Tres de cada cuatro edificios inspeccionados hasta ahora en el entorno de El Tubo de Zaragoza presentan algún tipo de desperfecto. Es el principal resultado de la segunda fase del Plan Especial de Inspección de Edificios impulsado por el Ayuntamiento, que ha revisado ya 16 inmuebles y tres solares, el 45,95% de las 42 fincas incluidas finalmente en este ámbito del Casco Histórico.

Los trabajos, iniciados el pasado 16 de junio, han permitido comprobar que doce de los dieciséis edificios inspeccionados presentan deficiencias de distinta consideración. De ellos, diez registran deterioros leves asociados al paso del tiempo y al uso, como humedades, desconchados o filtraciones superficiales; uno requiere reparaciones de grado medio y otro presenta deficiencias estructurales graves que obligarán a acometer obras prioritarias de consolidación, aunque sin riesgo inminente de colapso ni necesidad de desalojo.

Los cuatro edificios restantes se encuentran en buen estado de conservación y cumplen los estándares de habitabilidad y ornato, según los datos facilitados este viernes por el Ayuntamiento.

En cuanto a la seguridad de la vía pública, únicamente uno de los inmuebles inspeccionados ha obligado al Consistorio a dictar medidas cautelares para asegurar su fachada y evitar posibles desprendimientos.

Las humedades y los problemas en balcones y voladizos son las patologías más frecuentes detectadas por los técnicos municipales, presentes en once de los edificios inspeccionados. Les siguen las deficiencias de conservación general, localizadas en nueve inmuebles, y los problemas estructurales, que afectan a ocho. Además, en seis edificios se han detectado daños en cubiertas y presencia de insectos xilófagos, habituales en construcciones históricas con elementos de madera.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha atribuido la elevada presencia de humedades a las características del entorno de El Tubo, donde abundan las antiguas bodegas en sótanos y subsuelos y existen solares vacíos que favorecen la filtración del agua hacia las medianeras de los edificios colindantes.

Las inspecciones también han puesto de manifiesto un cumplimiento desigual de la normativa sobre conservación de edificios. Solo ocho de los dieciséis inmuebles visitados cuentan con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable y registrada, mientras que la otra mitad no tiene regularizada esta obligación.

Estas inspecciones se producen después de que, en los últimos meses, varios incidentes hayan reabierto el debate sobre el estado del patrimonio edificado del Casco Histórico de Zaragoza. El más reciente ocurrió en la calle Las Arcadas, en La Magdalena, donde el hundimiento de dos plantas de un edificio obligó a desalojar a sus vecinos y el inmueble acabó siendo declarado en ruina por el Ayuntamiento. Meses antes, el derribo de la histórica casa de Estébanes 12-14, con origen en el siglo XVI, generó una fuerte controversia entre el Consistorio y expertos en patrimonio sobre si era posible conservar parte del edificio.

La puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza —destinada a asumir competencias del sistema Viogén contra la violencia de género— sigue atascada. Tan solo nueve agentes se han presentado para cubrir las ocho plazas convocadas (menos del 0,7% de la plantilla), un resultado que los sindicatos califican de “fracaso total”. Tras conocerse los datos, la alcaldesa Natalia Chueca ha cargado duramente contra las organizaciones sindicales, pidiéndoles “generosidad” y que “dejen de pensar en sí mismos y piensen más en las mujeres zaragozanas”. Chueca da la negociación por cerrada, defiende que el plus ofrecido está en la línea de otras ciudades y acusa a los sindicatos de querer forzar un aumento económico por encima de lo pactado.

Natalia Chueca ha cargado contra los sindicatos por cuestionar las condiciones del servicio y el PSOE ha acusado al Gobierno municipal de convertir la adhesión al sistema Viogén en un “elemento propagandístico”. La alcaldesa ha afirmado que los sindicatos “están intentando cobrar un plus mayor y cambiar las condiciones respecto a las que se han pactado”. Ha asegurado que el complemento ofrecido está en línea con el de otras ciudades e, incluso, por encima de lo fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También ha recordado que el Ayuntamiento revisará esa cuantía dentro de un año, en función de la carga de trabajo que asuma la unidad.

La regidora ha aprovechado además para reivindicar la actuación del Partido Popular en la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén. Ha recordado que fue el entonces alcalde Jorge Azcón quien inició los trámites y ha sostenido que ha sido su Gobierno el que ha culminado la adhesión para que la Policía Local pueda colaborar con la Policía Nacional en la protección de las víctimas de violencia de género.

Las declaraciones llegan después de que los sindicatos calificaran de “fracaso total” el resultado de la convocatoria para integrar la Unidad Égida. Las organizaciones sindicales sostienen que la escasa participación responde a que las condiciones laborales y económicas planteadas por el Ayuntamiento no resultan atractivas y rechazan que la baja cifra de aspirantes se deba a una falta de compromiso de la plantilla.

CCOO insiste en que el resultado de la convocatoria “no supone un fracaso de la plantilla, sino del modelo diseñado por el Gobierno de Natalia Chueca”. El sindicato sostiene que las condiciones impuestas de forma unilateral, la falta de reconocimiento de la formación y la experiencia específicas, la disponibilidad permanente y la incertidumbre sobre el funcionamiento de la unidad han desincentivado la participación.

El PSOE acusa al PP de hacer “propaganda”

El concejal socialista Horacio Royo ha acusado al Gobierno municipal de convertir la adhesión al sistema Viogén en un “elemento propagandístico” y ha criticado que, siete años después de que Jorge Azcón anunciara la incorporación de Zaragoza al sistema estatal, la unidad siga sin completarse y todavía no haya una fecha concreta para iniciar la formación de sus integrantes.

Royo ha asegurado que conoció el resultado de la convocatoria con una “sensación de profunda vergüenza” y ha atribuido la escasa respuesta de los agentes a las condiciones económicas planteadas por el Ayuntamiento. Según ha explicado, el complemento previsto ronda los 90 euros mensuales para un puesto con una elevada disponibilidad, frente a los cerca de 265 euros que perciben los agentes de la Policía Nacional que realizan funciones similares.

Por ello, ha instado al Gobierno municipal a reabrir la negociación con los sindicatos y a destinar la subvención concedida por el Gobierno de Aragón para la implantación de Viogén a mejorar las retribuciones de los agentes que integren la Unidad Égida. Además, ha advertido de que poner en marcha la unidad sin cubrir todas las plazas supondrá una mayor carga de trabajo para quienes finalmente se incorporen.

Jesús Martínez de la Fuente, profesor de investigación del CSIC en el INMA (CSIC-Unizar) ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, en la modalidad de Transferencia de Conocimiento, uno de los máximos reconocimientos científicos que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El galardón reconoce su destacada trayectoria en la transferencia del conocimiento en el ámbito de la nanobiotecnología.

Profesor de Investigación del CSIC y fundador del grupo BIONANOSURF del INMA, desarrolla su investigación en el diseño de nanomateriales para aplicaciones biomédicas, especialmente dirigidas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Su trabajo ha dado lugar al desarrollo de nanopartículas funcionalizadas capaces de interactuar con procesos biológicos complejos, nuevas estrategias para dirigir fármacos hacia células específicas y biosensores basados en nanopartículas para la detección de biomoléculas. Una investigación de frontera que ha ido acompañada de una intensa actividad de colaboración con empresas y de protección y transferencia de resultados, favoreciendo que el conocimiento generado pueda convertirse en nuevas tecnologías con aplicaciones reales.

El Premio Nacional Juan de la Cierva distingue precisamente a investigadores que han demostrado una trayectoria sobresaliente convirtiendo el conocimiento científico en innovación útil para la sociedad y el tejido productivo. En esta edición, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha querido reconocer la contribución de Jesús Martínez de la Fuente al desarrollo de la nanobiotecnología y su capacidad para impulsar la transferencia de resultados de investigación.

Este reconocimiento supone también un respaldo al modelo científico del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que combina investigación de excelencia con una clara vocación de transferencia. Como Centro de Excelencia Severo Ochoa, el INMA sitúa la colaboración con empresas, instituciones y agentes sociales entre sus prioridades para acelerar la llegada de nuevas tecnologías a la sociedad y contribuir a afrontar retos en ámbitos como la salud, la energía o las tecnologías avanzadas.

La Audiencia Nacional condenó en abril a dos años de prisión y al pago de una multa doce meses con seis euros de cuota diaria, a un hombre afincado en Zaragoza por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA cometido de forma continuada a través de una red social.

La investigación se inició en junio de 2024, cuando la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Navarra tuvo conocimiento de la existencia de varios perfiles en una conocida red social en los que el usuario estaría cometiendo de forma indiciaria y mantenida en el tiempo un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas, así como realizando amenazas de carácter grave a diversas personalidades públicas.

Desde ese momento, se procedió a realizar un seguimiento continuado de los mismos y se observó que tras el cierre de alguno de estos perfiles, presumiblemente por denuncias a la red social de otros usuarios de la red, aparecían casi de forma simultánea otros perfiles similares con el mismo nombre, imágenes y vídeos publicados.

Los datos fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional dando lugar a una investigación por un presunto delito de enaltecimiento basado en terrorismo, humillación a sus víctimas y difusión de mensajes terroristas a través de internet.

Tras varios meses de investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Aragón se llevó a cabo la detención de un ciudadano afincado en la provincia de Zaragoza al cual se le intervinieron varios dispositivos. Tras el análisis de estos quedan debidamente acreditados los delitos antes mencionados, así como otro de pornografía infantil.

La nueva Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza comenzará a andar con una participación mínima en el proceso de selección. El plazo para incorporarse al equipo se ha cerrado con una solicitud para la plaza de intendente y nueve para las ocho plazas de agente, una cifra que el sindicato CSL, mayoritario en el cuerpo, considera un “fracaso total” al no alcanzar, según sostiene, ni el 1% de la plantilla. Un resultado que llega tras semanas de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y los sindicatos por las condiciones económicas y organizativas del servicio.

El desenlace se produce, además, después de que el Ayuntamiento haya solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para facilitar la incorporación de las policías locales al sistema Viogén. La convocatoria autonómica permite financiar el cien por cien de las actuaciones subvencionables e incluye expresamente los complementos asociados a las guardias y a la atención de las víctimas de violencia de género.

El Consistorio anunció hace meses su intención de adherirse al sistema Viogén y conformar la Unidad Égida, encargada de asumir estas funciones dentro de la Policía Local. Aunque el número de aspirantes supera en uno las plazas convocadas para agentes, desde CSL sostienen que la escasa participación evidencia el “rechazo” de buena parte de la plantilla a las condiciones planteadas por el Ayuntamiento. “Significa que algo ha fallado”, resume el sindicato, que vincula el resultado al conflicto mantenido durante las últimas semanas.

En la reunión mantenida este miércoles entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales, el Gobierno municipal se comprometió a revisar las condiciones de la unidad una vez lleve un tiempo en funcionamiento. Sin embargo, según CSL, ese compromiso no incluye cambios en aspectos que consideran clave, como la disponibilidad telefónica o las condiciones laborales que han centrado la negociación, por lo que el sindicato no aprecia “visos” de que la situación vaya a modificarse.

Fuentes municipales evitaron valorar el número de aspirantes. “Cuando acabe el proceso de selección se harán las valoraciones pertinentes”, señalaron, al tiempo que recordaron que el plazo para presentar solicitudes ya ha concluido, pero que el procedimiento continúa ahora con la actuación del tribunal encargado de la selección.

Un conflicto enquistado

La negociación entre ambas partes se ha prolongado durante semanas. Los representantes sindicales denunciaron inicialmente que la propuesta económica del Ayuntamiento suponía una compensación de apenas 1,79 euros diarios por la disponibilidad exigida a los agentes, una cifra que calificaron de insuficiente para un servicio con las características de Viogén. Posteriormente, el Gobierno municipal anunció que había alcanzado un acuerdo para poner en marcha la Unidad Égida, aunque las organizaciones sindicales desmintieron que existiera ese consenso y acusaron al Consistorio de dar por cerrada una negociación que seguía abierta.

Los sindicatos remitieron la pasada semana un nuevo comunicado en el que califican de “surrealista” el proceso negociador. En él denuncian la “falta de seguridad jurídica” derivada de las modificaciones introducidas en la Orden General del Cuerpo, critican que el Gobierno municipal se haya negado a convocar una última Mesa General de Negociación para votar el acuerdo definitivo y acusan tanto al consejero de Régimen Interior como a la alcaldesa, Natalia Chueca, de permitir una situación que, a su juicio, “aboca al fracaso absoluto” la implantación de la Unidad Égida.

Frente a esas críticas, el Ayuntamiento ha defendido durante las últimas semanas que las condiciones ofrecidas son suficientes para poner en marcha el servicio y ha confirmado a este diario que ha solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para sufragar parte de los costes de la unidad.

La convocatoria de subvenciones, publicada en junio en el Boletín Oficial de Aragón, está dotada con 300.000 euros y contempla la financiación del 100% de las actuaciones subvencionables. Entre ellas se incluyen expresamente los complementos e indemnizaciones del personal asociados a las guardias o a la atención de los casos de violencia de género, además de la formación de los agentes y otros gastos corrientes relacionados con el servicio.

La orden prevé, además, ayudas de hasta 250 euros mensuales por cada efectivo dedicado a estas funciones y de hasta 300 euros al mes para la coordinación de la unidad, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la convocatoria.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

Investigadores del grupo EXER-GENUD (Exercise, Growth, Nutrition and Development) de la Universidad de Zaragoza han liderado una exhaustiva revisión sistemática que revela una tendencia preocupante: los componentes de la condición física relacionados con la salud en niños y adolescentes europeos han sufrido un declive persistente durante las últimas seis décadas.

El estudio, publicado en la revista científica Sports Medicine - Open, ha analizado una muestra masiva de 417.362 participantes de entre 6 y 16 años procedentes de 20 países europeos. El trabajo no solo actualiza las tendencias hasta el año 2023, sino que incluye por primera vez el impacto del periodo de la pandemia de COVID-19 en la salud física juvenil.

La investigación forma parte de la tesis doctoral de Daniel Domingo del Val (primer autor) personal investigador en formación del Gobierno de Aragón, dirigida por el catedrático José Antonio Casajús y el profesor titular Ángel Matute-Llorente.

El trabajo pone en evidencia que durante la infancia y la adolescencia no se alcanzan los niveles adecuados de condición física, en fuerza, flexibilidad y composición corporal, y declive en la condición cardiorrespiratoria. Estos componentes, son determinantes para la salud actual y futura de esta población, por lo que “estamos perdiendo una magnífica oportunidad que será difícil recuperar”, coinciden los autores.

Resultados clave del estudio

La investigación detalla la evolución de los principales marcadores de salud física en cuatro aspectos: fuerza muscular, flexibilidad, composición corporal y resistencia cardiorrespiratoria. La fuerza del tren superior ha mostrado un descenso general desde los años 70, con un breve periodo de estabilidad entre 1980 y 2000 antes de volver a caer. Por su parte, la fuerza del tren inferior (medida mediante saltos) aumentó hasta los años 80, pero desde entonces ha sufrido un descenso constante hasta la actualidad.

Por otro lado, la flexibilidad es el componente con la tendencia más negativa, que muestra un descenso continuo que se ha acelerado notablemente desde el año 2000. En cuanto a la composición corporal, se observa un empeoramiento lineal constante (aumento de la adiposidad), una tendencia que el Índice de Masa Corporal (IMC) por sí solo suele subestimar.

Finalmente, la resistencia cardiorrespiratoria, tras un declive histórico, muestra una cierta estabilización o ralentización de la caída entre 2015 y 2023, aunque los investigadores advierten de que sus niveles siguen siendo inferiores a los registrados en décadas anteriores.

Un llamado a la acción pública

“Estos hallazgos refuerzan la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover la actividad física desde las instituciones públicas”, señalan los investigadores aragoneses. El estudio hace especial hincapié en la importancia de cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, incluyendo actividades de fortalecimiento muscular y óseo al menos tres veces por semana.

El estudio ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón y diversas redes de investigación nacionales como CIBEROBN y EXERNET, y el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, mixto UNIZAR-CITA).

La nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana de Zaragoza no se aprobará finalmente este mes. Un error administrativo en la tramitación del expediente ha obligado al Ayuntamiento a aplazar su aprobación definitiva hasta septiembre, cuando estaba previsto que pasara por el pleno municipal de julio.

El problema se produjo en la documentación necesaria para llevar la norma a votación. El expediente no contaba con uno de los requisitos adminitrativos en los plazos que estaban establecidos, la documentación debía estar disponible para los grupos municipales con una antelación mínima de 48 horas antes del pleno. Al no cumplirse este requisito, el Gobierno de Zaragoza ha optado por retrasar su aprobación.

La aprobación definitiva tendrá que esperar así al primer pleno al acabar verano. El retraso no modifica el contenido de la ordenanza, que ya ha sido negociada entre el Partido Popular y Vox y que salió adelante con su apoyo.

Una norma con multas de hasta 3.000 euros

La norma pretende regular el uso del espacio público y establecer sanciones ante determinados comportamientos considerados incívicos.

Entre las medidas incluidas figuran multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves. El texto contempla sanciones por actos vandálicos, grafitis o venta ambulante no autorizada, además de otras conductas como el botellón, despedidad de soltero o comportamientos que generen molestias en el espacio público.

Uno de los puntos que más debate ha generado durante la tramitación de la ordenanza es la sanción por dormir en parques y jardines. La norma incluye multas para quienes utilicen estos espacios públicos como lugar de descanso, una medida que ha sido especialmente criticada por su posible impacto en las personas sin hogar. Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una regulación sobre el uso del espacio público, mientras que las entidades sociales y parte de la oposición consideran que puede acabar sancionando situaciones de vulnerabilidad.

Zaragoza en Común (ZEC) ha denunciado un presunto trato de favor del Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP) hacia el empresario Juan Forcén, propietario del restaurante El Roto y muy próximo al presidente autonómico y exalcalde Jorge Azcón, tras analizar la documentación económica relativa a las concesiones de los quioscos del parque José Antonio Labordeta. Según la formación, el Ayuntamiento dejó de cobrar cerca de 40.000 euros en concepto de canon durante varios meses y tardó hasta un año en emitir los recibos correspondientes a varias de las empresas del grupo.

El parque cuenta con seis quioscos, cinco de ellos adjudicados a sociedades vinculadas a Forcén mediante un concurso público formalizado el 26 de mayo de 2022. Los pliegos establecían un periodo de carencia inicial de nueve meses para acometer las obras de reforma integral exigidas. Ante los retrasos en la tramitación de las licencias municipales, el Ayuntamiento amplió ese plazo mediante un decreto del 1 de julio de 2024, lo que retrasó el inicio de la obligación de pago del canon en todos los establecimientos: siete meses adicionales para El Roto, casi cinco para La Tagliatella, cerca de diez para Pura Brasa, casi ocho para Frutolandia y casi trece para Latas.

Zaragoza en Común sostiene que, más allá de estas prórrogas concedidas por la propia Administración municipal, dos de los establecimientos continuaron sin abonar cantidades relevantes porque el Gobierno municipal no había emitido los recibos. Así, Frutolandia acumuló una deuda de 26.430 euros correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2023 y el 22 de mayo de 2024, y Latas, 12.433,99 euros por el mismo periodo. En conjunto, 38.863,99 euros permanecieron sin cobrar hasta que los recibos fueron finalmente girados el 15 de julio de 2026. La formación añade que otros recibos de El Roto y La Tagliatella se emitieron con aproximadamente un año de retraso respecto a las fechas en que debían haberse girado.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha calificado de “incomprensible que una administración que exige puntualidad a miles de autónomos, pequeños comerciantes y familias” no emitiera durante años “los recibos correspondientes a uno de los grupos empresariales más beneficiados por concesiones municipales”.

Diez reclamaciones por 310 euros

La formación ha señalado además que distintas sociedades del mismo grupo empresarial –entre ellas Painting Promovende, Port Venecia Espresso, Masaland PA, WTCZ Espresso, Ribs Puerto Venecia, Sibuya Plaza España, FM6 2012 Local Rent y Plaza 14 Tower Real State– presentaron en junio de 2024 diez reclamaciones ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Zaragoza por diferencias de apenas 310 euros en tasas municipales. Tomás ha contrapuesto ese dato con los casi 40.000 euros que el propio Ayuntamiento había dejado de reclamar.

El restaurante El Roto ha sido además objeto de expedientes de la Policía Local. Entre ellos, uno abierto en enero de 2025 por un supuesto incumplimiento de las obligaciones de información a los consumidores, relacionado con la falta de hojas oficiales de reclamaciones. La sanción fue abonada en junio de 2026 con la reducción prevista por pronto pago.

Para Zaragoza en Común, la sucesión de hechos –ampliaciones extraordinarias de los plazos de carencia, retrasos de hasta un año en la emisión de recibos y casi 39.000 euros no reclamados hasta julio de 2026– no responde a un error administrativo aislado. “Estamos ante una forma de gestionar que siempre parece beneficiar a los mismos. Cuando se trata de determinados empresarios, todo son facilidades, retrasos y comprensión. Cuando se trata del resto de la ciudadanía, el Ayuntamiento actúa con una diligencia muy distinta”, ha afirmado Elena Tomás.

La formación ha anunciado que continuará investigando la documentación de estas concesiones y que exigirá responsabilidades políticas por una gestión que considera incompatible con los principios de igualdad, transparencia y buena administración.

La gigafactoría que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de una 'joint venture', a la que han denominado Contemporary Star Energy (CSE), ha recibido este lunes el visto bueno definitivo del Gobierno de Aragón. El anuncio ha servido para conocer más detalles sobre las obras en la planta: el más destacado, que la firma asiática ha optado al final por alojar dentro del recinto a los trabajadores chinos que vengan para levantar el complejo, y que alcanzarán una punta de 1.700 personas.

Esto es lo que ha trasladado el presidente autonómico, Jorge Azcón, en el acto por la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), en el que ha estado acompañado por Andy Wu, director general de CSE. Los números aportados de la gigafactoría son los conocidos: una inversión de 4.100 millones de euros, una superficie de 89 hectáreas que se amplía en la actual planta, una capacidad de producción de 50 GWh y en torno a 4.000 puestos de trabajo directos. Pero lo que no se sabía, y cuya trascendencia aún está por determinar, son las condiciones residenciales con que contarán los empleados del país asiático que lleguen a Zaragoza para impulsar el complejo.

En la actualidad ya son 172 los empleados chinos, todos ellos a sueldo de CATL, los que están llevando a cabo los primeros trabajos, dentro de un contingente inicial que está ya trabajando ahí –el resto, de contratas españolas–. Pero con el paso de los meses el incremento será muy significativo. Así, según ha precisado Azcón de media habrá unos 1.000 empleados chinos en la factoría, y el “pico máximo” será de 1.700 personas. “Eso va a ser solo en la fase de construcción y debido al conocimiento especializado que tienen en este tipo de instalaciones –ha querido matizar el jefe del Ejecutivo autonómico–. Cuando esté en plena producción, serán 4.000 los trabajadores de nuestra comunidad autónoma los que habrá de manera continua”.

Azcón ha resuelto la incógnita del alojamiento, que había generado inquietud en los municipios del entorno dada las dificultades que podría suponer un fuerte aumento poblacional para por ejemplo los servicios sanitarios. En la zona, la localidad próxima más poblada es Pedrola con 3.800 vecinos. Sin embargo, los empleados chinos residirán en el mismo complejo de automoción: “La solución que se plantea es dentro de la fábrica, dentro de la gigafactoría. Se trata de un complejo de viviendas temporales, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y en el que el Gobierno ayudará”, ha explicado el dirigente popular.

Ante las dudas planteadas, Azcón ha querido precisar que el recinto contará con “todos los permisos”. “Estamos teniendo un cuidado especial, tanto con los permisos administrativos y como con la construcción. Un proyecto de estas características trasciende las fronteras de Aragón y de España, no podemos permitirnos equivocarnos en una cuestión como esta”, ha incidido. También ha hecho alusión al Ministerio de Trabajo, del que depende la concesión de los permisos y los visados.

La “sólida tradición industrial” en Aragón

Sobre el proyecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que “sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción”. “El calendario previsto permitirá que las primeras fases de producción comiencen durante los primeros meses de 2027, un hito que supondrá el inicio de una nueva etapa para la industria europea de la automoción”, ha explicado el presidente.

Por su parte, el CEO de Contemporary Star Energy ha manifestado que la aprobación del PIGA supone “un reconocimiento a la importancia estratégica” de la futura gigafactoría y a la “visión compartida” que han “construido con las instituciones de Aragón desde el inicio de este proyecto”. Andy Wu ha querido agradecer al Ejecutivo autonómico su “confianza, compromiso y su apoyo continuo” y ha precisado que eligieron Aragón “por su sólida tradición industrial, por el talento de sus personas, por su ubicación estratégica y por su firme apuesta por la innovación y el progreso”. “Cada paso que damos confirma que fue la decisión correcta”, ha añadido.

“Este proyecto representa más que una inversión industrial: se trata de oportunidades, de crear empleo cualificado y generar crecimiento económico a largo plazo. Se trata de contribuir a creación un ecosistema que fomentará nuevas inversiones en Aragón, nuevas capacidades y nuevos socios en Aragón. Y sobre todo generar un impacto positivo y duradero para las futuras generaciones”, ha desgranado el empresario chino.

La Guardia Civil a través de su CiberComandancia, ha investigado un nuevo caso relacionado con la denominada 'estafa de los likes', una modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes utilizan falsas ofertas de empleo para captar a sus víctimas y conseguir que realicen ingresos de dinero bajo la apariencia de inversiones rentables. En ella cayó una víctima de Zaragoza que perdió más de 2.000 euros.

La víctima fue contactada a través de una aplicación de mensajería instantánea para ofrecerle un supuesto trabajo compatible con el teletrabajo. Las funciones consistían en realizar acciones sencillas en redes sociales, como indicar 'me gusta' en distintas publicaciones, a cambio de una remuneración. Una vez aceptada la oferta, la víctima fue incorporada a un grupo de mensajería integrado por un elevado número de supuestos participantes y se le asignó una persona que actuaba como asesora.

En dicho grupo se compartían de forma continua mensajes en los que otros usuarios mostraban aparentes beneficios obtenidos, con la finalidad de generar una falsa sensación de confianza y credibilidad.

Durante los primeros días, las tareas consistían únicamente en interactuar con publicaciones en redes sociales, recibiendo pequeñas cantidades de dinero que reforzaban la apariencia de legitimidad de la actividad. Posteriormente, los autores comenzaron a introducir nuevas tareas que requerían realizar ingresos de dinero en una supuesta plataforma de inversión, asegurando que el capital aportado sería recuperado junto con los beneficios generados.

Tras varias operaciones en las que la víctima recibió las cantidades aportadas junto con supuestas ganancias, los ciberdelincuentes incrementaron progresivamente las exigencias económicas. Finalmente, comunicaron a la víctima que había cometido un supuesto error durante una operación y que, para recuperar el dinero y desbloquear los supuestos beneficios obtenidos, debía realizar un nuevo ingreso, con un importe total transferido de más de 2.000 euros.

La investigación

Una vez recibida la denuncia y tramitada por la ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias), los investigadores del Equipo @ de la CiberComandancia analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima, así como la documentación aportada y la trazabilidad de los movimientos económicos relacionados con los hechos.

Las gestiones practicadas permitieron reconstruir el funcionamiento del entramado fraudulento e identificar a la persona presuntamente responsable de la estafa, procediéndose al esclarecimiento de los hechos. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial de Tarragona, localidad en la que estaba asentado el presunto delincuente.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo; evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales –Telegram, Whatsapp, Tik-tok, y demás redes sociales–; no enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos, así como recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram.

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática hechos delictivos como estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos; sustracción de vehículos y o sustracción en su interior; hurtos y daños; así como pérdida o localización de documentación.

La valla de una parcela municipal del barrio Arcosur de Zaragoza se ha convertido estos días en el símbolo de una reivindicación vecinal. Lazos y mensajes, colgados en el vallado, reclaman que ese suelo se destine a equipamientos públicos, como un instituto o una biblioteca, y no a la construcción de alrededor de 400 viviendas protegidas. En cada uno de los lazos, los vecinos han escrito el servicio que consideran prioritario para el barrio, con mensajes como 'biblioteca', 'mercado', 'centro cívico'.

La protesta parte de la Plataforma Vecinal de Arcosur, que insiste en que su rechazo no es a la vivienda pública, sino al cambio de uso de una de las últimas parcelas disponibles para equipamientos. “Nos movilizamos principalmente porque queremos que se llene de servicios, porque es un barrio totalmente en carencia de servicios”, explica Belinda Aldana, miembro de la Plataforma Vecinal de Arcosur.

Los vecinos defienden que los pisos podrían levantarse en otros suelos municipales ya destinados a ese uso. De hecho, recuerdan que el Ayuntamiento de Zaragoza anunció el pasado 15 de julio un proyecto para construir 192 viviendas protegidas en parcelas residenciales del propio barrio. “El barrio está saturado de parcelas de vivienda. El Ayuntamiento tiene otras parcelas de uso público que puede destinar para este fin”, sostiene Antonio Palacios, también miembro de la Plataforma Vecinal de Arcosur.

Arcosur tiene ya 12.000 habitantes y, cuando concluya su desarrollo urbanístico, podría alcanzar los 70.000 vecinos. Sin embargo, los vecinos denuncian que su crecimiento no ha ido acompañado de los servicios necesarios. “Lo que estamos pidiendo sería una biblioteca para nuestros jóvenes, un centro cívico, la creación de un instituto y un mercado principalmente para no depender de un vehículo para hacer la compra diaria”, enumera Belinda Aldana.

Servicio para otros barrios

Además, consideran que la ubicación de la parcela permitiría dar servicio no solo a Arcosur, sino también a otros barrios como son Montecanal y Valdespartera. “Podría dotar de servicios a tres zonas muy importantes del Distrito Sur, porque estamos justo en un triángulo donde se cortan nuestros barrios”, defiende Antonio Palacios.

La plataforma también defiende que el futuro uso de la parcela se decida mediante un proceso participativo y, con ese objetivo, ha puesto en marcha una encuesta para que los vecinos puedan elegir qué equipamiento consideran prioritario. Según la asociación, la iniciativa suma ya cerca de 1.300 apoyos.

Mientras tanto, la campaña continúa y cada día aparecen nuevos lazos en la valla, convertida ya en el símbolo de una movilización que reclama que el crecimiento residencial vaya acompañado de las dotaciones públicas necesarias. “Queremos que nuestros hijos también vivan cosas como estas. Todo el mundo paga sus impuestos y debe tener servicios en todos los barrios, no solo en unos pocos”, concluyen.

Un joven de 19 años ha fallecido esta madrugada electrocutado por una catenaria en la estación de tren de Zuera, cerca de Zaragoza capital. El suceso ha conmocionado al municipio.

Al parecer, la víctima –Daniel, de origen rumano pero que llevaba muchos años viviendo en la localidad zufariense– se encontraba tumbado encima de un vagón junto a un grupo de amigos cuando, por causas que se desconocen, al incorporarse habría tocado la catenaria, lo que le habría provocado la descarga elétrica. Según ha podido saber este periódico, bomberos voluntarios de Zuera han intentado reanimarle pero no ha sido posible y ha fallecido.

Al lugar del suceso se han trasladado efectivos del 061 y de la Guardia Civil.

El suceso ha causado conmoción en el municipio, como ha explicado el alcalde, José Manuel Salazar, que se ha puesto en contacto con la familia para transmitirles el pésame suyo y de la corporación y también para ponerse a disposición de ellos “para lo que necesiten”. “Ha sido un palo y un mazazo tremendo, es una situación muy dura para el pueblo pero sobre todo para la familia”, ha explicado Salazar.

La Diputación de Zaragoza ha terminado la restauración de la capilla de Santiago de la catedral de Tarazona tras una inversión de 304.000 euros. Las obras se iniciaron en la primavera del año pasado y han consistido en la rehabilitación integral de este emblemático espacio de estilo gótico hispanoflamenco. En las próximas semanas la DPZ tambien va a acometer la recuperación del retablo de Santiago Apóstol, que se desmontó en los años ochenta y podrá volver a su emplazamiento original en la capilla ya restaurada gracias a una nueva intervención que ya ha salido a concurso por 83.000 euros.

Ambas actuaciones son financiadas al 100 por 100 por la Diputación de Zaragoza como ya hizo con la capilla y el retablo de la Purificación, otra magnífica estancia de la seo turiasonense, en este caso renacentista, que fue restaurada por la DPZ entre los años 2019 y 2023 gracias a una inversión de otros 290.000 euros. Además, la institución provincial ya ha iniciado los trámites para recuperar una tercera capilla del templo, la de San Vicente Ferrer, y también el órgano. Estas dos últimas actuaciones ya están recogidas en el presupuesto de este año con una partida de 250.000 euros.

“El compromiso de la Diputación de Zaragoza con la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico es firme y se demuestra año tras año tanto con la convocatoria de los sucesivos planes de restauración de bienes municipales y eclesiásticos como con otras actuaciones puntuales en edificios de interés provincial, en este caso la recuperación nada más y nada menos que de de tres de las capillas que esperaban su turno para ser restauradas en la catedral de Tarazona”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

“En total en las tres capillas vamos a invertir alrededor de un millón de euros. Seguimos contribuyendo a que la seo turiasonense pueda ser disfrutada en todo su esplendor tanto por los vecinos y vecinas de Tarazona como por los miles de visitantes que recibe cada año. Ahora mismo la Diputación de Zaragoza es la única institución que está interviniendo en el templo cogiendo así el relevo de las actuaciones que en su día hicieron el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón”, subraya Sánchez Quero.

La intervención que se está llevando a cabo en la capilla de Santiago se ha centrado especialmente en la recuperación y puesta en valor de los elementos decorativos góticos de este espacio, y para ello se ha actuado sobre sus soportes materiales, todo ello en coherencia con el plan director redactado para la catedral de Tarazona. Los trabajos los ha llevado a cabo la empresa Babelia, Conservación y Restauración de Bienes Culturales S. L. con un equipo de cinco restauradoras.

La capilla

La capilla de Santiago de la catedral de Tarazona es un conjunto de estilo gótico hispanoflamenco de la última década del siglo XV y está situada justo al lado de la de La Purificación. Abre al segundo tramo de la nave lateral norte del templo con ingreso en arco apuntado decorado con cardinas. Es de planta cuadrada cubierta con bóveda de crucería estrellada y claves de tracería gótica. En las cuatro esquinas, los nervios descansan en grandes ménsulas con imágenes de los cuatro evangelistas talladas en yeso.

También forma parte de esta capilla el retablo de Santiago Apóstol, que se finalizó en 1497 y que está embalado y almacenado desde que se desmontó en la década de los ochenta. El retablo es mixto, de escultura y pintura al óleo sobre tabla. Ocupa la casa central del banco un sagrario poligonal que sirve de basamento a la escultura titular del apóstol Santiago, sobre la que hay un doselete. Completan el conjunto escultórico del retablo las catorce figuras del guardapolvo, que incluyen un apostolado y un Calvario. Las pinturas al óleo sobre tabla están atribuidas a Pedro Díaz de Oviedo, asimismo alineado con la corriente estilística hispanoflamenca.

La intervención

Los trabajos que ha ejecutado la Diputación de Zaragoza dado respuesta a las distintas patologías que presentaba la capilla: grietas y fisuras en los sillares de piedra, humedades, daños en la decoración… La intervención se ha centrado especialmente en recuperar la decoración original gótica actuando en las pinturas murales, las yeserías, los azulejos y las claves pinjantes que ornamentan la bóveda.

Estructuralmente la capilla estaba estable gracias a las obras de consolidación que se hicieron en toda la catedral. No obstante, la decoración mural y las yeserías presentaban un estado de conservación muy deficiente cuya patología principal era una capa de pintura gris que las cubría imitando un despiece de sillar. Esa capa de pintura fue un repintado generalizado de las capillas llevado a cabo en el siglo XIX que ahora se ha procedido a eliminar.

Además, se ha aprovechado para hacer una intervención arqueológica de los restos hasta una profundidad promedio de 1,80 metros y se han limpiado y consolidado las piezas halladas para su siglado, catalogación y conservación. Se han renovado las soleras y el pavimento aprovechando en lo posible los materiales originales y también se ha actualizado el sistema eléctrico y de iluminación. El óculo se ha cerrado con una placa de alabastro.

Una vez terminada esta intervención, la Diputación de Zaragoza va a acometer la restauración del retablo de Santiago Apóstol, que de esta forma podrá volver a su ubicación tras haber estado desmontado y almacenado desde los años ochenta. Los trabajos se sacaron a concurso por 83.000 euros y están a punto de adjudicarse.

Carlos, fontanero de Zaragoza de toda la vida, y Marta, limpiadora que lleva media vida en la ciudad –los nombres del matrimonio son falsos para preservar su intimidad–, viven alquilados en un piso de la Margen Izquierda junto a sus tres hijos de quince, diez y un año. Desde hace tres meses aseguran vivir un auténtico infierno ante las supuestas presiones, físicas incluso, de los integrantes de la empresa zaragozana Okupacción para que abandonen el piso, pese a que aseguran estar al corriente de pago y tienen contrato en regla. Este viernes, una de las personas que participaron en el presunto acoso en la misma puerta del domicilio, José Antonio R. C., va a juicio oral tras una denuncia del matrimonio por lesiones.

La propietaria, M. C. R. H., reconoce haber contactado con Okupacción para el desalojo. Asegura que quiere recuperar la vivienda para que su madre, enferma, pueda vivir ahí. Mientras, el propietario de la firma, el propio José Antonio R. C. –gerente de la empresa, vocal de Vox en el barrio rural de Montañana y número dos de esta formación en la lista por Pinseque en las últimas elecciones municipales–, niega las agresiones y rechaza que sean “cuatro matones”.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La pesadilla que dice estar sufriendo la familia, adelantada por Arainfo, comenzó el pasado 20 de abril. Ese día, Carlos se cruzó por la calle, cerca de su casa, con los miembros de Okupacción: entonces no conocía a la empresa, pero intuyó a que se dedicaban. “Yo no pensé que sería por nosotros porque estamos al corriente de pagos, tenemos todo en regla”, cuenta. A las dos horas recibió un burofax de la hija de la propietaria en la que reclamaba la rescisión del contrato, pese a que solo hacía un año que habían firmado el alquiler. Lo justificaba en que no tenía dinero para pagar la residencia de su madre. Ahí empezó todo: “No nos manda a un abogado, no: nos envía a los matones”, lamenta Carlos.

El padre de familia continúa su relato: “Venían a las ocho de la mañana dando golpes y más golpes. Tuve que cambiar el horario, irme antes con mis hijos. Aunque los primeros días no me dejaban salir de casa; tenía que salir con la Policía”, explica, algo que consta en la primera denuncia que interpusieron, el 22 de abril. Pero la situación fue escalando: “Un día salí con mi hija pequeña, que iba en carro, y se me ponían delante; 'que no me quito, que no me quito'. Llamé al 091 y vino la Policía, así me pude mover. Así, días y días. Me cogieron un día aquí en medio de la parada del autobús y me dijeron: 'Esto va a empezar a calentarse. Vamos a tener que empezar a apretar'. Hasta el día que la cogieron allá sola con los niños. Ese día...”.

Ese 29 de junio se presentaron cuatro personas de Okupacción en la puerta de la vivienda, donde Marta estaba con los pequeños. Ante sus “gritos”, ella abrió la puerta. Según refleja la denuncia que interpusieron esa misma mañana, comenzaron a “decir injurias” y a insultarla tanto a ella como a su marido. La inquilina optó por grabarles con su teléfono móvil, ante lo que uno de ellos le dio “un golpe en la mano” y le tiró “el móvil al suelo”. Entonces, ella empujó a José Antonio R. C. “para quitárselo de encima” y en ese momento otro de ellos –S. M., exboxeador– se puso “en guardia con intención de propinarle un puñetazo”, pero fue frenado por sus compañeros. Según Marta, su hija de un año estaba en ese momento agarrada a su pierna.

Un vídeo que ha podido visualizar este periódico corrobora los hechos relatados por la mujer, quien en la denuncia recogió que no solo les “atemorizaban a ellos”, sino también “a los vecinos de la finca”. Asimismo, indicó que se había visto obligada a ir al médico. Este viernes se dirimen estos hechos en un juicio oral por delito leve contra José Antonio R. C. en el Tribunal de Instancia de Zaragoza.

La madre describe cómo ha sido su día a día en los últimos tres meses, ante una situación que le ha obligado a coger la baja médica. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, relata. Sus hijos faltaron al colegio numerosos días por este motivo.

“Es un paripé”

“Dice que necesita que su madre venga a la casa –continúa Carlos–. Vale, pues bien. Pero, claro, debe demostrar que va a venir aquí, no basta con decirlo. Lo que no puedes hacer es alegar que no tienes dinero y mandar a unos matones que cobran una pasta. Esto es todo un paripé para que nos vayamos”, sentencia. Desde su punto de vista, el problema de fondo es que pagan 550 euros de alquiler mientras que en pisos de alrededor la renta llega a superar los 800 euros.

Su relato recibe el respaldo de dos vecinos que en el rato de esta conversación pasan a su lado. Uno de ellos es Sergio. “A mí me asaltaron en medio de la calle –cuenta–. Soy educador social y llevo 16 años tratando con asesinos y violadores, con lo que no me afectó. Iban con la bolsa de basura y no me dejaban pasar, me paraban. Me avasallaban e intentaban dar la vuelta a la tortilla para parecer ellos los agredidos”. Al igual que el matrimonio, admite que “las circunstancias de la dueña” pueden no ser “fáciles”, pero añade que “nada justifica que mande a unos matones”.

Otro vecino –son diez en la comunidad– afirma la presencia de los miembros de Okupacción y también lamenta que, debido a la tensión, sus hijos no quisieron ir al colegio.

Los vecinos acusan a los miembros de Okupacción de acciones para transmitir la imagen de que el inmueble está ocupado, como un portero arrancado o una esvástica dibujada en una puerta.

Contactada por este periódico, la propietaria, M. C. R. H., argumenta que ella misma es “vulnerable”, que está “en la unidad del dolor” y que toma “pastillas desde el año pasado” por culpa “de los impagos”, que cifra en “490 euros”. Al cuestionarle el motivo por el que no alegó estos impagos para tramitar la rescisión del contrato, M. C. R. H. alude a un primer burofax que habría enviado “en enero” al matrimonio por estos retrasos con el alquiler. La pareja tacha sin embargo de “mentira” la existencia de ese primer burofax y la propietaria del piso ha renunciado a compartir esa documentación con elDiario.es bajo el argumento de que va contra “la ley de protección de datos”. “Estoy de baja. Todo esto es solo para los cuidados de mi madre, les da igual que yo sea vulnerable”, insiste M. C. R. H.

Por su parte, el responsabe de Okupacción también desmiente las agresiones. “Podemos justificar todas nuestras actuaciones con vídeos, tenemos todo grabado. Por eso hemos denunciado tanto a un vecino como a la inquilina, que es la que se puso agresiva y me pegó un golpe a mí, que mido 1,97”, dice José Antonio R. C. Asegura que en los “nueve años” que realiza la misma labor no ha sido “nunca” condenado. “No entro en esas situaciones hostiles porque siempre estamos al filo de la navaja. Me tomo mi trabajo muy en serio, no somos cuatro matones. Hacemos lo que la justicia lamentablemente no hace”, explica.

Sobre el caso de esta familia, incide en que no les han contratado “porque haya una deuda, sino porque hay una mujer de 85 años que es vulnerable y que necesita el piso como primera necesidad. La ley dice que si necesitas la vivienda para un grado primero de consanguinidad se rescinde el contrato”.

Para eso, en todo caso, hay un plazo mínimo de dos meses desde el momento en que la propiedad comunica de forma fehaciente la causa concreta. Y, según los inquilinos, los miembros de Okupacción aparecieron por la casa el mismo día en que se entregó el burofax. “No fuimos a decirles que se fueran, sino a trasladarles que ese burofax había sido enviado y que en unos dos meses se tienen que ir de la propiedad. Lo primero que somos es personas, hay que entender a la otra parte”, argumenta José Antonio R. C.

Zaragoza está más cerca de tener una ordenanza cívica después de que el texto saliera adelante este jueves en una comisión extraordinaria de Presidencia gracias al apoyo de Vox al PP. La iniciativa contempla un conjunto de sanciones entre las que se encuentran las despedidas de soltero, los grafitis o el botellón. También se contemplan multas por dormir en parques para combatir el sinhogarismo. Asimismo, la ordenanza prohíbe acceder con burka a dependencias municipales. Solo queda la aprobación definitiva en el próximo pleno para que la normativa vea definitivamente la luz.

La denominada Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana, que sustituye a la derogada en 2014, establece un régimen sancionador con multas de entre 50 y 3.000 euros, divididas en infracciones leves, graves y muy graves, además de la obligación de reparar los daños causados al patrimonio público.

Entre las infracciones muy graves, castigadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras y mobiliario municipal, los grafitis con materiales especialmente agresivos, el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios y la venta ambulante ilegal. Las sanciones se endurecen además cuando estos actos afectan a elementos declarados Bien de Interés Cultural.

Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, incluyen el botellón, la contratación o prestación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero que alteren gravemente la convivencia y los insultos y humillaciones en la vía pública.

Las infracciones leves, sancionadas con hasta 750 euros, recogen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de las mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores, abandonar bicicletas o patinetes en la vía pública y, tras las aportaciones incorporadas durante la tramitación, usar fuentes de sonido en el transporte público colectivo cuando alteren el descanso de otros usuarios. También se sanciona la ocupación de parques y jardines para pernoctar, aunque el texto rebaja esta conducta a falta leve tras la aportación de la Coordinadora de Entidades para Personas sin Hogar de Zaragoza.

La norma incorpora también una disposición que impide acceder a edificios y equipamientos municipales ocultando el rostro –con casco, pasamontañas, burka o niqab– sin identificarse previamente ante la Policía Local. Otras novedades incluyen el reconocimiento del derecho al descanso como parte del derecho a la salud, la incorporación de la salubridad como deber básico de convivencia y la prohibición de usar fuentes de sonido en el transporte público cuando perturben a otros viajeros.

El pacto entre PP y Vox

El texto ha salido adelante gracias al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox, cuya portavoz, Eva Torres, ha reivindicado el papel de su formación como impulsora de la norma: “Fuimos el grupo municipal que puso encima de la mesa la necesidad de tener una ordenanza cívica para regular los comportamientos incívicos que provocan problemas de salud, sanitarios y de limpieza en Zaragoza”.

Torres ha recordado también que la moción que su grupo presentó en mayo de 2025, respaldada por unanimidad en el pleno, dio pie a que “más del 90 por ciento de los zaragozanos manifestaran la urgencia de contar con este marco regulatorio para mejorar su calidad de vida diaria”.

Por parte del equipo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha defendido que la aprobación del texto supone “un paso decisivo para que Zaragoza vuelva a disponer de una herramienta eficaz para proteger la convivencia, el espacio público y los derechos de la inmensa mayoría de ciudadanos que respetan las normas”.

“Nace del sectarismo”

El concejal socialista Horacio Royo ha censurado que el Gobierno de Natalia Chueca haya roto el diálogo con la oposición para pactar la norma con Vox, tras aceptar únicamente ocho de las 43 enmiendas presentadas por su grupo. A su juicio, la ordenanza “nace del sectarismo, no responde a los verdaderos problemas de convivencia de la ciudad, incorpora un evidente sesgo ideológico y vuelve a señalar a las personas más vulnerables”.

Royo ha recordado que fue el propio PSOE quien impulsó en 2021 la necesidad de una ordenanza cívica, recogiendo una recomendación del Justicia de Aragón tras la pandemia, pero ha lamentado que el resultado final se aleje de aquel planteamiento: “Todos compartíamos la necesidad de mejorar la convivencia, pero lo que hoy aprueban PP y Vox está muy lejos de aquel objetivo”.

El edil socialista ha calificado la norma como “una oportunidad perdida para construir un marco de convivencia útil, consensuado y centrado en los problemas reales de Zaragoza”, y acusó al PP de haber optado por “mirar a su socio de la ultraderecha antes que construir consensos”.

Royo también ha cargado contra el mantenimiento de las sanciones a personas sin hogar: “Una persona que vive en la calle no va a poder pagar una multa. Lo único que consigue esta ordenanza es acumularle deudas y estigmatizar aún más a quienes ya atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad”.

Por último, el concejal socialista ha rechazado el apartado sobre el uso del burka, que atribuye a una estrategia política de Vox asumida por el PP: “Han inventado un problema que no existe para ofrecer una solución que además puede ser ilegal”. En este sentido, ha advertido de que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo permite requerir la identificación cuando existen indicios de delito o infracción administrativa.

El municipio zaragozano de Mallén celebrará este sábado una jornada de puertas abiertas del Proyecto Arqueológico Belsinon, una iniciativa que permitirá conocer los principales hallazgos de la sexta campaña de excavaciones y acercarse al pasado romano de la localidad a través de visitas guiadas al yacimiento del Convento y una exposición con las piezas recuperadas durante los trabajos de este verano.

La campaña, iniciada el pasado 1 de julio y que se prolongará durante el mes de agosto, se ha centrado en el estudio de las fases romanas del yacimiento, datadas entre los siglos I y II después de Cristo. Las investigaciones se desarrollan en un enclave de especial relevancia histórica, atravesado por la vía romana que unía Tarraco (Tarragona) con Asturica Augusta (Astorga) y vinculado al antiguo pagus de Belsinon, identificado en la Lex Rivi Hiberiensis.

Los trabajos han reunido a un equipo de 19 personas y consolidan el proyecto como una iniciativa de formación práctica de futuros profesionales. En él participan estudiantes de grado y posgrado de Historia y Arqueología, así como de Conservación y Restauración Arqueológica, procedentes de distintos puntos de España, que combinan su aprendizaje con la investigación sobre el terreno.

La jornada comenzará con dos visitas guiadas al yacimiento del Convento, programadas a las 10.00 y 11.00 horas, con salida desde el puente sobre el río Huecha. Posteriormente, la actividad se trasladará al Pabellón Centro de Ocio de Mallén, donde el equipo científico mostrará el funcionamiento del laboratorio de campaña y explicará el proceso de conservación de los materiales arqueológicos recuperados.

Exposición de los hallazgos

Uno de los principales atractivos de la jornada será la exposición temporal de las piezas descubiertas durante la actual campaña, entre las que figuran materiales cerámicos, objetos metálicos y restos humanos. Los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo que realizan los especialistas para documentar, estudiar y conservar estos hallazgos, fundamentales para reconstruir la historia del asentamiento romano.

El Proyecto Arqueológico Belsinon está impulsado y financiado por el Ayuntamiento de Mallén, con la colaboración del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La iniciativa busca avanzar en el conocimiento de uno de los enclaves romanos más relevantes del valle del Ebro y, al mismo tiempo, divulgar su patrimonio entre la ciudadanía.

Todas las actividades previstas serán gratuitas, abiertas al público y no requerirán inscripción previa, ofreciendo una oportunidad para descubrir la evolución de las investigaciones y el valor histórico de un yacimiento que continúa aportando nuevos datos sobre la presencia romana en Aragón.

La conmemoración de los 90 años del inicio de la Guerra Civil española levanta ampollas, especialmente en la extrema derecha. Un acto organizado para este fin de semana en el que se va a recordar la llegada a la localidad zaragozana de Bujaraloz de la Columna Durruti ha recibido duros ataques por parte de Vox, que ha tachado de “aquelarre anarquista” el evento. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) ha reaccionado criticando a la formación por “pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales” y advirtiendo: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

En una comparecencia en las Cortes de Aragón, el diputado de Vox Santiago Morón ha mostrado su rechazo a los actos organizados, cuya presentación tiene lugar este miércoles en la Plaza Mayor del mencionado municipio. Todo ello “con la connivencia de su alcalde, el socialista Darío Villagrasa”, según Morón. Se trata, según la extrema derecha, de un “aquelarre anarquista de cuatro días” para “homenajear a la Columna Durruti, que dejó un reguero de sangre en el 36, desde su salida en Barcelona hasta Aragón y luego en el frente de Madrid”.

Morón ha destacado que entre las “hazañas de las tropas marxistas y anarquistas en Bujaraloz” se encuentra “el asesinato de vecinos desde el principio de la contienda” o “el incendio y expolio de iglesias”. El portavoz de Vox ha valorado que las jornadas “no tienen otro interés que provocar la confrontación entre españoles, en línea con la memoria democrática”. “Probablemente estos actos se ajusten a las leyes de memoria que Vox derogará en cuanto lleguemos al Gobierno de España, como hicimos con la Ley de Memoria Democrática en Aragón”, ha concluido.

A Mercedes Sánchez, miembro de la junta directiva de la ARMHA, las declaraciones de la extrema derecha no le han causado sorpresa: “¿Qué se puede esperar de un partido que ensalza a un dictador genocida?”, se ha preguntado, y ha rechazado con rotundidad su “intento de secuestrar y falsear el pasado con fines partidistas”. “Calificar de aquelarre un debate histórico o memorialístico demuestra una profunda intolerancia democrática y una voluntad inequívoca de blanquear y justificar el fascismo y la dictadura franquista”, ha apuntado.

“Censura ideológica”

Sánchez ha recordado que la extrema derecha “sistemáticamente oculta” que la violencia en los primeros compases de la Guerra Civil fue “consecuencia directa de un golpe de Estado militar que quebró la legalidad constitucional”, aunque ha añadido que desde la ARMHA siempre condenan “todo acto de violencia cometida al margen de la ley, venga de donde venga”.

“Pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales bajo la excusa de evitar la confrontación es en realidad un intento más de imponer la censura ideológica y perpetuar el olvido de las víctimas de la represión franquista”, ha destacado la directiva de la ARMHA, para quien “las derechas radicales buscan suprimir las leyes de memoria democrática porque temen a la verdad científica y el derecho legítimo de las familias a encontrar a sus desaparecidos”. “Aragón no necesita lecciones de revisionismo histórico de quienes niegan los derechos humanos más elementales”, ha incidido, y ha zanjado: “La memoria histórica no genera confrontación. La verdadera confrontación y el peligro para la convivencia democrática proviene de quienes, instalados en el negacionismo, pretenden blanquear los crímenes del franquismo y pisotear la dignidad de las víctimas. Por eso siempre nos encontrarán enfrente”.

Las jornadas

Las jornadas –en este enlace, el listado de actos completo– empiezan este mismo miércoles, con la presentación por parte de los colectivos organizadores. A las 20:00 horas está previsto la inauguración de una exposición con objetos de las trincheras y fotografías, entre otros documentos, de la mano de Víctor Asensio, en la sala de exposiciones Casa Torres Solanot. Y por la noche se proyectará el documental 'Juan Mariné, entre luz y sombra', en el salón de actos del Ayuntamiento.

El jueves abrirá a las 10:00 horas la Feria del libro anarquista, una hora después habrá una recreación histórica en la plaza y otros espacios y, a continuación, la presentación de una ruta con lugares emblemáticos de la Guerra Civil en Bujaraloz que se pueden consultar con códigos QR. A las 12:30 horas se presentará el libro 'Little Durruti. Un libro para salvar una librería'. Por la tarde habrá dos ponencias, un recital poético y, por la noche, la proyección de 'Los aguiluchos de la FAI', primera parte.

Mientras, viernes y sábado habrá durante la mañana y la tarde más actos, hasta el cierre de las jornadas en la medianoche.

Las ayudas a la mejora de la competitividad, lanzadas hace casi un año y dotadas con un millón de euros, se le atragantan al Gobierno del PP en Zaragoza. La Intervención municipal ha devuelto hasta en dos ocasiones el expediente con estas subvenciones debido al sinfín de errores detectados por el órgano de control en su tramitación. Según ha dicho este martes la coordinadora del Área de Economía, el trámite se resolvió de manera definitiva el pasado 10 de julio.

La convocatoria repartía casi un millón de euros entre autónomos y microempresas de Zaragoza, en dos líneas de ayuda: una de mejora competitiva general y otra ligada a la obligación legal de instalar caja registradora homologada y facturación electrónica. Se presentaron más de 500 solicitudes.

La primera resolución tuvo que corregirse de oficio poco después de aprobarse, por un error material en dos de sus anexos. El problema de fondo llegó cuando la Intervención General advirtió discrepancias en la imputación de gastos y en la acreditación de la cifra de negocio de los solicitantes, y obligó a repetir, solicitud por solicitud, el análisis de todas las candidaturas. Aquel parón obligó además a modificar las bases de la convocatoria para cargar el gasto al presupuesto del ejercicio siguiente.

Hecha esta corrección, el Gobierno municipal firmó una nueva resolución provisional que llegó a autorizarse y a contabilizarse. Pero entonces se produjo la segunda devolución: la Intervención remitió un nuevo informe en el que exigía corregir errores de puntuación y de porcentaje de subvención en varios expedientes. Así, se computaron puntos por tener trabajadores contratados que, según la Seguridad Social, no existían, lo que además cambiaba el porcentaje de ayuda aplicable; en otros casos ocurría lo contrario. El órgano de control detectó asimismo fallos en el criterio de antigüedad de la empresa, una entidad admitida pese a superar el límite de tamaño permitido y un solicitante que cobraba sin estar dado de alta como empresario. El informe instaba, además, a revisar el criterio de reparto entre gasto corriente e inversión para garantizar uniformidad en todas las solicitudes.

“Una chapuza”

Este martes, en la comisión de Economía, el concejal del PSOE Guillermo Ortiz ha puesto el acento en el retraso acumulado y en la gravedad de los fallos. Ha considerado “sorprendente ver que en la segunda parte de 2026 se estén resolviendo” subvenciones de 2025, y ha recordado que el propio expediente reconoce que Intervención detuvo la convocatoria al ver que era “una chapuza y una trapala del Área de Economía”. Lo más llamativo, a su juicio, es que el expediente refleja una segunda devolución, advirtiendo “numerosas irregularidades de nuevo”. Ortiz ha concluido que la falta de un “criterio uniforme en el reparto” –algo que Intervención reclama– revela un problema de fondo: “Si no les llegan a pillar, estaríamos hablando de que ustedes, presuntamente, están regalando dinero público a empresarios que no son beneficiarios de las ayudas”.

En su respuesta, la coordinadora del Área de Economía, Elena de Marta, ha reconocido que “ha sido una convocatoria muy complicada, con muchos problemas, fundamentalmente derivados del elevado volumen de solicitudes que ha habido”. Ha defendido el trabajo de su servicio y del propio órgano fiscalizador y ha matizado que desde su punto de vista “no se puede considerar que haya errores de bulto”. Y ha explicado que “el servicio tramitador ha asumido todos los criterios de Intervención, y de ahí la existencia de la resolución provisional”.

De Marta ha querido subrayar que el expediente ya cuenta con una “resolución definitiva con el informe favorable de la Intervención a todos y cada uno de los solicitantes”, aprobado el pasado 10 de julio, y ha relativizado que el expediente se devolviera tras estar ya autorizado, al recordar que “las resoluciones provisionales no generan derechos”.

Hace ahora un año desde que Bizi Zaragoza culminó su despliegue por toda la ciudad. Tras una primera fase iniciada el 15 de enero de 2025, el sistema alcanzó su configuración definitiva en julio de ese mismo año con la extensión de la red a todos los distritos, incrementando el número de estaciones y bicicletas disponibles y convirtiéndose en un verdadero servicio público de movilidad para toda Zaragoza.

Doce meses después de aquella implantación completa, los datos confirman que la bicicleta pública se ha integrado plenamente en los hábitos de movilidad de los zaragozanos y que el servicio se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y saludable.

Cuando se cumple un año desde la finalización del despliegue de la red, Bizi Zaragoza afronta una nueva etapa centrada en seguir mejorando la calidad del servicio y consolidando el papel de la bicicleta como uno de los pilares de la movilidad sostenible de la ciudad. Entre los aspectos más destacables figura el refuerzo incorporado a los servicios de rebalanceo de bizis entre las estaciones, cada vez más apoyado por el algoritmo de Inteligencia Artificial incorporado en las aplicaciones de gestión del sistema. Asimismo, se ha reforzado el servicio de mantenimiento. El taller mantiene una actividad intensa para conseguir que las bizis dañadas, vandalizadas o, simplemente, en revisión, estén el menor tiempo posible paradas. Sólo en este primer año de vida se han renovado más de 6.000 neumáticos. Es decir, cada bizi ha tenido al menos dos cambios de ruedas.

De cara al usuario, y coincidiendo con este primer aniversario, se implementa de manera formal el “periodo de gracia” de 10 minutos. Esto significa que, si al llegar a la estación de destino, el usuario encuentra que no tiene anclajes disponibles, tiene 10 minutos de tiempo extra para poder localizar sitio en una estación próxima. Hay que tener en cuenta que las estaciones de Bizi están ubicadas a una media de 300 metros entre sí en la ciudad consolidada. De esta manera, se minimiza el contratiempo que puede suponer que justo en ese momento la estación de destino esté completa.

Próximamente se lanzará la primera encuesta anual a los usuarios, que servirá para conocer más detalles sobre su opinión respecto al servicio y sus costumbres de uso, de manera que sirva como herramienta para mejorar la calidad del mismo.

Además, arranca una campaña de comunicación que tendrá como soporte el guardabarros trasero de las bicicletas, con la que se quiere agradecer a los abonados su fidelidad al servicio y celebrar, con ellos, este primer año de Bizi Zaragoza en toda la ciudad.

11,3 millones de viajes

Desde su puesta en funcionamiento, Bizi Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos. Esto supone una media de 20.953 viajes diarios, que alcanza los 23.390 desplazamientos de media en días laborables, reflejando que el sistema se utiliza principalmente para desplazamientos cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios, las compras o las gestiones diarias.

La intensidad de uso del sistema continúa situándose entre las más elevadas de España y de Europa. Cada bicicleta realiza una media superior a 10 desplazamientos diarios, cifra que supera los 11 viajes en jornadas laborables y confirma el elevado aprovechamiento de la flota municipal.

El volumen de actividad también queda reflejado en la distancia recorrida por los usuarios. En apenas año y medio de funcionamiento, las bicicletas de Bizi Zaragoza han recorrido 28,77 millones de kilómetros. Para hacerse una idea de esta magnitud, esa distancia equivale a dar más de 720 vueltas completas a la Tierra por el ecuador. Cada bizi habría hecho, de media, algo más de 11.500 kilómetros en un año: teniendo en cuenta que Tour de Francia tienen un recorrido de 3.400 kilómetros, cada una habría completado 3,5 Tours enteros.

Este uso intensivo tiene además un impacto directo sobre la sostenibilidad urbana. Se estima que el servicio ha evitado ya la emisión de 593.707 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a reducir el uso de modos de transporte más contaminantes.

El crecimiento del sistema también se aprecia en el número de usuarios. Desde su puesta en marcha se han vendido 62.937 abonos anuales, además de 20.019 abonos mensuales, más de 314.900 abonos diarios y cerca de 463.200 billetes sencillos, lo que demuestra que Bizi Zaragoza responde tanto a las necesidades de los usuarios habituales como de quienes utilizan el servicio de manera ocasional.

Más usos que la bici privada

Uno de los indicadores más significativos de este primer año de implantación completa es la evolución del reparto modal entre bicicleta pública, bicicleta privada y vehículos de movilidad personal. Los aforos realizados por el Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad muestran que la bicicleta pública ha experimentado un crecimiento extraordinario. Mientras que en abril de 2025 representaba únicamente el 14% de todos los desplazamientos de micromovilidad registrados en los puntos analizados, en abril de 2026 esa proporción asciende ya al 38%, convirtiéndose en el modo con mayor crecimiento.

Al mismo tiempo, la bicicleta privada pasa del 41% al 32%, mientras que los vehículos de movilidad personal reducen su presencia desde el 44% hasta el 29%. Además, el número total de desplazamientos registrados en esos puntos aumenta un 22%, incremento que absorbe prácticamente en su totalidad la bicicleta pública, cuya utilización se multiplica por más de tres respecto al año anterior.

Estos datos ponen de manifiesto que la ampliación de la red durante la segunda fase ha permitido que muchos ciudadanos opten por la bicicleta pública para realizar desplazamientos cotidianos que anteriormente efectuaban en patinete, bicicleta privada o incluso mediante otros modos de transporte.

En términos generales, los aforos realizados durante 2026 muestran también que la bicicleta continúa ganando peso frente a los vehículos de movilidad personal. La cuota conjunta de la bicicleta alcanza ya el 69,9%, frente al 63,3% registrado en 2025.

El crecimiento del uso no ha supuesto un deterioro de los niveles de seguridad. Desde el inicio del servicio se han registrado 485 incidentes, una cifra que representa apenas el 0,0043% de los desplazamientos realizados.

Por otro lado, el tiempo medio de cada viaje se sitúa en 10 minutos y 35 segundos, lo que confirma que el sistema responde principalmente a trayectos urbanos de corta y media distancia, complementando eficazmente al transporte público y facilitando la movilidad entre barrios.

“Un éxito”

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que “el primer año de funcionamiento de Bizi Zaragoza en toda la ciudad confirma que la apuesta realizada por el Ayuntamiento ha sido un éxito. Hoy la bicicleta pública forma parte de la vida cotidiana de decenas de miles de personas y se ha convertido en una alternativa real para desplazarse de forma rápida, cómoda y sostenible”.

Gaudes ha señalado también que “los datos reflejan no solo un elevado nivel de utilización, sino un cambio profundo en los hábitos de movilidad. Cada vez más ciudadanos eligen la bicicleta pública para sus desplazamientos diarios, contribuyendo a reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y hacer de Zaragoza una ciudad más saludable y más amable para vivir”.

La consejera ha añadido que “la implantación completa de la red ha permitido que el servicio llegue a todos los barrios y que la bicicleta pública gane protagonismo en el reparto modal de la ciudad. Ese era uno de los grandes objetivos del proyecto y hoy podemos afirmar que se está cumpliendo con resultados muy positivos”.