La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha comentado que los primeros días en los que se cierran arterias tan principales de la ciudad como es la zona del Portillo por obras en la calzada “son complicados, como no pueden ser de otra manera, pero dentro de la normalidad”. “Creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Estamos cerca ya del periodo de vacaciones”, ha apostillado.

De esta forma se ha referido al tráfico intenso registrado este lunes en el paseo de María Agustín y las calles aledañas por la instalación de un nuevo colector de saneamiento en esta zona de la ciudad.

“Hemos tratado de concentrar las obras en el periodo de vacaciones porque es cuando la ciudad más se vacía y, por lo tanto, puede afectar o amortiguar el efecto en nuestro día a día”, ha expresado Gaudes.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, sobre todo, consulte las páginas webs del Ayuntamiento de Zaragoza y del transporte público de Avanza para conocer los desvíos de las líneas y saber si les afecta tanto las líneas como la supresión de las paradas.

De esta forma podrán planificar con tiempo y también ha pedido, dentro de lo posible, evitar pasar por las zonas en las que hay más obras como es la zona del Coso, del Portillo, avenida Valencia y la zona de las riberas del Huerva que está en plenas obras de renaturalización.

“Todo esto esperamos que se cierre durante el periodo de verano que amortigua más el daño sufrido y poder, dentro de poco, beneficiarnos de esas calles y esas avenidas nuevas. Al final, para que una ciudad se transforme tiene que pasar ese periodo de obras tan complicado para todos”, ha razonado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, fue una de las miles de asistentes al cierre de la histórica residencia de Bad Bunny en Madrid. La regidora asistió este lunes al último de los diez conciertos que el artista puertorriqueño ha ofrecido en el estadio Riyadh Air Metropolitano, según muestran las imágenes captadas por Europa Press.

Chueca siguió el espectáculo desde la grada Los Vecinos, una de las ubicaciones más cotizadas del recinto y considerada por la organización como una de las mejores zonas para disfrutar del concierto. Las entradas para ese sector tenían un precio de partida de 203,30 euros, al que había que sumar cerca de 27 euros en gastos de gestión, superando los 230 euros por localidad.

Preguntado por este periódico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha señalado que la asistencia de Chueca al concierto se produjo en el ámbito privado y que no se trató de un acto institucional.

Las imágenes muestran a la alcaldesa acompañada de varias personas de su entorno durante una actuación que se prolongó durante cerca de tres horas y en la que Bad Bunny repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera. La última noche de la residencia contó además con la participación sorpresa del cantante canario Quevedo. El artista puertorriqueño cerró este lunes una residencia de diez conciertos en Madrid tras haber pasado también por Barcelona. La gira, una de las más exitosas del año, ha estado marcada por la enorme demanda de entradas, los elevados precios de algunas localidades y la presencia de numerosos rostros conocidos entre el público.

El barítono Alonso Gabarrús Nerín ha sido el ganador de la beca de canto 'Pilar Lorengar-Ciudad de Zaragoza' 2026-2027, destinada a estudios y perfeccionamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón. El premio está convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con el patrocinio de Industrias Químicas del Ebro (IQE), con el objetivo de impulsar la carrera profesional de jóvenes cantantes con arraigo o vinculación con Zaragoza y mantener vivo el legado de Pilar Lorengar, una de las grandes voces aragonesas de la lírica internacional.

En esta edición, la prueba pública se ha celebrado este lunes 15 de junio en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. Han concurrido tres aspirantes: Alonso Gabarrús Nerín, barítono nacido en Zaragoza; Francisco Egido López, tenor nacido en Zaragoza; y Gonzalo Corbal Herrero, barítono nacido en Calatayud. El jurado ha reconocido por unanimidad conceder la beca a Alonso Gabaurrús, de quien ha destacado “su expresividad, musicalidad y potencial artístico y vocal”.

Alonso Gabarrús Nerín, nacido en Zaragoza en el año 2000, es barítono y ha realizado estudios de canto en el Conservatorio Profesional de Zaragoza y en el de Valladolid. En la actualidad continúa su formación en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Precisamente este centro es una de las instituciones donde pretende realizar los estudios de perfeccionamiento, aunque también se incluye en sus posibilidades la Hochschule für Musik und Theater Félix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig o la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín.

La beca de canto 'Pilar Lorengar-Ciudad de Zaragoza' está dotada con 10.000 euros y tiene una duración máxima de dos años. De acuerdo con las bases de la convocatoria, el inicio de los estudios deberá producirse durante el último trimestre de 2026 y la beca finalizará en junio de 2028. El jurado de esta edición ha estado integrado por el director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia; la coordinadora artística del Auditorio de Zaragoza, Vanesa García Simón; la soprano y profesora de Canto en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Cataluña, Marta Matheu.

Otros integrantes son el crítico musical de ópera y música clásica en Heraldo de Aragón, Luis Alfonso Bes; y en representación de Industrias Químicas del Ebro Jorge Villarroya Greschuhna, empresa patrocinadora de los proyectos 'Grupos Residentes del Auditorio de Zaragoza' y 'Becas de ampliación de estudios de canto y piano del Auditorio de Zaragoza'.

La convocatoria está dirigida a voces masculinas y femeninas de jóvenes cantantes que no superen los 32 años y que acrediten su residencia estable en Zaragoza o su vinculación con la ciudad por nacimiento y vecindad aragonesa. Como establece la convocatoria, la persona beneficiaria deberá realizar los estudios previstos y ofrecer un concierto gratuito el año siguiente a la concesión de la beca, dentro de la programación de ciclos de conciertos organizada por el Auditorio de Zaragoza.

Cancelación de proyectos, un concurso de acreedores y trabajadores sin cobrar. El estado de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC) no deja de empeorar desde hace meses, y ahora se enfrenta a un nuevo reto: la posible devolución de más de 700.000 euros de fondos europeos. Ese dinero fue concedido para desarrollar proyectos y actividades impulsados desde este centro de arte, tecnología e innovación cultural pero, al paralizar la fundación y su actividad, la Unión Europea podría reclamar su reintegro, según un informe elaborado por CCOO.

El análisis del sindicato estima que el abandono de seis proyectos europeos e internacionales tras el desmantelamiento de la fundación podría obligar a devolver hasta 628.193 euros en ayudas recibidas y elevar la factura hasta los 718.653 euros si se añaden las posibles sanciones e intereses previstos en la normativa comunitaria.

La advertencia llega en plena polémica por el cierre de la FZC. El Gobierno de Natalia Chueca ha defendido en varias ocasiones la liquidación de la entidad alegando problemas económicos y de viabilidad, mientras trabajadores y grupos de la oposición han denunciado que la decisión se tomó sin garantizar la continuidad de proyectos financiados con fondos europeos y con socios internacionales.

La controversia se ha intensificado en las últimas semanas. Primero, tras conocerse que varios de esos programas habían sido abandonados antes de finalizarse. Después, a raíz de una sentencia que cuestionó parte de los argumentos empleados por el Ayuntamiento para acelerar el cierre de la entidad, al concluir que el Consistorio aseguró ante la justicia que la fundación carecía de plantilla pese a mantener seis trabajadores.

Seis iniciativas y 628.193 euros

A partir de la documentación de los proyectos paralizados, CCOO ha elaborado un análisis sobre las posibles consecuencias económicas derivadas de estos abandonos. El informe estudia seis iniciativas —EU Horizon Response, EU Horizon DISCO, EU Horizon Green Turn, EU Horizon Innovate EU, EU CERV fAIr Media y Marte II— y concluye que las ayudas comprometidas alcanzan los 628.193 euros.

Según los cálculos realizados por el sindicato a partir de la normativa financiera europea, las subvenciones concedidas podrían ser reclamadas por las autoridades comunitarias en caso de considerarse que se ha producido un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria. A ello podría sumarse una sanción administrativa adicional de hasta el 10% de la financiación recibida, lo que elevaría la exposición económica hasta los 691.013 euros.

El informe añade además una estimación de intereses de demora durante seis meses, calculados a partir del tipo de referencia del Banco Central Europeo más un recargo de 3,5 puntos porcentuales. Con este escenario, la cantidad total ascendería a 718.653 euros.

Uno de los proyectos señalados en el análisis es fAIr Media, financiado por el programa europeo CERV y coordinado por la propia fundación zaragozana. CCOO recuerda que, en aquellos programas en los que la FZC ejercía como coordinadora, su responsabilidad frente a los organismos financiadores sería mayor al actuar como interlocutora principal con las instituciones europeas.

Sin embargo, el sindicato sostiene que la principal preocupación va más allá de las posibles devoluciones económicas. En una nota remitida este lunes, advierte de que el abandono de proyectos financiados con fondos europeos puede afectar a la credibilidad de Zaragoza ante las instituciones comunitarias y comprometer el acceso futuro de la ciudad a convocatorias vinculadas a innovación, digitalización, investigación, sostenibilidad o desarrollo económico.

“Resulta especialmente grave que esta situación no derive de una falta de financiación o de una imposibilidad sobrevenida, sino de una decisión política consciente que ha desembocado en el cierre de la fundación, el abandono de proyectos internacionales y una situación en la que sus trabajadores llevan meses sin percibir sus salarios”, asegura Juan Tamarit, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El informe también apunta a otras posibles consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento grave de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, como la exclusión temporal de futuras convocatorias comunitarias o la apertura de procedimientos de recuperación de fondos. Asimismo, plantea escenarios de responsabilidad para los miembros del patronato en el supuesto de que la fundación acabara inmersa en un concurso declarado culpable, aunque cualquier medida en este sentido dependería de procedimientos administrativos y judiciales posteriores.

Por el momento no consta ninguna reclamación formal por parte de las instituciones europeas. Las cantidades recogidas en el informe corresponden a una estimación realizada por el sindicato a partir de los importes concedidos a los proyectos abandonados y de las penalizaciones previstas en la normativa comunitaria para los casos de incumplimiento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta implicación en el homicidio de un hombre que resultó gravemente herido tras sufrir una brutal agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 31 de mayo en la avenida América de Zaragoza. Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:30 en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona, si bien las investigaciones determinaron que el conflicto se habría iniciado previamente en otro punto cercano de la vía pública.

Según las pesquisas realizadas, la víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada, anulando cualquier capacidad de defensa o reacción. Tras la agresión, ambos abandonaron rápidamente el lugar a la carrera por la propia avenida América.

La colaboración ciudadana resultó fundamental para la investigación, ya que aportaron una descripción muy detallada tanto de las características físicas de los presuntos autores como de la ropa que vestían en el momento de los hechos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Finalmente falleció el pasado 11 de junio.

Desde el primer momento, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumió la investigación, desarrollando numerosas gestiones que permitieron reconstruir los movimientos de los implicados e identificar plenamente a los dos presuntos autores materiales de la agresión.

Fruto de estas investigaciones, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una entrada y registro, con la colaboración de los GOES, en el domicilio donde se ocultaban los sospechosos, procediéndose a la detención de ambos como presuntos responsables de un delito de homicidio.

Durante el registro, donde también participaron agentes de Policía Científica, localizaron diversas prendas de vestir que coincidían plenamente con las descritas por los testigos y observadas durante la investigación, reforzando así los indicios existentes contra los arrestados.

Asimismo, se procedió a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de encubrimiento. Según la investigación, esta persona tenía pleno conocimiento de los hechos y de la ubicación donde se ocultaban los presuntos autores. Aunque inicialmente manifestó a los investigadores que desconocía su paradero y que actuaba por miedo, las posteriores averiguaciones policiales permitieron concluir que su participación habría sido más activa de lo declarado inicialmente.

Los investigadores determinaron igualmente que los dos principales detenidos adoptaban importantes medidas de seguridad para dificultar su localización, siendo personas especialmente cautelosas para evitar la acción policial. Ambos tenían además diversas reclamaciones judiciales en vigor por amenazas, hurtos, robos con fuerza y atentado a agente de la autoridad. Los tres detenidos han pasado esta mañana a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

Los Bomberos de Zaragoza continúan trabajando este lunes en la extinción de un incendio declarado de madrugada en el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, en el barrio rural de La Cartuja Baja, que ya se encuentra perimetrado. El aviso se ha recibido en torno a las 02:00 y el fuego se ha originado en una campa exterior de las instalaciones. Hasta el lugar se han desplazado tres vehículos nodriza, tres tanques, un brazo articulado, dos coches de mando y una ambulancia. Además, se ha solicitado apoyo a los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que han aportado una nodriza y un tanque adicionales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, no hay riesgo de que se propague al resto de instalaciones, pero los trabajos de extinción continuarán durante todo el día de hoy y probablemente mañana martes. Se trata de un incendio de metales, en el que están ardiendo compactados de vehículos y electrodomésticos, y que está provocando una gran humareda, visible desde distintos puntos de la ciudad. En el caso de que el viento cambie en las próximas horas y el humo, ya muy disgregado, llegue a la ciudad, la concejal delegada de Bomberos, Ruth Bravo, quien se ha desplazado hasta el lugar, ha aconsejado cerrar ventanas para evitar las molestias, sin que exista riesgo para la salud.

Durante las primeras horas, las llamas han alcanzado una importante altura y han generado una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de Zaragoza. Con el avance de las labores de extinción, el humo se ha ido aclarando y dispersando, aunque todavía podía observarse durante la mañana. El jefe de mando, Quique Mur, ha explicado que “son incendios de metales diversos que proceden de esta fragmentación y compactación, tienen sus dificultades, pero si los conseguimos sectorizar tenemos que esperar y sacar poco a poco la zona afectada. Su particularidad es que tiene mucha carga calórica, a la vez que por la zona exterior vemos llamas por la zona interior está la fundición de los materiales, hay que proceder poco a poco cuando está ya perimetrado como ahora”.

Este incendio se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo ya se produjo otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada. Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo.

La extinción de este tipo de fuegos suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados en la planta. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las tareas de los equipos de emergencia y obliga a mantener labores de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones. Los incendios en el complejo de reciclaje se han repetido con cierta frecuencia en los últimos años. Entre mayo y septiembre de 2025 se registraron siete fuegos en las instalaciones, a los que se suman al menos otros dos durante 2024. Desde 2018, la planta ha sido escenario de más de una decena de incendios de consideración.

El movimiento vecinal del barrio de Torrero cierra filas con el Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur sobre el que pesa una orden de desalojo para construir un centro de mayores. “La imposición del proyecto municipal para cerrar definitivamente el centro está generando una contestación muy fuerte en el barrio, como nunca se ha visto”, advierten desde la Asociación Montes de Torrero-barrio de Venecia y la Asociación Cultural ‘El Cantero’.

Para ambas entidades, la iniciativa es una excusa para acabar con uno de los últimos bastiones de autogestión, solidaridad y memoria democrática de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento dispone de otros espacios municipales vacíos, situados frente a la antigua cárcel, donde podría ubicar ese equipamiento. Por ello, acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gobernar de espaldas al barrio y alertan de una “tormenta perfecta” de conflictos provocada por una sucesión de decisiones adoptadas sin diálogo con los vecinos. En este contexto, sostienen que “si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”.

Ángela Ezquerro, Miguel Guíu y Javier Grasa son representantes de la Asociación Vecinal Montes de Torrero-barrio de Venecia. Josan Pérez y Chema Gregorio lo son de la Asociación Cultural ‘El Cantero’. Todos ellos representan a los jóvenes del CSO, que renuncian a ser sus propios portavoces en una charla con este diario y delegan su voz en los históricos representantes de un barrio históricamente combativo y de arraigada identidad obrera en Zaragoza. Todos ellos rechazan la imagen de conflictividad que se proyecta sobre el espacio y reivindican su papel como uno de los últimos referentes de la autogestión en la ciudad, además de un enclave fundamental para la memoria democrática del barrio.

Las entidades consideran que el Kike Mur se ha convertido durante los últimos quince años en un espacio abierto a la participación ciudadana: aquí se desarrollan actividades vinculadas al feminismo, el antiespecismo, los derechos LGTBIQ+, la memoria histórica, la solidaridad con las personas presas, la cultura alternativa y numerosas iniciativas comunitarias. También acoge conciertos, debates, talleres, encuentros sociales y propuestas que, según sostienen, difícilmente encontrarían cabida en equipamientos institucionales.

Lejos de competir con la programación de otras entidades, aseguran que el centro social “es una joya para el barrio, impulsada por jóvenes que aportan una mirada diferente y complementaria, enriqueciendo la vida cultural, fortaleciendo las relaciones vecinales y contribuyendo a construir comunidad”, resumen.

“Aporta inquietudes, perspectivas y actividades que no existen en otros espacios”, señalan. Entre los ejemplos recientes de esa implicación destacan la campaña solidaria organizada tras la dana de Valencia, cuando integrantes del Kike Mur recogieron y trasladaron gratuitamente varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a las zonas afectadas. Aquella iniciativa sirvió además para que muchos vecinos accedieran por primera vez al recinto y conocieran de cerca la labor que se desarrolla en su interior.

“Lo que tenemos que entender es que el CSO Kike Mur es un espacio autogestionado, que se sale del sistema convencional”, explica Ángela Ezquerro. “Es algo que tiene mucho valor porque son gente joven, organizada, que aporta al barrio desde un montón de aspectos y no encuentra rechazo ni queja alguna por parte de los vecinos”, explica Javier Grasa.

“Lo que no podemos hacer es criminalizar esa actividad. Lejos de ello, lo que intentamos hacer es darle valor, porque es una suerte contar con algo tan genuino en la sociedad en la que vivimos”, añade Chema Gregorio.

Para el movimiento vecinal, el valor del Kike Mur va más allá de su programación. Recuerdan que la antigua cárcel de Torrero ocupa un lugar central en la memoria democrática de Zaragoza, en lo que Miguel Guíu ve una suerte de “justicia poética”, que hoy sean los nietos de aquellos que fueron encarcelados y represaliados, desde anarquistas, opositores políticos, homosexuales o miembros de la comunidad gitana, los que conviertan esta antigua prisión en un espacio gestionado por jóvenes comprometidos con causas sociales y comunitarias. “Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva”, resume.

Las asociaciones recuerdan además que el actual proyecto no nació al margen del barrio. Subrayan que, tras un intento de desalojo producido en los primeros años de ocupación, una multitudinaria movilización vecinal permitió reabrir el espacio y consolidar su actividad. Desde entonces, sostienen, la relación entre el centro social y el tejido asociativo se ha fortalecido a través de campañas solidarias, movilizaciones, actividades culturales y proyectos compartidos.

Frente a esta realidad, las entidades cuestionan los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar el cierre. Consideran que el anuncio de un nuevo centro para mayores responde más a una estrategia política que a una necesidad detectada por los vecinos. Recuerdan que actualmente Torrero dispone ya de dos centros de jubilados y de otros recursos donde se ofrecen servicios de restauración para personas mayores a precios asequibles. Nadie discute la conveniencia de reforzar este tipo de equipamientos, aseguran, pero consideran que la propuesta municipal se ha presentado sin ningún proceso previo de consulta con el barrio.

Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva

Miguel Guíu

La crítica más dura se dirige hacia lo que califican como un “ejercicio de hipocresía” por parte del Ayuntamiento. Según explica Josan Pérez, justo enfrente de la antigua cárcel existen dos locales municipales de aproximadamente 600 metros cuadrados cada uno, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que permanecen vacíos desde hace unos quince años. A su juicio, esos espacios podrían albergar perfectamente el equipamiento para mayores anunciado por la alcaldesa sin necesidad de desalojar el Kike Mur. Añaden que el movimiento vecinal lleva años reclamando locales para desarrollar actividades comunitarias y que, pese a ello, numerosos inmuebles públicos continúan cerrados, sin uso y deteriorándose.

También recuerdan que otros espacios municipales del barrio, como un local situado en el parque Emilio Lacambra, han sido reclamados reiteradamente para usos vecinales sin éxito mientras permanecen abandonados y sufren un progresivo deterioro. Por ello consideran que la ofensiva contra el Kike Mur no responde a una falta de espacios, sino a una voluntad política de acabar con un modelo de organización social que escapa al control institucional.

Las asociaciones sostienen que el verdadero problema para el gobierno municipal es la existencia de redes vecinales autónomas y experiencias de autogestión. Señalan que el Kike Mur mantiene relaciones de colaboración con otros proyectos comunitarios de la ciudad y representa una forma de participación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización horizontal. “Lo que molesta no es el edificio, sino lo que simboliza”, afirman.

“Chueca, la gran desconocida. Hipocresía y victimización”

Las críticas alcanzan directamente a la alcaldesa Natalia Chueca, a quien describen como “la gran desconocida” en Torrero. Denuncian la falta de interlocución con el tejido asociativo y aseguran que resulta extremadamente difícil mantener reuniones o trasladar reivindicaciones al Ayuntamiento. Según explican, muchas de las decisiones que afectan al barrio se adoptan sin información previa ni procesos de participación ciudadana.

Como ejemplo citan el proyecto del jardín japonés impulsado en una parcela próxima al Parque de La Paz. Los colectivos recuerdan que históricamente habían reivindicado ese espacio para desarrollar huertos comunitarios y lamentan que la actuación municipal se anunciara sin contar con las entidades vecinales. Consideran aquel proyecto, que tachan de “feo” y “extraño”, un símbolo de una forma de gobernar basada en la imposición y alejada de las prioridades reales del barrio.

También han reclamado sin éxito reuniones con el ayuntamiento para abordar proyectos relacionados con la memoria democrática, como la dignificación de las tapias del cementerio donde fueron fusilados centenares de represaliados franquistas o la señalización de la ruta que seguían los milicianos de la CNT para intentar rescatar presos y perseguidos por la represión. Aseguran que, pese a existir financiación de la Diputación de Zaragoza para algunas de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha evitado implicarse y ni siquiera ha accedido a mantener encuentros con las asociaciones promotoras.

Los representantes de las asociaciones no eluden la polémica generada por la pancarta exhibida por jóvenes vinculados al centro social tras el anuncio del futuro desalojo en la que rezaba el siguiente mensaje: 'Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras'. Aunque admiten que el mensaje pudo ser un error desde el punto de vista comunicativo, rechazan que pueda interpretarse como una amenaza personal y consideran que el Ayuntamiento ha utilizado el episodio para construir un relato de victimización. A su juicio, la controversia ha servido para desplazar el debate de fondo sobre el futuro del Kike Mur y reforzar una estrategia de criminalización del movimiento okupa. “Primero se les demoniza, se habla de drogas, delincuencia o inseguridad y después se presenta cualquier respuesta como una amenaza”, sostienen.

Josan Pérez replica: “La violencia no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento físico o una alteración del orden público. También constituye una forma de violencia impulsar proyectos como los centros de datos que puedan aumentar la temperatura del barrio entre dos y cinco grados, incrementar el consumo energético, encarecer las facturas o deteriorar las condiciones ambientales sin escuchar previamente a los vecinos. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de agresiones al territorio y a la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, sostiene.

La “tormenta perfecta”

Por ello advierten de que en Torrero se está configurando una auténtica “tormenta perfecta”. La suma de conflictos abiertos, la ausencia de diálogo institucional y la percepción de que las decisiones se toman de espaldas al barrio están generando un malestar creciente.

Repasan varias polémicas referidas al barrio como lo que consideran una agresión a los pinares de Venecia vinculada al parque de atracciones, que consideran un “fiasco absoluto y total despropósito”, por lo que ya han solicitado la dimisión de la alcaldesa, su concejal de presidencia, Ángel Lorén y del ‘concejal en la sombra’, José María Ruiz de Temiño. Igualmente, recuerdan su oposición al proyecto de implantación de centros de datos en el entorno.

En ese contexto sitúan el posible desalojo del Kike Mur. Las entidades aseguran que cualquier tensión que pudiera producirse no sería consecuencia de la actividad del centro social, sino de una decisión política que pretende expulsar un proyecto plenamente integrado en la vida comunitaria.

“Si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”, concluyen. A su juicio, el Ayuntamiento está construyendo un relato de victimización que criminaliza a los ocupantes mientras ignora el arraigo social del proyecto y el apoyo que recibe desde amplios sectores del movimiento vecinal. Lejos de ser un problema para Torrero, defienden, el Kike Mur constituye uno de los últimos bastiones de la autogestión en Zaragoza y una de las principales referencias de la memoria democrática en un barrio que lleva décadas reivindicando su historia y su capacidad de organización colectiva. “Esto no tiene nada que ver con el Buñuel –último centro centrado–. Aquí hay muchos años de trabajo común, solidaridad, y mucho apoyo mutuo”, advierten.

Los orígenes del Kike Mur están ligados a la tradición antimilitarista de Zaragoza, una ciudad marcada durante décadas por la presencia de instalaciones militares como la Academia General Militar, la Base Aérea estadounidense o el campo de tiro de las Bardenas. Como reacción a ese contexto surgió en los años ochenta un potente movimiento pacifista que, tras las movilizaciones contra la OTAN, protagonizó una de las principales campañas de insumisión al servicio militar obligatorio.

El CSO toma su nombre de Kike Mur Zubillaga, un joven insumiso de 25 años fallecido en 1997 mientras cumplía condena en la prisión de Torrero. Su muerte provocó una fuerte conmoción en Zaragoza y convirtió su figura en uno de los símbolos del movimiento antimilitarista que contribuyó a la desaparición definitiva de la mili obligatoria en España.

Este fin de semana se cumplen 18 años de la inauguración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, el acontecimiento que transformó la ciudad con nuevas infraestructuras, equipamientos y espacios públicos ligados al agua. Casi dos décadas después, el balance de aquel legado es desigual. Mientras algunas de las obras construidas para la muestra forman parte ya de la vida cotidiana de Zaragoza o han encontrado una nueva utilidad, otros espacios permanecen cerrados, degradados o pendientes de un proyecto definitivo.

Las críticas se han intensificado en los últimos años de la mano de la asociación Legado Expo, que ha alertado en numerosas ocasiones sobre el deterioro de parte del recinto y del Parque del Agua. Este mismo viernes, coincidiendo con el aniversario, la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, reclamó un plan específico para recuperar algunos de los espacios más deteriorados de la muestra de cara al vigésimo aniversario, que se celebrará en 2028: “Es prioritario que el Parque del Agua siga siendo un instrumento de las familias, siga siendo ese espacio de ocio, de hostelería, de restauración, que hemos disfrutado durante estos años”.

El Parque del Agua es uno de los grandes legados que dejó la Expo 2008 y el mayor espacio verde de Zaragoza. Sus 120 hectáreas transformaron el meandro de Ranillas en una zona de ocio, deporte y naturaleza articulada alrededor de un complejo sistema de canales, lagunas y filtros verdes que aprovechaba el agua del Ebro. Sin embargo, desde hace tiempo acumula denuncias por el estado de parte de sus instalaciones. La asociación Legado Expo alerta de problemas de mantenimiento en el sistema hídrico y advierte de que el deterioro de los filtros verdes, los canales y las lagunas puede afectar al funcionamiento de un espacio diseñado precisamente en torno a ese circuito. A ello se suman actos vandálicos, mobiliario deteriorado, señalización dañada y el cierre o la degradación de varias concesiones que durante años contribuyeron a dinamizar el parque.

Entre los ejemplos más visibles figuran las antiguas Playas de la Expo. Durante años fueron uno de los principales reclamos del Parque del Agua, con piscinas, zonas de baño y actividades recreativas que atraían a miles de usuarios cada verano. Sin embargo, permanecen cerradas desde 2024 y la vegetación ha acabado por adueñarse de buena parte de las instalaciones. La asociación Legado Expo ha llegado a comparar algunas zonas del parque con el “plató de Supervivientes” para denunciar la falta de mantenimiento y el crecimiento descontrolado de la maleza.

La situación está ligada al conflicto judicial abierto en torno a la concesión. En 2022 el Ayuntamiento adjudicó la gestión a una nueva empresa, que debía asumir inversiones superiores a 700.000 euros para completar actuaciones pendientes de la anterior concesionaria. La adjudicataria rechazó esa obligación, recurrió la decisión municipal y finalmente comunicó su renuncia al considerar inasumible la inversión exigida. El procedimiento continúa pendiente de resolución judicial y, mientras tanto, continúan cerradas y sin fecha de reapertura.

Otros espacios pendientes

El deterioro también alcanza a algunos de los edificios más emblemáticos de la muestra. El caso más evidente es el del Pabellón de España, diseñado por Patxi Mangado, que permanece cerrado desde el 14 de septiembre de 2008. Durante estos casi 18 años han pasado por la mesa distintas propuestas para darle uso, desde proyectos universitarios hasta iniciativas vinculadas a la investigación o la formación, pero ninguna ha llegado a materializarse. El último intento del Gobierno de Aragón ha sido solicitar al Estado la cesión del inmueble para trasladar allí el Conservatorio Profesional de Música o impulsar un centro de formación ligado a las nuevas tecnologías. Sin embargo, el Ejecutivo central mantiene la titularidad del edificio y asegura contar con un proyecto propio para su futuro, aunque por ahora no ha trascendido en qué consistirá.

El Pabellón de Aragón tampoco ha encontrado todavía un uso estable. Cerrado desde el final de la Expo, el edificio ha sufrido durante años actos vandálicos y problemas de conservación mientras se sucedían las propuestas sobre su futuro. Entre ellas, el Gobierno de Aragón llegó a plantear su candidatura para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Sin embargo, cualquier proyecto pasa por una rehabilitación integral que requerirá una importante inversión.

Durante la Expo 2008 se realizaron decenas de intervenciones artísticas repartidas por el recinto, el Parque del Agua y las riberas del Ebro con el objetivo de integrar el arte contemporáneo en el espacio público y dejar un legado cultural permanente para la ciudad. Esculturas, instalaciones y elementos paisajísticos de artistas como Jaume Plensa, Isidro Ferrer, Javier Peñafiel o Fernando Sinaga pasaron a formar parte del paisaje urbano de Zaragoza. Sin embargo, la asociación Legado Expo denuncia que algunas de estas obras presentan pintadas y signos de deterioro, otras han desaparecido y varias llevan años sin mantenimiento. Según la entidad, la falta de definición sobre la titularidad de algunas piezas ha dificultado su conservación durante estos años.

Tampoco todas las infraestructuras construidas para mejorar la conexión con el recinto se encuentran en perfecto estado. Aunque sigue siendo utilizada a diario por miles de peatones y ciclistas, la Pasarela del Voluntariado, diseñada por el ingeniero Javier Manterola para conectar el Actur y La Almozara, ha acusado el paso del tiempo y los actos vandálicos. El Ayuntamiento la ha incluido en un plan específico de revisión de puentes y pasarelas de la ciudad, después de que los estudios previos detectaran problemas de corrosión, rotura de cristales en los parapetos laterales y desgaste en distintos elementos y la previsión es acometer una intervención integral en los próximos años.

Entre los legados menos conocidos figura también el túnel de la A-68, terminado pero nunca inaugurado. Concebido para absorber hasta 2.500 vehículos por hora y facilitar la conexión entre el centro de la ciudad, la estación intermodal y la autovía, la infraestructura permanece cerrada 18 años después por la falta de financiación para completar su equipamiento.

Los iconos que buscan una segunda vida y los que funcionan

La Torre del Agua es uno de los ejemplos de recuperación del legado de la Expo. Tras permanecer sin uso público durante casi dos décadas, el Gobierno de Aragón ha iniciado ya las obras para transformarla en el denominado Faro de la Logística. La actuación incluye la reparación de desperfectos acumulados durante años, la construcción de un mirador panorámico, la creación de nuevos espacios multifuncionales y la renovación completa de su envolvente exterior y la reapertura está prevista para 2027.

Otro de los proyectos que simbolizan esta recuperación es el Canal de Aguas Bravas. Después de años cerrado y convertido en uno de los ejemplos más visibles del fracaso de algunas concesiones post-Expo, la instalación volverá a funcionar este mismo año. El Ayuntamiento adjudicó su gestión a Océano Atlántico por un periodo de 20 años y la empresa invertirá más de medio millón de euros en su puesta en marcha. La instalación combinará usos deportivos, turísticos y formativos, con actividades de rafting, kayak, hidrospeed y entrenamiento para competiciones de alto nivel. La previsión es que pueda acoger también pruebas nacionales e internacionales.

El Pabellón Puente es ahora el Mobility City, un proyecto impulsado por Fundación Ibercaja dedicado a la movilidad sostenible. Inaugurado en 2023, el centro acoge exposiciones, actividades divulgativas y eventos relacionados con la innovación y el transporte del futuro. Además de devolver la actividad a uno de los edificios más reconocibles de Zaragoza, el proyecto se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del recinto Expo y recibió cerca de 200.000 visitantes en su primer año de funcionamiento. Este espacio, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid y considerado una de las obras más emblemáticas de la Expo fue planteado a la vez como puente peatonal y pabellón expositivo sobre el Ebro. Sin embargo, permaneció durante años sin un uso estable tras la clausura de la muestra, aunque su situación cambió hace tres años.

El Puente del Tercer Milenio, construido como principal acceso al recinto desde la margen derecha del Ebro, forma parte de la red viaria habitual de la ciudad y soporta diariamente miles de desplazamientos de vehículos, peatones y ciclistas. Aunque el paso del tiempo ha dejado huella en elementos como los cerramientos de cristal y la infraestructura ha sufrido episodios de vandalismo, sigue siendo una de las obras de ingeniería más emblemáticas surgidas de la Expo y mantiene el título de mayor puente de arco suspendido de hormigón del mundo.

También se ha convertido en un espacio relevante en la ciudad el Palacio de Congresos, uno de los equipamientos que mejor ha aprovechado el legado de la muestra. Desde su inauguración en 2008 ha acogido congresos profesionales, ferias, convenciones empresariales, conciertos y eventos culturales, convirtiéndose en una referencia nacional en el turismo de reuniones y en uno de los principales espacios congresuales de Aragón.

Otro de los casos más exitosos es el Acuario Fluvial, el único gran pabellón de la Expo que nunca cerró sus puertas tras la clausura del evento. Considerado el mayor acuario fluvial de Europa, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Zaragoza y en 2025 registró cifras récord de visitantes, reforzando su posición como la instalación de pago más visitada de la ciudad.

La reconversión de los antiguos pabellones de países y comunidades autónomas constituye el ejemplo más discreto pero también más efectivo de reutilización del recinto. Lo que durante los tres meses de la Expo fueron espacios expositivos alberga hoy oficinas, servicios administrativos y equipamientos judiciales. El complejo empresarial gestionado por Expo Zaragoza Empresarial roza el 95% de ocupación y reúne a decenas de empresas y miles de trabajadores, mientras que edificios como Fueros de Aragón y Vidal de Canellas acogen la Ciudad de la Justicia.

Más allá de los edificios emblemáticos, buena parte de las grandes infraestructuras asociadas a la Expo se han integrado completamente en el funcionamiento cotidiano de Zaragoza. La estación intermodal de Delicias se ha consolidado como el principal nodo ferroviario y de transporte por carretera del noreste de España; la Ronda Norte continúa siendo una de las principales vías de distribución del tráfico urbano; y la ampliación del aeropuerto forma parte de la red logística que ha convertido a Zaragoza en uno de los principales polos de mercancías del país.

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento Zaragoza, Chema Giral, ha propuesto a la alcaldesa, Natalia chueca, un plan de mejora “urgente” en movilidad que debería contar con bonificaciones económicas a los usuarios de las líneas de autobús afectadas por las obras en las vías urbanas, con la finalidad de intentar paliar los “perjuicios” que sufren los vecinos. Estas ayudas se aplicarían a través de distintas tarjetas de transporte como la tarjeta bus, la tarjeta LAZO y Tarjeta Ciudadana, entre otras.

Asimismo, este plan de mejora urgente de la movilidad tendría que establecer una campaña de información “mucho más intensa de lo que hay hasta ahora” para que los usuarios sepan qué líneas de autobús están afectadas, cuáles son sus recorridos y sus frecuencias.

También, con la llegada del verano y la consiguiente disminución de las frecuencias de los autobuses en estos meses, Giral ha sugerido que en las líneas desviadas no se produzcan dicha reducción de frecuencias, porque “entonces perjudicarán todavía más a los usuarios y se agravarían los problemas ya existentes de estas líneas”, ha razonado.

Ha trasladado esta propuesta por la “caótica situación de la movilidad con atascos constantes y más de 17 líneas desviadas y otras 11 que se verán afectadas en el entorno de El Portillo desde el lunes por la mala planificación en la reforma de calles y avenidas que ha dejado para final de mandato”.

En rueda de prensa, Giral ha otorgado un “rotundo suspenso” a Chueca en movilidad porque a esta situación de “atascos y caos circulatorio” se suma lo que Natalia Chueca lleva haciendo durante estos tres años en materia de transporte público, que es “absolutamente nada”.

Contrato del bus sin adjudicar

Al respecto, ha argumentado que la Chueca en la campaña de las elecciones municipales de 2023 prometió un nuevo contrato de autobús para mejorar y reorganizar las líneas existentes y sobre todo sus frecuencias, pero a menos de diez meses de la próxima convocatoria electoral “todavía no se ha adjudicado el nuevo contrato” que supone seguir sufriendo las “malas” frecuencias de los autobuses, en especial los fines de semana.

En cuanto al tranvía, que ha calificado como el “mejor transporte público” de Zaragoza al ser el único de alta capacidad y el mejor valorado por todos los ciudadanos, “tampoco ha hecho nada” sobre la ampliación de la línea norte sur. Ante el incremento poblacional en los distritos del sur, como Arcosur, Valdespartera y Rosales del Canal “no ha movido un solo papel técnico para empezar a realizar un proyecto de extensión de esa línea”, ha criticado. “Hasta el Gobierno de Aragón, de su colega Jorge Azcón, le ha ofrecido financiar dicha extensión y ella no ha hecho absolutamente nada”, ha apostillado.

Sobre la segunda línea del tranvía, que reclama el PSOE desde hace tiempo, ha lamentado que Chueca “siempre” se ha manifestado con un “rotundo no a la posibilidad de esta segunda línea del tranvía, que a todas luces sería beneficioso para unir los barrios del este con los barrios del oeste”. En tono irónico ha comentado que Chueca “no ha sido siempre tan rotunda en el no a la línea 2 del tranvía”, porque en la campaña electoral autonómica de febrero “tuvo un arranque de sensatez, un lapsus y dijo que se habría a valorar esa posibilidad”, pero ese lapsus le duró lo mismo que la campaña electoral, porque “después se siguió negando”. A su parecer, lo que sí ha hecho Chueca en el tranvía es “inundar los vagones de publicidad de forma que no se ve absolutamente nada y se dificulta la accesibilidad a los vagones”.

Subida del billete

A todas esta “mala gestión” se suma que Chueca es la “única alcaldesa de la historia de este ayuntamiento que todos y cada uno de los años ha subido el precio del transporte público del autobús y del tranvía”.

Esta subida no solo atañe a los usuarios del transporte público, sino también a los ciudadanos que utilizan el vehículo privado y que “en horas punta tienen unos atascos tremendos, en especial en varias zonas de la ciudad”, entre las que ha citado paseo de Echegaray y Caballero, la calle Asalto, paseo de la Constitución o la zona de El Portillo, la calle Anselmo Clavé, la avenida Valencia o la zona de Pedro Cerbuna.

Antes de concluir ha reiterado que los usuarios del transporte público son los “principales afectados”, porque se están encontrando que han “empeorado” sus frecuencias de paso; los recorridos de estos autobús, al ser desviados, son mucho más largos; que no hay información suficiente para conocer estos desvíos; y también están obligados, en ocasiones, a realizar ahora transbordos que antes no tenían por qué realizar“, ha detallado.

Viviendas envejecidas, problemas de accesibilidad, deficiencias en las redes de saneamiento, falta de mantenimiento y una población cada vez más envejecida y vulnerable. El grupo de viviendas Andrea Casamayor, en el barrio zaragozano de Las Fuentes, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que afrontan algunos de los entornos residenciales más antiguos de la ciudad. Vecinos, entidades sociales y expertos coinciden en señalar que la situación requiere una intervención integral que vaya más allá de actuaciones puntuales.

Construidas en los años cincuenta como viviendas sindicales durante el franquismo, estas casas pasaron posteriormente a manos de la Diputación General de Aragón. Según explica la presidenta de la Asociación Vecinal Las Fuentes, Pilar Catalán, cuando la DGA decidió vender las viviendas a sus ocupantes, los vecinos cedieron los espacios exteriores, dando inicio a una situación administrativa que, décadas después, sigue generando problemas. “Desde entonces todo ha ido a la deriva, no había nadie que se hiciera cargo de los exteriores de las viviendas”, resume Catalán. La situación se ha traducido en años sin inversiones significativas en una zona donde las infraestructuras muestran signos de deterioro.

La representante vecinal describe edificios que arrastran problemas estructurales desde hace décadas. “Son unas casas que se han quedado muy desfasadas”, señala. Muchas carecen de ascensor pese a contar con cuatro alturas, presentan importantes carencias de aislamiento térmico y acústico y conservan redes de saneamiento antiguas que han provocado incidencias recurrentes. Uno de los episodios más graves se produjo el pasado verano, cuando afloraron aguas fecales en una de las zonas del grupo de viviendas. “Los técnicos detectaron una insalubridad tremenda”, recuerda Catalán. Aunque se realizaron algunas actuaciones de urgencia, sostiene que el problema de fondo continúa sin resolverse.

Un problema que va más allá de los edificios

Las dificultades de Andrea Casamayor no se limitan al estado físico de las viviendas. Un estudio impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza ha analizado aspectos como la accesibilidad, la convivencia, la seguridad, la vivienda o los servicios disponibles en la zona, y se ha identificado una combinación de problemas urbanos y sociales. El sociólogo Chabier Gimeno, impulsor en este proceso, considera que lo que ocurre en Andrea Casamayor refleja dinámicas que están apareciendo en otros puntos de Zaragoza. A su juicio, la crisis de acceso a la vivienda está provocando desplazamientos de población dentro de la ciudad que terminan repercutiendo en barrios como Las Fuentes.

“La manifestación por la vivienda acabó en Aloy Sala-Tenerías. Todo lo que pasa ahí repercute en Las Fuentes norte”, explica. En su opinión, Zaragoza está experimentando procesos similares a los que ya se observan en grandes ciudades españolas: “Vamos a recibir lo que otros sitios de la ciudad están expulsando”, advierte. Gimeno relaciona esta situación con el aumento de los precios del alquiler, la presencia de grandes propietarios y la dificultad para acceder a una vivienda digna. “Hay mucha tensión. Es un ejemplo de lo que está pasando en otros sitios de la ciudad, en todos los sitios donde hay este tipo de bloques, alquileres imposibles, hacinamiento, multipropietarios y grandes tenedores”, afirma.

El sociólogo alerta también de que, ante la falta de políticas públicas suficientes, los conflictos sociales pueden acabar desplazando el foco de los problemas reales. “No es un bulo. Cuando a alguien le azuzan contra el vecino se degrada la convivencia”, señala. A su juicio, la respuesta no puede limitarse a medidas punitivas ni a discursos centrados exclusivamente en la seguridad. “El conflicto es la ausencia de políticas públicas”, sostiene. En este sentido, considera que la rehabilitación física de los edificios debe ir acompañada de medidas sociales. “La convivencia se ha tornado un tema prioritario”, reconoce, pero insiste en que “hace falta acompañamiento social” para evitar que las tensiones se cronifiquen.

Un barrio envejecido que reclama servicios

La situación se ve agravada por el progresivo envejecimiento de la población residente. La presidenta vecinal lamenta que una de las zonas con más personas mayores del barrio carezca de equipamientos específicos para atender sus necesidades. “En esa zona donde todo es gente mayor no tenemos ningún centro de convivencia”, denuncia. Muchos residentes tienen dificultades para desplazarse hasta otros equipamientos del barrio debido a problemas de movilidad y a la falta de ascensores en los edificios.

Las reivindicaciones vecinales también incluyen mejoras en instalaciones deportivas, espacios públicos y equipamientos comunitarios. “Somos un barrio que está al lado del centro, en veinte o veinticinco minutos andando estás en la plaza de España, y realmente estamos muy olvidados”, lamenta Catalán. Recuerda también el proyecto en la antigua fábrica de Giesa, donde se va a desarrollar la ciudad del cine Distrito 7, que ha generado una intensa polémica por la privatización de la formación profesional que se va a impartir aquí: “Este presupuesto no es para el barrio, no nos da servicio al barrio, es un servicio para la ciudad al completo. Lamentamos que se lo den a centros privados, es una zona en la que nos habría ido bien alguna instalación para el pueblo, tenemos muy poco espacio para expandirnos”.

La concejal socialista y presidenta de la Junta Municipal de Las Fuentes, Marta Aparicio, considera que la situación de Andrea Casamayor requiere una actuación urgente por parte de las administraciones. La edil ha reclamado al Gobierno municipal que impulse políticas públicas para revitalizar la zona mediante una intervención integral que combine actuaciones urbanísticas, sociales y comunitarias, una demanda que, asegura, comparten los propios vecinos.

Aparicio sostiene que el deterioro afecta tanto al espacio público como a las propias viviendas. “No puede ser que, en esta ciudad, cada vez más, haya ciudadanos de primera y de segunda”, afirma. Según denuncia, el entorno presenta “deficiencias y grave deterioro” con aceras y pavimentos en mal estado, problemas de limpieza y carencias en las redes de saneamiento y abastecimiento, a lo que se suma una población envejecida, edificios con barreras de accesibilidad y una elevada concentración de hogares con bajos ingresos. “Estamos hablando de los vecinos que más necesitan la intervención del Ayuntamiento”, subraya.

“Es la zona más degradada del barrio”, resume Pilar Catalán. Una realidad que, según advierten quienes mejor conocen el entorno, corre el riesgo de agravarse si no llega una intervención que afronte simultáneamente los problemas urbanísticos y sociales acumulados durante décadas.

Un total de 421 jóvenes han presentado sus obras al concurso 4Artes del Ayuntamiento de Zaragoza, un certamen dirigido a chicos y chicas de 12 a 30 años que busca visibilizar el talento artístico y que, en cada edición, cuenta con un gran éxito de participación.

Esta convocatoria no ha sido para menos, ya que se han presentado un total de 649 obras en las distintas modalidades. La categoría de fotografía y pintura han sido las que más obras han recibido, con 232 y 202, respectivamente.

Además, se han presentado 32 obras de objeto artístico y 28 de videoarte, dos categorías que se han incorporado como novedad este año al certamen. 'Objeto artístico', incluye obras cerámica, escultura, bisutería, prendas tuneadas o impresión en 3D.

A ellas se suman las obras del 'Reto Colores', al que se han presentado 155 obras, con el único requisito de que en la fotografía haya un color dominante.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado la exposición que reúne estas obras y que se podrá ver hasta el 23 de agosto en el Centro de Historias de Zaragoza. Ha estado acompañada por varios ganadores del concurso que hoy miraban con orgullo su obra en una exposición abierta al público.

Este jueves por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se celebrará la inauguración oficial en un acto, que contará con actuaciones musicales y un recital de poesía, en la entrada del centro, y que será la antesala a la entrega de premios a los galardonados, que se realizará en la misma sala de exposiciones.

Bravo ha explicado que este certamen es uno de los más consolidados dentro de la programación que prepara el Ayuntamiento para los jóvenes de la ciudad, ya que este año es la decimocuarta edición.

El objetivo es descubrir y difundir a los artistas noveles, visibilizando el talento emergente y acercando sus obras a la ciudad.

Desde su nacimiento, en 2013, se han presentado cerca de 4.000 obras, consolidándose como el mayor concurso artístico para jóvenes, ha destacado.

El primer premio está dotado con 500 euros y el segundo, con 300 euros, mientras que el accésit y la propuesta joven recibirán 150 euros.

Los premios son en tarjetas regalos de la Fnac. Además, hay un premio especial para jóvenes de entre 12 y 17 años. Se puede acceder a más información en este enlace.

El avance de las obras en el entorno de la antigua estación de El Portillo, que está ejecutando Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) que afecta especialmente a las calles de Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé –junto al resto de vías adyacentes–, iniciará el próximo lunes, 15 de junio, una nueva fase que incluirá de manera destacada el cruce de Paseo María Agustín con la calle de San Josemaría Escrivá de Balaguer, enlace con la plaza de la Ciudadanía.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, la instalación de un nuevo colector de saneamiento hace imprescindible esta intervención, que se realizará a lo largo del verano, aprovechando el período vacacional para intentar causar las menores molestias.

A pesar de que se han intentado minimizar las afecciones y desvíos, la recomendación para el tráfico privado es intentar evitar, en lo posible, el eje del paseo de María Agustín, tanto en sentido salida –desde la Puerta del Carmen– como en sentido entrada –desde la Plaza de Europa–. Esta evolución de las obras también afectará también en cierta medida a Anselmo Clavé, por la que ya se circula con un único carril por sentido.

A partir del lunes, día 15 de junio, la calzada sentido centro de paseo María Agustín, entre las calles Jerónimo Borao y Escrivá de Balaguer, así como el carril bici, quedarán totalmente ocupados. Se habilitará un carril por sentido en ese tramo, que circularán por lo que ahora son los carriles de salida de la ciudad.

Giros anulados

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que no será posible acceder a Escrivá de Balaguer desde paseo de María Agustín, de modo que el giro a la izquierda que da salida hacia la plaza de la Ciudadanía y Delicias quedará temporalmente anulado. Para intentar facilitar la fluidez del transporte público, se habilitará un giro específico a la izquierda –para autobuses y taxis– desde el paseo de María Agustín a la avenida de Madrid en el cruce de ambas vías.

Por su parte, los dos carriles de la calle de Marie Curie serán exclusivamente hacia la calle de Conde Aranda. Esto implicará, asimismo, la prohibición de estacionar en el lado par de dicha calle.

Los vehículos que, en sentido centro, accedan a la calle de Escrivá de Balaguer desde Delicias deberán girar obligatoriamente a su derecha a Anselmo Clavé, ya que quedará también interrumpido el tráfico hacia paseo de María Agustín. Se garantizará el acceso a las reservas de garaje existentes en la calle Escrivá de Balaguer desde la rotonda de la Ciudadanía.

Este avance de las obras afectará también a distintas líneas de autobús urbano y de las líneas que gestiona el Consorcio de Transportes. Así, las líneas 21 y 51, que normalmente pasan por la plaza del Portillo entrando por Marie Curie para salir, desde la calle de Conde Aranda a avenida de Madrid, utilizarán el giro específico que se habilitará desde paseo María Agustín a avenida de Madrid.

La línea 22, que hasta ahora giraba a su izquierda desde paseo de María Agustín a la calle de Anselmo Clavé, continuará por paseo de María Agustín hasta la avenida de Madrid --nuevo giro temporal a la izquierda--, rotonda de la Ciudadanía y calle de Escrivá de Balaguer, para volver a su recorrido por Anselmo Clavé.

Finalmente, la línea 31, que habitualmente avanzaba por Escrivá de Balaguer, continuará hasta el cruce con avenida de Madrid, donde sí girará a la izquierda hasta la rotonda de la Ciudadanía.

Cambios de paradas

Las paradas de autobús que están en el tramo de paseo de María Agustín entre la calle de Escrivá de Balaguer y ña avenida de Madrid estarán temporalmente anuladas. Esto también afecta a los autobuses de barrios rurales y área metropolitana que gestiona el Consorcio de Transportes. Sentido salida.

Así, las líneas 110 y 111 trasladarán la terminal a Marie Curie saliendo por la plaza del Portillo-Conde Aranda y paseo de María Agustín. Las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 seguirán por paseo María Agustín para hacer el giro a izquierda a la avenida Madrid. Las líneas 601, 619 y 620 tendrán salida por la plaza del Portillo-Conde Aranda-paseo María Agustín por lo que no presenta cambios.

En sentido entrada, las líneas 110 y 111 entrarán por paseo de María Agustín para hacer el cambio de sentido por la calles de Anselmo Clave y de General Mayandía, paseo de María Agustín y calle de Marie Curie, como hasta ahora.

Por su parte, las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 entrarán por la calle de Anselmo Clave, calle de General Mayandía y paseo de María Agustín para seguir sentido Puerta del Carmen.

En cuanto a las líneas 601, 619 y 620 entrarán para hacer el cambio de sentido por la calle de Anselmo Clave, seguir por la calle de General Mayandía, paseo de María Agustín y calle de Marie Curie, como hasta ahora.

Toda la información sobre desvíos de autobuses urbanos estará disponible en las webs de Avanza Zaragoza y del Consorcio de Transportes.

Los representantes de CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT han denunciado este jueves que el Gobierno municipal de Natalia Chueca continúa retrasando la puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén.

El próximo 13 de junio se cumplirán tres meses desde que el Gobierno de Zaragoza aprobó oficialmente la creación de esta unidad especializada. Sin embargo, a día de hoy sigue sin estar operativa. En la última reunión celebrada el pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento emplazó a la representación sindical a nuevas sesiones de trabajo los días 15 y 29 de junio, una decisión que, según las organizaciones sindicales, vuelve a dilatar un proceso que podría haberse resuelto hace semanas.

Los cinco sindicatos muestran su preocupación por una estrategia que, a su juicio, pretende trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que corresponde exclusivamente a la Administración municipal. Consideran que el calendario planteado por el Gobierno local aleja aún más la entrada en funcionamiento de la unidad y aumenta el riesgo de que su implantación quede pospuesta hasta después del verano.

Las organizaciones sindicales cuestionan además la diferente velocidad con la que el Ejecutivo municipal aborda distintos asuntos. “Resulta difícil comprender que para asuntos considerados prioritarios por el Gobierno municipal, como la Oferta de Empleo Público u otras materias de interés político, se convoquen hasta tres reuniones de negociación en menos de diez días para alcanzar acuerdos con rapidez, mientras que para la implantación de una unidad destinada a la protección de las víctimas de violencia de género los plazos se dilatan durante meses”.

La crítica se produce apenas una semana después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, alabara públicamente la futura Unidad Égida durante los actos celebrados el pasado 4 de junio con motivo de la festividad de la patrona de la Policía Local. En aquel acto, la regidora presentó la unidad como una realidad inminente y vinculada a nuevas responsabilidades para el cuerpo policial.

Sin embargo, los sindicatos recuerdan que la realidad es muy distinta. Tres meses después de su aprobación, la Unidad Égida sigue sin existir de forma efectiva y sin prestar servicio a las víctimas para las que fue concebida.

Un proyecto anunciado hace meses

La creación de la Unidad Égida fue aprobada por el Gobierno municipal el pasado 13 de marzo como parte de la incorporación de Zaragoza al sistema estatal VioGén. La nueva unidad debía estar integrada inicialmente por nueve agentes especializados encargados del seguimiento y protección de mujeres con niveles de riesgo bajo y medio, asumiendo aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad.

La adhesión de Zaragoza al sistema VioGén llegó tras años de negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior y fue presentada por el Gobierno municipal como un avance histórico en la protección de las víctimas.

Sin embargo, las críticas por los retrasos no son nuevas. Ya el pasado mes de abril distintas organizaciones sociales y representantes institucionales alertaron de que la unidad todavía no había iniciado siquiera el proceso formativo necesario para comenzar a operar. Entonces, el propio delegado del Gobierno en Aragón confirmó que la puesta en marcha seguía pendiente de la negociación de las condiciones laborales y de la selección definitiva de los agentes.

Para los sindicatos policiales, la situación evidencia una falta de voluntad política para acelerar un proyecto que el propio Gobierno municipal ha presentado reiteradamente como prioritario.

“Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, concluyen las organizaciones sindicales. “Merecen compromiso, recursos y decisiones que permitan convertir las promesas en realidades”.

“Hay un plazo de un año”

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado las críticas sindicales y asegura que las víctimas de violencia de género están protegidas actualmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la futura Unidad Égida servirá para reforzar esa atención. Asimismo, niega que la negociación se esté dilatando y recuerda que se ha fijado un calendario de reuniones para abordar tanto la creación de la unidad como las condiciones laborales y económicas de los agentes.

Lorén subraya además que el convenio con el Ministerio del Interior contempla un plazo de un año para la implantación en el sistema VioGén y que el Ayuntamiento prevé ponerla en marcha antes de agotar ese periodo. Además, ha reprochado que anteriores gobiernos municipales del PSOE y Zaragoza en Común no impulsaran la adhesión de Zaragoza al sistema VioGén, vigente desde 2007.

La sexta edición de Delicias Clásicas se celebrará del 1 al 5 de julio de 2026 en el Teatro de las Esquinas y volverá a situarse como una de las citas teatrales destacadas del verano en Zaragoza. El festival, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Junta Municipal Delicias y del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, consolida una programación vinculada a la tradición de los festivales de teatro clásico de verano y contribuye a dinamizar la actividad cultural y de ocio en el barrio de las Delicias.

La iniciativa, organizada por el Teatro de las Esquinas, cuenta también con el respaldo del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Desde su puesta en marcha hace cinco años, Delicias Clásicas ha reforzado la presencia del teatro clásico en la programación estival de la ciudad, acercando al público propuestas escénicas contemporáneas inspiradas en grandes autores y referentes de la literatura y la escena universal. Sus organizadores han afirmado durante la presentación, a la que han asistido la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el presidente del Distrito Delicias, Chema Giral, que se trata de “un delicioso festival de teatro clásico aderezado de nuevo con propuestas variadas y frescas para satisfacer el paladar del gran público, a partir de 12 años, y disfrutar de y con los clásicos”.

En esta edición, el programa reúne cuatro montajes procedentes de distintos puntos de la geografía española, con obras que dialogan con Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca o el imaginario de Jack el Destripador.

Los montajes

La programación comenzará el miércoles 1 y jueves 2 de julio con 'La Reina brava', de Las Niñas de Cádiz. La compañía gaditana presenta su último espectáculo, un drama satírico ibérico con tintes shakesperianos y reminiscencias del viejo romancero castellano. La obra parte de la historia de un magnicidio para construir una fábula sobre el poder, la venganza y las pasiones humanas, manteniendo la mirada crítica y el sello escénico de la compañía. Entre su elenco destaca Alicia Rodríguez, candidata a Mejor Actriz por la Reina Brava en los XXIX premios Max de las Artes Escénicas.

'La Reina Brava' se ha representado ya en los festivales más prestigiosos de este país como el Festival de Teatro Clásico de Almagro, la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla y el Festival de Teatro Clásico de Peñíscola.

El viernes 3 de julio será el turno de Morfeo Teatro, compañía procedente de Burgos, con 'El coloquio de los perros'. El montaje adapta una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y plantea una reflexión sobre la sociedad, la corrupción, el egoísmo y la fraternidad humana. La propuesta traslada al escenario la conversación entre Cipión y Berganza desde una lectura contemporánea, combinando el espíritu picaresco del texto cervantino con una puesta en escena de fuerte carga visual. El coloquio de los perros ha cosechado una intensa gira internacional y reconocimientos como la nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios Teatro De Rojas 2012, estando considerado como uno de los montajes más singulares de la compañía burgalesa.

Cabaré barroco en la corte de Felipe IV

El sábado 4 de julio, Lazona Teatro, de Madrid, presentará 'El rey de la farándula', un cabaré barroco que recupera el ambiente de la corte de Felipe IV y revisita los mecanismos de poder, la influencia de la escena y las contradicciones de una época marcada por el esplendor artístico y el declive político.

Con dramaturgia, dirección e interpretación de Ángel Ruiz, el espectáculo combina teatro, música y referencias a Lope, Calderón y Quevedo. El actor y protagonista, Ángel Ruiz, ha sido reconocido en su trayectoria con premios MAX, premios de la Unión de Actores, premios PTM y el premio HUGO, destacando su versatilidad como actor y cantante. La obra fue estrenada el pasado año en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La sexta edición concluirá el domingo 5 de julio con Afectuosamente suyo, 'Jack el Destripador', de Yapadú Produccions, compañía valenciana. Escrita por Ignacio García May y dirigida por Javier Sahuquillo –Premio ADE a Mejor Dirección Emergente por su trabajo en la obra–. La obra parte del Londres de 1888 y el barrio de Whitechapel para explorar los límites entre ficción, crimen y espectáculo. La propuesta se mueve entre el cabaré macabro y el imaginario del 'true crime', con una puesta en escena dinámica y música en directo.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza acusa al Gobierno de Natalia Chueca de acumular una larga lista de proyectos anunciados “a bombo y platillo” que han terminado convertidos en fracasos, retrasos o problemas de gestión. Los socialistas denuncian además una forma de gobernar “a golpe de parche” y reprochan a la alcaldesa que se sitúe sistemáticamente del lado de las empresas concesionarias en lugar de exigir el cumplimiento estricto de los contratos y la puesta en marcha de los servicios adjudicados.

Por ello, el concejal socialista Horacio Royo ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, en la próxima comisión del jueves para que dé explicaciones sobre varios de estos proyectos. “Le pedimos que haga algo revolucionario, único y rompedor: contar la verdad, reconocer un error tras otro y asumir responsabilidades políticas. Ya no sabemos qué nuevo sobresalto nos espera y, desgraciadamente, todo apunta a que todavía habrá más”, ha afirmado.

Royo ha valorado especialmente las últimas informaciones sobre el Parque de Atracciones de Zaragoza, cuya dirección ha confirmado que, por primera vez en su historia, no abrirá sus puertas durante esta temporada. “Es un desastre que se veía venir y que tiene responsables políticos. Natalia Chueca prometió convertir el parque en una gran referencia de ocio del nordeste de España y en un polo de atracción turística. Tres años después, Zaragoza se encuentra con que el parque no abrirá este verano”, ha señalado.

El edil socialista ha recordado además las consecuencias laborales derivadas de esta situación, que afectan a los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE a la espera de una solución y que ahora desconocen si podrán conservar sus empleos, además de los puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad del recinto.

“Esta situación es imputable exclusivamente al Gobierno municipal, que renunció a ejercer su responsabilidad y permitió que la empresa adjudicataria no asumiera la gestión de las instalaciones en la fecha prevista, el 28 de febrero”, ha denunciado Royo. A su juicio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado por qué aceptó esa situación ni las razones que llevaron posteriormente a dictar una orden de continuidad que considera “insostenible y arbitraria”.

Para el concejal socialista, si el Gobierno municipal sigue sin ofrecer explicaciones sobre las condiciones aceptadas a la empresa adjudicataria, “probablemente sea porque no puede darlas”. En este sentido, considera que las discrepancias existentes entre las empresas implicadas no justificaban la actuación del Ayuntamiento, al que acusa de posicionarse a favor de una de ellas y de firmar una orden de continuidad con una compañía que atraviesa serias dificultades económicas y financieras y se encuentra en concurso de acreedores.

“Las únicas certezas que tenemos es que este Gobierno es incompetente y peligrosamente mentiroso”, ha afirmado.

Royo también ha criticado la falta de transparencia respecto a las conversaciones mantenidas con el Grupo Fénix y ha exigido aclaraciones sobre si el Parque de Atracciones podrá reabrir finalmente en 2027.

Asimismo, ha enumerado otros proyectos que, a su juicio, reflejan la misma forma de gestionar del Gobierno municipal. Entre ellos ha citado el caso de Giesa, cuyo expediente permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Ejecutivo autonómico cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros en el recinto. Igualmente, ha recordado la situación del Canal de Aguas Bravas, cuya apertura continúa bloqueada después de que la empresa concesionaria rechazara asumir las instalaciones.

A ello ha sumado el incremento del coste previsto para la nueva Romareda, que ya alcanza los 180 millones de euros, y el proyecto del Centro Deportivo Sur, que contempla más de cinco millones de euros de inversión pública para unas instalaciones cuya explotación corresponderá a una empresa privada.

“Es evidente que a cualquier gobierno puede fracasarle algún proyecto. El problema es que en Zaragoza la excepción se ha convertido en un patrón”, ha lamentado.

Royo se ha preguntado “qué más tiene que pasar para que este Gobierno asuma responsabilidades políticas por el daño causado al interés público”. En su opinión, tampoco basta con señalar al conocido como “concejal en la sombra”, José María Ruiz de Temiño, porque “aunque actúa como Atila, por donde pasa no crece la hierba, no deja de ser un instrumento al servicio de la frivolidad y la falta de criterio de la alcaldesa”.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tramitado unos 2.700 informes de vulnerabilidad, desde que entrara en vigor, a mitad del mes de abril, el real decreto ley de regularización extraordinaria de personas migrantes. “Desde el Ayuntamiento tuvimos muy claro que teníamos que hacer una gestión muy eficaz y muy bien ordenada”, ha relatado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

Según ha informado, se han producido 4.500 llamadas telefónicas salientes que se han realizado desde la línea gratuita de los servicios sociales municipales para contactar con las personas migrantes que previamente han pedido cita para realizar este trámite. De ellas, unas 3.600 ya tienen o han tenido cita previa. Y unas 2.700 cuentan ya con el informe de vulnerabilidad.

“Al principio —ha recordado— recibimos críticas por parte de los que deberían habernos dado la información para poder hacerlo bien, pero afortunadamente gracias al gran equipo que tengo y a decisiones bien tomadas, al hacerlo a través de la Casa de las Culturas, con cita previa, con los informes que ya teníamos de los servicios sociales, la verdad es que ha ido fluido y no ha habido problemas”.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que se van cerrando las citas previas y ya tienen comprometidas fechas hasta la semana para estimar que serán unas 4.500 las personas migrantes que vayan a pedir el informe de vulnerabilidad.

Protección internacional

Orós ha comentado que, tras hablar con las entidades que tienen a las personas acogidas al derecho de protección internacional, que compete al Gobierno de España y que concede a las personas de Mali, Burkina Faso y Somalia, 'grosso modo' les han informado de que habrá algo más de 300 personas que se han acogido a esta regularización extraordinaria.

“Eso supone que el día que les den el papel dejan de estar bajo el manto de protección internacional y si dejan de estar bajo el manto de protección internacional y no se les da una continuidad puede suponer, y ojalá no sea así que 300 personas acaben en situación de calle”, ha alertado.

En ese sentido, ha adelantado que, cuando acabe el proceso y se tengan todos los datos, pedirá a la Delegación de Gobierno en Aragón que “no corte el Gobierno de España esos procesos de integración de las personas que tienen derecho a protección internacional y que se hagan cargo de ellos hasta que tengan un recurso habitacional estable y un empleo”.

En caso contrario, ha avisado de que “al final lo que hacen es derivar el problema a la administración local, que es la que se está encargando de una manera absolutamente intensa con respecto a otras administraciones de dar cobertura y ayuda a esas personas que llegan aquí de otros países en situaciones muy precarias”.

Un total de diez alumnos —nueve hombres y una mujer— han superado el curso de peluquería masculina desarrollado en el Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar, conocido popularmente como albergue municipal de Zaragoza, dentro del Plan de Primera Oportunidad que impulsa el Ayuntamiento para favorecer la inserción social y laboral de las personas en situación de sinhogarismo.

Los alumnos, que han completado esta formación intensiva durante los meses de abril, mayo y principios de junio, han recibido hoy sus diplomas de manos de la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

El curso ha tenido lugar en una de las nuevas aulas habilitadas tras la reforma del albergue municipal, tras la inversión de más de cinco millones de euros para modernizar y ampliar los servicios destinados a las personas más vulnerables.

El curso ha sido impartido por docentes especializados en peluquería de la empresa de peluquería Passaró, con la supervisión del equipo de educadores y trabajadores sociales del albergue municipal. Las clases se han desarrollado de lunes a jueves, en jornada de cuatro horas.

Durante el acto de entrega de diplomas, Marian Orós ha destacado que “el acceso a talleres formativos de calidad es una herramienta fundamental para recuperar la autonomía personal y abrir nuevas oportunidades laborales”. Ha subrayado además que este curso refleja el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con una atención integral a las personas sin hogar, que no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que apuesta decididamente por su inclusión social y laboral mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento.

“La reforma y ampliación del Albergue Municipal nos permite disponer ahora de espacios modernos y adecuados para desarrollar iniciativas formativas como esta, que ayudan a las personas a reconstruir sus proyectos de vida y a recuperar expectativas de futuro”, ha añadido Orós.

El curso ha tenido una gran acogida, ya que se han cubierto las diez plazas ofertadas y ha sido valorado de manera muy satisfactoria tanto por los usuarios como por los docentes y personal municipal del Albergue, por lo que el Ayuntamiento valorará su continuidad después del verano. Entre los participantes figuran usuarios de diferentes perfiles, la mayor parte jóvenes sin hogar procedentes de países del África subsahariana.

Inclusión social y laboral

La formación ha estado orientada a facilitar una salida profesional en un sector con una elevada demanda laboral, como es la peluquería masculina. Los alumnos han adquirido competencias técnicas en las principales modalidades de corte de cabello y arreglo de barba, así como conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, imagen profesional y funcionamiento de un entorno laboral real.

El programa formativo ha combinado aprendizaje técnico, prácticas supervisadas y atención directa a usuarios del propio centro. De hecho, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa ha sido el servicio de peluquería prestado durante el desarrollo del curso. Cada alumno ha realizado una media de cinco servicios diarios, alcanzando un total de más de 500 cortes y arreglos ofrecidos a usuarios del Albergue Municipal.

Esta experiencia práctica ha permitido a los participantes perfeccionar sus habilidades profesionales en un entorno real de trabajo, reforzando al mismo tiempo aspectos como la responsabilidad, la disciplina horaria, el trabajo en equipo y la atención al público.

El curso forma parte de las políticas de inserción sociolaboral desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Plan de Primera Oportunidad, que incluye también otras actividades formativas y de promoción personal que se desarrollan de manera estable en el Albergue Municipal: cursos de español, talleres de autonomía digital, cocina, lectura, mecánica de bicicletas, costura, manualidades y actividades culturales o deportivas.

A todas estas iniciativas se suman otros proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla con entidades sociales del Tercer Sector como San Ezequiel Moreno, Centro Social San Antonio SERCADE o la Fundación Dolores Sopeña, orientados a mejorar la empleabilidad, la formación, la autonomía personal y la ocupación saludable del tiempo libre de las personas sin hogar.

La crisis del Parque de Atracciones de Zaragoza ha provocado uno de los mayores choques políticos del actual mandato de Natalia Chueca entre el Gobierno municipal y Vox, su socio habitual para aprobar los presupuestos. La exigencia de la formación de extrema derecha de destituir al director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño —conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”— por la gestión del recinto ha sido respondida con dureza por la alcaldesa, que acusa a Vox de sumarse a las críticas de la izquierda y rechaza cualquier relevo.

El enfrentamiento llega después de meses de polémicas en torno a la renovación del parque, uno de los proyectos más emblemáticos impulsados por el Ayuntamiento. Los problemas surgidos durante el proceso han desembocado en la imposibilidad de abrir las instalaciones este verano, una situación que la portavoz de Vox. Eva Torres, atribuye a una gestión “deficiente” del Ejecutivo municipal. La formación considera que la responsabilidad política recae sobre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. En una rueda de prensa el pasado sábado a las puertas del parque, Torres denunció un proceso marcado por la “falta de planificación”, la ausencia de transparencia y la acumulación de incidencias en proyectos dependientes de este departamento. Además del Parque de Atracciones, señaló también la gestión de la Ciudad del Cine como ejemplo de esa forma de actuar.

El asunto va a llegar al pleno municipal del próximo 25 de junio, ya que Vox ha registrado una moción en la que solicita formalmente la destitución de Ruiz de Temiño al considerar que existe una “pérdida de confianza política” derivada de la acumulación de errores, la falta de resultados y la deficiente coordinación en proyectos considerados estratégicos para la ciudad. La iniciativa sostiene que la permanencia del director general resulta “incompatible con la confianza que debe presidir la gestión de áreas estratégicas para Zaragoza”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido este lunes por la mañana, cuando ha asegurado sentirse “absolutamente sorprendida” por la petición de Vox y ha reprochado a la formación que nunca hubiera trasladado previamente esas inquietudes al Gobierno municipal. Además, ha recordado que el partido ha respaldado durante los últimos años los presupuestos en los que figuraban tanto el proyecto del Parque de Atracciones como otras iniciativas que ahora cuestiona. “Me parece que es una postura que está más cerca de seguir las críticas de la izquierda”, afirmó la regidora, que ha acusado a Vox de sumarse a las posiciones que históricamente han mantenido PSOE y Zaragoza en Común sobre el proyecto. Chueca ha defendido que gobernar implica resolver problemas cuando aparecen dificultades y no utilizarlas para obtener rédito político.

Pese a las críticas, Chueca ha descartado cualquier cese. Preguntada expresamente por la continuidad de Ruiz de Temiño, ha respondido con un rotundo “no” y ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento sigue siendo desbloquear la situación para que el Parque de Atracciones pueda reabrir lo antes posible.

Ruiz de Temiño, en el foco por los proyectos estrella de Chueca

José María Ruiz de Temiño ocupa desde el inicio del mandato la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, un departamento creado por Natalia Chueca para coordinar algunas de las principales apuestas del Gobierno municipal en materia de atracción de inversiones, promoción de ciudad y desarrollo de grandes proyectos. Desde este cargo ha participado en iniciativas como la Ciudad del Cine, el Distrito 7 o la transformación del Parque de Atracciones, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por el Ayuntamiento durante los últimos años.

Este ha sido precisamente el que más quebraderos de cabeza le ha generado. En este caso, los problemas surgieron con el proyecto nonato: desde que trascendió que el propio Ruiz de Temiño matuvo comidas con promoteros de este tipo de instalaciones antes de aprobarse el pliego y que estas reuniones fueron sufragadas con dinero público. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.

A partir de ahí, casi nada parece haber ido bien en la tramitación de este complejo, que ha concitado la oposición vecinal y duras críticas de los partidos de la oposición. Solo hubo un ofertante en el concurso público e incluso los técnicos municipales dejaron claro la escasa calidad de la propuesta remitida, que obtuvo un aprobado raspado: el Gobierno municipal afirmó primero que exigiría mejores condiciones, pero más adelante se corrigió a sí mismo y se escudó en que los pliegos eran “demasiado exigentes”.

La renovación del recito fue presentada por el Consistorio como una oportunidad para modernizar las instalaciones, pero el proceso se encuentra paralizado. En abril, el parque recibió la autorización provisional para la apertura para los eventos comprometidos, el último de ellos este pasado sábado 6 de junio. El origen de la paralización viene de la falta de acuerdo enter los socios de Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment y en un 20% por PAZ, de la familia Morte y actual gestora— obliga a volver al calendario inicial. Detrás del retraso hay un problema económico. Según detalló en abril Ángel Lorén, las diferencias entre las partes se centran en el precio de las atracciones que deben pasar de la gestora actual a la nueva sociedad. A eso se suma el malestar del socio mayoritario, el grupo inversor Fénix, al conocer la situación preconcursal del minoritario, lo que ha terminó de tensar la negociación.

S. tiene 19 años, arrastra un importante problema de salud mental derivado de una encefalitis sufrida durante su adolescencia y cuenta con una medida judicial de protección. Sin embargo, su realidad cotidiana sigue siendo las calles del barrio del Gancho, en Zaragoza. La historia de S., cuyo nombre completo se omite para preservar su intimidad y dignidad, ha encendido las alarmas de la asociación Acullir, una entidad formada por personas que pasaron por el sistema de protección de menores y profesionales que han trabajado en él. Desde hace meses intentan acompañarlo, alimentarlo cuando pueden y reclamar una solución institucional que, aseguran, todavía no ha llegado.

“No estamos hablando de una persona que simplemente esté atravesando una situación económica difícil. Estamos hablando de un joven que no tiene capacidad para cuidarse a sí mismo”, explica Pascual Jiménez, responsable del programa Enfilar de Acullir y educador jubilado.

La entidad conoció su caso en abril, después de recibir la llamada de una vecina preocupada por un joven que veía dormir en la calle en condiciones extremas. Al principio, recuerdan, este joven argelino desconfiaba de cualquiera que intentara acercarse.

“Poco a poco fuimos reconstruyendo su historia. No tenía documentación, apenas información sobre su situación administrativa y nos fue llevando a lugares donde lo conocían. Así supimos qué había pasado por el sistema de protección de menores, que había sufrido una encefalitis y que existía una resolución judicial que establecía una curatela por su situación de salud mental”, relata Jiménez.

Según la información recopilada por la asociación, la enfermedad que sufrió le dejó importantes secuelas neurológicas, debido a una desmielinización en las neuronas frontales, que afectan especialmente al control de impulsos y a su capacidad para gestionar situaciones cotidianas. También pasó por distintos recursos especializados de atención psiquiátrica, entre ellos Prisma y Nuestra Señora del Carmen.

Una protección que no evita el desamparo

El aspecto que más preocupa a quienes lo acompañan es la contradicción que observan entre la existencia de una medida judicial de protección y su situación actual. Tal como adelantó Heraldo de Aragón, el Juzgado de Primera Instancia número 13 acordó en diciembre de 2025 una curatela para proteger al joven y asignó su tutela al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, tras ser expulsado de distintos recursos por conductas disruptivas asociadas a su enfermedad, S. acabó de nuevo en la calle.

“Lo sangrante es que existe una orden de protección y, aun así, está durmiendo sobre el pavimento”, lamenta Jiménez.

La asociación remitió hace dos semanas un escrito al juzgado y a la Fiscalía alertando de la gravedad de la situación y solicitando medidas urgentes. “Les comunicamos que se encuentra sin tratamiento, sin seguimiento médico, desnutrido y viviendo en la calle. Ni siquiera tiene capacidad para procurarse algo tan básico como unas mantas o un colchón para dormir”, explica.

Desde Acullir insisten en que no cuestionan la complejidad del caso ni las dificultades para encontrar recursos adecuados, pero consideran que la falta de una respuesta efectiva está dejando al joven en una situación de abandono.

“La institución nos trasladó que no dispone de un recurso adaptado para él después de haber sido expulsado de otros centros. Sin embargo, mientras tanto el chaval sigue en la calle y cada día que pasa su situación empeora”, afirma.

En ausencia de una solución estable, la supervivencia de S. depende en buena medida de una red informal de apoyos protagonizada por vecinos del barrio, entidades sociales y algunos profesionales que cubren sus necesidades básicas cuando pueden. Todos ellos, como cuentan desde Acullir, le dejan comida, lo orientan hacia recursos asistenciales o le ofrecen refugio de forma puntual.

“Hemos encontrado muchísima solidaridad en el barrio. Todo el mundo que lo conoce está preocupado por él”, señala Jiménez a elDiario.es.

Sin embargo, esa solidaridad tiene límites porque, tal y como indica, se trata de una asociación pequeña en la que pueden acompañarlo, hablar con él e intentar mover su caso con administraciones y juzgados. “No tenemos capacidad para garantizar su atención diaria ni para ofrecerle el recurso especializado que necesita”, reconoce.

La situación se agrava porque las dificultades derivadas de su enfermedad mental complican también el acceso a los servicios disponibles. Según explica la entidad, su impulsividad y sus problemas de convivencia han provocado conflictos en algunos recursos sociales y comedores, reduciendo todavía más sus posibilidades de cobertura básica.

Más allá de un caso individual

Aunque las circunstancias concretas de S. son especialmente graves, desde Acullir advierten de que el problema de fondo va mucho más allá de una única historia. Como afirman, la asociación trabaja con jóvenes extutelados que, al alcanzar la mayoría de edad, afrontan procesos de emancipación marcados por la precariedad, la soledad y la ausencia de redes familiares de apoyo.

“Nosotros acompañamos habitualmente a chicos que viven en parques, debajo de puentes o en situaciones de sinhogarismo. Es una realidad que existe y que cada vez vemos más”, lamenta Jiménez.

La diferencia, subraya, es que con muchos de esos jóvenes resulta posible construir itinerarios de inserción y autonomía. “Con ellos puedes hablar, planificar, buscar alternativas. En el caso de S. nos encontramos con la dificultad añadida de que no tiene capacidad real para gestionar su propia situación ni para seguir orientaciones de manera estable”, añade.

Por eso considera que el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos específicos para aquellas personas que, además de atravesar procesos de exclusión social, presentan trastornos mentales graves.

El debate sobre los recursos especializados

Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón aseguran que conocen la situación y que desde los servicios públicos intentan que el joven ingrese en un recurso especializado para personas con adicciones y otras patologías asociadas. Según señalan, el acceso sería gratuito en caso de carecer de ingresos, aunque requiere la aceptación voluntaria del usuario, algo que “todavía no se ha producido”.

En cambio, desde Acullir solicitan un “recurso adaptado a sus necesidades” porque “no es hablar de cualquier plaza, sino que necesita un centro psiquiátrico o especializado donde puedan atender su enfermedad y trabajar con él”.

El responsable de Enfilar recuerda que existen precedentes que demuestran que una atención adecuada puede funcionar: “Sabemos que en otros momentos estuvo integrado en determinados recursos. Por eso creemos que tiene que existir una alternativa capaz de responder a sus circunstancias concretas”.

En cuanto a la decisión de hacer pública la situación de S. no fue sencilla para la entidad. De hecho, aseguran que durante semanas intentaron activar distintas vías institucionales antes de dar el paso, pero la preocupación es “cada vez mayor”. “La razón por la que hemos decidido visibilizar este caso es la indignación que sentimos al verlo día tras día tirado en el suelo sin ninguna solución”, reconoce Jiménez.

De hecho, admite que temen “por su seguridad y por su vida” porque, mientras administraciones, servicios sociales y órganos judiciales estudian posibles respuestas, este joven de 19 años sigue recorriendo las mismas calles del centro de la capital aragonesa sin recursos, comida ni atención especializada.

La construcción de vivienda pública y asequible se ha convertido en una de las principales apuestas urbanísticas del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la estrategia de recalificar parcelas reservadas para equipamientos públicos está provocando una creciente contestación vecinal en varios barrios de la ciudad, donde los residentes denuncian que se están sacrificando los últimos suelos dotacionales mientras siguen sin llegar servicios básicos prometidos desde hace años. Rosales del Canal, Parque Venecia, Picarral, Barrio Jesús o el entorno de la avenida de Cataluña comparten una misma reivindicación: antes de seguir aumentando la población, reclaman centros cívicos, institutos, instalaciones deportivas, centros de salud o espacios para mayores y jóvenes.

El caso más avanzado es el de Rosales del Canal. Allí, el Ayuntamiento cedió al Gobierno de Aragón una parcela reservada inicialmente para equipamientos educativos con el objetivo de construir vivienda asequible —aunque cuestionan que los precios planteados se puedan considerar asequibles— . La decisión ha acabado en los tribunales tras el recurso presentado por vecinos del barrio, que consideran que el solar debía destinarse a un instituto largamente reivindicado.

“Aquí seguimos esperando que se complete el colegio y que se construya el instituto que se prometió hace años”, denuncia Nacho Jordán, representante vecinal. Según explica, la parcela era la última reserva de suelo público disponible en el barrio y su pérdida compromete futuras dotaciones. “No estamos en contra de la vivienda protegida, pero no se puede solucionar un problema agravando otro”, sostiene. Explica que “no hay ni siquiera transporte público” y acusa al Ayuntamiento de estar alimentando la “confrontación vecinal” al tratar de enfrentarlos con los vecinos de Arcosur, que hay llegado a un acuerdo respecto a sus parcelas dotacionales. “Está muy bien que hagan equipamientos en Arcosur porque van a hacer falta, en Montecanal hace 30 años que no hacen nada, en Arcosur 19. Están instrumentalizando los equipamientos en detrimento de los barrios que llevamos 20 o 30 años esperando”. Desde la plataforma vecinal de Arcosur explican que tuvieron una reunión “hace semanas” y aseguran que no han recibido “ninguna novedad ni información adicional sobre la planificación, los plazos o las actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo”.

La situación se repite en Parque Venecia, donde los vecinos rechazan la construcción de unas 200 viviendas previstas en dos parcelas inicialmente destinadas a equipamientos. El barrio, con más de 12.000 habitantes, sigue sin instituto, centro cívico o instalaciones deportivas propias. “No es que pidamos algo extra; es que no tenemos prácticamente nada”, resume Carlos Malo, portavoz de una de las plataformas vecinales. Según detalla, comparten el centro de salud con Torrero, los colegios están “más que llenos”, han puesto barracones, “los que van ahí para el comedor tienen que cruzar la carretera, no hay instituto, no hay zonas de ocio, ni una sola parcela deportiva. Es el segundo barrio con más natalidad, no hay equipamientos y aún faltan tres promociones privadas y aún así vas a meter dos más con calzador, es inviable”

Malo expone que en esta zona de la ciudad “no hay manera de sacar terrenos, somos como una isla” y acusa al Ayuntamiento de haberse “olvidado del barrio”: “No es que no queramos vivienda porque se nos antoja, queremos que vean como de abandonado está el barrio”.

También en el Picarral ha surgido una fuerte oposición a la recalificación de un solar deportivo en la calle Luis Pinilla. Los vecinos alertan de que el barrio afrontará la llegada de miles de nuevos residentes con el desarrollo de Aceralia mientras continúa sin centro cívico, guardería municipal o centro de día. “No quedan más solares y luego dirán que no hay dónde hacer esos equipamientos”, lamenta Ana Lasierra, portavoz de la plataforma vecinal.

Lasierra asegura que se enteraron de este plan por la prensa y critica que no hay ningún suelo deportivo en el barrio: “Darle ese uso sería lo ideal. Aunque tenemos otras carencias: el centro de salud se queda pequeño, los colegios públicos e institutos se han quedado pequeños y la mayoría de edificaciones públicas necesitan ampliaciones”. 

Una preocupación similar existe en el entorno de la avenida de Cataluña. David Martos, presidente de una cooperativa de viviendas, asegura que la parcela cedida para vivienda pública estaba reservada originalmente para equipamientos como colegios o guarderías. “Nadie está en contra del alquiler asequible, pero en esta zona sobra suelo para construir vivienda y faltan servicios públicos”, afirma. Los vecinos alertan además de la saturación del centro de salud de La Jota y del fuerte crecimiento poblacional previsto en los próximos años: “El centro de salud está desbordado, con un 30% o 40% de cartillas por encima de lo que le corresponde, todo lo que se está construyendo en el barrio supondría entre 10.000 y 15.000 personas más”. 

Además, considera que se ha elegido esta parcela porque estaba ya preparada: “Está urbanizado el entorno, es llegar y ponerse a construir. Sin embargo, hay una barbaridad de terreno para construir en el barrio, por eso consideramos que no es correcto utilizar esa que estaba destinada a equipamientos públicos”. 

El Barrio Jesús fue el primero en movilizarse. Tras las protestas vecinales y la intervención del Justicia de Aragón, el Ayuntamiento acabó descartando la construcción de viviendas en uno de los solares afectados. Los residentes reclaman que el terreno se destine a un centro intergeneracional con servicios para mayores y jóvenes. “Llevamos más de 25 años esperando equipamientos y cada vez somos más vecinos”, señala Raúl Gascón.

En otro de los solares en disputa los vecinos proponen un pabellón deportivo, que ha salido presupuestado varias veces pero “nunca han destinado ningún dinero”: “Somos una zona que creció en los 90 y el único equipamiento es un colegio público del que se quedan cada año 20 o 30 niños fuera. Es una zona en la que en los últimos años han venido más de 3.000 vecinos con los mismos equipamientos, antes de hacer más vivienda hace falta hacer servicios para esos nuevos vecinos”. 

Un plan de vivienda “irrenunciable” según el Ayuntamiento

Frente a estas críticas, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defiende que el plan de vivienda impulsado junto al Gobierno de Aragón es “absolutamente necesario e irrenunciable”. El edil sostiene que los barrios afectados disponen de superficie suficiente para seguir desarrollando equipamientos en el futuro y asegura que el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar alternativas propuestas por los vecinos, aunque insiste en que la construcción de vivienda pública seguirá adelante.

Según explica, la elección de parcelas dotacionales responde también a criterios técnicos y económicos, ya que son terrenos que ya cuentan con infraestructuras urbanas ejecutadas, como calles, aceras o servicios básicos, lo que permite acelerar los proyectos. Además, asegura que en los barrios afectados siguen existiendo metros cuadrados suficientes para desarrollar futuros equipamientos. Serrano recuerda que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con representantes vecinales de Rosales del Canal, Parque Venecia, Arcosur y otros barrios para escuchar sus reivindicaciones. “Si tienen ubicaciones que entienden mejores, las estudiaremos”, señala. No obstante, insiste en que la construcción de vivienda pública continuará adelante. “Les trasladamos que el plan de vivienda es absolutamente necesario e irrenunciable y vamos a perseverar”, afirma.

El edil sostiene además que algunas de las demandas planteadas ya están siendo atendidas. En el caso de Parque Venecia, asegura que se está trabajando en el futuro centro cívico del barrio, mientras que en otras zonas se han ejecutado actuaciones menos visibles para los vecinos, como infraestructuras destinadas a prevenir inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Frente a las acusaciones de que se están eliminando los últimos suelos disponibles para equipamientos, Serrano defiende que los barrios todavía disponen de reservas suficientes para seguir desarrollando servicios públicos “como no puede ser de otra manera”.