Un vecino septuagenario de Albarracín (Teruel), que ha sufrido un ictus y teme que una emergencia médica le sorprenda mientras las vaquillas recorren las calles de su pueblo, ha tenido que acudir dos veces al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para defender su derecho a salir de casa sin poner en peligro su seguridad. Su vivienda se encuentra en pleno recorrido de los festejos taurinos y, según denuncia, la ausencia del vallado exigido por la normativa le obliga a permanecer encerrado para evitar el riesgo de ser embestido por las reses. También teme que, si necesita asistencia urgente, los servicios sanitarios no puedan acceder a su domicilio con seguridad.

El TSJA ya le dio la razón en enero de 2024, cuando declaró que el Ayuntamiento de Albarracín había vulnerado su derecho fundamental a la libertad y seguridad al autorizar los festejos sin acreditar las medidas de protección obligatorias. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel se negó posteriormente a ejecutar aquella sentencia firme.

Ahora, en una nueva resolución del 27 de octubre de 2026, el Alto Tribunal aragonés vuelve a corregir al juzgado y ordena tramitar la ejecución forzosa, con el respaldo del Ministerio Fiscal. Además, establece que es el Ayuntamiento quien debe demostrar que cumple la sentencia, y no el vecino quien tenga que presentar una nueva demanda cada vez que se celebren vaquillas en las mismas condiciones.

El conflicto judicial se remonta a 2022, cuando el Ayuntamiento de Albarracín autorizó unos festejos taurinos organizados por la Asociación Cultural El Pilar en la calle de los Llanos del Arrabal. El denunciante sostenía que su vivienda se convertía, de hecho, en parte del cierre del recorrido de las reses, sin ninguna protección adicional en puertas y ventanas. Durante los festejos no podía entrar ni salir libremente de su domicilio sin exponerse al riesgo de una embestida.

El Juzgado de Teruel desestimó inicialmente su demanda, al entender que las restricciones temporales de circulación constituían molestias propias de una celebración popular y no una vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, el TSJA revocó aquella decisión el 8 de enero de 2024. La Sala concluyó que se había autorizado el festejo sin acreditar el vallado exigido por el Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Aragón, lo que suponía una vulneración del derecho fundamental a la libertad y seguridad reconocido en el artículo 17 de la Constitución.

Aquella sentencia adquirió firmeza después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación en mayo de 2024.

El Juzgado rechaza su petición

Pese a ello, el vecino volvió a solicitar la intervención judicial ante la celebración de nuevos festejos. En octubre de 2024 pidió que se garantizara el cumplimiento de la sentencia antes de las fiestas del día 12 y que se suspendieran los actos mientras no se respetaran sus derechos. El Ministerio Fiscal respaldó la ejecución al considerar que las fotografías aportadas evidenciaban incumplimientos de las medidas de seguridad. El Ayuntamiento no presentó alegaciones.

El Juzgado de Teruel, sin embargo, rechazó la petición mediante un auto de noviembre de 2024, en el que argumentaba que no era posible suspender unos festejos cuya celebración era inminente y que la sentencia no permitía actuar sobre autorizaciones futuras.

Ahora, el TSJA considera que esta interpretación resulta incompatible con la protección de los derechos fundamentales y con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados recuerdan que una sentencia firme obliga a la Administración a adaptar sus actuaciones a lo resuelto judicialmente. El Ayuntamiento debió comunicar al juzgado cómo iba a cumplirla y este, a su vez, requerir la información correspondiente. “El silencio del Ayuntamiento en relación al cumplimiento de la Sentencia no obliga al interesado a acreditar que no se ha cumplido”, subraya la resolución, que atribuye expresamente esa obligación a la corporación municipal.

El tribunal estima así el recurso del vecino y ordena tramitar la ejecución forzosa conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La decisión no supone una prohibición general de los festejos taurinos de Albarracín, pero sí impide que se autoricen en las mismas condiciones contrarias a la normativa que ya fueron declaradas vulneradoras de derechos fundamentales.

Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida. Para Marta Barba, una de ellas fue detenerse y preguntarse si quería seguir viviendo para trabajar o empezar a organizar el trabajo en torno a la vida que deseaba tener.

Su trayectoria profesional podía haberla llevado a permanecer lejos de Aragón. Nacida en una pequeña localidad oscense, amante de los grandes animales y veterinaria de formación, se especializó en medicina interna de équidos e investigación, lo que la llevó a realizar gran parte de su trabajo en Francia, Estados Unidos, Nottingham y Glasgow en el Reino Unido, entre otros países.

Sin embargo, el regreso a sus raíces terminó abriéndose paso entre los planes profesionales. Si algo tenía claro Marta era que volver no iba a significar renunciar al conocimiento adquirido, sino buscar otra manera de ponerlo en práctica. “No quería que la vida se ajustase al trabajo, sino el trabajo a la vida”, apunta la ganadera sobre su decisión de instalarse en Alcalá de la Selva, en Teruel, en la Sierra de Gúdar, origen de sus compañeros Miguel Paricio y Antonio Monfort.

La de Marta, es una historia que habla de una mujer formada fuera, con experiencia internacional, que encontró en el medio rural una oportunidad para construir una vida diferente. Pero, al mismo tiempo, esta oscense también representa a una generación de mujeres que reivindican su espacio como profesionales y emprendedoras rurales, demostrando que quedarse o regresar a un pueblo pequeño no significa renunciar a la formación, a la innovación, ni a las aspiraciones personales.

Volver no es retroceder

Marta, Miguel y Antonio se conocieron estudiando Veterinaria en la Universidad de Zaragoza. Después de diferentes experiencias profesionales, los tres compartían el deseo de establecerse en el territorio y contribuir al desarrollo rural. Después de pensar en distintos lugares donde establecer su proyecto se decidieron por la sierra de Gudar, una zona eminentemente ganadera en la provincia de Teruel.

A más de 1.400 metros de altura, en el año 2020 pusieron en marcha La Albarda, un proyecto de ganadería extensiva de vacuno que nació con una idea clara: producir carne de calidad, respetar el bienestar animal y acercar el producto al consumidor sin depender de una larga cadena de intermediarios.

El proyecto no partía de una empresa familiar heredada ni de una estructura previamente consolidada. “No teníamos negocio familiar, así que empezamos de cero”, subraya Marta mientras reivindica que empezar desde cero implica asumir muchos más riesgos, aprender sobre la marcha y afrontar dificultades que van desde la gestión de las fincas hasta la comercialización. Conscientes de estas dificultades decidieron que, hasta que la explotación fuera totalmente viable, dos de ellos conservarían sus trabajos, una de ellos fue Marta, que continuó al frente de la gestión de la sede del CITA -Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón- en Teruel.

Ahora, seis años más tarde, Marta y Antonio ya están totalmente incorporados en la explotación y esperan que pronto también pueda hacerlo Miguel, el tercer socio. Comenzar de cero conlleva estos riesgos y la toma de decisiones complejas como esta, pero, también permite construir un modelo propio, con decisiones coherentes con la forma de entender el trabajo y el territorio.

Para Marta, La Albarda es mucho más que una actividad económica, “es una forma de vida”. La frase resume una apuesta que no se limita a producir carne. Se trata de vivir en el medio rural, trabajar con sus recursos y contribuir a que siga existiendo actividad económica en lugares donde cada nueva iniciativa puede marcar la diferencia.

Marta también reivindica el efecto que puede tener el emprendimiento sobre el conjunto de una comunidad. “Si unos emprenden, se crean dinámicas que contagian al resto”, confiesa. La llegada o permanencia de personas jóvenes, la aparición de nuevas actividades y la colaboración entre profesionales pueden contribuir a cambiar la percepción de los pueblos: de lugares donde escasean las oportunidades a espacios donde todavía queda mucho por construir.

Porque la despoblación no se combate solo pidiendo a la gente que se quede. También hacen falta proyectos capaces de generar actividad, aprovechar los recursos locales y ofrecer oportunidades de futuro. La Albarda es un ejemplo, un referente de esa voluntad de construir desde el territorio, con una mirada profesional que combina los conocimientos adquiridos fuera con las posibilidades que ofrece la tierra propia.

La Serrana de Teruel, una raza que merece seguir viva

Entre las apuestas más significativas de La Albarda está su compromiso con la Serrana de Teruel, una raza bovina autóctona ligada a la historia ganadera de la provincia y catalogada oficialmente como raza autóctona amenazada.

La conservación de una raza local no es solamente una cuestión de genética animal. También significa preservar una parte del patrimonio rural, de la adaptación al territorio y de los conocimientos acumulados durante generaciones. Los tres socios han incorporado ejemplares de Serrana de Teruel a su ganadería. Una raza que ha sido conservada hasta la fecha gracias al empeño “de una decena de ganaderos de la zona, que nos han vendido unos cuantos ejemplares”, explica Marta. La idea es explorar las posibilidades productivas de esta raza “con menos cantidad de carne, pero de una calidad excelente”, asegura la ganadera

La recuperación de la Serrana de Teruel encaja en la filosofía de estos tres emprendedores: dar valor a los recursos propios y buscar fórmulas para que la conservación de una raza amenazada tenga también una base económica. Una idea alineada con la defensa de la soberanía alimentaria y por la apuesta por un modelo de producción basado en la carne de pasto.

Porque proteger una raza no consiste únicamente en evitar su desaparición. También hace falta mantener los animales, dar a conocer sus características y conseguir que exista interés por los productos que pueden ofrecer. Los tres veterinarios tienen claro que la comercialización de su carne puede contribuir a ese objetivo, siempre que se desarrolle de manera viable y respetando las particularidades de la raza. “Estamos comenzando esta andadura y confiamos en que salga bien”, apunta Marta Barba, consciente de que una raza ganadera que corre el riesgo de perderse puede convertirse también en una oportunidad para el territorio.

Del pasto a la mesa: cerrar el ciclo

La Albarda apuesta por la ganadería extensiva y ecológica, con sus setenta vacasy todos los terneros engordando al aire libre con la hierba y los forrajes como su alimentación. A esa manera de criar el ganado se suma otra decisión fundamental: controlar el mayor número posible de etapas de la producción.

La Albarda trabaja para integrar la producción agrícola y ganadera, aprovechar las fincas que gestiona y producir en ellas el alimento de los animales, reduciendo la dependencia de recursos externos. La intención es que el pastoreo y los forrajes cultivados en sus propias tierras tengan el mayor protagonismo posible, con una gestión adaptada a los ritmos de las estaciones y a las necesidades del rebaño.

Además, en lugar de limitarse a criar animales y venderlos a otros operadores, esta explotación ha desarrollado la venta directa de carne al consumidor. El objetivo es acercar el producto a quien lo compra, explicar cómo se ha producido y procurar que una mayor parte del valor generado permanezca en el propio proyecto. Pero también exige asumir nuevas responsabilidades: organizar pedidos, gestionar los lotes, coordinar el sacrificio y el despiece y distribuir la carne. “Hay compradores que quieren apostar por este tipo de productos, lo que tenemos que hacer es ponérselo fácil a la hora de comprarlos”, explica Marta.

A cambio de esta implementación del trabajo, la relación permite establecer un vínculo más cercano con los consumidores, unos consumidores fieles que se adaptan al ciclo natural de la explotación. “Los restaurantes con los que trabajamos apuestan por nuestra forma de producción, son conscientes de que no siempre tenemos producto ni el mismo producto, y adaptan su carta a esa filosofía”, explica Marta Barba.

El proyecto busca, en definitiva, que la carne no sea un producto anónimo, separado de la tierra y de las personas que lo han hecho posible. Quien compra no adquiere únicamente un alimento: también puede respaldar una forma de producir que apuesta por el bienestar animal, la gestión responsable de los recursos y el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural. “No puede seguir siendo lineal la explotación de recursos porque estos son finitos, se acaban”, subraya la veterinaria, defensora de la necesidad de buscar modelos de producción capaces de aprovechar los recursos sin comprometer su disponibilidad futura.

Una forma de vida con futuro

La historia de Marta Barba no solo cuenta la vida de una mujer que ha decidido apostar por la ganadería, también habla de la posibilidad de construir una vida profesional y personal fuera de las grandes ciudades sin renunciar al conocimiento, a la innovación ni a la ambición de emprender. Su trayectoria demuestra que el talento no tiene por qué seguir siempre el camino de salida. También puede recorrer el camino de vuelta y convertirse en una oportunidad para los lugares que, durante años, han visto marcharse a buena parte de sus jóvenes.

La recuperación de la Serrana de Teruel, la producción de alimentos en las propias fincas y la venta directa de carne son piezas de una misma apuesta: dar valor a los recursos locales, mantener el control sobre la actividad y demostrar que un pueblo pequeño puede ser el escenario de un proyecto empresarial con identidad propia.

Marta y sus compañeros han decidido construir ese futuro desde el trabajo cotidiano, los animales y la tierra. Su experiencia recuerda que innovar no significa alejarse de lo que se ha hecho durante generaciones, sino que pasa por recuperar aquello que estaba a punto de perderse, aplicar nuevos conocimientos y encontrar la manera de hacerlo viable.

Y que apostar por una raza autóctona, cultivar el alimento del ganado y acercar la carne directamente al consumidor puede ser mucho más que una decisión empresarial: puede ser una forma concreta de defender el territorio, poniendo en valor la vida en los pueblos pequeños demostrando que estos no pertenecen únicamente al pasado, sino que siguen tejiendo su propio futuro.

En Europa hay hayas, fresnos y sauces trasmochos, pero apenas chopos. La excepción está en la provincia de Teruel, que concentra algunas de las mayores masas de chopos cabeceros del continente, con ejemplares de entre 200 y 220 años. Su supervivencia depende, paradójicamente, de una práctica casi desaparecida: la poda periódica que les dio forma. La Hoz de la Vieja, en la comarca de las Cuencas Mineras, acogerá el próximo 14 de noviembre la XVI Fiesta del Chopo Cabecero, bajo el lema ‘Pueblos que cuidan su patrimonio’, para reivindicar unos árboles que durante siglos sostuvieron la economía de los pueblos de la cordillera Ibérica.

“En congresos europeos de este tipo de árboles, la sorpresa nos llegó cuando vimos que no hay chopos trasmochos en Europa. Hay hayas, fresnos, sauces, pero chopos prácticamente no”, explica Chabier de Jaime, miembro del Centro de Estudios del Jiloca, una de las entidades organizadoras.

Los estudios realizados junto al Instituto Pirenaico de Ecología, a partir de la lectura de los anillos de crecimiento, han permitido datar los ejemplares más viejos. “Tener cientos de árboles centenarios en una ribera no es tan sencillo. Pero es que aquí tenemos cientos”, subraya De Jaime.

Vigas cada 12 o 15 años

La forma que les da nombre no es natural. Se trata de chopos negros, o álamos negros, sometidos durante siglos a escamondas: cortes periódicos de las ramas a una determinada altura del tronco, sobre la que el árbol desarrollaba una cabeza característica de la que brotaban nuevos fustes.

Esos fustes se cortaban aproximadamente cada 12 o 15 años y se convertían en vigas para viviendas, parideras y graneros. Las hojas alimentaban al ganado y el resto de la madera servía como combustible. En un territorio deforestado, donde escaseaba la madera de calidad, las riberas se convirtieron en la alternativa, y la venta de vigas, en un ingreso complementario para agricultores y ganaderos.

El sistema, además, no competía con el campo: al retirar las ramas entraba más luz, crecía la hierba y las tierras seguían dando cultivos y pastos. “Era un recurso renovable absolutamente. El propietario de los árboles a los 12 años volvía a poner en el mercado esas vigas y se las quitaban de las manos”, recuerda De Jaime.

El abandono, la principal amenaza

La transformación de la sociedad rural en la segunda mitad del siglo XX, el cierre de explotaciones y la llegada de nuevos materiales de construcción acabaron con aquel aprovechamiento. Muchos ejemplares fueron talados. Otros siguen en pie, pero sin los cuidados que necesitan, y eso también los pone en riesgo.

“Los árboles trasmochos pueden hacerse muy longevos si el sistema de aprovechamiento se mantiene”, advierte De Jaime, que defiende recuperar las escamondas y buscar fórmulas que garanticen su conservación.

Su valor va más allá del paisaje. Cada chopo cabecero alberga insectos, líquenes, musgos, murciélagos y aves, que encuentran en su estructura alimento, refugio y lugar de cría. “Realmente es un ecosistema cada uno de estos árboles”, resume el experto, que los describe como “oasis lineales” a lo largo de ríos, arroyos, acequias y barrancos, y reclama que se valoren como monumentos naturales. El Gobierno de Aragón reconoció en 2016 el saber hacer campesino ligado a esta tradición como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Pancrudo, Amigo del Chopo Cabecero 2026

La fiesta, nacida en 2009 y de carácter itinerante, ha recorrido distintas localidades con un efecto que sus organizadores consideran tan importante como la divulgación: que los vecinos vuelvan a mirar sus propios árboles. “En cada pueblo empiezan a verse estos árboles de otra forma. Son los chopos de cada pueblo y pasa siempre lo mismo: la gente no se da cuenta hasta que le damos el valor que merece”, relata De Jaime, para quien la cita contribuye también a mejorar la autoestima de pequeñas localidades que encuentran en estos árboles un rasgo propio frente a la globalización.

Este año el premio ‘Amigo del Chopo Cabecero’ será para Pancrudo, que acogió la edición de 2024 y que ha desarrollado semanas culturales, conferencias y actividades específicas para conservar y dar a conocer sus arboledas.

La jornada arrancará en la plaza Mayor de La Hoz de la Vieja con un desayuno solidario. Después, los participantes recorrerán la ribera del río Cantalera, entre huertos y chopos cabeceros, hasta el paraje de La Chopera, donde el motoserrista Víctor Pérez hará una demostración de escamonda. De vuelta al pueblo, podrán elegir entre visitar el Museo del Pan, la iglesia gótica de Nuestra Señora de las Nieves o las pinturas rupestres descubiertas recientemente. En el pabellón se inaugurará la exposición del XI Concurso de Fotografía sobre el Chopo Cabecero y, por la tarde, se entregará el galardón a Pancrudo.

Las ediciones anteriores han reunido desde unas 150 hasta 600 personas, pero De Jaime insiste en que la asistencia no es la medida del éxito: lo importante, dice, es que la gente del pueblo disfrute y que los visitantes se mezclen con ella. El reto de fondo sigue siendo otro. “Somos a veces demasiado desconocedores de lo que tenemos”, lamenta.

En los pueblos pequeños, bajar al bar no solo es tomarse un café sino encontrarse con los vecinos, compartir una conversación, echar una partida de cartas o tener un lugar al que acudir cuando termina una actividad. Por eso, cuando un establecimiento cierra, no desaparece solo un negocio, ya que también se apaga una parte de la vida cotidiana del municipio. En Peracense, una localidad turolense de alrededor de 70 habitantes, lo saben bien. Desde hace una semana, el bar permanece prácticamente cerrado y el Ayuntamiento busca a quienes quieran hacerse cargo de su gestión para devolverle la actividad.

El Consistorio ha abierto una convocatoria para encontrar nuevos gerentes del Multiservicio Rural, que incluye el bar y el servicio de comidas. La familia que lo gestionaba hasta ahora ha decidido no continuar después de dos años, por lo que ahora, tal y como explica el alcalde Manuel Bugeda (PAR), se ven en la obligación de sacarlo a licitación “corriendo para intentar mantener el servicio”.

La importancia del establecimiento se nota sobre todo durante los meses de invierno, cuando la población disminuye y las oportunidades para reunirse son más escasas. “Contar con este espacio significa poder disfrutar de un rato de charrada con los amigos, con los cuatro que estamos en el pueblo”, resume Bugeda, quien afirma que ahora llevan una semana que está “prácticamente cerrado”.

El bar también cumple una función para las personas mayores. Después de las actividades que se organizan en el municipio, algunas relacionadas con la salud y el bienestar, es habitual que los participantes se acerquen a tomar un café. Los fines de semana, además, se mantienen las partidas de cartas que ya forman parte de la rutina de algunos vecinos. “Es muy importante para todos que siga en pie, que haya gente que quiera cogerlo y darle vida”, insiste el alcalde.

Un negocio y una oportunidad para empezar de nuevo

La convocatoria no busca solo cubrir una vacante, sino que el Ayuntamiento quiere encontrar a personas dispuestas a implicarse en el municipio y dar continuidad al servicio. El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable hasta cuatro, y el consistorio dispone de una vivienda municipal acondicionada y amueblada para quienes asuman la gestión.

Como sostiene el alcalde, la respuesta inicial ha sido positiva, con más de 20 personas de fuera de Peracense que han mostrado interés y han solicitado información sobre las condiciones. Para Bugeda, que llegue gente nueva puede ser una oportunidad, aunque considera importante que quienes se presenten tengan intención de establecerse. WLo que buscamos es principalmente una pareja, dos personas, para que puedan hacerse cargo cuando hay una mayor demanda y sea más fácil empezar de cero en un sitio“, explica. El negocio requiere atender tanto la actividad cotidiana de los vecinos como los periodos de mayor afluencia, como son los fines de semana, los puentes, las vacaciones y el verano.

“La idea no es conseguir a dos personas que no tengan otra cosa y lo vean como algo temporal porque la vivienda en las capitales está imposible. Eso, luego, no cuaja y no se da la continuidad que buscamos. Queremos que sea una oportunidad para quien quiera tener un proyecto de vida vinculado al pueblo y al mundo rural”, advierte.

La hostelería, reconoce, exige esfuerzo y dedicación, pero Peracense cuenta con un atractivo que puede ayudar a sostener la actividad. Su castillo recibe entre 20.000 y 22.000 visitantes al año, aunque en algunos ejercicios la cifra ha llegado a superar los 23.000 o 24.000. Muchos turistas se acercan después al núcleo urbano, visitan sus alrededores y consumen en el bar. “Es una cantidad muy importante. Esas personas van a pasar el día en el castillo, pero también se acercan al pueblo y hacen un gasto en el municipio”, señala.

A esa afluencia se suma el turismo vinculado a la vía verde de Ojos Negros, que pasa junto a la localidad. Sin embargo, todavía queda por completar un tramo de unos diez o doce kilómetros entre Almohaja y Santa Eulalia. El Ayuntamiento espera que pueda ejecutarse el próximo año, después de que, según explica el alcalde, se haya avanzado en la dotación presupuestaria y la futura licitación.

Las barreras para quedarse

El turismo y la llegada de nuevos emprendedores ofrecen posibilidades, pero no resuelven por sí solos las dificultades que afrontan los pueblos pequeños. Una de las principales reivindicaciones de Peracense es disponer de fibra óptica porque, aunque la infraestructura llegó hasta el municipio hace aproximadamente dos años, todavía no se ha distribuido para que los vecinos puedan contratar el servicio en sus viviendas.

“Está instalada, pero no se ha distribuido por el municipio. Los vecinos no pueden acogerse al servicio de tener fibra en casa para poder trabajar”, lamenta Bugeda, quien reconoce que “esta situación no ayuda para nada a que la gente venga y se quede”. El alcalde asegura que ha trasladado la situación a distintas administraciones sin obtener una respuesta clara sobre quién debe resolverla. De hecho, según la información que ha recibido el consistorio, la empresa adjudicataria habría dejado la actuación paralizada al “no resultarle rentable”

La falta de conexión dificulta tanto el trabajo diario del Ayuntamiento como la posibilidad de atraer a personas que puedan desarrollar su actividad profesional a distancia. “Ahora que se habla tanto del teletrabajo, es importante. Hay jóvenes que han comentado que, si se pudiera trabajar así, igual se lo plantearían, pero al final eso no cuaja”, explica.

Los problemas de conectividad también tienen consecuencias prácticas, ya que, como recuerda el alcalde, el servicio de internet del Ayuntamiento estuvo siete días interrumpido por una avería en un repetidor y la falta de conexión retrasó gestiones administrativas en un municipio que, como tantos otros, cuenta con recursos humanos limitados.

A esta dificultad se suma la evolución demográfica. Tal y como admite Bugeda, la población está “muy envejecida” y “no llegan familias ni personas suficientes que quieran construir su proyecta de vida aquí”.  La agricultura y la ganadería, actividades que tradicionalmente sostenían la economía local, tampoco atraviesan un buen momento. “Hay un par de jóvenes que trabajan la tierra e intentan sobrevivir, porque la agricultura está fatal también”, apunta Bugeda.

Por eso, encontrar personas que se establezcan en el municipio y puedan desarrollar allí su actividad va más allá de mantener abierto un establecimiento. Mientras tanto, el Ayuntamiento cuenta con dos viviendas, una alquilada y otra que se destinaría a quienes gestionen el multiservicio. Además, estudia construir otras dos para facilitar la llegada de nuevos vecinos.

Que el relevo no sea pasajero

La convocatoria de Peracense refleja uno de los retos de los municipios pequeños, basado en conseguir que los servicios esenciales tengan continuidad y que quienes llegan encuentren condiciones para quedarse. El bar puede convertirse en el primer paso de ese proyecto, pero necesita ir acompañado de actividad, infraestructuras, vivienda y una comunidad dispuesta a acompañar a quienes deciden empezar allí una nueva etapa.

Bugeda asegura que los nuevos gestores encontrarán una buena acogida. Los vecinos, explica, “siempre están dispuestos a consumir en el establecimiento y a echar una mano en lo que sea necesario”. También hay población vinculada al municipio que regresa los fines de semana y puede contribuir a mantener el negocio: “La gente del pueblo es muy cordial, muy amable, y van a ser acogidos con los brazos abiertos. Nos volcamos a ir al bar y a ayudar”.

El alcalde no oculta que habrá épocas de mucho trabajo y otras más tranquilas, pero anima a quienes quieran cambiar de ritmo y apostar por otro estilo de vida. “Con ganas, dedicación y esfuerzo se puede vivir y salir adelante, y estar a gusto en Peracense”, afirma.

Las personas interesadas en gestionar el Multiservicio Rural pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre y solicitar las bases en el Ayuntamiento, a través del teléfono 978 865 827 o del correo electrónico aytoperacense@gmail.com. La atención presencial se realiza los lunes y jueves, de 9.30 a 15.00 horas.

Asimismo, en Peracense esperan que el próximo relevo no sea solo una solución para volver a abrir el bar, sino el comienzo de una nueva etapa en la que “seguir haciendo pueblo”.

El banco arcoíris de la Fuente Torán, en Teruel, ha vuelto a aparecer vandalizado, y el colectivo que lo repintó el año pasado se niega a que el ataque se archive como una gamberrada. Alguien ha escrito 'guarros' en letras de gran tamaño sobre el asiento, situado a la salida del viaducto de Fernando Hué. La asociación Teruel con Orgullo sostiene que llamar a estos hechos delito de odio “no es exagerar”, sino “negarse a normalizarlos”. Recuerda además que la pintada aparece a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un momento en que muchas personas LGTBIQ+ temen que sus derechos se conviertan en “moneda de cambio”. El colectivo rechaza que el insulto pueda desligarse del clima social y político en que se produce.

En su comunicado, titulado 'No es un banco cualquiera' y hecho público en redes sociales, la asociación rechaza que lo ocurrido sea una gamberrada más o que pudiera haber pasado en cualquier otro banco. Ocurrió precisamente en ese, pintado para reivindicar que Teruel es una ciudad para todas las personas. La asociación admite que desconoce quién está detrás de la pintada y con qué motivación, pero insiste en que “los símbolos importan”.

A su juicio, despachar estos hechos como vandalismo menor hace “un flaco favor” a la sociedad. Pide al Ayuntamiento que borre la pintada sin demora, que el mensaje no siga en el espacio público “ni un día más de lo necesario”, que no permita que quienes recurren “al insulto y la intimidación” para señalar a una parte de la ciudadanía “se salgan con la suya” y que “se ponga del lado de las personas, de la convivencia, de la diversidad y de los derechos”.

Para Teruel con Orgullo, el banco simboliza una ciudad en la que “nadie tenga que esconderse para sentirse a salvo”. El colectivo anuncia que volverá a pintarlo y que seguirá ocupando el espacio público. “No era un banco cualquiera”, concluye, y no va a permitir “que el odio se convierta en paisaje”.

En enero de 2025, tras la aparición de una esvástica en el respaldo y de un insulto pintado en el suelo, el Ayuntamiento de Teruel condenó los hechos y calificó el escrito como un delito de “odio”.

Atacado desde su primer mes

El banco nació de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la asociación de familias de menores trans Chrysallis. La alcaldesa, Emma Buj, lo anunció el 22 de noviembre de 2024 como una iniciativa para dar visibilidad a los derechos LGTBIQ+ y mostrar que Teruel es una ciudad libre de LGTBIQ+fobia. El artista Sergio Tomás terminó de pintarlo el 29 de noviembre, aunque las vallas no se retiraron hasta días después.

Apenas duró intacto unas semanas. En la madrugada del 21 al 22 de diciembre apareció cubierto de manchas de pintura amarilla y blanca. Chunta Aragonesista lo denunció públicamente el 23 de diciembre. La condena municipal no llegó hasta el 9 de enero, más de dos semanas después, cuando ya se habían sumado la esvástica en el respaldo y, tras el fin de semana de Reyes, el insulto en rojo a los pies del banco. El Ayuntamiento ordenó borrar las pintadas y se comprometió a repintar el banco en cuanto las temperaturas mínimas dejaran de ser negativas. Chrysallis denunció los hechos ante la Policía Nacional como un posible delito de odio.

La reparación, sin embargo, se demoró. A mediados de enero, CHA reclamó a la alcaldesa que cumpliera su compromiso, porque el banco seguía en mal estado. En mayo de 2025, la formación volvió a condenar un nuevo ataque contra la misma pieza.

Un segundo banco con cámara, vandalizado en dos días

La respuesta municipal fue instalar un banco en otro lugar. El Ayuntamiento anunció que pintaría uno nuevo en una zona con videovigilancia y lo ubicó junto a la iglesia de los Paúles, donde antes estaba el quiosco de la Patro. La cámara no lo protegió: apareció con una gran equis roja pintada la misma semana de su instalación, en vísperas del Orgullo de 2025. El PSOE se sumó a la denuncia de Chrysallis y su portavoz municipal, José Guillén, sostuvo que esos actos iban más allá del simple vandalismo y podían constituir un delito de odio.

El banco original, mientras tanto, se había convertido en emblema. El cartel del Orgullo de 2025 se construyó con una fotografía del banco aún intacto, entrelazada con motivos del arte mudéjar. La víspera del 28 de junio, el Ayuntamiento lo reparó y el colectivo se encargó de pintarlo. Es esa restauración la que ahora ha quedado tapada por la pintada.

Este año, el banco volvió a ser escenario institucional. La Semana del Orgullo 2026 se presentó junto a él, con el concejal de Cultura, Carlos Méndez, la diputada provincial de Igualdad, Beatriz Redón, la presidenta de Chrysallis Aragón, Sandra Bayón, y Alba Bardají en representación de Teruel con Orgullo.

Agentes de la Policía Nacional en Teruel han procedido a la identificación de cinco personas como presuntos autores de un delito de suplantación o usurpación de estado civil, que formaban parte de una red de obtención de ganancias mediante el uso fraudulento de identidades ajenas.

La investigación se inició tras recibir la denuncia de una persona que había detectado beneficios procedentes de plataformas de juego online atribuidos a su identidad en su declaración de la renta, pese a no reconocer dichas ganancias como propias. A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones, que permitieron identificar a cinco presuntos implicados. Cuatro de ellos serían jóvenes de edades similares, mientras que una quinta persona presuntamente desempeñaría funciones de dirección y coordinación dentro del grupo.

Según las pesquisas policiales, este tipo de redes capta habitualmente a jóvenes con la promesa de obtener dinero fácil. Para ello, se les ofrece participar en grupos y canales de plataformas de mensajería como Telegram, donde se intercambian datos personales obtenidos ilícitamente (leaks), credenciales de acceso y procedimientos destinados a facilitar actividades fraudulentas. La utilización de identidades ajenas permite realizar operaciones por internet o solicitar productos y servicios en nombre de terceras personas, dificultando la identificación de los verdaderos responsables.

En este caso, el objetivo sería atribuir a otras personas los beneficios económicos obtenidos a través del juego online y evitar que los presuntos autores asumieran las correspondientes obligaciones tributarias. Estas estructuras pueden funcionar de manera jerárquica, con integrantes encargados de obtener y utilizar datos identificativos sustraídos, ejecutar operaciones fraudulentas, captar titulares de cuentas bancarias o recibir y redistribuir los beneficios obtenidos.

La suplantación de identidad puede conllevar importantes consecuencias legales. Según las circunstancias de los hechos, los implicados podrían enfrentarse a penas por delitos de usurpación del estado civil, falsedad documental o estafa, entre otros que pudieran resultar acreditados durante la investigación.

Protocolo de actuación

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier uso no autorizado de la identidad personal y de revisar las declaraciones tributarias para detectar posibles ingresos o ganancias que no correspondan al contribuyente.

En estos casos, los afectados pueden recurrir al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), una guía destinada a orientar a las personas cuya identidad haya sido utilizada por terceros para eludir la tributación de incrementos patrimoniales procedentes del juego.

Las diligencias practicadas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de la ciudad de Teruel.

Vox no está dispuesto a detener su actividad electoral pese al grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo. Mientras el resto de los principales partidos ha suspendido sus actos de precampaña, la formación de Santiago Abascal mantiene sus convocatorias y anuncia para este jueves, 29 de octubre, una mesa informativa en Teruel con su candidato al Congreso de los Diputados, Daniel Alda.

La convocatoria tiene, además, una peculiaridad gráfica. Vox ha elegido como escenario de su cartel electoral la emblemática plaza del Torico, pero en la imagen promocional –publicada en un mensaje en X– aparece la columna que preside la plaza sin su pequeño y famoso habitante. El Torico, sencillamente, ha desaparecido.

La imagen, de apariencia artificial, ha despertado la ironía de algunos usuarios de las redes sociales, que no han tardado en relacionar la ausencia del símbolo turolense con la procedencia del candidato. “Daniel tiene lo mismo de Teruel que esa plaza del Torico sin Torico”, comenta uno de ellos.

Otros usuarios van directamente al asunto de su vinculación con la provincia: “Podíais haber puesto como representante de Teruel a alguien de Teruel, y no a un madrileño q no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en Vox Teruel anteriormente”, reprocha otra de las respuestas.

Desde Vox reconocen los hechos, consideran una “anécdota” la publicación del mensaje en X y reafirman su “compromiso con Teruel y con el Bajo Aragón”, y ponen como ejemplo que sean uno de los denunciantes en el caso Forestalia.

La anécdota gráfica ha servido en todo caso para reabrir el debate sobre la elección de Alda como cabeza de lista por Teruel, una provincia cuya representación en el Congreso aspira a conseguir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El candidato turolense tiene 27 años, nació en Alcalá de Henares y tiene vínculos familiares en el Bajo Aragón, según el currículum enviado en su día por la formación sobre sus candidatos. Graduado en Historia, gestiona desde 2022 una explotación agrícola familiar y en los dos últimos años ha trabajado como asistente del grupo parlamentario de Vox en el Congreso en las áreas de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura.

El acto se convoca en medio de una jornada marcada por la tragedia ferroviaria de Toledo, que ha llevado al PP, PSOE y otras formaciones a cancelar sus actos de precampaña. Vox, por el contrario, ha decidido mantener su agenda. Abascal ha defendido que no piensa interrumpir su actividad política y ha vinculado el accidente con sus críticas al Gobierno central.

El Tribunal Supremo ha dado por buena la declaración de impacto ambiental (DIA) del Clúster Maestrazgo, el mayor proyecto eólico tramitado en España, pese a reconocer que el Ministerio para la Transición Ecológica evaluó los 22 parques en un único procedimiento sin que el órgano ambiental acordara formalmente unirlos, como exige la ley. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo considera una “mera irregularidad formal no invalidante” y desestima el recurso contencioso de la Asociación Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel contra la autorización del parque El Cid I, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2024, y contra la DIA de diciembre de 2022 para el conjunto del proyecto: 22 parques y 882,85 MW en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.

La sentencia, de 26 de octubre y el magistrado Fernando Román García como ponente, se notificó este martes y no admite recurso. Hasta ahora, los tribunales solo se habían pronunciado sobre las medidas cautelares, siempre en contra de los opositores al proyecto. El Supremo no impone costas a la plataforma por “las serias dudas de hecho y de derecho que el caso presentaba”.

Aunque el recurso se dirigía contra El Cid I, de 36,6 MW y promovido por Energías Renovables Ormuz –sociedad vehículo de Forestalia–, su autorización incluye la subestación Iglesuela y la línea de alta tensión hasta Morella (Castellón) por la que debe evacuar todo el clúster. Y la DIA que el Supremo valida es una sola para los 22 parques. La plataforma también la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el Supremo llegó a suspender en septiembre la deliberación para valorar la incidencia de ese otro pleito.

La acumulación que nadie acordó

Cada parque es, legalmente, un proyecto distinto, y la ley establece que cada evaluación ambiental se refiere, como norma general, a uno solo. Para estudiar varios juntos, el órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica–, debe dictar una resolución de acumulación que una los expedientes y lo justifique. En el Clúster Maestrazgo ese acto no existe, y ni la Abogacía del Estado ni la promotora lo niegan.

El tribunal resta importancia a este “defecto” porque la evaluación conjunta permite, a su juicio, “un mejor y más completo examen” de los efectos acumulativos. Y se apoya en un acuerdo de acumulación de 17 de diciembre de 2020 que sí existe, pero que dictó otro órgano, la Dirección General de Política Energética y Minas –también del Miteco–, y que agrupaba la tramitación eléctrica de los parques, no su evaluación ambiental. La sentencia reprocha además que la organización del expediente “complica extraordinariamente su estudio”.

El resto de motivos decaen. Sobre la capacidad económica del promotor, la plataforma aportó las cuentas de 2023 de Ormuz, que a su juicio reflejan una actividad de asesoramiento sin apenas ingresos. El informe de la CNMC de mayo de 2023 admitía que no contaba con “los elementos de juicio necesarios para poder verificar la capacidad económica del titular”, y la dio por acreditada con datos del grupo de 2021. Para el Supremo, ese criterio “goza de suficiente razonabilidad”.

La sala aplica además la presunción de “interés público superior” de las renovables que recogen la normativa comunitaria: el proyecto solo cedería ante “pruebas claras e inequívocas” de daños que no puedan mitigarse ni compensarse, y la plataforma, concluye, no las ha aportado. Rechaza también que la DIA omitiera una evaluación específica de la Red Natura 2000, pese a que, según la recurrente, los hábitats prioritarios ocupan casi el 47% de la superficie de El Cid I. Y descarta que un proyecto de estas dimensiones requiriera una evaluación ambiental estratégica.

Lo que la sentencia no menciona

La resolución no hace ninguna referencia a la causa penal que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel en el caso Forestalia, que afecta a la tramitación ambiental del clúster. Un informe de la UCOMA de la Guardia Civil sostiene que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez se asignaba casi todos los proyectos de Forestalia, entre ellos este, y que el proceso acabó en una resolución favorable contraria a la evaluación técnica original. El juez pidió en mayo al Ministerio el expediente completo.

El Clúster Maestrazgo, que Forestalia vendió al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), prevé según las últimas cifras publicadas 122 aerogeneradores, 744 MW y una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Las obras, que la propiedad preveía iniciar en el primer trimestre de 2025, no han comenzado: la autorización de construcción quedó en suspenso por vía administrativa a raíz de los recursos de la plataforma ante el Ministerio, y el juez de Teruel aplazó sin fecha en abril la vista para decidir sobre su paralización cautelar. Los alcaldes de los nueve municipios agrupados en la asociación Viento Alto reclaman desde hace meses al Ministerio que resuelva los recursos pendientes y permita empezar a construir.

Tomás Guitarte, encabeza de nuevo la candidatura de Teruel Existe al Congreso, donde ya estuvo como diputado en la legislatura de 2019 a 2023. Actualmente es portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón pero dejará su cargo si consigue salir diputado para volver a la Cámara Baja.

El líder de la formación ha explicado que quieren volver a tener presencia en el Congreso y el Senado “porque nunca se ha hablado tanto de Teruel como cuando nosotros estuvimos”. Además, cree es la única formación que “no tiene dueños en Madrid” y exigirá que se cumplan los conpromisos con la provincia, además de defender los servicios públicos y la igualdad de oportunidades “para todos los territorios y todas las personas, vivan donde vivan”.

Además de ser el cabeza de lista de las elecciones autonómicas, Guitarte encabezó también en junio de 2024 la lista de la coalición europea “La España Olvidada EXISTE”, junto a formaciones como Teruel Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora, Jaén Merece Más, Por un Mundo más Justo, etc., si bien no obvieron ningún escaño.

En la lista al Congreso de los Diputados le sigue Beatriz Redón, concejal en el Ayuntamiento de Teruel y diputada en la Diputación Provincial de Teruel. Como número 3, se presenta Joaquín Moreno, en la actualidad alcalde de Utrillas.

En cuanto al Senado, la lista está encabezada por Raúl Blasco, agricultor y ganadero y concejal por Teruel Existe en el Ayuntamiento de Muniesa. Por el número 2 se presenta Beatriz Martín, que ya fue senadora en la legislatura 2019-2023 y que actualmente es vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel. Y en tercer puesto se presenta Daniel Sancho, politólogo y actual secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y el Ayuntamiento de Fórnoles.

Biografías

Tomás Guitarte es natural de Cutanda (Calamocha). Arquitecto de profesión y miembro fundador del Movimiento ciudadano Teruel Existe, del que forma parte desde hace más de 25 años, y cofundador del Centro de Estudios del Jiloca.

Fue elegido en 2019 por el Movimiento ciudadano Teruel Existe para encabezar la candidatura de la Agrupación de Electores al Congreso de los Diputados, siendo la suya la candidatura más votada en la provincia de Teruel. Guitarte ejerce como portavoz de la coalición Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón desde el año 2023, dónde ha defendido diversas iniciativas en defensa del desarrollo y la igualdad territorial.

Beatriz Redón es natural de El Castellar, aunque hace más de 30 años se trasladó a Teruel con su familia. Trabajadora Social de profesión, trabajando en los Servicios Sociales de la Comarca Comunidad de Teruel. Además, ha trabajado en una asociación de personas migrantes y en el Teléfono de atención de Víctimas de Violencia de Género. También es Terapeuta familiar. Experta en Relaciones Laborales y sindicalista, ha estado en la Ejecutiva de CC.OO. Master de Igualdad de Género y Voluntaria en el Grupo de Intervención de Emergencias Sociales de Aragón. Amante de la naturaleza y de los deportes de aventura.

Actualmente ejerce como diputada delegada de Igualdad y Bienestar Social en la Diputación Provincial de Teruel y como concejala en el Ayuntamiento de Teruel.

El tercero es Joaquín Moreno, natural de Utrillas, de 51 años, dedicado a la gestión de alojamientos y hostelería desde 1997. En la actualidad es alcalde de Utrillas. En el Parlamento aragonés ha destacado su labor dentro del ámbito de la Sanidad y la mejora de las comunicaciones, como una defensa constante de la A-68 y otras vías terrestres, importantes para toda la provincia y en especial para el Bajo Aragón Histórico.

Los suplentes de la lista al Congreso son: Inma Antón, Antonio Abad, Raquel Benedí, José Manuel Hernández, María José Alonso, Juan Miguel Monclús, Margarita Campos, Gerardo Villarroya, María Buj y Pedro Romero.

Candidatos al Senado

Raúl Blasco, es agricultor y ganadero autónomo. Concejal desde 2023 en el ayuntamiento de Muniesa y consejero en la comarca Cuencas Mineras. Muy involucrado en diversas asociaciones de defensa del territorio, donde tiene una dilatada experiencia desde los 16 años, “la edad mínima para poder participar”, como explica. Se define como un defensor a ultranza de la agricultura y la ganadería, su modo de vida.

Los suplentes son Inma Moliner y Saúl Valenzuela.

Beatriz Martín: Natural de Bueña. Es Diplomada en Empresariales y ha trabajado en este ámbito hasta 2019, cuando entró al Senado en representación de la Agrupación de electores Teruel Existe, donde desempeñó un gran trabajo para incluir la perspectiva rural en muchas de las leyes y medidas que se han desarrollado durante la pasada legislatura y defendiendo las reivindicaciones de Teruel y la España vaciada.

Ahora ejerce como vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel y como concejala de Bueña, su municipio natal. Es activa en el asociacionismo en la Comarca del Jiloca, donde lleva años colaborando.

Los suplentes son Enrique Marín y Carmen Fraj.

Daniel Sancho, natural de Alcañiz, es Graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. De 2024 a 2025 fue Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Aguaviva y desde 2025 es secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y del Ayuntamiento de Fórnoles.

Los suplentes son Elena Paricio y Alberto Carmona.

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado los avances sociales y económicos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años y ha advertido de la importancia de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para consolidar los derechos conquistados.

Alegría ha participado este domingo en la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Teruel, celebrada en la plaza del Seminario de la capital turolense, donde ha destacado las mejoras en salarios, pensiones, empleo y derechos laborales.

Alegría ha invitado a los ciudadanos a reflexionar sobre la situación de España antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y los avances alcanzados desde entonces. En este sentido, ha recordado que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 735 euros a más de 1.200 euros, que las pensiones se revalorizan conforme al coste de la vida y que los permisos de maternidad y paternidad se han ampliado hasta las 19 semanas. “Imagínense quién puede desarrollar un proyecto de vida digno con 735 euros”, ha dicho para ilustrar la importancia de estas medidas.

La dirigente socialista también ha querido resaltar los resultados de la reforma laboral, que ha vinculado a la reducción de la temporalidad y a las cifras históricas de ocupación. Ha recordado que España ha pasado de 18 millones de trabajadores en 2018 a más de 22,5 millones, de los que más de 10 millones son mujeres. Asimismo, ha estimado que el Gobierno ha reforzado la hucha de las pensiones con más de 20.000 millones de euros para contribuir a garantizar las prestaciones futuras.

La secretaria general del PSOE en Aragón ha proseguido diciendo que estos avances se han producido pese a la oposición del PP y Vox a buena parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. También ha cuestionado las propuestas defendidas por Alberto Núñez Feijóo en materia de derechos sociales, igualdad y cultura: “Imagínense si tuvieran cuatro años para gobernar”.

Igualmente, ha considerado que las elecciones del 29 de noviembre son “unas elecciones decisivas” en las que se confrontan diferentes modelos de país y de sociedad, al tiempo que ha lamentado la normalización del insulto y el desprecio al adversario político y ha defendido que el PSOE responderá con argumentos y con el balance de las políticas desarrolladas durante los últimos años.

Frente a los retrocesos que atribuye a la derecha, Alegría ha defendido la necesidad de seguir ampliando derechos y afrontar nuevos desafíos. En particular, ha señalado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas pendientes de resolver y ha expresado su voluntad de impulsar nuevas medidas desde el Gobierno de España para dar respuesta a esta crisis.

Experiencia y juventud

Por último, ha hecho referencia a que la candidatura socialista por Teruel combina experiencia y juventud, con personas de diferentes municipios, generaciones y trayectorias profesionales. Una representación que, ha apuntado, responde a la voluntad del PSOE de parecerse a la sociedad y trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Teruel, Rafa Guía, ha manifestado que las candidaturas combinan experiencia y renovación generacional, y ha explicado que la elección de la plaza del Seminario para su presentación simboliza dos valores socialistas: la multiculturalidad, representada por la torre mudéjar de San Martín, y la libertad de expresión, por la biblioteca, frente a los discursos de discriminación y la censura ideológica que ha atribuido al PP y Vox.

Por su parte, el número uno al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, ha alertado del riesgo de retroceder en los derechos conquistados durante las últimas décadas y ha criticado el acercamiento del PP a Vox. “No podemos permitir un paso atrás”, ha opinado, al tiempo que ha defendido la necesidad de seguir ampliando los derechos sociales para las próximas generaciones.

Sancho también ha reivindicado las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez a agricultores y ganaderos y ha hecho hincapié en la necesidad de acompañar al sector en su adaptación al cambio climático, especialmente en una provincia como Teruel, donde la actividad agraria y ganadera tiene un peso fundamental.

La cabeza de lista al al Senado por Teruel, María José Villalba, ha destacado el carácter histórico de las candidaturas conjuntas de las fuerzas progresistas a la Cámara Alta y ha criticado que el PP haya utilizado su mayoría para frenar iniciativas del Gobierno.

Ha reivindicado el papel de las mujeres en la defensa de la igualdad y los derechos sociales: “Cada voto nuestro va a ser nuestra voz”.

En el Atlético Teruel no ocultan su indignación. El Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, va a dar al CD Teruel 235.000 euros extraordinarios para pagar parte de su deuda, que se suman a los 130.000 euros que el club de Primera RFEF ya recibe cada temporada. Mientras, el Atlético, uno de los clubes de fútbol base de la ciudad, sigue esperando los 45.000 euros que el Consistorio le comprometió para cambiar el césped del campo de Las Viñas. Para no esperar más, el club ya ha comprado con un préstamo un césped de segunda mano, y sus directivos tendrán que avalar a título personal unos 110.000 euros ante Caja Rural para poder instalarlo.

“Hay que ayudar al Club Deportivo Teruel. Es una categoría en la que hay que ayudarle. Pero no puedes dejar de lado al resto de equipos y al resto de niños”, resume el presidente del Atlético Teruel, Jesús Arnal. Insiste en que su club no se opone a que el Ayuntamiento ayude al primer equipo de la ciudad, pero reclama que ese apoyo vaya acompañado de inversiones para los menores que juegan al fútbol en la capital. Recuerda además que es la segunda vez que el Ayuntamiento rescata al CD Teruel y que, según sus cuentas, el dinero aportado suma ya 475.000 euros.

La Comisión de Hacienda informó favorablemente la ayuda al CD Teruel por unanimidad, y el pleno la votará el 3 de noviembre. Para pagarla, el Ayuntamiento modificará el presupuesto de 2026 con partidas que no se van a gastar, como la de intereses financieros. Se tramitará como una ampliación de la subvención nominativa al club, sin convocatoria de concurrencia competitiva. Los 235.000 euros irán a pagar deudas con Hacienda, la Seguridad Social y proveedores, algunas con facturas pendientes desde 2021. Según Gonzalvo, cuando la directiva actual llegó hace dos años, la deuda estaba entre 465.000 y 475.000 euros, y desde entonces el club ha amortizado unos 100.000.

Queda además una deuda financiera de 100.000 euros que esta subvención no puede cubrir. El club no ha podido pedir préstamos porque “carece de patrimonio propio” que sirva de garantía, explicó Gonzalvo. La subvención ordinaria, de 130.000 euros en 2026, subirá a 150.000 en 2027. Según la alcaldesa, Emma Buj, el Gobierno de Aragón también prevé aumentar su aportación al club en los presupuestos de 2027, aunque no hay plazos ni cifras.

Un césped de segunda mano, pagado con un préstamo

El campo de Las Viñas es propiedad del Obispado y lo usa el Atlético Teruel. Su césped está tan deteriorado que el club denuncia traumatismos entre sus jugadores: “Ha habido lesiones de ligamentos, de tobillos...”, señala Arnal. Para no esperar más, el Atlético compró un césped procedente de otro campo con financiación de Caja Rural. Ya lo tiene, pero falta retirar la superficie antigua y preparar el terreno.

Según el presidente, solo la instalación costará entre 106.000 y 110.000 euros, y la obra completa, contando el césped ya comprado, unos 160.000. Siguen siendo 75.000 euros menos que el rescate extraordinario al CD Teruel. El Ayuntamiento ha dicho al club que aportará 45.000 euros, más otros 10.000 de IVA, pero el Atlético asegura que todavía no ha recibido nada y que tuvo que adelantar el dinero para comprar el césped. Para la instalación no hay hoy ninguna ayuda confirmada de ninguna institución, así que los directivos tendrían que avalar personalmente esos cerca de 110.000 euros.

El último convenio entre el Ayuntamiento y el Atlético Teruel, firmado en septiembre de 2025, fijaba una subvención de 7.000 euros para mantener y reparar el antiguo campo federativo. No permitía usarla para nuevas inversiones.

Mil niños y un solo campo municipal

En Teruel hay alrededor de un millar de niños y niñas federados en fútbol, unos 220 de ellos en el Atlético. Según el club, el Luis Milla, el único campo de fútbol 11 de titularidad municipal, está saturado, y algunos entrenamientos de menores se alargan hasta las diez u once de la noche. Cuando se renueve Las Viñas, también podrán usarlo otros clubes de la ciudad, según lo acordado entre el Atlético y el Ayuntamiento. “No dejes de lado el futuro de los niños que tenemos aquí”, pide Arnal.

El problema llegó el 5 de octubre a las Cortes de Aragón. El diputado socialista Pedro Polo trasladó al Parlamento una proposición no de ley para dar “una solución urgente y definitiva al colapso que sufre el fútbol base de la ciudad de Teruel”. La iniciativa pedía al Gobierno de Aragón firmar “con carácter urgente” un convenio con el Ayuntamiento, el Atlético Teruel y la Federación Aragonesa de Fútbol. El objetivo era reformar por completo el campo federativo, con una inversión cercana a 350.000 euros, y convertirlo en el segundo campo de fútbol 11 de uso público de la ciudad.

PP y Vox votaron en contra. La diputada popular Lucía Baruquer alegó que “no consta ningún proyecto técnico que justifique la cifra”. Carlos Andreu, de Vox, defendió que la actuación “no debe hacerse de cualquier manera, sino con planificación”.

Izquierda Unida de Aragón no presentará candidatura al Congreso de los Diputados por Teruel en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tras consultar las alternativas jurídicas posibles, la formación concluye que no puede concurrir en solitario ni mediante una fórmula electoral distinta a la acordada en la coalición registrada para estos comicios. IU atribuye esta situación a la decisión de Chunta Aragonesista de no presentar lista por esta circunscripción: “No lo ha hecho posible”.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha lamentado que la provincia turolense no vaya a contar con una candidatura de izquierdas transformadora y ha asegurado que su organización defendió desde el inicio de las negociaciones la necesidad de concurrir en las tres provincias aragonesas.

“Hasta el próximo lunes, la coalición podría presentar una lista para la circunscripción de Teruel y desde Izquierda Unida seguimos insistiendo en que CHA cambie su decisión de no hacerlo”, ha señalado Abengochea, que ha reiterado su discrepancia con la postura de la formación aragonesista.

IU considera especialmente preocupante que Teruel, una provincia que, según recuerda, arrastra problemas de despoblación, falta de inversiones y pérdida de servicios públicos, se quede sin una candidatura de estas características para defender los intereses de los trabajadores, los municipios rurales y las comarcas turolenses.

La organización asegura que ha estudiado durante los últimos días todas las opciones legales para mantener su presencia electoral en la provincia, pero que ninguna resulta viable sin modificar la fórmula acordada con CHA. Por ello, descarta concurrir por separado y sostiene que respetará los compromisos adquiridos en la coalición.

Abengochea ha defendido que las diferencias políticas forman parte de la cooperación entre organizaciones distintas, aunque ha reivindicado el cumplimiento de los acuerdos suscritos. “Somos una organización seria que respeta los compromisos que adquiere. Hemos firmado un acuerdo de coalición y vamos a cumplirlo con lealtad y responsabilidad, porque entendemos que la unidad de las fuerzas de la izquierda alternativa sigue siendo un objetivo estratégico en el actual contexto político y social”, ha afirmado.

La coordinadora general también ha agradecido la disposición de las personas que habían asumido la responsabilidad de formar parte de una candidatura por Teruel y ha reconocido el trabajo realizado durante las negociaciones.

Pese a la renuncia a concurrir en esta circunscripción, IU Aragón asegura que mantendrá su compromiso con la provincia y continuará defendiendo medidas para garantizar servicios públicos de calidad, empleo digno, infraestructuras suficientes y oportunidades para vivir y trabajar en el territorio. La formación insiste en que Teruel necesita representación política y una defensa de sus intereses en las instituciones del Estado.

El Gobierno de Aragón ha planteado a la familia de un alumno de 12 años de Riodeva que curse el año escolar interno en Teruel ante las dificultades para garantizar su transporte diario al instituto. La propuesta fue una de las que se abordó en una reunión celebrada el pasado viernes con la familia y el alcalde de la localidad, Alfredo Soriano, que reclama una solución para que el menor pueda estudiar la ESO sin tener que abandonar su domicilio durante la semana.

El alumno tiene como centro de referencia el IES Santa Emerenciana de Teruel. Educación descarta crear una nueva ruta escolar porque este curso solo hay un estudiante que necesite el servicio en Riodeva y la normativa establece un mínimo de seis alumnos para poner en funcionamiento estas rutas. El alcalde, sin embargo, considera que garantizar el acceso a la enseñanza obligatoria es responsabilidad del Gobierno de Aragón, con independencia del lugar de residencia: “No es que sea un capricho de los padres. Es que el niño tiene un derecho a la educación”, ha defendido Soriano, que denuncia que, un mes y medio después del inicio del curso y tras varias peticiones oficiales, la familia sigue sin una solución.

El Departamento recuerda que el curso pasado se utilizó una línea regular de transporte de viajeros desde Libros, a unos 15 kilómetros de Riodeva. La familia del alumno podría recibir la ayuda de transporte correspondiente si asumiera ese trayecto, pero ha rechazado esta posibilidad.

El Ayuntamiento ha ofrecido mediar con una empresa de taxi situada en un municipio de la provincia de Valencia, a unos 17 kilómetros de Riodeva. Soriano asegura que la compañía lleva entre diez y doce años realizando servicios de este tipo y que contactó con ella después de la reunión del viernes para explorar una solución. Según la nota difundida este lunes por el PSOE de Teruel, el director provincial de Educación, José Luis Castán, se comprometió a estudiar la propuesta.

Educación sostiene que contratar un taxi desde Teruel supondría, mediante una combinación con otra localidad, un recorrido de unos 150 kilómetros y más de una hora de trayecto, con un coste que considera insostenible para trasladar a un único estudiante. El alcalde, por su parte, insiste en que la empresa con la que ha contactado podría ofrecer una alternativa y reclama que se valore esa opción.

Como solución provisional, el Servicio Provincial asegura haber ofrecido al menor la posibilidad de comer gratuitamente en la residencia Santa Emerenciana y regresar a diario a Riodeva en una ruta que transporta a alumnado del colegio de Educación Especial. Para la ida, existe una línea regular de viajeros que pasa por la zona tres días a la semana. Según Educación, el principal problema planteado por la familia es el horario de regreso. El internamiento también se propuso durante las conversaciones, pero los padres lo rechazaron.

La posibilidad de que el niño tenga que vivir en una residencia durante el curso ha provocado las críticas del PSOE y del Ayuntamiento. “Estamos hablando de un niño de 12 años y sus padres quieren tenerlo todos los días durmiendo en casa”, ha señalado Soriano. La diputada socialista en las Cortes de Aragón Mari Carmen Soler, que participó en la reunión, ha reclamado medidas que garanticen el acceso a la educación en el medio rural y eviten que las familias se vean obligadas a abandonar sus pueblos.

Una mujer de unos 45 años ha muerto este lunes a primera hora tras ser atropellada por un turismo en la ronda de Ambeles de Teruel, un suceso en el que se han visto involucrados dos vehículos, según ha confirmado la Policía Local. Los hechos se han producido a la altura del paso de peatones situado cerca del parque infantil de la estación de autobuses. Las causas del atropello mortal están siendo investigadas.

Según los testigos, la mujer cruzaba desde la zona de la estación de autobuses cuando ha sido golpeada por un coche y ha sido lanzada contra el carril contrario por donde circulaba un autobús en dirección a Los Arcos.

Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local y Nacional, los servicios sanitarios y funerarios. La Policía Local ha dado paso alternativo por el viaducto nuevo y por la calle Jardinera, en un momento en el que había mucho tráfico en la ciudad.

En declaraciones al 'Diario de Teruel', la propia alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha lamentado lo ocurrido. “Aparentemente, un conductor de 85 años ha tenido un despiste en el paso de peatones, ha atropellado a una mujer que ha salido desplazada hacia detrás, con tanta mala suerte que en ese momento pasaba el autobús el resultado ha sido el fallecimiento”, ha manifestado.

La campaña de excavaciones de 2026 en el yacimiento ibérico del Alto Chacón, impulsada por el Museo de Teruel, ha concluido con el descubrimiento de una muralla de cerca de 36 metros de longitud y dos torreones adosados de entre cuatro y cinco metros de lado. Los trabajos, realizados entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre, han permitido ampliar los resultados obtenidos durante la primera intervención, desarrollada el pasado mes de junio.

El coste total de las actuaciones arqueológicas de este año asciende a 37.000 euros, de los que cerca de 12.000 corresponden a esta última ampliación. La vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel y diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con las excavaciones en los yacimientos arqueológicos y ha destacado la importancia de mantener esta labor.

Durante junio, bajo la codirección científica de Marta Pérez y Marta Blasco, los arqueólogos realizaron una cata de dos metros de anchura y unos 17 de longitud en la ladera este del asentamiento. El objetivo era comprobar la posible existencia de una muralla, conocer su estado de conservación y estudiar la configuración del sistema defensivo en este sector.

Dos fases defensivas

Según ha explicado Sara Azuara, codirectora de las excavaciones y conservadora del Museo de Teruel, los resultados iniciales fueron positivos al documentarse dos líneas defensivas de distintas épocas. La primera correspondería al siglo V antes de Cristo, mientras que la segunda se habría construido posteriormente, en el siglo II antes de Cristo.

“Lo que nos habla es que era un poblado con un fuerte sistema defensivo que en un momento dado consideran que tienen que ampliar”, ha señalado Azuara. La intervención permitió identificar la cara exterior de un lienzo de muralla en la parte superior de la ladera, vinculado a las fases más antiguas del poblado, y otra estructura situada más abajo, elaborada con grandes bloques y correspondiente a una línea defensiva posterior.

La relevancia de estos hallazgos motivó la ampliación de los trabajos, que ha permitido dejar al descubierto el lienzo de muralla y los dos torreones adosados. La estructura original se construyó mediante un doble paramento de mampostería de tamaño mediano, con un núcleo de relleno formado por piedras pequeñas y tierra compactada.

Con posterioridad, la muralla fue parcialmente amortizada por su parte interior y reforzada desde el exterior con un nuevo lienzo, que amplió el perímetro del asentamiento durante sus últimas fases de ocupación. La excavación de esta segunda estructura queda pendiente para una próxima actuación, ya que los trabajos de este año no han permitido profundizar más en su estudio.

La Guardia Civil de Teruel ha denunciado al organizador de una ruta de motociclismo por caminos y pistas forestales de varios municipios de la provincia por no disponer de la autorización administrativa necesaria. La actividad, prevista para unas 60 personas, discurría por las sierras de Javalambre y Albarracín.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de octubre, en el marco de la Operación Bultesa, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Teruel para controlar el acceso de vehículos a motor al medio natural.

Los agentes tuvieron conocimiento de la organización de una ruta tipo trail y localizaron un numeroso grupo de motocicletas estacionadas en el aparcamiento exterior de un establecimiento hotelero de la provincia. Allí identificaron al responsable de la actividad, quien explicó que se trataba de un recorrido organizado por caminos y pistas forestales mediante equipos de navegación (road-book).

El itinerario tenía tanto su punto de salida como de llegada en el establecimiento hotelero y estaba previsto que participaran alrededor de 60 personas. Cuando los agentes solicitaron al organizador la autorización o comunicación administrativa necesaria para realizar el recorrido, este no presentó documentación que acreditara disponer de ella.

Ante esta situación, la Guardia Civil elaboró un informe-denuncia dirigido al Gobierno de Aragón por la presunta comisión de una infracción de la normativa de montes, relacionada con la realización de recorridos organizados con vehículos a motor sin la correspondiente autorización administrativa.

La Guardia Civil recuerda que las actividades organizadas con vehículos a motor en caminos y pistas forestales deben cumplir la normativa medioambiental y contar, cuando corresponda, con las autorizaciones administrativas pertinentes.

Los vecinos de Valmuel, una pequeña pedanía de Alcañiz de apenas 158 habitantes, están viendo como los anuncios de macrogranjas se suceden. Ya son tres las instalaciones que se proyectan a menos de dos kilómetros del núcleo urbano: la última, con 7.200 cerdos de cebo, está ahora mismo en periodo de alegaciones. Stop Ganadería Industrial denuncia que entre las tres generarían 50 millones de litros de purines al año en una zona que el Gobierno de Aragón propone declarar vulnerable a la contaminación por nitratos.

Una de las instalaciones se situaría a 1,4 kilómetros y las otras dos, a 1,7. Todas ellas tienen 864 UGM (unidades de ganado mayor), el máximo que permite la normativa a una sola explotación, y suman en menos de dos kilómetros cuadrados el equivalente a 21.600 cerdos de cebo: unos 137 animales por vecino. Dos, de madres con lechones, las impulsan sociedades ligadas a Litera Meat, filial del grupo Pini. La tercera, la última en proyectarse, la promueve Frutas del Cinca SL.

Frutas del Cinca, una sociedad frutícola de Binaced (Huesca), es además, según Stop Ganadería Industrial, la dueña de los terrenos de las otras dos. Entre diciembre de 2021 y junio de 2024 adquirió al menos 58,54 hectáreas de regadío en el paraje de Rincón Caliente con una rebaja del impuesto de transmisiones reservada a las explotaciones agrarias prioritarias, según las notas simples del Registro de la Propiedad de Alcañiz expedidas el 6 y el 7 de octubre. Ese beneficio exige no enajenar, arrendar ni ceder las fincas en cinco años. La documentación la ha difundido esa coordinadora estatal, que ha presentado alegaciones contra los tres proyectos.

Cinco años sin vender, arrendar ni ceder

Las notas simples de las tres fincas de Frutas del Cinca arrastran la misma carga, según las notas simples: una liquidación provisional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) que se activaría si la sociedad no obtiene la condición de explotación agraria prioritaria o si “enajena, arrienda o cede” la finca antes de cinco años.

Según Stop Ganadería Industrial, Frutas del Cinca renunció a una granja propia de 2.000 cerdos para ceder la parcela a Gravador Explotaciones Porcinas SL, que proyecta allí una explotación de madres de 864 UGM. La otra granja de madres la promueve Rual Graco SL.

Las granjas de Gravador y Rual Graco prevén cada una 2.620 cerdas madre, 540 de reposición y 6 verracos. Forman parte del plan de Litera Meat, que gestiona el matadero de Binéfar, para levantar 25 macrogranjas de madres en siete municipios de Teruel y dos de Zaragoza, de las que saldrían 1.729.200 lechones al año. Las de Valmuel son las primeras en tramitarse.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, aseguró en el pleno de mayo de 2025 que desconocía que se tratase de un plan de 25 granjas. El Ayuntamiento ha concedido, sin embargo, la compatibilidad urbanística a las tres instalaciones de Valmuel; la del proyecto de Frutas del Cinca, el 10 de octubre de 2025. Los vecinos denuncian que no se les ha consultado.

Para la coordinadora, los vínculos registrales indican que los tres proyectos están relacionados con el grupo Pini: “No son tres proyectos que coincidan por casualidad”. Stop Ganadería Industrial reclama que se evalúen los efectos de las tres en conjunto y que no se autorice ninguna sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Agua de riego en un pueblo con problemas de potabilidad

Las tres granjas consumirían 85 millones de litros de agua al año, unas 11 veces lo que gastan los vecinos de Valmuel si se aplica el consumo medio de 132 litros por persona y día que estima el INE. El agua procede de una concesión de la Comunidad de Regantes de Valmuel. Según la coordinadora, falta la autorización de la CHE para el cambio de uso de regadío a ganadero, sin la cual no podría otorgarse la autorización ambiental integrada.

La pedanía no se ha librado en el pasado de problemas con el abastecimiento. El 2 de diciembre de 2024, un control rutinario detectó trihalometanos por encima de lo permitido y el Ayuntamiento repartió agua embotellada. El 23 de mayo de 2025, Salud Pública declaró el agua no apta para el consumo en Valmuel y Puigmoreno por el mismo motivo, y se repartieron garrafas en el Hogar del pueblo.

Las granjas generarían 50 millones de litros de purines al año con 155,7 toneladas de nitrógeno, según los cálculos de la coordinadora a partir de los proyectos. El pasado mes de abril, el Departamento de Agricultura sometió a información pública el proyecto de orden que designa nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.Y su anexo II incluye el polígono 501 de Alcañiz, donde están las fincas, y el 658, con el que lindan. En la cabecera alcañizana, el proyecto propone declarar vulnerables 18.341 de las 47.143 hectáreas del término; 11.672 de ellas, agrarias.

Las instalaciones emitirían además 87,4 toneladas de metano y 96,1 de amoniaco al año; en total, 2.777 toneladas de CO₂ equivalente, según Stop Ganadería Industrial. El proyecto de Frutas del Cinca sostiene que la ubicación es adecuada respecto a los vientos dominantes y que el núcleo más cercano es Alcañiz. La coordinadora replica que el cierzo, de componente noroeste, sopla hacia Valmuel, que está más cerca de la granja. “Aquí el cierzo sopla muchísimos días”, explica una vecina, que teme que, si salen adelante las tres, haya que vivir “con las ventanas cerradas”.

El caso de Codo

El caso de Valmuel repite el esquema de Codo, en el Campo de Belchite. Allí, Explotaciones Ganaderas Estiche, del grupo Cincaporc, proyecta cuatro granjas porcinas que suman 3.312 UGM, tres de ellas con 864. Tres de ellas se levantarían en fincas de la familia del alcalde, el diputado nacional del PP Raúl Cuevas, y la cuarta en suelo municipal.

El agua es el otro denominador común. Codo no tiene agua potable en el grifo desde al menos 2023 por la contaminación del acuífero y el Ayuntamiento entrega siete garrafas de cinco litros al mes a cada empadronado. Sus cuatro granjas necesitarían 100,6 millones de litros al año y generarían 64,2 millones de litros de purines.

Cuevas votó en el pleno extraordinario del 4 de septiembre la declaración de interés público de las cuatro granjas y no se abstuvo hasta el 25 de septiembre, después de que un informe de la secretaría advirtiera de que su intervención viciaba los acuerdos. Los expedientes deben volver a votarse sin él.

Ambos casos se inscriben en la expansión del porcino industrial. Según las encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, la capacidad porcina de Teruel pasó de unas 755.000 cabezas en diciembre de 2005 a 1,4 millones en mayo de 2025, un 89% más, y la de Aragón, de 3,8 millones en 2002 a 9,7 millones.

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un hombre a diez años, nueve meses y un día de prisión por cinco delitos cometidos contra la mujer que era su pareja sentimental: agresión sexual, maltrato en el ámbito familiar con la agravante de reincidencia, lesiones, en las que también era reincidente, amenazas graves y descubrimiento de secretos.

La sentencia, dictada el 15 de septiembre, es de conformidad: el acusado reconoció los hechos y aceptó las penas que pedía la Fiscalía, por lo que el fallo se declaró firme en el mismo acto y contra él no cabe recurso. El tribunal ha tenido en consideración las agravantes de reincidencia y la circunstancia de parentesco, pero también ha aplicado una atenuante analógica en los cinco delitos.

Los hechos probados sitúan la agresión principal en la mañana del 3 de septiembre de 2025, en el domicilio que la pareja compartía en Burbáguena, en la provincia turolense. Hacia las 6.00 horas, Johann A. U., de 40 años, cogió sin consentimiento el teléfono móvil de la mujer y accedió a unos vídeos de contenido sexual en los que ella aparecía. Acto seguido se abalanzó sobre ella, que dormía, la golpeó y la sujetó fuertemente del cuello con las dos manos mientras la insultaba.

Durante unas cuatro horas reprodujo una y otra vez las grabaciones mientras seguía golpeándola e insultándola, pese a que ella le explicaba que eran imágenes del pasado y le pedía que comprobara la fecha. Cuando la mujer le dijo que lo mejor sería terminar la relación, él la amenazó con matarla y le advirtió de que ese día no saldría viva de la casa. Fue a la cocina, cogió un cuchillo y llegó a pasarle el filo entre el pecho y el cuello, hasta que ella logró zafarse de un empujón y el arma cayó al suelo. También la amenazó con quemarle la ropa y prendió con un mechero parte de un jersey, que apagó a continuación.

La sentencia recoge además que la tiró de la cama al suelo de un fuerte empujón y que, mientras le exigía practicar los mismos actos sexuales que aparecían en los vídeos, se colocó sobre ella, le presionó el pecho con el codo y el antebrazo para vencer su resistencia y le hizo tocamientos en los genitales.

Escape

Hacia las 10.00 horas, el agresor le permitió ir al baño, situado en la planta baja, mientras él permanecía en el descansillo de la escalera. La mujer aprovechó para salir de la vivienda y corrió hasta una casa cercana, cuyos moradores la atendieron. Hasta allí se desplazó el médico del centro de salud y una ambulancia la trasladó al Hospital Obispo Polanco de Teruel.

El parte recoge hematomas múltiples en el cuello, una herida de unos dos centímetros en el labio inferior, una laceración superficial de seis centímetros en la parte superior del esternón, dos hematomas bajo el mentón compatibles con agarre y otros en ambas mamas y en los muslos. Las lesiones tardaron siete días en curar. La sentencia añade que la mujer presenta ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y síntomas postraumáticos compatibles con los hechos denunciados.

No era la primera agresión. El 2 de agosto de 2025, cuando la mujer regresó de las fiestas de otro municipio, a las que había ido con dos compañeras de trabajo, él la acusó de haber mantenido relaciones sexuales con otra persona y le dio golpes en la cara y en el pecho. Solo se calmó cuando ella le enseñó repetidamente las fotografías de la celebración, en las que aparecía únicamente con sus compañeras. No acudió entonces a ningún centro médico, pero relató el episodio a una amiga por WhatsApp el 31 de agosto, tres días antes de la segunda agresión. Por estos hechos se le condena por maltrato en el ámbito familiar.

Las penas

El tribunal impone a Johann A. U. cinco años de prisión por el delito de agresión sexual, dos años por el de lesiones, dos años, seis meses y un día por el de descubrimiento de secretos, nueve meses por el de maltrato en el ámbito familiar y seis meses por el de amenazas graves. Por el descubrimiento de secretos le impone también una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de seis euros.

A estas penas se suman la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y la de aproximarse a ella a menos de 500 metros, con dispositivo telemático de detección de proximidad: diez años y un día por la agresión sexual, siete años y un día por las lesiones, cinco años, nueve meses y un día por el maltrato y cinco años y un día por las amenazas graves. Se añade una medida de libertad vigilada durante cinco años, con la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, y la inhabilitación durante ocho años y un día para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores.

En lo que a la responsabilidad civil se refiere, los magistrados le condenan a indemnizar a su expareja con 9.294,64 euros por los perjuicios causados y a abonar al Servicio Aragonés de Salud los 221,33 euros de la asistencia sanitaria, además de la totalidad de las costas procesales.

La defensa pidió la suspensión de la ejecución de las cinco penas de prisión, que el tribunal ha denegado dada su duración. El condenado está en prisión provisional por esta causa desde el 4 de septiembre de 2025, el día siguiente a la agresión. Contaba con antecedentes computables a efectos de reincidencia: el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería le condenó el 16 de julio de 2024 por un delito de coacciones leves y otro de maltrato, ambos en el ámbito familiar. El tribunal ordena, por último, devolver a la mujer su teléfono móvil, que figuraba como pieza de convicción.

El magistrado de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Teruel ha dictado auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Bruno P. B., el hombre investigado como responsable del accidente en Villel (Teruel) en el que murieron dos mujeres –su novia y una amiga–, y que huyó posteriormente del lugar.

El detenido ha ingresado en la prisión de Teruel este martes como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cocaína, dos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de omisión del deber de socorro y abandono del lugar del accidente. La Fiscalía había solicitado la prisión provisional, mientras que la defensa pidió su libertad.

El investigado pasó a disposición judicial pasadas las 9.30 horas. Tras su declaración, el juez escuchó a cuatro testigos: la dueña y un camarero del bar El Cazador, de Villel, y las dos personas que encontraron el vehículo accidentado.

Según recoge el auto, los responsables del bar declararon que el investigado consumió entre las 19.00 y las 23.40 horas dos cañas, dos copas de whisky, un tercio y ocho chupitos de whisky. Además, dio positivo en cocaína en el análisis practicado por los agentes. El propio Bruno P. B. admitió ante el juez ser alcohólico y consumidor esporádico de cocaína.

Los otros dos testigos, que acudieron a auxiliar a los ocupantes al ver el todoterreno siniestrado, un Jeep Cherokee, relataron que el conductor les dijo que “se le había ido el coche”, que desprendía un fuerte olor a alcohol y que no respondió, hasta en dos ocasiones, a la pregunta de si había más personas atrapadas en el vehículo. Cuando fueron a colocar la baliza de señalización, desapareció. El magistrado concluye que aprovechó ese descuido para huir “sin prestar un ápice de auxilio” a las dos mujeres.

“Manifiesto riesgo de fuga”

El juez aprecia un “manifiesto riesgo de fuga”, con independencia del arraigo del investigado, por la gravedad de las penas a las que se enfrenta: hasta seis años de prisión por cada uno de los homicidios y cuatro por el abandono del lugar del accidente, según la resolución. También justifica la medida en la necesidad de evitar que pueda destruir o manipular pruebas, entre ellas el análisis de su teléfono móvil. La decisión se apoya, además, en los informes preliminares de las autopsias.

El accidente de circulación tuvo lugar a las 00.15 horas del pasado domingo, 4 de octubre, a la altura del kilómetro 281,760 de la carretera N-330, en el término municipal turolense de Villel, consistente en salida de vía con vueltas en tonel.

El ahora encarcelado se entregó el mismo domingo por la tarde tras llamar al 112 informando de su ubicación a 20 kilómetros del siniestro. El hombre fue trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel al presentar dolor en el costado derecho y clavícula.

Las dos personas fallecidas son dos mujeres de 40 y 42 años de Teruel y Villel, respectivamente.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) tuvieron que intervenir en este accidente realizando labores de excarcelación de las dos fallecidas y prevención de riesgos. En esta intervención participaron un oficial y tres bomberos de la DPT; además colaboraron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNI) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se encargan de la investigación. Contra el auto cabe recurso de apelación.

El convenio urbanístico con el que el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Teruel preveía levantar cerca de un millar de pisos en el sector de Las Viñas ha sufrido un duro revés por un error en la tramitación, con lo que se viene abajo el proyecto estrella en materia de vivienda de la alcaldesa, Emma Buj. El problema radica en que las alegaciones que un grupo de ciudadanos presentó en octubre de 2024 acabaron por equivocación en otra oficina municipal y nunca fueron contestadas. El pleno aprobó este lunes por unanimidad declarar la nulidad del acuerdo que dio luz verde al convenio y archivar el expediente, once meses después de que los mismos grupos lo respaldaran también por unanimidad.

La decisión llega tras un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, fechado el 23 de julio, en el que cataloga de nulo de pleno derecho el acuerdo. El órgano consultivo no se limita a constatar que el Ayuntamiento aprobó el convenio sin responder a las alegaciones, sino que añade un segundo motivo: la junta de compensación que lo firmó solo tendría capacidad para suscribir dos de sus cláusulas.

El Ayuntamiento presentó el convenio el 3 de noviembre de 2025 como el acuerdo que “marcará el desarrollo futuro de la ciudad en los próximos 10 años”. El Gobierno del PP informó entonces de que el nuevo sector ocuparía 184.350 metros cuadrados, con una densidad de 60 viviendas por hectárea y un 40% de vivienda protegida. En total, 970 pisos previstos.

Un registro aceptado por error

El proyecto de convenio salió a información pública el 10 de septiembre de 2024, con la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. El 10 de octubre, un grupo de ciudadanos registró un escrito de alegaciones en el que pedía dejar sin efecto el proyecto: lo consideraban “ilegal, por 'huir' del marco normativo adecuado, que no es otro que el procedimiento de revisión del PGOU”, entonces en fase de aprobación inicial. Reclamaban además que se declarase la caducidad del expediente de expropiación abierto en 2017 a los propietarios no adheridos a la junta de compensación.

Sin embargo, su escrito nunca llegó al expediente del convenio. Fue enviado por error, como ha reconocido el propio Consistorio, a la Oficina de la Revisión del PGOU, que debía rechazarlo para que pasara a la Unidad de Planeamiento y Gestión. Según reconoció esa oficina el 29 de enero de 2026, “en vez de rechazarlo se aceptó, con el convencimiento de que estaba siendo rechazado correctamente”. Y no era así. Seis días después de presentadas las alegaciones, el 16 de octubre de 2024, el secretario general del Ayuntamiento certificó que no se había presentado ninguna.

El error afloró cuando uno de los alegantes pidió el 10 de diciembre de 2025 que se le notificara el acuerdo y cuando el grupo reclamó semanas más tarde la respuesta a su escrito. El pasado 2 de marzo el propio pleno inició la revisión de oficio al apreciar la omisión de un trámite esencial. Para entonces, el Ayuntamiento ya había advertido a la junta de compensación de que “no todas las unifamiliares existentes podrán respetarse” en la nueva ordenación.

Las conclusiones del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo da la razón al Ayuntamiento en la causa que este invocaba, un artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) que declara nulos los actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. El dictamen recuerda que el derecho de información pública “implica no solo tener la oportunidad de alegar sino el derecho a que las alegaciones formuladas sean leídas, atendidas y aceptadas o rechazadas motivadamente”. Y concluye que la causa de nulidad concurría “al haberse aprobado el convenio sin la previa resolución motivada de las alegaciones presentadas”.

Pero el órgano consultivo va más allá de lo que el Ayuntamiento planteaba. Tras examinar el contenido del convenio, sostiene que este “habría sido tramitado y suscrito por/con quien no tiene capacidad (artículo 3 LPAC) para aprobar alguna de sus estipulaciones”. La junta de compensación, afirma el escrito, “solo tendría capacidad jurídica para la suscripción” de las cláusulas relativas a la renuncia al programa de compensación y al desistimiento del proyecto de reparcelación y de la expropiación. Para el resto, “tendrían que haber concurrido a la suscripción del convenio los propietarios de los terrenos afectados”: tanto los integrados en la junta como los no adheridos y el titular de la parcela que amplía el ámbito por el norte.

El Consejo formula estas consideraciones sin haber recibido los estatutos y las bases de actuación de la junta. Los pidió al Ayuntamiento el 3 de julio y, según deja constancia en el dictamen, es “documentación que no ha sido remitida”.

La junta de compensación se reserva reclamar daños

La junta de compensación presentó alegaciones el 24 de marzo de 2026. En ellas sostiene que cualquier causa de nulidad es imputable “exclusiva y únicamente al funcionamiento de los servicios municipales”, invoca el principio de confianza legítima y se reserva el ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Anuncia que reclamará “el resarcimiento íntegro de todos los daños y perjuicios”, incluidos “honorarios de profesionales, proyectos, avales e intereses”.

El dictamen no se pronuncia sobre esas indemnizaciones. El informe jurídico municipal de 19 de junio tomó conocimiento del escrito “sin aceptar ni rechazar lo dicho” en él y preveía que, una vez declarada la nulidad, el procedimiento se retrotrajera para contestar las alegaciones de 2024. El acuerdo aprobado este lunes ordena, en cambio, el archivo de las actuaciones.

El debate de este lunes en el pleno se abrió a petición del PSOE. Su portavoz, José Antonio Guillén, subrayó que el Consejo Consultivo “no solo ratificó que el procedimiento administrativo no era el adecuado, al no haberse contestado a parte de las alegaciones que se presentaron, sino que añadió que el convenio no se ajustaba a derecho ya desde el origen”. “Hasta por dos veces se erró en la tramitación administrativa”, afirmó.

Guillén, que recordó que todos los grupos votaron a favor del convenio, dijo que esa vía “queda completamente obsoleta ahora mismo” a la luz del dictamen y preguntó si queda descartada para otros desarrollos con un número significativo de propietarios. También pidió evaluar las responsabilidades económicas que pueda tener que asumir el Ayuntamiento por un convenio que, dijo, “ha quedado en agua de borrajas”.

Discrepancias con el Consejo Consultivo

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, respondió que los servicios jurídicos municipales y los de la Oficina del Plan General no comparten el criterio del Consultivo de que el convenio deba firmarse con todos los propietarios. Explicó que su contenido ya está recogido en las determinaciones del nuevo Plan General para ese sector, por lo que firmarlo “no tiene tanta importancia como antes de que estuviera recogido en el plan general”.

La alcaldesa, Emma Buj, admitió que hubo un “error material” con la alegación, pero situó la cuestión principal en la exigencia de que el convenio se suscriba “con el 100% de los propietarios”. El dictamen, en cambio, aprecia como causa de nulidad la falta de respuesta a las alegaciones y formula la objeción sobre los propietarios “a mayor abundamiento”.

“El derecho no es una ciencia exacta. Si no, no habría jueces, habría calculadoras”, dijo Buj, antes de defender que los técnicos municipales mantienen otra posición porque en una junta de compensación “con el 51% de la propiedad se lleva adelante”. Justificó la nulidad en la voluntad del equipo de Gobierno de “no llegar a un contencioso” que, a su juicio, retrasaría durante muchos años el desarrollo.

La alcaldesa aseguró que el proyecto de casi mil viviendas “va a seguir adelante” por otra vía: “El Plan General está ya muy cercano a su aprobación, contempla ese desarrollo de las mil viviendas y por tanto ya no hace necesario ese convenio”, afirmó. Según explicó, el Ayuntamiento dispone de partida presupuestaria para el plan parcial y tiene los pliegos “prácticamente hechos”, a falta de decidir si el sector se ejecuta por compensación o por cooperación, con el propio Ayuntamiento al frente del desarrollo.

Esa decisión, dijo, se tomará tras reunirse con los propietarios que forman parte de la junta de compensación y con los que no. “Ambos tienen ventajas e inconvenientes y el 100% no va a estar de acuerdo nunca”, señaló.