Controlar la especulación alimentaria, fomentar la pequeña agricultura, regular la explotación de los cultivos de alimentos para la producción de energía, o tomar acciones firmes contra el cambio climático; son algunas de las medidas que, según recuerda Oxfam Intermón, podrían acabar con el hambre si hubiese voluntad política para erradicarla. La organización denuncia que, si se continúa como hasta ahora, la comunidad internacional no cumplirá su meta de disminuir a la mitad la proporción de personas subnutridas en el mundo fijada para 2015.

A lo largo del informe “Acabar con el hambre está al alcance de nuestras manos”, la ONG desglosa las causas del hambre para evidenciar cuáles son sus soluciones. Buena parte de la responsabilidad sobre las cifras de subnutrición mundial la tienen, según cita el documento, la caída de la ayuda a los pequeños agricultores, la dificultad de acceso a los escasos recursos naturales y el mal reparto de estos, los efectos del cambio climático y la subida de los precios de los alimentos, fruto de la especulación alimentaria.

Un total de 500 millones de pequeños agricultores de países en vías desarrollo proporcionan alimentos a casi dos mil millones de personas, detalla Oxfam Intermón. No obstante, en los últimos 30 años, los gobiernos de los países en desarrollo han dejado de invertir en el sector agropecuario y en el desarrollo rural debido a dos causas: sus propias políticas de ajuste estructural y la imposibilidad de competir con los sectores agrícolas de los países ricos, ayudados por sus gobiernos. A pesar de que la Unión Africana se comprometió hace una década a destinar el 10% de sus presupuestos nacionales a la agricultura, en la actualidad solo 10 de los 54 países que la integran cumple con esta premisa. Por su parte, la caída en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) total destinada a estos fines ha caído en 30 años del 20,4 al 3,7%.

El G8 introdujo en 2009 la promesa de dedicar 22.000 millones de dólares en tres años al refuerzo de la seguridad alimentaria sólo llegó a cumplirse parcialmente, según el informe. Además, este objetivo no se ha ampliado una vez cumplido este periodo de tiempo debido a la caída general de la AOD. En España, el recorte acumulado desde 2010 alcanza el 70%.

Tanto la cantidad de tierra cultivable como la de agua están en descenso. Según recuerda la organización, a la escasez de recursos, se une el reparto desigual de estos. “Lo terrible es que la competición por los recursos naturales está beneficiando en gran medida a los grandes inversores privados y estatales”, reza el documento. Entre 2000 y 2010, las compras y arrendamientos de tierras por inversores extranjeros en países en desarrollo se aceleraron. El informe subraya que esta superficie, que equivale a ocho veces el tamaño del Reino Unido, podría producir alimentos suficientes para cubrir las necesidades de mil millones de personas. Pero no lo hacen: “muchas de ellas se compran para especular o producen materia prima para la exportación, en muchos casos para la producción de biocombustibles”. Por este motivo, instan a la comunidad internacional a regular estas prácticas.

La especulación de alimentos provoca subidas y bajadas de los precios de los alimentos que tiene sus consecuencias. Oxfam Intermón detalla que el pico sufrido en 2008 aumentó un 8% el número personas desnutridas en África. Sin embargo, “hasta ahora, no ha habido ningún cambio para frenar la especulación alimentaria”, denuncia.

Según los datos más recientes publicados por Naciones Unidas, 842 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo, de los cuales 827 millones en países en desarrollo.

Aunque el número de personas que pasan hambre se ha reducido un 17% desde 1990, los progresos “van demasiado lentos”, según denuncia el informe. “Los avances en ese campo han sido decepcionantes, y existe un alto riesgo hoy de que se pierda lo logrado y empeore la situación alimentaria de la población mundial”, concluye

Ilario Calero recuerda al otro lado del teléfono sus cinco años como trabajador de Pescanova. “Teníamos horario de entrada, las 6 de la mañana, pero no contábamos con una hora fija de salida. Normalmente llegábamos a las 24 horas”. 24 horas descabezando y pelando camarones. Ilario denuncia la falta de salario fijo, la prohibición de sindicarse e incluso la inexistencia de descansos. “No los permitían, tan sólo podíamos salir un ratito a almorzar. Tampoco nos dejaban desayunar, así que pasábamos la mayoría del tiempo de trabajo sin ingerir alimentos”, explica a Desalambre desde Nicaragua. “Trabajábamos todo el día. Podíamos ir al servicio después de haber recibido un tique que teníamos que enseñar al vigilante para que nos dejase ir”. Sólo entonces tenían permiso para hacer sus necesidades.

La capacidad del sector privado para fomentar el desarrollo de los países empobrecidos queda en entredicho con la falta de respuesta ante los impactos negativos de las diez mayores empresas alimentarias del mundo. Pescanova no pertenece a ellas, pero sí es una de las más grandes de España. Han transcurrido nueve meses desde el inicio de la campaña 'Tras la marca' de Oxfam Intermón, que ponía en evidencia la falta de responsabilidad de las multinacionales sobre los países donde se abastecen: todas suspendían.

A principios de noviembre, llegó el compromiso de una de las grandes: Coca-Cola ha respondido. Según dice, evaluará y analizará su cadena de producción para evitar el acaparamiento de tierras del que culpan a algunos de sus proveedores. Es el principio de una llamada de atención para todas las multinacionales acusadas de aprovecharse de la pobreza de los países donde operan.

Pescanova desembarcó en Nicaragua en 2002. Desde entonces, a medida que el gigante expandía sus actuaciones por el país a un ritmo constante –excepto los últimos años, en los que la situación económica del grupo gallego se ha visto muy debilitada–, aumentaban las demandas sobre su impacto negativo en la zona occidental del país. Diversas ONG y distintos organismos internacionales, como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Oxfam Intermón o el Observatorio de la Deuda en la Globalización, coinciden: la explotación intensiva del camarón de Pescanova, además de no fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras donde está asentada, perjudica la calidad de vida de la zona debido a sus malas prácticas medioambientales y a las abusivas condiciones laborales impuestas a sus trabajadores.

El antiguo trabajador de Pescanova, como el resto de sus compañeros, cobraba en función de la cantidad de camarones que descabezaba. Por cada 400 gramos de cabezas, 45 centavos de Córdoba nicaragüense (menos de 10 céntimos de euro). Su sueldo semanal giraba en torno a las 400 córdobas (11,60 euros). Ilario dejó de tener trabajo cuando sus jefes descubrieron que él, junto con otros de sus compañeros, intentaba sindicarse para solicitar mejores condiciones. “Tuvimos mucha presión después de que 25 trabajadores intentásemos organizarnos en un sindicato. A partir de ahí, iba a trabajar, me decían que no había producción, y regresaba a casa. Hasta que tuve que dejarlo”.

Las denuncias van más allá del ámbito laboral. “Pescanova ha reducido significativamente la producción de las familias costeras y esto afecta directamente a su capacidad de supervivencia diaria. Debido al despale del mangle, a la contaminación generada por los productos químicos que lanza desde sus granjas camaroneras al mar y a la sobreexplotación, cuando los pequeños pescadores van a faenar, no hay peces”, denuncia Martha Flores, portavoz del Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es posible, en conversación telefónica con Desalambre. “El impacto es muy fuerte porque todas las comunidades aledañas viven de la pesca. Este es el sustento para sus familias”. Desde eldiario.es nos hemos puesto en contacto con la multinacional pero, tras solicitar el envío de las preguntas a través de correo electrónico, no ha respondido.

Qué tendrá que corregir Coca-Cola

Coca-Cola es el mayor comprador de azúcar del mundo y controla el 25% del mercado global de refrescos. PepsiCo controla el 18% del mercado mundial de refrescos y su catálogo de 21 marcas incluye algunas como Pepsi, Tropicana, Doritos y Lipton. El origen del azúcar que endulza sus productos mancha la reputación de ambas agroalimentarias.

Bunge, Tate & Lyle Sugar o Usine Trapiche son algunos de los proveedores de azúcar de estas conocidas marcas. Estas tres empresas tienen luchas abiertas con comunidades de países como Brasil o Camboya tras haber acaparado sus tierras sin respetar el principio de consentimiento libre, con consecuencias directas en la vida de las comunidades.

Edilza Duarte vive en la reserva indígena de Punta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul (Brasil). Hace unos años ella y su familia podían autoabastecerse de alimentos, hasta que se vieron obligados a abandonar sus tierras. El motivo: en 2008 el ingenio de Bunge, gigante alimentario estadounidense, compró una productora de azúcar llamada Monteverde, que, a su vez, adquirió cinco explotaciones situadas en las tierras de estas comunidades indígenas. “Primero comenzaron a rociar la tierra con fertilizantes. Después plantaron la caña de azúcar y rociaron veneno de nuevo, incluso por encima de nosotros y cerca de nuestra casa”, explica Edilza Duarte según los testimonios recogidos por Oxfam Intermón sobre el terreno. “Cuando llovía, el agua bajaba hacia el río donde nos bañábamos y del que obteníamos agua potable. El veneno se dispersó y las personas enfermaron. Los niños cogieron diarrea, infecciones cutáneas y otras enfermedades. Mis hijos no fueron los únicos que lo sufrieron”.

Coca-Cola se abastece con azúcar de Bunge en Brasil. Oxfam puso en evidencia la inexistencia de control sobre las actuaciones negativas que puedan llevar a cabo sus proveedores, aunque, según asegura la multinacional, el suyo no procede de estas explotaciones concretas (las de Monteverde). Después del compromiso público de la empresa, debería evaluar que respeta la ley el gigante alimentario al que compra parte de sus reservas de azúcar.

Si quiere cumplir, también analizará las políticas de Tate & Lyle Sugars. Tanto Coca-Cola como PepsiCo confirman que sus plantas embotelladoras compran azúcar a esta empresa, con sede en Londres, que actualmente está en proceso judicial tras una demanda interpuesta por 200 familias. Le acusan de abastecerse con azúcar extraído de forma abusiva por el gigante tailandés Khon Kaen Sugar Co Ltd (KSL) que, según afirman, expulsó a cientos de campesinos de Srae Ambel.

Después de preguntar al departamento de comunicación de PepsiCo sobre estas acusaciones, la multinacional nos envía un informe sobre sus “prácticas sostenibles”. Además, señalan que desde 2012 han mantenido reuniones regulares con Oxfam sobre estos asuntos. “Hemos compartido con ellos nuestro Código de Conducta para Proveedores, les hemos proporcionado información actualizada sobre nuestros progresos y próximos pasos en un gran número de líneas de trabajo, así como abordado preguntas específicas e inquietudes. De hecho, el presidente de Oxfam América se reunió recientemente con la alta dirección de la compañía para debatir sobre estas áreas”, explican. Oxfam Intermón insta a esta empresa a realizar un compromiso firme después del efectuado por su principal competidor. “La pelota está ahora en el tejado de PepsiCo y ABF. Deben responder a las exigencias de cientos de miles de personas”, rezaba un comunicado reciente de la organización.

El compromiso público de Coca-Cola pone el foco en los próximos pasos de la principal compradora de azúcar mundial. “Se trata de la mayor declaración de intenciones resultante de 'Tras la marca' pero seguiremos vigilando”, indica Paula San Pedro, portavoz de la campaña. “Hemos demostrado que el consumidor tiene más poder que una Coca-Cola”.

Burkina Faso no suele captar la atención de los medios de comunicación. Este país del África Occidental, habitado por unos 14 millones de personas, está ubicado en el Sahel, una región que a duras penas trae a la memoria alguna historia más allá de las hambrunas y emergencias humanitarias de los últimos años. Sin embargo, incluso en uno de los países más pobres del planeta (en la posición 177 de 182, según el PNUD), encerrado entre Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, sin salida al mar y castigado por los rigores del clima, ahora agravados debido al cambio climático, es posible encontrar ejemplos de comunidades que salen adelante con la mejor de las dignidades, aprovechando al máximo lo poco que da la tierra. Esta historia de cambio en Burkina Faso es una historia de mujeres y de mangos.

Ouattara Alimata es la vicepresidenta de una de las cooperativas de mujeres que trabajan en los centros de secado del considerado por muchos como el rey de las frutas. “En nuestra región hay muchos mangos, algunas mujeres lo solían vender por la calle pero a mediados de los 80 nos reunimos para pensar en posibles formas de trabajarlo”, explica en conversación telefónica a Desalambre. Comenzaron por elaborar jugo de mango pero aquella opción, al tratarse de una fruta estacional, pronto evidenció sus límites. Un tiempo después, alguien tuvo la gran idea: secar el mango. Ése fue el inicio del cambio, recuerda Alimata.

“Hacia 1987 y 1988 decidimos secar el mango. Lo hacíamos al aire, con el sol, pero entonces nos dimos cuenta de que teníamos también el problema del clima. A partir del mes de mayo el tiempo cambia en Burkina Faso y ya no podíamos seguir secándolos al sol, así que continuamos investigando para encontrar la forma de poder hacerlo cuando cambia la estación”.

Entonces llegaron los hornos de secado, cuenta esta mujer, orgullosa del crecimiento que en estos años ha experimentado tanto su cooperativa como la propia producción. Y con ello, lo más importante, la vida de una comunidad de 900 personas. “Al principio teníamos solo un par de hornos de secado pero poco a poco hemos ido incorporando más. Hoy en día tenemos 22 y nuestra producción este año ha sido de 35 toneladas”, remata.

La cooperativa de mujeres de Ouattara Alimata forma parte de la asociación Wouol, una organización con la que colabora Oxfam Intermón y que aglutina a 46 grupos de productores. El 70% de sus miembros son mujeres, más de 600 trabajan en estos centros de secado de mango. El procedimiento es sencillo. Una vez recolectadas, las piezas son trasladadas a las instalaciones donde van pasando por las distintas fases: limpieza, pelado, corte, secado, clasificación en distintos niveles de calidad, empaquetado y almacenamiento. Esas pequeñas láminas anarajandas acabarán principalmente en los mercados de Inglaterra, Holanda, Alemania o España.

“Los hombres ahora nos admiran y respetan”

Al secar los mangos, estas mujeres han ido nutriendo y dando forma a un cambio que va más allá de lo meramente económico. Su trabajo en la cooperativa está transformando las relaciones de género. “Las mujeres están muy contentas de trabajar con nosotras, ganan dinero y son más independientes. Además, los hombres de nuestro pueblo ahora sienten una gran admiración y respeto por las mujeres de la cooperativa”, destaca Alimata.

Este proceso de empoderamiento tiene también consecuencias directas sobre la educación de los más pequeños. Según Karime Seré, representante del Programa de Medios de Vida Durables de Oxfam, “al ganar un salario y disponer de una economía propia, estas mujeres pueden decidir en qué gastar ese dinero y lo emplean principalmente en mejorar la nutrición y la educación de sus hijos”, detalla al otro lado del teléfono desde Burkina Faso.

Es precisamente ese “poder de compra” lo que las hace “ganar poder” en el seno de la familia, “cosa que no sucedía antes”, puntualiza Seré. “Nuestros maridos ahora nos ayudan más, por ejemplo cuidando de los niños hasta que llegamos a casa”, cuenta Alimata.

Enfrentar los retos del futuro

La sostenibilidad de este tipo de proyectos en un país donde el 70% de la población es analfabeta, nueve de cada diez personas viven de la agricultura, y prácticamente la mitad de la población sobrevive con menos de un euro al día, requiere, según la directora de la Asociación Nutrir sin Destruir, la burkinesa Fatu Batta, una apuesta decidida por la educación.

“La educación es importante para inspirar un cambio de actitud en la agricultura. Unos campesinos y campesinas alfabetizados y educados son más proclives a adoptar innovaciones agrícolas y tendrán un mejor acceso a la información que pueda fortalecer sus sistemas productivos”, recalca esta especialista en Salud Pública, que ha ocupado también distintos cargos en el Gobierno de su país relacionados con el desarrollo de políticas de planificación familiar.

Ouattara Alimata es consciente de estas necesidades. “Una de las dificultades que tenemos ahora mismo es la necesidad de modernizar los hornos. Aquellos con los que trabajamos funcionan con gas, nos ayudaría mucho si pudiéramos tener hornos eléctricos, con los de gas no podemos atender la cantidad de mangos que hay y la demanda que tenemos”, afirma.

La popularidad de esta fruta seca, en cambio, no es tan común dentro de sus propias fronteras, una cuestión que para el experto Karime Seré, constituye uno de los principales desafíos de la cooperativa. “El consumo de mangos secos no está muy desarrollado todavía en Burkina Faso, eso conlleva que dependen casi exclusivamente de mercados extranjeros”, advierte. Para Seré, el futuro pasa por promover el consumo del mango seco en el mercado nacional, que el cambio que está produciendo la transformación de esta fruta se quede también dentro de ellos.

Vicente asiste, despistado, a un taller que se desarrolla en su clase de tercero de la ESO en un instituto de Gran Canaria. Está sentado en la mitad del aula y mira con sigilo su teléfono móvil. Se habla de África, de comercio justo, de desarrollo sostenible, de acaparamiento de tierras y de causas de la emigración.

Al inicio, una pregunta: ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan África? “Hambre, guerra, pateras”, respondió Vicente cuando le señaló la profesora. Los años pasan y los tópicos no cambian. Pero ¿cambia la realidad? ¿Cambia la percepción del continente africano? ¿Se sigue viendo como un todo a un continente con más de 50 estados con realidades diversas?

Ese es otro asunto pero, a la vez, relacionado con el desarrollo agrario de cada de uno de los estados, que dan cifras y señales de por dónde avanza la soberanía alimentaria de los países africanos, su sector agrícola y la venta de tierras; un fenómeno nuevo en su término, en el vendedor y el comprador, pero no en el concepto, dado que la ocupación de tierras por parte de las colonias y multinacionales radicadas en la metrópoli siempre existió y existe aún en abundancia.

La gestión de la mujer, la conectividad de las cooperativas, la mayor exportación a países emergentes y el aumento de la acuicultura son algunas de las caras positivas de un continente rico en tierras cultivables y donde, en las zonas menos agraciadas o más desiguales, muchas personas, sobre todo niños, siguen muriendo de hambre. Los países africanos, cara, cruz y miseria de la globalización.

Los países africanos tienen índices muy diversos en el desarrollo de su sector agrícola. Lo preceptivo sería analizar caso por caso o, como mucho, por región. El paraguas de África impide casi siempre poner el foco, la lupa, sobre un punto determinado, y se acaba sometiendo a una definición, por ejemplo, “hambriento”, a todo el continente. De ahí el tópico en el que caía Vicente, no por error intencionado sino, probablemente, inducido por los agentes educativos, entre los que se encuentran, cómo no, los medios de comunicación.

En Nigeria hay más de cinco millones de personas que trabajan en cooperativa y 36.000 sociedades de esta naturaleza, según el dato que ofrece el Banco para el Desarrollo Rural de Nigeria. La tradición se remonta a 1935 cuando la administración colonial aceptó la creación del movimiento cooperativista en el país. Hoy disponen de un banco agrícola dedicado a financiar proyectos agrarios.

Sin ser la panacea, al inicio de esta segunda década del siglo Nigeria ha dado un paso determinante: proteger su sector primario frente a la globalización. Para ello, ha prohibido la importación de arroz, un producto que se desarrolla en el país y que a duras penas lograba competir con el cereal que se importaba. Esto ha tranquilizado a los agricultores. Y no contentos con ello, desde el Gobierno, que preside Goodluck Jonathan, se ha promulgado un decreto que permitirá a las pequeñas empresas y cooperativas acceder a créditos para ampliar sus cultivos. Los principales sindicatos del país consideran que pueden ser autosuficientes, no sólo en la producción de arroz, sino también en la de maíz o yuca. Además de que pueden exportar el excedente.

Ellen Kirtea, cooperativista y responsable de la compra de grano de una de las 36.000 cooperativas nigerianas, responde por email a un cuestionario y señala que “la tecnología y los medios de comunicación han ayudado a aprender nuevas formas de cultivos y variedades que no conocíamos”. Y asegura que aunque el sector primario avanza, “los jóvenes del campo se quieren ir a la ciudad: lo que ven en televisión es más atractivo y ofrece más oportunidades que vivir en las zonas rurales”.

Es la ambivalencia de la globalización, la tecnología y los mass media. Inflan y desinflan. Un estudio del Instituto para la Asociación Internacional de Cooperación Alemana de Educación de Adultos reveló que el 60% de los encuestados en las zonas rurales indicaban haber sido informados sobre una mayor variedad de granos a través de los medios de comunicación, o sobre cómo luchar contra la erosión de zonas fértiles (un 15%), entre otros asuntos.

Los mismos medios de comunicación ensalzan las oportunidades de ocio, laborales o culturales que pueden encontrar en las grandes ciudades, auténticas megalópolis camino de convertirse, en el caso nigeriano, en algunas de las más pobladas del mundo. Kirtea considera que “es un ciclo. Se van y volverán. En la periferia de las ciudades se pasa hambre y no hay qué comer”.

En Europa se han destacado las informaciones vinculadas a los acaparamientos de tierras en África. Un estudio de la ONG VSF Justicia Alimentaria Global consideraba que los países “más devastados” por la venta de sus tierras eran Etiopía, Uganda, Madagascar, Sudán, Malí y la República Democrática del Congo. Entre ellos destacaban este último, con más de un 48% de sus tierras fértiles vendidas; Mozambique, con el 21%; o Uganda, con el 14%. ¿Y entre los compradores? Empresas italianas, noruegas, alemanas, danesas, británicas o francesas. Y siempre la sombra de China, que todo lo puede. Aiddata, una iniciativa desarrollada por el Centro de Desarrollo Global, con sede en Washington, calcula la cooperación china en África en 75.000 millones de euros y extiende su presencia a 50 estados africanos.

Andreas Fuchs, uno de los fundadores del proyecto y profesor de la Universidad de Heidelberg, sostiene que la cooperación es tratada como “un asunto de Estado” y en muchas ocasiones se permutan grandes infraestructuras por recursos naturales. Al margen de piedras preciosas, minerales y tierras singulares, también se intercambia por tierras. Y China produce en África para poder suministrar alimentos a su milmillonaria población.

Demba Moussa Dembele, reputado economista senegalés y organizador del Foro Social Africano celebrado en Dakar, opina que en Europa “escandaliza la forma de trabajar de África con China”, pero para los africanos es una forma de compensar los “abusos de las excolonias y de los Estados Unidos”. “China ofrece recursos y necesidades que tenemos los africanos. Y no lo hacen gratis. No son buenos samaritanos, lo sabemos”. No justifica la venta de tierras, pero sí juzga la hipocresía europea en la crítica porque “sus empresas hacen lo mismo y hasta no hace tanto había estados completos que eran propiedad de reyes europeos”.

Y de esta denunciada relación China-estados africanos nace una más de las bicefalias del impacto de la globalización en África: la exportación de productos agrícolas a los países que conforman el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ha crecido y ha permitido que aumente el empleo en zonas rurales africanas. Organizaciones no gubernamentales del norte y también del sur denuncian el importante aumento de los cultivos extensivos, que condenan la alimentación variada en estas comunidades o países.

No obstante, es el modelo que se trabaja desde el norte, incluso desde la Unión Europea, que financia cultivos extensivos en sus países miembros. Sin ir más lejos, en las Islas Canarias, ubicadas geográficamente en África y consideradas Región Ultraperiférica, se invierten más de 150 millones de euros, procedentes de un programa europeo, en financiar el cultivo del plátano, castigando así a otras variedades que permitirían una mayor soberanía alimentaria y que ha producido una dependencia más acusada de las importaciones. En Canarias, como en África, se generan oligopolios alrededor de estos cultivos extensivos que aniquilan las pequeñas cooperativas y los trabajadores para generar una industria alimentaria.

Un estudio presentado en Lisboa por Ángeles Sánchez Díez, de la Universidad Autónoma de Madrid, ponía de manifiesto que el 80% de las exportaciones africanas eran materias primas, mientras que el 70% de sus importaciones eran productos manufacturados. Es decir, África participa en la creación de la industria alimentaria, pero su participación se reduce en la obtención de beneficios.

Se genera materia prima, se exporta a Europa u otros continentes, se manufactura y vuelve al continente africano. Gran paradoja: se importan los productos manufacturados con sus propias materias primas, pagando así el valor añadido que se suma al coste. Ocurre con el petróleo y los minerales, pero también con productos agrícolas como el cacao en Costa de Marfil, el mayor exportador del mundo. Exporta grano. El chocolate, en su mayoría, se produce en el norte. Y del precio al que se vende, el mayor margen, casi todo, queda para la fábrica, no para la producción agrícola.

El papel de la mujer y su valiosa aportación

El asociacionismo de la mujer africana, sobre todo la rural, está cambiando alguno de los mapas crónicos del continente. Según Naciones Unidas, las mujeres realizan entre el 60 y el 80% de los trabajos del campo. En general, las asociaciones continúan mostrándose escépticas ante la idea de que la situación del continente cambiará de forma radical a través de una economía basada fundamentalmente en la extracción de recursos minerales y agrícolas. Determinan que es una visión “estrecha” de la economía.

La Red Africana por la Biodiversidad considera que las mujeres africanas “han sido brutalmente marginadas de la actividad económica” y que se ha pasado de la “colonización a la globalización”. Opinan que sigue imperando “un modelo económico colonial en el que se han destruido los sistemas indígenas africanos de producción, que estaban basados en una cuidadosa custodia de los recursos naturales”. De hecho, denuncian que crece sin cesar la economía informal. Además, apuntan: “La definición de la riqueza y la economía de África en términos limitados del PIB oculta el verdadero valor del capital real del continente”.

En su discurso advierten que “los sistemas de producción de alimentos se ven amenazados por la incesante degradación de la tierra, el despojo, la privatización y el acaparamiento de las mejores zonas de cultivo. Las mujeres campesinas están siendo expulsadas de la economía alimentaria bajo la implacable agricultura a gran escala comercial”. Llaman a tomar medidas urgentes y reales que consideran podrían equilibrar la economía e igualar a la sociedad: “Producir lo que consumimos y consumir lo que producimos”.

El empoderamiento de la mujer está siendo lento y obstaculizado desde las machistas normas locales. El Foro Internacional de Desarrollo Agrícola denuncia que la carga de trabajo de las mujeres impide mayores ingresos y que, “por término medio, las parcelas propiedad de los hombres son tres veces mayores que las de las mujeres en África subsahariana”. Este foro internacional denuncia también la desigualdad estimulada por los Gobiernos africanos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el acceso de la mujer rural en África Subsahariana a recursos como la educación o los servicios sanitarios es ínfimo. La mortalidad materna, indicador clave en los Objetivos del Milenio, “es 100 veces más alta en esta región del mundo que en los países más desarrollados”. Con todo, las organizaciones han logrado una mayor participación de las mujeres en las cooperativas y en la toma de decisiones vinculadas a las explotaciones agrícolas gracias a la concesión de microcréditos.

Otra de las caras positivas es la ampliación de productos y productores africanos que tienen su puesto de venta en tiendas de comercio justo. En junio de este año se celebró el Foro Nacional de Exportadores de Nairobi, Kenia. El dato está ahí: Kenia exporta el 24% del té mundial. El Gobierno de Uhuru Kenniata mostró en este foro su intención de ampliar y diversificar la base exportadora del país y fomentar la exportación que deje más divisas en el país.

Lo hacía tras la presentación de la transformación que está llevando a cabo el cultivo del té. Se está tratando de evitar la participación en subastas y el vender directamente a minoristas extranjeros a través de Fairtrade International, al entender que en las subastas ganaban todos los intermediarios y encarecían el producto sin que los agricultores recibieran la plusvalía merecida.

Rachel Wandia, gerente de desarrollo de mercado de Fairtrade África, argumenta que “los beneficiarios de este sistema siguen siendo los productos finales, los vendedores y los intermediarios, y es por eso que Fairtrade se esfuerza no sólo en premiar una distribución justa de las ganancias, sino en alentar el valor añadido en los agricultores que generan la materia prima para producir más”.

Wandia ofrece las cifras de su organización: “Fairtrade pide por su marca de té del mismo nombre 50 centavos de dólar (Sh40) más por kilo, una cantidad que se remitió en concepto de prima a los agricultores. Hay más de 70 organizaciones de productores certificados en Kenia y 350 en África”. En el mundo hay 1,2 millones de pequeños agricultores que se benefician del comercio justo; de ellos, 173.000 se encuentran en Kenia, sostienen.

El hambre continúa

Sin embargo, si hablamos de alimentación, de producción de alimentos, de industria alimentaria, no se puede obviar el hambre, considerada el mayor riesgo para la salud. El continente con más hambrientos es Asia. Luego África, en el que Sudáfrica, Ghana, Egipto, Argelia, Libia, Túnez y Marruecos tienen una posición muy superior al resto de estados.

En la parte negativa destacan Etiopía, Eritrea, Zambia, Malawi y Mozambique, con más de más de un 35% de la población subnutrida, según los datos de Naciones Unidas.

Al margen, Sudán, República Democrática del Congo, Somalia y Guinea Ecuatorial, países sobre los que la ONU no dispone de datos para poder trabajar en las comparativas. También hay un importante número de países que siguen teniendo una alta tasa de subnutrición, más del 20%, entre los que se encuentra, por ejemplo, Kenya o Tanzania, consideradas potencias económicas en el continente.

En la falta de alimentos para la población y en la dinámica de su circulación interna trabajan la mayor parte de las asociaciones de mujeres campesinas y rurales para aliviar el hambre en los citados países. Pero la falta de beneficio inmediato no propicia una acción determinada al respecto por parte de los Gobiernos.

Etiopía es un buen ejemplo: su desigual distribución geográfica hace que las regiones central y occidental registren un superávit en la producción de alimentos mientras que en la zona norte se acumula la población subnutrida al ser sus cosechas más dependientes de la lluvia. Convive una zona subnutrida con una zona de exportación de alimentos. Así es la estructura económica que perpetúa el hambre.

Los datos de la FAO están ahí. África fue la única región, junto a los países desarrollados, donde el número de personas hambrientas crece y llega a 239 millones, 20 millones de personas más en los últimos cuatro años. También crece su población, y cada vez más rápido. La FAO recomienda un crecimiento agrícola para reducir el hambre. Las mujeres africanas también, pero de consumo interno, no para exportaciones.

Vicente miraba su móvil, decíamos, con componentes derivados de minerales extraídos en países africanos, sin atender a la profesora. “Hambre, guerra y pateras”, dijo. El tópico no está en las palabras que definían África para Vicente, sino en cómo cada uno mira solo para sí, sin pensar en el impacto que genera lo que se come. Lo que se podría llamar la huella alimentaria.

“Nos dicen que estas tierras son demasiado caras para la agricultura familiar”, cuenta Lucas. “Todo, para la exportación: aquí no queda nada. La mayoría de los trabajadores los traen de fuera, así que la gente del lugar se queda sin trabajo. No hay espacio para nosotros”. Lucas es dirigente del Campamento de San Antonio, al sur del Estado brasileño de Bahía. A él, como a las otras 400 familias de campesinos que forman el campamento, lo expulsaron de sus tierras. En estas tierras de tradición azucarera, un monocultivo dedicado a la exportación desde los tiempos de la colonia portuguesa, avanza ahora el eucalipto, un árbol de rápido crecimiento y que, por la cantidad de nutrientes que absorbe de la tierra, resulta muy dañino para la biodiversidad.

Las multinacionales productoras de celulosa para la exportación se sumaban así a los ingenios azucareros y desplazaban a los pequeños productores. El maíz, el frijol, la calabaza debían importarse de fuera. Pero un grupo de campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) decidió ocupar estas tierras en 2009 y, desde entonces, se ha vuelto a producir comida para las poblaciones vecinas. Estas 400 familias le huían así al destino que les marcaba el latifundio: expulsados de sus tierras, obligados a migrar a grandes ciudades, como Salvador, para pasar a formar parte de ese ejército de brazos olvidados, innecesarios, que se hacinan en las periferias y favelas de las grandes urbes brasileñas.

El MST es uno de los movimientos sociales más grandes e influyentes de América Latina: se creó en los años 70 y, desde el comienzo, colocó la reforma agraria como foco, en un país que se encuentra, desde hace décadas, entre los más desiguales y latifundistas del planeta. Su objetivo es la reforma agraria a través de la redistribución de tierras improductivas; su estrategia consiste en ocupar tierras baldías y forzar por la vía de los hechos que se cumpla el uso social de la tierra que, sobre el papel, garantiza la Constitución brasileña. Según el MST, en un país de algo más de 190 millones de habitantes y con una de las estructuras de propiedad más latifundistas del planeta, cuatro millones de familias siguen desposeídas.

La propia FAO ha reconocido que en América Latina, Argentina y Brasil están inmersos en un proceso de acaparamiento de tierras, esto es, un aumento del latifundio consagrado al agronegocio exportador, al precio de una intensificación de los desalojos de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras ancestrales.

Hoy como ayer, la caña de azúcar es un producto clave en esa estructura latifundista global; sobre todo ahora que no sólo se alimentan de caña las personas, sino también los automóviles. El auge del etanol ha impulsado las plantaciones de caña en Brasil.

“Contrarreforma agraria”

“El acaparamiento de tierras es un fenómeno global iniciado por las elites locales y transnacionales, los Gobiernos y las compañías multinacionales para controlar los recursos mundiales más preciados”, como la tierra y el agua, sostiene la Vía Campesina latinoamericana en un comunicado de 2012. Un proceso que el dirigente del MST João Pedro Stédile califica de “contrarreforma agraria” y que, como ha denunciado Amnistía Internacional, “desplaza y disloca comunidades, destruye economías locales, culturas y tejidos sociales y pone en peligro la identidad comunitaria”. Quien ose levantarse para defender lo que es suyo sufrirá hostigamiento, amenazas y muertes: en 2010, 34 campesinos e indígenas murieron asesinados en Brasil por defender sus tierras.

“La compra de grandes extensiones de tierra para monocultivos para la exportación o para la producción de biocombustibles está provocando hambre y violando los derechos humanos en muchos países en desarrollo”, sostiene Intermón Oxfam en su informe Tierra y poder, de 2011. La organización subraya “la velocidad, cada vez mayor, a la que se llevan a cabo acuerdos sobre transacciones de tierra y que a menudo pone en un mayor peligro a las comunidades pobres”. Así, según el último informe de Oxfam lanzado hace unas semanas, desde el año 2000 se han adquirido en el mundo al menos cuatro millones de hectáreas para la producción de azúcar.

“Las comunidades ”pierden –en ocasiones de forma violenta– sus casas y sus medios de vida sin haber sido previamente consultados, sin posibilidades de compensación o medios que les permitan reclamar sus tierras“, añade IO. A menudo, las empresas o terratenientes se aprovechan de que, en las poblaciones campesinas y más aún entre los pueblos originarios, en muchos casos las comunidades no cuentan con títulos de propiedad de las tierras que han poblado desde tiempos ancestrales.

Acaparamiento global

El mismo proceso se da en el resto del planeta, con una velocidad que se ha acelerado desde que, tras el pinchazo de la burbuja financiera en 2008, los inversores apreciaron la volatilidad de los títulos financieros y se replegaron sobre valores más seguros, como el mercado de alimentos a futuro o la propiedad de las tierras.

La organización Grain documenta 416 casos de acaparamiento recientes en todo el globo, que abarcan casi 35 millones de hectáreas de tierras en 66 países; entre ellas, muchos cañaverales. Este informe llega a conclusiones interesantes, como que África es el primer objetivo de los inversores, entre los que se encuentran 298 empresas del agronegocio, pero también entidades financieras y fondos soberanos, que están detrás de un tercio de las operaciones.

En Camboya, el programa de intercambios comerciales Everything but Arms (EBA, Todo menos Armas), que la Unión Europea aplica desde 2001 a los países menos desarrollados para que puedan importar sus productos en Europa con ventajas impositivas, ha dejado, paradójicamente, sin tierra a miles de familias que ahora luchan por la subsistencia.

Uno de los casos más conocidos ha sido el de Srae Ambel, en la sureña provincia de Koh Kong, donde los agricultores desposeídos han plantado cara a la empresa tailandesa que ha convertido sus arrozales en un extenso cañaveral. “La propia empresa ha reconocido que no estaría en Camboya si no fuera por el EBA. Creo que es una prueba suficiente para probar que está relacionado”, asegura Matthieu Pellerin, investigador de la ONG local de derechos humanos LICADHO. Los campesinos han emprendido acciones legales en Camboya y en el Reino Unido contra Tate & Lyle –una de las empresas que compra el azúcar camboyano–, y el Parlamento Europeo ha pedido una investigación ante las evidencias de violaciones de derechos humanos en las plantaciones.

Este podría ser uno de los casos que Coca-Cola, primer comprador mundial de azúcar, revisara tras prometer que evaluará la política de acaparamiento de tierras de sus proveedores –Tate & Lyle es uno de ellos–. El anuncio llega como respuesta a la campaña de acción ciudadana “Tras la marca”, lanzada por Oxfam, aunque el gigante estadounidense ya se había comprometido en 2012 a revisar la procedencia del azúcar que utiliza en su estrategia “Objetivos de Sostenibilidad 2020”.

Quien controla la tierra, controla la alimentación, la vida. La lucha es, más que un imperativo ideológico, una cuestión de supervivencia no sólo para los campesinos, sino para todos los seres humanos. Como dice Natalia, mientras prepara la comida para un regimiento en el Campamento de San Antonio: “Si el pueblo no planta, la ciudad no cena”.

Marlene y Rogerio llegaron a Bogotá hace 13 años. Ella viene del Putumayo y él del Cauca. Ambos son líderes indígenas, protectores de la tierra y grandes conocedores de las técnicas de explotación artesanal para el autoconsumo y el pequeño y mediano comercio. Los dos fueron amenazados y desplazados forzosamente de sus lugares de origen por los diferentes grupos armados que hoy siguen protagonizando el conflicto interno más largo en la historia de Latinoamérica. Tanto Marlene como Rogerio, sin embargo, han encontrado un modo de vida para su sustento y para el mantenimiento de sus culturas ancestrales en la capital de Colombia: la agricultura urbana.

“Cuando llegué me pregunté a mí misma que cómo íbamos a sobrevivir nosotros, los desplazados, en una selva de cemento así”, recuerda Marlene. Lo tuvo claro desde el principio: cultivando. Decidió entonces ocupar varios inmuebles en distintos barrios de la ciudad para el alojamiento y la creación de huertas de autoconsumo con toda clase de vegetales que pudiesen plantarse en una casa, dando así sustento y cobijo a 555 familias llegadas de la misma forma que ella.

Pronto acontecieron los atentados a los edificios por parte de grupos ilegales y las intervenciones de las autoridades que, con gases lacrimógenos, desocupaban los inmuebles en los que se iban instalando. De sitio en sitio y continuando con la misma práctica, Marlene abanderó este movimiento hasta principios de 2012. “Me perseguían porque le daba de comer al hambriento –asegura– y, si no me mataron, es porque lideraba pero no me dejaba ver”.

Las cifras del último estudio del Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC) sitúan a Colombia como el país con más desplazados internos del mundo, con un total de 5,5 millones de personas. Durante el año 2012 fueron 230.000 los afectados. De ellos, 18.154 eran indígenas, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). La hostilidad de estos núcleos urbanos y la imposición de sus prácticas culturales implica que el mantenimiento de las costumbres de las comunidades se convierta en una misión de alta complejidad. Marlene y Rogerio declaran su intención de resistencia: “El día que perdamos nuestra cultura no nos quedará nada”.

La explotación y extracción de productos de la tierra con ánimo de lucro individual o empresarial y el desarrollo económico a partir de grandes proyectos de infraestructura consolidada a través de políticas como los Tratados de Libre Comercio se enfrentan de forma directa a la relación de los pueblos originarios con su entorno. Y también los monocultivos de coca para el narcotráfico; o de pino, para madereras; y la ubicación estratégica de los territorios ancestrales, como los de Marlene y Rogerio.

Los grupos armados que continúan con la guerra interna en el país han incrementado su interés en estas prácticas, hecho que, según CODHES, “potencia el escenario de riesgo para sus pobladores” y, en consecuencia, su salida inmediata y obligatoria a otros lugares de la nación.

'Huertas de alimentos orgánicos para el futuro' es el proyecto de vida de Marlene Zambrano Padilla, directora de la Fundación Colombiana de Desplazados y secretaria del Movimiento Nacional de Víctimas por la Paz. Originaria de la comunidad Páez (Cauca), fue criada en el sur de país, en el selvático departamento del Putumayo. Se dedicaba al comercio, pero heredó el compromiso social de su padre, defensor de derechos humanos asesinado en los años noventa. Por continuar con su misma lucha, fue desplazada por primera vez en 1991. En el año 2000 registró su situación como víctima y tuvo que enfrentarse a una nueva vida en una ciudad como Bogotá con la intención de quedarse.

En distintos barrios de la ciudad y paralelamente, Marlene comenzó con su proyecto de huertas naturales. Hoy queda en pie la más importante, en Ciudad Bolívar (barrio bogotano de un millón de habitantes con los mayores índices de violencia y empobrecimiento de la ciudad), que sustenta a 36 familias indígenas y campesinas. Patatas, zanahorias, remolachas, lechugas, brócoli y una gran variedad de vegetales crecen rodeados de cemento, abonados de forma natural y cercados por árboles frutales para evitar el uso de cualquier producto artificial en los cultivos.

El alimento producido en la huerta es el que abastece a los mercados campesinos. Los beneficiarios buscan hoy en las instituciones gubernamentales el apoyo necesario para tejer una red de comercialización nacional que asocie y ayude a los desplazados del país afectados por el problema de la inseguridad alimentaria. Las huertas creadas anteriormente fueron levantadas, y Marlene sigue amenazada por seguir adelante con este proyecto.

Pobreza y desnutrición urbana

No es incoherente que campesinos y activistas políticos como Marlene pongan en el primer punto de sus prioridades la seguridad alimentaria. Según el Programa de Naciones Urbanas para el Desarrollo (PNUD), la pobreza y desnutrición urbana se sitúan en un 42%; y en el ámbito rural, que atañe directamente a quienes tienen una mayor participación en la economía agropecuaria, afectan a un 68% del total de la población.

Los datos demuestran que hay problemas que nacen en el campo y que afectan de forma directa a la nutrición de las personas. Algunos de ellos son: la necesidad de una reforma agraria (hecho que ocasionó el mayor paro agrario de la historia de Colombia el pasado mes de agosto); la incoherencia entre los modelos productivos dominantes (monocultivos) y los ecosistemas que ocasionan deterioro del medio y vulnerabilidad en la población; el no acceso de la mayoría de los campesinos a las tierras; la ausencia de una infraestructura que facilite la distribución y la comercialización; la pérdida de la biodiversidad y de las semillas originarias para la manipulación transgénica.

Los campesinos y las comunidades negras e indígenas que llegan a Bogotá, en su mayoría trabajadores de la tierra y del mar, acaban, por imposiciones políticas y económicas, instalándose en los suburbios de la ciudad. En durísimas condiciones: sin recursos para el acceso a la educación o a la salud, sin espacios donde cultivar de forma legal, viviendo en la calle o en casas de precarias condiciones, sin acceso a las materias primas para la producción de sus artesanías y situados en sectores donde los índices de violencia son altos y encuentran serias dificultades para su subsistencia y el mantenimiento de sus culturas.

Marlene quiere acabar con todo esto. Sonríe con astucia y, con seguridad, cuando dice que “los derechos con hambre, no son derechos”. Esta semana debe buscar un lugar donde dormir: ya no se siente segura habitando siempre en la misma casa. “¡Víctimas al poder para que no nos vuelvan a joder!”, afirma elevando el tono de voz, entre risas y con el puño en alto. “Lástima que ese no pueda ser nuestro lema oficial”, bromea.

La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia es notable. El 80% está en manos del 14% de los propietarios, según los datos expuestos en el informe 'Divide y comprarás' de Oxfam Intermón. Esta concentración va en aumento: el índice de Gini –que mide la desigualdad– sitúa a Colombia en el lugar número once entre los países del mundo con mayor desigualdad en el acceso a la tierra. Según algunos informes, el 40% del territorio colombiano está bajo algún tipo de contrato con corporaciones multinacionales, ya sea para la producción de biocombustibles, la agricultura, la explotación forestal o la minería. En un informe reciente, la FAO advierte que hay tendencias de extranjerización de la tierra, favorecidas por la ausencia de límites y de regulación interna, según alerta Oxfam.

Monocultivos y desplazamiento

Rogerio Peña, uno de los líderes indígenas de la comunidad nasa, originaria del Cauca, conoce bien los efectos de la presencia de monocultivos sobre la población. Actualmente vive en la localidad de Usme, otro núcleo urbano con las mismas características de Ciudad Bolívar y en el que residen gran parte de los desplazados étnicos en Bogotá. Como actividad económica principal, la producción y pequeña comercialización de artesanía. Para el mantenimiento de su cultura ancestral, Rogerio cultiva en su pequeña terraza plantas para ejercer la medicina tradicional en el núcleo familiar. Los desplazados no creen en la eficacia de nuestro sistema sanitario y tampoco pueden costeárselo.

Al igual que Marlene, Rogerio también fue desplazado por la defensa de los derechos humanos de las poblaciones. Desde hace cuatro décadas lucha contra la presencia de los monocultivos que acaban con su tierra.

Cartón de Colombia, multinacional líder en producción de papel y cartón, se instaló en el Cauca en los años setenta. Sus mandatarios compraron 600 hectáreas en la cordillera del municipio de Buenos Aires, pero pronto entraron en el territorio sagrado de los nasa devastando todos los árboles nativos para la siembra a gran escala del pino, una especie que no es autóctona, seca el agua y deteriora de forma rápida la tierra de la zona.

Como no fueron atendidas sus peticiones por vías legales, la comunidad comenzó a cortar, en ánimo de lucha, todo aquello cuanto plantaba la empresa. ¿Las consecuencias? El ejército entró en defensa de la multinacional y la acción de resistencia se saldó con varios indígenas y soldados muertos. Seis miembros de la comunidad viajaron a Arabia Saudita, país de residencia del dueño de la multinacional, para dialogar y traerlo a Colombia con el compromiso de devolver las tierras a los nasa. Lo consiguieron: “Ahora los pinos son nuestros vecinos, pero no entran en casa”, señala Rogerio. Eso sí, se mantiene vigente otra batalla importante; esta vez, con los monocultivos de coca.

Este hombre, de voz delicada y fuerte actitud, nos habla de la implicación y responsabilidad de todos los sectores legales e ilegales en la expansión de los cocaleros. Habla de cómo muchos indígenas decidieron sembrar coca y vender bultos “a los blancos” para fabricar base de cocaína porque sus modos de vida no les permitían mantener con dignidad a sus familias. Culpa de ello en algunos aspectos al Estado, por el abandono de los territorios indígenas, que “en pleno siglo XXI siguen sin energía, sin agua potable, sin acceso a la salud o la educación”.

Nos habla de la negativa de otros compañeros indígenas ante la posibilidad de cultivar y ganar dinero rápido. Nos habla de la llegada de la guerrilla y, tras ella, los guerrilleros, el ejército y también los paramilitares. Nos habla de caos y de violencia y de que la zona aún continúa siendo uno de los grandes modelos económicos en el Cauca. Nos habla de la llegada de “gringos que manipularon las semillas para hacerlas más resistentes a las plagas”. Y nos cuenta, con tristeza, que ya han llegado a un punto en el que ni siquiera se plantan plátano, papas o yuca para el autoconsumo porque no hay tierra cultivable disponible, ni interés en ello. “Ya tenemos que ir a Buenos Aires a hacer mercado de productos que antes sí cultivábamos y que ahora vienen de otras partes empaquetados. Qué triste es a veces mi Colombia”.

En el departamento del Cauca, en diciembre de 2011, existían aún más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), convirtiéndose así esta zona en la cuarta zona del país con mayor presencia del monocultivo. Además, las consecuencias que esto tiene en el medioambiente son devastadoras. En Colombia el 21,5% del total de las plantaciones se radican en terrenos gracias a la tala de los bosques autóctonos. El país sigue produciendo 4.600 kilos de hoja de coca por hectárea al año para la fabricación de base de cocaína.

Los nasa usan esta planta con fines medicinales, no obstante. Lo hacen desde mucho antes de que llegaran los grandes cocaleros a su territorio y Rogerio, con firmeza, deja claro que, a pesar de la manipulación que el narcotráfico hace hoy de la planta, no van a dejar de defenderla: “El día que los nasa perdamos nuestra cultura, no nos quedará nada”.

Y mientras, con esmero, le va quitando el nudo a una bolsita donde tiene guardada la hoja que le traen de su tierra y que aún no ha sido manipulada genéticamente. No puede volver. Su mujer lo hizo recientemente y, pasado un mes, recibió una carta de advertencia. Tampoco tiene mucho interés a estas alturas, teme que vuelva a ser expulsado y perder así lo conseguido hasta ahora. Seguirá construyendo un modelo de vida que puedan continuar sus hijos en Bogotá y que fortalezca a las comunidades y a los desplazados que, como él, llegan a la ciudad.

Cada mes de noviembre, cuando las lluvias del monzón comienzan a arreciar, Bua Lai vuelve a afilar su machete y se prepara para pasar los cinco meses siguientes dando golpes a los gruesos tallos de la caña de azúcar. Como ella, aproximadamente un millón de jornaleros barrerán los campos de Tailandia, el segundo exportador mundial de azúcar, para recoger el dulce jugo que acabará en las mesas de medio mundo.

La caña se ha convertido durante los últimos años en la principal fuente de azúcar en el mundo y cerca de un 90 por ciento de la producción mundial procede de esta hierba de grandes dimensiones. La mayoría se planta en países en desarrollo como la India, Brasil o la propia Tailandia, donde las leyes laborales y medioambientales son más laxas. Muchos la conocen como la hierba de la miseria, porque ahí donde se cultiva, las comunidades entran en un círculo de pobreza generado por las pésimas condiciones laborales y los fuertes impactos medioambientales que lleva consigo esta planta.

Tailandia es un buen ejemplo de ello. La zona azucarera se concentra en la región nordeste, conocida como Isaan, una de las más pobres del país. Allí vive Bua Lai, una mujer menuda con la tez tostada por el sol y las manos llenas de heridas, que comenzó a cortar caña hace diez años, cuando a su marido le detectaron un cáncer de huesos y tuvo que dejar el trabajo. A sus 56 años, aún maneja el machete con presteza, pero se incorpora continuamente para dar un pequeño respiro a sus riñones. “A veces no quiero venir. Me duele todo, pero lo hago porque necesito el dinero”. La mayoría de los días, Bua Lai ni siquiera consigue ganar el salario mínimo de 300 baths (unos 8 euros) diarios estipulado por el Gobierno. Sin embargo, como buena parte de los jornaleros de este sector en medio mundo, ella cobra al peso por la caña que consigue cortar cada día. “Cuando la caña es fácil de cortar no hay mucho problema, pero les da igual si te encuentras con tallos más duros. No te pagan más”. Junto a ella, sus hijos han trabajado en los campos desde que tenían diez años. No querían estudiar y el dinero escaseaba, así que se unieron al grupo de trabajo de su madre.

Los vecinos de Bua Lai recuerdan la expansión del azúcar en los años 80 con amargura. “La vida cambió desde que la caña de azúcar llegó a la región. La gente ya no tiene tiempo libre, están todo el día cuidando los cañaverales. Ya no se conocen, no se saludan”, asegura Phan Chantalat, un hombre de 65 años ya jubilado que empezó a plantar caña en 1983. El Gobierno impulsó entonces el sector y las nuevas fábricas, que tienen que situarse cerca de los campos para procesar cuanto antes los tallos, ofrecieron suculentas ventajas para incitar a los agricultores. Pero, al mismo tiempo, la ley les obligó a firmar contratos por los que, si no llegaban al cupo establecido, debían pagar una multa; si no tenían cómo pagarla, los agricultores terminaban por ceder sus tierras a las fábricas. Y así fue como las fábricas del sector se convirtieron en las propietarias de la mayor parte del suelo en la región, mientras los antiguos pequeños propietarios, hoy convertidos en jornaleros sin tierra, viven más al límite que nunca.

Los cañaverales brasileños

En Brasil, el principal productor y exportador de caña de azúcar en el mundo, la mecanización nunca llegó a los cañaverales; es más rentable la mano de obra barata. Los jornaleros, que cobran al peso, deben trabajar extenuantes jornadas para conseguir salarios de alrededor de 800 reales (menos de 300 euros). Viven en pésimas condiciones de seguridad e higiene y, a menudo, mal alimentados. Las crónicas relatan cómo, a veces, consumen drogas, como crack o marihuana, para soportar la dureza del trabajo.

Es un secreto a voces: cada año, los informes del propio Ministerio de Trabajo revelan que las plantaciones de azúcar emplean a buena parte de los 25.000 trabajadores que, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajan en Brasil en condiciones análogas a la esclavitud. Sólo en 2009, casi 2.000 trabajadores fueron liberados en los cañaverales del país. Se sabe también que la esclavitud y la pobreza tienen color en Brasil: según datos oficiales, tres de cada cuatro trabajadores sometidos a régimen análogo a la esclavitud son negros o mulatos.

“Los trabajadores temporales –los jornaleros– viven sin derecho al agua, comida y alojamientos recientes, humillados, sin poder volver para casa”, señala el periodista Leonardo Sakamoto, fundador de la organización Repórter Brasil. A menudo son migrantes, a los que se trajo desde sus lugares de origen por medio de engaños sobre las condiciones de trabajo, y que, una vez en el lugar de destino, deben pagar la deuda del viaje y comprar la comida a su explotador. El círculo se cierra sobre ellos: bajo ciertas condiciones, es muy fácil transformar el sistema salarial en una eficaz forma de esclavitud moderna, mucho más lucrativa, por cierto, que esa antigua esclavitud colonial en la que el propietario debía mantener al esclavo durante los 365 días del año. Ahora, el bracero, acabados los meses de cosecha, es sistemáticamente abandonado a su suerte. Y si es 'rescatado' por las autoridades estatales, se encontrará devuelto al abandono, por lo que, muy probablemente, volverá al mismo círculo vicioso la próxima cosecha.

Brasil o Tailandia no son, ni mucho menos, una excepción. Algo muy similar ocurre en la República Dominicana, donde se refieren a cortar caña como “trabajo de haitiano”, o en Filipinas, donde en las haciendas el trabajador aún está anclado a la tierra. De America a Asia, se ve una constante: el trabajo esclavo avanza en paralelo a los procesos de acaparamiento de tierras, la proletarización de los pequeños campesinos y la expansión del latifundio, que, en el caso de la caña, agota rápidamente la tierra y la deja inerte. Por eso dice Sakamoto que las nuevas formas de esclavitud “son fruto del capitalismo: no son enfermedad, sino síntoma del sistema”.