Con los recursos hídricos garantizados por un histórico año hidrológico,algunos embalses aliviando agua durante las últimas semanas y la cara amarga de las inundaciones, otro debate irrumpe en el Día Mundial del Agua. La marea privatizadora está llegando a los servicios municipales de agua en Andalucía. Entre las capitales de provincia sólo Málaga, Córdoba y Sevilla mantienen totalmente en manos públicas la gestión del ciclo urbano. Esto es, captación, suministro, uso, depuración y saneamiento.

En España, hay abierto hace años un proceso privatizador por el que actualmente un 53% de la población está abastecida de agua por sociedades privadas. En Andalucía, la tendencia se está acelerando en los tres últimos años y algo menos del 40% de los andaluces paga a una compañía privada o participada cada vez que abre el grifo. Las principales son Aqualia, división de la constructora FCC, y Aquagest, con una mayoría de Aguas de Barcelona.

El Ayuntamiento de Jerez ha acordado esta semana con Aqualia el contrato de concesión por 25 años. Parte de los pequeños y medianos municipios andaluces ejercen por sí mismos sus competencias públicas de abastecimiento de agua y otros están agrupados en mancomunidades para ofrecer de forma conjunta y pública los servicios, una práctica impulsada desde hace años por el gobierno autonómico. Son los casos del Consorcio de Écija o de Aljarafesa, en Sevilla. Este modelo también está cambiando. En la provincia de Huelva, varios ayuntamientos han ido abandonando progresivamente, algunos de ellos por la vía de urgencia, la Mancomunidad de Servicios (MAS) que abastece de agua a través de la empresa pública Giahsa. Es el caso de Lepe, Valverde del Camino, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Cortegana, San Juan del Puerto, Higuera de la Sierra y Lucena del Puerto. Tres informes internos de la Mancomunidad elaborados por letrados cuestionan la legalidad de este proceso de emancipación. En esta situación, Giahsa también ha abierto un proceso de externalización que está negociando y ya ha contratado algunos servicios con Aguas de Valencia.

La administración autonómica ha impulsado el modelo de servicio supramunicipal amparándose en la Ley de Aguas de Andalucía. Ha dotado durante años de infraestructuras a municipios y mancomunidades para garantizar desde lo público el abastecimiento a todas las localidades por pequeñas que sean, de acuerdo también con los principios ambientales europeos. El exdirector-gerente de la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Joan Corominas, explica que este proceso, muy avanzado hasta hace poco, se ha visto frenado “en parte por la crisis de los ayuntamientos y en parte porque una cierta mayoría del Partido Popular ha introducido ideologías neoliberales que piensan que lo público siempre se gestiona mal y lo privado bien”. El socio fundador de la FNCA afirma que “el afán de lucro no debe ser lo que prime”.

El modelo privatizador que se está poniendo en marcha consiste en que un ayuntamiento mantenga el agua como bien público y concesione su gestión durante unas tres décadas a una empresa privada a cambio de cobrar un canon económico en función del número de habitantes. La Ley no obliga a los gobiernos locales a invertir dicho canon concesional en infraestructuras o mejoras de los servicios ligados al agua. Corominas señala que es un “modelo perverso” al otorgar durante largo tiempo el monopolio a la misma empresa y repercutir el canon en la tarifa a los ciudadanos, “algo que debería prohibirse en la legislación”, matiza.

La “burbuja hídrica”

El gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano, llama a este fenómeno “burbuja hídrica” refiriéndose a que una vez que ha finalizado el negocio de la construcción “los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos y proponen vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.

La Asociación de Abastecimiento de Andalucía (ASA) está compuesta por un 46,50% de empresas públicas, un 30,25% de privadas y otro 23,25% de compañías mixtas. Su gerente y portavoz adjunto, Antonio Jiménez, considera que “no existe debate público-privado ni una corriente ideológica privatizadora”. Jiménez afirma que “la gestión debe ser eficaz y realizada por los mejores profesionales que den el mejor servicio al usuario, algo que a veces no se da ni en lo público ni en lo privado”.

Respecto a la tarifa del agua, los pliegos de concesión suelen incluir cláusulas que vinculan el incremento del precio al IPC anual. Sin embargo, Corominas señala que una vez conseguida la concesión “las empresas pueden argumentar algún cambio y empiezan a negociar subidas”. En la ciudad de Huelva, donde Aquagest cuenta con el 49% del accionariado, el incremento del precio ha sido este año de más del 10%. El consumo de agua en la ciudad de los dos primeros meses de este año ha descendido más de un 4% en los hogares respecto al mismo período del año pasado y más de un 15% en usos industriales.

El consumo de agua en los hogares andaluces está descendiendo desde la sequía del 92-95, donde el 65% de la población sufrió restricciones. Aquella experiencia y las campañas de sensibilización han llevado a que los hogares andaluces hayan pasado de consumir en la última década de 183 litros por habitante y día a 143, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para Luis Babiano, el modelo privatizador es “medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio”. Joan Corominas, por su parte, afirma que las empresas privadas también sensibilizan a los ciudadanos por un uso adecuado del agua porque “es más fácil subir el precio”. Por otro lado, Antonio Jiménez señala que tanto las empresas públicas como privadas “cuidan el medio ambiente por igual al estar sometidas a las mismas normativas”.

El exdirector-gerente de la Agencia Andaluza del Agua matiza que “lo que es innato al servicio público y que no puede delegarse en ningún gestor, es la facultad de regulación del servicio”. Se refiere a un ente regulador público y único, no contemplado en la legislación vigente, que vigile, apruebe tarifas, haga auditorías,… “ya que cuanto mayor es la debilidad reguladora, mayor riesgo tiene la privatización”, afirma. En este sentido, concluye que “también hay que mejorar lo público, siendo transparentes, introduciendo representantes de los movimientos ciudadanos en los consejos de administración de las empresas municipales de agua o dando explicaciones sobre políticas de salarios”.

Desde Aeopas, organización promotora de la Iniciativa Ciudadana Europa sobre el derecho humano al agua, reclaman un observatorio o ente regulador y ponen de ejemplos los casos de Inglaterra, Chile, Gales y Francia, donde -aunque haya servicios de abastecimiento privados- están sometidos a un control.

La Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (AEAS), entidad en la que está integrada ASA, también reclama al Gobierno de España un ente regulador profesional e independiente.

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) está realizando varias jornadas por España sobre la gestión pública o privada con representantes de gran parte de los sectores implicados. Entre las conclusiones de la sesión celebrada en Córdoba figura la defensa de un ente regulador y que “en el contexto de la crisis, el debate sobre la gestión pública o privada está muy ideologizado y que la realidad muestra que hay buenos y malos ejemplos de gestión en ambos modelos, aunque estudios disponibles señalan una mejor eficiencia media en los públicos”.

Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho humano al agua

En este contexto, el Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad sumarse a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el derecho al agua, que tiene entre sus principios no liberalizar los servicios de agua y saneamiento, y apartarlos de los intereses del mercado.

El objetivo principal de esta campaña, que llegó al Parlamento de la mano de la Aeopas y de la FNCA como organizaciones en defensa del agua como bien público, es garantizar este servicio a todos los ciudadanos que residen en Europa y el futuro de las próximas generaciones.

Además del Parlamento, en Andalucía ya se han sumado también a la ICE la Diputación de Málaga, los ayuntamientos de Conil, Medina Sidonia, El Puerto Santa María y Huelva, algunos de ellos con gestión privada o participada del agua. En ese sentido, el gerente de Aeopas, Luis Babiano, señala que “exigirán responsabilidades” a los consistorios y entidades que se sumen a la ICE.

La ICE ha surgido de la Federación sindical Europea de Servicios Públicos, en España CCOO y UGT. Se ha admitido a trámite por el Parlamento Europeo y cuenta con un millón de firmas. Tiene el objetivo de llegar en septiembre a los dos millones de apoyos.

La reconversión de nuestros paisajes semiáridos orientales en una de las áreas agrícolas más productivas de Europa ha sido calificada como el milagro almeriense. La clave del éxito radica en factores climáticos como la ausencia de invierno térmico, lo que permite más de una cosecha anual; la elevada insolación y la alta frecuencia de los vientos; el uso de suelos artificiales, enarenados y cultivos hidropónicos; y, sobre todo, el almacenaje natural del agua a largo plazo en sistemas acuíferos subterráneos que permiten amortiguar las variaciones de pluviometría en el corto plazo.

En Andalucía el agua constituye un factor limitante para la sostenibilidad del paisaje agrícola. En la parte occidental, una de las claves de la sostenibilidad consiste en planificar la gestión del agua embalsada en escalas temporales más amplias que los ciclos mediterráneos recurrentes de sequía-pluviometría. En Andalucía oriental, las demandas agrícolas y urbanas exceden con mucho las escasas reservas de agua de los embalses y el volumen medio de la recarga de acuíferos. Vivimos del capital natural, consumiendo agua fósil almacenada en nuestros sistemas subterráneos que no se recupera ni se restaura. Las unidades hidrogeológicas más sobreexplotadas coinciden con las áreas de agricultura intensiva de invernadero. A pesar de los trasvases (Negratín y Tajo-Segura) y del uso creciente del agua desalada (seis grandes desaladoras a rendimiento muy parcial debido al alto precio del metro cúbico), el nivel de consumo de recursos es muy superior a la recarga de los acuíferos. Es necesario por lo tanto disminuir las tasas de sobreexplotación y de contaminación de origen agrícola de los acuíferos subterráneos, que son nuestras auténticas fábricas de agua, de las que depende el futuro agrícola y turístico.

Las contradicciones de insostenibilidad en la planificación y gestión del agua que planean sobre nuestras andalucías se van a agudizar a lo largo del siglo XXI en los escenarios previsibles del cambio climático y del cambio global. En los países que basan su desarrollo en la gestión sostenible de los recursos naturales y muy especialmente en aquellos de climas áridos y semiáridos se va imponiendo el trabajo en la interfaz ciencia-gestión. Se trata de agilizar la transferencia de conocimiento desde los investigadores a los gestores para apoyar la toma de decisiones y de la creación de nuevo conocimiento compartido como producto del trabajo en colaboración

En este contexto se ha desarrollado el proyecto CAMP (Gestión integrada de zonas costeras Levante Almería). Se trata de un proyecto piloto del Plan de Acción del Mediterráneo de Naciones Unidas (Convenio de Barcelona) desarrollado sobre una franja del litoral del sudeste ibérico de la provincia de Almería. A lo largo de más de dos años (2011/2013) se ha constituido una plataforma de encuentro entre científicos, gestores del medio natural y sociedad civil que ha desarrollado la tarea colectiva de imaginar, de cara al futuro, un socioecosistema costero sostenible, compartiendo métodos, documentos y herramientas hasta alcanzar una propuesta integrada y consensuada entre todos (triálogo) denominada Marco de Referencia de Desarrollo Sostenible.

La dinámica de funcionamiento ha permitido aglutinar el centenar largo de medidas de sostenibilidad consensuadas entre investigadores, gestores y sociedad civil en cuatro grandes objetivos estratégicos: implantar un modelo de gestión sostenible del agua, impulsar la integración territorial de usos y actividades productivas, favorecer la adopción de prácticas sostenibles y consolidar un sistema de gobernanza con participación activa de la sociedad civil.

Respecto al objetivo de implantar una gestión sostenible del agua, el Marco de Referencia contempla dos grandes programas sobre la gestión integral del ciclo del agua, con participación activa de la sociedad civil a través de las juntas centrales de usuarios, y sobre la restauración de los ecosistemas acuáticos continentales y, muy especialmente, focalizado a los sistemas acuíferos subterráneos, como garantía de sostenibilidad para el futuro de nuestro socioecosistema.

Pregunta: Han anunciado para esta misma primavera el inicio de las obras pendientes tras la sexta inundación en dos años del municipio sevillano de Écija. ¿Qué ha paralizado estas obras, en qué consisten y qué plazos de ejecución prevén?

Respuesta: La ejecución de las obras de encauzamiento del arroyo Argamasilla, en Écija, tuvo que suspenderse en la primavera del 2012. Estas obras desviarán las aguas no sólo de ese arroyo, sino de todos que desembocan en él, con un caudal correspondiente al periodo de retorno de 500 años. Las obras se van a reanudar esta primavera ya que son prioritarias para la Junta de Andalucía.

P: La búsqueda de recursos económicos está llevando a diferentes ayuntamientos a abandonar las mancomunidades del ciclo urbano y concesionar estos servicios a cambio de cánones que no tienen por qué reinvertir en la gestión del agua. ¿Cómo contempla la Consejería esta práctica?

R: La competencia de la gestión del ciclo integral del agua urbana es totalmente municipal. Tanto la Ley de Régimen Local de 1985 como la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010 otorgan plena autonomía a los ayuntamientos para organizar como consideren oportuno la gestión de los servicios públicos de agua. Ahora bien, la Junta de Andalucía siempre ha abogado, en aras de la racionalidad económica, por la integración de los servicios del ciclo urbano del agua en entidades supramunicipales, cuando sea posible. En este sentido, que haya municipios que decidan, por los motivos que sean, separarse de una agrupación de municipios nos parece un paso atrás.

En cuanto al canon que los ayuntamientos están cobrando a cambio de ceder total o parcialmente la gestión del servicio público de agua a una empresa privada, el problema no está en el cobro de un canon concesional, que está recogido en la Ley de contratos del sector público, sino en las modalidades de pago que se están estableciendo, en uno o dos plazos al inicio de la concesión. Este canon debería aparecer en la factura del agua de forma explícita, en aras de una mayor transparencia. La Junta de Andalucía es partidaria de la máxima transparencia en la prestación de los servicios públicos de agua, tal y como recoge la Ley de Aguas de Andalucía, que contempla para ello la creación del Observatorio del Agua.

Lo fundamental es que las administraciones deben garantizar siempre un servicio público eficiente, sobre todo, cuando estamos hablando de un servicio tan básico como es el abastecimiento de agua y el saneamiento.

P: La Directiva Marco de Aguas europea establece 2015 como horizonte para alcanzar el buen estado de los ríos y todas las masas. ¿Cuáles son los principales proyectos pendientes en Andalucía?. Los empresarios del ciclo urbano de agua reclaman la puesta en marcha de las obras del Plan de Depuración, ¿cuándo está previsto el inicio?

R: La depuración de las aguas residuales es un objetivo prioritario de la Junta de Andalucía, para cumplir con los objetivos marcados por la Directiva de Aguas Residuales Urbanas y por la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea. Las competencias en materia de saneamiento y depuración corresponden a la Administración Local. En auxilio de esas competencias, la Junta de Andalucía ha invertido desde el año 1991 más de 1.000 millones de euros en la construcción de infraestructuras de saneamiento y depuración para alcanzar esos objetivos. Gracias a este esfuerzo inversor, el 80 por ciento de la población andaluza cuenta hoy con infraestructuras de depuración, frente al 28 por ciento en el año 1992.

En línea con este esfuerzo, el Consejo de Gobierno adoptó el 26 de octubre de 2010 un Acuerdo por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma las infraestructuras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas de Andalucía. La ejecución del acuerdo tiene un horizonte plurianual. Las actuaciones recogidas en ese Acuerdo están supeditadas a las disponibilidades presupuestarias, y se encuentran actualmente en distintas situaciones, algunas en estudio o elaboración de proyecto, otras licitadas y en ejecución.

R: La consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente cuestiona el Plan Hidrológico del Guadalquivir acordado recientemente por el Consejo Nacional del Agua en un clima de confrontación política. ¿Por qué?

R: Tal y como se ha aprobado finalmente, el Plan no recoge las principales demandas andaluzas en lo que se refiere a la aplicación de medidas para garantizar un consumo sostenible y el ahorro de agua. El documento final ha sufrido modificaciones de fondo con respecto al presentado a exposición pública en 2010, que fue objeto de un amplio consenso entre todos los actores implicados. Por eso ha resultado inaceptable para la Junta de Andalucía, que, recordémoslo, concentra el 90 por ciento de su territorio y el 98 por ciento del consumo del agua, además de contar con competencias exclusivas en materia de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Algunos ejemplos: se han suprimido las medidas restrictivas en cuanto a las dotaciones por cultivos, a pesar de que mostraron su eficacia durante la gestión andaluza de la cuenca; o se han eliminado las medidas para asegurar que los ahorros de agua por modernización se utilizaran para incrementar la garantía de agua, y el máximo de 6.000 metros cúbicos por hectárea para las grandes comunidades de regantes.

En definitiva, pese a nuestros reiterados intentos por mantener lo que ya había sido consensuado, desaparecieron del Plan las disposiciones que impedían un uso abusivo del agua y que obligaban a utilizar las mejores técnicas y al uso eficiente del recurso. Se ha roto el consenso alcanzado. Nosotros no buscamos la confrontación, pero no podemos acatar algo que perjudica a los intereses generales de Andalucía.

P: ¿Qué modelo de administración del agua defienden?

R: El agua es un elemento fundamental para la vida y la economía, sobre el cual convergen competencias de las tres administraciones: la local, con plenas competencias sobre el ciclo integral del agua urbana; la autonómica, con competencias no sólo en gestión del agua sino en salud, regadíos, medio ambiente, ordenación del territorio, turismo, cuestiones todas ellas de gran relevancia para la gestión del agua; y la administración central, que gestiona nuestra principal cuenca, la del Guadalquivir, y tiene también obras de interés general del Estado comprometidas en las demás cuencas andaluzas.

La gestión del agua debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y compatibilizar el desarrollo económico y social de los territorios y de la ciudadanía, con la buena calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.

Desde ese principio indiscutible, consideramos que las cuencas intercomunitarias, y en nuestro caso la del Guadalquivir, no se pueden gestionar al margen de las comunidades autónomas, sin tener en cuenta todas esas competencias que he mencionado. Es imprescindible apoyarse en la transparencia, en la lealtad, la coordinación institucional, y en el diálogo. La gestión del agua por los organismos de cuenca debe mejorar en transparencia, grado de participación y consideración hacia la competencia de las Comunidades Autónomas.

P: El Parlamento de Andalucía aprobó a final de febrero adherirse a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho humano al agua así como instar al Gobierno de la Junta a poner en marcha campañas de apoyo. ¿Qué actividades están programando en esta línea?

R: El Parlamento aprobó adherirse a esa Iniciativa Ciudadana, que es una iniciativa de la sociedad civil europea. El Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de su política de aguas, está trabajando para que ese derecho humano sea efectivo para todo y cada uno de los andaluces y andaluzas.

P: Una de las líneas de la gestión que ejerce la consejería es la divulgación de la cultura del agua. ¿Cuáles son las principales campañas y actividades de sensibilización del último año?

R: “Conoce tus fuentes” para los recursos subterráneos y “Andarríos” para los superficiales son, por su carácter participativo, dos de los programas de más impacto con los que la Consejería contribuye a difundir en la sociedad civil la cultura del agua. “Conoce tus fuentes”, premio de Medio Ambiente en el año 2012, es un programa para poner en valor las aguas subterráneas y su manifestación, las fuentes y manantiales. Cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada y de la propia sociedad civil, gracias a la cual cerca de 1.000 personas voluntarias han logrado inventariar y fichar más de 6.700 fuentes en Andalucía. El programa Andarríos, cuyo objetivo es promover la implicación activa de la sociedad en la evaluación y la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales de Andalucía, ha permitido que en el año 2012, 203 asociaciones participantes, con 1.220 voluntarios y voluntarias analizaran 258 tramos en 147 ríos diferentes “adoptados” por ellos.

En cuanto al Ciclo del Agua Urbana, a través de la Fundación CENTA, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha venido desarrollando a lo largo del 2012 una campaña de divulgación sobre criterios de sostenibilidad, dirigida a los escolares y con el lema: “Agua Prestada, devuélvela depurada”.

P: ¿Qué reflexión hace a los ciudadanos en el Día Mundial del Agua 2013?

R: Yo creo que en estos momentos, tal vez lo más importante sea destacar que el agua es un patrimonio común indispensable e insustituible, un recurso finito que es necesario conservar y proteger, y que como tal no puede ser objeto de confrontación política. Su gestión debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y compatibilizar el desarrollo económico y social de los territorios, con la buena calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.