteras a desmontar los bulos sobre Maricarmen. Pero cuando cada cifra se usa como arma, comprobar cada dato es un acto político.

El ruido también cumple una función social. Max Gluckman sostuvo en 1963 que el chisme y el escándalo mantienen la unidad y los valores de un grupo, y que participar en ellos es un deber de pertenencia; Norbert Elias y John Scotson (1965) mostraron que el elogio de los establecidos y la deshonra de los forasteros se construyen con ese mismo material. Leída así, la ofensiva contra Maricarmen traza una frontera sobre quién forma parte de quienes merecen casa.

Ese descrédito tiene nombre en las ciencias sociales: culpabilizar a la víctima, como la popularizó William Ryan (1971). Convierte un problema estructural en una falta moral individual. Johan Galtung acuñó en 1969 el concepto de violencia estructural y Paul Farmer lo llevó a la antropología para nombrar lo que ese desplazamiento oculta, y Erving Goffman describió en Estigma (1963) el atributo profundamente desacreditador que deteriora la identidad social de quien lo lleva, algo que ya vimos en El rostro que se nos exige. Si Maricarmen era una jeta o una sinvergüenza, el desahucio deja de ser una violencia sistémica y pasa a ser una consecuencia justa de su conducta. El problema pasa a ser ella, y no el mercado de alquiler ni la especulación. Ese gesto se volvió contra quien lo practicó cuando Maricarmen murió: la insultaron el mismo día de su muerte, y la comparación entre el insulto y un cuerpo ya sin vida resultó demasiado obscena para pasar desapercibida.

El lunes 28 de septiembre, tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y de Urbagestión, con la mediación de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid, se alcanzó un acuerdo, a partir de una fórmula que la empresa había planteado el 25: un contrato de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. La cantidad exacta estaba pendiente de documentación, y su abogada la calculaba aproximadamente similar a la que pagaba antes; la calificó de histórico y lamentó que llegara tarde. Maricarmen, que no pudo participar en la reunión por seguir ingresada, lo aceptó el martes 29 desde el hospital y volvería a casa al recibir el alta. El programa municipal le ofrecía asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal, y aseguraba a la propiedad contra el impago. El Ayuntamiento sostiene que la había acompañado a través de servicios sociales y que le ofreció un alojamiento alternativo sin coste en una residencia municipal. El 2 de octubre Urbagestión firmó el contrato y entregó las llaves; Maricarmen debía firmar su parte el 8 de octubre, un día después de morir.

Mientras tanto, la movilización tenía vida propia. El sábado 26 de septiembre, una marcha desde la Puerta del Sol hasta el Congreso, bajo el lema Ni una Maricarmen más, dio paso a la acampada. El Sindicato de Inquilinas pedía la aprobación íntegra de lo que llamaba decreto Maricarmen, con renovación automática de los contratos, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. El 1 de octubre, el Congreso rechazó los dos reales decretos de vivienda del Gobierno, conocidos como decretos Maricarmen. El sábado 3, el Sindicato de Inquilinas convocó manifestaciones en más de cincuenta ciudades bajo el lema Hacia la huelga general por la vivienda. En Madrid, la Delegación del Gobierno contó 70.000 personas y los organizadores 500.000. En Valencia, la marcha terminó con disturbios ante el Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria: nueve policías nacionales heridos, una persona detenida y pelotas de goma lanzadas por los antidisturbios. La manifestación de Barcelona se aplazó por la lluvia y se celebró el lunes 5: la Guardia Urbana contó 20.000 personas, los organizadores 120.000, y acabó con cargas policiales y contenedores quemados. En Málaga, Granada, Zaragoza, Cádiz, Santander y Palma salieron a la calle miles de personas. Ese mismo sábado, unos 400 ultras, según la Delegación del Gobierno, convocados por el grupo Indignados por España, intentaron llegar a la acampada de Sol y la policía los frenó en la calle de Alcalá; en Oviedo, la acampada denunció agresiones verbales y un encontronazo con un grupúsculo fascista.

En las marchas convivieron personas de varias generaciones: junto a los acampados veinteañeros que no pueden emanciparse —la edad media de emancipación en España era de 30,0 años en 2024, según Eurostat, frente a 26,2 en la UE— estaban vecinos jubilados que llevan décadas en el mismo barrio. El cántico que el movimiento adoptó, Maricarmen no estás sola, funcionaba en ambas direcciones: la juventud defendía a la octogenaria, y la octogenaria se había convertido en el rostro de un problema que la juventud reconoce como propio. El marco de una guerra entre generaciones por los recursos públicos, pensiones frente a salarios y mayores frente a jóvenes, se topó con una acampada donde la reivindicación era compartida.

La frase de Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, resume el cambio de tono: ocho días de poder popular han hecho más que ocho años de Gobierno progresista. El movimiento dejó de pedir y empezó a exigir. La acampada de la Puerta del Sol se mantuvo, ya como espacio autónomo tras la retirada parcial del Sindicato. El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Y el 7 de octubre, CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos acordaron convocar una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre, la primera respaldada por CCOO y UGT desde 2012.

El Sindicato de Inquilinas anunció su muerte en un comunicado que firmaron también su familia y su abogada. Reconocía que se había logrado un acuerdo histórico para que volviera a su vivienda, pero que la solución llegó demasiado tarde: una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante. El texto sostiene que lo ocurrido supone un antes y un después y que el coste para llegar hasta ahí ha sido demasiado alto.

La frase de Maricarmen sobre luchar por la casa de los demás ya funciona como consigna. El Sindicato de Inquilinas citó además otra petición suya, que según el comunicado ella les repetía siempre: luchad, seguid luchando por lo que es vuestro.

Hay una ironía amarga en el arco de este caso. El acuerdo que le habría permitido volver a casa se cerró el 28 de septiembre y las llaves se entregaron el 2 de octubre. Ella murió el 7, un día antes de la fecha prevista para firmar. En medio, su cuerpo estuvo catorce días en una cama de hospital, separado del piso donde había vivido setenta años. Ese intervalo, entre la solución sobre el papel y la muerte real, es el espacio donde habita la crítica más dura: el sistema encontró una salida técnica, pero no llegó a tiempo para la persona. Y en ese desfase, la vivienda dejó de ser un problema de políticas públicas para convertirse en una cuestión de vida o muerte.

Para la antropología, el caso ofrece un objeto de estudio casi de laboratorio: cómo un cuerpo anciano, sacado en camilla y luego insultado, se convierte en el punto de condensación de una crisis estructural. Es lo que Victor Turner llamó un símbolo dominante, una categoría que formuló para los símbolos rituales y que aquí se extiende a un hecho político: un símbolo que condensa significados dispersos y une un polo sensorial, aquí un cuerpo anciano sacado en camilla, con un polo ideológico, el derecho a la vivienda. Turner describió también el drama social: una ruptura de la norma, una crisis que se extiende, un intento de reparación y, al final, una reintegración o una escisión. El caso sigue ese guion. La ruptura es el lanzamiento; la crisis, las acampadas, los decretos tumbados y las elecciones; la reparación, el acuerdo del 28 de septiembre, llegó tarde; y la reintegración o la escisión queda abierta. Maricarmen no eligió ser símbolo. La hicieron símbolo quienes la desahuciaron y quienes se burlaron de ella. Pero en el proceso, su biografía —setenta años en un sexto piso de Retiro, un contrato de 1956, una pensión de en torno a 1.400 euros frente a un alquiler que la empresa planteó, según las fuentes, entre 1.650 y 2.650 euros— se convirtió en el retrato de un país donde vivir donde siempre has vivido ya no está garantizado por nada.

La primera iniciativa que presenté y defendí como diputado ante el Parlamento de La Rioja en 1991 proponía combatir la estigmatización de quienes viven con el VIH. Y me indigna comprobar que, 35 años después, mientras la ciencia ha conseguido avances extraordinarios, nuestra sociedad siga siendo incapaz de desprenderse de esos miedos injustificados, estereotipos y comportamientos discriminatorios.

Cada 17 de octubre, la celebración del Pride+ nos ofrece una nueva oportunidad para reivindicar esa dignidad. Pero, sobre todo, nos obliga a preguntarnos por qué sigue siendo necesario hacerlo. No creo que sea una cuestión secundaria, ni una causa que deba defenderse únicamente en determinadas fechas. Es una cuestión de derechos humanos, de justicia y de decencia democrática. 

Vivimos tiempos preocupantes. El odio al diferente, la homofobia, el racismo y los discursos autoritarios y postfascistas que cuestionan derechos conquistados con mucho esfuerzo están ganando presencia en el debate público. Y no podemos ignorar que ese clima alimenta también viejos prejuicios contra las personas con VIH; prejuicios que vuelven a vincular el virus, de manera injusta y profundamente equivocada, con una determinada orientación sexual o con supuestos comportamientos moralmente reprobables para algunos sectores.

Digámoslo con claridad: el VIH no tiene orientación sexual, no entiende de ideologías y no es un juicio moral sobre nadie. Puede afectar a cualquier persona. Asociarlo a una identidad concreta no solo demuestra desconocimiento sino que perpetúa una discriminación que causa sufrimiento, alimenta el miedo y empuja a muchas personas a ocultar su situación por temor al rechazo.

Y lo más indignante es que ese estigma persiste cuando los avances científicos han cambiado radicalmente la realidad del VIH. Hoy, gracias a los tratamientos, las personas que viven con el virus pueden desarrollar una vida larga y plena. Sabemos, además, que una persona con carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmite sexualmente el VIH. Sin embargo, la desinformación sigue alimentando el rechazo y nos demuestra que la ciencia ha avanzado mucho más deprisa que determinados prejuicios sociales.

Por eso, no basta con disponer de buenos tratamientos. Necesitamos educación, información rigurosa y una sociedad que deje de señalar a quienes viven con el VIH. Necesitamos combatir la discriminación en el ámbito laboral, sanitario, afectivo y social. Y necesitamos que las instituciones asuman su responsabilidad, porque el silencio y la indiferencia también contribuyen a perpetuar el estigma.

La visibilidad es una herramienta poderosa para romper ese silencio, pero nunca puede convertirse en una obligación. Nadie debe sentirse forzado a revelar una circunstancia personal para demostrar nada a los demás. La responsabilidad no corresponde a quien teme ser rechazado, sino a quienes alimentan el rechazo y a quienes, pudiendo combatirlo, prefieren mirar hacia otro lado.

El Pride+, conocido también como “Orgullo positivo” que se celebra cada 17 de octubre debe ser una celebración de la dignidad, pero también una llamada de atención. Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que algunas personas pueden mostrarse sin miedo, sino aquella en la que nadie tiene que esconderse para evitar la discriminación.

No podemos permitir que el odio normalice de nuevo lo que tanto esfuerzo nos ha costado combatir. Ni aceptar que el diagnóstico de una persona se convierta en motivo de sospecha, aislamiento o exclusión. Convivir con el VIH no resta dignidad, no limita derechos y no hace a nadie menos merecedor de respeto.

Porque la lucha contra el estigma del VIH no pertenece únicamente a quienes conviven con el virus. Nos corresponde a todos. Y quienes creemos en una sociedad más justa, más libre y más igualitaria tenemos la obligación de seguir dando la cara por quienes siguen sufriendo el estigma y el rechazo de manera tan injusta.

2. Lejos de ser una cortina de humo, las protestas por el desahucio de Maricarmen son el estallido de un malestar que lleva tiempo gestándose y tiene raíces tan poco etéreas como los cimientos de las viviendas y la asfixia económica que sufren sus habitantes. Que el caso de Maricarmen no sea el más representativo del problema de la vivienda en España, por las circunstancias particulares de su contrato de alquiler, ni invalida las reivindicaciones —que son necesariamente generales— ni mucho menos justifica el escarnio y la falta de empatía a los que hemos asistido.

3. Por desgracia, no existe una varita mágica para resolver el problema actual de la vivienda: algunas de sus causas, como la escasez de oferta y el déficit histórico de vivienda pública de alquiler, no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Sin embargo, las vidas asfixiadas (o imposibilitadas) de quienes sufren las peores consecuencias de esta crisis exigen una respuesta en el corto plazo, y la política es el arte de lo posible y de la priorización y el equilibrio de intereses, no un diseño de políticas públicas perfectas en el vacío.

4. La discusión sobre las medidas más extraordinarias y coyunturales no debería eludir el necesario debate sobre el mercado hacia el que queremos avanzar: qué modelos sostenibles de participación pública y privada y con qué límites al uso de las viviendas —y por extensión de las ciudades— como si fueran un producto de inversión cualquiera. El problema es que, en una esfera pública cada vez más polarizada y dominada por imágenes y consignas, es difícil que haya espacio para un debate que incorpore matices y considere también los posibles efectos indeseados de políticas bienintencionadas. Además, la distribución de las competencias relevantes entre los distintos niveles de la administración diluye la asunción de responsabilidades y, como la opinión pública y la discusión política están menos descentralizadas que la estructura administrativa, el Gobierno central tiende a llevarse más parte de la culpa de la que le corresponde.

5. Aun así, la izquierda ha conseguido volver a conectar con el sentimiento de rebeldía, capturado cada vez más por fuerzas conservadoras, y el Gobierno intenta proyectar una promesa de futuro que va más allá de estirar el presente y evitar la temida llegada de la extrema derecha. Es, sin duda, el mejor marco posible para una cita electoral después del desgaste acumulado en ocho años de gobierno, pero, en estos tiempos de atención efímera e incandescente, no sabemos cuánto tiempo tardarán nuestras miradas en saltar a otra pantalla. Y, aunque permanezcan puestas en el problema de la vivienda, ¿es posible sortear un cambio de ciclo que parecía inevitable hace solo unos meses?, ¿puede haber un efecto Mamdani sin pasar antes por la pantalla previa de Trump —obviando a Ayuso—? Quizás el 29 de noviembre también averigüemos cuál es el límite de la aceleración de los tiempos.

Esta contradicción es solo el síntoma de una enfermedad más profunda. Bajo la retórica de la democratización y la soberanía cultural, los sucesivos gobiernos —también el actual— han profundizado una burocratización creciente y una canalización del acceso a la cultura. El resultado es una brecha perversa: o entras por los canales oficiales —y aceptas sus condiciones— o tu voz queda marginalizada.

El caso paradigmático es el libro y su DNI: el ISBN. No es obligatorio por ley, y ese es precisamente el señuelo. Lo que debería ser un mero trámite se ha convertido en un peaje económico —45 euros para el autor que autopublica un solo título, aunque las editoriales con prefijo lo diluyan hasta 3 o 5 euros por libro— que golpea con más dureza a quien publica solo, sin estructura. Y no siempre fue así: hasta 2010 el Estado lo gestionaba de forma gratuita; ese año se privatizó su gestión, que desde 2015 recae por completo en la Federación de Gremios de Editores, una patronal privada. Pero el efecto es el mismo: sin ISBN, tu libro no entra en el circuito comercial, no lo piden las librerías, no lo catalogan las bibliotecas, no lo lista Amazon. El sistema no nació para excluir: nació para coordinar un sector fragmentado, y en esa función es eficaz. Pero la eficiencia distributiva tiene un coste que nadie decidió explícitamente: no hace falta prohibir nada. Basta con que todo el sector funcione exclusivamente con ese código. Pero el cerco no termina ahí. Para ser visible, hay que subir los datos y metadatos de tus publicaciones a DILVE, la plaza mayor digital donde el sector entero —libreros, distribuidores, bibliotecas— consulta qué existe y qué no. No es una obligación legal; es algo más eficaz. Es el punto de paso de facto: lo que no está en DILVE es invisible para el circuito comercial. La distinción entre obligación legal y necesidad práctica es la coartada perfecta del sistema: nadie te obliga, pero si no pasas, desapareces. Libreros saturados la usan como radar. Lo que no está ahí es un fantasma sin código de barras. Se confunde deliberadamente la cultura con su comercio.

DILVE no vende ideas, vende ejemplares. Reduce el libro a una ficha técnica con precio y etiquetas. Es el triunfo de la logística sobre el contenido. Quien habla de soberanía cultural frente a los gigantes tecnológicos replica su modelo más perverso: crear un guardián único del acceso. Es el algoritmo rojo: una herramienta de presunta transparencia que, sin embargo, ejerce un monopolio de la visibilidad. La paradoja es perfecta: para resistirte al mercado global, debes someterte al catálogo del sistema.

Mientras, ese mismo Estado actúa hacia el exterior como un vendedor ambulante de clichés. La Marca España reduce siglos de historia compleja a iconos vacíos: sol y playa, jamón o flamenco de postín. Se cosifica lo propio para el consumo rápido del turista. Este relato mercantilizado rebota y empobrece la autopercepción nacional. Los proyectos culturales que no encajan en ese branding tienen más difícil conseguir apoyos. ¿Para qué subvencionar un teatro contemporáneo crítico si se puede financiar un tablao oficial? —dejando fuera, claro, el flamenco de riesgo que sobrevive en los márgenes—. Así, España actúa contra España: asfixia su presente creativo con burocracia y canoniza una caricatura de su pasado para exportación. Vende producto, no crea identidad.

Este doble movimiento —asfixia burocrática interna, mercantilización externa— no es una singularidad española. En Hungría o en Egipto el mecanismo cambia de forma —un oligopolio editorial afín, una autoridad religiosa con potestad de confiscación—, pero no de lógica: no hace falta prohibir, basta con decidir quién recibe ayudas, quién aparece en las listas de lecturas, quién tiene acceso a los canales de distribución. La tecnología del control se adapta al régimen político; el gesto de fondo es el mismo.

Frente a este doble cerco —burocrático por dentro, mercantil por fuera— la resistencia es subterránea y frágil, pero real. En los márgenes, centenares de fanzines al año circulan en fotocopias y PDFs, una economía de trueque y comunidad que rechaza entrar en ningún mercado. Editoriales independientes sobreviven con tiradas de 500 a 2000 ejemplares, gracias a suscripciones, ferias nicho y una red de librerías especializadas. Su viabilidad no se mide en beneficios, sino en influencia cultural y construcción de comunidad. Son un correctivo necesario al monopolio de los grandes grupos y a la canalización estatal. Demuestran que otra circulación es posible, aunque a escala humana y con enorme esfuerzo.

Pero el Estado sigue apostando por su modelo de ciudadano cultural ideal: aquel que consume en sus plataformas, asiste a eventos subvencionados y repite los eslóganes de la marca. La realidad, sin embargo, es plural: está quien piratea libros porque no puede pagarlos, quien solo puede leer en bibliotecas, el artista que organiza ferias alternativas, el youtuber que genera más debate que un canal público, el turista que huye de los lugares oficiales buscando autenticidad. Esta brecha entre el modelo impuesto y la realidad viva deslegitima por completo las políticas culturales. Se revelan como lo que son: instrumentos de control y propaganda.

Este patrón de control, sin embargo, no es exclusivo del libro. Se replica en la financiación de medios, donde la publicidad oficial traza un mapa de la lealtad; en los requisitos kafkianos para acceder a subvenciones públicas, que solo una industria cultural profesionalizada y bien conectada puede navegar; o en la patrimonialización de la cultura popular, que congela tradiciones vivas en espectáculos para folletos turísticos. En cada caso, el mecanismo es el mismo: se sustituye el ecosistema por el circuito oficial, y se confunde la vitalidad con la viabilidad administrativa. Detrás de ello hay una sustitución muy concreta: decisiones políticas —qué se financia y qué no— se toman con criterios de marketing, y se presentan como gestión neutral. La cultura, reducida a contenido, deja de ser un espacio de interrogación para convertirse en un activo de la Marca España. La pregunta ya no es ¿qué nos dice esto? sino ¿cómo lo vendemos?

Esta pulsión por controlar el flujo de las ideas es tan antigua como el poder organizado. Los emperadores Qin en la China del siglo III a.C. unificaron la escritura y ordenaron la quema de libros de escuelas de pensamiento rivales, enterrando vivos a sus estudiosos. El Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia Católica, vigente durante cuatro siglos, listaba títulos y, además, diseñó un sistema de permisos, censura previa y expurgación que moldeó el pensamiento europeo. Estos no eran actos de barbarie irracional, sino políticas de ingeniería cultural: la estandarización forzosa como herramienta de gobierno. La antropología nos recuerda que los primeros Estados recaudaban impuestos y estandarizaban pesos, medidas y, crucialmente, lenguas y relatos. Esta pulsión no es neutral culturalmente: la antropología política ha mostrado que la “legibilidad” —la capacidad de un Estado para ver y contar a su población— se perfeccionó primero en la administración colonial, con censos étnicos, catastros y lenguas francas impuestas sobre la diversidad local, antes de volverse hacia dentro. El ISBN y DILVE aplican esa misma lógica a la cultura propia: reducen la diversidad editorial a un código legible para el aparato administrativo, exactamente como el catastro colonial reducía la tierra comunal a parcela fiscal. Es un colonialismo interno que ya no distingue entre metrópoli y periferia, porque toda cultura no registrada es hoy la nueva periferia. El poder siempre ha buscado fijar el canon, convertir el flujo vivo de la cultura en un patrimonio administrable.

Pero este mecanismo de registro posee un reverso tenebroso que la historia conoce bien. Ahí está la Aktion wider den undeutschen Geist de los nazis, que usó listas de editores para alimentar sus hogueras con libros de Heine, Mann o Freud en 1933. Y ahí está también la quema de la biblioteca del Ateneo Riojano en Logroño en julio de 1936. La quema de libros no empieza con las llamas, sino con el registro. Primero se cataloga, se identifica, se localiza. Luego, se puede destruir. La inmensa mayoría de catálogos nunca se convierten en listas negras. Pero cuando un Estado centraliza el acceso y la visibilidad de la cultura, crea, sin buscarlo, el inventario que una lista negra necesitaría si algún día llegara a existir. La distancia entre un catálogo para libreros y una lista para la censura es, a veces, solo un cambio de gobierno, un pánico moral o un giro en la ortodoxia.

La pregunta, por tanto, ya no es solo si una cultura capaz de producir un Cervantes —es decir, una cultura de libertad imaginativa y crítica— puede existir sin esos márgenes. La pregunta es si alguna cultura viva —más allá de los eslóganes nacionales— puede florecer cuando el sistema secuestra los canales de circulación. Las bibliotecas de Alejandría, los scriptoria medievales, las editoriales clandestinas que desafiaron dictaduras, y los fanzines de hoy comparten un axioma: las ideas necesitan circuitos libres, no registros. El verdadero patrimonio cultural no es el canon fijado por un ministerio, sino la conversación incontrolable que sucede a su espalda. 

Un mundo donde solo se ve lo que el sistema decide registrar es un mundo donde, precisamente, nunca habrían encontrado editor los libros verdaderamente importantes. Allí, en ese peaje del ISBN y ese catálogo del que nadie te obliga a formar parte pero sin el cual no existes, los fantasmas son los libros que todavía creen en las ideas. Los demás ya tienen ficha técnica, precio y visibilidad homologada.

Los amigos de las redes sociales y de las tertulias vociferantes van a tener trabajo. Esos oyentes y espectadores acabarán empachados y sordos. ¿Qué haremos los amantes de la tranquilidad? Yo creo que me iré a un monasterio. 

El caso es que soy aficionada a leer artículos de opinión e incluso guardo los que me gustan. He conservado algunos de los que entresaco los siguientes párrafos: «Cuando encontrar una casa resulta demasiado difícil o costoso… Los jóvenes retrasan su emancipación, las familias tienen más dificultades para mudarse y algunos trabajadores pueden renunciar a empleos porque no pueden permitirse vivir cerca de ellos. La escasez de vivienda puede dificultar la movilidad laboral y, en última instancia, frenar la productividad. Por eso ampliar la oferta de alquiler es también una política de crecimiento y de igualdad de oportunidades».(Aida Caldera, EL PAÍS 2/10/26). 

“La crisis de la vivienda es un síntoma; la enfermedad es la ineficacia de las democracias…El fracaso de los sistemas democráticos para responder a los retos de esta época abre abismos en los que se hunden demasiados ciudadanos y de los que brotan monstruos políticos”. (Andrea Rizzi, EL PAÍS 3/10/26).

“Gran parte de la sociedad española, tanto los que votan a la derecha como a la izquierda, se encuentra a la espera de que ocurra algo; un algo de tal envergadura que trastoque la realidad hasta tal punto que, tras eso, nada vuelva a ser igual”. ( Felix Riera LA VANGUARDIA 3/10/26).

Y aunque soy de letras, y en los números flojeo, también leo las interpretaciones que otros hacen de las encuestas. Esta me ha gustado y aquí la dejo: “La clave de las elecciones de 2023 es que el PSOE y el PP quedaron empatados arriba, por encima del 30%, y Vox y Sumar abajo, rondando el 12%. Pero ahora la ultraderecha se va según las encuestas al 18% y la izquierda, que de momento va por separado, no  llega al 9% entre todos”. E. Cue, El Pais 5/10/26

En elDiario.es del 6/10/26, Joan Subirats se refiere a la posibilidad de crear cooperativas de viviendas, como una parte de la solución al problema. Pero, él mismo reconoce que los cooperativistas tienen que desembolsar “a priori”, una buena cantidad de dinero de la que no disponen por lo que , a su entender, tendrían que ser las administraciones públicas quienes pusieran ese dinero. También hay quienes insisten en que el mercado es la solución, aunque haya creado el problema y animan a construir, construir, construir, una experiencia demasiado bien conocida en España y con los resultados que estamos viendo. En estos días conocemos también las prácticas habitacionales en Austria, (un país gobernado por la extrema derecha) y en Copenhague donde el Ayuntamiento es el responsable de que sus vecinos tengan una vivienda digna. Lo mismo ocurren en Zurich, ciudad rica donde las haya, en un País tan rico como Suiza y que prefiere que los ricos más ricos se dediquen a otros negocios y dejen la vivienda para que hasta los vulnerables y las clases medias y bajas puedan/podamos vivir.

Solo en España nos vemos obligados a Votar para vivir.

Votad para que no haya más Mari Carmen. Descanse en paz.

Para la mayoría de ciudadanos posmodernos, metidos en la burbuja de hormigón y pantallas, la naturaleza ha quedado reducida al decorado idílico de los documentales de la 2 o al lujo dominical para senderistas equipados con ropa de Decathlon. Globalmente pensamos – si es que alguna vez lo hemos hecho- que las aves migratorias son más bien un asunto romántico, tal vez un poema de Bécquer o de Neruda, y nos evocan nostalgias, deseos de libertad y largos viajes a lejanas tierras. Craso error. El fenómeno de las migraciones intercontinentales (aquí podríamos incluir también a las de algunas mariposas, libélulas y murciélagos, o las transoceánicas de ciertas ballenas, tortugas, tiburones o atunes, entre otras muchas) no es un crucero de placer vacacional; es una maquinaria de precisión termodinámica refinada por miles de años de selección natural que sostiene buena parte de la base de nuestra economía real.

Mirando el asunto desde una perspectiva puramente egoísta y utilitaria -que es el único lenguaje que parecemos entender- las aves migratorias no viajan por turismo; viajan persiguiendo el motor termodinámico del planeta. Y, sin saberlo, no solo pueden portar enfermedades, también transportan nutrientes incrementando la productividad de los ecosistemas, polinizan flores y dispersan semillas durante sus desplazamientos, mantienen las cadenas alimenticias con sus depredadores, favorecen la diversidad genética, conectan ecosistemas muy separados y permiten a los animales sobrevivir a los cambios ambientales bruscos. Al hacerlo, actúan como una gran fuerza de intervención ecológica. Multiplicad eso por los miles de millones de aves que cruzan las fronteras invisibles del planeta cada primavera u otoño.

Uno tiene la impresión de que los animales han entendido algo que a nosotros todavía nos cuesta: el planeta es solo uno. Y las migraciones son una de sus grandes arterias. Por eso me resulta especialmente inquietante el último informe mundial de Naciones Unidas: el 22% de las especies migratorias evaluadas se encuentra amenazado de extinción y el 44% está disminuyendo en población (los peor parados son los peces migratorios como el salmón, con el 97% de caída). Y no es que los animales en general y las aves en particular hayan olvidado cómo migrar. Es que cada vez se lo ponemos más difícil. Construimos carreteras allí donde había corredores naturales, urbanizamos extensos territorios, desecamos humedales para la agricultura, contaminamos por tierra, mar y aire como si no hubiera un mañana, llenamos de luces las noches, levantamos infraestructuras energéticas en rutas de paso y alteramos el clima que determina cuándo aparecen los alimentos de los que dependen. Y encima nos sorprendemos de que disminuyen sus poblaciones.

Tengo claro que para proteger a una especie migratoria no basta con proteger el lugar donde se reproduce durante una parte del año. Hay que proteger también los lugares donde descansa, pasa o se alimenta el resto del tiempo, y mantenerlos conectados entre sí. Qué sería de nosotros sin las áreas de servicio de nuestras carreteras. Por eso, Naciones unidas ha identificado cerca de 10.000 áreas de importancia para las especies migratorias. Pero más de la mitad no dispone de la protección adecuada. En consecuencia, opino que las migraciones, de animales en general y de aves en particular, deberían ocupar un lugar mucho más importante en nuestra manera de ver la biodiversidad. Nos enseñan que conservar la naturaleza no consiste en solo salvar especies o lugares concretos, sino también mantener las conexiones que hacen posible su existencia.

Una especie puede desaparecer de un lugar porque hemos destruido un humedal que le servía de descanso a 3.000 kilómetros de distancia. Una población puede desplomarse en Europa porque las condiciones han cambiado en África. Las extinciones, en otras palabras, pueden empezar muy lejos de donde finalmente las observamos. Me gustaría que la próxima vez que veamos una bandada cruzar el cielo no viéramos bichos con plumas que, por necesidad, se marchan o regresan, sino una de las obras maestras de la evolución. Y por qué no también el delicado funcionamiento de un mundo que llevamos siglos tratando como si estuviera hecho de piezas independientes. Los animales no entienden de fronteras políticas y las aves migratorias mucho menos.

Hoy es 10 de octubre, Feliz día Mundial de las Aves Migratorias. Su lema este año es “Cada ave cuenta: ¡Tus observaciones importan!”. 

No ducharse para “maximizar feromonas” y ligar más: ¿reto viral pasajero o peligro misógino entre los jóvenes?

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja advierte de los riesgos de normalizar discursos machistas y falsas creencias científicas a través de los retos virales y reivindica la educación social como herramienta para construir relaciones saludables, pensamiento crítico y convivencia.

No ducharse para resultar más atractivo. Acumular olor corporal para conquistar a las chicas. “Maximizar las feromonas” como supuesto secreto del éxito sentimental. Lo que podría parecer una broma adolescente es la última tendencia viral que circula por Tik Tok y que nos invita a plantearnos una pregunta mucho más importante: ¿qué modelos de masculinidad, afectividad y relaciones personales estamos ofreciendo a nuestros jóvenes?

Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja (CEESRIOJA) queremos aprovechar la noticia publicada por elDiario.es sobre el denominado pheromone maxxing para abrir una reflexión que vaya más allá de la anécdota, del escándalo y de la tentación de ridiculizar a quienes participan en estas modas.

Porque el problema no es que un adolescente decida no ducharse un día. El problema comienza cuando aprende que para gustar debe obedecer una fórmula, que las mujeres son una conquista y que su valor personal depende de su capacidad para resultar deseable.

La masculinidad no debería aprenderse a golpe de algoritmo. La adolescencia es una etapa de exploración, búsqueda de identidad, inseguridades y necesidad de pertenencia. Las redes sociales forman parte de ese proceso y ofrecen oportunidades extraordinarias para compartir, crear y aprender.

Sin embargo, también pueden amplificar mensajes que presentan la masculinidad como una competición permanente basada en el físico, la testosterona, el dominio o la supuesta superioridad sobre las mujeres.

No toda persona que participa en un reto viral comparte esos planteamientos. En muchas ocasiones intervienen el humor, la curiosidad o la presión del grupo. Precisamente por eso debemos evitar las generalizaciones y las respuestas alarmistas.

Pero tampoco podemos ignorar que determinados discursos disfrazados de consejos para ligar reproducen prejuicios machistas, difunden afirmaciones sin respaldo científico y reducen las relaciones humanas a estrategias de seducción. Las mujeres no son premios que se consiguen. Los hombres no tienen que demostrar continuamente su virilidad. Y el afecto no se mide en conquistas, seguidores ni visualizaciones.

Educar también consiste en desmontar estas ideas antes de que se conviertan en referentes. No necesitamos jóvenes obedientes, sino jóvenes capaces de pensar. Desde CEESRIOJA consideramos que prohibir, ridiculizar o responder con sermones resulta insuficiente.

Necesitamos escuchar qué hay detrás de estas conductas: miedo al rechazo, necesidad de aceptación, inseguridades corporales, soledad, presión grupal o desconocimiento sobre las relaciones afectivas.

La solución no pasa por demonizar Tik Tok ni por culpabilizar a las familias. Pasa por asumir colectivamente nuestra responsabilidad educativa. Un reto puede desaparecer mañana, pero las creencias sobre el cuerpo, la autoestima, el consentimiento, la igualdad y la manera de relacionarnos pueden permanecer durante años.

Por eso reivindicamos una educación afectivo-sexual rigurosa, el desarrollo de la alfabetización mediática y digital y la incorporación efectiva de profesionales de la educación social en los espacios donde crecen y conviven niños, niñas y adolescentes: centros educativos, familias, servicios comunitarios, asociaciones juveniles y entornos digitales.

Cinco recomendaciones para adolescentes y jóvenes

1. No confundas popularidad con verdad. Que un vídeo tenga miles de visualizaciones no convierte sus afirmaciones en científicas. Pregunta, contrasta y aprende a reconocer los engaños.

2. Tu cuerpo no necesita superar ningún examen. La higiene, el descanso, la alimentación y el autocuidado son cuestiones de salud y bienestar, no fórmulas para conseguir aprobación.

3. No necesitas conquistar a nadie para demostrar lo que vales. Las relaciones saludables se construyen desde el respeto, la reciprocidad, la comunicación y el consentimiento, nunca desde la manipulación.

4. Atrévete a ser diferente del grupo. No participar en un reto que te incomoda también es una forma de autonomía, libertad y madurez.

5. Habla de tus inseguridades. Si te preocupa tu apariencia, tu aceptación social o tus relaciones, conversa con alguien de confianza. Pedir orientación demuestra capacidad para cuidarte.

Cinco recomendaciones para las familias

1. Pregunta antes de juzgar. Un “¿qué te llama la atención de ese vídeo?” puede generar más aprendizaje que una prohibición o una bronca.

2. Interésate por sus referentes digitales. Conoce a quienes siguen, qué mensajes transmiten y qué modelos de éxito, belleza y masculinidad promueven.

3. Habla de afectividad sin tabúes. Aborda con naturalidad el deseo, el consentimiento, las relaciones sanas, la igualdad y el respeto a la diversidad.

4. Evita las burlas y las humillaciones. Ridiculizar sus inquietudes o su cuerpo puede aumentar la inseguridad y dificultar que vuelvan a pedir ayuda.

5. Educa también con el ejemplo. La convivencia, los cuidados compartidos, el respeto entre mujeres y hombres y la expresión saludable de las emociones se aprenden en la vida cotidiana.

Educar antes de que el algoritmo decida

Desde CEESRIOJA reclamamos a las administraciones públicas una apuesta sostenida por la prevención socioeducativa, la formación y el acompañamiento a las familias, así como por la presencia de educadoras y educadores sociales en los centros educativos y en los programas comunitarios de infancia y juventud.

También resulta imprescindible que las plataformas digitales asuman su responsabilidad frente a la difusión de desinformación, discursos discriminatorios y modelos de relación perjudiciales.

No podemos exigir pensamiento crítico a nuestros adolescentes si no les ofrecemos espacios donde aprender a desarrollarlo. Ni pedirles relaciones respetuosas si dejamos su educación afectiva exclusivamente en manos de los algoritmos.

Quizá la verdadera alarma no sea que algunos jóvenes crean que dejar de ducharse les hará más atractivos. La verdadera alarma sería que las personas adultas dejáramos de preguntarnos por qué necesitan creerlo.

La educación social no pretende decidir cómo deben ser nuestros jóvenes, sino acompañarlos para que puedan descubrir quiénes quieren ser, sin miedo, sin imposiciones y sin reproducir desigualdades.

Porque la autoestima no se maximiza. Se cultiva. El respeto no se viraliza. Se practica. Y la convivencia no se improvisa. Se educa.

Francamente, me resultaría frustrante que los medios de comunicación, ávidos de convertir en mercancía las noticias, acertaran al asimilar la movilización lograda por el Sindicato de Inquilinas con el 15-M. Lo digo porque como persona de izquierdas debo confesar que el 15-M me pareció siempre un movimiento lastrado por un componente fantasmático, algo carente de una base sólida para garantizar su continuidad.

Desde su origen, me sorprendió su descarado adanismo. Daba la impresión de que llegaban haciendo tablarasa de todo precedente, rompiendo la continuidad de la lucha, despreciando cualquier logro, toda idea anterior.

Percibo ahora algo parecido, de verdad, me preocupa la absurda discontinuidad de la lucha por el derecho a la vivienda. Parecería que cada quince años, una juventud angustiada tuviera que movilizarse como si fuera la primera vez, como si se viera forzada a inventarlo todo, ignorando lo que fueron las luchas anteriores y, sobre todo, cómo se consiguieron los derechos o, mejor, las posiciones de ventaja en el disfuncional mercado de la vivienda.

Intentaré explicarme con un dato de mi experiencia. Hace solo quince años, Ada Colau saltaba a la fama como figura representativa de los movimientos antidesahucios surgidos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Lehman Brothers. Ocupaba espacios en las tertulias televisivas y llenaba el aforo de las salas con sus charlas. Había una sociedad concienciada, enardecida, dispuesta a evitar, ya entonces, desahucios como el de Maricarmen.

En esas mismas fechas, sin apenas cobertura mediática, en Andalucía se producía un hito legislativo revolucionario: un gobierno del PSOE, sustentado por IU, elevaba a rango legal la posibilidad de expropiar el uso residencial de la viviendas en manos de los bancos y Fondos de Inversión, como consecuencia de los préstamos fallidos. Se intentaba con ello garantizar el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución.

El Decreto-ley, primero, y después la Ley que contemplaban esta posibilidad, fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Se utilizó un argumento sibilino, propio de leguleyos. Desde luego, no el que cabría esperar del Intérprete Máximo de la Constitución.

Se dijo que el interés social alegado quedaba suficientemente garantizado con las medidas adoptadas por el Gobierno presidido por Rajoy para paliar las consecuencias más graves de los desahucios. Además, se afirmó, puesto que la vivienda era el bien sobre el que recaían los préstamos hipotecarios, constituía el elemento esencial para garantizar la “estabilidad del sistema financiero” (el bien jurídico realmente protegido) y la legislación andaluza lo ponía en riesgo, al devaluar el precio de la vivienda con la posibilidad de su expropiación.

Las viviendas serían enajenadas por su expectativa de valor en el mercado por la Sareb, ese engendro improvisado para salvar la cara de unos banqueros ineptos. Una estafa que nos ha costado mas de 55.000 millones de euros, quebrada en la actualidad, y que nadie sabe qué beneficio ha reportado a quienes costeamos su capitalización con nuestros impuestos.

Pero tan importante como ello fue la posición y la doctrina del TC. Para el Intérprete Máximo de la Constitución, la vivienda no era el bien cuya función social exigía que fuera destinada al uso habitacional para garantizar el derecho proclamado como principio en el artículo 47 de la Constitución; era, sin ambages, un “producto financiero” orientado a salvaguardar la estabilidad del sector bancario.

Dicho de otro modo: en el sistema capitalista, ante la situación de peligro del dinero, cuando la prima de riesgo llega a los índices que en esa época alcanzó, determinados principios se relegan a un segundo plano y la Constitución aparece con el sesgo con que la definió Lasalle: “la suma de factores reales de poder que rigen un país.” Y el económico es el factor de poder más real. Para el venerable Tribunal reconocerlo así era el verdadero “canon de constitucionalidad”.

Y lo terrible es que ese pronunciamiento no produjo ninguna movilización social, no mereció ni el más mínimo esfuerzo pedagógico por quienes entonces protagonizaban la lucha por el derecho a la vivienda.

Cuando pasó el efecto dramático de los desahucios, el movimiento se distendió, pero los efectos ya estaban allí. Habíamos perdido la batalla por las ideas y nuestras instituciones y conceptos jurídicos. Una batalla que no dimos, que nunca hemos sabido dar.

Hoy nuestros jóvenes exigen la aplicación del instituto expropiatorio y es como si pidieran la nacionalización de los medios de producción. Una medida comunista-bolivariana en el argot neoliberal del ayusismo. La expropiación no es, nunca ha sido, una privación del derecho de propiedad; es una venta impuesta por la comunidad por razones de utilidad pública o interés social. Una venta, no un robo o una confiscación.

Las Leyes del Suelo de 1956 y 1974, el Texto Refundido de 1976, una legislación procedente de época franquista, contemplaban con total normalidad la expropiación como uno de los sistemas de ejecución de los planes urbanísticos. Esto significaba que podía expropiarse la totalidad de un Sector. La expropiación del suelo exigido por el crecimiento de la ciudad, suponía un medio de captación directa de las plusvalías urbanísticas que la misma ciudad generaba, tal como dispone el artículo 47 de la Constitución.

Aquí en Logroño, que no es precisamente Marinaleda, a mediados de los años noventa se promovieron viviendas en régimen de cooperativa, sobre suelo público obtenido por expropiación. ¿Cómo se nos ha olvidado? ¿En qué momento nos asaltó esa suerte de amnesia de lo que significa la lucha y nuestro acervo cultural?

Me importa señalar este dato por una razón muy sencilla. En el debate suscitado por los decretos-ley 26 y 27/2026, ambos de 29 de septiembre, he oído en repetidas ocasiones invocar el marco de la realidad como el límite limitante de las propuestas. En la derecha, el mero intento de traspasar ese límite, se califica como un postulado de máximos que hace imposible el acuerdo. Obviamente, la expropiación rebasa esos límites y queda excluida. Pues bien, el marco de la realidad también lo definimos nosotros con nuestra lucha cultural. Hace solo treinta años la expropiación era un elemento perfectamente aceptable y no un postulado inasumible de máximos. Y lo mismo cabe decir de los contratos indefinidos hasta el decreto Boyer. Ha sido la derecha la que, poco a poco, ha estrechado el marco de lo posible, y en el futuro, si no la paramos, lo estrechará más.

Escuchaba el otro día a una joven portavoz del Sindicato de Inquilinas formular en tono crispado una pregunta retórica: ¿cuándo, decía, el derecho a especular se ha situado por encima del derecho a una vivienda? Me quedé sorprendido, con ganas de decirle a mi vez: compañera, ¿cuándo ha dejado de ser así?

Otra joven denunciaba airada que viviría peor que sus padres porque ni a una vivienda tendría acceso. No puedo consolarla, pero sí me hubiera gustado decirle que no tomara como referencia a sus padres, que se remontara a sus abuelos, los que conocieron el chabolismo horizontal y vertical, no para aceptar esa situación resignadamante, sino para hacerse heredara de su lucha, la que les permitió salir de la miseria impuesta.

Hoy, cuando escribo, se ha perdido una votación en el parlamento. Importa no engañarse; se ha perdido porque todavía una mayoría social, la que padece la situación, no ha sido capaz de articular adecuadamente una mayoría política y los referentes políticos, las formaciones de izquierda, tampoco han sabido encauzarla. Pero perder la votación parlamentaria no es perder la batalla social. Si se asume el verdadero significado de institutos tales como la prohibición de los desahucios a persona vulnerables cuando el ejecutor es un ente dedicado a la especulación; si se hace propia la idea de que en caso de que el titular de la vivienda ejecutada sea una persona física debe garantizarse al inquilino una solución habitacional y que el juez que suspenda el alzamiento puede y debe exigírsela a la Administración competente; si hacemos nuestros los principios básicos para la protección del arrendamiento; si nos comprometemos en una tarea pedagógica de esa legislación protectora, si no damos un paso atrás, estaremos definiendo un nuevo marco de realidad que la derecha tendrá que aceptar aunque no le guste.

Hubo un tempo en que la izquierda no pretendía solo intervenir en el mercado, quería sacar la vivienda del mercado para garantizar el derecho de los que no podían acceder a él.

Había medidas, racionales, rigurosas, factibles. Hay que recuperarlas, pero, ante todo, crear un movimiento que sea capaz de mantener una tensión continuada en el tiempo. Que no nos olvidemos del problema hasta que vuelva a visitarnos.

Empiezo por la primera máscara, la de la felicidad obligada. Edgar Cabanas y Eva Illouz, en Happycracia, describen cómo la felicidad se ha convertido en un mandato: una obligación que se exhibe, más que un estado al que se llega. Los autores critican una determinada concepción de la psicología positiva según la cual el bienestar aparece como responsabilidad individual. De ahí la presión constante por estar feliz y, sobre todo, por parecerlo. La careta de Julia responde a un mandato social que no admite excepciones. En casa no puede decir hoy no puedo: cuelga la careta y espera a que se le borre el gesto de la sonrisa.

Toda sociedad establece escalas, y esas escalas jerarquizan y excluyen. Erving Goffman lo describió en Estigma: la identidad deteriorada (1963). Ante un desconocido, la primera impresión nos permite anticipar a qué categoría pertenece y qué atributos tiene. Si descubrimos en él algo que lo vuelve distinto y menos deseable, dejamos de verlo como una persona entera y corriente y pasamos a verlo como alguien manchado y rebajado. Ese acto de reducción es la escala en funcionamiento. La apariencia física y los modales se miden con una vara invisible, y quien cae fuera del intervalo aceptable carga con lo que Goffman llama estigma: una identidad deteriorada que se le impone como condición permanente. A quien cae fuera se le clasifica antes de mirarlo. Lo que hace daño llega después de clasificar, con el sistema de premios y castigos.

Careta y rostro comparten origen. En latín, persona designaba la máscara del actor, y una hipótesis muy repetida la hace derivar del etrusco phersu. En el teatro clásico máscara y persona eran una misma cosa: te ponías la máscara y eras ese alguien. Goffman llevó la intuición a toda la vida social en La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959): cada espacio es un escenario y en él representamos un papel. Hay además un giro que suele pasarse por alto: se nos exige llevar una careta y también tener un rostro determinado. Judith Butler distingue entre las vidas que una sociedad reconoce como inteligibles y las que arroja al terreno de lo abyecto, aquello que no puede leerse. Butler desarrolla esta distinción a propósito de las normas de inteligibilidad de género; aquí utilizo esa lógica, de forma deliberadamente extensiva, para pensar otras formas de exclusión del ámbito de lo visible. De ahí una pregunta más cruel que la de la careta: si tu rostro mismo no cumple los requisitos, ni siquiera tienes derecho a una máscara digna.

Goffman y Butler describen el mecanismo de la exclusión, y las cifras del acoso escolar muestran cómo se aplica. El VIII informe de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña recoge las respuestas de 18.245 estudiantes de 236 centros de cinco comunidades autónomas durante el curso 2025-2026. El 14,1% del alumnado dice que él o algún compañero de su clase sufre acoso o ciberbullying, frente al 12,3% del curso anterior. El acoso presencial, medido aparte, sube del 6,5% al 7,9%. Entre los motivos, que el alumnado podía marcar en varias opciones, el aspecto físico ocupa el primer lugar (78,9%), seguido de la cultura, la raza o la religión (54,9%) y de las cosas que la víctima hace o dice (50,3%). La orientación sexual aparece en el 43%. Además, los motivos que más crecen respecto al curso anterior son el aspecto físico, la cultura, la raza o la religión, y la orientación sexual. El castigo cae sobre lo que se sale de la norma.

Las formas que adopta el castigo son reveladoras: insultos, motes y burlas (86,4%), aislamiento (43,5%), rumores (32,7%) y agresiones físicas (29,7%). El aislamiento y la burla son las sanciones típicas contra quien no encaja en la escala. El 27,6% de quienes sufren acoso presencial lo padece desde hace más de un año. Es una condición que se repite: tú eres así y mereces que te traten así. Los docentes encuestados señalan la presión del grupo de iguales (89,3%) como factor decisivo, y el 81,9% ve el sentimiento de superioridad como el rasgo más asociado al agresor. En el 33% de los casos presenciales participan dos o más agresores. El acoso es una ejecución colectiva de la norma: el grupo confirma su propia normalidad castigando al que se desvía.

Julia pedía mirar al otro lado: al que elige, al que jalea, al que mira. El estudio de Christina Salmivalli y sus colegas (1996) describió los roles que cada niño adopta en el acoso y los relacionó con su estatus en el grupo. En una muestra de 573 escolares finlandeses de sexto, identificó seis roles: víctima, agresor, reforzador del agresor, ayudante del agresor, defensor de la víctima y espectador. Los autores pudieron asignar un rol al 87% del alumnado y encontraron diferencias significativas en la distribución de esos roles según el sexo y el estatus social dentro del grupo. Un estudio con 441 adolescentes de dos institutos públicos de Castellón (Górriz y colaboradores, 2010), que asigna a cada alumno un único rol principal, reparte la clase así: 19% agresores, 20% seguidores del agresor, 32% defensores, 25% público y 4% víctimas. La conclusión de ambos trabajos es que el acoso funciona como fenómeno de grupo: la mayoría de la clase participa, de forma activa o pasiva, en el clima que lo hace posible. Los reforzadores agreden riendo o jaleando, y a veces impidiendo que la víctima escape para ver cómo la humillan. El público, según los autores del estudio de Castellón, suele quedarse quieto por miedo a ser la siguiente víctima o a enemistarse con los agresores. Pero esos roles no son fijos: en su muestra, cuando el público deja de ser pasivo, en el 81% de los casos pasa a defender a la víctima, y los defensores eran los compañeros más valorados por el grupo. El informe de ANAR apunta en la misma dirección: el 59,2% del alumnado cree que sus compañeros hacen algo ante un caso, 7,1 puntos más que el curso anterior. La clase puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro.

Sobre los suicidios hay que hablar con cuidado. En 2024 se quitaron la vida 90 menores de 20 años en España, frente a 76 el año anterior, según el INE. Es la cifra más alta de los últimos años, y llega mientras el total de suicidios descendía por segundo año consecutivo. El INE no registra causas, y el Ministerio de Sanidad describe el suicidio como un fenómeno multicausal. Por eso pongo estas cifras junto a las del acoso sin unirlas con una flecha. En algunos casos concretos consta, además, que hubo señales de acoso y que la respuesta llegó tarde. Sandra Peña tenía 14 años, vivía en Sevilla y se quitó la vida el 14 de octubre de 2025. Según la investigación judicial, el colegio supo del acoso en febrero de 2025, ocho meses antes, y su madre pidió que la cambiaran de clase por los insultos y las burlas que recibía. Un informe de la Inspección Educativa señala que no consta que el centro abriera un procedimiento corrector. En septiembre de 2026, la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa penal contra los responsables del colegio: no aprecia entre su actuación y la muerte la relación de causalidad directa que exige el derecho penal. El mismo auto describe esa actuación como “deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia” que un caso de acoso requiere, y reconoce que las medidas tomadas fueron tan leves que no surtieron efecto. Añade que el acoso influyó en el sentimiento de rechazo de Sandra hacia sí misma, aunque no de forma decisiva a efectos penales. Pide a la autoridad educativa más prontitud y contundencia, con supervisión de especialistas, y reclama la implicación del alumnado y de la comunidad educativa, porque dejar toda la responsabilidad en el equipo directivo se ha mostrado insuficiente. El archivo cierra la vía penal y deja abierta la civil para los padres. La justicia de menores investiga por separado, hasta donde consta, a las tres alumnas señaladas, y la Junta espera a la Fiscalía de Menores para decidir la sanción al colegio. En Jaén, dos adolescentes de 15 y 16 años aparecieron sin vida en un parque del centro. Se habló de acoso, y la Junta pidió prudencia hasta que concluyera la investigación policial: hay causas que tardan en conocerse. Detrás de cada cifra hay alguien que ya no está. Julia lo escribió así: los que sufrieron en silencio la tortura de ir al cole que era su campo de exterminio solapado y consentido a espaldas de los padres ajenos a su sufrimiento.

Eleanor Rigby recoge el arroz que queda tras las bodas en la iglesia y vuelve a casa a ponerse la cara, que según la canción guarda en un tarro junto a la puerta. La canción de los Beatles dura porque capta una forma de existir: la careta como estrategia de supervivencia cuando no hay otra. La soledad de Eleanor Rigby incluye no poder mostrar que está sola. La careta del tarro oculta una infelicidad que no está permitida, y en eso Eleanor Rigby y Julia Baigorri son la misma figura: la mujer que se pone la cara de felicidad al salir y la guarda al volver. En el espacio público la careta te permite pasar el examen. Si sonríes y pareces normal, cumples los indicadores que exige la escala y nadie te aísla ni se ríe de ti. El precio es que tú tampoco estás presente. La careta te protege y, al mismo tiempo, te cancela. En lugar de vivir, apruebas la inspección.

¿Y al llegar a casa? Goffman distinguió entre la región anterior (front region), donde se desarrolla la actuación ante los demás, y la región posterior (back region), donde los requisitos de esa actuación pueden relajarse. Añado una pregunta: ¿qué ocurre cuando la región posterior es el único lugar donde puedes quitarte la careta y descubres que debajo hay agotamiento? Los datos españoles de 2026 apuntan en esa dirección. El estudio de la Fundación ONCE y la Fundación AXA, con 4.100 adultos, sitúa en el 20,2% a quienes viven una soledad no deseada. La soledad llega al 49,1% entre quienes tienen problemas de salud mental, frente al 11% entre quienes no los tienen. Y el 77,6% de la población considera bastante o muy difícil reconocer ante los demás que tiene un problema de salud mental. Quitarse la careta y decir no estoy bien es en sí un acto estigmatizado. El círculo se cierra: el dolor no se muestra en público porque no se acepta, en privado sigue ahí, y llega la sospecha de que quizá no hay un yo real, solo capas de caretas desgastadas.

Marcel Mauss describió en Ensayo sobre el don (1925) el potlatch de los pueblos del noroeste del Pacífico: una forma de intercambio competitivo en la que el prestigio y el rango se ponían en juego mediante la exhibición, la entrega y, en determinados casos, la destrucción de riqueza. En algunos potlatch se quemaban grandes cantidades de bienes y se rompían o arrojaban al agua objetos de cobre para imponerse al rival. La máscara exigía un sacrificio real. Hoy la máscara se valida de otra manera: exige destruir la propia cara para sobrevivir. Allí se destruía riqueza para imponerse, y aquí se trata de borrarse hasta encajar.

Julia me sugirió que escribiera este artículo en memoria de los niños suicidados. No tengo capacidad de restituirles nada. Puedo decir lo que las cifras y los casos permiten decir: la crueldad se sostuvo entre muchos. Alguien eligió a la víctima, y a su alrededor otros rieron o miraron hacia otro lado. Y en casa, muchas veces, nadie lo sabía, porque el hijo se ponía cada mañana la careta de quien va al colegio como a un lugar normal. Esa careta decía que no pasaba nada. Debajo había un niño esperando que alguno de los que miraban hiciera algo.

Si tú o alguien cercano necesita ayuda, el teléfono 024 de atención a la conducta suicida es gratuito y funciona las 24 horas.

¿Me gustó? ¡Qué pregunta tan insuficiente para una película tan grande! Sin embargo, yo no la recomendaría a todo el público. Incluso advertiría a los seguidores de los “torrentes” de Santiago Segura y similares que no acudan a verla. ¿Estoy diciendo que es una película de culto? Pues sí. Creo, ahora que lo escribo, que es una película de culto. 

Tiene un estilo narrativo diferente. Los protagonistas, tres actores hasta ahora de segunda fila o casi desconocidos, hacen una interpretación magistral. Los directores, tienen el mérito de conseguir que los actores se metan en la carne de sus personajes y eso llega al espectador.

Las actrices de reparto están soberbias: Lola Dueñas, no lo puede hacer mejor. Glen Closse está magnifica en su pequeño papel de historiadora e investigadora. Penélope Cruz es extraordinaria, canta, baila, provoca, reivindica, se defiende y defiende. Es una mujer luchadora, amante de la libertad en una época de represión. Hasta el pequeño papel de Antonio de La Torre, padre del joven Carlos, es bueno.

La música se hace imprescindible en todas las escenas. El pasodoble: “soldadito español” tiene dos interpretaciones. En la primera la voz dulce casi la de una niña se introduce en ese soldado joven que no tiene más mundo que el de su madre. Ese soldado tímido que toca la trompeta en la banda de su pueblo y que van a recibir a los nacionales, a los franquistas, porque creen que les traen la paz. Estamos en 1937 y no hay paz en España. Una guerra civil enfrenta a demócratas y fascistas. Los aviones italianos cargados de bombas destruyen pueblos enteros, matan a sus gentes y los soldados de Franco recogen a los heridos los cargan en camiones y les dan “el tiro de gracia” en las cunetas.

Ese pasodoble tan patriota, ese “soldadito español” pierde la ternura de la voz infantil y se transforma en el coro de recias voces masculinas que representan la fuerza bruta y el deseo irracional de matar. La trompeta es un elemento clave, simbólico y onírico en la película. El resto de los temas y canciones se adaptan al relato como un guante a los dedos de la mano.

Hay fotografías de belleza natural: la montaña nevada, el arroyo que cobija a Sebastián, la playa en la que, en sueños, ese deliciosamente ingenuo “soldadito español” ve los cuerpos atractivos de esos hombres desnudos, la cima del acantilado que anuncia el precipicio de todo, sobre todo de la guerra, de la muerte, del odio, de la intransigencia…  El bombardeo del casino, los restos del escombro tan blancos como la nieve que entra por la gran claraboya y la inmensa lámpara en el centro del salón destruido…

Y detrás de todo Lorca, Federico García Lorca, un poeta homosexual en un tiempo sin libertad. Por eso lo mataron. Un gay que plasmaba como nadie la sociedad en la que vivía: Yerma, la Casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre son ejemplos claros del autor dramático. Sus poemarios: El Romancero gitano, en el que sobresale: La Casada infiel y poeta en Nueva York son dos estilos tan distintos que resulta imposible creer que hayan salido de la misma pluma.

'La bola negra' es esa película que se vale de la belleza del arte para enseñar esa parte de nuestra historia a la que no llegan los estudiantes de Secundaria y Bachillerato y que no quieren admitir aquellos descendientes del odio porque como se dice en la película: “España tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que rascar la tierra para que salgan”. Gracias a los directores de “La Bola negra”: Javier Calvo y Javier Ambrossi y, de nuevo: ¡Viva el cine español!

Recuerdo cuando, hace ya algunos años, Apple y Facebook anunciaron la financiación del tratamiento de congelación de óvulos para sus empleadas como una iniciativa destinada a retener el talento. Se presentaba como un beneficio, sí, pero si profundizabas en el discurso que acompañaba esta medida, afloraba una idea inquietante: congelar durante tus años fértiles, para poder afrontar los años más productivos para la empresa. Todavía me permito utilizar este ejemplo en mis formaciones, para abrir un debate que sigue plenamente vigente.

La profesionalización del deporte femenino ha situado en el debate público la maternidad y sus obstáculos, y no son pocas las deportistas que han decidido alzar la voz. Ana Peleteiro, atleta, que decidió ser madre tras ser bronce olímpico en Tokio 2020, criticaba esta medida de la RFEF y recordaba que el verdadero desafío consiste en asegurar que ser madre no suponga una penalización profesional en tu carrera. Blanca Manchón, olímpica en windsurf en Tokio 2020, tiraba de ironía para señalar lo supuestamente idílico de financiar la congelación de óvulos de las futbolistas: las deportistas podrían esperar a ser madres al terminar sus carreras deportivas, no dar problemas durante su etapa competitiva, y después descongelar óvulos y quedarse embarazadas a los 40 años. Maravilloso.

Y es que lo preocupante es que hemos terminado adaptando los tiempos reproductivos a las exigencias de las estructuras laborales, en lugar de transformar estas estructuras para hacer posible la maternidad. Ahí reside el quid de la cuestión. 

Porque congelar óvulos no es conciliar. Congelar óvulos es, en gran medida, desplazar la mirada de lo verdaderamente importante. Es asumir que la maternidad y la trayectoria profesional son incompatibles, y que corresponde a las mujeres modificar sus proyectos vitales para encajar en un modelo organizativo que permanece inalterado. Es hacer oídos sordos a nuestros propios tiempos biológicos y sociales, convirtiendo maternidad y profesión en adversarias irreconciliables, cuando el verdadero reto debería ser abordar, de una vez por todas, las condiciones que hacen posible la (bendita) conciliación.

En el fondo, las madres, y también algunos padres, nos parecemos hoy a los funambulistas. No solo caminamos sobre la cuerda floja que supone compatibilizar las distintas esferas de la vida, sino que además nos vemos en la obligación de demostrar constantemente que somos capaces de hacerlo todo al mismo tiempo y sin perder el equilibrio.

Nota al pie:

Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia, que deberán poner a disposición de las entidades deportivas integrantes de la federación (artículo 4 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre del Deporte).

Se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o maternidad de las mujeres deportistas (Preámbulo de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre del Deporte).

He pensado mucho en esa imagen al salir del cine. La bola negra enlaza tres vidas de épocas diferentes atravesadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia, recuperando además una de las obras que Lorca dejó inacabadas. Tal vez por eso uno sale con la sensación de que algunas historias nunca terminan del todo. Permanecen debajo de nosotros, esperando que alguien vuelva a remover la tierra.

Porque cambian las leyes, las palabras, las ciudades y las generaciones. Cambian nuestras formas de relacionarnos. Pero hay algo profundamente humano que permanece: la necesidad de amar y ser amado, de sentirnos reconocidos y de poder vivir nuestra identidad sin miedo. Ahí la educación social tiene mucho que decir.

Educar también significa aprender a convivir con quien piensa, siente, ama o vive de manera diferente. Trabajar el disenso sin convertirlo en enemistad. Enseñar que cuidar no es controlar y que acompañar no consiste en decidir por la otra persona. Es construir comunidades en las que cada ser humano pueda llegar a ser quien quiera ser, respetando a los demás y sintiéndose también respetado.

No es una reflexión ajena al presente. Vivimos rodeados de ruido. Casos y acusaciones de corrupción ocupan titulares; Ceuta atraviesa una extraordinaria presión migratoria y humanitaria, reconocida oficialmente por el Estado, mientras el debate social se endurece. Solo durante agosto, el observatorio estatal OBERAXE detectó más de 101.000 contenidos reportables de odio y narrativas discriminatorias en redes, un 76 % más que el mes anterior; el 39 % estaba relacionado con la crisis de Ceuta.

Corremos el riesgo de acostumbrarnos a mirarnos como adversarios antes que como personas. Y, sin embargo, seguimos enamorándonos. Seguimos cuidando a nuestros padres, abrazando a nuestros hijos, echando de menos a quien se fue, esperando un mensaje, tomando una mano en un hospital, acogiendo a quien llega, reconciliándonos después de una discusión. Seguimos buscando a alguien con quien compartir la vida. Quizá ahí resida una de nuestras mayores esperanzas.

Por eso necesitamos volver a arar la tierra. No para borrar el pasado, sino para encontrar las historias que quedaron debajo. Las de quienes amaron a escondidas. Las de quienes tuvieron que marcharse. Las de quienes no pudieron decir «te quiero» en voz alta. Y también las historias que hoy estamos escribiendo y que deberíamos procurar que no tengan que ser desenterradas dentro de cien años para comprender cuánto sufrimiento provocaron nuestros silencios.

Honrar la vida y la convivencia no debería ser una consigna. Es una tarea cotidiana y un compromiso ciudadano. Tal vez el arado vuelva a detenerse muchas veces. Ojalá sepamos agacharnos, retirar la tierra con cuidado y mirar lo encontrado sin miedo.

Porque debajo de tantas capas de historia seguimos encontrando lo mismo: seres humanos intentando amar y ser amados. Y mientras haya amor, habrá esperanza. Porque, al final, quizá sea el amor lo que verdaderamente da sentido a la vida.