El acceso a la vivienda en los barrios del Cabanyal y Canyamelar se ha convertido en una carrera de obstáculos tanto para quienes quieren seguir pagando un alquiler como para quienes aspiran a comprar una casa. Tras décadas de expulsiones, degradación inducida, abandono e incertidumbre provocadas por el modelo de gestión llevado adelante desde la administración municipal para abrir paso a la prolongación del Paseo al Mar, la tramitación del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), impulsada en 2015 por un gobierno de izquierdas, puso fin a la perspectiva de prolongar la avenida Blasco Ibañez y abrió una nueva etapa de regeneración urbana. La cuestión es si esa transformación está sirviendo para mejorar las condiciones de vida sin expulsar a quienes han mantenido vivo el barrio.

Las posibilidades del PEC y el precio del suelo

Las Normas Urbanísticas del PEC prevén casi 700 viviendas de nueva construcción, combinando vivienda libre y protegida, además de varios centenares de alojamientos dotacionales públicos. El plan contempla también la posibilidad de incorporar al parque público otras viviendas protegidas procedentes de antiguas expropiaciones y de operaciones de traslado de residentes.

En conjunto, estas previsiones podrían sumar entre 1.300 y 1.500 viviendas y alojamientos, de los cuales entre 900 y 1.000 se destinarían al alquiler social. Se trata de una oportunidad histórica, pero el reto es convertir estas previsiones en viviendas realmente asequibles.

Buena parte de las Actuaciones de Transformación Urbanística se concentra en el frente litoral, en ámbitos como Doctor Lluch, Mediterrani, Portuarios, Astilleros o el PIN de las Piscinas, donde la revalorización inmobiliaria de los últimos años ha elevado el precio de determinadas promociones de obra nueva hasta los 7.000-8.000 euros por metro cuadrado.

El modelo de gestión público-privada previsto por el PEC permite que la empresa privada adjudicataria asuma la ejecución de la actuación y la construcción de las viviendas, entregue al Ayuntamiento las protegidas destinadas al alquiler asequible y reciba a cambio las de renta libre y los aprovechamientos privados previstos, conforme a la viabilidad económica de la operación.

Este sistema obliga a preguntarse cuánto valor del suelo público se pone a disposición de la iniciativa privada y cuánta vivienda asequible obtiene la ciudadanía a cambio. Para responder, es necesario conocer las valoraciones del suelo, los costes de construcción y los aprovechamientos asignados a cada adjudicatario. La colaboración público-privada puede ser útil, pero la contraprestación social debe guardar proporción con el valor de los recursos públicos aportados.

El caso de la promoción del Edificio Astilleros, destinada al realojo de familias propietarias de los Bloques Portuarios, ilustra las dificultades. El proyecto ha quedado reducido a 51 viviendas, con un coste de ejecución superior a los 12 millones de euros, por encima de lo inicialmente previsto: unos 235.294 euros por vivienda de media, con una o dos habitaciones. Esta cifra no equivale necesariamente al precio que deberán pagar sus futuros residentes procedentes del realojo, pero plantea una duda fundamental: ¿podrán acceder a ellas unas familias que previsiblemente tendrán dificultades para obtener financiación?

Concesiones públicas: inversión y derechos residenciales

La presión inmobiliaria actual, tras la aprobación del PEC, sobre la franja del frente marítimo coincide con el largo proceso de regularización de las concesiones históricas del suelo, otorgadas durante el primer tercio del siglo pasado a antiguos pescadores del barrio, en el eje comprendido entre la calle Astilleros y el Paseo Marítimo. Aquí es imprescindible distinguir situaciones jurídicas y sociales muy diferentes.

Por una parte, existen instalaciones industriales y construcciones que permanecieron abandonadas durante años y que hoy despiertan el interés de grupos inversores. La adquisición de edificaciones y derechos concesionales, seguida de su regularización o de una eventual adquisición del suelo, puede generar importantes expectativas de negocio. Por ello, deberían reconsiderarse las condiciones de estas operaciones y los criterios de valoración del patrimonio público, para evitar ventajas injustificadas y asegurar que la revalorización revierta también en el interés general.

Otra realidad es la de las familias que habitan viviendas consolidadas, como es el caso de las de la Lonja de Pescadores o las manzanas de las Viviendas de Paviñes y Pavimar, vinculadas a las históricas sociedades de la Marina Auxiliante y El Progreso Pescador. Para ellas, la regularización no es una oportunidad de negocio, sino una cuestión decisiva para conservar sus hogares y el legado de sus familias.

Las administraciones deben evitar que ambos supuestos reciban un tratamiento indiferenciado: las condiciones para las operaciones inversoras no pueden favorecer plusvalías privadas injustificadas, mientras que la regularización de las viviendas históricas debe ofrecer a sus residentes una solución justa y económicamente asumible.

Gentrificación y presión turística

Mientras que en los últimos diez años avanzaban algunas de las actuaciones públicas, el mercado privado ha ido transformando el Cabanyal. La llegada de nuevos residentes con elevado poder adquisitivo, muchos procedentes del extranjero y atraídos por el teletrabajo o por la posibilidad de disfrutar de su jubilación en València, intensifica la competencia por la vivienda y dificulta que quienes disponen de rentas medias o bajas puedan alquilar o comprar en el barrio.

El problema del turismo en el Cabanyal aparece cuando deja de ser una actividad que se desarrolla en el barrio y empieza a convertirse en la actividad que lo transforma, condiciona quién puede seguir viviendo en él y contribuye a la expulsión de sus vecinos.

En mayo de 2026, el Registro Municipal contabilizaba en el Cabanyal-Canyamelar 4.736 plazas de alojamiento turístico: 2.889 hoteleras, 1.459 correspondientes a viviendas de uso turístico y 388 a apartamentos turísticos. Esta cifra equivale aproximadamente al triple del umbral de saturación turística establecido por la normativa municipal en relación con la población del barrio. Sin embargo, la oferta comercializada es mayor. La Oferta Online de la Fundación Visit València, elaborada a partir de datos de las plataformas de alojamiento turístico, se aproxima a las 7.000 plazas, más de 2.000 por encima de las registradas, casi un 50 % más.

El Cabanyal ha sufrido décadas de abandono, degradación y pérdida de población. Ahora que vuelve a ser atractivo para vivir, rehabilitar e invertir, aparece el riesgo contrario: que su recuperación acabe convirtiéndolo en un producto inmobiliario y turístico, en detrimento de su función residencial y de la continuidad de la vida vecinal.

No se trata de negar los beneficios del turismo ni la aportación positiva que muchos nuevos vecinos hacen a la comunidad. Se trata de establecer límites que permitan compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la permanencia de quienes viven en el barrio. ¿Puede considerarse sostenible un modelo turístico que contribuye a hacer inaccesible la vivienda en los barrios donde se desarrolla?

Realojos y responsabilidad de las administraciones

El Ayuntamiento de València y su sociedad instrumental, Plan Cabanyal-Canyamelar, tienen una responsabilidad especial en los derribos anunciados de edificios habitados, como el Bloque Portuarios y los dos bloques de las Casitas Rosas de la Malva-rosa.

Ambos complejos han estado históricamente vinculados a graves problemas sociales y al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el derribo no resolverá por sí solo estas situaciones. Sin una intervención social sostenida, la actividad delictiva puede desplazarse a otros espacios cercanos mientras las familias afectadas pierden sus hogares.

En estos edificios viven familias propietarias e inquilinas con recursos muy limitados, muchas de ellas en situación de exclusión financiera. También muchas familias en situación de vulnerabilidad residencial. Quienes no pueden afrontar nuevos desembolsos ni acceder a financiación hipotecaria necesitan una solución habitacional garantizada por la Administración y adaptada a sus posibilidades económicas. No puede exigírseles que resuelvan por sus propios medios una situación que no están en condiciones de afrontar.

En este contexto, resulta difícil justificar que el Ayuntamiento y su empresa pública mantengan inmuebles y solares municipales degradados o sin uso. Recuperar ese patrimonio y destinarlo, cuando sea viable, a realojos y alquiler social permitiría aprovechar recursos existentes para atender necesidades urgentes, en lugar de depender exclusivamente de futuras promociones.

Una mesa redonda para exigir respuestas y compromisos

La magnitud de estos problemas exige un debate público que permita contrastar propuestas y reclamar compromisos verificables. Con este objetivo, y ante los próximos procesos electorales, la Asociación de Vecinos y Vecinas del Cabanyal-Canyamelar ha organizado para el próximo 3 de noviembre a las 18:00 horas, en las instalaciones del Ateneo Marítimo, una mesa redonda a la que se ha invitado a representantes de las distintas fuerzas políticas.

La pregunta que debería orientar el debate es clara: ¿qué medidas están dispuestas a impulsar las distintas administraciones para que seguir viviendo en el Cabanyal-Canyamelar no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona?

Entre las cuestiones que requieren respuestas están la financiación y ejecución de la vivienda protegida, la ampliación del alquiler social, el aprovechamiento del patrimonio público, las garantías de realojo y la posibilidad de recuperar para uso residencial viviendas que hoy se destinan al alojamiento turístico. También es necesario abordar la prevención de los desahucios y la protección de quienes no pueden afrontar los precios del mercado.

La responsabilidad es compartida. Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno de España disponen de competencias e instrumentos diferentes que necesitan coordinarse, incluso cuando estén gobernados por partidos distintos. La política de vivienda no puede quedar supeditada a las discrepancias partidistas ni a los calendarios electorales.

La mesa redonda debería permitir conocer las propuestas de cada formación, identificar acuerdos y diferencias y concretar qué actuaciones pueden ponerse en marcha, con qué financiación y en qué plazos. El barrio no necesita únicamente planes y declaraciones, sino compromisos que puedan traducirse en resultados.

La regeneración urbana debe garantizar la permanencia vecinal

El futuro del Cabanyal no puede medirse solo por la inversión atraída, las viviendas previstas o la recuperación de sus edificios. También debe valorarse por la posibilidad de que sus habitantes actuales y sus descendientes puedan permanecer en él.

El PEC corre el riesgo de no cumplir su promesa si la regeneración se convierte en gentrificación y reproduce las dinámicas de expulsión que marcaron los intentos de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Para evitarlo, las previsiones urbanísticas deben traducirse en vivienda verdaderamente asequible, y la gestión del suelo público debe atender al interés general.

Vivir en el Cabanyal no puede convertirse en un lujo, ni para quienes llegan de otros lugares ni para quienes ya viven en él y aspiran a seguir haciéndolo. Sus vecinos tienen derecho a permanecer en su barrio, y también sus hijos y descendientes, si así lo desean.

Que dos convocatorias distintas coincidan el mismo día y a la misma hora multiplica la gente en la calle, y con ella el riesgo. Prevenir exige no confundirlas

Detrás de cada escaparate de València hay mucho más que mercancía. Hay negocios que suben la persiana cada mañana, familias que dependen de la caja del día y trabajadores para quienes una jornada perdida es un problema real. Todo ese esfuerzo puede venirse abajo en los pocos segundos que alguien tarda en romper un cristal. Y los daños no se barren con los cristales: se quedan en las reparaciones, en las pérdidas y en la incertidumbre de quien tiene que volver a abrir al día siguiente. Conviene recordarlo ahora que circulan llamamientos bajo el nombre de Blocus.

Blocus deriva de la palabra bloquer, «bloqueo», en francés, es la etiqueta que comparten varios perfiles digitales dedicados a difundir convocatorias juveniles. Funcionan con vídeos, carteles y mensajes en redes sociales que derivan a grupos de mensajería, donde se reparten lugares de encuentro, horarios y propuestas de actuación. No consta una dirección única para todo el fenómeno, pero no hace falta una estructura jerárquica para que algunos mensajes inquieten. El problema empieza cuando la conversación deja de expresar descontento y pasa a presentar el saqueo, los destrozos o las agresiones como algo aceptable. Investigar esas conductas es necesario; extender la sospecha a toda una generación sería injusto.

En València, esa inquietud llega en una fecha especialmente sensible. El 31 de octubre está convocada la manifestación del segundo aniversario de la DANA, que reunirá a quienes quieren recordar a las víctimas y exigir responsabilidades. Los llamamientos atribuidos a Blocus apuntan a ese mismo día y a la misma hora, aunque en puntos distintos de la ciudad. Conviene decirlo sin rodeos: son convocatorias independientes, con promotores, participantes y fines que nada tienen que ver entre sí. Ni una es respuesta a la otra, ni la marcha de las víctimas tiene por qué cargar con lo que otros puedan hacer.

Lo que sí debe tenerse en cuenta es la aritmética. Que ambas coincidan en fecha y hora multiplica el número de personas que estarán en la calle al mismo tiempo: más desplazamientos, más presión sobre el transporte y los accesos, más puntos que vigilar y menos margen para que los servicios de emergencia lleguen a tiempo si algo se tuerce. El riesgo no nace de ninguna relación entre las dos movilizaciones, porque no la hay, sino de la escala. Cuanta más gente se mueve a la vez por la ciudad, más difícil resulta prevenir, detectar y contener cualquier incidente, y más graves pueden ser sus consecuencias. Esa es la variable que deben valorar quienes diseñan el dispositivo.

Esa preocupación ya no es una hipótesis en València. La Policía Nacional detuvo el miércoles 28 de octubre a un joven de 17 años como presunto creador y administrador de dos canales de mensajería bajo el nombre «Blocus Vlc», abiertos a comienzos de esa misma semana. Según la Jefatura Superior de Policía, desde ellos fijaba la fecha y la hora de los asaltos, señalaba comercios del centro de la ciudad, daba indicaciones sobre cómo actuar y animaba a difundir los grupos para sumar participantes; incluso se llegó a plantear provocar incendios para distraer a los agentes. Uno de los canales superó los 400 usuarios. Ambos han sido cerrados, la Fiscalía de Menores ha acordado su internamiento cautelar y la investigación continúa. Se le atribuyen delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y delitos contra el patrimonio, además de pertenencia a grupo organizado. Es menor de edad y le ampara la presunción de inocencia, pero el caso demuestra que una convocatoria nacida en un grupo de mensajería puede tener un recorrido muy real.

A esa detención se suma el recurso de los Mossos d’Esquadra al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para pedir la retirada de canales que incitan a delinquir. Este organismo, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuenta con una unidad especializada en contenidos ilícitos en internet. Ambas actuaciones dan peso institucional a la preocupación policial y dejan claro que difundir estos llamamientos tiene consecuencias. Pero tampoco conviene sobredimensionarlas: no convierten a Blocus en una organización terrorista ni prueban que detrás de todos los perfiles que usan ese nombre haya una red coordinada. La respuesta debe ajustarse a las evidencias: ni banalizarlas ni inflarlas.

En las zonas donde se identifique un riesgo, anticiparse puede ser tan sencillo como retirar temporalmente del escaparate los objetos valiosos y fáciles de llevar, reducir el efectivo en caja y comprobar cierres, alarmas y cámaras. Son precauciones proporcionadas, no una invitación a bajar la persiana sin motivo ni a vivir pendientes de cada rumor. También conviene explicar al personal cómo actuar y mantener despejadas las salidas: con tanta gente en la calle, ninguna medida de protección debe acabar dificultando la evacuación de trabajadores o clientes.

Si pese a todo se produce un ataque, la protección de las personas debe prevalecer sobre la de la mercancía. No enfrentarse a los agresores, no perseguirlos y no exponerse para conseguir una grabación son decisiones que pueden evitar que un daño material acabe en tragedia. Lo prioritario es ponerse a salvo y llamar al 112 desde un lugar seguro. Después habrá tiempo para conservar las imágenes de las cámaras, documentar los desperfectos y denunciar, procurando no alterar posibles pruebas.

València tiene que poder vivir esa jornada sin verse obligada a elegir entre recordar a sus víctimas, mantener abiertos sus negocios y disfrutar de sus calles. Prevenir consiste precisamente en hacer compatibles esos derechos. Detrás de cada escaparate hay una historia de trabajo que merece protección, igual que detrás de cada pancarta hay personas que merecen ser escuchadas. Ninguna protesta da derecho a destruir lo primero, y ninguna amenaza debería silenciar lo segundo. València no es un botín: es una ciudad que tiene derecho a seguir viviendo sin miedo.

Es responsable de que yo haya estornudado diez veces esta mañana y cuatro más mientras tecleo esta tarde, de que una rata engendre diecisiete crías por parto y de que eso provoque que pululen más de cuatro mil millones de ratas por los cinco continentes, si nos limitamos a la noción continental del Comité Olímpico Internacional. De que se haya acabado mi serie favorita, es responsable de los delirios antisistema de las convocatorias en las redes sociales y del asalto a los comercios, de que llueva poco en Hungría y de que el Danubio traslade un cauce bajo mínimos de lo que debería transportar, de que entre la frontera de Estonia y Letonia apenas se divisen rododendros o fresnos, de que en Gaza se siga asesinando, de que en Ucrania se siga asesinando. Es responsable de que me pique un dedo del pie derecho. Por supuesto que tuvo que ver con el asesinato de John Lennon ante el Dakota aquel nefasto ocho de diciembre de 1980, ya que él, Sánchez, lo había planeado con Mark David Chapman porque el español intuía que treinta y ocho años después ganaría a Rajoy por moción de censura y, por si acaso, había que liquidar a Lennon, dado que con Yoko Ono dinamitó la amistad de «The Beatles», aunque no sé muy bien cuál es la conexión, pero no importa, culpa de Sánchez. No quiero aventurar, pero intuyo (ahora solo lo intuyo) que tuvo que ver con la banda de Charles Manson y el ritual sangriento que cometieron con Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, en Beverly Hills. Con lo de Kennedy en Dallas o lo de la muerte de Canalejas, aunque aún no había nacido, solo tengo sospechas. Ligeras sospechas.

Sánchez es responsable, como señala Serrat en su canción -él no acusa a Sánchez, ojo-, de que las manzanas no huelan. Estoy de acuerdo con él, pero amplío porque los kiwis verdes solo saben a rama de planta de kiwi, que es culpa también suya, y algunos melocotones este verano te resbalaban por el gaznate como si comieras un trozo de apio crudo. Culpa suya es que no pueda limpiar el teclado de mi ordenador porque me he quedado sin gel, de que la prima de riesgo de Francia ande por encima de los ciento cincuenta puntos, de la cantidad desmesurada de loritos verdes (Myiopsitta monachus, o sea, las cotorras argentinas) que revolotean por la ciudad y defecan y ahuyentan, arrinconándolo, al plebeyo gorrión que va perdiendo posiciones en la cadena trófica y ya ni se te acerca por miguitas cuando tomas un aperitivo en la terraza de un bar. Es responsable de que lleguemos a noviembre con manga corta y a diciembre con manga corta. A él se debe que sigamos discutiendo en familia si le echamos cebolla a la tortilla de patatas, si la dejamos reseca como en los bares de toda la vida o con esa yema líquida que degustamos (para mí, ni seca ni líquida, pero para líquida me como un huevo frito), si vamos por allá, en Betanzos, que no tiene cebolla, por cierto.

Añádase lo que convenga al lector de esta breve relación de culpabilidades de Sánchez. Por supuesto, que me perdone también la eventual lectora: que es responsabilidad de Sánchez que se me haya colado este desliz micromachista de género al omitirla con derecho propio en el primer hilo del este último párrafo. Lector o lectora, digo.

La consecuencia es un trauma personal, familiar y colectivo que requiere la articulación de muchas iniciativas para ayudar la población a salir adelante. En estos dos años, se han puesto en marcha varios programas, como los que han impulsado el Colegio de Psicología o Psicólogas sin fronteras, además de la experiencia pionera de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) del Ministerio de Sanidad, por poner algunos ejemplos. También los ayuntamientos han desplegado toda una serie de proyectos piloto, que van desde el psicoyoga a las meditaciones en la calle, pasando por el teatro terapéutico, por citar otros casos, que intentan aportar a la ciudadanía herramientas para combatir el estrés emocional, la ansiedad, el miedo e, incluso, la rabia.

Sin embargo, continuamos echando en falta un refuerzo importante y estructural de los equipos de Psicología y Psiquiatría de los centros de salud de los municipios de la zona cero y de sus hospitales de referencia. Porque el tema de la salud mental es una materia sanitaria y una competencia de la Conselleria de Sanidad, por mucho que el resto de actores en este escenario podamos poner en marcha acciones de apoyo. Y después de una tragedia de dimensiones gigantes como la DANA del 29 de octubre de 2024, el refuerzo no puede ser puntual, sino que tiene que alargarse en el tiempo, dado que muchas personas lo necesitarán a lo largo de toda su vida.

En las últimas semanas, vecinas y vecinos nos han contado su experiencia, dentro de los trabajos de preparación de segundo documental de la Mancomunidad de l'Horta Sud alrededor de la DANA. Personas que se despidieron de la vida cuando ya tenían el agua al cuello, que había entrado con fuerza en su casa; personas que todavía escuchan de fondo, de forma constante, el ruido atroz del agua; personas que ya no tienen una percepción lineal del tiempo, y tantas otras consecuencias. Las instituciones tenemos la responsabilidad de cuidar de la ciudadanía, cada una dentro de sus competencias y, en materia de salud mental, hace falta que la Generalitat Valenciana haga una apuesta más fuerte.

Y no solo para la población adulta, sino para las niñas y niños. El trabajo desarrollado por la Mancomunitat de l'Horta Sud a lo largo de 2025 con la organización Save the Children y la Universitat de València nos permitió tener un primer diagnóstico del impacto de la DANA en la infancia y la adolescencia. Problemas de insomnio, variaciones de carácter, fobias y bajada del rendimiento escolar fueron algunas de las conclusiones de un estudio, que tuvo como base una encuesta ciudadana y las aportaciones de varios grupos de trabajo seleccionados. Teniendo en cuenta estudios como este, tal vez la Conselleria de Educación tendría que haber reforzado las plantillas de los centros escolares con otros perfiles profesionales, consultando primero a los equips docentes.

Además, en aquel trabajo se dejaba bien claro que las escuelas eran identificadas como espacios seguros para niñas y niños y su desaparición, a causa de la barrancada, agravaba las secuelas de la catástrofe.

El alumnado de los centros demolidos fue, primero, deslocalizado en otras escuelas u otros pueblos y, posteriormente, pasó a recibir clase en barracones que no tienen las condiciones de un colegio ni en los espacios docentes ni en el patio. Dos años después, esos centros todavía están por construir e, incluso, para licitar, lo cual deja a esas niñas y niños en condiciones de inferioridad. Además, la imagen de los barracones nos retrotrae a otras épocas, cuando tuvimos que movilizarnos para erradicar aquellos prefabricados que se habían cronificado en la escuela pública. No podemos volver atrás en ese tema. No es justo para la parte más débil de la sociedad: la infancia.

Sorprendentemente, en la avalancha de informaciones, opiniones y exabruptos que se han podido leer y escuchar este verano sobre los grandes incendios, apenas se ha dicho nada, con concreción y rigor, sobre las causas de estos. Menos aún se ha reclamado, o ni tan siquiera planteado, la posibilidad de eliminar las causas de los incendios. De todas aquellas que pueden y deben eliminarse, y que son la inmensa mayoría: las causas de origen humano

Ahora que el verano ha terminado, cabe hacer balance y sacar conclusiones. En lo que va de año hemos padecido, según los datos oficiales del Ministerio responsable (Miteco), 47 grandes incendios (GIF, de más de 500 hectáreas) que son los que han ocupado enormes espacios en noticiarios, periódicos y redes sociales, acompañados de imágenes dantescas. Para sorpresa de algunos, los GIF se iniciaron ya en febrero. En ese mes tuvimos 3, todos ellos en Cantabria, en la “España húmeda”. Siguieron 1 en marzo, 2 en abril, 2 en mayo, luego 7 en junio. Finalmente, ya en julio, se disparan a 22 y vuelven a bajar en agosto, con 7, y en septiembre, con 3. No podemos descartar que aún se añada alguno más, antes de nochevieja.

Con las cautelas necesarias, ya que son datos provisionales, de estos 47 incendios, sólo 4 tienen causas naturales (rayos). Sólo 4, que suponen el 8,5%. El dato es contundente como una pedrada, que nadie ha notado. Dos de ellos en junio, en León, y dos más en agosto, en Castellón. Curiosamente, y esto también merece análisis (que nadie realiza), quemaron, cada uno de ellos, menos de 600 ha. Es decir, están entre los más “pequeños” de los “grandes” incendios. Sumaron en total estos 4 incendios 2.205 ha, de un total de 276.856 ha. Es decir, menos del 1%. Otro dato como un puñetazo, que nadie percibió. El resto de los GIF, 43, tuvieron causas humanas. Causas no naturales, evitables, que pueden y deben combatirse. Son resultado de actuaciones humanas, bastante identificadas y cuantificadas, sobre las cuales se puede y se debe intervenir para eliminar o reducir drásticamente. Pero no está pasando. No es, ni ha sido nunca, la prioridad de técnicos forestales ni administraciones ambientales; que siguen manifestando sin ruborizarse, sin inmutarse, sin que les importe nada, que las causas de los incendios son inevitables.

La asociación a la que pertenezco, Acció Ecologista-Agró, ha podido documentar, en el País Valenciano, tras analizar todos los planes de prevención (PPIF) de las 11 demarcaciones forestales que, a la verdadera prevención, en sentido estricto, es decir, a evitar los incendios, solo se dedica, en promedio, menos del 10% de las inversiones. El resto, va aparar a otras actuaciones que no evitan incendios y que deberían contabilizarse en otros capítulos del presupuesto, para no confundir ni engañar a la población. Probablemente esto mismo se podrá extrapolar, si no a todas las CC AA, sí a la gran mayoría. Por otra parte, las medidas que se financian con estas miserias presupuestarias son pocas, insuficientes y sumamente ineficaces. Medidas indefinidas, vagas, sin objetivos concretos, que no están cuantificados, ni son verificables, ni se evalúan. Básicamente se resumen en colocar carteles, dar algunas charlas, hacer recomendaciones de buenas prácticas y algunas regulaciones deficientes e ineficaces, muy incompletas y con elevado grado de incumplimiento por ausencia de controles y seguimiento. Tampoco se evalúan, en absoluto.

Esto último está referido al caso valenciano, que se puede considerar que está en mejores condiciones que muchas otras comunidades autónomas, ya que en este territorio se padecieron durante décadas algunos de los más grandes incendios de todo el estado y, a lo largo de los años, se han desarrollado mucho los sistemas dedicados a la extinción, cosa que nos está salvando de padecer mayores desastres, ante la ausencia de una verdadera estrategia preventiva para evitar los fuegos de causa humana. Pero ya sabemos que los presupuestos para la extinción no pueden crecer indefinidamente y que, además, con la acentuación de los efectos del cambio climático, cada vez en más ocasiones muchos incendios se sitúan en lo que los técnicos denominan “fuera de la capacidad de extinción” y cualquier pequeño fuego puede transformarse en muy poco tiempo en un enorme incendio incontrolable. En esta situación, evitar los incendios de causa humana se convierte en una prioridad absoluta La extinción y otras medidas de contención o barrera contra el avance de un fuego ya en marcha, sólo actúan cuando ya es demasiado tarde, cuando ya ha fracasado la prevención y no se han podido evitar incendios y cuando los costes de lucha contra el fuego y los costes derivados de los daños producidos van a resultar inasumibles. Si antes del próximo verano no se desarrollan, por parte de las administraciones responsables, potentes estrategias destinadas a evitar los incendios de causa humana, que son la inmensa mayoría, repetiremos con elevada probabilidad los desastres del pasado verano. Dicen que los incendios se apagan en invierno. En todo caso, se han de prever y tener planes para evitarlos antes del verano. De momento, no se mueve nada.

¿Por qué tantos incendios este verano?

El pasado verano muchos hemos seguido con ansiedad y rabia las noticias continuas sobre grandes incendios. Miles de ciudadanos han sufrido en carne propia las consecuencias, obligados a confinarse o desplazarse forzada y precipitadamente. Sin olvidar los muertos ocasionados en Los Gallardos. ¿Por qué no se evitaron estos incendios? ¿Realmente son “inevitables”, como algunos dicen?

El verano ha acabado “oficialmente”. Es oportuno hacer balance, aunque, por desgracia, aún podremos padecer más fuegos. Provisionales y sometidos a pequeñas correcciones futuras, los datos de la administración están disponibles y permiten efectuar algunas reflexiones documentadas y racionales. Desde principios de año hasta finales de septiembre hemos padecido, en toda España, 8.155 incendios, que han quemado 276.856 ha. Si nos fijamos en los incendios grandes (GIF), de más de 500 ha, los que han ocupado muchísimas horas de noticiarios y enormes espacios en los periódicos, hemos padecido 46, los cuales han abrasado el 80% de las mencionadas extensiones. De estos 46, solo cuatro (el 8,7%) se pueden clasificar como naturales, producidos por rayos. Esos 4 incendios quemaron no llega al 1% de las 222.233,90 hectáreas destruidas por los GIF. El resto, la inmensa mayoría, que ocasionaron el 99% de la superficie quemada, fueron resultado de acciones humanas.

Esto tiene una lectura diáfana. La actual de estrategia de prevención que desarrollan las diferentes administraciones ha fracasado estrepitosamente. Un fracaso radical. No se supo evitar el 92% de los grandes incendios (y salvar el 99% de las superficies quemadas por ellos) que tuvieron causas humanas y, por lo tanto, estrictamente evitables. Esto no es ninguna novedad. Los datos que maneja el Ministerio responsable (MITECO) nos informan de que, en el conjunto histórico de datos disponibles para el conjunto del estado, aproximadamente el 90% de todos los incendios tiene causa humana. En el territorio valenciano, donde la asociación, a la que pertenezco, Acció Ecologista-Agró desarrolla sus actividades, hemos podido demostrar, con datos oficiales (de la Generalitat Valenciana) que la media anual de incendios forestales en los últimos 20 años es prácticamente la misma que en los años 70-80 del siglo pasado. En más de 50 años no ha existido una mejora detectable en evitar incendios. Cero avances, pese a los notables incrementos en inversiones en la lucha contra el fuego. El indicador más claro e incontrovertible de la eficacia en la prevención es la cifra anual de incendios. Esa cifra, en promedio, no se ha movido. Cierto que existe un pequeño porcentaje de incendios (ocasionados por rayos) que no se podrá evitar, pero la inmensa mayoría sí, y no se evita. La diferencia entre tener una media de 400 incendios al año (en el caso valenciano) a tener sólo 80 (los naturales) es inmensa. Implica evitar gastos enormes en extinción, evitar miles y miles de hectáreas quemadas cada año, con graves impactos ambientales, sociales, económicos, e incluso vidas humanas. La inacción, la ineficacia y la falta de medidas útiles en este tema, es intolerable.

Los incendios de origen humano son resultado de acciones concretas y actividades e instalaciones de riesgo que son bien conocidas, contabilizadas y analizadas por territorios. Se puede actuar limitando ciertas actividades, regulando otras, prohibiendo con más contundencia algunas, mejorando sustancialmente acciones administrativas planificadas y aumentando medios y recursos destinados a vigilancia, control y disuasión. Causa por causa, concretando detalles por zonas y en cada municipio. Esto no se hace, o se hace de manera muy deficiente. El campo de mejora es inmenso. Está casi todo por hacer. 

Si no se está evitando los incendios evitables es porque las administraciones no invierten a penas nada en este objetivo. En el territorio valenciano hemos podido analizar los planes de supuesta “prevención”, de la totalidad de las demarcaciones forestales. En promedio se dedica menos del 10% de las inversiones a evitar incendios (lo que denominan “prevención de causas”). Además, las medidas propuestas son vagas, genéricas, indefinidas, sin normativas claras y que centran en dar charlas, editar algún folleto, poner unos cuantos carteles y dar recomendaciones de buenas prácticas y confiar en el “buen hacer de la gente de bien”. No es que no se invierta en “prevención”; es que las inversiones se usan mal y van a parar a medidas que no tienen la función, ni la posibilidad, de evitar ni un solo incendio. Así se explica la situación. No existen planes rigurosos, potentes, con recursos importantes y estrategias bien definidas para evitar fuegos. Así es difícil evitar incendios, claro. Sería un milagro evitarlos sin hacer nada importante para ello. Y los milagros no existen, como tampoco existen estrategias que prioricen evitar los incendios de causa humana. No es la prioridad ni para técnicos, ni administradores. No hay un objetivo firme, una voluntad política, una movilización social adecuada para actuar contra todas y cada una de las causas, ya bien conocidas, y eliminarlas. Así, seguro que jamás ganaremos la batalla contra el fuego.

Tuvo lugar en el Centro Cultural la Nau, sede histórica de la Universitat de València. Allí nos reunimos académicos, investigadores, docentes, alumnado, gestores del territorio, asociaciones locales, … ciudadanos y ciudadanas, todos y todas en última instancia.

Dos años después de la DANA, la Cátedra ofreció, una vez más, un lugar de encuentro y debate sobre el riesgo de inundación en nuestro territorio. Con la salvedad de que, en esta ocasión, ni los protagonistas éramos los académicos (aunque estábamos muy presentes), ni la escala territorial era extensa, aunque sí representativa (y mucho) de los problemas territoriales.

En la Jornada de trabajo se abordaron temas muy relevantes en relación a la transferencia de conocimiento y el rol que juegan las redes de stakeholders, agentes sociales, asociaciones y demás actores presentes en el territorio e implicados en la gestión.  Y todo ello a escala local: municipal y supramunicipal. Como no podía ser de otro modo y ante el recordatorio de la dana (evito hablar de aniversario), el foco de interés se centró en el Área Metropolitana de Valencia, fundamentalmente en l’Horta Sud, aunque también se dirigió la mirada hacia l´Horta Nord y el río Palancia.  

Fue una Jornada larga e intensa, con actividades muy variadas (presentaciones, mesas de debate, talleres, conferencias) y un alto grado de participación ciudadana. Comenzó con una conferencia de la abajo firmante que planteaba la transferencia de conocimiento a escala local como el gran reto del s. XXI., partiendo de la base de que los científicos “habían hecho los deberes”, desarrollando instrumentos teóricos y técnicos para predecir, prevenir y gestionar el riesgo de inundación. Ahora había que hacer llegar eso a la ciudadanía.

Al final de la Jornada, quedé gratamente sorprendida y muy esperanzada al ver que el gran reto del s. XXI, fortalecer el tejido asociativo, aprender de la inteligencia colectiva y mejorar el conocimiento del territorio, van por buen camino. La transferencia de conocimiento está funcionando. Y no sólo está funcionando en sentido unidireccional, desde la academia hacia la sociedad, sino que se está produciendo un importante proceso de “transferencia inversa” desde la ciudadanía hacia la universidad. Se construye así el caldo de cultivo adecuado para la co-creación de un conocimiento participativo y profundo sobre el riesgo de inundación. Un conocimiento que ayuda a desarrollar el espíritu crítico, entendido como la capacidad de convertir la duda en reflexión, de cuestionar las propias certezas y de transformar la incertidumbre (que tanto desasosiego nos provoca) en sabiduría. Porque el riesgo inevitablemente entraña incertidumbre y miedo. Ante eso, el conocimiento aporta seguridad y confianza.

Pero, más allá de las administraciones públicas, también brinda seguridad y confianza la red colaborativa que opera a escala local y a nivel supramunicipal (mancomunidades, fundaciones, asociaciones, CLERCs, etc.).

Y así se puso de manifiesto durante la Jornada. En este sentido quiero resaltar el esfuerzo, el compromiso y la generosidad de todos los representantes de la sociedad civil que participaron en las mesas de debate. No debe ser fácil y debe imponer bastante subir al estrado del aula magna de la Nau, alma mater de nuestra universidad, para compartir conocimientos y experiencias vitales. Y, aun así, lo hicieron, contribuyendo con ello a incrementar el capital cognitivo colectivo, mediante transferencia inversa. Por todo ello, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por lo que nos han enseñado. Desde su valentía y generosidad, desde el relato de su experiencia, desde la comunicación emocional y desde su conocimiento del territorio.

También la universidad ha estado a la altura, asumiendo su función pública de formar a ciudadanos. Desde el Vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la UV, Albert Moncusí, que nos acompañó durante toda la Jornada participando incluso de los talleres de formación, hasta todos los profesores, investigadores y alumnos que participaron en la misma. Porque la universidad pública también está haciendo los deberes. Sólo a modo de ejemplo, se presentaron algunos de los proyectos (Build-Change, Risked, Innpulso, Intergeneraciones, Salvem les fotos, Andana) que ponen de manifiesto el gran esfuerzo que se está llevando a cabo desde las universidades para llegar a la ciudadanía.

Por lo que a mí respecta, creo que fui una de las personas que más aprendió de esta Jornada. Creo que estamos contribuyendo activamente a lo que mi colega Juan Romero denomina “maduración de contextos sociales”. Soy consciente de que aún queda mucho camino por recorrer y muchos obstáculos de salvar. No obstante, jornadas como las del pasado viernes aportan esperanza de futuro. Esperanza en la igualdad de género (el 50 % de las personas ponentes eran mujeres); esperanza en un mejor conocimiento de la cultura del riesgo (la gran mayoría de los asistentes eran conscientes del mismo) y esperanza en la co-responsabilidad ciudadana en lo referente al cuidado del territorio. Aprendí de mis colegas académicos, aprendí del saber ciudadano, aprendí de mis alumnos.

Y, sobre todo, constaté que el conocimiento es algo que tenemos que co-crear entre todos los actores: universidad, administraciones públicas, asociaciones sociales y vecinales, ciudadanos y ciudadanas, al fin y al cabo. Porque la transferencia tiene que ser multidireccional, tranversal y recíproca. De lo contrario no será efectiva.

A propòsit del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

Arriba un altre 27 d'octubre i, puntual a la seua cita, el calendari internacional ens recorda la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual proclamat per la UNESCO. Una data assenyalada per a omplir discursos institucionals de solemnitat buida, publicar declaracions complaents i lloar la imatge com a espill de la nostra identitat col·lectiva. Tanmateix, una vegada s'apaguen els focus del protocol, la realitat crua torna a colpejar-nos: la desídia política, la precarietat crònica i la indiferència dels governs cap als arxius audiovisuals continuen empenyent la nostra memòria col·lectiva cap a un precipici irreversible.

Mentre les administracions públiques han tendit massa sovint a tractar el patrimoni fílmic i sonor com una càrrega pressupostària o un mer residu burocràtic, ha sigut la societat civil organitzada la que ha hagut de fer un pas endavant per a evitar l'amnèsia. Al País Valencià en tenim un testimoni persistent i incòmode: des de la seua fundació a finals de 2009 de manera ininterrompuda l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) ha convertit aquesta jornada internacional en una trinxera ciutadana d'acció, denúncia i divulgació.

Davant la inacció oficial, l'activisme social ha demostrat amb fets què significa defensar el patrimoni comú. Ho va evidenciar ACICOM quan, colze a colze amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), va liderar la batalla per exigir la declaració com Bé d'Interés Cultural (BIC) dels fons documentals de RTVV i RTVE a la Comunitat Valenciana. Una demanda cívica avalada per dictàmens unànimes del Consell Valencià de Cultura (CVC) i de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que l'administració va despatxar al·legant que ja estaven emparats per la llei general d'arxius, per cert la Consellera de Cultura i educació era Maria José Català.

S'ha demostrat en el suport continuat a iniciatives La Memòria Rescatada, recuperant de calaixos i golfes les bobines familiars en Super 8, 8mm o 16mm que retraten la vida quotidiana de la ciutadania valenciana del segle XX; en la catalogació desinteressada de 516 programes històrics a través del portal Fem Tele de 9, i en la cessió de filmacions històriques a l'Arxiu Fílmic de la Filmoteca Valenciana (IVC).

La memòria de la catàstrofe: el repte imminent de la DANA

Aquesta tasca de salvaguarda no pot circumscriure's exclusivament a les imatges del passat analògic; s'ha d'aplicar amb la mateixa urgència al present més dolorós. Els fets devastadors de la DANA que ha colpejat el nostre territori han generat un volum ingent de documents audiovisuals que constitueixen ja un patrimoni històric de primer ordre. Des dels reportatges i cobertures dels mitjans de comunicació i professionals de la informació fins als milers d'enregistraments espontanis fets amb telèfons mòbils per la ciutadania, aquests materials són testimonis insubstituïbles de la tragèdia, de la resposta comunitària i de les negligències de gestió.

A més de rescatar materials familiars greument danyats pel fang —com fa la campanya comunitària Salvem les Fotos,  impulsada amb el Museu Comarcal de l'Horta Sud, la Fundació Horta Sud i la Xarxa de Cinema Domèstic per a recuperar milers de fotografies, cintes VHS, Super 8 i miniDV—, cal custodiar, catalogar i protegir aquests nous relats audiovisuals abans que l'obsolescència dels algoritmes, les plataformes digitals privades o l'esborrat premeditat en facen perdre el rastre.

És en aquest terreny on el cinema independent i compromés torna a fer de far: dins del marc del XII Festival Cinema Ciutadà Compromés (FCCC) organitzat per ACICOM, es demostra com la creació audiovisual serveix per a analitzar la realitat des d'un prisma crític i transformador. Una mostra palpable n'és la projecció i el col·loqui d'avui del documental Remontando las aguas, codirigida per Lorena Rodriguez i José Albelda, que té lloc avui 27/10/2026 a les 17.30 h a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (CCCC Octubre). Espais i obres com aquesta demostren que el patrimoni audiovisual no és un objecte de museu inert, sinó una eina viva de deliberació col·lectiva, reparació moral i justícia històrica.

Cinc exigències inajornables als governs

La societat civil no pot continuar suplint indefinidament les obligacions estructurals de les administracions públiques. La preservació audiovisual és un deure constitucional, una dimensió directa dels drets culturals i una garantia democràtica del dret a la memòria. La passivitat governamental destrueix patrimoni diàriament. Per això, en aquest Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual 2026, els governs han d'assumir d'immediat cinc compromisos ineludibles:

Un poble que deixa perdre les seues imatges i els seus sons és un poble condemnat a l'amnèsia i a dependre de relats aliens.

Celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual ha de ser, per damunt de tot, un acte d'exigència cívica: o els governs assumeixen la seua responsabilitat amb recursos i voluntat política, o seran còmplices de la desaparició de la nostra memòria col·lectiva.

Una noche, Clara (nombre ficticio para proteger su identidad) salió a comprar la cena. En una calle sin alumbrado público de El Alto, un agresor la interceptó, la drogó y la agredió sexualmente. Tenía 16 años. Cuando supo que estaba embarazada como consecuencia de la agresión, tomó una decisión: quería acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE).

En Bolivia, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 eliminó la exigencia de una autorización judicial previa para interrumpir un embarazo en casos de violación. El procedimiento establece que basta con presentar una copia de la denuncia y el consentimiento informado. Clara sabía lo que quería. El sistema, sin embargo, la puso a prueba una y otra vez.

Clara vivía con sus hermanas, su principal red de cuidado, porque ni su madre ni su padre formaban parte de su vida cotidiana. También participaba en redes comunitarias de jóvenes. Sus hermanas, esas redes y algunas activistas la acompañaron cuando sintió miedo y buscó ayuda. De las instituciones esperaba información clara, confidencialidad y una respuesta oportuna. Encontró presiones y requisitos que la norma no contempla.

Obstáculos para la Interrupción legal del embarazo en Bolivia

En el servicio de salud le dijeron que debía presentar una denuncia para que el centro tuviera un «respaldo». Clara acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En lugar de facilitarle la atención, distintas instancias le hicieron repetir el relato y le pidieron una y otra vez detalles que no podía recordar porque había sido drogada. Incluso pretendieron que su familia buscara cámaras de seguridad, una tarea que correspondía a las autoridades. Así impidieron formalizar la denuncia.

También exigieron la presencia de sus padres, aunque la normativa no lo requiere, y pusieron en duda a las hermanas que sostenían su vida diaria. Le anunciaron visitas e investigaciones sociales que podían exponer su situación ante la comunidad.

Esto es revictimización: hacer que una persona que ha sufrido violencia vuelva a pasar por el dolor mediante preguntas repetidas, cuestionamientos o trámites innecesarios. En Clara provocó nuevas crisis de angustia. Además, cada demora prolongó un embarazo que ella había decidido interrumpir. El mensaje que recibió fue claro: su palabra y su decisión no eran suficientes.

También fue violencia institucional y de género. Quienes debían garantizar un derecho lo retrasaron y lo sometieron a sus propios criterios. Y, por tratarse de una adolescente, se sumó el adultocentrismo: la desconfianza hacia su capacidad para comprender, decidir y decir qué necesitaba.

Redes a apoyo acompañaron a Clara

Después de meses de trabas, Clara accedió a la interrupción legal del embarazo. El acompañamiento de sus hermanas, de las redes juveniles y de activistas fue fundamental. La escucharon sin juzgar, le explicaron sus opciones y estuvieron a su lado durante los trámites. También la ayudaron a sostener su decisión frente a instituciones que la cuestionaban. Lo hicieron sin hablar por ella ni sustituir su voluntad.

Las redes de apoyo son importantes porque rompen el aislamiento que producen la violencia y el estigma. Sin embargo, ningún derecho debería depender de tener contactos, de una insistencia extraordinaria o de un acompañamiento especializado. Los servicios de salud, la Policía y las instancias de protección deben escuchar sin juzgar, evitar que una persona repita una y otra vez lo vivido, resguardar su intimidad y reconocer las distintas formas de familia y apoyo.

Acompañar es ofrecer información y condiciones para tomar una decisión libre, no decidir por la adolescente. Una atención digna comienza cuando las instituciones creen en la palabra de las jóvenes, respetan sus decisiones y cumplen la ley sin añadir más dolor.

Quien lea esta historia desde España no necesita conocer cada detalle de la normativa boliviana para reconocer el problema. En muchos lugares, la distancia entre lo que dice una ley y lo que ocurre en la práctica sigue estando marcada por prejuicios sobre la sexualidad y por el control de los cuerpos de las mujeres. La historia de Clara deja una pregunta incómoda: ¿de qué sirve reconocer un derecho si, para ejercerlo, las jóvenes y las mujeres todavía deben luchar contra quienes deberían garantizarlo?

Todo lo anterior viene a cuento de las intenciones declaradas por PP y Vox en esta precampaña electoral de intentar conseguir mayorías suficientes en ambas cámaras para poder modificar el texto constitucional. Algo legal, sin duda, y no quiero entrar en disquisiciones sobre si también legítimo, pero creo que choca frontalmente con el espíritu de la Transición tantas veces invocado por los “constitucionalistas”. La Constitución del 78 es, en palabras de Alfonso Guerra recogidas en sus memorias, la superación de “un repetido error histórico que ha condenado a España a ser un país sin futuro” Un error que consistía en “imponer constituciones de media España contra la otra media” “Nunca se había hecho el intento de elaborar una Constitución para todos los españoles”

No creo que alcancen las mayorías que anhelan, ni tan siquiera que las necesarias para la última oportunidad de Feijóo estén garantizadas, pero conviene detenerse en ese afán porque en él se pone de manifiesto el engaño de un ropaje de constitucionalismo, de espíritu de consenso y de reconciliación que esconde la voluntad de romper con esa necesidad de consenso, de acuerdo entre conservadores y progresistas que hicieron posible la Constitución del 78 y sus casi cincuenta años de democracia para sustituir la alternancia política por la imposición de los vencedores que, al parecer, tanto añoran. Con ese argumento, el del citado espíritu arrimado a su sardina, han pactado y defendido leyes de “concordia” en las comunidades autónomas que gobiernan con apelaciones a la reconciliación, pero en el fondo con el único propósito revanchista de torpedear la ley de memoria democrática. 

En el mismo sentido autoritario de imposición que les evite la necesidad de buscar el pacto van los bloqueos a la renovación del Tribunal Constitucional, confiando en que la ola reaccionaria les aúpe a esas mayorías en el senado que les permitan nombrar a los suyos pactando con Vox. Si podemos hacer nuestra propia Constitución, mejor. Y si no, al menos que la interpreten a nuestro gusto e interés. Es como cuando desde las tribunas políticas y periodísticas se reprocha la injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial por cuestionar desde el Gobierno determinadas decisiones judiciales de claro contenido político, pero nada hacen por cumplir con sus obligaciones de renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial ni nada dicen sus medios afines sobre el sistemático bloqueo que practican para no perder el control del órgano de gobierno de los jueces. Jueces que vemos abrir causas por acusaciones sustentadas con recortes de periódicos y que ante la falta de indicios continúan con prospecciones casi biográficas para encontrar algo, mientras otros archivan sin investigar; jueces que exigen el volcado de información contenida en dispositivos móviles y electrónicos, desde muchos años atrás, y otros que se niegan a hacerlo con el argumento de la intromisión a la intimidad que ello supondría, siempre dependiendo del paño. En fin. ¡Y luego, esos mismos, son los que niegan el mínimo asomo de lawfare  y nos piden confianza en la imparcialidad de la Justicia!

No me resisto, cambiando el tercio, a opinar sobre lo escandalizado que ante Aimar Bretos se mostró el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno al hablar sobre una ley de interrupción del embarazo que no exige a las “niñas” de 16 o 17 años contar con el consentimiento de sus padres para abortar. Lo contraponía al necesario consentimiento para hacerse un tatuaje, pero nada decía sobre lo que para él debería ser lo verdaderamente escandaloso: que esas “niñas” estuvieran embarazadas. O que la madre naturaleza, por no meterme en sagrado, permita que en algunos casos desde los 10 años se pueda quedar una embarazada, con o sin consentimiento paterno. 

Siguiendo con perlas de esa entrevista, será seguramente la frase de la que más orgulloso se sienta -si es que no estaba en el guión, sino que le salió improvisada-  aquella de “antes de llegar a la muerte digna tenemos que garantizar una vida digna” Como si de él dependiese que uno deje de padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, causas que justifican la petición de la ayuda a morir. Sí dependerían de él, en buena medida, las condiciones económicas de los pensionistas, el salario mínimo interprofesional de los trabajadores, el ingreso mínimo vital, las prestaciones y subsidios por desempleo, el derecho a la incapacidad temporal o baja médica, el acceso a la vivienda en propiedad o alquiler, los permisos retribuidos, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, los derechos LGTBI, la posición de España ante el derecho internacional…  En definitiva, todo aquello a lo que se opone el de la motosierra o los del Bulldozer con los que tanto intima y que hace la vida digna.  

¡Constitucionalistas defensores de la libertad por un tubo! por su extremo ancho, para los demás estrecho.

Durant massa temps, els valencians hem assistit a una situació paradoxal. Som un dels territoris més dinàmics de l'Estat, aportem riquesa, cultura, agricultura, indústria i talent, però continuem patint mancances històriques que afecten directament la qualitat de vida de la ciutadania. Per això resulta especialment important que existisquen forces polítiques que situen el País Valencià al centre del debat i de les seues prioritats. Compromís-Front Valencià s'ha presentat precisament amb aquesta vocació: ser una candidatura feta des del territori, pensada des del territori i liderada des del territori.

La seua aparició no és casual. És la conseqüència d'anys de reivindicacions, de la necessitat de construir una alternativa pròpia i de la voluntat de moltes persones de disposar d'una representació que no depenga de despatxos allunyats de la realitat valenciana. Compromís, Podem, Esquerra Unida del País Valencià i Esquerra Republicana del País Valencià han sigut capaços de trobar un espai comú per a presentar-se conjuntament sota una marca compartida i amb un objectiu clar: donar força a una veu valenciana pròpia a Madrid.

Joan Baldoví ha sigut una de les persones que millor ha sintetitzat aquest sentiment. Amb la seua trajectòria política ha defensat reiteradament que les decisions que afecten el nostre poble han de prendre's pensant en les necessitats reals dels valencians i les valencianes. La seua aposta per una candidatura “100% valenciana” no és un simple eslògan electoral; és una declaració de principis que reivindica l'orgull de ser valencians i la necessitat de defensar els nostres interessos sense tuteles externes.

En els seus últims discursos ha insistit en una idea que compartisc plenament: el País Valencià necessita diputats i diputades compromesos amb la seua terra, persones capaces de defensar els nostres interessos siga qui siga qui governe. La política útil és aquella que posa les persones en el centre, que escolta les seues preocupacions i que treballa per donar respostes concretes als seus problemes.

Quan Baldoví parla d'una “revolta cívica” apel·la precisament a la mobilització democràtica, a la participació i a la convicció que la ciutadania encara pot canviar les coses amb el seu vot i amb el seu compromís. La seua crida a la “revolta de les dones i els homes bons, la revolta dels qui estimen esta terra i esta gent” és una invitació a recuperar l'autoestima col·lectiva i a creure que el futur es construïx des de la implicació de cadascuna de les persones que formen part d'aquesta societat.

Però aquest projecte va molt més enllà del valencianisme polític. També incorpora una agenda social clara i necessària. L'habitatge, la sanitat, l'educació, la lluita contra la precarietat laboral, la protecció del medi ambient i la defensa dels serveis públics formen part de les seues prioritats. En un moment en què moltes famílies tenen dificultats per arribar a final de mes i molts joves veuen impossible emancipar-se, resulta imprescindible defensar polítiques valentes que garantisquen drets i oportunitats per a tothom.

També compartisc la defensa que fan de la llengua i de la cultura pròpies. Les llengües són molt més que un instrument de comunicació. Són memòria, identitat, història i futur. Quan es defensa la llengua valenciana no es defensa només un patrimoni cultural; es defensa també la capacitat d'un poble de continuar expressant-se amb normalitat en la llengua que ha passat de generació en generació.

Precisament per això em sembla especialment important destacar una persona que simbolitza moltes de les virtuts que hauria de tindre la política. Parle d'Àgueda Micó, candidata de Compromís-Front Valencià al Congrés dels Diputats per València.

Per a mi, Àgueda és molt més que una candidata. És una amiga i també una responsable política amb qui he compartit espais, reflexions i moments d'intensitat política i humana. He tingut l'oportunitat de veure de prop la seua manera de treballar, el seu nivell d'exigència i la seua capacitat per afrontar situacions complexes sense perdre mai la serenitat. En un món polític massa sovint marcat per l'espectacle, el titular fàcil i la confrontació permanent, Àgueda representa una altra manera d'entendre el servei públic: amb humilitat, amb treball i amb coherència.

Una de les coses que més admire d'ella és que ha sabut estar sempre en el seu lloc. Pot semblar una frase simple, però amaga una enorme profunditat. Ha sabut estar en el seu lloc quan tocava dirigir, quan tocava negociar, quan tocava escoltar i quan tocava assumir responsabilitats. Ha sabut estar en primera línia quan era necessari i en segon pla quan allò important era que el projecte col·lectiu avançara. No totes les persones són capaces d'entendre que el protagonisme autèntic no està en eixir més en les fotografies, sinó en contribuir perquè les coses funcionen.

En política hi ha qui busca càrrecs i hi ha qui assumix responsabilitats. La diferència és enorme. Àgueda forma part del segon grup. Les responsabilitats no sempre són còmodes, ni populars, ni fàcils. Sovint impliquen prendre decisions complicades, gestionar discrepàncies i assumir costos personals. Però precisament és en eixos moments quan es mesura l'autèntica talla d'una persona. I ella ha demostrat una vegada i una altra que està preparada per afrontar els reptes amb rigor, responsabilitat i compromís.

També destacaria la seua capacitat per escoltar. En una societat en què tots volem parlar i pocs estan disposats a escoltar, ella manté la virtut d'atendre les opinions dels altres, fins i tot quan són diferents de les seues. Aquesta capacitat de diàleg és fonamental per a construir consensos, arribar a acords i fer avançar qualsevol projecte polític.

Per això em genera una emoció especial veure-la encapçalant aquesta candidatura. No perquè siga una amiga, sinó perquè conec la persona que hi ha darrere del càrrec. Conec la seua dedicació, el seu esforç quotidià i el seu compromís sincer amb el País Valencià. Sé que no entén la política com una carrera personal, sinó com una ferramenta per a millorar la vida de les persones.

Quan parle d'Àgueda també parle d'esperança. L'esperança que encara és possible fer política amb honestedat. L'esperança que encara és possible construir projectes col·lectius que posen les persones per davant dels egos. L'esperança que encara hi ha dirigents disposats a treballar cada dia amb responsabilitat i vocació de servei.

I crec sincerament que aquesta manera d'entendre la política és precisament el que necessita el País Valencià. Necessitem persones preparades, però també persones honestes. Necessitem persones amb idees, però també amb sensibilitat. Necessitem persones que siguen capaces de defensar les seues conviccions sense perdre el respecte cap als qui pensen diferent. Necessitem persones que estimen aquesta terra i que estiguen disposades a deixar-se la pell per ella.

El futur del País Valencià dependrà, en gran mesura, de la capacitat que tinguem per construir projectes amplis, inclusius i útils. Dependrà de la nostra capacitat per superar divisions estèrils i centrar-nos en allò que realment importa: millorar la vida de la gent, protegir els serveis públics, garantir oportunitats per als joves, defensar la nostra llengua i aconseguir una veu pròpia forta allà on es prenen les decisions.

Per tot això, considere que Compromís-Front Valencià representa una oportunitat positiva per al nostre país. Perquè combina valencianisme, progrés social, defensa dels serveis públics i una voluntat clara de situar els interessos valencians al centre de l'acció política.

I perquè compta amb persones com Joan Baldoví, que continua reivindicant una veu valenciana pròpia, i amb persones com Àgueda Micó, que representen el compromís, la responsabilitat i la convicció que la política encara pot ser una ferramenta útil per a transformar la realitat.

Al final, més enllà de sigles i de campanyes electorals, tot es resumix en una pregunta molt simple: qui volem que defense el País Valencià? Jo ho tinc clar. Necessitem persones que coneguen aquesta terra, que l'estimen, que la visquen cada dia i que siguen capaces de defensar-la amb fermesa, però també amb responsabilitat. Persones que no obliden d'on venen ni per a qui treballen. Persones que entenguen que la política només té sentit quan està al servei de la gent. I eixa és, precisament, la idea que hui representa el Front Valencià.

Hi ha coses que pareix que només entenem quan arriba una desgràcia. Durant anys podem parlar d'urbanisme, de progrés, de creixement econòmic i de nous desenvolupaments residencials, però de sobte arriba una DANA, l'aigua recupera el protagonisme i ens recorda una realitat que massa vegades preferim ignorar: el territori té memòria, i les nostres decisions sobre ell tenen conseqüències.

La DANA Adam, que ha colpejat estos dies les comarques de la Marina Alta i la Safor, ha tornat a deixar imatges difícils d'oblidar. Carrers convertits en rius, barrancs desbordats, camins destrossats i camps negats. A Pego, les precipitacions han superat els 680 litres per metre quadrat en només 24 hores. Una quantitat extraordinària que ens obliga a preguntar-nos si realment hem aprés alguna cosa dels episodis que hem patit durant els últims anys.

Enmig d'este escenari trobem un projecte que fa dècades que genera controvèrsia: el PAI Pego-Golf. Una actuació urbanística que contempla la construcció d'unes 1.300 vivendes, un camp de golf, instal·lacions hípiques, un hotel i altres equipaments sobre més de 160 hectàrees de terreny, bona part del qual és terra agrícola, al costat del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva.

Parlem de més d'un milió i mig de metres quadrats que podrien deixar arrere la seua realitat agrícola per a donar pas a un altre model de territori. Convé recordar que un camp de tarongers no és simplement una parcel·la sense edificar, és una terra que produïx aliments, genera activitat econòmica, manté un paisatge i forma part d'un sistema de séquies, escorredors i barrancs que s'ha configurat durant generacions. Un sistema que també participa en la manera com circula l'aigua.

Els camps també s'inunden, i els llauradors ho sabem perfectament. De fet, som moltes vegades els primers a patir les conseqüències de les pluges extraordinàries. Perdem collites, se'ns arranquen arbres, desapareixen camins i veiem com mesos de treball poden quedar destruïts en qüestió d'hores. Ningú pot afirmar que conservar una parcel·la agrícola siga suficient per a evitar una inundació, però tampoc podem ignorar que els sòls no impermeabilitzats i els espais de drenatge poden complir funcions importants en el comportament de l'aigua.

Ací és on el cas del Pego-Golf resulta especialment preocupant. Segons la informació publicada, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja havia emés en 2023 un informe desfavorable que qüestionava la disponibilitat de recursos hídrics i diversos aspectes relacionats amb els barrancs i la inundabilitat del projecte. Advertències que mereixen una resposta tècnica clara i transparent, especialment després del que acabem de viure.

No es tracta d'afirmar que el projecte haja provocat les inundacions, perquè no està executat, ni tampoc de donar per fet que tota la superfície prevista haja quedat negada durant esta DANA. Es tracta de preguntar-nos si té sentit continuar impulsant grans transformacions urbanístiques sense haver resolt tots els dubtes sobre la disponibilitat d'aigua, el drenatge i la seguretat del territori.

És evident que els pobles necessiten oportunitats econòmiques, vivendes, serveis i possibilitats de futur. Ningú hauria de negar-ho. Però també hauríem de preguntar-nos per què, quan parlem de desenvolupament, tantes vegades pensem abans en construir que en recuperar allò que ja tenim. Per què una hectàrea de tarongers pareix tindre més valor quan deixa de produir taronges? Per què acceptem amb tanta facilitat que el futur d'una terra agrícola passe necessàriament per convertir-se en una urbanització?

Potser perquè ens hem acostumat a mirar el camp com una reserva de sòl disponible, com un espai buit que encara no ha arribat al seu màxim valor econòmic. I això és un error profund. Una terra agrícola no està esperant que arribe una excavadora per a començar a ser útil, ja ho és, encara que moltes vegades la societat no sàpia reconéixer-ho i, massa sovint, els preus que cobrem els llauradors tampoc ho reflectisquen.

El problema va molt més enllà de Pego, de fet, a la DANA de 2024 ja ho vam comprovar a l’horta sud. Durant dècades hem anat ocupant terres fèrtils, transformant paisatges i construint infraestructures sense donar sempre la importància necessària al funcionament de l'aigua. Després arriba una barrancada i descobrim que els barrancs continuen sent barrancs, encara que al seu voltant hàgem construït carreteres, vivendes o polígons industrials.

La DANA Adam encara ens deixa una altra lliçó. Segons les primeres estimacions de les organitzacions agràries, unes 8.000 hectàrees podrien haver resultat afectades a la Safor i la Marina. Milers d'hectàrees que ara necessitaran treball, inversions i temps per a recuperar-se. I mentre intentem salvar una part de la nostra agricultura dels efectes de l'aigua, continuem debatent si una altra part ha de desaparéixer davall de l'asfalt.

Defendre la terra agrícola no significa oposar-se al progrés. Significa entendre que no tot el creixement és necessàriament progrés i que hi ha coses que, una vegada desapareixen, difícilment podrem recuperar. Potser ha arribat el moment de deixar de considerar el camp com una reserva de terrenys per a urbanitzar i començar a entendre'l com una part imprescindible del nostre futur.

Després de cada DANA prometem aprendre dels errors, revisar allò que no ha funcionat i construir un territori més segur. Però les lliçons no es demostren amb discursos quan l'aigua encara corre pels carrers, sinó amb les decisions que prenem quan torna a eixir el sol.

Fa més de vint anys, La Gossa Sorda ens contava la història de Batiste Ceba, un llaurador que veia com el ciment amenaçava la terra que havia treballat tota la vida. Dos dècades després, pareix que no hem aprés res. El problema mai ha sigut que li estigueren furtant la terra a Batiste Ceba, és que ens estan furtant el futur a tots i totes.

Potser el problema no és que l'aigua no sàpia per on anar. Potser el problema és que nosaltres ens hem oblidat de respectar per on ha anat sempre.

Personalmente, las entrevistas a Pedro Sánchez se me hacen gola. Hay que reconocer que es ingenioso y tiene puntos muy buenos, pero esa actitud suya de ir por la vida como si fuera el presidente de Happylia cansa un poco. Cuando se sienta en un plató, está más pendiente de quedar bien ante los suyos que de intentar llegar a los otros, que no son fantasmas como en la película de Amenábar, sino gente que no le va a votar. El programa tuvo 4,4 millones de espectadores –Rosalía, en el mismo sofá, 2,7– y, en total, más de 7 millones conectaron en algún momento con RTVE. La sacada de miembro fue de tal calibre, que hasta la casi escritora Ana Rosa Quintana dijo en su programa que “va a ganar las elecciones. No tengan ustedes ninguna duda”. Dijo ganar, no que esté en situación de formar gobierno. Pero el sapo se lo tuvo que tragar, aunque fuera para intentar movilizar a los suyos para evitarle ese disgusto.

Pero hay un pero. Siempre tiene que haberlo. Amén de someterse a las preguntas de Broncano, que tocó todos los temas pero con humor, debe atreverse a torear en otras plazas. Una de ellas es el canal de Jordi Wild que, con sus 15 millones de seguidores, se merece todo el respeto. Sí, es el ídolo de los gymbros, sus análisis suelen tener la profundidad de un charco, y está claramente escorado a la derecha. Por eso, y porque de esos 15 millones de seguidores unos 14,9 (y que no me quede corto) han cantado al menos una vez “Pedro Sánchez, hijo de puta”, el Perro debe ir.

A The Wild Project no le han regalado sus seguidores, se los ha ganado. Su fórmula funciona: lleva a un invitado, le pregunta y en lugar de interrumpirle antes de empezar (como hace Broncano) les deja que se explayen. Ahí, los invitados van a hablar de su libro, a contar anécdotas entre falsas y muy maquilladas, y a dejar caer alguna cuñadez. Cuando el invitado vale la pena, funciona como un reloj suizo. Se puede criticar al presentador y al programa —como a todos— pero no tirarlo por tierra. Solo hay que tener en cuenta una cosa: el inclito ni es periodista ni dice serlo, pero como comunicador es mejor que muchos que van por la vida en plan Estrellita Castro.

Para estas elecciones, Wild lanzó una invitación a los cabezas de cartel de los partidos más importantes a pasar por taquilla: si uno se negaba, se suspendían todas. Y advertía “no sería una entrevista/masaje como en otros sitios, y que, con todo el respeto del mundo, le iba a preguntar [a los candidatos] por temas delicados sí o sí”. En seguida, Abascal y Feijóo dieron el sí quiero –saben que juegan en casa– y Ada Colau tardó más (con el cacao que llevaba el Frente Amplio, se entiende), pero aceptó. Tras darle muchas vueltas Sánchez se ha sumado a la procesión. Bien hecho.

Wild tiene cosas buenas, y algunas muy buenas, pero nunca ha hecho una entrevista en plan malote, como la que se cree que va a hacer. Que diga que hará preguntas incómodas “no como los otros” demuestra que no ha visto una entrevista electoral en su puta vida. Tampoco tiene el conocimiento enciclopédico sobre política que hace falta para ser rápido y ganar en el cuerpo a cuerpo. El Perro, en cambio, va sobrado en todas estas mañas y, cuando hace falta, también sabe recurrir al sentido del humor. Teniendo en cuenta lo que aguanta un día normal en el Congreso, al plató de The Wild Project puede ir en bermudas.

Esa entrevista va a influir más en las elecciones que la de Broncano. Primero, porque pocas veces los seguidores de Wild han visto a alguien de izquierdas refutando todos los lugares comunes que abundan en sus entrevistas. Si aguantan hasta el final –en caso de que la disonancia cognitiva no les provoque un ictus- van a escuchar por primera vez que las pensiones son sostenibles, que los inmigrantes no viven de las paguitas, que si se bajan impuestos a los ricos no van a ver ni un euro o que con Franco tan, tan, tan bien no se vivía. A cada uno que convenza, a cada uno que haga dudar, lo puede convertir en un votante en un caladero en el que nunca soñó pescar. Sentarse con Jordi Wild lo humanizará ante gente que le odia y cuya imagen del presidente es la que les llega por los memes.

Y lo dicho por Jordi Wild, también vale para Pablo Motos y El Hormiguero... si le invitan. El utielano tiene las virtudes de Wild, pero también sus defectos: se creen capaces de improvisar un Intxaurrondo (lo digo por Silvia, no por el general Galindo), pero no pasan de reporteros Tribuletes. Más que por sus entrevistas (recordemos las de la Pantoja o Abascal), pasara a la historia de la comunicación por sus masajes. Como comunicadores, un diez; como periodistas, muy raspaditos. Sánchez, con Trancas y Barrancas como maestras de ceremonias, tiene mucho que ganar y nada que perder ante una audiencia de extremo centro.

¿Y debería ir a Horizonte? A ese lodazal, ni en ouija.

En la història local del barri de Benimaclet (València), el divendres 23 d’octubre del 2026 caldrà destacar-lo en negre, com a dia de dol. En efecte, aquest dia, l’Ajuntament del Cap i Casal ha tingut a bé posar catifa roja als interessos de Metrovacesa. És a dir, ha aprovat el Pla parcial sup-t4 “Benimaclet”. El PAI. I ho ha fet amb l’oposició explícita de bona part dels seus habitants i de la seua Associació Veïnal (AV). És el que, en nom d’aquesta AV, he manifestat per enèsima vegada en el Ple corresponent de la corporació municipal. Com que no he tingut més que cinc minuts per fer-ho, tot acollint-me una volta més a l’hospitalitat d’elDiariocv.es, em permet reproduir a continuació la meua intervenció, si bé estenent-me una mica en aquelles qüestions que només he pogut esmentar d’arrapa-i-fuig.

La història d’aquest PAI començà fa més de 30 anys, quan governava Rita Barberà, continuà durant els 8 anys de govern del Rialto i sembla que arriba ara al seu trist final. Trist perquè, durant tots aquests anys, d’aquest Ajuntament a penes hem rebut poca cosa més que excuses de mal pagador o la callada per resposta; fins i tot faltes de respecte i manipulació de les nostres propostes.

L’AV de Benimaclet ha estat treballant des del 2014 en un projecte de PAI que fera compatibles els interessos empresarials legítims (no els usuraris) amb les necessitats i aspiracions veïnals. A hores d’ara, tot indica que serà la raó especuladora la que s’emportarà el gat a l’aigua. Metrovacesa (Banc de Santander i BBVA), primera immobiliària d’Espanya, no està disposada a reduir el seu marge de beneficis ni que siga en un euro. I el Govern del Cap i Casal està disposat a fer possible que no en perda ni un.

El mes de juny del 2025 l’AV de Benimaclet, després de quatre setmanes d’estudi i reflexió, després d’una assemblea extraordinària de socis i una campanya duta a terme pel barri, presentà en aquest Ajuntament un escrit d’al·legacions al projecte de PAI que vol tirar endavant Metrovacesa; escrit que va estar acompanyat de més de 2.800 signatures de suport recollides entre el veïnat. Concretament hi presentàrem set al·legacions o propostes:

1. Reducció substancial de l’edificabilitat

Entre d’altres raons, perquè l’edificabilitat vigent es va aprovar fa més de 30 anys per a una població d’1.200.000 habitants, mentre que hui no arribem a 850.000, i perquè no necessitem més habitatges de renda lliure. Durant el que duguem de segle, a la ciutat de València s’hi han construït milers i milers de pisos, la qual cosa no ha impedit, ni de bon tros, que els preus continuaren disparats. Qui crega que, amb el PAI de Metrovacesa, podrà comprar-se un pis a Benimaclet, està molt equivocat. El de Benimaclet no és un PAI per a joves. Ni per a vells, ni per a adults. Ni per a famílies monomarentals. Ni per a... En realitat és un PAI per a molt poca gent. El que necessita Benimaclet, la ciutat, el país, són milers i milers d’habitatges públics en règim de lloguer; però d’això, a Benimaclet, n’hi haurà poca cosa, si és que la hi ha algun dia. Aquesta proposta no s’hi ha acceptat.

2. Soterrament parcial de la Ronda Nord, entre els camins de les Fonts i de Farinós

Entre d’altres raons, per a reconnectar la ciutat amb l’Horta Nord i Benimaclet amb el seu cementeri i l’alqueria de Serra. És una oportunitat única de dur a terme una cosa que la ciutat mai no ha intentat: conviure i fondre’s amb l’horta que l’envolta. No s’hi ha acceptat.

3. Dissenyar el parc central inspirant-se en el paisatge de l’Horta, en la seua tradició agrícola, mantenint les séquies del braç d’Alegret

Tampoc no s’hi ha acceptat. A més a més, a hores d’ara aquesta proposta és impracticable. Per a que el parc funcione com a veritable espai de transició ciutat-horta, cal que el braç d’Alegret continue connectat amb la séquia de Mestalla, mentre l’Ajuntament s’ha vist obligat a tallar braços de reg. Per què? Perquè des del 2015, una ordenança municipal prohibeix fer servir les séquies com a clavegueres, i la desídia de les successives corporacions municipals no ha obligat a complir-la. Resultat: un sistema mil·lenari de reg, declarat digne de protecció per la UNESCO, s’està utilitzant per a evacuar les aigües fecals. En lloc de fer complir l’ordenança i netejar les séquies, es tallen els seus braços. Lamentable.

4. Eliminació del vial que connecta els carrers Lliri blau i Poetes anònims

Aquesta proposta no té altra finalitat que mantenir el caràcter pacificat del trànsit i facilitar la mobilitat dels vianants pel barri. No és una nimietat. Ens hem cansat d’explicar que aquest vial modifica la mobilitat veïnal. Els nostres carrers tenen poc de trànsit, són tranquils i segurs, no volem que el PAI altere el seu caràcter. A més a més, aquest vial rodeja el Col·legi Municipal, la qual cosa atempta contra totes les polítiques de pacificació del trànsit en entorns escolars i separa el col·legi del parc futur, tal com ha denunciat la seua AFA en el comunicat que ha emès en assabentar-se del contingut que es vol aprovar ací ─immediatament després s’hi han sumat l’AFA del CEIP Pare Català, ACOEC (ONG que s’ocupa d’atendre persones en risc d'exclusió social) i València en Bici. No s’hi ha acceptat.

5. Canvi d'ubicació de l'equipament del parc central

La nostra proposta era desplaçar l’equipament que està previst ubicar al costat del Col·legi Municipal a la confluència del carrer Mistral i l'avinguda de Valladolid. Però, com que altres entitats veïnals s’hi han pronunciat a favor de deixar-ho on està, l’AV, per tal de reforçar el consens, l’ha retirada.

6. Ús de les alqueries del parc central

Benimaclet necessita un altre centre de dia per a persones majors. Les alqueries destinades a equipament públic situades al costat de la rotonda que trenca el camí de Farinós són el lloc òptim per ubicar-lo, la qual cosa implica eliminar la via de servei prevista en el projecte de Metrovacesa que connecta el carrer Diógenes López Mecho amb la rotonda. No s’hi ha acceptat.

7. Manteniment dels horts urbans de l'AV de Benimaclet

Cal recordar que aquest espai té el seu origen en una proposta acceptada per unanimitat en un Ple municipal com aquest, celebrat el 28 d’octubre del 2011. Estem parlant de cent parcel·les de conreu i un espai comú que pot ser utilitzat lliurement per qualsevol veí. Entre els usuaris hi ha dos col·legis públics, l'associació Nueva Opción (persones amb dany cerebral adquirit) i ACOEC.

Al projecte d’urbanització presentat per Metrovacesa, que ja ha estat informat favorablement per tots els serveis municipals, els horts es grafien desplaçats de la seua localització actual. Això significa arrasar-los, deixar-nos uns quants anys sense horts i tornar a fer-los no se sap on ni quan. Significa destruir un espai amb una gran biodiversitat i trencar un teixit social bastit dia rere dia durant quinze anys. A hores d’ara continuem sense saber què en pensa fer l’Ajuntament.

Acabe ja. L’AV de Benimaclet, després de dos anys de reunions amb l’Ajuntament i totes les entitats veïnals que han volgut participar-hi, s’ha manifestat disposada a deixar de costat les seues reivindicacions més ambicioses per tal d’arribar a un acord consensuat. El resultat s’ha materialitzat en un document presentat al seu moment al regidor d’Urbanisme, Juan Giner. El regidor ens va assegurar que les propostes consensuades d’aquest document serien acceptades tal qual. Doncs bé, al Pla que finalment es sotmet avui a votació, no s’hi reflecteix ni tan sols la proposta —més que raonable—, d’eliminar el vial que connecta els carrers Lliri blau i Poetes anònims.

Després de tants anys de treball, d’il·lusió, de lluita veïnal, què hem aconseguit? Més aviat poca cosa. Bàsicament, modestes millores de detall en benefici de tot el veïnat. Però, sobretot, en benefici dels interessos immobiliaris. Perquè fan més atractius i fàcils de vendre els nous habitatges. Per tant, hem estat treballant gratis et amore en favor de Metrovacesa.

Benimaclet i la seua AV, almenys de moment, sembla que han perdut, hem perdut, la batalla del PAI. No obstant això, donem per ben emprat el temps que hi hem fet servir. Perquè hi ha batalles que han de ser lluitades encara que només siga per a perdre-les amb dignitat. Perquè volem tornar a denunciar l’estratègia de Metrovacesa comprant voluntats, i dividint i confonent el veïnat mitjançant xiringuitos, com ara Beniviu, amb els quals pretén fer-nos creure que, gràcies al seu PAI, Benimaclet acabarà sent el Paradís terrenal. Perquè fa ja quasi setanta anys que un valencià de bé ─Martín Domínguez─ tingué la gosadia de denunciar, davant les autoritats locals i un ministre de Franco, que quan callen els homes, parlen les pedres, i nosaltres no volem que Metrovacesa faça la seua amb el nostre silenci resignat.

És per tot això que intervinc en aquest Ple municipal, per a demanar el vot en contra del PAI de Metrovacesa i perquè conste en acta que aquest PAI es farà sense comptar amb el suport de l’AV de Benimaclet i de bona part del seu veïnat.

Es el mantra de la década: la “presión demográfica” es una bomba de relojería. La lógica parece irrebatible y ha ganado una credibilidad férrea a fuerza de repetirse en editoriales y tribunas: si cada vez hay más ancianos y viven más años, mientras el número de jóvenes se reduce, el sistema será insostenible. Según la AIReF, hoy tenemos 1,9 afiliados por cada pensionista, y la previsión es que esa cifra caiga hasta el 1,0 en 2050. Bajo esta premisa, el gasto —que hoy supone el 11,5% del PIB y se proyecta hasta el 17,3% para 2050— se presenta como una carga inasumible.

Sin embargo, este discurso alarmista adolece de un error fundamental: asume que la productividad permanecerá estática durante los próximos 25 años.

La lección de la agricultura

Para entender por qué el catastrofismo demográfico puede estar equivocado, basta mirar al pasado. En 1984, el 17,5% de los ocupados en España trabajaba en el campo. Hoy, apenas el 3,6% se dedica a la agricultura, (según el Ministerio de Agricultura y datos de la EPA del INE). Si hace décadas alguien hubiera vaticinado este abandono del campo, muchos habrían predicho que el país moriría de hambre.

Nada más lejos de la realidad: gracias a la tecnología, un agricultor actual produce hoy lo mismo que cinco de antaño. Hemos sustituido cantidad de trabajadores por eficiencia. El reto actual es, simplemente, sustituir “alimentos” por “pensiones”.

Una tarta más grande

El miedo al gasto del 16% o 17% del PIB en 2050 ignora que el tamaño de la “tarta económica” será mucho mayor. Países como Italia ya destinan un 15,6% de su PIB a pensiones sin que el sistema haya colapsado.

Hagamos números: si hoy el PIB es 100 y dedicamos 11,5 a pensiones, quedan 88,5 para el resto de la sociedad. Si en 2050, gracias a un crecimiento moderado de la productividad (entre el 1,2% y 1,5% anual), el PIB sube a 180, dedicar un 16% a pensiones (28,8 puntos) dejaría 151,2 puntos para el resto de la población. Es decir, la sociedad sería mucho más rica que la actual incluso pagando más pensiones. 

El Nuevo Contrato Social: Fiscalidad en la Era de la IA

No es posible financiar el bienestar del futuro con las herramientas del siglo pasado. Ante un escenario donde la robótica y la Inteligencia Artificial (IA) asumen roles históricamente humanos, estas tecnologías deben integrar también su responsabilidad fiscal. En 2026, el debate sobre el impuesto a la robótica ha dejado de ser una teoría académica para convertirse en una hoja de ruta política destinada a blindar el Estado de Bienestar.

La digitalización es el motor de esta transición. Se estima que la adopción de IA podría quintuplicar la productividad en sectores clave, permitiendo que un trabajador en 2050 genere el doble de valor que hoy. Esta eficiencia no solo evita asfixiar la economía, sino que impulsa un círculo virtuoso de sostenibilidad:

·Salarios y Cotizaciones: Una mayor productividad permite elevar las bases salariales y, con ello, fortalecer la seguridad social.

·Compensación Demográfica: La capacidad de generar más valor con menos mano de obra mitiga el impacto del envejecimiento poblacional.

·Nuevas Vías de Ingreso: La creación de tasas sobre la economía digital y los sistemas automatizados permite capturar riqueza que ya no depende exclusivamente del esfuerzo humano.

Para que la tecnología no sea un factor de desigualdad, la política fiscal debe actuar como el puente que redistribuya los beneficios de esta revolución en favor de toda la sociedad. Es imperativo transitar hacia un nuevo modelo.

El verdadero desafío: ¿Demografía o Distribución?

Aunque España registra máximos históricos de población activa —superando los 24 millones de personas—, el éxito de nuestro sistema no vendrá determinado por el número de trabajadores, sino por nuestra capacidad de producción por hora trabajada. El verdadero peligro no reside en el aumento de la longevidad, sino en nuestra incapacidad para redistribuir la riqueza generada por la tecnología. Así, la supervivencia de las pensiones deja de ser un dilema de matemáticas demográficas para convertirse en una cuestión de ambición tecnológica y justicia distributiva.

Como advierte Thomas Piketty, si el rendimiento del capital tecnológico crece a mayor ritmo que la economía real, el riesgo no es la escasez de recursos, sino su extrema concentración. La solvencia del sistema depende hoy de una decisión política trascendental: ¿gravaremos la capacidad productiva de los activos digitales o seguiremos asfixiando exclusivamente las nóminas humanas? 

Es una deshonestidad intelectual agitar el fantasma de la natalidad mientras los beneficios de la automatización se filtran por las grietas del sistema

En definitiva, las pensiones no son víctimas de la biología, sino rehenes de la distribución. Es una deshonestidad intelectual agitar el fantasma de la natalidad mientras los beneficios de la automatización se filtran por las grietas del sistema. La hucha de las pensiones no se llenará con más cunas, sino con la riqueza que ya producen las máquinas. La pregunta crucial para 2050 no es cuántos seremos, sino de quién será esa riqueza: de la sociedad en su conjunto o de unos pocos dueños de algoritmos.

Ayer pasé por la plaza del Ayuntamiento de València. Llevaba semanas sin poder hacerlo. Observé la estructura y las dimensiones de la acampada levantada en torno a la reivindicación del derecho a la vivienda, pero no solo. Como tantas otras personas que hoy compartimos militancia en Verds, estuve muy implicado en el 15M —entre mayo de 2011 y julio de 2012— y veo una clara evolución: esta acampada tiene un grado de organización y solidez que hace quince años ni soñábamos alcanzar. Hay menos gente que en las asambleas más multitudinarias de entonces… de momento, pero hay días en que se reúnen varios miles de personas.

Con todo, los dos movimientos comparten elementos esenciales: la recuperación pacífica del espacio público para la ciudadanía; el ágora y la asamblea como centro de la participación y la regeneración democrática; y su aparición en un momento en que la mayoría de la juventud no puede acceder a lo básico para tener un proyecto de vida digno, con un futuro inmediato todavía más amenazante.

He pasado más de un mes dedicado a una negociación que ha acabado bien: el acuerdo de todas las fuerzas de la izquierda transformadora del País Valencià. Al volver a tener tiempo para leer la prensa de otros países, he visto el alcance de las protestas en Francia, sobre todo, pero también en Italia y Bélgica. Recuerdo bien a los chalecos amarillos, que en 2018 llevaron la protesta a un nivel no visto hasta entonces en la Unión Europea. Entonces nadie los asoció a las banlieues ni se esgrimió un discurso racista; algunos de quienes hoy lo hacen —Le Pen, Vox— comprendían entonces las contundentes acciones de los activistas de amarillo.

Aquí hay una acampada pacífica y una izquierda que ha sido capaz de unirse. Esa es la excepción valenciana, y tiene explicaciones.

La Francia de Macron —exalumno de la ENA y exbanquero de la elitista Rothschild & Cie— salió de la pandemia en mejor situación económica que España. Durante su presidencia ha aplicado sin grandes reservas una agenda neoliberal basada en la economía de la oferta y, sobre todo, en la teoría del goteo: bajar impuestos y cargas regulatorias a las grandes empresas y a las capas más ricas, porque esa riqueza acabaría derramándose sobre el conjunto. El mantra de que «hay que crear riqueza y llegará a todos», omnipresente durante cuarenta años, ha resultado ser una falacia. Daron Acemoglu y Simon Johnson, ambos premios Nobel de Economía en 2024, sostienen en Poder y progreso que los beneficios del progreso no se reparten solos: dependen de las instituciones, de las decisiones colectivas y de cómo se distribuye el poder.

En las últimas décadas el neoliberalismo ha sido hegemónico no solo en las derechas, también en la socialdemocracia. Los ministros de economía de Zapatero aplicaron una agenda neoliberal indisimulada —«bajar impuestos es de izquierdas», llegó a decir el entonces presidente— que, con un sistema fiscal sostenido por las plusvalías de la burbuja inmobiliaria, contribuyó a abocarnos al austericidio. Era de esperar que la de su epígono Pedro Sánchez no fuera muy diferente.

Pero una de las consecuencias del 15M fue debilitar el bipartidismo que la ley electoral había consolidado desde la Transición. Buena parte de las medidas sociales más significativas desde 2020 han salido de ministerios cuyos titulares no se deben a Sánchez. El presidente y sus ministros han escenificado con aparente complacencia su capacidad de modularlas a la baja, pero no han podido impedirlas: España es, de las grandes economías europeas, la que menos ha seguido la senda neoliberal en el último lustro.

Hoy la economía española tiene margen para tomar medidas contundentes en vivienda. Las que proponen Feijóo & Abascal —una UTE concebida para demoler los servicios públicos esenciales y hacer negocio con ellos— se parecen a las que han causado durísimos costes sociales en Argentina, o a las que no han resuelto los problemas estructurales de Francia y han contribuido a que ardan sus calles. En España, en cambio, la necesidad del PSOE de apoyarse en el Congreso en fuerzas de izquierda arraigadas en sus territorios —como Compromís, más cercanas a la ciudadanía y a sus problemas reales— ha frenado políticas económicas como las francesas.

El índice de Gini mide la desigualdad en el reparto de la renta dentro de una sociedad: cuanto más bajo, menos desigualdad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en el País Valencià el índice era de 33,0 en 2015, con el PP; tras los gobiernos del Botànic, en 2023, había bajado a 31,1; en 2025, tras dos años de PP y Vox, ha vuelto a subir hasta 31,8, el segundo peor dato del Estado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP. La desigualdad depende de muchos factores, pero la tendencia es elocuente.

Pero la desigualdad no es lo único que se degrada cuando gobiernan las derechas neoliberales y extremas. Este 29 de octubre se cumplen dos años de la DANA. Cuando al recorte de los servicios públicos, incluidas las emergencias, se le suma el negacionismo climático de la extrema derecha, el resultado es una tragedia como la que costó la vida a 233 personas, desprotegidas por un Consell de Mazón incapaz de reaccionar e informar. Los fenómenos meteorológicos extremos no van a desaparecer por mucho que gobiernen quienes los niegan. Lo recordamos cada día 29, y lo recuerda también la acampada, junto a las luchas por la vivienda, por la educación y la sanidad públicas y por las pensiones: los pilares de nuestra construcción social.

Esa herida explica en buena medida por qué solo aquí se ha alcanzado el acuerdo de las izquierdas. Hemos visto de cerca, con nombres y apellidos, lo que cuesta un mal gobierno, y eso obliga: ninguna fuerza de la izquierda valenciana podía permitirse fracasar en el intento.

La otra clave ha pasado más inadvertida. Compromís es una coalición de tres partidos —Verds, Iniciativa y Més— que llevamos dieciséis años trabajando juntos. No es fácil, requiere esfuerzo continuo. Negociar es nuestro hábitat natural: sabemos que ceder no es perder, y que la pluralidad, bien gestionada, es una fortaleza. Las seis fuerzas que hemos firmado el acuerdo hemos cedido algo por el bien común. Ha valido la pena.

Compromís: Front Valencià abre un camino, pero no lo recorre por sí solo. Que llegue a un grupo propio en el Congreso y a un gobierno transformador en la Generalitat dependerá de algo que no se firma en ninguna mesa: de que quienes hoy acampan en la plaza del Ayuntamiento, y tantas otras personas, sientan que ese camino también es el suyo.

D’altra banda, fa ja dies que ha passat el darrer 9 d’Octubre. Una vegada més s’ha seguit el ritual,  com si fos un costum o un deure que s’ha de complir i prou.  Però  el 9 d’Octubre és una data rellevant: es commemora l’entrada de Jaume I a la ciutat de València el 1238, vençuda la resistència dels “sarraïns”, i per extensió la fundació del Regne de València: una nova entitat política amb personalitat i lleis pròpies a partir del territori i les estructures àrab-islàmiques preexistents. Els valencians sempre s’han sentit hereus d’aquell esdeveniment fundacional i l’han reivindicat com a “acta de naixement” d’un poble. I han commemorat secularment la data i el fet. Durant molt de temps amb una processó de marcat caràcter religiós que posteriorment adquirí una dimensió “cívica”, amb el trasllat de la Senyera des de l’Ajuntament a l’estàtua eqüestre del rei Jaume I.  

Des de fa anys, com és ben sabut, el caràcter “cívic” s’ha vist enterbolit i embrutat per uns elements incívics -feixistes, anticatalanistes- que aprofiten l’ocasió per esvalotar i insultar. És una mostra inadmissible de ruptura de la convivència, d’intolerància i de manca d’educació cívica. Fins al punt que s’hauria de replantejar el ritual. La processó o és cívica o no és. Cal considerar, si la cosa segueix així i els qui podrien intervenir no ho fan, si convé suspendre una tradició que de fet han desnaturalitzat els incívics. Que fan un mal terrible a una trobada que és i hauria de ser la celebració comunitària -de tots- de l’acta de naixement dels valencians com a poble.

Però més enllà d’això, la qüestió delicada és una altra. Què es commemora, realment? I que es “celebra”, en el seu cas? Commemorar és igual a celebrar?  ¿Es pot “celebrar” un esdeveniment com aquell, l’entrada traumàtica d’un rei medieval que va arrasar les estructures socials i humanes anteriors per a instal·lar en el seu lloc una nova comunitat de colons vinguts del Nord? Que eren principalment catalans, com han comprovat i demostrat a bastament els historiadors, i concretament  l’acadèmic Enric Guinot al seu llibre fonamental, Els fundadors del Regne de València.

Hi ha qui diu que no s’hauria de commemorar o celebrar res, que allò fou una avinentesa destructiva –“genocida”-  i prou. No em sembla encertat el plantejament. Totes les commemoracions, certament, es fan des d’un present determinat políticament i ideològicament, lligades als objectius polítics de present i de futur i per les idees contemporànies, el destil·lat de l’experiència històrica i les aspiracions col·lectives.

Alhora, totes les societats necessiten punts de referència, que troben en la mirada al passat. Una mirada que pot ser mítica i complaent o crítica i informada. En tot cas, del passat es selecciona allò que té un valor exemplar i es descarta allò que -des dels criteris del present- sembla negatiu o aterridor, inacceptable.

Què “podem” commemorar a propòsit de Jaume I? Què “no podem” commemorar? Podem commemorar, sí, l’ acta de naixement d’un poble -el nostre. Per als valencians Jaume I -i la conquesta del 1238- és especialment significatiu, una memòria que s’ha anat transmetent al llarg del segles (tot i que potser ara ja no tant). També podem commemorar la creació d’un espai, d’un territori, per a la llengua que compartim amb catalans i balears. I, probablement, el concepte jurídic, la promulgació de lleis (els Furs), la voluntat de pacte i acord, de compartir atribucions, per part de Jaume I.

No es pot commemorar, i no diguem ja “celebrar” -tot i que sí entendre històricament- la destrucció de la societat andalusina preexistent. De cap manera es pot celebrar això al segle XXI, i menys encara en una societat tan plural i diversa com l’actual... Tampoc fa bon paper la concepció patrimonial del poder i dels territoris que tenia el monarca, com es posà de manifest en el repartiment testamentari dels regnes entre els seus fills, que posteriorment fou reconduït. 

La història rigorosa ens ajuda a entendre el passat. La historiografia és una disciplina amb aspiracions científiques, comprova, desmenteix hipòtesis, busca proves documentals, planteja teories explicatives. No és una variant de la literatura de creació, de les belles lettres. D’ençà de la Il·lustració i el positivisme, després “refinats”, és l’antítesi del mite o de la mera ideologia justificadora o d’exaltació. D’aquí la utilitat des congressos i els simposis acadèmics, que actualitzen la recerca i n’estimulen de nova.

Però no n’hi ha prou amb la recerca acadèmica. La qüestió és la projecció pública, si es vol refermar punts de referència clau per a una col·lectivitat o deixar que s’ esborren lentament en un magna difús... ¿S’ha donat projecció pública suficient, més enllà de l’esfera acadèmica, a la figura de Jaume I vist des d’avui, amb motiu dels 750 anys de la seua mort? Sembla que no. Però Jaume I és la figura cabdal del passat dels valencians i de tots els territoris de parla catalana (i potser això ja no agrada tant a alguns). 

El 2029 es commemoraran els 800 anys -vuit segles- de la conquesta de Mallorca (1229) i la fundació del Regne de Mallorca. El 2038 -para lluny, però no tant- es commemoraran els 800 anys de la conquesta de València, amb la fundació del Regne de València (1238) precursor del País Valencià modern. Seran dates per al debat i la reflexió, per a la commemoració d’esdeveniments que han determinat la nostra història. Sembla evident que la sensibilitat actual permetrà -o més bé exigirà- distingir entre “commemorar” i “celebrar”.

Afortunadament les formes de lluita, guerra, ocupació i saqueig de l’antiguitat i l’edat mitjana -que duien a assassinar, saquejar, violar, cremar i prendre captius que eren venuts com a esclaus- paren en principi lluny. Mentrestant hi ha hagut “coses” com el relatiu “assuaviment dels costums”,  el llarg debat sobre el ius ad bellum i el ius in bellum, la Declaració dels Drets de l’Home i, a mitjan segle XX, la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU, la Convenció de Ginebra, el Tribunal Penal Internacional i altres instruments. Hi ha hagut una presa de consciència a propòsit de les guerres, les massacres, l’Holocaust i el perill d’una conflagració nuclear.

Però ni tan sols així s’han pogut evitar els pitjors episodis d’agressió, intolerància, persecució, desplaçament i deportació de pobles i genocidi. Sense la consciència autocrítica que expressen aquests instruments i declaracions, sense memòria, sense educació cívica, sense pensament crític i informat, tot seria molt, però molt, pitjor.  Nosaltres, els valencians formem part d’aquesta història...

“Al cru i al nu veig la cobdicia,

sa evidència maligna, el perllongat

abús pactant ganàncies perilloses

a espatlles de qui sua famejant“.

Matilde Lloria, València.’Veig on anem’ 1960

Los ciudadanos de València, Cap i Casal, en adelante tendrán que pensárselo antes de ducharse o beber un vaso de agua. El Ayuntamiento que preside María José Catalá, con mayoría del Partido Popular, ha impuesto un tributo a la retirada de basuras que ha conseguido ser el más alto de España. València por fin alcanza a ser la primera capital en algo. En el ranking hispano de un impuesto ordenado por la Unión Europea en su aplicación, pero no en la forma de trasladarlo a la ciudadanía.

Agravio comparativo

Se ignora cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para su cálculo y distribución a los contribuyentes. El Partido Popular, abanderado en la reducción de impuestos, en el consistorio valenciano ha superado todas las cotas en comparación con el resto de las capitales españolas. Los medios de comunicación alucinan ante la descomunal diferencia para un piso medio de 75 metros cuadrados y dos residentes. Mientras que en Soria la tasa de basuras es de 47 euros, en València se paga 292 euros por el mismo concepto. Comparando con las grandes urbes, en Madrid se paga 151 euros y con las de mayor renta per cápita, en Pamplona se pagan 152, cuando la media de todo el Estado se sitúa en 119 euros por hogar, siguiendo los mismos criterios. En València el doble. El mismo piso, con las mismas dimensiones en la misma calle en València paga 259 euros de impuesto, a diferencia de otro igual que paga 39 euros, dependiendo del agua que consume uno u otro.

Ayuntamiento rico, ciudadanos pobres

En 2023 cuando el Partido Popular accedió a presidir y gobernar con Vox el consistorio valenciano, se encontró con las finanzas municipales saneadas después de ocho años de gestión por parte de los ayuntamientos del Rialto y la Nau que presidió Joan Ribó. Hasta ahora en València se incluía el impuesto de basuras en el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Ahora se han sacado de la chistera una nueva carga impositiva desmedida y establecida por criterios abusivos y agravios injustos. Indirectamente se conseguirá que incrementen el problema de la vivienda en València al recaer esta tasa en el propietario de los pisos alquilados. La cuantía del impuesto es variable en función del consumo de agua en cada hogar. No es justo ni razonable que el propietario de un piso tenga que pagar los excesos del consumo de agua de su inquilino que no puede supervisar ni controlar. Esta medida municipal fuerza a que en los nuevos contratos de alquiler se incluya el pago por los inquilinos de esta tasa que depende de su consumo de agua. Ante posibles problemas en el traslado del cargo variable que recae sobre el propietario, el arrendador se cubrirá el riesgo incrementando el precio del alquiler. Cuando los alquileres sólo se pueden subir el 2% por debajo del IPC. En otras poblaciones se establece que la tasa de basuras sea fija por hogar o que dependa del número de personas residentes según el padrón municipal. Un problema añadido en las viviendas alquiladas, donde es imposible saber las personas que la habitan o utilizan, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal y los derechos legales de los arrendatarios que no pueden ser vulnerados por los propietarios ni por la administración municipal.

Injusto y arbitrario

La decisión del Ayuntamiento de València de estipular la tasa de basuras en función del consumo de agua es tan arbitraria como el abuso consumado de incrementar exponencialmente el precio del agua consumida por su cuantía y varias tasas. Imposiciones municipales que, en última instancia, provienen de la mala gestión y de escándalos de corrupción municipal relacionados con el coste real del saneamiento y mejora de las aguas potables. Escándalos que comportaron malversación, ineficiencia y mala gestión por parte de los responsables del gobierno del municipio. La incompetencia y la corrupción acaban pagándose por los ciudadanos. Al menos cabe exigir que se estipule con criterios objetivos y no por un sistema de cálculo que es injusto y que su arbitrariedad la soporta quienes no conocen ni pueden controlar lo que ocurre en las viviendas en las que recae el tributo. La consecuencia de esta decisión controvertida será un aluvión de recursos que reclamarán la devolución de los importes tributarios por ser contrarios a derecho. Conociendo los problemas y la lentitud de la Justicia española, la consecuencia será la vigencia de un impuesto injusto y mal calculado, ordenado por el Ayuntamiento de València en el que tiene mayoría el Partido Popular. Su líder Alberto Núñez Feijoo alardea de que si gobierna en España reducirá los impuestos y se supone, que sobre todo los impuestos arbitrariamente establecidos a los ciudadanos. València, ciudad patas arriba por la acumulación de obras inútiles que afean su imagen estética y ve perjudicado el tráfico rodado en Pérez Galdós, calle Colón o en la plaza de San Agustín, destaca por la cuantía de sus impuestos que afectan a las dificultades económicas de la inflación y de la carestía de la vivienda.

Quizás tiene que ver con la tesis que esgrimió Jonathan Swift en 1725 en su relato –de intencionalidad política– sobre Gulliver y los enanos liliputienses. Swift aclaró que escribía para molestar a los resortes de poder y para alertar a la sociedad. València, a falta de un Gulliver encadenado, pronto dispondrá de dos gigantescas figuras del cíclope en el Jardín del Turia. No se sabe si para entretener o para asustar. Una recostada, la original, y otra, incorporada y envalentonada a cambio de jardines y solares para una fundación privada en Campanar.

Descubrimos y aprendimos el voseo, los giros, incluso interiorizamos términos del lunfardo y del cocoliche, este merced a esa mezcla jubilosa del español y el italiano. Aprendimos a callejear, primero de un modo virtual, por ejemplo con las fotografías de Horacio Coppola, por San Telmo, llegamos a la calle Corrientes, el pasaje Güemes, el subte en Constitución-Retiro, el impresionante edificio Kavanagh, la avenida Roque Sáenz Peña con Suipacha, el Obelisco y el Luna Park, y luego recorrimos casi sin aliento, entonces ya sin rastro de virtualidad, la bella ciudad con tantas señales europeas en su arquitectura, en el trazado de las avenidas y en los comercios y lecherías y el Café Tortoni. Aprendimos a saber lo linda que es la Argentina en todos sus tramos. Y todo eso lo aprendimos -no pretendo ser exhaustivo, solo cito nombres que me vienen al pelo- con las aguafuerte porteñas de Roberto Arlt, con Silvina Ocampo, con Jorge Luis Borges, con Adolfo Bioy Casares, con Osvaldo Soriano, con Julio Cortázar y Juan José Campanella y Mariana Enriquez y Samanta Schweblin y Alejando Agresti y Ricardo Darín y Federico Luppi y Norma Aleandro y Fabián Bielinsky y Héctor Alterio y Gardel y el dulce de leche Chimbote.

Un país se construye desde la dignidad, por mucho que Milei pretenda cargársela con sus censuras y mentiras, algo que observamos en actitudes de siempre en los partidos reaccionarios de siempre, ahí Colombia y las recientes disposiciones impuestas por Abelardo de la Espriella en torno a la supresión de aquella pintura que opere a favor de los derechos individuales de las personas, pero igualmente se construye a partir de las formas. ¿Puede Milei, que se sirve de un modo u otro del protocolo de seguridad que le brinda un país, España, comportarse como un auténtico orangután (que me perdonen los orangutanes) y lanzar su motosierra verbal sin que haya alguien cercano que le diga compórtese, hombre, que representa a un país digno, un país culto, un país que está por encima de sus payasadas (que me perdonen los payasos), demuestre un mínimo de educación?

Resulta que se puede avisar antes de que llegue el agua. Se pueden suspender las clases, restringir los desplazamientos, confinar a la población y enviar alertas a los móviles sin esperar a que los coches flotaran por las calles. Es posible reunir a los responsables de emergencias con antelación y tomar decisiones aunque después alguien proteste porque no había llovido tanto como se esperaba. Todo eso se ha hecho esta semana. Y casi todo se podía hacer el 29 de octubre de 2024, cuando 233 personas perdieron la vida. No han inventado un nuevo sistema de protección civil ni han descubierto una tecnología desconocida. Los instrumentos estaban ahí. También las competencias. Lo que no hubo fue la misma anticipación en las decisiones. La comparación es tan incómoda como escuchar a la vicepresidenta Camarero eludir la respuesta cuando se le pregunta. Ella estaba esta semana y estaba cuando Carlos Mazón recogía premios, comía y desaparecía.

No han sido dos DANAs iguales. La de 2024 tuvo unas características especialmente destructivas, con precipitaciones intensísimas en las cabeceras de los barrancos y avenidas que alcanzaron poblaciones donde apenas había llovido. Esta semana los mayores acumulados se han concentrado en otras zonas y la evolución de las inundaciones ha sido diferente. Sería tramposo comparar únicamente el número de víctimas y atribuir toda la diferencia a la actuación de los responsables públicos. Pero también sería intentar engañar a los ciudadanos utilizar las diferencias meteorológicas para evitar analizar las decisiones políticas en cada caso. Porque el 29 de octubre la AEMET activó el aviso rojo por la mañana y el mensaje masivo a los móviles no llegó hasta las 20:11. Para entonces, demasiadas personas ya estaban atrapadas y muertas. No hacía falta inventar ningún dispositivo tecnológico. Hacía falta decidir cuándo utilizar los medios disponibles.

Ahora hemos visto al CECOPI reunirse desde primera hora, adoptar restricciones, enviar mensajes con instrucciones concretas y comunicar a la población que debía permanecer en casa, evitar desplazamientos y alejarse de barrancos y zonas inundables. Hubo carreteras cortadas, trenes suspendidos y actividades aplazadas. Todo ello tiene consecuencias económicas, genera molestias y puede provocar críticas si finalmente el agua no llega donde se esperaba. Es el precio de prevenir, también si se acerca un puente. Porque no, el cambio climático no es una bendición que permita alargar la temporada turística, por mucho que algunos responsables del Consell hayan querido encontrarle ventajas. Los fenómenos extremos no entienden de puentes, reservas hoteleras ni calendarios electorales. Ante esta realidad incontestable, cada día es mucho más difícil explicar por qué no se adoptaron determinadas precauciones cuando el riesgo sí acabó materializándose. Los avisos meteorológicos no son órdenes automáticas de confinamiento, pero tampoco están para decorar los mapas de colores que aparecen en televisión.

Camarero ha preferido evitar las comparaciones y hablar de aprendizaje. Es comprensible que las administraciones revisen sus procedimientos después de una tragedia. Lo que no resulta tan sencillo es presentar como una novedad la utilización de herramientas que ya estaban disponibles. Si ahora se considera imprescindible anticipar los mensajes, restringir la movilidad y actuar antes de que las calles se conviertan en ríos, habrá que explicar qué impedía hacerlo entonces. Y, sobre todo, qué decisiones se tomaron con la información que iba llegando a los responsables de la emergencia. Aprender de una tragedia es una obligación. Descubrir que muchas de las medidas que ahora se presentan como aprendizaje ya podían haberse adoptado entonces exige algo más que una explicación.

No cabe la equidistancia, tan invasiva con la razón. Las administraciones tienen obligaciones diferentes y deben responder por ellas. La Confederación Hidrográfica, la AEMET, los ayuntamientos y el Gobierno central deben explicar sus actuaciones cuando corresponda. Pero la dirección de la emergencia en la Comunitat Valenciana era responsabilidad de la Generalitat. Y Carlos Mazón presidía aquel gobierno. La discusión sobre dónde estaba, a qué hora salió de El Ventorro o cuándo llegó al centro de emergencias no puede separarse de lo que estaba ocurriendo mientras tanto. No porque un presidente tenga que calcular el caudal de un barranco o redactar personalmente cada alerta, sino porque gobernar implica asumir responsabilidades sobre las decisiones de quienes dirigen los servicios públicos. Para eso se ocupa el cargo. También los días en que no hay inauguraciones, fotografías ni buenas noticias que anunciar. Y Camarero ha sido la voz del Consell que lo ha justificado casi todo. Y, ahora que la comparación les señala tan claramente, se ha quedado muda.

Y hay otra parte de la gestión que merece atención. Porque una catástrofe no termina cuando se retira el barro. Continúa cuando hay que reconstruir viviendas, recuperar negocios y distribuir las ayudas públicas. La Sindicatura de Comptes ha reconocido la rapidez con la que la Generalitat concedió subvenciones tras la DANA de 2024. El 60% estaba abonado en febrero de 2025. Pero también ha detectado importantes deficiencias de control. En las ayudas a vehículos, 1.936 expedientes no habían acreditado en plazo la baja definitiva, con 6,4 millones de euros cuyo reintegro señala el informe. En las destinadas a enseres aparecen al menos 4.417 expedientes con factores de riesgo que requieren comprobaciones adicionales. No significa que todos los beneficiarios hayan cometido irregularidades. Evidencia que la Administración debe verificar adecuadamente a quién ha pagado, por qué y cuánto.

La urgencia justificaba simplificar trámites. Nadie que hubiera perdido su casa o su negocio podía esperar meses a que la burocracia resolviera cada papel. Pero precisamente por eso era necesario organizar controles posteriores suficientes, como reclama la Sindicatura. También para evitar que unos reciban más de lo que corresponde mientras otros no obtienen lo necesario para recuperarse. La rapidez no debería ser incompatible con la eficacia. Ni la solidaridad con la vigilancia del dinero público. Sería lamentable que, después de todo lo ocurrido, acabáramos descubriendo que tampoco se gestionó adecuadamente la reparación de los daños.

Esta semana hemos comprobado la importancia de tomar decisiones preventivas con los instrumentos disponibles. No elimina el peligro ni garantiza que no haya víctimas. Pero demuestra que anticiparse importa. Ahora queda por comprobar si también somos capaces de gestionar correctamente lo que viene después. Porque las alertas tardías pueden tener consecuencias irreparables y las ayudas mal gestionadas pueden prolongar durante años el daño de una catástrofe. En ambos casos hay algo que no debería depender del tiempo que haga: que quienes gobiernan sepan qué tienen que hacer y respondan por lo que hacen. Y por lo que dejan de hacer. A días del aniversario de la dana de los errores, convendría no olvidarlo nunca.

La estrategia es desplumarles como sea. Primero les estrujaron los alquileres que proporcionaban los locales comerciales que han menguado, con cuyas rentas pagaban la carrera y los caprichos de la hija influencer que deseaba subir al Facebook una foto suya desde Sri Lanka. También les embistieron con las dichosas preferentes, dejando esquilmados a los padres de orden, ahora ya muy abuelos. Tras una apoteósica burbuja inmobiliaria que lo cambió todo, dejaron de rentar los huertos y las benditas naranjas, y muchas viudas comenzaron a ponerse a dieta financiera con números rojos campaña tras campaña. Gente bien empezando a pasarlo mal ¡Vaya! Los lechugueros de Torre Pacheco, subexplotando a sin papeles, sembraron la cizaña racista. Los todopoderosos fondos se esmeraron en sacar tajada. El Titanic de las clases medias comenzaba a escorarse. Demasiados contenedores procedentes de China surcaban el mar destino a los cada vez más empobrecidos hogares valencianos. El impulso atávico por las compras desmesuradas y por el consumismo descontrolado se fundía los penúltimos ahorros de personas con una economía que en otro tiempo se denominaba holgada. Todos escuchaban más de lo debido a Vito Quiles y otros pirados y se autoproclamaban de forma incauta personas bien informadas. Comenzaba el declive: ya comparan precios de supermercados y a beber vino de tres euros. Lo nunca visto. La clase media hace aguas. Hay que sacrificar los ahorros en aras de las fortunas obscenas y descomunales que sufragan con la calderilla del bolsillo inframedios como OKdiario. Hay que ofrendar los pocos ahorros que van quedando a las élites del planeta que te dan el Internet, una nueva APP o el Instagram a bajo coste con el propósito oculto de hundir tu confortable estatus anterior.

Quizá pronto haya un cataclismo en la bolsa, llámenme agorero, para succionar todavía más los ahorros flotantes. Las clases medias de antes están en el punto de mira, asomadas al precipicio de todos los ajustes. Son las víctimas propiciatorias de políticos despiadados que con los recortes sociales les van a hacer aumentar el gasto mensual en alarmas, en pensiones privadas, en la dichosa asistencia sanitaria a lo Quirón o en universidades privadas si, por ejemplo, Ayuso culmina la demolición de la Complutense. Los de la clase media creían que los ajustes eran solo para los pobres de solemnidad con las llamadas paguitas. ¡Pobres ingenuos! Con los recortes de impuestos… ¿no ven los muy ilusos que todo lo ahorrado les tocará reinvertirlo en compensar las privatizaciones onerosas que piensa hacer de forma torticera la derecha que se avecina? Las clases medias, Dios los asista, bajarán otro peldaño en el escalafón social.  

Y eso lo saben los bufetes de abogados de campanillas acampados en la Castellana, y no en Sol, los dueños de los yates atracados en Ibiza y los gestores de fondos multimillonarios que pillaran cacho con las privatizaciones como cuando Aznar. Esta semana Milei (el Figaredo, pero en boludo) nos dará una charla de cómo debe hacerse el harakiri la clase media con el menor dolor posible y sin que la sangre ensucie la moqueta de los bancos. Han previsto llevárselo crudo, carajo. Las clases medias aplaudirán entusiastas al argentino, a la Ayuso y a los depredadores de la pradera de Vox, mientras revisan de reojo el ticket del Carrefour. Los cervatillos de la clase media no conocen a su depredador; está camuflado en programas electorales equívocos, agazapado detrás de un gigantesco bulo como una catedral.

La premisa es clara: cuántos más damnificados más lucro, cuanto más generalizado sea el timo social más ganancia para los ultrarricos. Hay que expoliar sin cesar. La cuenta de beneficios no puede detenerse por tonterías, por remilgos de la clase media venida a menos.