El Ayuntamiento de Teruel ha vivido este lunes su primer choque político en el seno del nuevo escenario político tras el acuerdo entre el PP y Vox en el Gobierno de Aragón. Una moción de Vox sobre la llamada 'prioridad nacional' ha evidenciado diferencias con el PP en esta cuestión, hasta el punto de que los populares han unido su voto de rechazo al PSOE y Teruel Existe para tumbarla, justo en el mismo día en que los consejeros autonómicos de la coalición han tomado posesión.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa en línea con otras impulsadas por su formación y que ya han generado polémica en el Congreso de los Diputados. La moción se ha estructurado en siete puntos. Entre ellos, Vox ha planteado instar al Gobierno de España a repatriar a inmigrantes en situación irregular, establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda, revisar la normativa de extranjería y el acceso a la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión, así como limitar el acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal. También ha propuesto aplicar ese principio en vivienda desde Aragón y reservar las prestaciones y pensiones no contributivas a ciudadanos españoles.

Tanto solo el tercer punto ha sido el único que ha concitado cierto acuerdo, al centrarse en garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público mediante un uso “adecuado” de los servicios.

La alcaldesa, la popular Emma Buj, ha hecho un llamamiento a no criminalizar a los extranjeros en aras de la moderación y ha peedido modificar cinco puntos de la moción y retirar uno —el relativo a reservar prestaciones y pensiones no contributivas a españoles—. Sin embargo, Vox no ha aceptado ninguna enmienda y ha reprochado al grupo municipal del PP su falta de “valentía” por no votar el texto directamente, sin intentar introducir cambios.

“Segrega entre ciudadanos de primera y segunda categoría”

Desde el PSOE, el portavoz José Guillén ha señalado que el debate “no aporta ninguna novedad” respecto a lo ya visto en el Congreso. “De hecho, no han sido capaces de introducir la palabra Aragón en la exposición de motivos”, ha criticado. A su juicio, la llamada “prioridad nacional” pretende “dinamitar los principios fundamentales del Estado de Derecho” y vulnera el derecho internacional. Además, ha considerado que “segregar entre ciudadanos de primera y segunda categoría es una vergüenza” y ha advertido de que este planteamiento podría extenderse en el futuro a otros colectivos por razones ideológicas, culturales o religiosas.

Guillén también ha denunciado que se “señala a los más vulnerables” al asociar inmigración y criminalidad, y ha recordado el rechazo de organizaciones como la Iglesia católica o Amnistía Internacional. Además, ha pedido al PP que aclare cómo aplicará el concepto de arraigo.

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, ha rechazado la iniciativa al considerarla “inconstitucional” y ha afirmado que “pretende enfrentar a unos vecinos con otros”. “Lo que aquí se plantea no solo es irresponsable desde el punto de vista político, sino claramente ilegal desde el punto de vista jurídico”, ha asegurado, al entender que vulnera varios artículos de la Constitución y excede las competencias municipales.

El PP ha justificado su voto en contra apelando a la “responsabilidad y sentido de Estado” en un debate que, a su juicio, afecta a la convivencia. La concejala de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha afirmado que la prioridad nacional “no es una consigna vacía ni un eslogan político” y ha subrayado que los recursos públicos “los sostienen las personas que trabajan y cotizan”, recordando también la contribución de la población extranjera al crecimiento del país.

Romero ha defendido que, para el acceso a ayudas y vivienda, deben tenerse en cuenta “el arraigo real, la contribución y la vinculación con el territorio”, apostando por “criterios de compromiso, esfuerzo e integración, sin hablar del origen de nadie”. Asimismo, ha apelado a actuar “con responsabilidad y humanidad”, manteniendo la asistencia cuando sea necesaria, pero evitando “premiar a quien incumple la ley”. “Ni el buenismo ni el alarmismo solucionarán la situación”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, la Popular Enma Buj, ha presentado al PP como “el partido de la moderación y el sentido común donde creemos que los extremos no son buenos: no es bueno el buenismo con respecto a todos aquellos que vienen de otros puntos, ni tampoco lo es criminalización porque en Teruel viven miles de personas que han venido de todas partes del mundo que están trabajando y contribuyendo a que nuestra ciudad mejore”, ha defendido. Además, se da la circunstancia de que numerosas empresas de la provincia turolense reclaman trabajadores ante las difcultades para encontrarlos. Buj ha recordado que el Consistorio ofrece desde 2020 ayudas a la natalidad y de apoyo al comercio, sin que hasta ahora se haya generadeo ningún problema. También ha criticado al PSOE por “levantar muros entre españoles” y preocuparse poor cómo va el PP a medir el arraigo pero el gobierno del PSOE no aclare criterios sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes.

La moción de la discordia

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa calcada a la polémica debatida la pasada semena en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, ha asegurado que el Estado de bienestar “ha sido fruto del esfuerzo de generaciones de españoles”, pero ha advertido de que actualmente atraviesa “una profunda crisis por la gestión de los sucesivos gobiernos, con una asfixiante carga fiscal”.

Fernández ha atribuido el “colapso de los servicios públicos” a “la inmigración masiva y descontrolada” y ha señalado que se ha producido “una alteración demográfica que no responde al crecimiento natural de la población española”, que —según ha afirmado— ha disminuido en más de 750.000 personas desde 2020. En su argumentación, ha vinculado el aumento de población extranjera con un impacto en el padrón, los servicios sociales, la atención básica y la seguridad, citando incrementos en distintos tipos de delitos.

Según Vox, esta situación “limita el acceso de los nacionales a las ayudas en beneficio de los extranjeros” y provoca “una sustitución progresiva de la población española”, así como cambios en la identidad de los barrios. La formación ha defendido que “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas es legítima” y la ha enmarcado en un principio de “responsabilidad política”.

Uno de los últimos movimientos que le quedaban al PSOE aragonés en el proceso de renovación interna que vive desde la elección de Pilar Alegría como secretaria general, y que ha supuesto la purga de prácticamente todos los nombres vinculados a su antecesor Javier Lambán, era designar quién será la persona que suceda a Mayte Pérez como senador o senadora autonómica. Y la respuesta se conocerá tan pronto como el lunes, el día anterior a que expire el plazo en el que hay que proponerlo a las Cortes de Aragón. Pese a que habría surgido el rumor de que Zaragoza capital trataría de obtener este botín, finalmente será la provincia de Teruel la que represente al partido en la Cámara alta.

El lunes, los socialistas turolenses celebrarán una Comisión Ejecutiva Provincial en la que decidirán a quién eligen dentro de una terna –en principio, ya que no se descarta al 100% que al final surjan nuevos candidatos– compuesta por Rafael Guía, alcalde de Andorra y secretario provincial; Carlos Ros, alcalde de Ariño y miembro de la Ejecutiva de Pilar Alegría, y Joaquín Noe, exalcalde de esta localidad y secretario de Organización provincial.

Así lo han apuntado a este periódico fuentes del partido, que confirman que el territorio elegido para quedarse con el puesto de senador es la provincia turolense. En algunos foros se había apuntado a la posibilidad de que fuese Zaragoza capital la que optase al cargo, con el objetivo de la dirección del partido de acallar el runrún que nunca cesa en este importante núcleo. Sin embargo, por una cuestión de equilibrios internos en el partido será finalmente Teruel. Porque, de perderlo, de los puestos de relevancia a repartir en el partido en las Cortes de Aragón –los dos miembros de la Mesa, el escaño de senador autonómico, el portavoz parlamentario y el portavoz adjunto– Teruel se habría quedado únicamente con este último, de lejos el de menor importancia.

Mayte Pérez dejará el cargo un año después

La persona elegida relevará a Mayte Pérez, quien dejará este cargo apenas un año después de su designación. La exsecretaria provincial aceptó renunciar como diputada autonómica –era la portavoz socialista– e irse a la Cámara alta para no tensionar el partido y a su entorno y para facilitar una transición tranquila. A cambio, la nueva dirección del partido se comprometió a contar con ella para los órganos socialistas y para las listas electorales, algo que por ahora no ha sucedido.

Pese a retener el puesto en el Senado, la situación interna del partido en Teruel se encuentra lejos de estar tranquila. Según ha podido constatar elDiario.es de varias fuentes, hay malestar por la “inacción” de la dirección provincial, algo que no es nuevo ya que las mismas voces surgieron durante la campaña electoral respecto del trabajo llevado a cabo con anterioridad. A esto se suma la “descompensación” que hay entre la denominada 'tierra alta' y la capital, que “está ninguneada”, según estas fuentes. Lo cierto que es la mencionada terna para el Senado proviene de una única comarca, Andorra-Sierra de Arcos, dentro del partido judicial de Alcañiz.

El Subsector de Tráfico de Teruel, ha investigado al conductor de un turismo por la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a una velocidad superior al doble del máximo permitido. Además, los agentes apreciaron síntomas externos en el conductor, el cual circulaba presuntamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 17 de abril, cuando agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, tras instalar un control de velocidad en la carretera nacional N-211, próximo a la localidad de Monreal del Campo, detectaron a un turismo circulando a 181 km/h en una vía cuyo límite de velocidad genérico está establecido en 90 km/h.

Al interactuar el conductor con los agentes de la Agrupación de Tráfico, éstos apreciaron una clara sintomatología externa de encontrarse bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas por lo que procedieron a investigarle también por éste hecho.

El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia arrojando resultado negativo.

El conductor ha sido investigado por la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, contemplados en el Art. 379 apartados 1 y 2 del Código Penal, enfrentándose a penas por cada uno de los delitos, que conllevar desde prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde uno hasta cuatro años. Las correspondientes diligencias, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1.

La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad es un factor determinante en el 30% de los accidentes mortales en nuestro país, siendo una de las principales causas de siniestralidad según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico al estar presente en 1 de cada 5 accidentes con víctimas.

El diputado autonómico del PSOE Pedro Polo ha denunciado este lunes la privatización “de facto” de consultas y guardias en los servicios de ginecología, anestesia y urología del Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel después de concatenar cuatro contratos en poco más de un año que han supuesto gastar más de un millón de euros.

En una nota, ha apuntado que con la licitación actualmente en proceso se solapan dos contratos similares para los mismos servicios, precisamente cuando PP y Vox acaban de firmar un pacto de gobierno donde, ha resaltado, “no hay ni una sola línea en la que se hable de sanidad pública”.

“La prioridad de la sanidad pública no existe”, ha afirmado Pedro Polo ante los medios de comunicación a las puertas del centro sanitario de la capital, indicando que lo que siempre había sido “una cuestión excepcional” con el objetivo “de tapar algunos agujeros”, el Gobierno de Azcón lo ha convertido en una práctica “totalmente estable” que obedece “a una estrategia de privatización de la sanidad pública”.

El objetivo de las externalizaciones, que se replican en otros hospitales como Alcañiz o Barbastro es, ha afirmado el diputado en las Cortes de Aragón, “llevar dinero público a las arcas de empresas privadas”. Ha señalado, en este sentido, que los contratos “siempre se los queda la misma empresa”. “No hay competencia: en primer lugar se dio a dedo a Ribera Salud con contratos por procedimiento negociado sin publicidad, vendido como excepcional, y ahora siguen siendo para la misma empresa con un procedimiento abierto”.

Oposiciones paralizadas

Para Polo la estrategia de Jorge Azcón y el Partido Popular es “hacer pensar a la población que no hay médicos, que no hay posibilidad de cubrirlo con plazas públicas” denunciando que, sin embargo, los procesos de oposiciones y provisión de esas plazas “están completamente paralizados”.

“Mientras ponen todos los esfuerzos, aún estando en funciones, en privatizar la sanidad pública mediante contratos externos, no mueven un dedo para avanzar en los procesos selectivos y en la captación de médicos, que están totalmente paralizados”, ha reprochado Polo al Departamento de Sanidad, criticando además el “efecto perverso” de que los médicos de los contratos privados cobren mucho más que los médicos del sistema público.

“Están potenciando que nadie quiera venir a lo público”, ha dicho Polo, recordando que los contratos adjudicados y en licitación contemplan 1.750 euros al día por guardia en laborables y 2.350 en festivos mientras los médicos del sistema público las cobran a entre 300 y 400 euros. “Y encima el Gobierno de Aragón no tiene ni un solo minuto para hablar con ellos y solucionar sus problemas tanto salariales como de condiciones laborales”, ha concluido.

La reapertura de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto vuelve a aplazarse y no se producirá en la fecha previsto. La circulación, interrumpida desde febrero de 2025 por las obras de mejora de la infraestructura, no se restablecerá previsiblemente hasta el próximo otoño tras registrarse nuevas incidencias en el trazado. Teruel Existe y CHA han denunciado este “retraso intolerable” y han exigido a Adif “mayor celeridad”.

El principal contratiempo se produjo en marzo, cuando un episodio de lluvias intensas provocó un deslizamiento de tierras en un talud de unos 40 metros en la zona de Encinacorba, entre Caminreal y Cariñena. Este incidente ha obligado a activar trabajos de emergencia para reparar el punto afectado y a reforzar de forma preventiva otros dos taludes con características geotécnicas similares.

Estas actuaciones sobrevenidas prolongan el corte de la línea, que permanece sin servicio desde el 17 de febrero de 2025. Desde Adif señalan que se han movilizado todos los medios humanos y técnicos disponibles para acortar los plazos, aunque advierten de que la evolución de los trabajos dependerá en gran medida de la meteorología y de la complejidad del terreno. En paralelo, continúan avanzando las obras de electrificación.

Críticas por un “retraso intolerable”

El nuevo aplazamiento ha suscitado críticas de Teruel Existe y CHA, que consideran “inasumible” la demora acumulada en una infraestructura clave para el territorio. La línea, única conexión ferroviaria de la capital turolense, se cerró con una previsión inicial de reapertura en noviembre de 2025 tras nueve meses de obras. Posteriormente, el calendario se amplió al primer cuatrimestre de 2026 por problemas técnicos en la ampliación de gálibos en varios túneles, una previsión que tampoco se ha cumplido.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha calificado la situación de “lamentable” y ha advertido de que una actuación prevista para nueve meses podría prolongarse “más del doble, hasta veinte meses o incluso dos años”. A su juicio, este nuevo retraso “no se puede tolerar” y supone una “burla” para la provincia, además de estar provocando la pérdida de usuarios habituales del tren.

Por su parte, el diputado autonómico de CHA y alcalde de Longares, Miguel Jaime, ha calificado la situación como “muy grave para todo el territorio” y ha denunciado la falta de planificación ante problemas previsibles en un trazado complejo. Jaime ha anunciado que su formación llevará iniciativas al Congreso para exigir explicaciones al Ministerio de Transportes y a Adif, así como un calendario “claro, público y verificable” de finalización de las obras.

Asimismo, ha reclamado mayor agilidad en la resolución de los problemas detectados en Encinacorba y ha alertado de las afecciones que las obras están causando en caminos rurales, redes de abastecimiento y en la carretera ZP-3205, único acceso al municipio. “El aislamiento ferroviario que se sufre desde hace más de un año es inadmisible”, ha subrayado.

Desde Teruel Existe también han insistido en que muchas de las incidencias surgidas durante la obra deberían haberse previsto previamente, al tratarse de actuaciones ligadas a la ampliación de gálibos y adecuación de la infraestructura previas a la electrificación. Por ello, reclaman acelerar los trabajos y destinar todos los recursos necesarios para reabrir la línea “cuanto antes”.

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado una nueva paralización de las obras del ferrocarril Sagunto–Teruel–Zaragoza y ha atribuido el retraso a la “falta de planificación” del Gobierno central. La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha señalado que este nuevo contratiempo se suma a anteriores aplazamientos derivados de errores en el proyecto inicial y posteriores modificaciones. “Tres paralizaciones, tres excusas distintas y un mismo responsable: el Gobierno de España y su mala gestión”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el desprendimiento del talud era una incidencia “previsible” en un tramo con zonas inestables.

Desde el PP han subrayado que la provincia de Teruel lleva más de un año sin conexión ferroviaria, con consecuencias para la ciudadanía y el tejido económico. El diputado turolense Javier Domingo ha advertido de que los continuos retrasos están afectando a la movilidad, la competitividad empresarial y el transporte de mercancías en todo el corredor. En este contexto, el grupo ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para exigir la finalización de las obras y un calendario “claro y fiable”, reclamando al Ejecutivo central una planificación “seria” y el despliegue de los recursos necesarios para evitar nuevos aplazamientos.

Varios municipios turolenses se han convertido en un laboratorio de participación ciudadana para analizar cómo viven, comen y se mueven sus habitantes, con el objetivo de mejorar la salud y reducir desigualdades en el medio rural. El proyecto, iniciado en 2024 y que finalizará en abril de 2027, busca identificar los llamados “desiertos alimentarios y de actividad física”, es decir, zonas con acceso limitado a alimentos saludables o a recursos para hacer ejercicio. Para ello, combina análisis técnicos con metodologías participativas que sitúan a la población en el centro del estudio.

“Queremos descubrir el día a día de las personas en relación con la alimentación y el ejercicio, así como las barreras que encuentran”, explica la investigadora principal, Isabel Antón Solanas. El trabajo de campo incluye entrevistas individuales, grupos de discusión de entre cinco y siete personas con perfiles similares y técnicas como el “fotovoz”, en la que los participantes documentan con imágenes aquellos elementos que facilitan o dificultan llevar una vida saludable.

Las preguntas abordan cuestiones sobre la forma en la que los habitantes de estos pueblos acceden a los alimentos, los recursos que necesitan o las alternativas que utilizan, como pueden ser los huertos o las pequeñas explotaciones ganaderas. También se trata de conocer las dificultades, la que más destaca la investigadora es la movilidad: “Si no tienes coche, no puedes comer; para comprar el pan hay que coger el coche”, señala Antón. Esta dependencia del vehículo privado se traduce en una limitación en caso de envejecimiento o de dificultades físicas: “En el momento en el que una persona tiene un cierto deterioro no puede vivir en su pueblo”.

El estudio busca recoger una muestra amplia y diversa de la población, con participación de jóvenes de entre 12 y 17 años, adultos, mujeres, personas con discapacidad, migrantes y técnicos municipales. En este proceso ha sido clave la implicación de los ayuntamientos, especialmente en localidades como Singra, Monreal del Campo, Jatiel o Monroyo, donde ya se han recogido datos que ahora se ampliarán a otros municipios.

Uno de los ejemplos es Singra, cuyo ayuntamiento colabora activamente en el proyecto. Allí, la participación está abierta a vecinos a partir de 12 años, que aportan su experiencia para identificar necesidades y proponer mejoras adaptadas a la realidad local. El trabajo se está desarrollando mediante entrevistas y dinámicas participativas en los próximos meses.

Desde el Ayuntamiento de esta localidad de 76 habitantes, destacan la participación activa de los vecinos y vecinas: “Aportando su experiencia, identificando necesidades y proponiendo posibles mejoras para el pueblo”. Con esta colaboración, el Ayuntamiento “refuerza su compromiso con la participación ciudadana y el impulso de iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el municipio”, exponen. 

La vocación de este proyecto es aplicar las conclusiones que extraigan para mejorar la vida de las personas. Tras finalizar las entrevistas en junio, el equipo abordará el análisis de los datos y, posteriormente, regresará a cada municipio para compartir los resultados. “Analizamos de forma global y también por municipio; luego volvemos, validamos la información con la población y planificamos conjuntamente acciones y soluciones”, detalla la investigadora. Esta fase de devolución y co-diseño está prevista para septiembre.

El enfoque se enmarca en la investigación-acción participativa, una metodología que combina análisis científico y transformación social. El objetivo final es que los resultados no solo describan la realidad, sino “que sirvan para impulsar políticas públicas, atraer recursos y mejorar servicios e infraestructuras en zonas rurales”.

Entre los resultados esperados figura también la creación de un Observatorio Europeo que recopile datos, buenas prácticas y herramientas para abordar los desiertos alimentarios y de actividad física. Con ello, los investigadores aspiran a situar las necesidades del medio rural en la agenda política y contribuir a reducir las desigualdades en salud entre territorios. La iniciativa forma parte del proyecto DESERT (Estrategias de Dieta y Ejercicio para la Equidad en Territorios Rurales), coordinado en España por la Universidad de Zaragoza y desarrollado junto al Instituto Aragonés de Investigación Sanitaria, con financiación del Instituto de Salud Carlos III. También participan instituciones de Portugal y Turquía, lo que permite comparar realidades rurales en distintos países europeos.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha hecho públicos este lunes los primeros datos de la peatonalización del centro histórico, correspondientes a la semana del 8 al 15 de abril, confirmando una notable reducción del tráfico rodado en esta zona de la ciudad.

Durante esos siete días accedieron al centro un total de 13.326 vehículos, frente a los 18.974 registrados en una semana tipo del mes de marzo –del 16 al 22–, lo que supone 5.648 coches menos. En términos porcentuales, la disminución alcanza el 29,75%, prácticamente un 30%, tal y como ha destacado la alcaldesa.

La caída es aún más significativa durante los fines de semana. Mientras que los días 21 y 22 de marzo accedieron 4.065 vehículos, en el primer fin de semana de aplicación de la medida –11 y 12 de abril– lo hicieron 2.313, lo que supone una reducción cercana al 50%.

Buj ha subrayado que estos datos “demuestran que la vida con la peatonalización mejora a mucha gente” y ha insistido en que la medida afecta principalmente a personas que no son residentes, comerciantes ni cuentan con autorización específica para acceder al centro histórico. En este sentido, el Ayuntamiento ha recibido ya unas 2.100 solicitudes de acceso, muchas de ellas con más de un vehículo asociado. Todas ellas cuentan actualmente con autorización provisional mientras se revisan los expedientes.

La alcaldesa ha explicado que, como suele ocurrir, la mayoría de solicitudes se han concentrado en las semanas previas y posteriores a la entrada en vigor de la medida.

Desde el Consistorio aseguran que los vecinos del centro histórico ya han percibido mejoras importantes, especialmente en la reducción del ruido y del tráfico, así como en la disponibilidad de aparcamiento en zonas reguladas.

También se ha optimizado la organización de la carga y descarga, aunque todavía se trabaja en la adaptación de algunos proveedores y profesionales. Por el momento no se ha tramitado ninguna sanción, ya que el sistema se encuentra en periodo de pruebas, si bien la alcaldesa ha advertido de que estas comenzarán a aplicarse en breve.

Accesos al nuevo hospital

En la misma Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación número 1 del proyecto de urbanización de los accesos al nuevo Hospital General de Teruel, una actuación que ejecuta el Gobierno de Aragón.

Esta modificación afecta exclusivamente a las canalizaciones de servicios como suministro eléctrico, gas, saneamiento y abastecimiento en un tramo aún no ejecutado. El objetivo es adelantar su instalación para facilitar la puesta en funcionamiento del hospital lo antes posible. Buj ha precisado que se trata de un ajuste técnico menor, sin coste económico para el Ayuntamiento, derivado de la necesidad de adaptar el trazado previsto.

Entre otros asuntos, el Ayuntamiento ha aprobado la pérdida del derecho a cobro de 1.000 euros de una subvención concedida a la Federación de Vecinos por falta de justificación completa, dentro de un convenio global de 50.000 euros.

Asimismo, se ha autorizado la cesión del Teatro Marín para la celebración del evento 'Teruel Mágico'; una transferencia de 96.612 euros a la sociedad municipal Urban teruel para su funcionamiento, y la prórroga de un contrato para mejorar la gestión de los suministros energéticos municipales.

Por último, se ha desestimado un recurso presentado por una empresa en el proceso de licitación del contrato para la gestión de la población de palomas, al no acreditar los requisitos exigidos en su momento.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.

El origen de las comadrejas es, al menos, tres millones de años más antiguo de lo que se pensaba. Así lo demuestra el estudio publicado en la revista científica Palaeontology, que ha permitido adelantar el origen de la subfamilia Mustelinae —a la que pertenecen comadrejas, hurones y visones— gracias al análisis de fósiles procedentes del yacimiento de Las Casiones (Teruel).

El trabajo, liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), describe un nuevo género y especie de pequeño carnívoro, denominado Galanthis baskini, y demuestra que este grupo ya estaba presente al final del Mioceno, hace unos 6,5 millones de años. Hasta ahora, los fósiles más antiguos de comadrejas se habían encontrado en Polonia y Alemania en yacimientos del Plioceno de unos 3,5 millones de años, por lo que este hallazgo, basado en materiales del territorio aragonés, duplica su historia evolutiva.

Este pariente de las comadrejas ya presentaba un tamaño corporal muy reducido, 134 gramos, similar al de la comadreja menor (Mustela nivalis), el carnívoro más pequeño en la actualidad. Sin embargo, los investigadores destacan que sus piezas dentales ya muestran adaptaciones propias de una dieta altamente carnívora. Los resultados, publicados en Palaeontology, permiten comprender mejor cuándo y cómo surgieron las comadrejas y sus parientes cercanos, así como las adaptaciones que les permitieron ocupar nuevos nichos ecológicos y la evolución de los ecosistemas del hemisferio norte.

“El hallazgo sugiere que la reducción de tamaño y las adaptaciones para capturar pequeños vertebrados aparecieron muy pronto en la historia evolutiva de este grupo, probablemente en relación con cambios ambientales y con la expansión de ciertos roedores durante el final del Mioceno”, ha destacado Alberto Valenciano, profesor ayudante doctor de Paleontología de la UCM.

Los fósiles estudiados proceden de excavaciones realizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) durante la década de 1990 en el área de Teruel dirigidas por el investigador Luis Alcalá.

El estudio ha combinado técnicas clásicas de anatomía comparada con métodos de análisis avanzados. Entre ellos destaca el uso de microtomografía computarizada (micro-CT), que ha permitido reconstruir en tres dimensiones el interior de los dientes y de la mandíbula y observar estructuras anatómicas invisibles desde el exterior.

“Esta investigación es un claro ejemplo de la gran riqueza fosilífera de mamíferos en Aragón, reconocida a nivel mundial: nuestro equipo lleva décadas contribuyendo a la excavación de yacimientos y al estudio de los fósiles de mamíferos”, ha el coautor y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, Daniel de Miguel.

Revisión de otro mustélido y planes futuros

El trabajo también revisa la clasificación de otro mustélido fósil procedente de China y de edad similar al que han denominado Zdanskyictis. “Este nuevo análisis permite establecer relaciones evolutivas más claras dentro de la familia, situándolo cerca de los linajes que dieron lugar a las nutrias (Lutrinae) y a los ictoniquinos (Ictonychinae), un grupo que incluye especies actuales como el turón jaspeado, la comadreja africana o el grisón”, ha destacado Valenciano.

El siguiente paso, adelanta el investigador, será encontrar nuevos fósiles que permitan reconstruir con mayor detalle la evolución temprana de las comadrejas y sus parientes. “Paralelamente, el equipo continúa investigando el registro fósil de los mamíferos carnívoros del Mioceno y el Plioceno en la región mediterránea y en África, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la evolución temprana de distintas familias de carnívoros”, ha agregado Valenciano.

Actualmente se están desarrollando nuevos estudios y excavaciones en yacimientos de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, así como en distintos puntos de Egipto, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Turquía y China. En esta investigación, liderada por la Universidad Complutense de Madrid, han participado las universidades de Zaragoza y Valencia, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), el Instituto de Evolución en África, el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology de la Academia China de Ciencias, y la Universidad de Washington.

Un hombre de 56 años, vecino de Calamocha y trabajador de la empresa Transportes Tortajada, ha perdido la vida este martes en un accidente laboral ocurrido en el polígono Cuencas Mineras de Montalbán. Ha sucedido en torno a las 10:20, cuando la víctima se encontraba realizando tareas de descarga.

Se trata del décimo accidente laboral mortal en Aragón en lo que va de 2026, según han confirmado desde UGT. Fuentes del sindicato han exigido “mayor control y medios para tomar medidas de choque para parar esta lacra de la siniestralidad mortal en Aragón”. Consideran que “un muerto en accidente de trabajo es una tragedia, diez un drama de primer orden social y debería ser político también”.

Hace cuatro días otro trabajador de 42 años falleció en San Mateo de Gállego tras ser alcanzado por una excavadora. Las organizaciones sindicales han anunciado que convocarán una concentración en los próximos días para exigir mayores controles y medidas preventivas que frenen esta “sangría” de víctimas.

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de incendio con peligro para las personas, producido el pasado 18 de marzo en una vivienda de la localidad de Mora de Rubielos.

La investigación, iniciada por el Equipo ROCA de Mora de Rubielos, con la colaboración del Área de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y especialistas del Departamento de Incendios del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Valencia, determinaron la existencia de cinco focos diferentes dentro de la vivienda lo que concluyó que el incendio se produjera de manera intencionada.

Tras las diferentes líneas de investigación, el pasado 25 de marzo, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona de 52 años.

El detenido habría residido con anterioridad en la vivienda, que fue cedida por su propietario, hasta el momento en que el propietario le comunicó que tenía que abandonar el inmueble, obteniendo como respuesta amenazas y el posterior incendio de la casa, han señalado desde la Comandancia de Teruel.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel.

La Batalla de Teruel estuvo marcada por el frío extremo, la nieve y el desgaste de dos ejércitos ya debilitados. Ese escenario es el que reconstruye la novela gráfica 'Teruel. La lucha helada' una obra que aborda uno de los episodios clave del conflicto con un lenguaje cercano y, en ocasiones, crudo. Su autor, Eneko Tabernilla, construye el relato desde la perspectiva del ejército republicano y en primera persona, con una narración que avanza casi jornada a jornada. El cómic recorre así el desarrollo de la batalla desde la llegada de las tropas para tomar la ciudad hasta el fin de la batalla el 22 de febrero de 1938 con el asalto final a la ciudad por parte del bando sublevado.

“El 23 de febrero de 1938 se dio por terminada la batalla con la ciudad cambiando de manos por tercera vez en menos de tres meses. Setenta y un días de combate que dejaron casi al 70% de sus edificios reducidos a escombros”, relata Tabernilla en las páginas finales de la novela.

“El objetivo era hacer una crónica de la batalla que no fuera superficial”, explica. En esa reconstrucción, además de los combates, cobra importancia el contexto en el que se desarrollaron: una ciudad que había permanecido en manos sublevadas durante toda la guerra y en la que parte de la población no abandonó sus casas pese al avance del frente. La obra se detiene también en ese ambiente y en las condiciones extremas en las que vivieron quienes permanecieron allí.

El interés de Tabernilla por este episodio viene de lejos. “La Guerra Civil siempre me ha interesado”, señala. A su juicio, la batalla de Teruel ha quedado relegada en el imaginario colectivo pese a su importancia estratégica: “Fue una batalla de desgaste que acabó debilitando al ejército republicano y ayuda a entender lo que vino después”.

El origen del proyecto fue, sin embargo, casual. Surgió como un trabajo académico durante sus estudios de ilustración digital, cuando tuvo que realizar seis páginas de cómic. Sus profesores le animaron a continuar y comenzó a mover la idea entre editoriales, aunque sin un guion definido. “No sabía muy bien qué iba a contar en la siguiente página”, reconoce.

El proyecto dio un giro cuando una editorial Cascaborra, especializada en cómic bélico e histórico, decidió apostar por él. “Presenté doce páginas y me pidieron un guion. Ahí fue cuando empezó a tomar forma de verdad”, explica. En ese proceso, y ante la necesidad de dotar de rigor histórico al relato, contactó con el historiador Blas Vicente, que ha trabajado como asesor.

“Cada vez que me documentaba veía errores que había cometido”, admite. La colaboración con Vicente permitió corregir imprecisiones y profundizar en los detalles, tanto narrativos como visuales. La obra presta especial atención a elementos como uniformes, armamento o aviación, con referencias ajustadas a la realidad de la época. “Son detalles que quizá no se ven a primera vista, pero aportan profundidad”, apunta.

"Nadie pensó nunca que una ciudad tan pequeña pudiera exigir un sacrificio tan grande, pero aquella batalla se convertiría en mera estadística comparada con las que vendrían después"

Teruel. La lucha helada

Tras más de tres años de trabajo, el autor reconoce que ha tenido que dejar parte del material fuera. “Hay cosas que se han quedado en el tintero, pero cumple la función que quería”, afirma. El resultado, añade, es el cómic que le habría gustado leer sobre la guerra civil.

Más allá del rigor, Tabernilla subraya la voluntad de mostrar el sufrimiento compartido en ambos bandos. “He intentado ser justo con todo el mundo. Lo pasaron muy mal todos”, señala.

La novela gráfica se presentará el próximo 18 de abril en Teruel con una ruta por distintos enclaves históricos de la ciudad, guiada por el autor y por Blas Vicente, abierta al público.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha remitido al Ayuntamiento de Andorra un escrito en el que solicita la suspensión de las centrales fotovoltaicas proyectadas en el municipio por Forestalia y posteriormente traspasadas a BRUC, cuyo inicio de obras se ha anunciado como inminente en los últimos días.

Las plantas afectadas son Mudejar I, Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. Tras un “estudio exhaustivo” de las licencias concedidas por el consistorio y de las resoluciones emitidas por el Gobierno de Aragón, la plataforma asegura haber detectado “irregularidades significativas que deberían suspender cualquier actividad relacionada con los citados proyectos”.

Entre los principales argumentos, el colectivo señala que las licencias municipales fueron concedidas “un año antes” de la publicación en el BOA de las autorizaciones de la Dirección General de Energía y Minas. A su juicio, esto sería “el equivalente a conceder licencia para una obra particular sin haber presentado un proyecto visado”. Además, sostienen que las autorizaciones autonómicas “no se corresponden con el proyecto aprobado por el consistorio”, al incluir modificaciones posteriores que afectan tanto a los vértices del vallado como a la tipología de los módulos fotovoltaicos.

La plataforma también advierte de que en algunos proyectos, como Ilio III, Sedeis II y Sedeis VI, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publicó meses después de la concesión de las licencias municipales. Recuerdan que estas deben incorporar el contenido ambiental de dicha declaración, por lo que “deben ser posteriores” y no pueden otorgarse de forma condicionada, ya que sería “como conceder una licencia de obras sujeta a que el informe del arquitecto municipal sea favorable”.

El escrito vincula además la tramitación de estas centrales con el “escándalo de la empresa promotora”, que “presuntamente obtuvo las autorizaciones ambientales de sus proyectos de forma corrupta”. En este sentido, citan la diligencia de una funcionaria encargada de la evaluación ambiental, que dejó constancia de que la tramitación de informes pasó de la empresa pública SARGA a “una empresa privada participada por cargos vinculados a partidos políticos y que había trabajado para Forestalia con anterioridad”. Este hecho, añaden, quedó expuesto en la Comisión sobre renovables celebrada en las Cortes de Aragón, “sin consecuencias”.

Otro de los puntos que subraya la plataforma es que, en su opinión, los nueve parques conforman en realidad “un único proyecto fragmentado de forma artificial” para su tramitación ante el Gobierno de Aragón y el INAGA. Argumentan que las instalaciones “forman un continuo”, comparten línea de evacuación y subestación eléctrica, y pertenecen a la misma promotora.

Por último, apuntan a un posible incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según indican, tras la concesión de las licencias municipales, la Comisión de Urbanismo realizó anotaciones y requerimientos relacionados con la posible ocupación de suelo no urbanizable especial, con fecha de 9 de junio de 2023, “seis meses después de haber sido concedidas las licencias”.

A la vista de estos elementos, la plataforma considera que existen “argumentos suficientes” para que el Ayuntamiento suspenda las licencias y “todas las acciones derivadas de las mismas”. Asimismo, sostiene que el consistorio “no puede excusarse en motivaciones económicas ni convertir en rehenes conceptos como el desarrollo o la industrialización”, al entender que plantean “un falso dilema” y que “no existe ningún bien que se derive de la corrupción”.

El Subsector de Tráfico de Teruel investigan al conductor de un turismo por un presunto delito contra la seguridad vial, tras realizar una maniobra de adelantamiento bajo condiciones meteorológicas adversas, poniendo en peligro tanto su vida o integridad física como la de los ocupantes de los vehículos implicados que circulaban correctamente. 

Los hechos ocurrieron el pasado día 05 de marzo de 2026, cuando la Guardia Civil de Teruel, recibió comunicación de un usuario, quien aportó un video grabado en la carretera nacional N-211 (Guadalajara-Fraga), en proximidades de la localidad de Martín del Rio. En las imágenes se observa un turismo realizando un adelantamiento a otro vehículo, en un tramo sin prohibición de adelantamiento, pero con una visibilidad notablemente reducida debido a las condiciones meteorológicas, mientras circulaba el denunciante correctamente en sentido contrario, comprometiendo la seguridad de los usuarios. 

El vídeo muestra como el presunto autor del adelantamiento, siendo consciente de la situación de peligro generada, no desiste de su maniobra, llegando a dar ráfagas de luces al vehículo que circula correctamente en sentido contrario, éste para evitar la colisión se ve obligado a orillarse hacia el arcén, cruzándose los vehículos con una separación lateral extremadamente próxima y poniendo en concreto peligro la integridad de los ocupantes de los tres vehículos implicados. 

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Teruel, ha instruido las correspondientes diligencias, remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1

Esta maniobra de adelantamiento podría constituir un delito contra la seguridad vial por conducción de un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro concreto la vida o la integridad de las personas contemplado en el artículo 380 del Código Penal, puede llevar aparejada una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Guardia Civil, recuerda que las maniobras imprudentes y más concretamente en el caso de los adelantamientos incrementan de forma significativa el riesgo de colisión frontal, uno de los tipos de siniestros más letales en las vías interurbanas. El cumplimiento estricto de las normas de circulación y la adaptación a las condiciones ambientales que obligan a adecuar la velocidad, distancia de seguridad y alumbrado es esencial para garantizar la seguridad del conjunto de los usuarios de la vía.

Gobierno de Aragón, agentes sociales y alcaldes, así como la Diputación Provincial de Teruel, van a presentar una declaración conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo una respuesta “clara” a la situación de bloqueo actual tras la reducción del proyecto por parte de Enel (Endesa). La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha mantenido este lunes una reunión en Teruel en la que se ha acordado reclamar una “alternativa que se pueda ejecutar ya”.

Vaquero ha advertido de que las soluciones planteadas hasta ahora “generan más incertidumbre y un problema de seguridad jurídica”, en referencia a la posibilidad de adjudicar a otras empresas la capacidad de acceso no utilizada. A su juicio, esta opción “no está jurídicamente recogida en los términos actuales” y abre interrogantes sobre su aplicación y plazos. En este sentido, ha señalado que incluso en el supuesto de que se pudiera llevar a cabo esa reasignación, “sería necesario iniciar una tramitación que podría alargar aún más los tiempos”, algo que considera incompatible con la urgencia del territorio. “La propuesta no convence y dilata una respuesta que es necesaria”, ha resumido.

La vicepresidenta ha insistido en que “han pasado cuatro años desde la adjudicación” y ha defendido que se trata de “un proyecto estratégico que no puede someterse a más riesgos ni recortes”. Además, ha subrayado que el problema “no se ha generado en el territorio, sino desde el Gobierno de España”, por lo que ha reclamado “una solución clara de quien lo ha creado”. Asimismo, ha reclamado una respuesta conjunta para toda la provincia y ha advertido de que “el futuro de estos pueblos está en juego”. “Se nos ofreció una transición justa y no queremos que sea fallida e injusta”, ha añadido, rechazando además que fondos como el FITE o las ayudas al funcionamiento puedan servir como compensación a la falta de empleo y oportunidades.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha mostrado la “preocupación” de la institución provincial y ha recordado que ya se opusieron al cierre de la central térmica “porque no había un plan de transición previo”. “No tuvimos plan de transición entonces y lo peor es que hoy tampoco lo tenemos”, ha lamentado. “Aquellas ilusiones y los planes de acompañamiento que se anunciaron ahora vemos que tampoco van a llegar”, ha añadido. Juste ha ofrecido a la Diputación como espacio de cohesión para articular una respuesta conjunta: “Ofrecemos la DPT para trabajar en esa unidad de toda la provincia y redactar un documento común para exigir al Ministerio que cumpla lo que nunca cumplió: un plan de transición, actividad económica y empleo”.

Agentes sociales

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha mostrado su respaldo a la postura del Gobierno de Aragón y ha advertido de las consecuencias del recorte del proyecto. “Perdemos una fuente de energía que era la que iba a traer esa industria”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “la energía que necesitábamos no va a llegar y las empresas que se habían anunciado no están llegando ni van a llegar”. Santa Isabel ha añadido que el problema “responde a una dinámica recurrente en la provincia, donde cada vez que llegan fondos o oportunidades nos encontramos con lo mismo de siempre”.

En la misma línea, el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, ha reclamado una explicación clara sobre la situación actual del proyecto. Ha recordado que el concurso partía de una potencia inicial de 1.800 megavatios y que Endesa ha reducido su desarrollo a unos 400. A su juicio, las alternativas planteadas en las últimas semanas “no son muy legales” y ha pedido una reunión para “que nos expliquen la verdad, que no nos mareen más”. Blasco ha advertido de que, si la situación se prolonga, “se van a cargar otra comarca” y ha alertado de las consecuencias en el empleo: “Si las empresas no vienen, moriremos todos; si esto se alarga uno o dos años, nos quedaremos sin gente para trabajar”.

Desde el ámbito sindical, Alejo Galve (UGT), ha considerado que el cierre de la central térmica fue “precipitado” y ha sostenido que “no había planificación suficiente”. En su opinión, la situación actual demuestra que “no se ha ejecutado bien el proyecto y nos encontramos con una incertidumbre total en el territorio”. Galve ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta y ha apelado a la unidad institucional y social: “Es fundamental para el mantenimiento de la provincia. Tenemos que hacer manifestaciones conjuntas, reunirnos con el Ministerio y buscar una solución que afecte a toda la provincia y a la comunidad”.

La declaración conjunta, según han avanzado, se formalizará en los próximos días y tendrá como eje principal exigir una solución inmediata que no prolongue la incertidumbre.

Recorte de la potencia

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se planteó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos procedían del propio Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso objeciones, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico. Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones.

La semana pasada, la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se reunió con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le trasladó que desde el Ministerio trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar conforme a la DIA. Carreras descartó un nuevo concurso y apuntó que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicaría a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

El reciente cambio de rumbo tras la 'jibarización' del proyecto energético de Enel-Endesa, adjudicataria del concurso del Nudo Mudéjar para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020, y que ha pasado de solicitar 1.844 MW a dejarlo en 406, ha obligado a los alcaldes de las localidades afectadas y a los gobiernos central y autonómico a mover ficha y buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para las comarcas turolenses afectadas por el cierre de la central.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos venían precisamente del Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso pegas, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico.

Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones de euros.

En la reunión de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, con diez alcaldes de las comarcas afectadas, ya se avanzó la petición de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Asimismo, se expresó el rechazo al tiempo irrecuperable perdido por la tardanza de la DIA ministerial.

Por su parte, Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, justificó la tardanza en la emisión de la DIA, en febrero de 2026, que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Entre dichos condicionantes, señaló que “muchos de ellos vienen también marcados por las comunidades autónomas, ya que las DIA son un ejercicio que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, pero que cuenta con informes técnicos, como en este caso los del Inaga”, justificó Carreras tras su reunión con el alcalde de Andorra, Rafael Guía.

Larga serie de reparos

De hecho, el Inaga formuló una larga serie de reparos a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Nudo Mudéjar. Estos afectaban a la ZEPA «Desfiladeros del Río Martín», a la fauna y la avifauna (tanto en informes de información pública como en consultas posteriores), así como a distintos proyectos: el Parque Eólico (PE) Empeltre, el PE Ítaca, el PE La Torica, el PE La Plana, el PE El Castillo y el PE Pitarra. También se refirieron a las plantas solares fotovoltaicas (PSFV), a los efectos acumulativos y sinérgicos y a las medidas de seguimiento.

El Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio trabaje ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. En cuanto a posibles compensaciones o a un plan de acompañamiento desde el Ejecutivo autonómico para facilitar inversiones en el territorio, Vaquero se remitió al Ministerio, señalando que “la prioridad es garantizar alternativas reales a la inversión, el empleo y el desarrollo”, sin descartar pedir responsabilidades en el futuro.

El Ejecutivo autonómico ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que establecer los plazos y plantear las alternativas”.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

La Policía Local de Teruel ha identificado, tras meses detrás de la pista, a una persona que de forma reiterada, lanzaba desde su vehículo pañales usados de gran tamaño a la vía pública, en el casco urbano de la ciudad.

Esta conducta provocó la acumulación de restos en diferentes zonas, generando quejas habituales por malos olores y un malestar ciudadano persistente.

Los hechos se produjeron durante varios meses, con distintos patrones tanto temporales como en relación a los lugares donde se arrojaban los residuos. Gracias a la labor de vigilancia y seguimiento de agentes de la Policía Local de Teruel, se consiguió finalmente detectar e identificar a la persona infractora, procediéndose a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

Este tipo de comportamientos, que afectan negativamente a la convivencia, al ornato y a la salubridad pública, son objeto de control por parte de los agentes de la Policía Local de Teruel.

Su actividad preventiva constituye en muchas ocasiones el punto de partida de expedientes sancionadores contemplados en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas conductas pueden conllevar sanciones económicas que, en función de su gravedad, oscilan entre los 750 euros para infracciones leves, entre 750,01 y 1.500 euros para infracciones graves, y entre 1.500,01 y 3.000 euros para infracciones muy graves, pudiendo ser graduadas según criterios como la trascendencia social o el daño causado.

Asimismo, el consistorio advierte de que continuará intensificando las labores de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, apelando a la responsabilidad cívica de la ciudadanía para mantener la ciudad en condiciones adecuadas de limpieza, respeto y convivencia.

En el pequeño municipio turolense de Libros, donde apenas residen un centenar de habitantes, la llegada de 152 escolares de los colegios de Las Viñas, La Salle y Las Anejas ha convertido por un día la lectura en una experiencia compartida, viva y cercana. La segunda edición de 'Libros que cuentan', impulsada por el área infantil y juvenil de la editorial Planeta, ha reunido a cinco autores de referencia de la literatura infantil con niños que no solo leen sus historias, sino que ahora pueden conocer a quienes las crean. Entre talleres, firmas y encuentros, la iniciativa demuestra que acercar los libros al medio rural no solo fomenta la lectura, sino que transforma la manera en que los jóvenes se relacionan con ella, despertando curiosidad, emoción y nuevas formas de entender la cultura. La iniciativa ha sido el preámbulo de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil el próximo 2 de abril.

“Hemos ido a Libros a leer libros”, resumirá Héctor en su redacción escolar la jornada vivida en este pueblo con nombre tan metafórico. Integrado en la comarca de la Comunidad de Teruel, este municipio llegó a tener una población de 2.500 habitantes pero ahora cuenta con un centenar entre los que se incluyen cuatro niños que van al colegio a la capital provincial. Se ha hecho merecedor de este encuentro tras colaborar con el programa 'Mi pueblo lee', que “nos proporciona los autores del grupo Planeta y que lleva cinco años en marcha”, explica el alcalde, Raúl Arana, una trayectoria que, según apunta, ha sido clave para que la editorial se fijara en Libros como sede de esta iniciativa. Este municipio se ha convertido en símbolo de dinamización cultural tras reunir más de 60.000 libros donados desde toda España y proyectar una biblioteca-hotel inspirada en la Biblioteca Pública de Nueva York.

El encuentro entre escolares y sus autores preferidos llenó este miércoles la Plaza Mayor, que también lleva el nombre del escritor turolense Javier Sierra, con talleres, firmas y encuentros literarios. A la cita han acudido autores de las series más destacadas: Pedro Mañas y David Sierra Listón, creadores de la colección Anna Kadabra, fenómeno editorial con más de dos millones de lectores; Susanna Isern, autora de la exitosa colección 'Magic Animals'; Isabel Álvarez, autora de Clara Nox, una nueva narrativa infantil middle grade (un espacio narrativo que actúa de puente entre la inocencia de la infancia y la complejidad de la adolescencia) para fans de Amanda Black, y Raquel Díaz Reguera, escritora e ilustradora de referencia en literatura infantil, acaba de presentar 'El caos de Beca', una colección inspirada en los cambios que vive un preadolescente antes de pasar al instituto. Además, como autor invitado para la ocasión también ha participado el mítico Gerónimo Stilton.

Los autores

La creadora de Clara Nox, Isabel Álvarez, tiene claro que cuando un niño cierra un libro “ya no es el mismo niño”.  Satisfecha con la experiencia y analizando el éxito de sus libros, relata que los niños le han dado “mucha información y muy interesante”. Los chicos le han contado que cuando leían un episodio tenían ganas de seguir, porque en el cole las profesoras mantenían el misterio hasta el día siguiente al acabar cada capítulo. Además, conectan con la protagonista porque es una chica a la que han alejado de lo que ella conoce –su madre está enferma y a miles de kilómetros–, por lo que no encaja en su nuevo ambiente. “Clara tiene mucha personalidad y aunque siente la presión por encajar, ella sigue manteniendo su personalidad”, desgrana su autora. A su juicio, “los niños, cuando leen fantasía, aprenden a volar en un simulador sin riesgo de estrellarse. Y aprenden mucho de habilidades, sobre todo cuando no encajan, pero intentan seguir adelante. Utilizando un término de psicología, el espacio transicional es la intersección entre el mundo interior del niño y su realidad exterior. A veces el mundo es difícil para un niño, hecho por adultos, con reglas que no han decidido”, explica. La colección de Clara Nox acaba de publicar el segundo libro en febrero y el tercero sale en julio.

La escritora e ilustradora Raquel Díaz Reguera ha dado un giro en su trayectoria con su nueva colección al reconocer que la editora le hizo salir de su “zona de confort” y dar “un paso adelante”. Su proceso creativo ha sido exigente: “He intentado ponerme verdaderamente en los ojos de una niña de 12 años y ha sido el libro al que más tiempo le he dedicado”. Defiende una literatura que no juzgue al lector joven al explicar que en su libro “la que habla es Beca y trato de no ningunear para nada lo que ella siente”. La autora también reflexiona sobre el contexto actual de los niños y adolescentes al señalar que “nos preocupa mucho que se entreguen a las pantallas, pero a lo mejor es que hemos perdido mucho tiempo sin iniciarlos en otras experiencias culturales”. A Raquel Díaz le ha sorprendido especialmente la aceptación del libro entre los niños. “Les gusta mucho y me hace mucha ilusión porque antes solo era lectura de niñas” y reconoce que “la respuesta está siendo brutal”. En su proceso creativo ha contado con una ayuda muy cercana, ya que “mi hija ha sido como un experimento social. Ella es la que me lee y me dice, mamá, esto no se dice así”.

Los creadores de la colección Anna Kadabra, David Sierra Listón y Pedro Mañas, admiten que el éxito de la saga sigue siendo difícil de explicar porque “ojalá lo supiéramos para repetirla, no sabemos qué ingredientes hemos mezclado”. Aun así, identifican algunos factores clave como un texto que conecta con los niños también a través de las ilustraciones “que les flipan”, dando lugar a un trabajo conjunto entre escritor e ilustrador que ha permitido “un producto muy auténtico en el que todo el mundo está muy implicado”.

Destacan además un logro fundamental en la iniciación lectora de los escolares, ya que “mucha gente nos dice que Anna Kadabra es el primer libro que sus hijos leen solos”. Su conexión con el público infantil tiene que ver con su propia actitud porque “nunca hemos dejado de ser niños” y tienen claro que “los niños detectan a la legua cuando un mayor se está haciendo pasar por un niño”. También defienden abordar temas complejos dentro de la literatura infantil al afirmar que “la magia es solamente una excusa para hablar de muchas otras cosas”, incluyendo cuestiones como “política y la especulación inmobiliaria” que trataron en uno de sus libros. Durante el encuentro se han mostrado sorprendidos por el nivel de los jóvenes lectores porque “conocen todos los libros e incluso recuerdan detalles que nosotros mismos hemos olvidado”.

La autora Susanna Isern reivindica el valor de la literatura infantil al reconocer que “ha estado bastante denostada”, aunque que cada vez tiene más presencia. Subraya su importancia en la formación personal al afirmar que “estamos creando a las personas que van a ser futuros lectores”.

Explica el principal reto de su trabajo porque “lo más complicado es dar con esa tecla que hace que un niño empiece a leer un libro y no lo abandone”. Para lograrlo apuesta por “historias frescas, personajes originales, por una chispa que haga que los niños se emocionen”. También destaca la influencia directa de los lectores en su proceso creativo, ya que a veces le dicen: “¿y por qué no creas un personaje o por qué no sale este otro?. Y esas peticiones las trasladamos muchas veces a los nuevos libros”, admite. Aunque Isern es consciente de la dificultad de vivir del oficio cree que eventos como este “ayudan y mucho a dar proyección”.

Los lectores

Los escolares han sido los verdaderos protagonistas de la jornada. Noemí, Sofía y Elia son fans de `Clara Nox´ “por sus aventuras, los vigilantes, los monstruos y porque hay muchos poderes”. Confiesan que la descubrieran en el colegio y ahora dan su voto de confianza al cole a la hora de elegir sus lecturas, aunque proponen a sus docentes leer también al veterano Gerónimo Stilton. “Antes, el colegio era aburrido cuando no leíamos en clase pero ahora ya nos compramos nuestros propios libros”, comentan orgullosas.

Luca, sin embargo, es fan de `Magic Animals´ “porque es de aventuras y me divierte mucho y me gusta la trama y los personajes”. Sin embargo, la jornada en Libros le ha servido para descubrir también a Anna Kadabra. A Luca le gusta escribir y adelanta que en su redacción de clase escribirá lo bien que se lo ha pasado y que le hayan firmado los autores porque “hemos visto que los autores existen de verdad”, añadía.

Héctor, alumno de Las Viñas, cuenta que un día llegó su profesora planteando leer unos libros para hacer luego una actividad en Libros. Todo empezó con 1, 2 y 3 de ´Magic Animals´ y es la colección que le gusta “por mucho” respecto a otras. Le encantan los animales, como Eric, el oso. Y aunque reconoce que no le gusta mucho leer, estos libros le facilitan seguir la historia “porque no son tan espesos, cuenta con ilustraciones y letras más grandes”. De la experiencia, Héctor resume que “hemos hecho una excursión muy chula. Hemos ido a Libros a leer libros”, y también les ha servido para descubrir el pueblo, a pesar de su cercanía a la capital.

Los cómplices: la editorial, el ayuntamiento y el colegio

La segunda edición de 'Libros que cuentan' ha transformado el pequeño municipio turolense de Libros en un punto de encuentro entre autores y jóvenes lectores con un objetivo claro, acercar la literatura infantil al medio rural porque, como subraya la editora de Planeta, Anna Casals, “estamos convencidos de que los libros para los niños son importantísimos”, y apuesta por llevar este tipo de iniciativas al medio rural, donde no suele haber tantas herramientas y oportunidades como en las ciudades. De hecho, dos de las autoras, Isabel y Silvia, pasaron la infancia y parte de la adolescencia, en un pueblo de Asturias una, y en un pequeño municipio catalán, otra, lo que a Isabel le sirvió para hacer realidad sus ansias de descubrir y a Silvia, para inspirarse en la naturaleza siempre presente en sus obras.

El alcalde de Libros, Raúl Arana, resalta la emoción de este día porque “es una alegría tener 150 niños cuando de normal viven 50 personas de manera continua en el pueblo, 4 de ellos, niños” y añade que “cuando nos lo propusieron, ni nos lo pensamos”. Arana destaca que este tipo de actividades forman parte de una estrategia más amplia de dinamización cultural que se desarrolla en el municipio. Durante el verano el pueblo multiplica su población y se organiza una semana cultural además de un festival literario que se celebra el 5 de junio, al que han acudido autores famosos y se presenta como una oportunidad para conseguir contactos.

Desde el ámbito educativo, destacan que la experiencia ha tenido un impacto directo en los hábitos lectores. Magdalena Amat, profesora de 4º de primaria del colegio La Salle, explica que, al conocer la idea, les facilitaron una colección para que los niños pudieran concocerla y ella, junto con otra tutora, Elena Soriano, decidieron hacer lecturas por las mañanas y dejaban a los alumnos en suspense hasta el día siguiente, “lo que provocó que se engancharan rápido”. El resultado ha sido evidente porque “les ha gustado mucho la historia y les hace ver la literatura de otra manera”. También destaca que a muchos de sus alumnos les cuesta bastante coger un libro pero esta experiencia les ha metido más en la historia. Por ello defiende que “es una iniciativa muy buena porque el libro requiere más tiempo que la inmediatez a la que estamos sometidos, pero podemos optar por más cosas”.