El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano H. Zapata, ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, informa Presidencia del Gobierno de Canarias en una nota de prensa. Canarias, destaca, “contará por primera vez con una ley propia que ordena de forma integral la protección, conservación, restauración y gestión sostenible de su patrimonio natural”.

La nueva norma, explica, establece un marco jurídico propio y coherente para garantizar la conservación de los hábitats, las especies silvestres y los ecosistemas de las islas, reconocidas como uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo y con un elevado número de especies endémicas. 

El documento, añade,  clarifica las competencias entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos para evitar conflictos administrativos e impulsa un marco claro de control, inspección y régimen sancionador frente a las infracciones.

El proyecto de ley, señala, “mejora la gestión de los espacios naturales y la Red Natura 2000, al tiempo que refuerza los sistemas de información científica integrando herramientas como Biota, RedVigía o RedPromar”. Asimismo, “establece planes de recuperación para especies amenazadas, regula medidas frente a la contaminación lumínica y potencia mecanismos como la red  Redexos para controlar y erradicar a las especies exóticas invasoras”. 

La norma también fomenta el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como actividades compatibles con la conservación. Con esta aprobación, agrega, el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria para abrir un proceso de debate con los grupos políticos, el sector científico y los agentes sociales que permita alcanzar el mayor consenso posible.

Por otro lado,  apunta, “se optimiza la coordinación con la Ley del Suelo, al delimitarse los ámbitos de ambas normas: Biodiversidad regula la protección de los valores naturales y la Ley del Suelo mantiene su marco de declaración, planificación y gestión de espacios. Se propone una regla de coordinación inmediata, sin esperar a un desarrollo posterior y sin condicionar la reforma de la ley del suelo que ya está en el Parlamento. Aquí, el régimen sancionador evitará duplicidades de tipo sancionador y refuerza la aplicabilidad de la Ley”.

Además, “se ajustan las autorizaciones y declaraciones responsables, las garantías de los ciudadanos, el apoyo científico de las decisiones y la reserva de ley para las obligaciones económicas, limitando las habilitaciones reglamentarias excesivamente abiertas”. 

El medio marino, protegido por primera vez 

El nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 “ha permitido dar un paso clave al habilitar el ejercicio de competencias autonómicas en la protección ambiental del mar. Gracias a ello, la ley incorpora un título completo, el VIII, dedicado en exclusiva a la protección de la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y los recursos naturales del entorno marítimo canario para garantizar un uso verdaderamente sostenible”.

Una ley enriquecida con más de 2.000 alegaciones ciudadanas 

El interés por la preservación del patrimonio natural “se ha reflejado en el proceso de consulta pública del anteproyecto, en el que se han recibido más de 2.000 alegaciones”. El Gobierno, añade, que amplió los plazos de audiencia para cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), “a pesar de tramitar el texto por vía de urgencia, aceptó muchas de estas propuestas porque mejoraba el articulado y garantizaba que la futura ley llegue al Parlamento con una base social mucho más robusta”.

Reinicio de los trámites por seguridad jurídica 

El Ejecutivo autonómico “reinició los trámites y revisó el texto para dotarlo de una base jurídica sólida y atender a las advertencias previas del Consejo Consultivo. Este órgano había señalado problemas jurídicos en el anteproyecto del Gobierno anterior, advirtiendo sobre la invasión de competencias estatales, mala técnica legislativa y un solapamiento normativo que generaba una importante inseguridad jurídica”.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, 30 de octubre, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el decreto que regulará los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre, una actividad que hasta ahora no contaba con una normativa autonómica específica y actualizada para ordenar sus distintas modalidades, indica Presidencia del Gobierno una nota de prensa.

La nueva regulación, señala, establece un marco común para estos alojamientos y ofrece seguridad jurídica a quienes quieran desarrollar la actividad, garantizar unas condiciones adecuadas para los usuarios y ampliar las posibilidades de diversificación turística del archipiélago.

El decreto, detalla, contempla cinco modalidades: campings; áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares; áreas de pernocta para estos vehículos; áreas de acampada en edificaciones rurales aisladas, y alojamientos turísticos singulares, como las yurtas o las cabañas en árboles.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explica que “la norma permitirá ordenar esta modalidad turística, diversificar la oferta de las islas y responder a una demanda creciente, con garantías de sostenibilidad, calidad de los servicios y seguridad jurídica”. 

Cada modalidad, se apunta en la nota, tendrá sus propios requisitos de funcionamiento, instalaciones y servicios, adaptados a sus características. El decreto fija condiciones de higiene, abastecimiento de agua, gestión de residuos, seguridad y accesibilidad. Además, incorpora sistemas de clasificación para los campings y las áreas de acampada de autocaravanas.

La norma también diferencia entre estacionar una autocaravana y acampar. Las áreas de pernocta estarán destinadas al descanso y permitirán una estancia máxima de 72 horas. El estacionamiento seguirá sujeto a las normas de tráfico y a las restricciones que se apliquen en cada lugar.

La regulación, prosigue, también abre nuevas posibilidades para diversificar la oferta turística en el medio rural con alojamientos vinculados a determinadas edificaciones y actividades agrícolas, ganaderas o tradicionales. También contempla alojamientos turísticos singulares, siempre que su instalación esté permitida por el planeamiento urbanístico y cumpla los requisitos establecidos.

Para poner en marcha estos establecimientos, agrega, los promotores deberán presentar una declaración responsable ante el Cabildo Insular correspondiente y contar con las licencias y autorizaciones que exija la normativa urbanística, ambiental y de seguridad. La regulación no permite instalar estos alojamientos en cualquier terreno ni habilita automáticamente nuevos espacios para su uso turístico.

Los alojamientos que ya estén en funcionamiento, indica, tendrán cinco años para adaptar sus instalaciones y servicios a la nueva normativa. Además, los municipios que aún no cuenten con este tipo de oferta podrán habilitar zonas de forma temporal, siempre que cumplan los requisitos previstos en la norma.  

La nueva regulación entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Durante ese periodo, la Consejería de Turismo y Empleo, a través de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, recorrerá las islas para explicar el contenido del decreto y resolver dudas, tanto a las administraciones públicas como al sector privado.

De León destaca que este plazo permitirá dar a conocer una norma pionera en Canarias, aportar seguridad jurídica a los usuarios y ofrecer un marco claro para que las administraciones y los emprendedores puedan poner en marcha nuevas iniciativas de alojamiento turístico al aire libre.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, 30 de octubre, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, la modificación del Decreto ley 3/2026, de 6 de abril, que contempla ayudas extraordinarias por importe de 3,6 millones de euros para compensar el incremento de los costes de producción que soportan los profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, con especial atención a los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad, indica en una nota de prensa.

Estas medidas se aprobaron inicialmente en el segundo trimestre del año, antes de la publicación del marco temporal de ayudas de la Comisión Europea en respuesta a este conflicto, que tuvo lugar el 5 de mayo. Tras analizar las condiciones establecidas en dicho marco, señala, se determinó la necesidad de acogerse al régimen europeo de ayudas de minimis, por lo que la modificación aprobada este viernes adapta su regulación a los requisitos necesarios para proceder a su concesión.

Asimismo, la reforma adecúa estas ayudas a las condiciones de financiación establecidas en el Real Decreto 639/2026, de 29 de julio, que regula la aportación estatal al Plan de impulso al sector primario canario. A estos efectos, el decreto ley autonómico adquiere la consideración de dicho plan para las ayudas que contempla, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para su financiación y gestión.

La modificación, explica, afecta a las tres líneas de apoyo previstas en la norma original para compensar el encarecimiento de los insumos agrícolas, la adquisición de piensos para la alimentación del ganado y los gastos energéticos y logísticos de la actividad pesquera. Además de su adaptación a la normativa europea y estatal, introduce ajustes en los requisitos de acceso y en los criterios de distribución de los fondos para adecuarlos a las características de las explotaciones y facilitar que estas ayudas lleguen a sus destinatarios.

Ayudas a la agricultura y la ganadería

La línea destinada a compensar el incremento del coste de los insumos agrícolas, agrega, dotada con 1,74 millones de euros, incorpora modificaciones para facilitar el acceso a un mayor número de explotaciones. Entre ellas, se actualiza la fecha de referencia para su inscripción en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC), que pasa del 31 de mayo de 2025 a la fecha de entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril de 2026. Este cambio permitirá tener en cuenta los datos registrales más recientes y favorecerá el acceso de explotaciones que tuvieron dificultades para formalizar su inscripción durante la implantación del registro.

Asimismo, se reduce de 80 a 30 euros el importe mínimo subvencionable, atendiendo a las características del sector agrario canario, en el que predominan las explotaciones de pequeñas dimensiones y la fragmentación parcelaria. La cuantía de las ayudas se determinará en función de la superficie cultivada, diferenciando entre secano y regadío, y de la isla en la que se encuentre la explotación, teniendo en cuenta los mayores costes logísticos derivados de la doble insularidad.

Para su cálculo se considerarán las tierras de cultivo y los cultivos permanentes, con un máximo de 50 hectáreas por beneficiario, excluyendo las tierras de barbecho y los pastos temporales.

Por otra parte, quedan excluidos de esta línea los insumos destinados a los cultivos de papa y tomate, cuyos sobrecostes de fertilización serán compensados mediante una ayuda específica financiada con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea.

En cuanto a las ayudas para compensar el encarecimiento de los piensos, dotadas con 1,32 millones de euros, la modificación concreta que podrán beneficiarse los titulares de explotaciones de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícolas y avícolas, con el fin de dirigir estos recursos a las especies ganaderas productoras de alimentos, conforme a la finalidad de estas medidas de apoyo al sector primario.

Las explotaciones deberán figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) a 28 de febrero de 2026, contar con el censo actualizado y disponer de un mínimo de cinco unidades de ganado mayor (UGM).

Las ayudas se distribuirán proporcionalmente a las unidades ganaderas declaradas y su cuantía se incrementará un 16% en las islas no capitalinas, para compensar los mayores costes asociados a la doble insularidad.

Apoyo al sector pesquero

La tercera línea, prosigue, dotada con 540.726 euros, está destinada a compensar los sobrecostes energéticos y logísticos de la actividad pesquera. Podrán beneficiarse los armadores de buques inscritos en el Registro General de la Flota Pesquera a la entrada en vigor del decreto ley aprobado en abril, con licencia en vigor y puerto base en Canarias.

Los fondos se distribuirán en función de los días de actividad acreditados mediante el sistema de localización de buques (VMS) o, en su defecto, a través del diario de pesca y las notas de venta, atendiendo preferentemente a los gastos de transporte y a la situación de la flota artesanal.

La ayuda podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador, respetando en todo caso los límites establecidos por la normativa europea. La modificación también elimina el criterio de vulnerabilidad contemplado inicialmente para la distribución de estas subvenciones, debido a las dificultades que plantea su concreción y aplicación.

Adaptación a la normativa europea y estatal

La aplicación del régimen europeo de ayudas de minimis, indica, establece límites a las subvenciones que puede recibir un mismo beneficiario durante un periodo de tres años. En el caso de las ayudas agrícolas y ganaderas, este límite será de 50.000 euros, mientras que para las destinadas al sector pesquero se fija en 40.000 euros.

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, señala, las personas beneficiarias deberán presentar una declaración responsable sobre las ayudas de minimis recibidas durante los tres años anteriores. Esta documentación deberá aportarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución de concesión.

Asimismo, la modificación clarifica la compatibilidad de estas ayudas con las previstas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, así como con otras subvenciones destinadas a la misma o similar finalidad, siempre que se respeten los límites de financiación y las condiciones de acumulación establecidos en la normativa aplicable.

El Centro de Restauración de Documentos Gráficos de La Palma, dependiente del Cabildo de La Palma, celebra su 25 aniversario a través de la Jornada de Conservación de Patrimonios abierta al público, una programación planteada como un espacio de encuentro entre profesionales, estudiantes y personas interesadas en la cultura, que tendrá lugar el día 13 de noviembre, viernes,en horario de mañana y tarde en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, se indica en una nota de prensa del Cabildo. 

El programa, señala, combinará ponencias, una exposición de trabajos realizados y espacios de diálogo para acercar al público distintas experiencias y formas de entender la conservación y puesta en valor del patrimonio.

La consejera insulara de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, destaca la importancia de acercar este trabajo a la ciudadanía y destaca que “esta jornada nos permite abrir el centro, mostrar parte del trabajo que realizamos y acercar a la población la importancia de cuidar los documentos que forman parte de nuestra historia”.

Durante la mañana del 13 de noviembre, se añade en la nota, profesionales vinculados a destacadas entidades culturales compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre las conexiones entre La Palma y otros espacios de conocimiento y conservación patrimonial.

La programación incluirá también una exposición de algunos de los trabajos realizados por el centro a lo largo de su trayectoria, que permitirá conocer de cerca las intervenciones y los resultados de una labor que, en muchas ocasiones, transcurre lejos de la mirada pública, pero resulta esencial para mantener vivos los documentos y testimonios del pasado.

Por la tarde se celebrarán dos tagoror, espacios de diálogo en los que profesionales y agentes culturales de la isla, en concreto, y del Archipiélago, en general, pondrán en común sus experiencias en materia de conservación, restauración y difusión del patrimonio.

Centro de Restauración de Documentos Gráficos de La Palma

Desde su apertura en 2001, explica, el Centro ha intervenido en la recuperación de documentos del Archivo General Insular y ha prestado apoyo a otras instituciones insulares y municipales para conservar sus fondos. Su trabajo también ha llegado al Museo Insular, a los archivos parroquiales y a otras entidades culturales, dentro y fuera de La Palma.

Verónica Ojeda Jiménez y Manuel Cubero Cid han desarrollado esta labor desde sus respectivas especialidades, combinando la restauración de documentos con actividades de formación y divulgación. A lo largo de estos 25 años, el Centro ha realizado más de 300 intervenciones directas y sus profesionales han participado en charlas, talleres y actividades académicas en universidades y centros de formación.

La trayectoria de la entidad ha recibido dos importantes reconocimientos. En 2021 obtuvo el Premio Internacional del CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio)  y, en 2023, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción estatal que puso de relieve el valor de su trabajo en la conservación del patrimonio documental.

Con esta jornada, se agrega en la nota, el centro quiere compartir con la ciudadanía parte de la labor que desarrolla desde hace un cuarto de siglo y ofrecer un espacio en el que especialistas y personas interesadas puedan conocer mejor este trabajo, intercambiar ideas y acercarse al patrimonio documental de La Palma.

Unidad del Pueblo Canario (UPC) en La Palma ha anunciado en un comunicado su apoyo a la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre (11N). La organización política “hace un llamamiento a la ciudadanía y a la clase trabajadora de La Palma para secundar los paros y participar activamente en las movilizaciones, con el objetivo de frenar el empobrecimiento social y exigir un giro estructural en las políticas económicas y sociales”.

Desde UPC se señala que “La Palma atraviesa una situación crítica debido a la pérdida constante de poder adquisitivo, la precarización laboral y una crisis habitacional sin precedentes que expulsa a las familias de sus propios barrios o pueblos. Esta situación, agravada por la brecha entre el alto precio de la vivienda y los salarios más bajos del Estado, está empobreciendo a gran parte de la población”.

Demandas fundamentales de UPC de cara a la jornada de huelga:

“El 11N no es solo una jornada de protesta, es una necesidad democrática para poner límites a la especulación y a la avaricia de una minoría que asfixia a las familias. La Palma necesita un modelo que priorice la vida, los salarios dignos, el derecho a la vivienda y los servicios públicos frente a los beneficios de unos pocos”, ha manifestado el candidato al Senado por UPC, Miguel Ángel Pulido.

Unidad del Pueblo Canario anima “a comités de empresa, colectivos sociales y a la mayoría social de esta isla de La Palma a confluir en esta jornada de lucha para demostrar que la fuerza de la ciudadanía es el único motor capaz de consolidar y seguir ampliando los derechos sociales y laborales”.

Asimismo, “desde UPC asumimos de forma explícita el manifiesto surgido en la asamblea del movimiento por el Derecho a un Techo celebrado en la plaza de Argual, el pasado 19 de octubre, y exigimos que las instituciones ofrezcan una respuesta colectiva ante sus reclamaciones para frenar la escasez de alquiler residencial, acabar con la inestabilidad habitacional y garantizar el arraigo de las familias. El 11 de noviembre, a la huelga para que nuestros salarios, el acceso a la vivienda y el control de los precios nos permitan vivir”, concluye.

El Cabildo de La Palma, a través del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal), ha dado luz verde al regreso a una nueva vivienda situada en el paseo Rosana Simón, en Puerto Naos, indica en una nota de prensa. Con esta incorporación, el número de instalaciones autorizadas en el citado barrio y en La Bombilla asciende a 1.253.

La decisión se adoptó en la reunión celebrada este martes 27 de octubre, después de que las mediciones de dióxido de carbono (CO2) realizadas en la vivienda confirmaran que reúne las condiciones necesarias para permitir su uso.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que esta nueva autorización es resultado del seguimiento individualizado que se realiza en los inmuebles y de la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos.

Rodríguez señala que los equipos técnicos siguen estudiando las viviendas y locales pendientes de autorización para identificar aquellos espacios que pueden recuperarse y las actuaciones necesarias en los que todavía presentan concentraciones elevadas de gases.

Actualmente, Puerto Naos cuenta con 1.185 instalaciones autorizadas y La Bombilla con 68. El último informe técnico recoge, además, 1.086 instalaciones con la documentación firmada por sus titulares.

Durante las últimas semanas, los equipos de bomberos han realizado nuevas comprobaciones en edificios y locales de Puerto Naos y en viviendas de La Bombilla, además de supervisar el funcionamiento de los sensores y las zonas que mantienen restricciones de acceso.

El dispositivo de vigilancia de los gases volcánicos del Tajogaite dispone de 1.600 sensores instalados y 220 medidores exteriores para controlar los niveles de CO2 y garantizar que las nuevas autorizaciones se concedan conforme a los criterios técnicos y de seguridad.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, visitaron este martes, 27 de octubre, la explotación ganadera de Nicolás del Valle Rodríguez, situada en Breña Alta, cuya regularización territorial y ambiental fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de septiembre, se indica en una nota de prensa del citado departamento autonómico. Esta autorización, señala, “permitirá a su propietario acometer una serie de obras de ampliación de las instalaciones para mejorar el bienestar animal y las condiciones de trabajo.

En el recorrido también participaron el alcalde de Breña Alta, Jonathan de Felipe; el consejero de Agricultura, Pesca, Bienestar Animal y Soberanía Alimentaria del Cabildo de La Palma, Alberto Paz; y el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Rodríguez. 

La explotación,  se añade en la nota, en funcionamiento desde 1998, está dedicada principalmente a la cría y reproducción de ganado bovino y cuenta actualmente con 13 cabezas de ganado de producción cárnica.

Durante la visita, Quintero destacó la importancia de la regularización territorial de las explotaciones ganaderas, “ya que proporciona seguridad jurídica a sus titulares y abre nuevas posibilidades para la mejora y modernización de sus instalaciones, así como para el acceso a las ayudas públicas destinadas a este sector”.

En este sentido, explicó que este procedimiento permite dar respuesta a las dificultades que encuentran determinadas granjas para compatibilizar las exigencias de la normativa territorial y sectorial, mediante un proceso de coordinación entre las distintas administraciones competentes.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señaló que este caso pone de manifiesto las dificultades que generan las contradicciones entre el planeamiento urbanístico y las exigencias de la normativa de bienestar animal, que afectan directamente al desarrollo de la actividad ganadera. Asimismo, reconoció “la valentía y perseverancia de esta familia, que ha luchado durante años para conseguir esta autorización”, y consideró que este logro debe servir de impulso para que las administraciones públicas continúen trabajando en la búsqueda de soluciones que permitan compatibilizar las distintas normas con la realidad social y económica del territorio.

Por otro lado, el alcalde destacó la importancia de la legalización de las fincas ganaderas, especialmente para las familias que han hecho del sector primario su vocación y forma de vida, y recordó que se trata de “una actividad necesaria porque todos comemos”. “Que Nicolás del Valle haya conseguido esta autorización es una alegría para nuestro municipio”, añadió.

La regularización de esta explotación, se apunta en la nota, se enmarca en el plan de legalización territorial y ambiental impulsado por la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, dirigido a las instalaciones ganaderas en activo ejecutadas antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable, y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley 6/2009, de 6 de mayo. 

Por su parte, Nicolás del Valle explicó que esta autorización le permitirá acometer distintas actuaciones para mejorar las condiciones de sus instalaciones y trabajar con mayor comodidad, entre ellas la ampliación y el refuerzo de la cubierta, así como el cerramiento de parte de las instalaciones para proteger al ganado frente a episodios de viento y precipitaciones intensas y garantizar así que los animales se encuentren en condiciones óptimas durante las épocas de lluvias.

El ganadero aludió a la importancia de mantener y poner en valor la producción ganadera local y manifestó su ilusión por que su hija pueda dar continuidad a la actividad familiar, asegurando así el relevo generacional, un reto que afronta el sector primario europeo, muy envejecido.

Durante la visita, se hizo entrega al propietario de la placa acreditativa de la regularización territorial y ambiental de la explotación.

La candidata de Coalición Canaria La Palma al Senado, Miriam Perestelo, reclama que la bonificación del 60% del IRPF para la isla “tenga carácter indefinido y se mantenga tanto tiempo como sea necesario para impulsar la economía de la isla”. “Debe quedar anclada y protegida dentro de la Ley del IRPF para que no se siga utilizando desde Madrid como un arma de negociación política”, informa en nota de prensa.

Perestelo recuerda, en este sentido, que “el PSOE siempre ha estado en contra del 60% y solo ha votado a favor cuando ha necesitado el voto de Coalición Canaria para algo”. “Por eso van aprobando la bonificación de año en año. Y es lamentable, porque se están cargando la principal ventaja que tiene esta medida, que es darle a la gente la seguridad de que, mes a mes, va a tener en su nómina o en su pensión un poco de dinero extra que pueden invertir o gastar en negocios locales”.

“De hecho, a poco más de dos meses para que acabe el año, el Gobierno de España sigue sin confirmar si habrá o no bonificación del IRPF para 2027. Para ellos esto es un juego, pero para nosotros, los palmeros y las palmeras, es nuestra garantía de poder salir adelante; es el presente y el futuro; es el incentivo que necesitamos, por ejemplo, para que los médicos especialistas que necesita el Hospital quieran venir a trabajar y vivir en La Palma; para que a los profesionales especializados que necesitamos les sea rentable ejercer su profesión en la isla; para incentivar el consumo y que las empresas locales sobrevivan y crezcan o para que nuestros jóvenes que salen a estudiar fuera encuentren alicientes para volver y ejercer aquí su profesión”, recalca Miriam Perestelo.

La candidata al Senado advierte que “no se puede dejar la recuperación social y económica de La Palma en manos de los intereses políticos, en cada momento, de los grandes partidos nacionales”. “A ninguno, ni a la izquierda ni a la derecha, les interesa lo que pasa en la isla. Unos no cumplen sus compromisos y los otros solo hablan de recortar derechos y ayudas. Por eso, ahora más que nunca, es tan importante que La Palma y Canarias tengan una representación fuerte allí donde se van a tomar las decisiones que nos afectan”, insiste.

Unidad del Pueblo Canario (UPC) en La Palma, en una nota de prensa., ha comunicado la elección de Miguel Ángel Pulido como su candidato al Senado en representación de la isla para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, a la que acompañarán como suplentes M. Angustias Rodríguez García y Javier Hernández San Blas, indica en una nota de preensa.

La decisión, señala, ha sido respaldada por la coordinadora insular de la coalición, que apuesta por “una figura con el aval de una demostrada capacidad en la gestión pública y un profundo conocimiento de la realidad social y económica de la isla y de Canarias para defender los intereses de La Palma en la Cámara Alta, un territorio afectado por la doble insularidad que requiere de un apoyo legislativo prioritario y diferenciado en Madrid”.

Miguel Ángel Pulido, añade, cuenta con “una dilatada experiencia en el ámbito de la política local y canaria. Durante su trayectoria pública, Pulido se ha distinguido por su defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la transparencia institucional y la necesidad de un cambio real en el modelo socioeconómico de la isla, denunciando el inmovilismo de las formaciones tradicionales y los sucesivos pactos de gobierno que no han traducido su gestión en mejoras tangibles para la ciudadanía”.

Con esta designación, Unidad del Pueblo Canario busca “consolidar una alternativa nacionalista y de izquierda de cara a los comicios, posicionando la defensa del interés general de Canarias y las necesidades estructurales de La Palma en el centro de la agenda política, apostando por la diversificación económica y la creación de empleo estable y bien remunerado, especialmente para nuestra juventud”.

Miguel Ángel Pulido ha manifestado “asumir esta responsabilidad con un profundo compromiso” hacia los hombres y mujeres de La Palma. Es hora de que nuestra isla tenga una voz en el Senado, una voz que hable a favor de los intereses reales del pueblo canario, que exija de forma decidida la defensa del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas, las infraestructuras sociosanitarias o el derecho efectivo a un techo para poder vivir con dignidad“ como elementos centrales de sus propuestas.

Asimismo plantea la necesidad de seguir desarrollando “políticas de igualdad y un plan integral de recuperación” de la isla que ponga por delante “el bienestar de las mujeres y hombres de La Palma frente a los intereses partidistas que llevan años bloqueando nuestro avance”. Se trata de “defender a la mayoría social, a la gente de a pie”, ha remarcado.

Desde la coordinadora insular de UPC destacan que “la candidatura de Pulido encarna los valores de experiencia, cercanía y combatividad necesarios para fiscalizar e impulsar políticas estatales que corrijan el histórico déficit de inversión y atención que sufren las islas no capitalinas, como es el caso de La Palma, así como nuestro índice de pobreza que alcanza al 38% de la población, el mayor de Canarias, los bajo salarios y la falta de acceso a una vivienda asequible”.

El PSOE de La Palma presentó este lunes a sus candidatos al Senado y al Congreso de los Diputados, Kilian Sánchez y Sergio Matos, para las próximas elecciones general del 29 de noviembre, en un acto celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de La Palma, donde coincidieron en recalcar que “la Isla necesita políticas que sumen y no recorten como pretende la pinza PP -VOX”, informa el partido en nota de prensa.

Sergio Matos y Kilian Sánchez defendieron en sus intervenciones que las próximas elecciones generales son “trascendentales” para el conjunto de la nación pero también para La Palma, “ya que nos jugamos seguir avanzando en derechos y libertades o retroceder; crecer en igualdad y justicia social o que se imponga un modelo que promoverá la desigualdad y la exclusión social; defender el interés general ante quienes procuran el de unos pocos, y garantizar, en definitiva, el Estado de Bienestar frente a los que pretenden llevárselo por delante ”.

Kilian Sánchez destacó la importancia que ha tenido para La Palma contar esta legislatura con un Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez, que “ha cumplido con la Isla”. “Desde el Senado, he trabajado de forma coordinada con el Gobierno para sacar adelante los compromisos con la Isla, especialmente aquellos que están vinculados con la reconstrucción, pero también con otros retos como la mejora de las comunicaciones de La Palma o su dinamización económica”.

“Es fundamental que sigamos trabajando en esta línea la próxima legislatura, ofreciendo certezas a la sociedad palmera, frente a quienes solo generan incertidumbre no solo al proceso de reconstrucción sino también a cuestiones tan sensibles para nuestra isla como las pensiones”, añade el candidato al Senado.

En este sentido, Kilian Sánchez señala que “la pinza entre el PP y su socio preferente VOX dejan en el aire el sistema público de pensiones, que afecta a un porcentaje importante de la población de la Isla. En La Palma hay alrededor de 15.000 personas con pensiones, que suponen el 17,5% de la población insular, que han visto incrementadas sus pensiones considerablemente”.

“Frente a nuestro compromiso, el PP y VOX pretenden un sistema mixto o privatizado de pensiones, alegando que es insostenible el actual modelo, cuando la realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha contribuido a contar con 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para garantizar este derecho de las personas que se lo han ganado con el sudor de su frente y que ahora la derecha y la extrema derecha se quieren llevar por delante”.

El candidato socialista al Senado señala que “nuestra preocupación no acaba aquí, ya que otras medidas de calado para la Isla, con la alianza de las derechas, están riesgo”. En este sentido se refirió “a la bonificación del 60% del IRPF, cuyo decreto rechazó VOX en el Congreso de los Diputados”.

“La alianza entre PP y VOX pone en riesgo el 60% del IRPF para La Palma. Una medida que ha sido posible gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y a la labor del ministro canario, Ángel Víctor Torres, que ha sido, sin duda, el principal aliado de nuestra Isla en uno de los momentos más críticos de su historia, con la erupción volcánica”, dice.

Kilian Sánchez destacó también “las mejoras alcanzadas esta legislatura en una materia tan estratégica para un territorio insular, como son las comunicaciones”. En este sentido se refirió, en primer lugar, “al anuncio reciente de la próxima aprobación de la Obligación de Servicio Público para los vuelos entre las Islas Verdes realizado por Ángel Víctor Torres”.

“También se ha conseguido la ampliación de los horarios del Aeropuerto de La Palma y un plan de inversiones de cerca de 90 millones de euros, recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que supondrá mejoras sustanciales en las instalaciones de Villa de Mazo para el período 2027 – 2031”, apostilló el candidato.

Sergio Matos, por su parte, puso el acento en la importancia de “un Gobierno de progreso que cumple con La Palma”. En esta línea destacó la aportación “vital del Gobierno de Pedro Sánchez al proceso de reconstrucción del Valle de Aridane”.

El candidato al Congreso detalló que, a fecha de hoy, “son 1.600 millones de euros los aportados a la recuperación de la Isla por el Gobierno de España, que dan fe de que nos encontramos ante un Ejecutivo que ha cumplido con esta situación excepcional que le ha tocado vivir a La Palma y estoy convencido de que los seguirá haciendo”.

“Cumplir, dar certeza y confianza a la ciudadanía es fundamental en una isla como la nuestra, que se vio sacudida por un volcán hace poco más de un lustro, mientras la confluencia de las derechas de nuestro país solo genera incertidumbre, poniendo en entredicho aspectos tan centrales como las pensiones, la defensa de los servicios públicos o la bonificación del 60% del IRPF”, apostilló Sergio Matos.

En este sentido, el candidato al Congreso valoró las políticas sociales desarrolladas por el Gobierno de España, que han “representado un escudo para quienes más lo necesitan, implementando políticas de inversión pública frente a los recortes con los que el PP ha afrontado las crisis”.

“No es casualidad que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado ocho subidas del Salario Mínimo Interprofesional desde 2018, con un incremento del 66% en relación a la citada anualidad, y que ha beneficiado a multitud de trabajadores y trabajadoras de La Palma”.

Sergio Matos puso el acento en la dependencia. “El PSOE no solo puso en marcha la legislación que ha posibilitado el cuarto pilar del Estado de Bienestar, sino que en esta legislatura ha incrementado la aportación hasta 228 millones de euros para Canarias”.

Asimismo, lamentó que “las políticas del Gobierno de Canarias, que han ido en contra de la Ley de Vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, han impedido a las Islas acceder a fondos para hacer frente a una de las principales problemáticas que sufre la sociedad canaria y palmera, como es la falta de vivienda”.

“Es muy significativo que en la isla de La Palma, a fecha de hoy, siga sin entregarse una sola vivienda por el actual Gobierno de Canarias a pesar de la situación crítica que vivió esta tierra con la erupción volcánica, cuando el Ejecutivo del Pacto de las Flores logró entregar 300 en menos tiempo. Ni siquiera, quienes iban a sacar de forma inmediata las casas modulares, han sido capaces de desmantelarlas pasados más de tres años gobernando”. 

Del mismo modo, cuestionó “el compromiso con el campo palmero del Gobierno de CC y el PP en Canarias, con un modelo de reconstrucción agrícola que se está demostrando que está siendo un caos, abonado por políticas que priorizan cualquier otro interés menos el de los agricultores de La Palma”.

Matos no quiso pasar por alto “el nuevo modelo de financiación autonómica que ha sacado adelante el Gobierno de España, con un papel protagonista del ministro Ángel Víctor Torres, que representan más de 1.300 millones adicionales para las Islas”.

“No olvidemos que el Partido Popular se opone a este modelo. Tanto es así que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, del PP, no acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se aprobó esta medida”, apostilló.

“Tenemos, por tanto, una opción que rema en favor de La Palma y de Canarias y otra que hace lo imposible por ponérselo difícil especialmente a quienes peor lo están pasando”, sentenció el secretario general del PSOE, Borja Perdomo, que acompañó a los candidatos en la presentación, junto a otros responsables de la dirección socialista palmera.

Perdomo agradeció el paso dado por Kilian Sánchez y Sergio Matos para representar a la isla de La Palma en las Cortes Generales. “Estoy convencido de que la sociedad palmera va a dar el máximo respaldo a las candidaturas socialistas porque anteponen el bienestar del conjunto de la sociedad palmera frente al de unos pocos; son la garantía de la defensa y promoción de los servicios públicos y van a dar lo mejor de sí para que La Palma siga avanzando”, concluyó.

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha convocado para el próximo día 29 a la Comisión Mixta de Afectados de Costas para presentar el borrador de la futura ley y dar a conocer las líneas de trabajo previstas para su desarrollo, se indica en una nota de prensa de la Consejería de Obras Pública, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

La convocatoria permitirá que los colectivos afectados por la legislación estatal de costas conozcan el documento antes de avanzar en su tramitación. La Dirección General quiere impulsar un proceso proactivo, que facilite el diálogo con los interesados y permita recoger sus opiniones desde las primeras fases de elaboración de la norma.

Un proceso abierto a los colectivos afectados

La Dirección General, señala, desarrollará una acción específica durante el periodo de exposición pública para facilitar que la ciudadanía pueda conocer el borrador y trasladar sus consideraciones. Este trabajo prestará especial atención a las personas y colectivos directamente afectados por la normativa de costas, con el objetivo de que sus necesidades sean tenidas en cuenta en la elaboración del texto.

Asimismo, añade, se abrirá la posibilidad de que las asociaciones y colectivos que lo soliciten de manera conjunta puedan incorporarse a la Comisión Mixta. La medida, explica, busca ampliar este espacio de diálogo y favorecer que las distintas realidades del litoral canario estén representadas durante el proceso.

Antonio Acosta ha destacado que “es prioritario que los afectados sean los primeros en conocer el borrador y puedan opinar sobre él. Queremos que la Dirección General tenga una actitud proactiva, facilitando que los colectivos participen y que cualquier asociación que lo solicite de forma conjunta pueda estar presente en la Comisión. Estamos convencidos de que escuchar a quienes conocen de primera mano esta realidad enriquecerá el documento y nos permitirá avanzar hacia la ley de costas que queremos para Canarias.

El PSOE lamenta que las comunidades de los colegios de Todoque y Los Campitos sigan “sin recibir respuesta del Cabildo ni del Gobierno canario”, destaca en una nota de prensa. Borja Perdomo, portavoz del Grupo Socialista, señala que “es descorazonador comprobar que desde el Cabildo no se haya impulsado una respuesta por parte de Educación a la inquietud que viven las familias de sendos centros”,

El PSOE, se apunta en la nota, ha mostrado su indignación ante “la ausencia de voluntad tanto del Cabildo de La Palma como de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de trabajar para dar certezas a las comunidades educativas de los colegios de Todoque y Los Campitos, que desaparecieron con la erupción volcánica y que pasados más de cinco años siguen sin recibir respuesta de sendas administraciones”.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista, Borja Perdomo, tras conocer que ni por parte del Cabildo ni del Gobierno de Canarias han puesto de su parte para despejar el futuro de sendos centro educativos y poner fin, de una vez, a la incertidumbre en que se encuentran las familias.

“Es descorazonador que la única respuesta que encontremos por parte del Cabildo es que los representantes de las comunidades educativas van a acudir al Parlamento de Canarias para interpelar al consejero de Educación sobre esta situación, en lugar de encontrar una actitud más activa por parte de quienes se supone que tienen que defender los intereses de la ciudadanía palmera”.

“Es verdad -prosiguió el consejero- que tampoco nos extraña mucho ya que la comunidad del colegio de La Laguna tuvo también un largo período de espera y que soportar una absoluta falta de empatía, hasta el punto de que tuvieron que llegar también al Parlamento de Canarias para reclamar que se reconstruyera el centro”,

Perdomo recuerda que a propuesta del Grupo Socialista, en el mes de junio pasado, se aprobó una moción en el Cabildo de La Palma, por el que se comprometía en favor de hallar una solución definitiva, digna y adaptada a las necesidades reales de estos alumnos y alumnas. Así como establecer un calendario claro de actuaciones y financiación“.

El consejero del PSOE señala que se trata de una cuestión de justicia que las familias reciban de una vez respuestas después de más de cinco años de la erupción volcánica. 

“Se lo debemos a este alumnado, sus familias y al profesorado de sendos centros que han mostrado una gran comprensión y responsabilidad. Por respeto a todos ellos no podemos dilatar más una respuesta”, concluyó.

La Palma acogerá del 27 al 30 de octubre las 39.ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común bajo el lema ‘Abriendo las puertas al futuro de la vivienda’, indica en una nota de prensa. El encuentro reunirá al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y a las personas titulares de las defensorías autonómicas para abordar “uno de los principales desafíos sociales actuales: garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada”, señala.

El momento central,  añade, tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, cuando las personas titulares de las defensorías se reúnan en el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos para debatir las conclusiones del trabajo de coordinación desarrollado durante el último año, con el propósito de consensuar una resolución conjunta sobre el derecho subjetivo a la vivienda.

La celebración de estas Jornadas en Canarias y la elección de la vivienda como tema central, explica, se acordaron en el anterior encuentro de coordinación, celebrado hace un año en Aragón. Desde entonces, las defensorías “han trabajado conjuntamente para analizar las dificultades existentes y compartir planteamientos que permitan avanzar en la protección de este derecho”.

De un derecho reconocido a un derecho exigible

El derecho subjetivo a la vivienda,  agrega, “supone que, cuando una persona cumple los requisitos establecidos por la legislación, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, pueda exigir a la Administración una solución habitacional. Según el modelo legal aplicable, esta respuesta puede consistir en el acceso a una vivienda o en una prestación económica que permita atender sus necesidades de alojamiento”.

La diferencia “es fundamental: no se trata únicamente de solicitar una vivienda o una ayuda y permanecer en una lista de espera, sino de contar con un derecho que permita reclamar a la Administración la respuesta prevista legalmente cuando se cumplen las condiciones para recibirla”.

Para la diputada del Común, Lola Padrón, este planteamiento exige “un cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda. No basta con modificar las leyes si las administraciones no adaptan también su funcionamiento para garantizar los derechos que reconocen”, se apunta en la nota.

Esto implica “superar un modelo centrado fundamentalmente en los registros de demandantes y la concesión de subvenciones, para avanzar hacia una atención integral, con procedimientos claros, oficinas de vivienda capaces de acompañar a las personas, coordinación entre administraciones y recursos suficientes para ofrecer soluciones efectivas”.

Entre las prioridades que plantea la Diputación del Común “figura también reforzar la protección de las personas en riesgo de desahucio, recuperando mecanismos de colaboración institucional que faciliten la asistencia jurídica gratuita y una respuesta coordinada de los servicios públicos”.

La experiencia del País Vasco, prosigue, “donde se han desarrollado mecanismos para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, constituye una referencia para analizar cómo trasladar este modelo a otras comunidades autónomas”.

Padrón ha impulsado la celebración de este encuentro en Canarias para dar continuidad al trabajo conjunto de las defensorías y contribuir a que sus conclusiones se traduzcan en recomendaciones y propuestas dirigidas a mejorar la actuación de los poderes públicos.

El manifiesto que se abordará en La Palma pretende recoger “una posición compartida de las defensorías sobre las medidas necesarias para avanzar en la garantía efectiva del derecho a la vivienda. Su contenido definitivo se dará a conocer una vez concluida la reunión de titulares”.

Siete mesas técnicas para abordar los desafíos de la vivienda

Las Jornadas continuarán los días 29 y 30 de octubre en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, con siete mesas técnicas que reunirán a especialistas en derecho, urbanismo, vivienda y atención social, junto con representantes de las defensorías y distintas entidades.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 29 de octubre, a las 9:00 horas, con la participación de Lola Padrón; Ángel Gabilondo; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

Durante las dos jornadas se analizarán el alcance jurídico del derecho subjetivo a la vivienda, la emergencia habitacional, la disponibilidad de suelo, el incremento del parque público y el papel de las entidades sociales en la búsqueda de soluciones residenciales.

El programa también abordará la relación entre vivienda y salud mental e incorporará la participación de diez niños, niñas y adolescentes de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, que aportarán su visión sobre el derecho a una vivienda digna.

Las sesiones técnicas podrán seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Diputación del Común y de La Palma TV, facilitando el acceso de la ciudadanía a los debates.

Las Jornadas concluirán el viernes 30 de octubre, a las 14:00 horas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno publicará este viernes la obligación de servicio público (OSP) en la conexión aérea entre La Palma, La Gomera y El Hierro, una de las principales reivindicaciones de estas islas para garantizar la frecuencia de vuelos directos.

“Hoy mismo me ha dicho el secretario de Estado de Transportes que vamos a hacer la publicación de una obligación de servicio público de conexión aérea entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro”, ha avanzado el ministro Torres en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum'.

Y es que Torres ha recordado su renuncia a integrarse en las listas del PSOE para el Congreso en las elecciones generales porque tiene intención de volcarse en su candidatura a la Presidencia de Canarias del próximo año.

Por ello, ha reivindicado su labor en el Ministerio de Política Territorial, ya que, bajo su punto de vista, ha repercutido en mejoras para Canarias, como la reforma de la Ley de Extranjería, el Régimen Económico y Fiscal o la financiación autonómica, entre otros aspectos.

“Cuando yo me siento con el actual presidente de Canarias que será mi rival político, yo solo veo que tenemos que defender cosas comunes para nuestra tierra”, ha añadido el ministro Torres.

En cualquier caso, Torres ha agradecido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haber tenido el “honor” de pertenecer al Gobierno, “con todas las vicisitudes y momentos complicados”: “Creo que hemos hecho un buen trabajo y así lo va a reconocer la historia”.

“España es mucha más que Madrid”

El ministro también se ha pronunciado sobre el regreso a España de los dirigentes independentistas Toni Comín y Lluís Puig tras la aplicación de la amnistía, poniendo en valor la “normalidad constitucional” en Cataluña. “Nuestro país es distinto (...) España es mucho más que Madrid”, ha proclamado Torres.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos', Torres ha pedido que se manifiesten los tribunales ante la cita electoral del 29 de noviembre porque “se le va a retirar un derecho a quien lo tuvo”.

Del mismo modo, el ministro ha cargado contra el presidente de Ceuta, Juan Vivas, al entender que ha habido un “cambio” en su postura por las recientes elecciones y ha acusado al exjefe del Ejecutivo José María Aznar de encender la “mecha social” cuando acudió a la ciudad autónoma.

El Cabildo de La Palma ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas dirigidas a empresas pesqueras de la isla, destinadas a sufragar gastos vinculados al desarrollo de su actividad, tal como se publicó este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, informa en una nota de prensa.

Las subvenciones, señala, contemplan una cuantía máxima de 17.000 euros por empresa pesquera. En caso de que exista crédito disponible después del reparto inicial, las empresas con embarcaciones de más de diez toneladas de arqueo bruto (GT) podrán recibir hasta 25.000 euros, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señala que la pesca forma parte de la actividad económica de nuestra isla y requiere una atención específica por las condiciones en las que trabajan sus profesionales. “Estas ayudas están dirigidas a contribuir a los gastos que deben afrontar las empresas para desarrollar su actividad”, explica.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Paz, detalla que la convocatoria contempla distintos gastos relacionados con la actividad pesquera y establece un procedimiento de reparto en función de las solicitudes que se presenten y del crédito disponible.

Las ayudas corresponden a gastos realizados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En los supuestos en los que se amplíe la cuantía máxima de la subvención, el importe adicional deberá destinarse primero a cubrir costes de Seguridad Social y, posteriormente, otros gastos corrientes de explotación derivados de la actividad pesquera.

La distribución de los fondos se realizará de manera proporcional al presupuesto aprobado de cada solicitud y al crédito disponible, respetando los límites establecidos en la convocatoria.

Las empresas interesadas disponen de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio para presentar su solicitud y la correspondiente justificación de los gastos. La documentación y las condiciones de la convocatoria pueden consultarse en la sede electrónica del Cabildo de La Palma.

El Grupo Socialista del Cabildo de La Palma ha mostrado “su preocupación ante el frenazo realizado por Coalición Canaria al frente de la institución insular para seguir dando pasos hacia una isla cardioprotegida”, indica el PSOE en una nota de prensa.

Así lo puso de manifiesto en pleno la consejera socialista Jordana Rodríguez, quien lamentó que el área de Seguridad y Emergencias, que dirige Darwin Rodríguez, “no haya sido capaz de realizar ninguna actividad de concienciación y formación en reanimación cardiopulmonar con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca”.

“Cuando entramos en la recta final del mandato, la Consejería de Seguridad y Emergencias sigue sin realizar avances reales en cuestiones de tanta importancia como la dotación de nuevos desfibriladores en espacios públicos, así como la regulación de su uso y mantenimiento. Carencias que se suman al ya mencionado abandono de las actividades de concienciación con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca”. De ahí que, se añade en la nota, instara a que se avanzara en estas medidas.

Jordana Rodríguez recordó que “actuar en los primeros minutos ante una parada cardíaca puede salvar vidas”. “En La Palma, la orografía y la dispersión de las zonas rurales pueden dificultar la llegada de los servicios de emergencia, por lo que resulta esencial contar con una población que sepa cómo actuar y con desfibriladores accesibles y en condiciones de uso”, agregó.

La consejera del PSOE instó al Cabildo a que, a través de la Consejería de Emergencias, “vuelva a ser el impulsor de una isla cada vez más preparada y cardioprotegida, promoviendo que toda la población tenga conocimientos básicos para ayudar ante una emergencia”.

“Pedimos -prosiguió- recuperar y potenciar las actividades de concienciación y formación práctica en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores, contando con profesionales y voluntariado y dando continuidad a estas iniciativas durante todo el año”.

Recalcó, por último, que “esta formación debe ser sencilla, práctica y adaptada a todas las edades, desde los más pequeños hasta las personas mayores, para que cualquiera pueda reconocer una emergencia, pedir ayuda y realizar actuaciones básicas que pueden salvar una vida”.

El Partido Popular de Canarias presenta sus candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, “una cita electoral primordial para el futuro de España y de Canarias. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir el rumbo político del país y apostar por un proyecto de cambio, estabilidad y progreso”, informa en nota de prensa.

El PP concurre a estos comicios con “un equipo de hombres y mujeres preparados para defender los intereses de las Islas en las Cortes Generales, candidatos que aportan experiencia, capacidad de trabajo, ilusión renovada y ganas de contribuir a mejorar la vida de los canarios. Las listas combinan el conocimiento de la realidad del Archipiélago, el compromiso con la ciudadanía y la determinación para afrontar los desafíos económicos, sociales y territoriales de España y de Canarias”.

Bajo el lema de campaña ‘Por fin’, el Partido Popular quiere “trasladar un mensaje de esperanza y confianza en el futuro”. Su objetivo es “impulsar una nueva etapa política que responda a las necesidades reales de las familias, los trabajadores, los autónomos, las empresas y los jóvenes, y en la que Canarias tenga la voz y el peso que merece”.

El PP considera que estas elecciones “representan una oportunidad fundamental para reforzar la presencia de las Islas en las instituciones nacionales, defender sus singularidades y reclamar soluciones a los principales retos del Archipiélago: la financiación, las infraestructuras, la vivienda, el empleo, la conectividad, los servicios públicos y la atención a los colectivos más vulnerables.”

Candidaturas al Congreso

La candidatura del Partido Popular por la provincia de Las Palmas estará encabezada por Sergio Ramos Acosta, con María Teresa Ortega Granados en el segundo puesto y Guillermo Mariscal Anaya en el tercero.

La lista completa al Congreso por Las Palmas es la siguiente:

1. Sergio Ramos Acosta.

2. María Teresa Ortega Granados.

3. Guillermo Mariscal Anaya.

4. Clara Mercedes Peña Pérez.

5. Jeziel Martín Arrocha.

6. Olga Palacios Pérez.

7. José Vicente Calero Saavedra.

8. Lorena Martín Cabrera.

Como suplentes figuran Carlos Da Mata Martín, María del Mar Amador Montesdeoca y Marcos Alejandro Rufo Torres.

Por su parte, la candidatura popular al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife estará encabezada por Gustavo González de Vega, con María Noelia González Daza en el segundo puesto y Borja Pérez Sicilia en el tercero.

La lista completa al Congreso por Santa Cruz de Tenerife es la siguiente:

1. Gustavo González de Vega.

2. María Noelia González Daza.

3. Borja Pérez Sicilia.

4. Raquel Martín Castro.

5. Adrián Delgado Rodríguez.

6. Damaris Ferraz Martín.

7. Jorge Iván Negrín Méndez.

Como suplentes figuran Ana Cristina Casañas Padrón, Luis Sierra Ladrero y Anais Goya Goya.

Candidaturas al Senado

El Partido Popular presenta también sus candidaturas al Senado con representantes de las distintas islas. El objetivo es defender los intereses de cada territorio y garantizar que las necesidades específicas de Canarias tengan una presencia activa en la Cámara Alta.

Los candidatos titulares al Senado son:

● Gran Canaria: Carlos Sánchez Ojeda

● Tenerife: Inés Vera Goya

● Lanzarote: José Francisco Hernández García

● Fuerteventura: María Esther Hernández Marrero

● La Palma: Jacob Qadri Hijazo

● La Gomera: Héctor Armando Bencomo Bayoll

● El Hierro: Inés del Hierro Lías

El PP de Canarias afronta esta convocatoria electoral “con la convicción de que el Archipiélago necesita una representación fuerte, cercana y comprometida en las Cortes Generales. Sus representantes defenderán las demandas de las Islas y trabajarán para que las oportunidades de progreso lleguen a todo el territorio”.

El próximo 29 de noviembre será “una fecha determinante para decidir el futuro de España y el papel que Canarias quiere desempeñar en él. Por eso, el PP hace un llamamiento a la participación y a la confianza en un proyecto que sitúa a las personas en el centro de sus prioridades y que apuesta por un Archipiélago con más oportunidades, mayor atención institucional y una voz firme en las decisiones que afectan a su presente y a su futuro”.

“Por fin, Canarias puede mirar al futuro con ilusión, ambición y confianza en un proyecto preparado para trabajar por todos”, concluye.

El Cabildo de La Palma apoya la recuperación de la venta de carne de razas autóctonas de la isla, una iniciativa de la Asociación de Criadores de Vacuno de Raza Palmera (Avapal) que busca acercar estos productos a los consumidores y ofrecer nuevas oportunidades al sector ganadero, indica en una nota de prensa.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, señala que “detrás de cada raza autóctona hay generaciones de ganaderos que han conservado una parte de nuestra identidad”. “Su futuro depende también de que quienes se dedican a criarlas puedan vivir de su trabajo y encuentren un mercado para sus productos”.

Rodríguez añade que la ganadería tradicional representa también “una forma de entender nuestra relación con el territorio, de mantener vivas nuestras tradiciones y de garantizar que las nuevas generaciones encuentren motivos para seguir dedicándose a este oficio”.

El consejero insular de Agricultura, Alberto Paz, destaca la importancia que tiene para el sector recuperar esta vía de comercialización. “Queremos que los ganaderos y las ganaderas tengan más oportunidades para dar salida a sus productos y que el esfuerzo que hacen para mantener las razas autóctonas tenga también un reconocimiento en el mercado”, señala.

“Conservar estas razas pasa por garantizar que su crianza siga siendo rentable. Es una forma de apoyar a quienes se dedican a la ganadería y de favorecer que su trabajo tenga continuidad en el futuro”, añade Paz.

La iniciativa, se apunta en la nota, se puso en marcha con la previsión de comercializar carne de dos animales antes de finalizar 2026. Esta cifra ya se ha superado al alcanzar los cinco animales. Actualmente, la carne se encuentra a disposición de los consumidores en la carnicería El Llanito.

Desde el Cabildo se reconoce el trabajo desarrollado por Avapal para recuperar esta vía de comercialización, que “contribuye a dar mayor visibilidad a la producción ganadera local y abre nuevas oportunidades para las explotaciones dedicadas a la cría de razas autóctonas”.

La formación política Contigo La Palma reclama al Gobierno de Canarias que aplique “con total rigor las bases de la Ley de Aguas en el futuro Reglamento del Dominio Público” de este recurso, destaca en una nota de prensa. Señala que

ha presentado alegaciones al anteproyecto de decreto territorial con el que se pretende aprobar el Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, sometido a información pública por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo regional.

El partido presidido por Javier Gutiérrez Taño apoya el mencionado borrador y lo considera “un avance en la dirección correcta”. Por lo tanto, las alegaciones ya registradas “no buscan frenarlo, sino reforzarlo”. “Pedimos a la Administración autonómica que no ignore la ley canaria ni la española ni la europea”, subrayó la misma fuente.

La Ley de Aguas de Canarias de 1990, se apunta en la nota, dio un plazo máximo de cincuenta años a los aprovechamientos inscritos como aguas privadas. Ese plazo, añade, vence en 2040 y, a partir de ese año, quien quiera seguir explotando el agua deberá hacerlo mediante una concesión administrativa. Contigo La Palma quiere y apuesta por que esa fecha sea un cierre definitivo, y que los años que quedan hasta alcanzarlo no se usen para esquivar el control público.

Las cinco propuestas concretas, se detalla en la nota, son:

“1) Ninguna prórroga después de 2040. El reglamento debe prohibir de forma expresa cualquier prórroga, moratoria o ”continuidad provisional“. Quien no tenga concesión en esa fecha, deberá terminar las extracciones, y el agua volverá a la administración hidráulica.

2) Obras grandes, solo con concesión. Las reperforaciones o prolongaciones importantes de pozos y galerías privados solo deberían autorizarse si el titular pide a la vez pasar al régimen de concesión pública.

3) Contadores en tiempo real, para todos y ya. Todos los pozos y galerías, también los de heredamientos y comunidades de aguas, deberían instalar telemedidas en un plazo fijado por el reglamento que sea improrrogable. La Administración tiene que saber cuánta agua tiene el sistema y cuánta se extrae.

4) Transparencia obligatoria en los heredamientos. La ley canaria los considera corporaciones de derecho público y exige que su estructura sea democrática. Si no rinden cuentas ante el Consejo Insular de Aguas, esta debería ser una infracción grave.

5) Desalación agrícola solo donde haga falta. La desalación es necesaria en Canarias, pero es más cara y genera salmuera, aparte de un alto consumo energético. Por eso, debería autorizarse para riego solo cuando el Plan Insular Hidrológico acredite que el agua de pozos, galerías, nacientes y presas no basta para cubrir la demanda“.

“El anteproyecto de decreto mencionado va bien encaminado, pero lo que pedimos es que no deje ninguna puerta abierta a no respetar los plazos fijados por la Ley de Aguas de Canarias: la extinción de los derechos de las aguas privadas en el año 2040 y de las concesiones públicas en el 2065”, recalca Gutiérrez Taño.

El PSOE ha mostrado su preocupación en un comunicado “por el retraso al que ha sometido la responsable de Servicios Sociales en el Cabildo de La Palma la aprobación de las encomiendas de gestión con los ayuntamientos para las residencias y centros de días de mayores, al igual que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)”.

La consejera socialista Susana Machín ha lamentado esta situación que “afecta gravemente a los ayuntamientos de La Palma, por parte de un Gobierno del Cabildo que renuncia de forma sistemática a priorizar en la gestión las cuestiones que realmente son importantes para la ciudadanía, como la cooperación con los ayuntamientos en la atención a las personas mayores, mientras centra su acción en lo que contribuya al autobombo político”.

En esta línea recuerda que “esta consejera venía a resolver estos expedientes con celeridad, cuando la realidad es que ha demostrado todo lo contrario, complicando enormemente a los ayuntamientos la gestión de estos servicios esenciales para las personas mayores”.

“El Cabildo de La Palma, cuando entramos en la recta final del año, sigue sin pagar la gestión de las plazas de residencia y centros de día, y ahora va a pleno la encomienda de gestión del SAD, que a día de hoy tampoco se había sufragado, a pesar de que el presupuesto de la Corporación lleva más de siete meses operativo”, apostilla la consejera.

Susana Machín señala la contradicción que existe “en un gobierno insular de Coalición Canaria que presume un día sí y otro también de una gestión coordinada con los ayuntamientos, cuando la realidad demuestra todo lo contrario, incluso en asuntos de tanta importancia para la atención y el cuidado de las personas como a los que nos hemos referido”.