Cuenta con casi 43.000 seguidores en Instagram y es considerado un influencer. David Calleja es concejal independiente en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y hasta la fecha había alcanzado una gran popularidad por ofrecer un perfil innovador dentro de la política, pero en las últimas horas se habla de él por unas declaraciones en las que niega la existencia de la violencia de género.

En sus redes sociales se muestra muy cercano a sus seguidores y cuando le preguntan sobre su opinión sobre este tema en el entorno del 25N, sorprende con su respuesta: “Mi opinión es la de cualquier persona normal. Yo estoy en contra de la violencia en cualquier tipo de género, de ámbito y de lo que sea, pero no de la violencia femenina, porque también los hombres pueden sufrir violencia”.

“Con las leyes de protección hay gente que, por desgracia, utiliza el factor de la violencia. Esto es como la gente que pide: hay gente que pide realmente porque tiene necesidad y hay gente que realmente lo hace porque no trabaja, no busca un oficio o porque lo destina a un tipo de cosas que no son cotidianas para la vida diaria”, añade.

“Me da pena que haya gente que utilice esas leyes para beneficiarse ellos. Quiero explicarme bien: no me gusta cuando dicen siempre que los que pegan son los hombres porque eso no es cierto. A lo mejor en un porcentaje muy minúsculo hay mujeres que se aprovechan por cuestiones personales o por celos y utilizan el chantaje ese siempre”, proseguía.

El concejal dice que “todos hemos tenido amigos que han dicho que su novia o su pareja los van a denunciar y decir que le han pegado y con eso no se puede jugar. Eso hace que se estropeen muchísimas cosas en la vida y eso es una realidad. Hay personas que tienen esa mala leche de utilizar eso como un chantaje emocional”.

Piden su dimisión

Las reacciones no se han hecho esperar y la Asamblea Feminista Las Tres Rosas ha pedido la dimisión del edil, responsable de las áreas de Patrimonio Histórico, Cultura, Fiestas, Comercio y Hostelería. “El concejal ha emitido unas declaraciones inaceptables sobre la violencia de género. Exigimos que rectifique y se disculpe. No tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando. Que busque los datos, que se forme en materia de igualdad, que respete a las mujeres, a las víctimas y a las supervivientes, y que empiece a actuar y a hablar de forma acorde al cargo que ocupa. Impresentable”, dice la Asamblea.

En el Ayuntamiento portuense gobierna el Partido Popular y Calleja forma parte del equipo de Gobierno como quinto teniente alcalde, pero no pertenece al partido. Fuentes municipales aseguran que se han tergiversado las palabras del edil y se destaca que en su parcela está fomentando programas como 'Tutoría entre Iguales' (TEI) para luchar en los centros de enseñanza contra bullying. Este periódico se ha puesto en contacto con el concejal y éste ha declinado la opción de matizar sus declaraciones en las redes sociales.

A finales de octubre, Calleja había denunciado un ataque homófobo en las redes sociales. “Te puedes meter con mi forma de trabajar, que te puede gustar o no y es respetable, pero si no te gusta mi trabajo, no me votes. Pero con mi condición sexual, no te metas. Encima tenemos que aguantar que haya gente que diga que el día del orgullo no hace falta”.

Durante el primer mes del confinamiento decretado por el estado de alarma, la Fiscalía de Valencia solo registró 5 denuncias por violencia machista. La media, en cualquier otro periodo, es de 10 a 12 denuncias diarias. Del 14 de marzo al 17 de abril los juzgados de violencia sobre la mujer vivieron un desierto sin precedentes. “Las mujeres quedaron calladas”, denunció este lunes la fiscal delegada de violencia contra la mujer en Valencia, Rosa Guiralt, en su comparecencia en la comisión de Justicia de las Corts Valencianes.

La fiscal considera que ha faltado información sobre que los servicios de atención a las víctimas eran servicios esenciales, que las mujeres que sufren violencia machista no han tenido conocimiento de que los juzgados estaban abiertos. Sus datos chocan, y así lo ha manifestado, con las atenciones de la Generalitat Valenciana, que atendió desde los servicios sociales a 3.500 mujeres a través de los centros Mujer 24 horas durante el primer mes del estado de alerta, un 25% más que en el mismo periodo en 2019. Valencia y Alicante han sido las dos provincias con mayor número de hombres detenidos por cuestiones relacionadas con la violencia machista durante los tres meses de estado de alarma. Pero, durante el primer mes de confinamiento, las víctimas no llegaron al juzgado. “Faltó que desde las instituciones se dijera 'no estáis solas', no solo con el 016 y los centros de mujer 24 horas, sino 'las instituciones están con ustedes' y las instituciones son el juzgado de guardia y el acceso a la administración de justicia, que no se ha garantizado para nada”, criticó.

“Somos servicio público y este servicio público está para servir a la ciudadanía, les debemos un respeto y estar en presencia para todo aquello que necesiten. Esto se ha obviado”, añadió, en referencia a la falta de atención presencial en los juzgados. No obstante, recordó que los tres juzgados especializados de Valencia sí han operado a pleno rendimiento.

El problema, indica, se encuentra en la falta de medios. En que los juzgados de instrucción y primera instancia ejercían como juzgados de guardia con turnos rotatorios, con trabajadores sin formación específica. Cuando llegaron las denuncias, se resolvían decretando rápidamente medidas cautelares, pero no iniciando procedimientos civiles -para resolver, por ejemplo, custodias, régimen de visitas o abono de pensiones-. Al no haber presencialidad en los juzgados y funcionar con medios telemáticos, la Policía tenía dificultades para citar a las víctimas y llevarlas al juzgado a declarar. Las unidades de valoración integral han hecho su trabajo por la vía telemática. “No todas las mujeres que sufren violencia de genero tienen aparatos electrónicos para poder conectarse, no todos tenemos las mismas posibilidades y no puede haber una justicia para unos mejor que para otros. ¿Qué hacemos con las migrantes, con las prostitutas, con las mujeres que no pueden acceder a internet? Son de segunda categoria”, criticó la fiscal delegada, que indicó que en los juzgados aún continuan trabajando con un mismo ordenador para atender todos los procedimientos por videoconferencia.

Pese a la escasez, consideró que “la Policía ha estado controlando y vigilando a las mujeres de manera muy intensa, sobre todo a aquellas que tenían un riesgo muy alto. No las han dejado solas”, aunque las atenciones en un confinamiento junto a un maltratador no son las óptimas, admitió. La fiscal se mostró especialmente crítica en esta comisión, asumiendo que “no lo hemos hecho bien porque no teníamos medios para ello”. “Nos hemos preocupado, pero hay algo en que fallamos. Servicios sociales, la propia administración de justicia... Cada uno debería mirar en qué espacios podemos mejorar” instó.

Antes de abandonar la sala, compartió una reflexión con los parlamentarios: “Para que exista de verdad igualdad es necesario acabar con el sistema. No es un problema de educación solo, es un problema de estructura. De estructura social. Yo meteré de la cárcel a quién tenga que meter y sacaré de la cárcel a quién tenga que sacar, pero esto se soluciona cambiando las estructuras y eso les corresponde a ustedes”.

¿Qué ganan 22 chicos 'reventando' un chat de WhatsApp de un grupo feminista de una ciudad a miles de kilómetros de distancia? Es lo que se han preguntado los 'brazaletes morados' (un grupo mixto feminista organizado para prevenir agresiones machistas durante las fiestas) de la feria de Almería cuando en su último día, el pasado 24 de agosto, 22 jóvenes entraron en el chat en el que se organizaban para patrullar y enviaron de forma masiva fotografías y mensajes de connotación sexual, machistas, de odio hacia las mujeres y pedófilos hasta bloquearles la aplicación.

Desde el caso de 'la manada', ya no se conciben unas fiestas populares sin que haya un grupo de personas que por iniciativa propia patrullen para identificar posibles situaciones de acoso o agresiones y evitarlas. Suelen reconocerse por llevar 'brazaletes morados' y en Almería eran el grupo de voluntariado mixto 'Objetivo Feminismo'. Crearon su grupo de WhatsApp cuando comenzaron su labor en 2017 y en él se comunicaban y coordinaban al llegar las fiestas alrededor de 30 personas.

El pasado sábado, hasta 22 números de teléfono diferentes, la mayoría de prefijo argentino y alguno de Ecuador y México, entraron en su chat a través de un 'link para unirse' con la única finalidad de agredir verbalmente y violentar a las personas del grupo y, además, provocar el bloqueo de la app. “Nos han mandado mensajes horribles con amenazas de violarnos y matarnos. Estoy en shock”, explica Gloria Gago, miembro del grupo y participante activa del movimiento feminista en Almería.

“Es importante que tanto la sociedad en general como las activistas estemos al tanto de la presencia de estos grupos”, explican desde #AkelarreCiberfeminista, un colectivo que trabaja para combatir el acoso en la red y que creó un kit de autodefensa ciberfeminista para evitar estas situaciones. “Lo deseable es que no existan estos grupos violentos organizados, pero como activistas debemos tener presente que existen”, afirman, ya que el caso de las voluntarias de Almería es solo uno de tantos ataques que ocurren a través de la red sin importar el lugar de procedencia de los atacantes.

Mensajes de odio y bloqueo de la app

Los atacantes cambiaron varias veces el nombre de la conversación con frases de contenido sexual en las que aludían a menores, y compartieron fotografías entre las que se encontraban imágenes explícitas de contenido pornográfico y hasta autopsias de cadáveres o retratos de hombres acompañados de un texto a modo de anuncio en el que pedían a “una puta para luego tirarla al río en una bolsa negra”.

“He leído cómo feministas de primera línea han pasado por 'troleos' así, pero no se siente la misma vulnerabilidad cuando te pasa a ti. Esto te echa la ilusión abajo”, explica Gloria. “Las compañeras están muy afectadas, se sienten invadidas”, dice Carmen, otra de las voluntarias, sobre los insultos que recibieron y los mensajes ensalzando el patriarcado, proclamando “muerte a las feminazis” y en los que se mostraban deseos de “violar a una nena de 13 años”, aunque sin hacer referencia a alguien en concreto, algo que implicaría un delito.

El envío masivo provocó bloqueos de la app para las participantes en el chat, lo que añadido al miedo de que desconocidos tuvieran acceso a sus teléfonos provocó la estampida de los voluntarios, que tenían pendiente organizarse para patrullar en el último día de feria.

Guardia Civil y Policía Nacional explican que este tipo de hechos son denunciables, pero que al haberse realizado desde fuera de la Unión Europea es muy difícil que el proceso llegue a algún lado. Solo si el contenido de los mensajes y fotografías es especialmente grave, por ejemplo, si hubiera indicios de pedofilia, podría investigarse.

“Hay estúpidas que publican los enlaces”

Los teléfonos de los 'trolls' quedaron registrados en el chat y eldiario.es ha contactado con uno de ellos. Se trata de Ojeda (su nombre en el chat de Whatsapp), un chico de 18 años de Tucumán, Argentina. Explica que tienen un grupo de WhatsApp en el que comparten enlaces de otros chats como el de 'Objetivo Feminismo' que consiguen de las redes para atacarles.

“Hay muchas feministas estúpidas que en publicaciones de Facebook se ponen a conversar hasta que se enternecen y se dan los enlaces de acceso a sus grupos”, cuenta con sorna. “¿Os dedicáis entonces a perder el tiempo haciendo esas búsquedas?”. “Qué va, tardamos diez segundos”, explica.

Desde #AkelarreCiberfeminista aconsejan guardarse las espaldas: “Con hablar públicamente de la iniciativa y pedir que quien quiera participar se ponga en contacto de forma privada para dar acceso a ese grupo, ya se lo estaríamos poniendo más difícil a aquellos que quieren violentar nuestro grupo”. Además, cabría replantearse las herramientas de comunicación utilizadas, ya que algunas, como WhatsApp, “pueden ser muy accesibles, pero no ofrecernos toda la seguridad y el anonimato que necesitamos”, sin embargo, “en Telegram hay algunos bot anti spam y filtros de lenguaje ofensivo” que en este caso, hubieran frenado el ataque.

“Tenemos que dar ejemplo y esto nos tiene que dar más fuerza. No pueden echar por tierra lo que hemos trabajado”, cuenta Isabel, otra voluntaria de la patrulla, que coincide con otras compañeras en que un ataque así no puede afectar a la labor que este año han realizado con especial esfuerzo para concienciar a los locales de la ciudad.

“Esta feria no éramos suficientes para patrullar todos los días, ni hemos podido establecer un punto violeta como antes”, cuentan, por lo que sus esfuerzos han estado en crear conciencia en los propios locales. Pegaron carteles con un código de actuación en el que caso de que se sufra o se presencie una agresión sexual o situación de acoso y advirtieron a camareros y seguridad de los pubs. “Hace tres años, nos decían que 'no molestáramos'. Ahora nos estaban esperando y todos los bares querían ayudar”.

Labor de los 'brazaletes'

Para patrullar deben ir en grupo de “por lo menos tres o cuatro personas” ya que su labor no es la de intervenir, sino la de “calmar e intentar sacar a la víctima del conflicto” y “crear barrera física con el agresor, que unos se la lleven y otros distraigan”, por ejemplo, como tuvieron que hacer uno de los días de esta feria en un local del centro de Almería. Dos chicas con brazaletes se encontraron con un hombre insultando e intentando agredir a la que supuestamente era su pareja. Las voluntarias ofrecieron ayuda a la mujer e informaron a la Policía.

En este sentido, el grupo feminista celebra que haya más conciencia sobre el problema: “Muchas personas han salido con un brazalete morado por iniciativa propia, sin ser de nuestro grupo”.

A pesar del intento de fastidiarles, algunos voluntarios consiguieron contactar por otras vías y sumaron fuerzas para salir a patrullar en el último día de las fiestas: “Con el ánimo por los suelos, ha sido difícil, porque además tú no 'estás de feria' como el resto, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer”, subraya Gloria.

La mujer apuñalada el pasado jueves por su expareja en Granada estaba cumpliendo “paso por paso” el protocolo del Servicio integral de Atención y Acogida a víctimas de violencia de género de la Junta de Andalucía según fuentes consultadas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La mujer de 32 años, que se encuentra en estado grave en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, fue apuñalada por su expareja delante de sus tres hijas en el centro de la capital granadina a última hora del jueves.

La mujer, natural de Málaga, se encontraba viviendo en Granada en una casa de acogida para víctimas de la violencia de género, precisamente como parte del protocolo de actuación en estos casos. Había una orden de protección para ella, sin embargo, quienes velaban por su seguridad desconocían que había iniciado una relación con otro hombre, que es quien ha sido detenido tras apuñalarla. Fuentes del IAM explican a este medio que la mujer estaba haciendo “vida normal dentro de lo posible en sus circunstancias” y que por ese motivo su agresor pudo encontrarse con ella en plena calle. Según ha trascendido, su expareja de 36 años le asestó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo cuando ella intentaba huir.

El IAM tutela cada caso específico y en esta ocasión no ha resultado ser diferente. La víctima estaba cumpliendo con todos los requisitos y todos los pasos que se le iban asignando desde el IAM, pero no había requerido protección alguna y se movía con libertad. El paso habitual, según confirma la institución que vela por las víctimas de violencia machista, es que una vez que pasen por un centro de emergencia, puedan recibir alojamiento en una casa de acogida, lugar en el que se encontraba esta mujer.

En este caso concreto, la víctima llevaba desde noviembre siendo tutelada por los servicios de atención a la mujer. Desde entonces había llevado un proceso de adaptación y evolución desde su vida de mujer maltratada que mostraba avances. Si bien el paso siguiente tras una casa de acogida es que las mujeres puedan mudarse a un piso tutelado, la mujer no necesitaba llegar a tal punto en su actual proceso de recuperación.

Fuentes del IAM confirman que, en el caso en que la víctima logre recuperarse de la brutal agresión, deberá ser ella la que presente una denuncia contra su agresor y será entonces la justicia quien deberá determinar qué tipo de protección debe recibir. No obstante, el IAM no puede actuar de oficio ya que su función es la de acompañar, asesorar y ayudar a las víctimas de violencia machista.

La marea feminista sale a la calle a gritar contra la sentencia que condena a 'la manada': "Si tocan a una, nos tocan a todas"

Lo que comenzó siendo una concentración frente al Ministerio de Justicia terminó siendo una manifestación que recorrió la Gran Vía de Madrid y el Congreso de los Diputados

Juana Rivas ha vuelto a ser protagonista este lunes de un nuevo acto de apoyo hacia su persona. Un acto que ha tenido lugar en diferentes capitales de provincia de España pero que en Granada ha tenido que contar con la presencia de la policía para rebajar la tensión que se ha vivido cuando han aparecido una decena de personas que apoyan a la expareja de Juana, condenado por maltrato en 2009 y al que ahora la Justicia le ha dado la razón para que pueda quedarse con la custodia de los hijos de ambos y llevárselos a Italia. Razón por la que Juana no los entregó cuando debía hacerlo el pasado 26 de julio, fecha desde la que se encuentra en paradero desconocido.

En la concentración, que ha durado cerca de una hora y que tenido lugar en los juzgados de la Caleta de Granada capital, ha habido alrededor de cien personas que han mostrado su apoyo cerrado a que Juana no deba entregar a sus hijos a Francesco Arcuri, su expareja. Sin embargo, durante la lectura de una carta supuestamente escrita por Juana Rivas y que ha sido leída por una amiga suya, un grupo de personas ha comenzado a gritar “¡fuera, fuera!” a una decena de personas pertenecientes al movimiento 'Custodia compartida' que han acudido a la cita para apoyar al hombre. Ahí ha sido cuando la Policía Nacional ha tenido que actuar para separar a ambos grupos. Mientras unos defendían que Juana debe estar con sus hijos, los otros apelaban al “amor de padre” para justificar que los menores deban irse con Francesco a Italia. Han sido momentos de tensión en los que la rápida actuación policial ha evitado males mayores.

En la misiva atribuida a Juana, la mujer recalca que “mis hijos están en peligro si dejamos caminar a esta injusticia que nos está martirizando”. Para la madre de Maracena, lo que ella está haciendo no es saltarse la justicia “pues la ley es la que se ha saltado a la torera desde la primera jueza. Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí. Si la jueza hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de La Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos”. Por eso pide a la jueza “que encamine este proceso hacia la cordura. Hacia la coherencia. Mis hijos están en peligro si dejamos caminar esta injusticia que nos está martirizando”.

En el acto también ha estado la asesora jurídica de Juana Rivas y directora del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, que ha vuelto a repetir que el objetivo de este apoyo es lograr “que se protejan los derechos de los hijos de Juana”. “Ha habido errores judiciales” ha recalcado la asesora jurídica que ha vuelto a hacer una recopilación de situaciones que no se han llevado como deberían y que han derivado, a su juicio, en la actual situación en la que Juana Rivas está en busca y captura.

“La denuncia que presentó el 12 de julio del 2016 no ha sido tramitada, no ha llegado a su lugar de destino que es Italia, permanece en un cajón y no sabemos dónde” ha recordado Granados. A su vez, la asesora de Juana, considera que “la valoración de los menores se hizo por parte de una psicóloga que no está habilitada para hacer una valoración como la que se exige”. Para finalizar insiste en que “si los informes, hechos por profesionales cualificados que se pusieron en manos de la Fiscalía y que están en manos del Juzgado de Primera Instancia número 3, hubieran sido tenidos en cuenta hoy no estaríamos aquí”.

A simple vista Maracena, uno de los pueblos más grandes del cinturón metropolitano de Granada, parece vivir un día más. Pero lo cierto es que entre sus 22.000 habitantes no está Juana Rivas, la mujer que decidió huir con sus hijos este pasado 26 de julio para evitar tener que entregarlos al padre de estos, condenado por maltrato contra ella en 2009 y con otra denuncia por lo mismo en 2016.

En medio de la tensa calma que se percibe en esta localidad de la Vega, algunos vecinos y vecinas han decidido este jueves constituir una asamblea ciudadana que apoyará a Juana Rivas y que cuenta con el respaldo de la 'Plataforma 25 de noviembre' de Granada contra la violencia de género y el constante respaldo municipal a la protagonista del caso.

No es el único acto de apoyo que se llevará a cabo en los próximos días pues desde este mismo jueves se han comenzado a colgar carteles con el lema “Juana está en mi casa” en diferentes establecimientos de la localidad. Un lema que también se está usando en internet como hashtag.

El caso de Juana Rivas está ahí y genera controversia en la localidad. Es frecuente escuchar en terrazas y plazas a varias personas aludiendo y discutiendo sobre el tema. Caminando por el municipio, las opiniones sobre el caso de Rivas se cuentan por decenas. La mayoría se muestra favorable a la decisión que ha tomado Juana de marcharse con sus hijos sin informar de su destino aunque no son pocos los que prefieren mostrarse cautelosos ante las consecuencias que esa decisión le puede acarrear.

“Tenemos miedo de que ahora la situación se le vuelva en contra”, comenta una de las vecinas. Ella no es la única que se muestra expectante ante lo que sucederá. Otros señalan que Juana quizá debería haber entregado a sus hijos. Asumen que “si la Justicia ha dicho que los tiene que devolver es que tiene que hacerlo”.

“Cualquier madre hubiera hecho lo mismo”

Su entorno más cercano cierra filas en torno a Juana. Mari Carmen se describe como una de sus amigas. Asegura que ha vivido de cerca el calvario que padece esta granadina desde hace un año, según sus propias palabras. “¿Le damos a un padre maltratador a dos hijos para que se conviertan en otros maltratadores?”, se pregunta. Para ella no hay duda de que “cualquier madre hubiera hecho lo mismo” si le hubiesen obligado a tener que entregar a sus hijos a un hombre condenado por maltrato.

“Sus hijos no quieren irse, lo manifiestan”, aclara Mari Carmen. A su vez explica lo que Juana ha vivido: “Confió en él, tuvo su relación, tuvo su primer hijo y por lo que les pasa a muchas mujeres, le creyó cuando él le decía que iba a cambiar y le dio otra oportunidad que tuvo sus consecuencias”. Además, añade que no quepa duda de que “todo el entorno está con ella”.

El Centro de la Mujer de Maracena, con Juana

Desde que Rivas volvió a España a mediados del año pasado, encontró apoyo en el Centro de la Mujer de Maracena que coordina Francisca Granados. En esta institución ha encontrado un respaldo básico para poder tratar de evitar que sus hijos tengan que acabar yéndose con su padre. Un lugar que en los últimos días se ha convertido en una zona de peregrinación de los distintos medios de comunicación y en cuyas instalaciones los teléfonos no dejan de sonar. Desde él recuerdan que existe una denuncia “guardada en un cajón” del año 2016 y que la jueza aún no ha visto porque los 27 folios de los que consta aún no han sido traducidos del italiano original.

María Eugenia Fernández es técnica de este centro. Quiere dar voz a la parte más social de su trabajo. Aclara que es un esfuerzo conjunto pues “las asociaciones de mujeres llevan mucho tiempo volcadas en las necesidades de Juana”. Así mismo confiesa que el caso está siendo más complejo porque “la parte jurídica ha estado más desbordada. Es un tema que toca asuntos internacionales que conciernen a una serie de tratados y leyes que van más allá de nuestras competencias”.

Fernández responde a quienes creen que Juana debía haber devuelto este miércoles a sus hijos y no huir con ellos. Entiende que “son personas que no pueden entender ni tienen interiorizado lo que son los malos tratos”.

Para esta técnica del centro, “quienes insisten en que es un secuestro ¿qué harían si se encuentran solos en una isla italiana en la que aumentan los malos tratos y sus hijos están sufriendo?”. “Ella no sale huyendo del país, ella viene de vacaciones a España con el consentimiento de su pareja y es aquí cuando, hablando de su situación, entiende que debe utilizar los resortes de la justicia española para dejar de ser una víctima”, aclara con gesto serio María Eugenia Fernández. Por eso, concluye que desde esta institución que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, “confiamos en que haya cordura en el Supremo y paralice que hasta que no haya una sentencia firme no se haga nada”.

La historia de Juana Rivas y sus hijos no ha terminado ni mucho menos. Y mientras  el centro del municipio se ha convertido en vértice de una incipiente movilización de apoyo, la periferia de Maracena permanece cuasi ajena a, si quiera, quién es esta madre granadina: “Algo he oído por la televisión”.