La isla de Tenerife supone el 66,24% del desajuste entre los datos ofrecidos por los ayuntamientos y los reconocidos oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011, con un desfase que alcanza a 29.222 habitantes de los 44.114 detectados en el conjunto de Canarias. El conjunto de las islas occidentales acumula el 77,88% del desajuste. En el caso de la capital tinerfeña sus diferencias con los datos dados por buenos por el INE suponen el 42,60% del Archipiélago.

Respecto al impacto global por islas de esa diferencia poblacional corregida por el INE es el siguiente: Tenerife (29.222; 66,24% del total del Archipiélago), Lanzarote (4.317; 9,79%), Gran Canaria (4.306; 9,76%), La Palma (3.473; 7,87%), La Gomera (1.396; 3,16%), Fuerteventura (1.131; 2,56%) y El Hierro (269; 0,61%)

Claro que, teniendo en cuenta su población, es muy distinta la inflación en cada uno de los territorios, quedando la tabla encabezada por La Gomera (con un incremento en los padrones iniciales del 8,31% respecto a su población real), La Palma (4,14%), Tenerife (3,32%), Lanzarote (3,12%), El Hierro (2,50%), Fuerteventura (1,1%) y Gran Canaria (0,50%).

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, centro desde hace un año de la polémica por esos miles de habitantes fantasmas, el desfase entre padrón e INE supone el 42,60% del global de Canarias y un incremento de su población real de más del 9%, mantenida durante unos quince años.

Mala praxis

Para el sociólogo Miguel Guerra estos datos no son tan sorprendentes. Asegura que esa mala praxis viene observándose desde comienzos de los años noventa del pasado siglo, y considera que para que eso ocurra confluyen muchas responsabilidades, dentro y fuera de los ayuntamientos.

Hubo un antecedente, en el año 1991, en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) obligó a Santa Cruz a disminuir de 222.892 a 200.172 su cifra de habitantes oficiales. Un diferencial de 22.720. Lo que confirma que entonces la misma estaba hinchada en un 11,35%. En ambos casos, la cifra finalmente homologada quedó al borde de los 200.000.

“Ese dato no es causal”, asegura Guerra, “superar esa barrera de los 200.000 habitantes supone no sólo más concejales, sino especialmente más posibilidades de captar recursos de los diferentes fondos de financiación, canarios y estatales, destinados a los ayuntamientos”.

Financiación

El desajuste descubierto por el INE le ha podido suponer a Santa Cruz de Tenerife unos ingresos anuales de 2,3 millones de euros de más, procedentes del Régimen Económico y Fiscal Canario (REF) y del Fondo Canario de Financiación, así como 2,5 millones de euros del Fondo de Compensación Estatal.

Cantidades que, evidentemente, salieron de las correspondientes bolsas comunes y que, por tanto, dejaron de percibir otros a los que les correspondía en buena lid. La cifra de ingreso extra en los últimos 16 años, a consecuencia de esos cerca de 20.000 habitantes ficticios, podría superar los 40 millones de euros.

Sería preciso analizar los datos globales de Canarias, con esos casi 45.000 habitantes irreales y los más concretos de los municipios más inflacionistas en población para determinar el impacto económico de lo que parece ser una trampa. ¿O sólo un error estadístico? Los del informe PISA van a tener trabajo en 2015 para analizar con profundidad el grave problema que en las Islas sufrimos en competencias matemáticas.

En 2001, mayor desfase aún

En 2001 también se produjo un diferencial ente los datos de los padrones y los definitivamente reconocidos por el INE. En aquella ocasión, el desfase en el conjunto de Canarias casi duplicó la cifra de 2011 al alcanzar los 86.889 habitantes. De ellos, prácticamente la mitad (43.052, el 49,5%) correspondían a municipios de la isla de Tenerife y Santa Cruz volvía a destacar, con 25.684 (el 29,56% del total de la Comunidad Canaria).

Gran Canaria y Tenerife, a la par en población escolar

Al hilo del debate abierto sobre los habitantes zombis detectados en Santa Cruz de Tenerife, llama poderosamente la atención que la significativa diferencia poblacional entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, que alcanzó en 2010 los 61.178 a favor de la primera, y que en 2013 ha quedado situada en 44.859, no se compaginan tanto con los datos de escolarización.

En efecto, en lo que se refiere a los estudiantes matriculados en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en el curso 2013/2014 las diferencias son apenas perceptibles. Gran Canaria cuenta con 122.672 matriculados en esos niveles educativos y Tenerife con 123.221, es decir, apenas 549 más.

Cabe interpretar que estamos ante dos pirámides poblacionales completamente dispares. Sin embargo, en su informe 'La realidad educativa en Canarias', el Consejo Escolar de Canarias señala que las pirámides de población de ambas islas son similares. Por lo tanto, parece que no puede achacarse exclusivamente el dato a una población mucho más envejecida.

Al respecto, sería interesante analizar con profundidad un dato que ofrece el Consejo Económico y Social de Canarias (CES), en su informe de 2012: “A 1 de enero de 2011, en las edades inferiores a los 14 años, la diferencia entre Padrón Municipal y las estimaciones del INE es de 10.261 personas en detrimento del Padrón; en las demás edades la diferencia alcanza los 36.799 efectivos a favor del Padrón”.

El destino de esa compensación se debatiría en una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad.

Unanimidad en el pleno para censurar "la deslealtad institucional" del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este miércoles, por unanimidad, exigir al Gobierno de Canarias que abone a la ciudad 6,5 millones de euros como compensación a los perjuicios que le ha causado el fraude del padrón municipal de Santa Cruz de Tenerife.

En la resolución, la capital grancanaria demanda que esa cantidad se le pague “en el próximo reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal” y censura la “la deslealtad institucional que ha supuesto el comportamiento fraudulento que durante tantos años se ha producido en el tratamiento del padrón municipal de habitantes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”

La Corporación ha decidido también que el destino de los 6,5 millones de euros que reclama como compensación se debata en una sesión extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad.

No obstante, ya adelanta que pretende dedicar esos recursos “a gastos sociales e inversiones públicas clasificadas de servicios sociales, promoción económica y actuaciones en beneficio de la generación de empleo”.

La declaración institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expresa el “desconcierto” de todos sus grupos políticos por “la grave actuación de Santa Cruz de Tenerife, durante 16 años”, al propiciar “un padrón irreal”, vulnerando con ello “la lealtad institucional” y perjudicando al resto de municipios.

La capital grancanaria manifiesta además la necesidad, “sin distinción entre responsabilidades de gobierno o de oposición”, de solicitar “medidas correctoras durante los próximos repartos de los fondos económicos, provengan de la administración que provengan”, para resarcir a su ciudad por los perjuicios ocasionados.

“La esbozada prescripción de un presunto delito no puede, en ningún caso, suponer una excusa o parapeto para legitimar mediante el silencio un comportamiento que debe ser condenado públicamente de la forma más enérgica y, sobre todo, corregido mediante la restitución económica a los municipios afectados”, recalca la declaración aprobada este miércoles por el Consistorio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pedirá al Gobierno regional que compense a la ciudad y al resto de los municipios de las islas por el fraude del padrón de Santa Cruz de Tenerife, que considera que le ha ocasionado la pérdida de cinco millones de euros desde el año 1996.

Así lo anunciado este viernes el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona (PP), tras conocer que la Fiscalía ha archivado la investigación que había abierto tras descubrirse que el padrón de Santa Cruz de Tenerife había incluido durante años a 15.000 habitantes que, en realidad, no existían.

Cardona ha asegurado que analizar esta problemática es siempre “desagradable”, porque se refiere a “unos hechos sobre los que un fiscal dice que hay indicios delictivos, pero no puede perseguirlos sencillamente por el tiempo transcurrido”.

Si la Fiscalía establece esa conclusión y no desvirtúa la realidad de los hechos, argumenta el alcalde, es que “el fraude se ha producido” y, en consecuencia, Las Palmas de Gran Canaria tiene “todo el derecho y la legitimidad, por mucho que se moleste el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, para defender sus derechos”.

“Durante los quince últimos años, Las Palmas de Gran Canaria se ha visto perjudicada como consecuencia de que Santa Cruz de Tenerife ha estado recibiendo un dinero que no le correspondía por su censo municipal”, ha subrayado el dirigente popular.

Cardona ha destacado que este hecho es una realidad objetiva que nadie ha desmentido y que, a partir de ahí, no busca culpables o responsables, ya que corresponde a la Justicia poner en marcha los mecanismos necesarios, si se pueden determinar responsabilidades.

El alcalde de la capital grancanaria sí pide al Gobierno regional, “que tiene que velar por que el reparto del dinero público que gestiona y administra se haga de forma justa y equitativa entre todos los municipios de las islas”, una actitud “vigilante” y que “compense” en los próximos ejercicios al resto de municipios del dinero que durante años han recibido de menos.

“La compensación debe ser proporcional al dinero que los consistorios han dejado de recibir durante estos años como consecuencia de una acción claramente fraudulenta, que, si bien no se puede determinar a sus responsables, eso no significa que los hechos hayan sido lo suficientemente graves como para que no se pida un acto de justicia”, ha subrayado.

Cardona ha opinado que los aspectos jurídicos para hacer valer esta pretensión son “complicados y difíciles de materializar”, porque los censos en cuestión no han sido anulados y, en la medida que no haya un acto que se pueda considerar ilegal, “no se puede, en consecuencia, solicitar la reclamación correspondiente”.

Por lo tanto, el alcalde ha añadido que debe ser el Gobierno de Canarias el que, consciente del daño generado a los municipios por un reparto injusto, compense a estos en los próximos ejercicios con el dinero que han dejado de percibir.

Juan José Cardona ha destacado que, si el fiscal considera que el tiempo transcurrido imposibilita la detección de los responsables, “esa prescripción paraliza cualquier pretensión de exigencia de responsabilidad penal”.

Con todo, más allá de esta responsabilidad, “lo que se trasluce de las conclusiones del fiscal es que los hechos no han sido desvirtuados, ya que entiende que hay indicios para pensar que ahí se produjo un fraude”.

Las Palmas de Gran Canaria ha cuantificado que el dinero que ha dejado de percibir en 5 millones de euros. “No son cuatro perras y, aunque hubieran sido así, como puede ser para otros municipios más pequeños, no se puede convivir en una comunidad autónoma donde se produce este tipo de situaciones”, ha señalado.

“Este fraude tengo que denunciarlo”, ha dicho Cardona, quien reclama el restablecimiento de la “confianza”, algo que le corresponde al Gobierno de Canarias, que “es el que reparte los fondos entre todos los municipios de las islas”.