PP y Vox despidieron el mes de abril, en les Corts, por todo lo alto: votando en contra de que las VPO se adjudiquen por sorteo. Después del escándalo de Alicante —un funcionario llegó a admitir en sede judicial que el 'decreto Mazón' permitía adjudicar esos pisos a quien no cumpliera los requisitos— hay que tener cuajo para defender este atropello. En la mayor parte de los medios, la noticia ha pasado de tapadillo. Algunos dicen que es por las subvenciones que mojan, pero hay más: esos privilegios forman parte del modelo de sociedad del que depende su cuenta de resultados. Los que no llegan a fin de mes no consumen publicidad, así que son como el coronel, no tienen quien les escriba. Y eso que algunos de los que escriben ahí, defendiendo a sus verdugos, no llegan a fin de mes. Cornuti contenti como decían en Uno de los nuestros.

¿Y qué tiene que ver esto con la huelga indefinida en educación que comenzará, si nadie lo evita, el próximo 11 de mayo? Todo. Es otro frente de batalla en la lucha por los privilegios de una clase que se hace llamar media pero es alta, y cada vez más. Los de clase media (aspiracional o no, da igual) son los que no hacen caso a la realidad, que se empeña en recordarles que ha llegado su hora. Creen que votando a la derecha, haciendo que sus hijos tomen la comunión o aparcando el SUV en segunda fila cuando van a recoger a sus retoños al cole subvencionado, se van a librar. Ilusos. Son los siguientes.

No entienden nada. Estamos en época de Saturno devorando a sus hijos: los que más tienen, van a tener más; y los que menos tienen, cada vez serán más pobres. Los de ‘en medio’ de hoy son los ‘de abajo’ de mañana. Lo que va a pasar en los próximos años lo vio venir el malogrado conspiranoico Michael C. Ruppert con su 'teoría del oso': cuando te persigue un plantígrado no se salva el más rápido, sino que muere el más lento. Pero, como en el juego de las sillas, cada vez hay que ir más rápido. Tarde o temprano, cuando el más rápido sea el único que queda, acabará como los emparedados del oso Yogui: en el estómago de su depredador. Para sobrevivir, una parte de la sociedad necesita que el Estado —del que tanto rajan—mantenga sus privilegios, y que la escuela deje de ser el ascensor social que es (si aún lo es) supone, junto a la sanidad, la joya de la corona. Ese es el quid, quieren que les paguemos sus privilegios.

Por supuesto, hay quien presenta las reivindicaciones de los profesores y maestros como un ejercicio de caradurismo. Solo hay que ver cómo algunos periódicos —que sin ayudas públicas (a veces, difíciles de justificar) no sobrevivirían— se empeñan en presentar sus reivindicaciones como una cuestión meramente crematística: quieren un aumento de entre 300 y 500 euros mensuales. Tras 18 años con los sueldos congelados, y una pérdida de poder adquisitivo del 20%, habría que ver si es mucho o poco, pero tampoco hay que ser Einstein para saber que, en una negociación, pides el oro y el moro (lo nacionalizas y le das paguita para que vote Perro Xánchez) y luego vas bajando. Al igual que la conselleria, que dirá no a todo y luego cederá en algo. Es la liturgia.

Pero sus reivindicaciones van mucho más allá. No piden solo por ellos: gran parte de sus reivindicaciones son en nombre del alumnado, nuestros hijos e hijas. También piden bajar las ratios, más puestos de trabajo para hacer frente a una carga de trabajo insostenible (la de horas que se pierden en burocracia), refuerzos en atención para menores con necesidades especiales, mejora de infraestructuras (pedir aire acondicionado en las aulas es de justicia), cubrir las bajas cuando se produzcan (como ocurre con los docentes de mitología cristiana, que pagamos entre todos), etc. Pero qué le voy a contar a la consellera María del Carmen Ortí, si es maestra. Seguro que ella mejor que yo entiende a sus compañeros.

Por su parte, y aquí está el truco, la conselleria recuerda que nada es gratis. Y la perogrullada nivel pro. Acceder a todas esas reivindicaciones, dice, supondría entre 400 y 675 millones de euros al año. El cálculo lo han debido de hacer con los dados, ya que la diferencia es de un 40%, pero vamos a asumir que la cifra exacta es la segunda. Para que el guarismo tenga sentido hay que añadir a quién beneficia: hay más de 800.000 alumnos en colegios públicos en la Comunitat Valenciana (entre el 65 y el 70% de las familias optan por esta opción). Por lo visto, para ellos no hay dinero, pero para reducir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones a unos 26.700 valencianos, el dinero nunca fue un problema. En total, la broma nos salió por 551 millones al año. Así corren más ligeros cuando les persigue el oso. Yo propongo que se suba el doble de lo que se bajó y verás tú si hay pasta.

Si yo tuviera un colegio y una mina de carbón, alquilaba el colegio y me iba a picar carbón. Así, descansaba

Durante unos 15 años fui redactor de Educación, labor por la que pasé sin pena ni gloria, pero aprendí algo que, ahora que tengo hijos y van a un colegio público (no como yo, que fui a la privada hasta que dejé la universidad), lo tengo más claro que antes: si yo tuviera un colegio y una mina de carbón, alquilaba el colegio y me iba a picar carbón. Así, descansaba.

Lo dicho. No es una huelga de profesores y maestros, es una batalla más por un modelo de sociedad mejor. O derechos para todos o privilegios para algunos. Yo, con los docentes.

Es un hecho reciente que en Extremadura y Aragón se adelanta la convocatoria electoral porque el apoyo único con el que cuenta el PP gobernante, y por ello imprescindible que representa Vox, le niega la aprobación de los presupuestos autonómicos; así lo declaran la presidenta y el presidente de ambas comunidades. También es un hecho que en otras autonomías gobernadas por el mismo partido político con los mismos imprescindibles apoyos no salen adelante tampoco los presupuestos, pero ello no obsta para seguir sin adelanto electoral alguno. “Verbigracia” la Comunitat Valenciana, que al citado hecho añade el de la dimisión de su presidente por anteponer el placer al deber el fatídico día de la DANA e intentar tapar su flagrante negligencia con tantas trampas y mentiras como apoyos le prestó el presidente de su partido durante un interminable año de contumacia. Están en ello (en lo de los presupuestos, no vayan a creer…) 

Aclara esta aparente contradicción no tanto el pensar que cada gobierno del PP en cada comunidad autónoma tiene su estrategia, como el conocer la diseñada por Feijóo y su núcleo de concatenar victorias electorales, donde así se lo anunciaban las encuestas, con dos objetivos: generar un clima triunfal que le acercase a la Moncloa y no depender de Vox. El primero está por ver y el segundo ha fracasado clamorosamente, tanto que quienes convocaron para ser más libres han tenido que soportar un calvario de humillaciones y dejarse por el camino el programa, los principios y la dignidad para repetir una investidura que les hace aun más dependientes. 

Y por esa dependencia han tenido que desdecirse de su apoyo a la ILP de 2024 sobre regularización de inmigrantes, soportar por ello la reprimenda de la conferencia episcopal (con la bochornosa excepción de algún obispo que como mínimo debió copiar en el examen de catecismo para llegar a donde está) tener enfrente a la CEOE que los necesita en sus empresas y pactar con Vox la racista, xenófoba y segregacionista “prioridad nacional”. Es aquí donde esa radical diferencia entre ser y parecer, de la que San Mateo nos advierte, se manifiesta en su mayor grado de maldad. Se dirige contra quienes, en su mayoría, se encuentran en situación de mayor desamparo, sometidos al abuso de brutos y codiciosos, y se hace en nombre de una carcunda patriótica que se justifica y se exalta en el catolicismo. 

Los brutos, sus promotores, nos dicen que no hay comida para todos en un momento en el que el crecimiento de la economía española más que duplica el de la Unión Europea, en el que se baten records de ocupados, se sitúa el déficit público en el 2,2 % o se reduce la deuda del Estado por debajo del 100% ganando así la confianza de los mercados financieros con una prima de riesgo que se coloca en los 46 puntos frente a los 64 de Francia o los 87 de Italia. Se ve que el dinero internacional confía más en nuestra economía que nuestros brutos y de nada sirven ni los estudios ni las evidencias que vinculan y relacionan la inmigración con ese crecimiento. Pero no se confundan, nos dirán: nosotros queremos a los inmigrantes que necesitamos, solo que 

con menos derechos con menos ayudas y con menos salario que los españoles, ¡porque ser español es la hostia! 

Los codiciosos, esos que se embrutecen lo que haga falta si no sale cara, nos edulcoran la medida con el trampantojo del arraigo para encajarla a martillazos en la Constitución, llegando al absurdo de privilegiar a los extremeños o a los aragoneses sobre el resto de españoles provocando con ello la envidia del independentismo catalán mas alucinado. Porque ellos no son racistas ni xenófobos ni quieren pasar por malos católicos, incluso por buenos cristianos, lo hacen porque quieren seguir mandando y nos toman por idiotas. 

Pero ahí va la mala noticia para los idiotas que, ellos sí, son la hostia: ¿La prioridad nacional significa que en el acceso a una vivienda el español que va primero soy yo o eres tú, antes que el inmigrante? ¿O somos los dos? ¿Cuándo le llegará el turno al inmigrante, en el quinto lugar, en el décimo? Si es así ¿qué pensará el idiota al que le corresponda el puesto decimoprimero, después del inmigrante? Y esto vale para la sanidad, para la educación y para cualquier ayuda o derecho, porque no se trata de prioridad ni de arraigo ni de escasez, sino de exclusión por motivos racistas y xenófobos, pero también clasistas. 

Advertidos por San Mateo entre ser y parecer concluimos que la codicia embrutece, por lo que son indistinguibles unos y otros inoculando egoísmo y brutalidad entre los idiotas contra los inmigrantes. ¿Se los imaginan disputándose la prioridad en el acceso al trasplante de un órgano vital donado por la generosidad de un inmigrante fallecido? ¡Jesús! 

Animals polítics es un pódcast independiente que se publica desde hace meses en la edición valenciana de elDiario.es y en las plataformas de audio iVoox y Spotify, con sello propio. Al frente de este espacio de reflexión política están Ignacio Blanco y Aurora Mora, quien también lidera el programa de música electrónica Sampleòpolis.

Blanco y Mora son funcionarios de profesión, y el primero fue diputado en las Corts Valencianes y candidato de Esquerra Unida a la Generalitat en 2015. También fue secretario autonómico del Govern del Botànic. En su tiempo libre —como quien decide formar parte de una falla, una filà de moros y cristianos o militar en el Partido Popular—, Blanco y Mora dedican las horas en las que no están trabajando o durmiendo a entrevistar a personas que reflexionan sobre el genocidio del Gobierno de Israel contra los palestinos en Gaza, la corrupción política o la sobremesa de cinco horas de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, mientras morían 230 personas a las que debía proteger la Generalitat.

A alguien en la conselleria en la que trabaja Blanco se le ha ocurrido airear que el funcionario no ha solicitado la compatibilidad para producir un pódcast por el que elDiario.es, Spotify o iVoox no les pagan un solo euro. Al contrario, las dos plataformas les cuestan dinero para poder alojar sus programas de reflexión política. En el caso de nuestro medio, para nosotros es un honor ayudar a difundir este proyecto independiente, con el que compartimos valores y agenda temática. Como hacemos con otros tantos que cumplen con nuestra línea editorial, sean producidos por funcionarias de carrera, jubilados, fontaneras o ingenieras en telecomunicaciones.

Y ya tenemos la máquina del fango en marcha para atacar a dos funcionarios que, en lugar de dar catecismo a comunioneros en una iglesia, se proponen semanalmente dar voz a las mujeres afganas o a los perseguidos por el Gobierno de Trump, temas que deben de molestar a bastantes personas. Un medio de comunicación escrito y otro digital han asumido la tesis de la persona molesta con Animals polítics y han puesto el foco en que Blanco estaría cometiendo una serie de irregularidades por grabar este pódcast.

Pues vamos a ver qué dice la ley. La normativa que regula las incompatibilidades de los funcionarios públicos en toda España es la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. En su artículo 14 dice: “El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”. Evidentemente, no es el caso de Blanco y Mora, que no reciben ninguna remuneración económica ni han creado una mercantil para su comercialización.

Por su parte, el artículo 103 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que cita uno de los medios inquisidores, reza en su apartado primero: “El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, si impide o menoscaba el exacto cumplimiento de sus deberes, compromete su imparcialidad o independencia o perjudica los intereses generales”. Y ahí está la clave: ni Blanco podría hacer el pódcast en horario laboral ni un presidente de falla ausentarse de su trabajo a las once de la mañana para una junta o para comprar petardos.

¿Compromete este pódcast su imparcialidad? Exactamente de la misma manera que ser funcionario de carrera y militante del PP. Ninguna. Y, en tercer lugar, ¿perjudica los intereses generales? Yo diría que más bien al contrario: mejoran el debate público y plantean cuestiones poco presentes en la mayoría de los medios de comunicación de masas, incluidos los dos que han denunciado la no solicitud de compatibilidad.

Ignacio Blanco y Aurora Mora mejoran el debate público y plantean cuestiones poco presentes en la mayoría de los medios de comunicación de masas

Por cierto, el eurodiputado Esteban González Pons escribe semanalmente en uno de los medios que han aireado el 'caso Blanco'. El político valenciano tampoco ha solicitado la compatibilidad al Parlamento Europeo para colaborar en esta empresa periodística. ¿Por qué? Porque no cobra por sus artículos. Pues eso.

Els amors fan l’amor. Les històries, la Història. Vicent Andrés Estellés. Llibre de Meravelles

Hi ha un dit, supose que apòcrif, que atribueix a Franco l’expressió: “Cada español, un 600”. N'hi ha un altre, este si real, de José Luís de Arrese en 1959: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”.

Això ve en compte de la recent votació al Congrés, sobre el decret de pròrroga dels lloguers, on el PPVOX, amb Junts, i amb el PNV, posant-se de perfil, ha tombat la iniciativa del govern. Crec que coneixeu l’assumpte i no hi insistiré més. Em pareix sorprenent que això provoque una guerra sobre les responsabilitats en el govern. Que si Sumar, que si el PSOE...

Esta situació em porta a parlar del que ens ve, si no fem alguna cosa important, aviat. En un any, eleccions municipals, a les Corts, i al Congrés.

Certament, des de l’esquerra, on jo em situe, tenim algunes diferències de caràcter polític: la política econòmica, Europa i la nova configuració GEO estratègica del món, i alguna més. Però, en la meua experiència personal passada, som capaços de signar documents genèrics que tots recolzem, i, després, barallar-nos per les qüestions organitzatives i personals. Certament, les persones són importants, per descomptat. Recordem la novel·la de Graham Green, El factor humano.

Ja he escrit, en el meu bloc, sobre l’operació Rufián, i la renúncia de Yolanda; no insistiré més ací. Però comencem a veure ja les implicacions en Más Madrid.

Tal com està el pati, o les esquerres, perifèriques o no, i inclou el PSOE, guanyen les eleccions generals, o Junts, i parcialment el PNV, directament, o per la porta de darrere, recolzaran al PPVOX. Les conseqüències les podeu imaginar.

Ací, a casa nostra, el personal, estem molt contents pel fet que, Mónica Oltra, haja avançat la seua intenció de concórrer com a candidata de Compromís a l’alcaldia de València.

Per si de cas, Mónica ha estat víctima d’un lawfare de manual. Fins i tot, el jutge ha resolt, per dues vegades, que no hi ha res, però el tribunal superior (ai, la justícia), vol continuar. També tenim alguns dubtes del comportament del, aleshores, govern valencià i dels partits del Botànic al respecte, i com va ser tractada. L’esquerra hem de tenir ètica, o una moral, superior, però, fins a quint punt? No hem resolt açò.

Per descomptat, Mónica, té dret a voler retornar a la política professional, no cal dir-ho. Però, em pregunte: donem ja per fet que és la millor alternativa per a la ciutat de València? Tot el món s’està apuntant, i, més enllà: amb quin programa, amb quin equip (llistes), la posició en estos moments de Papi Robles és encomiable, quines aliances per al cas de victòria? Espere que m’ho compteu, com espectador preocupat, més enllà de la retòrica general.

En les darreres eleccions, el PPVOX va guanyar per 1 regidor. Compromís i EU, Podem, no van arribar a un acord pel lloc en la llista, i Unidas Podemos va obtenir un magre resultat del 2,34%. M’han contat diverses versions de per què no es va arribar a un acord; les obviaré, però no pot ocórrer el mateix l’any pròxim. No sé si Mónica, i fontaners, ho pot aconseguir. Ja ho veurem.

Pel que fa a les Corts, Baldoví estarà content. No té rival. Espere que ell, Compromís, EUPV, Sumar, i els altres, hi estiguen a l’altura de les circumstàncies.

No tenim massa temps. La part del nostre país té data. Però les generals estan sotmeses a la incertesa, i al que passe en Madrid, tan lluny i tant pròxim.

Anem per feina. Tempus fugit.

Trabajo en una fundación del sector público local en la que, además, soy delegado sindical por Intersindical Valenciana. Una plantilla relativamente joven (en promedio, por debajo de los cincuenta años), con buen nivel de capacitación y con salarios dignos (en promedio, por encima de los 40.000 euros brutos anuales; el salario medio anual según los últimos datos del INE se sitúa alrededor de los 28.000 € brutos anuales).

En las próximas mesas de negociación vamos a abordar la revisión de las tablas salariales y, aprovechando la circunstancia, he hecho una consulta anónima entre mis compañeros y compañeras en la que les preguntaba: si pudieras elegir, ¿qué preferirías? una mejora salarial (o sea, cobrar más) o una reducción de la jornada laboral (trabajar menos horas manteniendo el sueldo).

Una mayoría amplia de mis compañeros y compañeras han elegido la mejora salarial. Algunas de esas personas (probablemente porque son conscientes de que soy un firme defensor de la reducción de la jornada laboral) se han acercado a darme unas explicaciones que no tenían por qué darme, pero que agradezco. Por la muestra de confianza que implica, y porque me ayuda a entender mejor el resultado de la consulta.

La mayoría de sus explicaciones comenzaban con unas palabras similares: yo preferiría trabajar menos, pero tal y como está “lo de la vivienda”... que luego completaban con otras que aludían a su situación personal: nos han subido el alquiler, quiero ahorrar para ver si algún día puedo comprar algo, a mi edad no quiero tener que compartir piso,...

Después de eso, llego a casa y mientras curioseo un rato las redes sociales, se me cuela el anuncio de un parásito que ofrece un curso en el que te enseña como conseguir en cinco años vivir de “ingresos pasivos inmobiliarios”. O sea, cómo convertirte en otro parásito como él.

Utilizo la palabra parásito a conciencia. Según la RAE un parásito es un organismo que vive a costa de otro, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo. O dicho de una persona, la que vive a costa ajena.

Y eso son exactamente los rentistas, los que viven de los “ingresos pasivos inmobiliarios”. Parásitos que viven, no a costa de tu dinero, del que consigues trabajando todos los días. Es mucho peor. Viven a costa de tu tiempo. Porque eso es tu salario: el dinero que recibes a cambio del tiempo que dedicas a trabajar. Tiempo que no dedicas a cocinar despacio, no para alimentarte sino para disfrutar de los sabores y los olores; a cuidar de la gente a la que quieres sin mirar el reloj; a leerle un cuento a tu hija (si es que te puedes plantear tener hijos, después de restarle a tu salario lo que dedicas a tu vivienda); a leer sin tener que hacerlo por la noche en la cama cuando se te cierran los ojos; a caminar sin un destino fijo, que es la mejor manera de caminar; a llamar a ese colega con el que hace tiempo que no te tomas un vino porque nunca encuentras el momento; a escuchar música sin hacer otra cosa a la vez, como si fuera un acto completo; a aburrirte, sin duda la mejor manera de que surjan nuevas ideas; a aprender algo que no esté orientado a mejorar tu productividad o tu posicionamiento en el mercado laboral: tocar un instrumento, dibujar, reconocer las constelaciones aunque no lo vayas a necesitar para orientarte, leer poesía en voz alta sin que te de vergüenza; a escribir cartas a mano e imaginar la sonrisa de quien la va a recibir cuando abra el buzón; a disfrutar del sexo sin prisas; a rascarte la barriga tumbado en el sofá hasta conseguir no pensar en nada. En definitiva, a vivir.

Y si me permites una pequeña dosis de proselitismo… tal vez también a afiliarte a un sindicato de clase y dedicarle un tiempo a organizarte con otras y otros para mejorar tus condiciones laborales. O a un sindicato de inquilinas e inquilinos para conseguir que cambien las condiciones que permiten que esos parásitos que viven de las rentas pasivas inmobiliarias nos sigan chupando la vida. O a una asociación ecologista para pelear para que el cambio climático no termine achicharrándonos. O a una asociación de vecinos y construir condiciones para que un solar abandonado se convierta en un huerto urbano. O a un club de lectura, o a una Falla, o a una comunidad energética local. Incluso a un partido político. Tal vez, esto de afiliarte a un partido político te haya resultado menos sexy. Probablemente porque gente como esos parásitos que nos chupan la vida, y otros con los que comparten intereses, nos repiten una y otra vez que todos los políticos son iguales.

Cuando leas esta columna, se habrá votado en el Congreso de los Diputados la convalidación del Decreto Ley de congelación de los precios de alquiler. Si todavía no te animas a afiliarte a un partido político, al menos, la próxima vez que vayas a votar, piensa que algunas papeletas representan los intereses de esos parásitos que te chupan el tiempo de vida.

En la escala macro, el contexto internacional se complica por momentos, la guerra contra Irán, iniciada por Trump y Netanyahu, no solo está costando vidas irrecuperables y deteriorando el consenso respecto a los derechos humanos y la justicia, también puede provocar un daño a la economía y al empleo de la Unión Europea que aún somos incapaces de calibrar. Cierto es que, de momento, el impacto está siendo menor que tras la guerra en Ucrania, gracias a las medidas políticas puestas en marcha, muchas de ellas fruto del diálogo social, para avanzar en la soberanía energética. 

Necesitamos esa independencia para no ser rehenes de los intereses económicos y colonizadores de dirigentes obcecados en hacer negocio con la guerra y alimentar un paradójico ego como “hombres de paz”, mientras provocan conflictos sin el más mínimo respeto por el derecho internacional y la vida humana.

En este escenario convulso medran las políticas de la extrema derecha que, no solo no ofrecen ninguna solución a los problemas que tenemos, sino que provocan enfrentamientos entre personas trabajadoras, extendiendo discursos de odio contra migrantes, contra las mujeres, y levantan sospechas sobre la diversidad. 

Intoxican aunque saben que migrar es un derecho y que nuestro país, y toda Europa, van a necesitar todas las manos disponibles para ocupar puestos de trabajo que se irán creando en los próximos años. Además de ser de justicia esta regularización, el proceso también es una inversión que retornará en forma de cotizaciones, cultura, y buen hacer. El hecho de que la Generalitat haya planteado un recurso contra el decreto de extranjería es una falta de humanidad y un error estratégico. 

Nuestra derecha patria promueve el odio y amenaza el mantenimiento del estado de bienestar con el deterioro de los servicios públicos. Incita el odio a la diversidad, se opone a las políticas de igualdad, defiende el racismo y la xenofobia y propugna el negacionismo de la crisis climática. Incluso después de haber experimentado las consecuencias de forma extrema el 29 de octubre de 2024, siguen negando el cambio climático y esquilmando los recursos y las políticas que necesita la transición justa en nuestro país. 

En el nivel micro subleva asistir al espectáculo de cómo las derechas y las extremas derechas votan sistemáticamente en contra de los intereses de la mayoría social: las subidas del SMI, la reforma de las pensiones, las medidas para vivienda que podría ayudar a miles de personas a desarrollar sus proyectos de vida, o la reducción de jornada.

Ante esta ofensiva retrógrada, el sindicalismo de clase reivindica un impulso del diálogo social útil, que pueda establecer estrategias de creación de empleo digno, mejorar los salarios a través de la negociación colectiva, garantizar el derecho constitucional a la vivienda, que supone un reto social de primer orden, así como avanzar en igualdad y enfrentar la violencia machista que también se produce en el ámbito laboral. 

Pero, ¿es posible reducir la jornada y subir los salarios? Dos datos importantes, por un lado el récord en beneficios empresariales de los últimos años autoriza a exigir un reparto de la riqueza generada con un gran esfuerzo de la clase trabajadora. Por otro lado, la cantidad de horas extra en el País Valenciano, muchas de las cuales no se remuneran, y que suponen un fraude que impide crear miles de puestos de trabajo a jornada completa. 

Se puede reducir la jornada por la vía normativa para después trasladarla a la negociación colectiva. Porque aunque hoy en día en muchos sectores productivos ya tienen una reducción similar es fundamental proteger a quienes no pueden acceder a una negociación colectiva fuerte porque el tamaño de la empresa les impide incluso tener representantes. 

Por todo ello, este 1º de Mayo hacemos un llamamiento a la movilización en defensa de los derechos sociales y laborales. Exigimos que se vuelva a poner encima de la mesa la reducción de jornada por ley y el crecimiento de los salarios por la vía de la negociación colectiva, para un reparto justo de los incrementos de beneficios. Convocamos a reclamar igualdad real, cuidado de la salud y seguridad laboral. 

Marcharemos en defensa del sindicalismo como herramienta para ganar en democracia, por las pensiones, por un modelo de cuidados que proteja a las personas cuidadas y a quienes cuidan, por la educación y la sanidad pública de calidad, por la industria y el campo, por el acceso a una vivienda digna, a la cultura y a los derechos humanos. Son cuestiones básicas para avanzar como sociedad. Sin derechos sociales y laborales, no habrá justicia social. Ahora más que nunca, es necesario proteger lo conquistado y movilizarnos para ganar el futuro.

Hemos perdido el hilo conductor de los procesos, y los diferentes roles, el fiscal, el abogado, el testigo, la acusación, el imputado, el juez, todos se mezclan sin dejarnos ver cuál es el objetivo real. Los agoreros vocean una y otra vez que se está tratando de politizar la justicia cuando lo que pretenden es ajusticiar la política, dejarla en manos de personajes no elegidos por nadie.

Con semejante revuelo entiendo que la justicia lleve los ojos tapados, porque no quiere ver lo que se hace en su nombre. Nos dan ganas, muchas, de tapar también los nuestros, apagar el telediario, y dejar que la ignorancia nos defienda. Sentarnos en el sofá y leer una novela de ficción porque la otra ficción, la verdadera, es insoportable.

Y los medios de comunicación, ¡ay! los medios. La mayoría multiplican esa sensación de malestar mientras se alimentan de subvenciones tendenciosas, y la minoría, caminan con pies de plomo y palos amenazantes en las ruedas. Cuando las mentiras, los olvidos, los disimulos, los insultos, los bulos y otros menesteres inundan las noticias, solo nos queda el suicidio del desinterés, mirar para otro lado y pensar solo en lo nuestro. Calentitos y con cara ausente.

No quiero caer en el desánimo de la injusticia, ajusticiadora de la convivencia (un desánimo más, como los acuerdos vergonzosos, como las guerras intencionadas, como la ley del más poderoso, como el pisoteo de los derechos fundamentales), y quiero creer que todo es posible cambiarlo, que este péndulo de voy y vengo, de hoy oscilo hacia aquí, mañana hacia allí, se detendrá y pondrá la razón y la ley del mismo lado.

Es cuando la justicia verdadera, la que tiene los ojos abiertos de par en par (nada de vendas) regresará y enriquecerá la convivencia en lugar de torpedearla. Los tribunales estarán al alcance de todos y todas, con independencia del nivel adquisitivo que hoy actúa como barrera infranqueable, y la política, en la que se basa la democracia, dará el protagonismo al parlamento, ese que ha elegido la ciudadanía, sin atajos ni usurpaciones, sin exabruptos ni insultos.

Entonces volverá la convivencia, sabremos que vale la pena votar y defender nuestros derechos, nos sentiremos protagonistas y dueños de nuestro destino. Entenderemos las discrepancias y las resolveremos desde el acuerdo, amparados por los derechos humanos y las leyes que nosotros hemos elegido.

Siempre con los ojos abiertos y sin ajusticiar a nadie.

Però és just ara quan s’han de fer aquestes coses, abans del desastre. És molt fàcil queixar-se després i repartir “culpabilitats” a dreta i esquerra, o exclamar exabruptes, de vegades summament desencertats, i desqualificacions globals i sense matisos, quan ja és tard. Quan ja han passat les flames.

L’ informe elaborat per Acció Ecologista-Agró es centra en la prevenció, en sentit literal i integral, que vol dir evitar incendis; almenys tots aquells que podem evitar, els de causes humanes, que són la gran majoria (un 80%), causes sobre les quals es pot actuar i modificar.

La prevenció s’ha de planificar i desenvolupar per a que tinga efectes abans dels focs, per evitar-los i no sols per minimitzar els seus efectes. S’ha de fer tot l’any, a totes les àrees forestals. Això és possible, amb una estratègia diferent a l’actual i dedicant més inversions i actuacions a la veritable prevenció (actuar sobre les causes).

Justament per això, la nostra proposta es centra en previndre, en actuar abans dels danys. Evitar les actuacions (humanes) que provoquen els focs o les espurnes que poden acabar originant un incendi, abans que eixes flames esdevinguen incontrolables i acaben cremant centenars o milers d’hectàrees, originant greus danys ambientals, econòmics i, fins i tot, de vides humanes. En condicions adverses, qualsevol foc, per menut i localitzat que siga en origen, pot acabar en poc de temps en un gran incendi d’enormes extensions i uns costs elevadíssims en extinció. Al final, tots els focs acaben apagant-se... Però a quin preu? Amb quins efectes? És infinitament més barat evitar els focs al seu origen: que no comencen. Això és prevenció.

El que hem demostrat en el nostre informe, i ho deixem ben clar, és que el 90% de les inversions previstes en el conjunt dels Plans de Prevenció de Demarcació (les 11 en que es divideix el nostre territori) no es dediquen a prevenció real, a evitar incendis, sinó a d’altres actuacions que podem considerar de “contenció” del foc, però no mesures preventives.

Les actuacions més “populars” i controvertides, les que s’emporten “la part del lleó” dels plans de prevenció són “tallafocs” i “neteges”, que no eviten cap foc i no haurien d’incloure’s com a preventives, perquè no ho són. La seua funció real, quan hi ha sort, és la d’ajudar a l’extinció, o la d’aturar o retardar les flames o defensar edificacions i bens humans. Com a tals s’haurien de conceptuar, aclarint en cada cas el seu objectiu concret i jutjant els seus resultats en base als objectius específics, que haurien d’estar sempre clars. Açò no passa: ni s’aclareixen bé els objectius, ni s’avaluen els resultats. Aquesta mena d’actuacions de “contenció del foc” quan tenen alguna eficàcia és sempre tard, sempre després de que ja tenim un incendi en marxa i fora de control. Només en eixe moment, “a posteriori”, massa tard, és quan poden (no sempre) tindre un paper en combatre el foc, però mai actuen contra les causes dels focs, mai eviten incendis.

Aquestes discontinuïtats vegetals són extraordinàriament cares (es tracta de milers de km lineals, amb enormes superfícies afectades) que, a més, s’han de mantindre de manera continuada (cosa que també té alts costs). No hi ha un consens clar sobre el seu objectiu concret i sobre la seua ubicació exacta (de vegades, la coincidència entre diferents projectes, per un mateix territori, no arriba ni al 5%). Els seus impactes ambientals són molt greus i la seua eficàcia, no ja en la prevenció (que és nul·la), sinó com a “contenció” del foc, és molt discutida.

Les mesures de contenció del foc, malgrat no ser preventives, fan creure a l’opinió pública que l’administració inverteix molt en prevenció, cosa totalment falsa. Aquestes actuacions es presenten com una garantia de servir com a barreres dels focs, una gran seguretat per a barrar el pas a les flames. Però no existeix tal garantia. La seguretat no és real. Als moments, especialment adversos, en que més necessitaríem eixes barreres és quan més fàcilment són sobrepassades

De vegades els “tallafocs” paren les flames, de vegades no. No són la solució per combatre els incendis. Açò s’accentuarà encara més amb el Canvi climàtic.

Totes les previsions apunten a que s’incrementaran les condicions meteorològiques adverses, fins i tot extremes (temperatures molt elevades, humitat molt baixa, vents molt forts...) que seran més intenses i més freqüents.

En eixes condicions esperables (ja comencem a tindre molts exemples) les presumptes “barreres i contencions” al foc seran cada vegada més inútils. Més motius per tant, i més urgents, per evitar qualsevol foc al bosc i no tolerar cap situació de risc que puga causar incendis. La prevenció, en el seu sentit literal, ha de ser ara una prioritat absoluta. Per a les administracions encara no ho és.

En l’informe presentat per AE-Agró també es desmenteixen de manera rotunda algunes falsedats i mites sobre els incendis forestals, com, per exemple, que “l’excessiva” vegetació (de vegades diuen “sucietat” o “combustible”) o que la regeneració dels boscos, “causen” incendis.

Açò es totalment fals, i no resisteix el més mínim anàlisi científic. Ni la vegetació, que mai crema espontàniament, ni el despoblament rural, ni la recuperació dels boscos, generen incendis. És just al revés.

A partir de les pròpies dades oficials publicades per la Generalitat es poden desemmascarar eixes “boles” que circulen per xarxes i que propaguen opinadors desinformats. Les comarques valencianes que més despoblament han patit són les que menys incendis pateixen ara. El mateix PATFOR (Pla Territorial Forestal) elaborat fa anys, ja ho detectava. D’altra banda, i també segons les estadístiques detallades publicades pels butlletins Espurna de la Generalitat, queda clar que, almenys als darrers anys, les àrees cremades són majoritàriament zones sense vegetació arbrada (zones ermes diuen en les estadístiques), 3 vegades més extenses (més del 75%) que les que tenen una mínima cobertura d’arbres. I això que per l’administració, una superfície forestal amb una cobertura del 15% d’arbres, ja es qualifica de superfície arbrada, quan açò estaria prou lluny d’un bosc ben desenvolupat i madur, i molt més pròxim a un camp d’ametllers.

Amb tots aquests elements, AE-Agró completa el seu informe amb una proposta molt extensa i detallada sobre una alternativa a l’actual prevenció d’incendis, que podreu llegir en el document elaborat i els resums accessibles des de la Web de la nostra entitat i que difondrem per xarxes i mitjans de comunicació.

En resum, el que es tracta és de considerar prioritària la veritable prevenció (evitar els incendis, atacant les causes humanes dels focs) i açò implica reestructurar els pressuposts i els objectius dels plans de prevenció, situant sempre en primer lloc les actuacions estrictament preventives i identificant objectius específics segons demarcacions, per combatre totes les causes humanes dels incendis (ja identificades en cada territori). S’han d’establir estratègies per a cada tipologia de causes amb els recursos escaients i amb la finalitat de disminuir dràsticament cada causa, en terminis temporals ben establerts i sistemes de verificació, avaluació i correcció permanent. L’objectiu final, global, ha de ser portar a cero els incendis de causa humana en totes les demarcacions, en el termini més curt possible.

En l’informe ecologista es proposen mesures d’àmbit general per millorar la vigilància, la regulació d’activitats i la dissuasió de conductes perilloses o delictives. També es proposen mesures especifiques per fer front a diferents tipus de causes detectades en cada demarcació.

Finalment la proposta detalla amb molta extensió el cas particular de les cremes de restes agrícoles, com a exemple. L’elecció està justificada per dos motius. D’una banda és la causa individual d’origen humà que origina més incendis tots els anys i en pràcticament totes les demarcacions (és la primera causa en 9 demarcacions, i la segona en altres 2). D’altra, existeix per a aquesta activitat una alternativa molt econòmica, fàcil d’aplicar, ja experimentada, i que origina beneficis econòmics addicionals (l’obtenció de subproductes útils, com adob o briquetes per calderes de llenya). Es tracta de la trituració, en cada municipi, de les restes vegetals, que ha de ser gratuïta pels agricultors i pels ajuntaments menuts que ho demanen.

En resum, els incendis que patim, en excés, no són naturals i són evitables. Per evitar-los, objectiu cada vegada més urgent amb el canvi climàtic, hem de considerar prioritari evitar els focs d’origen humà, i açò necessita més recursos i regulacions, planificacions més exigents i mecanismes verificables.

El contrari de la veritable prevenció és tirar diners al fem i fracassar en l’objectiu de reduir el nombre de focs i, per tant, fracassar en la lluita contra els incendis.

Es decir, frente a la tecnología desmedida, cabe oponerse con la subjetividad, con la buena narración, con el periodismo: vamos, con las historias bien contadas de toda la vida. Con esas actividades tan humanas en las que las máquinas aún no nos hacen sombra. Y de periodismo –del de siempre– quiero hablarles ahora: del que se advierte claramente en todos y cada uno de los capítulos del serial radiofónico La provincia 53. El podcast se enmarca dentro de la larga lista de grandes programas que ha lanzado últimamente Onda Cero –la sección de audio de Atresmedia–, y está narrado por Carlos Alsina, y escrito y dirigido por Jorge Abad.

En el 50 aniversario de la Marcha Verde –negra para los saharauis– este podcast cuenta de forma exhaustiva y bien documentada un pasado colonial español reciente, muy reciente, tanto que sus consecuencias directas se extienden hasta la actualidad. A través de voces expertas y testimonios directos, se habla de la última colonia, el Sáhara Occidental, recorriendo casi 100 años de presencia española: desde la curiosidad inicial en un territorio ignoto e inexplorado; el descubrimiento de las valiosísimas minas de fosfatos; el nacimiento del Frente Polisario, o la oportunidad de Marruecos para elegir el momento en que realizar esa Marcha pretendidamente pacífica pero apoyada por los militares, que aprovechó la inestabilidad española en las últimas semanas de vida de Franco. Los orígenes del Dictador además son compartidos claramente con los de los militares denominados “africanistas” que enseguida comentaré más ampliamente.

La provincia 53 cuenta esa parte apasionante de nuestra historia, y creo que no suficientemente conocida. Sí que sabía detalles como que los saharauis tenían la ciudadanía española y derecho a un DNI idéntico al nuestro, pero no por ejemplo que en el Sáhara se respetaban absolutamente la religión y las costumbres de este territorio desértico equivalente a la mitad de la superficie peninsular. Se trataba de una colonia disfrazada de provincia –de ahí el nombre del podcast– e incluso con procuradores en las Cortes franquistas; pero en esa España africana se toleraba el divorcio, se enseñaba el Corán en las escuelas e incluso la esclavitud era respetada como un rasgo de idiosincrasia en pleno siglo XX. La silenciada guerra de Ifni, donde tantos soldados españoles cayeron, o los sangrientos atentados a los pescadores canarios en los años 70 y 80, también aparecen narrados en un relato apasionante, bien contado de manera prolija y con los testimonios adecuados. Dentro de la estrategia llevada a cabo en los últimos años de la dictadura para conservar la colonia, me llama mucho la atención el despliegue de recursos mediáticos para montar medios de comunicación propios, como Radio Sáhara, o un periódico diario con noticias en español y en el dialecto beduino, el hasaní.

La compleja cuestión colonial y la llamativa y sangrienta presencia en el norte de África es algo que marca la política española de finales del siglo XIX y de casi todo el XX. Sin las guerras del Rif y las continuas escaramuzas a las que tuvieron que enfrentarse los militares para mantener un precario poder y predominio en Marruecos, no se entendería la evolución española de ese tiempo. Por ejemplo, sin esas circunstancias castrenses previas, la Guerra Civil hubiera sido otra. No en vano, la insurrección militar empezó en África un día antes que en la península; y si Franco se convirtió en el general más joven de Europa, fue gracias a su carrera de armas en los sucesivos y continuos enfrentamientos con los moros. Esos moros que integrados más tarde en el ejército regular español, tuvieron también un papel protagonista en los sucesos más crueles y sangrientos llevados a cabo por las tropas llamadas nacionales. De todo eso por cierto habla el último libro de Lorenzo Silva, Con Nadie. Cogiendo como excusa la biografía del general Miguel Campins, fusilado por las tropas fascistas por no secundar–al menos inicialmente– la rebelión de los fascistas en la Comandancia de Granada. También Campins entraba claramente en esa categoría de militares africanistas, que conocían a fondo la cultura tribal de los locales rifeños e incluso hablaban su lengua, y a los que la guerra –aunque con muchos sacrificios– sirvió para hacer carreras militares fulgurantes. El libro narra muy bien toda esa peripecia violenta y extrema, que marcó el final de la larga etapa colonial del que se conoció como Imperio Español.

Quiero hablarles ahora de otro libro muy distinto, pero que también retrata el paisaje de fondo en torno a los últimos años coloniales, en este caso de Francia y su presencia en Argelia. Sólo un día más cuenta el romance clandestino entre el escritor Albert Camus y la actriz española María Casares. Camus era un Pied-noir, un argelino de origen francés, y muy humilde. Su infancia en Argel y esa cultura de amalgama situada en el medio de dos mundos tan distintos, lo marcó durante toda su vida y en toda su obra. Camus, también español por parte de madre cuyos orígenes estaban en Menorca, fue criticado por muchas cosas: una de ellas su tibieza respecto a los movimientos independentistas de Argelia en frente de la metrópoli francesa. El autor de El extranjero y La peste siempre defendió la integración, la cultura mixta, la riqueza que da la yuxtaposición y la mezcla de credos y costumbres. “Entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre” dijo, y hay quien no se lo perdonó. Por cierto que también mis padres fueron pieds-noir: vivieron tres años en Gardaya, en medio del desierto del Sáhara, donde emigraron huyendo de la miseria de la postguerra. Y tuvieron que salir pitando –con grave riesgo para su vida– en 1960, cuando los atentados contra los extranjeros eran continuos. Mi hermano aún recuerda y cuenta –tenía tan sólo tres años– que en el viaje en coche de vuelta a casa, veían el resplandor de las explosiones en el horizonte.

Ya ven, historia de España, siempre. Revelada mediante podcasts, o novelas. El caso es conocernos mejor, lo que pasó, el cuándo, el por qué… esas eternas preguntas. Oyendo, o leyendo. Tanto da.

Situada a 50 kilómetros de la ciudad de València, y a 2,5 kilómetros del municipio de Chera, no es una infraestructura menor. Está clasificada como categoría A, el nivel más alto de riesgo, reservado para aquellas presas cuya rotura puede provocar daños graves a la población. Esto implica obligaciones claras e incuestionables: vigilancia permanente, dirección técnica definida y coordinación institucional efectiva.

Aquel día, sin embargo, nada de esto funcionó como debería haberlo hecho.

La jornada se desarrolló bajo una alerta hidrológica y meteorológica en gran parte del territorio. A pesar de ello, siete personas perdieron la vida sin haber recibido alertas preventivas ni instrucciones precisas de actuación. El debate no es si el fenómeno meteorológico era extraordinario. Lo era. El debate es si los responsables de gestionar la emergencia eran suficientemente competentes y capaces para hacerlo.

Y la respuesta, vista en perspectiva, es inquietante.

Lo que quedó en evidencia no fue únicamente la magnitud de la DANA, sino un vacío en el mando político en un momento crítico. No había una cadena de competencias clara, ni una estructura operativa definida, ni una dirección política que asumiera el control de la situación en tiempo y forma.

De hecho, ese mismo día, con avisos rojos activos de la Agencia Estatal de Meteorología en buena parte del territorio, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina —responsable de la presa de Buseo— asistía entre las 15:15 y las 15:45 horas a la inauguración de la IV Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Españoles, en la Antiga Farinera del Grau de València. Mientras que la directora general del Agua asistía a un acto de infraestructuras ferroviarias.

Del resto de su agenda ese día no sabemos nada más. Una imagen que resume mejor que ninguna otra la desconexión entre el riesgo existente y la respuesta de los responsables políticos, por mucho que intenten ocultarlo. Esta desconexión no puede explicarse solo por lo ocurrido aquel día. Tiene raíces más profundas.

En 2013, bajo un gobierno del Partido Popular, y concretamente con Isabel Bonig como consellera de Medio Ambiente, se disolvió la Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo, encargada de la gestión de la presa. La decisión, enmarcada en una política de recortes —marca PP— dejó la infraestructura en un limbo, tanto administrativo como de gestión. La titularidad, de facto, pasó a la Generalitat, pero nadie se encargó de asumir esa titularidad. Es decir, en un limbo difícilmente compatible con su nivel de riesgo. En otras palabras, la presa estuvo literalmente abandonada durante años.

No será hasta la llegada al gobierno del Botànic cuando la Generalitat recupera el control efectivo. Es cuando asume su titularidad, la adscribe a la Dirección General del Agua y la dota de personal para la explotación, el mantenimiento y la gestión de emergencias. También se impulsa la redacción de un Plan de Emergencia, que queda finalmente aprobado en julio de 2023.

Pero la simple aprobación de un plan no garantiza su eficacia. Su implementación se vio retrasada a raíz de la reestructuración de gobierno producida en julio de 2024, tras la ruptura con Vox.

El llamado “gobierno de los mejores (sic)” dio paso a un cambio de competencias que dejó más dudas que certezas. Las competencias en materia de agua pasaron a la Conselleria de Agricultura, dirigida por Miguel Barrachina, tras haber estado en Medio Ambiente e Infraestructuras, con Salomé Pradas. Manteniendo en todo momento, a Sabina Goretti como directora general del Agua.

Este relevo competencial, lejos de reforzar la gestión, dio lugar a meses de indefinición. Sin responsabilidades claras ni mecanismos de coordinación operativos, el Plan de Emergencia quedó, en la práctica, en suspenso. El Consell mantuvo el plan paralizado durante meses, coincidiendo con el traspaso de competencias. La reorganización administrativa acabó actuando como coartada para la inacción, y el comité de implementación no volvió a reunirse hasta después de la DANA.

Es en este contexto cuando llega la catástrofe.

Con una alerta hidrológica activada y una presa de máximo riesgo bajo titularidad autonómica, la administración se encontró sin dirección. Técnicos sin referentes definidos, una estructura difusa y una respuesta que llega tarde. Demasiado tarde. Cuando la dirección política se hace efectiva, ya era 30 de octubre. Y para entonces, la tragedia ya se había producido.

Después, y solo después, llegan las visitas institucionales, los contratos de emergencia y los anuncios de inversiones. Pero todo forma parte de un tiempo posterior, el de la reacción. Cuando ya habían muerto siete personas que no fueron avisadas. Cuando la incapacidad de todo un Consell queda al descubierto y evidencia que no fueron capaces de garantizar, en el momento más crítico, que hubiera alguien al mando.

La gestión del riesgo no se puede improvisar. Y menos aún en infraestructuras que, por definición, exigen el máximo nivel de exigencia administrativa y política. La explotación de la presa recae en la empresa TYPSA. Pero la responsabilidad última es pública. Corresponde a la Dirección General del Agua y, por tanto, a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Y, en última instancia, a su máximo responsable político, es decir, el conseller Barrachina.

Pero el conseller Barrachina, no ha hecho otra cosa que eludir sus responsabilidades. Como también han hecho otros miembros del Consell. Estos son la consellera Susana Camarero, responsable de los servicios sociales; el conseller Vicente Martínez Mus, responsable de las infraestructuras y de Metro Valencia; o el conseller José Antonio Rovira, conseller de educación en aquel momento.

Por eso, la pregunta es inevitable: ¿Qué hizo la directora general del Agua aquel 29 de octubre? ¿Por qué no atendió la emergencia? ¿La visita a las instalaciones de ferrocarriles era necesaria, teniendo en cuenta que su Dirección General ya no estaba en el organigrama de la Conselleria de Infraestructuras?

Y también, ¿qué hacía el conseller Barrachina mientras el territorio estaba en alerta máxima? Aquella tarde asistía a la inauguración de unas jornadas de jóvenes cooperativistas. Pero más allá de esa imagen, no consta cuál fue su implicación efectiva en la gestión de la emergencia.

Todo esto provoca indignación y nos obliga a una reflexión: en situaciones de emergencia, el problema no es solo qué pasa, sino quién está —o no está— al frente. Porque, cuando no hay nadie al mando, como se está certificando en el juzgado de instrucción de Catarroja, el riesgo deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

Han sido elegidos para gobernar, para estar cuando toca y donde toca, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. Y el 29 de octubre de 2024 directamente no estuvieron. El conseller responsable de la gestión del agua debería haber dimitido, porque falló. Como falló todo un Consell incapaz de garantizar la protección de la ciudadanía en el momento más crítico.

Y aún hay algo más, lejos de asumir responsabilidades, estos mismos responsables políticos han sido promocionados. La directora general del Agua, Sabina Goretti, ha sido ascendida a secretaria autonómica de Medio Ambiente. Y el conseller Miguel Barrachina ha sido nombrado portavoz del Consell.

Es decir, no solo no hay consecuencias políticas, sino que el Consell de Pérez Llorca consolida y premia la nefasta gestión. ¿Dónde se ha visto algo así? Cuando un gobierno falla en lo más básico  —en proteger la vida de las personas—, pierde cualquier legitimidad para seguir al frente.

Gobernar es estar cuando todo falla. Y ellos no estuvieron.

231 personas murieron el día de la DANA. Siete, aguas abajo de la presa de Buseo. Murieron sin aviso. Y eso no es solo una tragedia. Es un fracaso político.

No estamos ante errores puntuales. Estamos ante un Consell que falla como sistema. Y cuando un gobierno falla como sistema, la única salida digna y clara es devolver la palabra al pueblo y convocar elecciones.

Pot ser que grans ciutats com València, Torrent o Alacant siguen els exemples més cridaners d'aquesta deriva, però no són les úniques. Altres nuclis urbans menors, especialment de la nostra àrea metropolitana, es preparen per a ampliacions irresponsables, socialment segregadores i ambientalment insostenibles, amb el beneplàcit de fons d'inversió de diverses nacionalitats. Però aquesta situació no és una tendència imparable ni una maledicció inevitable dels estranys temps de la globalització.

En temps de servitud medieval, quan la gent naixia i moria lligada sense remissió a un estament social que li imposava un destí, miserable i curt per a la humil majoria, sotmesa a l'explotació i als abusos imposats per un grapat de senyors feudals, la vida a la ciutat suposava un univers d'oportunitats. De llavors és la frase «l'aire de la ciutat ens fa lliures».

Així, les ciutats han sigut la més exitosa eina per a la civilització, la producció de sociabilitat, convivència i identitat. En elles van florir els gremis i les universitats, el comerç i la premsa, agrupacions religioses i culturals. En suma, les ciutats es van anar configurant com un cresol de vincles humans i memòria compartida que no poden ser reduïdes tan sols a centres econòmics i de negoci. En les ciutats es van gestar els canvis socials i les revolucions que van dur la democràcia al món.

Avui, en ple postcapitalisme salvatge i inhumà, hi ha ciutats que en compte de cuidar de les seues gents, d’enfortir aquests vincles socials i de posar en valor la seua identitat mitjançant polítiques públiques decidides, prefereixen lliurar-se a afavorir la inversió especulativa, l'ampliació de ports i aeroports, impulsar noves expansions urbanístiques y apostar per un turisme anodí i compulsiu que transforma les ciutats i les nostres formes de vida.

València i la seua àrea metropolitana constitueixen encara un conjunt privilegiat, amb una escala humana i adequada per a una sociabilitat intensa i gratificant, arrelada en una horta mil·lenària que constitueix no sols un enclavament d'importància europea, sinó també una peça clau per a contribuir a assegurar una cada vegada més necessària sobirania alimentària.

Aquesta delicada realitat metropolitana, s'enfronta ara a l'amenaça que polítiques irresponsables, amb la coartada de la DANA i amb l'impuls d'un Consell que ja va demostrar la seua incapacitat per a la gestió d'una catàstrofe que va destrossar centenars de famílies, faciliten creixements urbans i infraestructures que, si no són avalats per contrastats criteris científics i públicament debatuts i consensuats, tan sols serviran al benefici privat i agreujaran les conseqüències de futurs nous episodis climàtics extrems.

Les recents notícies sobre noves facilitats a l'ocupació de sòls de l'Horta per a inversions turístiques, esportives i recreatives de pagament, com a picadors eqüestres i altres usos elitistes en el terme de València se sumen a plans de reclassificació de sòl per a expansions residencials i industrials a Xirivella, Torrent, Massanasa, Picanya o Vinalesa, algunes fins i tot en llits de barrancs i àmbits amb risc d'inundació, com si res haguérem après de la recent catàstrofe de fa tan sols any i mig.

Al mateix temps, el Consell promou una nova Llei Urbanística que pretén liberalitzar la transformació del sòl, retallar controls ambientals i territorials, amb el pretext de guanyar agilitat i flexibilitat i reduir la rigidesa del planejament per a afavorir un suposat dinamisme econòmic. Una retòrica que recorda massa la política d’allò de «tot urbanitzable», promoguda per José María Aznar l'any 1998 amb l'excusa de construir més habitatge per a reduir els preus i que només va servir per a posar les bases d'una bambolla immobiliària al servei de l'especulació i al negoci d'uns pocs, i que en esclatar tanta misèria, dolor i exclusió social va portar a les nostres societats.

L'experiència recent sobre les conseqüències de fracassades polítiques neoliberals, molt perilloses des del punt de vista ambiental i socialment segregadores, ha de moure'ns a reflexió. Des de Fent Camí - Acció Municipalista duem mesos treballant amb desenes de col·lectius per tal d’enllestir unes bases mínimes per a impulsar acords amplis entre forces polítiques i socials de cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, un instrument que considerem imprescindible per a fer front a l'emergència democràtica, ambiental i social que tenalla a les nostres ciutats.

La gravetat de la situació reclama un acord ampli, plural i atent a les demandes de les gents i els barris de les nostres ciutats, moltes de les quals, amb València al capdavant, s'encaminen ja perillosament cap a l'especulació i el disbarat més grotesc.

*Consuelo Torres, Roberto Bertasi i Rafael Miralles, membres de l'associació ciutadana Fent Camí – Acció Municipalista

Son las 07:30 de la mañana y el sol empieza a iluminar los cultivos en la región del Gorgol, al suroeste de Mauritania. Halima, de 11 años, lleva ya un rato despierta y como cada mañana camina sola hacia la escuela. Este año terminará la primaria, aunque es probable que pronto dejemos de verla en clase. Hace unas semanas, su padre le dijo que debería empezar a prepararse para el matrimonio, tal y como hicieron sus hermanas mayores, abandonando su sueño de llegar a la universidad. Aunque ella se ha negado a dejar la escuela, su familia sigue pensando que su futuro como mujer está en el hogar junto a su marido y no en el pupitre de una universidad.

La historia de Halima no es un caso aislado. La alfabetización y la educación de las mujeres es un tema prioritario para que las sociedades avancen, pero en Mauritania y muchos otros territorios del mundo, sigue siendo una asignatura pendiente.

Uno de los principales obstáculos que encontramos en Mauritania es el matrimonio precoz. Con frecuencia, las niñas contraen matrimonio a una edad muy temprana o asumen responsabilidades de cuidados dentro de la familia, a veces incluso antes de terminar la educación básica.

También existen percepciones culturales profundamente arraigadas que limitan el acceso de las niñas a la educación. En algunos entornos, aún se considera que el lugar principal de la mujer está en el hogar y es una idea que se inculca a las niñas desde pequeñas. Así, incluso cuando una niña muestra interés por la escuela y desea continuar sus estudios, puede verse desanimada por su entorno o por la presión social. Otras pierden poco a poco la confianza en sus capacidades para seguir una trayectoria educativa.

Sin embargo, en los últimos años empezamos a observar pequeños cambios que dan lugar a la esperanza. En las zonas rurales, las mujeres se están organizando para liderar proyectos y cooperativas agrícolas que dan el sustento económico a las familias y que contribuyen a su independencia económica. Y es en el seno de estas cooperativas, donde se hacen imprescindibles las formaciones prácticas que impulsan en paralelo cierto grado de alfabetización. Es el caso de cientos de mujeres que han pasado por los cursos que organizamos junto a organizaciones como ActionAid, L’Association Mauritanienne pour l’Auto Développement, ONG GLOBE o Save The Children.

Por otro lado, en las zonas urbanas, cada vez más padres toman conciencia de la importancia de la educación para las niñas y empiezan a animar a sus hijas a continuar sus estudios. Esta evolución se refleja en el creciente número de jóvenes que desean seguir estudiando o que acceden a cursos de formación profesional. Aunque están lejos de ser la norma, estos ejemplos muestran que el cambio es posible cuando las familias y las comunidades apoyan la educación de las niñas.

De hecho, las más jóvenes están consiguiendo algo histórico: romper la brecha de la alfabetización, llegando por fin a un nivel similar al de los hombres jóvenes. Según los datos de la UNESCO, la tasa de alfabetización en mujeres jóvenes en 2022 era de un 75,03% frente al 77,92% de los hombres jóvenes, una diferencia que se ha reducido en más de 10 puntos en las dos últimas décadas.

Pero todavía queda mucho por hacer. Es fundamental sensibilizar aún más a las comunidades sobre la importancia de la educación. Las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil y los socios de desarrollo también tienen un papel importante para promover la igualdad de acceso a la educación y la alfabetización.

Porque fomentar la educación de las mujeres no significa únicamente permitir que las niñas vayan a la escuela. Implica crear un entorno favorable en el que puedan aprender, expresarse y desarrollar su potencial sin verse limitadas por barreras sociales o culturales. Porque invertir en la educación de las niñas es una de las formas más eficaces de construir un futuro más justo, más equitativo y más próspero para toda la comunidad.

La única esperanza, para quienes nos hallamos a este lado de la denuncia del maltrato animal, radica en que vamos ganando la partida y que las corridas tienen sus días contados. Algún forofo taurómaco (no conozco muchos, lo confieso) ha llegado a reconocérmelo en privado. Según encuestas fiables, de entre ellas las ofrecidas bajo el amparo de la Humane World for Animals, cerca del ochenta por ciento de los españoles muestra rechazo o indiferencia a ese sangriento espectáculo (y su subvención con dinero público), pero de cualquier modo nunca apoyo al mismo; ese sangriento espectáculo en el que sus momentos más elevados, o los aplausos más entusiastas emanados desde el tendido, arrancan cuando el toro agoniza y vomita sangre, cuando el animal se ahoga por el empuje de la sangre, en sus últimos estertores. Y se acabó. Luego suena un pasodoble.

Los defensores de este despropósito (me veo tentado de escribir carnicería, pero para qué polemizar), que ciertamente en España goza de blindaje legal, replican para su defensa que hay que preservar el cumplimiento de la tradición y de la cultura. A ver: se puede atesorar una tradición social como es el cultivo de champiñones en el sótano de tu chalet, o leerle cuentos de fantasmas a la familia en Navidad, o preparar un tiramisú cada uno del mes de mayo porque te apetece, pero hay tradiciones que deben desaparecer porque con el tiempo el ser humano se ha percatado de que arrojar gansos vivos desde un torreón es una locura, como también lo son los crímenes de honor, la mutilación genital femenina, o las ceremonias de iniciación consistentes en amputarte, sin un solo quejido, el dedo meñique de un pie porque eso demuestra hombría. Ocurre lo mismo con los facilones argumentos que esgrimen los taurinos cuando vinculan la denominada fiesta con la cultura, que si García Lorca, que si Picasso, que si Hemingway, que si Patatín. Antes incluían también a Goya, hasta que los biógrafos del pintor aragonés demostraron que en realidad era antitaurino, nada extraño por su pensamiento de base ilustrada. Recordemos que la tauromaquia fue eliminada con buen criterio en la Europa de La Ilustración y que acá la mantuvo y apoyó el inenarrable Fernando VII, todo él un patriota. Lo mismo que semanas atrás hizo el rey emérito, a su manera, en esa foto patética en la que aparece rodeado de matadores de toros. En esta, añado, no llevaban ninguna oreja necrosada ni blandían estoques.

No es necesario recurrir a la Declaración de Cambridge de 2012, refrendada, entre otras personalidades, por Stephen Hawking (lo señalo por el elemento cientifista), ni a las lúcidas reflexiones sobre el merecido respeto para con los animales denunciado por el antropólogo Jesús Mosterín, o las no menos profundas y clásicas deliberaciones de Peter Singer, para determinar que los animales poseen sustratos neurológicos que son el fundamento de su conciencia; tampoco es preciso que recurramos al Parlamento español, que modificó el código civil en 2021, para reconocer legalmente que un animal es un ser sintiente. Solo hay que hacer el ejercicio de observar esa foto a la que me refiero al principio de esta columna: ¿qué hay de reseñable, más allá de un estúpido y pretendido rito supremacista, en ese tipo con los dos órganos del toro entre los dedos? Dejemos que lo responda Jorge Luis Borges: “una de las formas vigentes de la barbarie”. Se dice que esta última sentencia es apócrifa. Me da lo mismo. Hoy la asumimos y la expresamos la inmensa mayoría de la sociedad española en este ya asentado y confuso siglo XXI. Ocho de cada diez empujamos a nuestra manera.

Por si luego se me olvida, voy a empezar felicitando al director general de Transparencia, Jorge Bellver, a quien el fiscal anticorrupción atribuye “graves hechos delictivos” de su etapa como concejal de Urbanismo de Rita Barberá. Ya sé que está mal visto alegrarse de la desgracia ajena, pero con este personaje que lleva chupando de la teta pública desde su época en el Frente de Juventudes del PP, haré una excepción. No falla: cuanto más tiempo defendiendo las virtudes de la empresa privada, menos días cotizados fuera de la administración.

Y luego no sé qué iba a decir ni cómo enlazar con lo que viene… Ah, sí, que pudiendo haber empezado criticando a los menas que con una mano te okupan la casa mientras con la otra cobran la paguita, he elegido a un español: es lo que se llama ‘prioridad nacional’, el último delirio de Vox que el PP ha comprado (seguro que con dinero B) y que tiene su origen en los discursos del Frente Nacional de Le Pen padre. Son tan lelos que, pudiendo predicar con el ejemplo y robarle la idea a algún facha patrio, se han tenido que ir a Francia a mojar el churro. Es de admirar lo poco que les cuesta hacer el ridículo, como cuando les dio por defender a la familia y ahora parece que sus padres sean hermanos.

La ‘prioridad nacional’ para todo es una cuestión de inteligencia, como dicen ellos. Hasta ahora, los españoles estábamos tan discriminados que casi nos habíamos olvidado de nuestras cadenas, como los esclavos del algodón, que iban contentos a trabajar los días de sol. Es el elefante en la cocina, lo que nadie quiere ver, pero es más que evidente. Los extranjeros, si no vienen a robar, vienen a molestar. Lo mismo se quedan con los pisos más caros de la Gran Vía madrileña, que les da por vivir en chabolas. Lo importante es llamar la atención.

Lo que no puede ser es la discriminación que vivimos los españoles por el simple hecho de serlo. Solo hay que ver la doble vara de medir para la justicia. A los inmigrantes que se quieren regularizar les piden que acrediten que carecen de antecedentes penales. Pero ¿y si eres español? Pues a los telediarios me remito: ni a Mariano Rajoy ni a María Dolores de Cospedal les han dejado tener un juicio justo, y los jueces de la Kitchen no les han dejado ni sentarse con los acusados. Yo no soy racista peeeeeeero con los moritos no se comportan así. Y me callo para que no me cancelen, porque ya no se puede decir nada, pero a Mónica Oltra —inmigrante y mujer— le inventan cargos a medida para poder juzgarla, pero a Rajoy y a Cospe la juez Teresa Palacios (o podemita o de la ETA, seguro) no los sientan en el banquillo ni con media UCO señalándolos. Y luego querrán que creamos en la justicia.

Y no es que lo diga yo. Bueno sí, lo digo yo, que no es poca cosa, pero es así. Un español va por la calle y la policía pasa de él. Ni puto caso, como cuando hay un grupo de whatsapp en el que no estás. Pero si tienes la piel un poquito oscura —no oscura de moreno, porque este drama también lo está viviendo Mazón, que va sobrado de bronceado— la policía te para y te pide los papeles. Y sin motivo. Yo no me lo creía hasta que salió el diputado de Podemos, Serigne Mbayé, y lo confesó. Y mientras, todo un exministro emprendedor como era Montoro, aburrido de esperar a que le llamen.

La discriminación no tiene límites. Normal que millones de españoles quieran huir, como dice el sionista argentino Martín Varsavsky, que vive aquí y que, por algún motivo, se resiste a pirarse a disfrutar de las ventajas del gobierno de Milei. Cada mes, más o menos, la Guardia Civil o la Policía acompañan a dependencias policiales a un grupo de empresarios por tener trabajadores en situación de esclavitud. Estos, por supuesto, ni papeles tienen: pagar impuestos no, pero derechos humanos sí, yo también me apunto. ¿Y qué tienen en común todos estos casos? Que todos los detenidos son españoles de banderita en la muñeca y club de carretera los jueves; y los trabajadores, todos extranjeros. Si eso no es discriminatorio, que venga el juez Peinado y lo vea.

Con lo de la ‘prioridad nacional’, los de Vox van fuerte. Ya es mala suerte que, para un día que trabajan, sea para sus racistadas, pero por lo menos es un día a la semana que les toca madrugar a las 10 de la mañana. Quieren ir votando resoluciones así en todos los ayuntamientos de España para hacer perder el tiempo al personal (no tienen competencias) y ver si engañan a alguien. Y, luego, su hipocresía: no quieren subir a nadie ni el salario mínimo, ni las pensiones, ni las becas ni nada. Para eso sí que quieren igualdad, para eso no son racistas. ¡Cuánta incoherencia!

Arturo Gradolí lo analiza en Tecno Absolutismo Global, donde actualiza a Orwell y advierte de que el lenguaje técnico está sustituyendo a la deliberación democrática, cambiando cómo hablamos y qué podemos pensar. “Al eliminar palabras, se eliminan ideas; al simplificar el vocabulario, se simplifica el pensamiento”, escribe.

Recomiendo su lectura para entender cómo la fórmula de dominación impulsada por la ultraderecha “no necesita abolir formalmente la democracia para vaciarla de contenido”. Se abre camino “sin trauma, como un hecho inevitable”. Así funciona esta estrategia en la que el algoritmo reemplaza al lenguaje y nos roba las palabras con las que nombramos las cosas. Pero no sigo con el spoiler. Como la Fira del Llibre está a la vuelta de la esquina, invito a buscarlo entre las novedades editoriales.

Al grano. De lo que aquí se trata es de salvar una palabra que define a la perfección la deriva a la que València está sometida desde hace casi tres años. En francés existe la expresión laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même. En castellano es más sencillo. No hace falta una frase para definirla. Basta con pronunciar cazcalear para que un mundo de significado se abra ante nosotros. María José Catalá cazcalea. Lo dice la RAE. Se trata de una persona que “anda de una parte a otra fingiendo hacer algo útil”.

Lo hizo con la gestión de la dana. La imagen de Catalá mirando desde un puente cómo el barro había anegado La Torre y toda el área metropolitana es un símbolo de su impostura. Fallecieron 230 personas y miles resultaron afectadas. Ella decidió encubrir a Carlos Mazón en lugar de estar al lado de las víctimas.

A María José Catalá parece que nada le afecta. La crisis de la vivienda está desbocada y ella cazcalea mientras el precio se dispara en barrios vulnerables como Orriols o Torrefiel. Sucede con los apartamentos turísticos. El TSJCV ha anulado la moratoria mientras ella modifica los criterios de Visit València para que parezca que se reducen los apartamentos registrados.

Que la ciudad está más sucia es otra evidencia de su cazcaleo, aunque aquí sí que ha tomado medidas. Ha eliminado la opinión ciudadana sobre la gestión municipal del infobarómetro después de que en julio la valoración empeorara en todas las mediciones, con especial incidencia en la EMT. La movilidad es un caos, la ciudad está atascada. Las mascletás, la ZAS de Russafa, los conciertos de Les Arts…

Por si fuera poco, en apenas tres años València vuelve a asomarse a un pasado que parecía superado. La UCO se personó en el Ayuntamiento para requerir contratos de una empresa municipal; una concejala está pendiente de juicio por publicar tuits racistas; la Fiscalía acaba de abrir diligencias de investigación contra la propia Catalá y otras dos concejalas por presunta prevaricación y tráfico de influencias. José Marí Olano seguirá dando de qué hablar.

A Lincoln se le atribuye la frase: “puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”. Eso es lo le sucede a María José Catalá. Por eso importan las palabras. Con ellas podemos nombrar y entender lo que sucede en nuestra ciudad. Catalá no gobierna. Cazcalea.

El 25 d’Abril és eixa efemèride que PP i VOX no volen recordar com a dignes hereus del borbó incendiari que són. Probablement perquè recordar que fa tres segles ben llargs que perdérem les nostres llibertats nacionals no els quadra amb el fet que, malgrat tot, malgrat tota la vara que ens han donat, encara existeix el poble valencià. Qui li anava a dir a Felip de Borbó quan cremava Xàtiva, Vila-real, Quart de Poblet i tantes altres vil·les de l’antic Regne de València, que en 2026 encara estaríem ací, vius, cabuts i amb una ambició evident de seguir endavant?

No ens pot sorprendre que els senyorets que ara ens manen, descendents dels senyorets franquistes que tant s’esforçaren en aniquilar-nos com a poble, tinguen molt de disgust quan algú de nosaltres diu País Valencià i s’atreveix a parlar en la seua llengua. Cal entendre a PP i VOX, pobres. La pròpia existència del poble valencià és la demostració de la seua derrota.

Esta pervivència del país no és fruit de la casualitat i òbviament no està exempta d’amenaces greus. No som immunes als atacs i intents de laminació que patim. Però sí que tenim una característica innata que ens fa resistents i resilients. Este poble és la suma de mil lluites justes, mil batalles -algunes guanyades, moltes altres perdudes-, i sobretot la suma de milers de milers de pedres que han anat construint un edifici col·lectiu de forma lenta però sòlida, des dels fonaments, recolzades les unes en les altres, de tal manera que totes elles són imprescindibles per a mantindre en peu la construcció. Pedra a pedra hem anat fent el país i per això seguim ací.

Han posat la seua pedra les persones que defensen el valencià amb el seu ús diari. Han posat la seua pedra les que lluiten contra l’especulació del territori. Han posat la seua pedra les que cuiden la cultura per fer-nos més lliures. Les que eduquen en valors als nanos i nanes a les escoles. Les que cuiden de la gent que no es val per ella mateixa. Les que defensen els drets de totes les persones, vinguen d’on vinguen. Les que reforcen el nostre teixit cívic i social. Les que lluiten per treballs dignes i contra l’explotació laboral. Les que ens alimenten amb la seua suor baix del sol.

I han posat també pedres imprescindibles en la nostra construcció col·lectiva les persones que donen la cara i s’impliquen en associacions, entitats i també partits polítics que defenen el país i la dignitat de la seua gent. Hi ha moltes persones, moltíssimes, que en la seua faena del dia a dia, en cada poble i ciutat, treballant en les coses xicotetes que realment son les més grans, fan que l’edifici tire cap amunt. Sense estes pedres, que són els fonaments i la base que suporta tot el pes, estem perdudes. Sense una base sòlida no es pot aspirar a la supervivència, per no parlar d’una mínima possibilitat d’èxit. No és que l’edifici seria poc lluït, és que es cauria a terra.

Gràcies a totes estes pedres posades per persones xicotetes, anònimes, discretes i que no demanen res a canvi, existim encara com a poble. I gràcies a elles podem aspirar l’any que ve a fer fora a este govern de senyorets ineptes, corruptes i malcarats. Les persones que tenim responsabilitats polítiques no ens queda més que ser dignes d’elles, prendre exemple, escoltar-les i treballar sense descans al seu costat. Perquè elles, i no nosaltres, són les imprescindibles.

Pedra a pedra construïm entre totes la victòria electoral en maig del 2027. Una victòria que passarà perquè Compromís torne a governar els nostres pobles i ciutats com a força municipalista i transformadora que som. Una victòria per fer fora a la dreta i l’extrema dreta que ja quasi no es diferencien entre elles, i per retornar a les institucions les polítiques valentes i d’esquerres fetes per a les persones. Una victòria que retorne la dignitat al nostre autogoverm i que faça a Joan Baldoví President de la Generalitat. Perquè el valencianisme és el canvi possible, perquè pedra a pedra construïm el futur del País Valencià.

Desde hace más de dos décadas, esta asociación denuncia “problemáticas sociales y urbanas que afectan al barrio del Carme y a Ciutat Vella en general”, pero en los últimos años su foco se ha centrado en dos cuestiones que definen la vida cotidiana del centro histórico: los solares vacíos y los edificios en ruina. La magnitud del problema es evidente. A finales de 2024, el estudio impulsado por Amics del Carme identificaba 42.000 m² de suelo vacío repartido en más de 250 parcelas y, al menos, otros tanto de suelo disponible en edificios deteriorados. Estas son cifras que por sí solas revelan la profundidad del deterioro urbano y esta lacra de los solares vacíos parece que tiende al desequilibrio territorial, donde el Carme y Velluters son los tejidos más castigados.

Uno de los aspectos más valiosos del trabajo vecinal es su capacidad para suplir carencias institucionales. El “Taller de activación de solares vacíos en Ciutat Vella”, celebrado en 2023, no solo reunió a expertos, estudiantes y vecinos: generó propuestas concretas para cinco solares emblemáticos y reactivó el debate público sobre un problema que llevaba años normalizado. La posterior ruta “Solars i futur”, en 2024, volvió a situar el tema en el centro de la conversación, esta vez poniendo el foco en las condiciones urbanísticas y políticas que han permitido que Ciutat Vella se convierta en un “tejido profundamente agujereado”.

La exposición “Solars en trànsit”, también en 2024, consolidó este trabajo previo: un mapeo exhaustivo, datos precisos y la selección de once solares en proceso de transformación. La cifra más contundente —esos 42.000 m² de vacío— no surgió de un despacho municipal, sino del esfuerzo sostenido de vecinos comprometidos. Este tipo de iniciativas demuestra que el conocimiento urbano no es patrimonio exclusivo de la administración. Cuando los vecinos se organizan, investigan y documentan, el resultado es un diagnóstico más fino, más pegado a la realidad y, sobre todo, más orientado a la acción.

Quizá el aspecto más inspirador de las acciones llevadas a cabo es la evolución del activismo vecinal hacia formas más organizadas y formativas. En 2025 nace el grupo “Construint Ciutat Vella”, que impulsa los “Tallers d’activisme urbà”. Estos talleres no solo enseñan a los vecinos a leer el urbanismo, sino a intervenir en él: a conocer el RMSER, a solicitar información, a mapear edificios en mal estado y, finalmente, a diseñar acciones colectivas de visibilización. La acción final —una pegada masiva de carteles con los mensajes “aquí podría estar tu casa, pero hay un solar” y “aquí podría estar tu casa, pero hay una ruina”— sintetiza el espíritu del movimiento vecinal: ser directo, crítico, creativo y profundamente arraigado en la vida cotidiana del barrio uniendo conocimiento experto -geógrafos, urbanistas, arquitectas, juristas- con conocimiento experimentado -todas las personas residen y viven el barrio.

En total participamos más de 60 personas en estas acciones. Pero lo relevante no es la cifra, sino el gesto: la ciudadanía asumiendo un rol activo ante un problema que las sucesivas administraciones no ha sabido resolver. El diagnóstico es claro: Ciutat Vella sigue siendo un territorio marcado por los vacíos, con un desequilibrio territorial evidente y una administración que no utiliza plenamente las herramientas a su alcance. Pero también es un territorio donde la ciudadanía ha decidido no resignarse. El trabajo de la AAVV Amics del Carme y de los colectivos implicados demuestra que el urbanismo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión política y comunitaria. Los solares vacíos no son solo parcelas sin construir; son oportunidades perdidas para vivienda, equipamientos, espacios verdes o proyectos comunitarios. Son, en definitiva, un síntoma de un modelo urbano que ha priorizado intereses privados y turísticos por encima de las necesidades de quienes viven en el barrio. Lamentablemente la nueva regulación de la actividad terciaria hotelera profundiza esta realidad haciendo una llamada a actores ajenos a Ciutat Vella para abrir en canal las heridas de este distrito. Aún así, no nos resignamos.

En todas las actividades se confirmó una realidad: el Registro Municipal de Solares y Edificios en Ruina (RMSER) podría ser una herramienta decisiva para desbloquear la situación, pero su uso actual es claramente insuficiente. De los 33.207 m² de suelo vacío existentes en 2026, solo un 14,3% está incluido en el registro. Es decir, casi 28.500 m² quedan fuera de cualquier mecanismo de intervención. Los datos confirman que, por el momento, no está funcionando a su máxima capacidad. De los solares incluidos en el RMSER, solo uno está construido y cuatro están en obras. En total, apenas 385 m² han sido activados a través de este instrumento. Por cierto, que no es despreciable señalar que de ese total de metros cuadrados de suelo vacío 7.354 m2 son de titularidad municipal, es decir, un 18,35% al que hay que añadir el dato desconocido de suelo titularidad de otras administraciones.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede funcionar un registro municipal que deja fuera más del 80% del problema que pretende resolver? La suma de falta voluntad política, falta seguimiento técnico y falta una estrategia clara para intervenir en solares pequeños y dispersos, especialmente en barrios como el Carme, La Xerea y Velluters lleva a esto.

Entre 2024 y 2025 se han construido o finalizado 1.807 m² de suelo, lo que supone un 4,5% del total existente en 2024. Si se suman los solares actualmente en obras, la cifra asciende a 4.763 m², aproximadamente un 12%. En total, un 16,5% de los solares han sido activados en dos años. Podría parecer un avance significativo, pero la realidad es limitada y más si tenemos en cuenta a qué se van a dedicar estos edificios.

En primer lugar, los solares más grandes intervenidos responden a usos terciarios hoteleros, como los de Eixarchs, carrer del Bany o Guillem de Castro. Es decir, el mercado turístico sigue siendo el principal motor de transformación urbana en Ciutat Vella, mientras que el uso residencial —especialmente el asequible— queda relegado, profundizando la enfermedad del barrio.

En segundo lugar, las intervenciones se concentran en zonas menos afectadas por la presencia de vacíos. Tres de las siete construcciones se ubican en el área delimitada por la calle de la Paz, la avenida del Oeste y Colón-Xàtiva, “el área menos castigada por la presencia de estos vacíos”. Mientras tanto, el Carme y Velluters continúan acumulando solares pequeños, dispersos y difíciles de activar sin una estrategia pública decidida. El documento lo resume con claridad: “Resulta preocupante cómo viabilizar la intervención en pequeños solares más diseminados, como los que aparecen en el Carme y Velluters”.

La pregunta que hacemos a la administración es si será capaz de escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Porque el conocimiento ya está ahí, generado desde abajo, con rigor y con compromiso. Como recuerda el documento, “el grupo de trabajo sigue activo”. Y esa es, quizá, la mejor noticia para el futuro de Ciutat Vella.

Por todo ello desde UGT denunciamos el fraude laboral como lo que es, un ataque estructural; que va más allá de una “mera picaresca” para convertirse en la herramienta de empresas sin escrúpulos para reducir costes incumpliendo la legislación, generando competencia desleal y socavando los derechos laborales. Ya que de todos es sabido que este modelo de negocio no solo genera un agravio comparativo frente a quienes sí respetan los convenios y sino que además castiga al conjunto de la clase trabajadora precarizando el mercado y debilitando la negociación colectiva.

Además, cuando estas prácticas se consolidan y se llevan al extremo, se convierten en explotación. Así, desde UGT denunciamos que en pleno siglo XXI existen dinámicas que en ocasiones rozan la esclavitud moderna. No podemos seguir tolerando jornadas extenuantes, que en algunos casos llegan a más de 60 horas semanales; o el que haya personas trabajadoras sin contrato ni derechos que, en muchos casos, viven en el propio centro de trabajo con; o la generación de cadenas invisibles a la sombra del miedo a la deportación y a la falta de alternativas. YA que todo ello convierte a las y los trabajadores en rehenes de un sistema que se aprovecha de su situación administrativa.

En este escenario, la reciente regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España surge como una coincidencia necesaria en el debate actual. Así desde UGT, esta medida, que facilita permisos de residencia y trabajo a quienes estaban en el país antes del 1 de enero de 2026, es valorada y entendida como una herramienta de justicia laboral.

Por todo ello entendemos que regularizar no es un “efecto llamado”, sino un “efecto afloramiento” que permite convertir empleos invisibles en empleos con derechos y cotizaciones. Sin embargo, la voluntad política corre el riesgo de estrellarse contra una administración saturada y por la aparición de personas desaprensivas que intentan lucrarse con la desesperación ajena.

Por otra parte, somos conscientes de que la regularización, por sí sola, no resolverá un problema que es estructural. Porque para que esto sea así, para que la justicia sea real, es necesaria una respuesta integral, que como desde UGT solicitamos, debe venir acompañada de una serie de medidas como: Un refuerzo urgente de la Inspección de Trabajo para que el miedo cambie de bando; Una protección real a la persona denunciante para que ningún trabajador quede desprotegido por denunciar abusos; La exigencia de responsabilidad en la cadena de valor para que las empresas no pueden lavarse las manos ante la subcontratación fraudulenta en sus centros de producción; Y por último, recursos más allá del compromiso político para garantizar procesos ágiles y una estrategia que no dependa de medidas excepcionales.

Así, con todo, la lucha contra la economía sumergida es una lucha por la dignidad del trabajo. No permitiremos que la irregularidad siga siendo una herramienta de disciplina laboral. Porque donde hay explotación, debe haber respuesta sindical; y donde hay personas trabajadoras sin derechos, debe haber una sociedad que no mire hacia otro lado.

Las vallas son especialmente interesantes. No tanto por lo que dicen, que es más o menos lo esperable, sino por cómo lo dicen. A un lado, la Generalitat informa de deducciones fiscales con dinero público. Al otro, el partido del president se felicita por bajar impuestos y lo hace con su cara. Separadas, las piezas cumplen la ley. Juntas, cuentan otra cosa, envueltas en la señera que no deberían emplear para algo así. Aunque todos sabemos que utilizar las banderas nunca fue un obstáculo para ellos. Gobernar se parece mucho a hacer campaña si se hace con suficiente insistencia. La frontera entre lo institucional y lo partidista no siempre se cruza: a veces, basta con colocarla tan cerca que deje de importar. No es una infracción de la ley, pero sí, una práctica que tensiona su espíritu: la neutralidad de las instituciones y la separación entre gobierno y partido.

Mientras tanto, Carlos Mazón practica una forma distinta de gestión: la de la distancia. No ha desaparecido —sigue en Les Corts y tiene despacho y estructura—, pero ha reducido su presencia pública hasta convertirla en algo casi anecdótico. Sus imágenes más recientes no tienen que ver con decisiones políticas ni con explicaciones pendientes, sino con escenas de una normalidad cuidadosamente tranquila. Playa, deporte y buen color como alegoría de su conciencia pese a todo lo sucedido. Y, sin embargo, esa tranquilidad convive con algo bastante menos apacible: el avance de la investigación judicial sobre la dana. Una tragedia de dimensiones difíciles de exagerar, sobre la que los informes y las valoraciones judiciales siguen apuntando a una ausencia de coordinación que, dicho así, suena técnica, pero no lo es en absoluto. Al unir mentalmente imágenes, la escena del Mediterráneo deja de ser costumbrista. No se trata de si un expresident tiene derecho a bañarse —lo tiene— ni de si alguien puede decidir cuánto habla o deja de hablar —también—. No tanto que trate de rehacer su vida tras una dimisión, sino que lo haga sin asumir plenamente el coste político de los hechos que motivaron su salida. El mantenimiento de privilegios asociados al cargo y la ausencia de rendición de cuentas configuran una especie de limbo: ni responsabilidad política efectiva ni desaparición institucional completa. La cuestión es qué ocurre cuando la rendición de cuentas se aplaza lo suficiente como para volverse irrelevante.

Nos hacen vivir a doble pantalla. A un lado, un president que parece ya candidato. Del otro, un ex que parece ya retirado. Entre ambos, una situación política en la que las responsabilidades no desaparecen, pero se administran con tiempos distintos: unos muy rápidos para la propaganda, otros sorprendentemente lentos para las explicaciones. Desgraciadamente todo es perfectamente legal. Pero la política no se mide solo por lo que permite la ley, sino por lo que sugiere cuando se observa en conjunto. Y lo que denota esta combinación de vallas y silencios es, como mínimo, inquietante. Cuando el poder se exhibe sin descanso y la responsabilidad se toma su tiempo, el resultado no es equilibrio, sino desplazamiento. Ofende la naturalidad con la que conviven la construcción de una pretendida legitimidad a golpe de presencia constante con la protección institucional del antecesor en un segundo plano. Mientras el relato político se llena de mensajes simples y repetidos, la responsabilidad se desplaza, se posterga sin meta temporal.

El PP valenciano intenta pasar página sin cerrar el libro, y además con un marcapáginas que se llama Carlos Mazón. El partido quiere proyectar normalidad, pero cada gesto lo contradice. Pretende hablar de impuestos mientras usa la infraestructura pública como soporte semántico del liderazgo de Pérez Llorca. Busca que Mazón parezca un expresident discreto, cuando la causa judicial y las imágenes de su vida relajada en Alicante lo devuelven al centro del debate. Quiere un relevo, pero conserva al relevado como una presencia incómoda, útil para el aforamiento y tóxica para la memoria colectiva. Estos días resulta complicado saber si la Comunitat Valenciana está en precampaña, en postcrisis o en una especie de punto intermedio donde todo ocurre a la vez. Lo único claro es que, entre las vallas y el Mediterráneo, la política ha encontrado una forma bastante eficaz de estar presente sin terminar de dar explicaciones. Y eso, más que una anécdota, empieza a parecer un método.

A pocs dies de la nostra Diada Nacional i a poc més d’un any de les eleccions, vull reivindicar el País Valencià excepcional que tenim i que dia a dia construïm. Un País excepcional per la seua història, llengua, cultura i gent; i un País excepcional on el canvi és possible.

Aquests dies serem testimonis de com la dreta i l’extrema dreta espanyolista intenten silenciar la nostra història. Això no fa més que demostrar la por i odi que tenen al poble valencià. Per això, durant més d’un any ens han negat la possibilitat de decidir el nostre futur en unes eleccions, a diferència d’altres territoris, ací saben que l’excepcionalitat valenciana suposarà la fi d’aquest govern indecent i farà que retornem la dignitat a Les Corts i a la Generalitat.

Som un País excepcional i, molt especialment, un País de joves excepcionals. Joves capaços de portar la flama del correllengua agermanat de Prada a l’Alguer, una flama que recorrerà de Nord a Sud el País i que entrarà a València aquest dissabte, recordant-nos la importància de mantindre viva la nostra llengua com a element de cohesió. Som un País de joves que planten cara al genocidi de Palestina des de les universitats, perquè la nostra és també la lluita dels pobles que defensen els seus drets. Joves que lluiten pels drets col·lectius de les valencianes i valencians, perquè mereixem un futur de dignitat. I també, som un País de joves que s’organitzen amb botes i pales per alçar pobles ofegats, perquè mentre alguns ens van abandonar, nosaltres no vam dubtar en eixir als carrers per demostrar la força del nostre País.

319 anys després de la Batalla d’Almansa, la força de la gent continua sent la palanca de resistència. Sempre ha sigut la força de la gent la que ha mantingut viu aquest poble i és aquesta força la que li dona sentit a cada 25 d’abril, com a jornada de lluita pel present i futur del nostre País.

No és només una data de memòria. És també una manera de mirar-nos, de reconéixer-nos com el que som: un País que ha sabut resistir, que ha mantingut una identitat pròpia i que, quan ha tingut oportunitat, ha demostrat que hi havia una altra manera de fer.

A un any de les eleccions, el País Valencià viu una situació excepcional: el futur no està escrit. Hi ha una majoria social que no es resigna a un model que ha convertit massa drets en negoci, ni a unes institucions que els últims anys ens han fallat massa vegades.

Front això, hui és el moment de reivindicar que volem continuar podent viure en el nostre País excepcional, tot i que no podem negar que cada vegada és més difícil. Joves sense casa mentre uns altres acumulen cada vegada més riquesa, transport públic abandonat que no vertebra les comarques del nostre País i un turisme que se’ns menja i depreda el territori.

Però el nostre País viu una excepcionalitat política on farem el canvi possible per revertir tot allò que es volen carregar. Un canvi perquè Compromís governe aquest País, perquè torne el trellat a les institucions.

Vam perdre la batalla d’Almansa, hem perdut moltes altres vegades; però també hem guanyat i també sabem que ara tenim per davant un País per guanyar. Ens necessitem a totes, queda poc perquè el País Valencià torne a mirar-se amb orgull. Queda poc perquè tornem a reivindicar d’on venim sense vergonya.

L’excepcionalitat valenciana és ara i assumim la responsabilitat de transformar-la en una oportunitat de canvi. Perquè el compte enrere d’aquest govern ha començat. Fem-ho possible.