La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado este miércoles disitinguir este año como Hijo Adoptivo al empresario y presidente del Grupo Integra, Carlos Pascual; e Hijos Predilectos a la iniciativa cultural 'Libros que importan', la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz; y el CEIP Ramiro Soláns del distrito Oliver. Las propuestas de los grupos municipales serán aprobados en el pleno municipal y las distinciones entregadas antes de las Fiestas del Pilar.

Este año, la junta de portavoces ha estado exenta de polémicas, a diferencia del pasado año, cuando la elección de las distinciones institucionales rompió el  consenso y la unanimidad tradicional en la Junta de Portavoces y en el Pleno municipal.

El choque ideológico principal se produjo entre las propuestas presentadas por los grupos de los extremos del espectro político: Zaragoza en Común (ZeC) y Vox. El grupo de izquierdas propuso a la Casa de Palestina en Aragón como gesto de solidaridad con Gaza, mientras que el de ultraderecha propuso a la Casa Cuna Ainkaren, entidad provida y antiabortista.

Finalmente, ambas propuestas fueron aprobadas y las distinciones entregadas al inicio de las Fiestas del Pilar, junto a los candidatos de consenso: el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza (a propuesta del PP) y la Asociación Believe in Art (a propuesta del PSOE), dedicada a introducir el arte en los hospitales infantiles.

Hijo Adoptivo

La propuesta Carlos Pascual López como Hijo Adoptivo surge por su destacada trayectoria profesional y su contribución al desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad. El empresario aragonés y presidente del Grupo Integra nació en Huérmeda (Calatayud) e impulsó en 1986 la empresa Izquierdo Informática, el germen del actual Grupo Integra, que muy pronto trasladó su proyecto empresarial a Zaragoza. Desde entonces, ha desarrollado una de las consultoras tecnológicas de referencia en España, que ha pasado de ser una pequeña empresa de formación e informática a un grupo con presencia nacional, más de 1.000 profesionales y miles de clientes, manteniendo siempre su identidad de empresa familiar aragonesa y un fuerte arraigo a Zaragoza como sede principal y centro de decisión.

El Grupo Integra cuenta con varias sedes en la ciudad y ha consolidado aquí una parte esencial de su actividad, reforzando el papel de Zaragoza como polo de innovación, consultoría y servicios avanzados en el conjunto de España. La trayectoria de Carlos Pascual ha sido reconocida por instituciones económicas y empresariales de primer nivel. Destacando, entre otros galardones, el Premio a la Mejor Empresa Familiar de Aragón 2023 y el Premio ADEA a la Trayectoria 2025.

Este año 2026, el Grupo Integra ha celebrado su 40 aniversario demostrando una trayectoria vital y profesional que ha mantenido siempre el foco en Zaragoza, en la formación y en la generación de oportunidades vinculadas a la tecnología y al conocimiento.

Hijos Predilectos

La propuesta de 'Libros que importan' como Hijo Predilecto reconoce a este proyecto creado por Atrapavientos que nació en diciembre de 2016 en Zaragoza como un intercambio multitudinario de libros en un espacio público. La iniciativa, que crece cada año y cuenta cada vez con más seguidores, parte de una idea sencilla y poderosa: acercar la lectura a personas de todas las edades y reivindicar el valor de los libros como herramientas de aprendizaje, acompañamiento y transformación personal, creando una cadena de lectura y solidaridad.

Se trata de una iniciativa en la que desde sus inicios ha colaborado el Ayuntamiento de Zaragoza y en la que también, desde 2018, el Ministerio de Cultura y Deporte ha contribuido a que la magia de este “amigo invisible literario” llegue a otras ciudades españolas. En 2019, 'Libros que importan' cruzó el océano por primera vez y aterrizó en Ciudad de México. Y también Atrapavientos, los creadores de la iniciativa, fueron galardonados por el Ministerio de Cultura y Deporte de España con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022.

El proyecto 'Libros que importan' invita a las personas a regalar un libro que haya significado algo especial para ellas. Cada ejemplar se entrega acompañado de una dedicatoria en la que quien lo regala explica por qué esa obra es importante y qué le ha aportado. De esta manera, el libro deja de ser únicamente un objeto y se convierte en un mensaje personal, en una recomendación y en una forma de compartir una experiencia. La iniciativa crea así una cadena de lectura y solidaridad.

Atrapavientos desarrolla desde hace años proyectos relacionados con el fomento de la lectura, la escritura y la participación cultural. Su trabajo busca acercar los libros a públicos diversos y hacer de la literatura una herramienta de encuentro, aprendizaje e inclusión. De hecho, recientemente impulsó otro intercambio de libros en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza para que los pacientes oncológicos pudieran contar con libros que le acompañaran en sus esperas.

La propuesta de Lucía Ruiz García como Hija Predilecta nace para poner en valor a la actual presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), zaragozana de nacimiento, que es hoy una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de quienes han sufrido la violencia terrorista en España. 

Ruiz es superviviente del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987 —un ataque que causó once víctimas mortales y decenas de heridos— y su trayectoria está marcada por una autoridad moral que nace de la experiencia directa del dolor y del compromiso.

Como representante de las víctimas, Lucía Ruiz ha impulsado un modelo de trabajo basado en el acompañamiento cercano, la exigencia institucional y la protección del relato veraz frente al olvido o la distorsión. Su labor se centra en garantizar que cada víctima sea atendida de forma integral, que las instituciones cumplan sus obligaciones de reparación y que la sociedad mantenga viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista.

Su figura simboliza la fortaleza de quienes, pese a haber sido golpeados por el terrorismo, han decidido convertir su experiencia en un servicio público. Lucía Ruiz representa, con claridad y firmeza, la voz colectiva de miles de víctimas que reclaman respeto, reconocimiento y verdad.

La propuesta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans como Hijo Predilecto surge del valor de esta escuela que transformó el barrio Oliver y que convirtió la educación en una herramienta de justicia social. Se reconoce así una trayectoria ejemplar de transformación educativa, social y comunitaria desarrollada durante décadas.

El Ramiro Soláns representa uno de los mejores ejemplos de cómo la educación pública puede transformar vidas, generar oportunidades y cambiar la realidad de un barrio. Su historia es la de una comunidad educativa que se negó a aceptar que el origen social, la vulnerabilidad económica o la diversidad cultural pudieran determinar el futuro de sus niños y niñas. Es también la historia de un colegio público que pasó de una situación de enorme dificultad a convertirse en la actualidad en un referente nacional de innovación educativa, inclusión, convivencia y justicia social.

El CEIP Ramiro Soláns abrió sus puertas en el curso 1977-1978, vinculado desde sus orígenes a la población obrera del barrio Oliver. Durante décadas, el centro sufrió las consecuencias de la desigualdad social y económica de su entorno y una importante pérdida de matrícula. A comienzos de los años 2000, la situación era especialmente complicada: el colegio había llegado a convertirse en un centro fuertemente estigmatizado, con unos índices de absentismo, conflictividad y fracaso escolar extraordinariamente elevados. 

Pero la comunidad educativa decidió no resignarse. El centro inició entonces un profundo proceso de transformación bajo un lema que resume perfectamente su filosofía: “Vive tu escuela, atrévete a cambiar”. A partir de ahí comenzó un trabajo sostenido durante más de dos décadas para transformar no solo las aulas, sino también la relación entre la escuela, las familias y el barrio.

El éxito educativo, que apenas alcanzaba el 5%, ha pasado a situarse actualmente entre el 70 y el 80%, mientras que el absentismo se ha reducido desde el 40% hasta el 4%. La conflictividad, que llegó a afectar gravemente a la convivencia del centro, también se ha reducido de manera radical. No se trata únicamente de mejorar estadísticas educativas, sino de haber cambiado las expectativas de futuro de cientos de niños y niñas y de sus familias. El Ramiro Soláns ha construido un modelo educativo en el que la escuela no se encierra dentro de sus paredes, sino que se abre a las familias, al barrio y a la sociedad.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) ha lamentado que el curso 2025-2026 se haya cerrado con la suspensión de actividades complementarias fuera de los centros a raíz de la imputación de dos docentes por la muerte, hace cuatro años, de un alumno en un viaje escolar a Bélgica. La entidad ha trasladado su solidaridad con la familia y con los docentes afectados, y ha reconocido la preocupación del resto del profesorado por la responsabilidad que asumen en estas salidas.

El origen de la polémica se sitúa en la muerte de un estudiante zaragozano durante un viaje escolar a Bélgica en 2022, un caso por el que dos docentes se enfrentan a un procedimiento judicial. A raíz de aquel episodio, varios centros reclamaron un entorno que estableciera las responsabilidades del profesorado en este tipo de actividades.

Fapar ha recordado que desde el curso pasado ha venido reclamando al Departamento de Educación que regule estas actividades “para que pudieran realizarse en las condiciones de seguridad que todos necesitan” –tanto el alumnado como el profesorado acompañante–, después de que varios claustros suspendieran las salidas de forma unilateral sin someterlo a debate en el consejo escolar. La federación ha defendido que el aprendizaje fuera del aula debería quedar regulado como parte obligatoria del proceso formativo del alumnado.

El 23 de agosto se publicó la orden que fija instrucciones transitorias para este curso mientras se elabora la norma definitiva. El texto recoge el compromiso de la Administración de prestar al profesorado acompañante “el apoyo institucional y la asistencia jurídica” previstos en el ordenamiento, e incluye ocho modelos de anexos para facilitar la programación de las salidas.

La consejera aragonesa de Educación, Carmen Susín, ha defendido la regulación y ha insistido en que el texto publicado en agosto no constituye todavía la norma definitiva, sino una orden de inicio del procedimiento. Susín ha defendido que este curso debe servir para “conocer cómo funciona el modelo” antes de cerrar el texto que sustituirá a las instrucciones transitorias.

Posiciones dispares

Una vez conocida la Orden, los claustros han empezado a posicionarse de forma dispar: algunos centros han decidido no realizar ninguna salida, otros han optado por mantener solo las que no implican pernocta, otros se han limitado a las de Erasmus+ y otros han acordado programar con normalidad. Fapar ha agradecido a estos últimos que hayan incluido las actividades en la Programación General Anual, que el consejo escolar debe aprobar y remitir antes del 3 de noviembre a los Servicios Provinciales.

Respecto a los centros que han decidido no programar ninguna salida, la federación ha pedido que esa decisión se “debata” y se “justifique” en el consejo escolar en el momento de aprobar la PGA, y ha animado a las AMPA a recabar la opinión de las familias para trasladarla en ese órgano.

Fapar también ha lamentado que el argumento que está circulando para mantener únicamente las salidas Erasmus+ –los contratos firmados que llevan financiación aparejada– y no el compromiso formativo con el alumnado, debilita a su juicio la justificación de que la Orden no ofrece cobertura jurídica suficiente. La federación ha insistido en que no debe mezclarse la gestión del Departamento de Educación en el caso que ha reabierto el debate con “reivindicaciones laborales legítimas ni coberturas jurídicas existentes”.

La posición de Fapar llega después de que la Asociación de Directores y Directoras de Enseñanza Secundaria de Zaragoza (Adizar) haya cuestionado también la nueva normativa, al considerar que se limita a “recopilar normativa vigente” sin dar respuesta a las demandas planteadas por los equipos directivos. Su presidente, Guillermo Sánchez, ha insistido en que los directores no son expertos en leyes y ha reclamado protección civil y penal mientras no exista una sentencia judicial firme. Según los últimos recuentos, al menos una veintena de centros en Zaragoza han suspendido total o parcialmente las salidas al inicio de curso, lo que ya ha empezado a afectar a la campaña de la Semana Blanca en el Pirineo.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la condena de seis años y cuatro meses de prisión impuesta a la encargada de un club de alterne de Garrapinillos, en Zaragoza, por captar a una mujer en Paraguay con la promesa de trabajar como camarera y obligarla posteriormente a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída por su viaje a España.

La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza y mantiene las penas por un delito de trata de seres humanos en concurso medial con otro relativo a la prostitución, así como por favorecimiento de la inmigración clandestina.

La condenada deberá cumplir seis años de prisión por los dos primeros delitos y otros cuatro meses por favorecer la inmigración ilegal. La resolución mantiene asimismo la medida de libertad vigilada posterior y la indemnización de 6.000 euros fijada a favor de la víctima.

Los hechos se remontan a 2021 y 2022. Según declaró probado la Audiencia Provincial, la responsable del establecimiento contactó con una mujer de nacionalidad paraguaya y le ofreció viajar a España para trabajar como camarera. La acusada se hizo cargo inicialmente del coste del desplazamiento desde Sudamérica hasta Zaragoza. Sin embargo, una vez llegada a España, la situación cambió. La mujer fue informada de que debía ejercer la prostitución en el establecimiento para devolver el dinero adelantado por el viaje, 2.000 euros. La víctima permaneció apenas tres días en el club antes de abandonarlo y posteriormente denunciar los hechos.

Para mantener la actividad propia del negocio, la condenada, conocida como ‘Magdalena’, contactaba con mujeres extranjeras, en su mayor parte latinoamericanas, a las que proporcionaba los billetes de avión, facilitando así su traslado a España para que trabajaran en el club y le permitieran obtener beneficios económicos derivados de la prostitución que desarrollaban en él y de las consumiciones que hacían los clientes, de las que se quedaba el 50% de su precio.

La sentencia considera acreditado que la encargada facilitaba instrucciones a algunas mujeres sobre la manera de afrontar los controles de entrada en España cuando viajaban desde países latinoamericanos.

El procedimiento llegó a juicio con una petición de penas considerablemente superior. La Fiscalía solicitaba inicialmente más de 40 años de prisión para cada uno de los dos acusados por cinco delitos de trata de seres humanos agravados y otro relativo a la prostitución.

La Audiencia Provincial, sin embargo, no consideró acreditada la explotación sexual denunciada por todas las mujeres que habían trabajado en el establecimiento y circunscribió la condena al caso de la mujer captada en Paraguay bajo la oferta de un empleo de camarera.

Respecto a otras tres denunciantes, la sentencia concluyó que habían viajado a Zaragoza con la intención de ejercer la prostitución. En otro de los casos, el tribunal señaló que la mujer había comenzado realizando tareas de limpieza en el establecimiento y posteriormente decidió dedicarse a la prostitución para obtener mayores ingresos.

El tribunal absolvió además de todos los delitos al marido de la encargada, que también había sido acusado en el procedimiento y para quien la Fiscalía reclamaba igualmente una pena superior a los 40 años de cárcel.

Durante el juicio, celebrado en marzo en la Audiencia Provincial de Zaragoza, algunas de las denunciantes sostuvieron que permanecían vigiladas en el establecimiento y sometidas a deudas económicas. Los acusados rechazaron estas afirmaciones y mantuvieron que las mujeres ejercían la prostitución voluntariamente.

La Audiencia Provincial consideró, no obstante, probado el engaño y la explotación en el caso de la mujer paraguaya. La defensa recurrió posteriormente la condena ante el TSJA, que ahora ha rechazado sus argumentos y ha ratificado la sentencia de primera instancia.

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Zaragoza se han concentrado este martes ante las Cortes de Aragón para reclamar al Gobierno autonómico que garantice la financiación del servicio, reactive las nuevas altas de personas dependientes y permita recuperar las horas de jornada que las auxiliares están perdiendo desde hace meses.

Convocadas por CCOO y UGT, las trabajadoras han denunciado una situación que está teniendo una doble consecuencia: la reducción de sus jornadas y salarios y el retraso en la incorporación al servicio de personas dependientes que tienen reconocida esta atención.

Los sindicatos sitúan el origen del problema en la falta de financiación autonómica y en la ausencia de la adenda entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza que debe dar cobertura a la prestación del servicio de dependencia en la capital aragonesa. Según han denunciado, desde el pasado mes de abril se ha ralentizado la incorporación de nuevos usuarios, de manera que las bajas que se producen no se están sustituyendo al ritmo necesario.

El problema afecta directamente a la jornada de las auxiliares. Cuando una persona usuaria deja de recibir el servicio, por fallecimiento, ingreso en una residencia u otras circunstancias, desaparecen también de la jornada de la trabajadora las horas que tenía asignadas. Para recuperarlas es necesario que se produzcan nuevas altas que permitan reorganizar el servicio.

“Las compañeras se están quedando prácticamente sin jornada”, ha advertido el secretario de Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat en Aragón, Mariano Álvarez.

Durante los meses de verano, las vacaciones y otras ausencias de personal han permitido compensar parcialmente esta pérdida mediante sustituciones. Sin embargo, CCOO y UGT temen que, una vez terminado el periodo vacacional, la situación se agrave.

Los sindicatos calculan que la pérdida de seis horas semanales puede traducirse en una reducción de entre 180 y 250 euros netos al mes, dependiendo del convenio provincial, mientras que en determinados casos la merma salarial puede alcanzar entre el 20% y el 30%. UGT ha advertido incluso de trabajadoras que afrontan cada mes sin saber cuál será finalmente su salario.

Retrasos también para las personas dependientes

La falta de nuevas altas no repercute únicamente sobre las trabajadoras. CCOO y UGT alertan también de sus consecuencias para las personas que tienen reconocido el derecho a recibir ayuda en su domicilio y permanecen pendientes de que se haga efectiva la prestación.

Según los sindicatos, las incorporaciones vinculadas al Programa Individual de Atención (PIA) están acumulando demoras que pueden superar los 100 días y, en algunos casos, aproximarse a los 200.

El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes forma parte de las prestaciones del sistema de dependencia y permite atender en el propio hogar necesidades relacionadas tanto con las tareas domésticas como con los cuidados personales. En Zaragoza, su prestación se articula mediante la colaboración entre el Gobierno de Aragón, que tiene la competencia en dependencia, y el Ayuntamiento.

Este servicio convive con el SAD preventivo o complementario, de titularidad municipal, dirigido fundamentalmente a personas que, sin tener reconocida una situación de dependencia, necesitan apoyo para mantener su autonomía y permanecer en su domicilio.

El propio Ayuntamiento adjudicó en abril de 2025 el nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio por 30,89 millones de euros anuales, un 50% más que la dotación de los años anteriores. El contrato, con una duración inicial de tres años y dos posibles prórrogas, contempla más de 1,1 millones de horas anuales para atender a unas 8.400 personas. La adjudicación corresponde a Senior Servicios Integrales y Sanivida, que se reparten las distintas zonas de la ciudad y los barrios rurales.

El contrato municipal incluye las dos modalidades, pero establece expresamente que el SAD dirigido a personas dependientes está vinculado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de competencia autonómica, y que el Ayuntamiento lo presta mediante el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón.

“Una financiación suficiente y estable”

Las trabajadoras y los sindicatos reclaman ahora que se resuelva el bloqueo administrativo y financiero y que las nuevas incorporaciones permitan recuperar progresivamente las jornadas perdidas.

“No puede garantizarse una atención de calidad si no se dota al servicio de los recursos suficientes y no se dignifican las condiciones laborales de quienes desarrollan esta labor esencial”, sostienen CCOO y UGT.

CCOO reclama al Gobierno de Aragón “un compromiso de continuidad, una financiación suficiente y estable” que permita garantizar tanto la calidad de la atención a las personas dependientes como la recuperación de las horas de jornada.

“Continuaremos exigiendo un compromiso de continuidad, una financiación suficiente y estable por parte del Gobierno de Aragón para garantizar tanto la calidad del servicio y la atención a las personas dependientes como la recuperación de las horas de jornada perdidas para que las trabajadoras no vean mermados sus ingresos”, ha señalado Álvarez.

La protesta llega después de que las trabajadoras hayan venido alertando de la pérdida progresiva de horas de trabajo ante la falta de nuevas altas que permitan cubrir las bajas que se producen en el servicio. Los sindicatos mayoritarios ponen el foco en la financiación del SAD de dependencia y reclaman que se desbloquee la incorporación de nuevos usuarios para recuperar las jornadas y evitar que continúe reduciéndose el salario de las auxiliares.

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias, como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

La operación Ibermellow comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón, de lo que se conoce como 'smishing' y 'vishing', consistiendo, en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes primeramente se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima, con el envío de un falso SMS (smishing) a sus números de teléfono móvil, en el cual, alertan de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar dicha transacción.

Cuando la víctima contactaba con ese número comenzaba la segunda fase de la estafa. Los ciberdelincuentes realizaban una llamada telefónica haciéndose pasar por un gestor de la entidad bancaria. Utilizando datos personales de las víctimas y técnicas de ingeniería social, conseguían que estas realizaran transferencias a cuentas controladas por los estafadores o incluso contrataran préstamos personales para después desviar el dinero a otras cuentas.

Con este modus operandi, los delincuentes consiguieron estafar más de un millón de euros a 25 víctimas de la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel.

Tras la realización de análisis técnicos en los archivos y documentación aportada en las denuncias iniciales, se comprobó cómo los supuestos autores, una vez que conseguían engañar a las víctimas, el dinero desviado a la cuenta fraudulenta se movía por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

La investigación permitió identificar a numerosas personas que actuaban como “mulas económicas”, es decir, personas que prestaban sus cuentas bancarias, billeteras virtuales o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión.

Un centro capaz de enviar 100.000 SMS a la hora

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el “call center”, con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora. Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación, todo ello utilizado para la comisión de los delitos.

La segunda fase permitió desarticular el sistema de blanqueo de capitales que la organización tenía distribuido por distintas zonas del país. En esta parte de la operación fueron detenidas e investigadas las personas que actuaban como mulas económicas, captadores y extractores del dinero. Además, los agentes recuperaron 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel (Teruel).

Hay quien imagina una biblioteca entre sus paredes, quien añadiría una cafetería, una librería y quien directamente apuesta por convertirla en un museo o en un espacio cultural. La antigua clínica del Doctor Lozano vuelve a generar conversación en Zaragoza a raíz de una simple pregunta: ¿para qué podría servir este edificio histórico si volviera a abrir sus puertas?

La cuenta de Instagram DstyleZgz planteó recientemente esta posibilidad a sus seguidores y la respuesta fue clara. Entre los comentarios aparecen propuestas para crear un espacio comunitario artístico y educativo, una biblioteca con cafetería o incluso un museo acompañado de biblioteca. La propia publicación resume la reacción de sus seguidores: “A la mayoría de comentarios les gustaría ver una biblioteca en este antiguo edificio ‘abandonado’ junto al paseo Sagasta de Zaragoza”.

Sin embargo, la propuesta choca con el futuro que actualmente está previsto para la antigua clínica. Este inmueble está incluido en un proyecto residencial promovido por Inmo Criteria Caixa que contempla rehabilitar el edificio para convertirlo en viviendas y levantar un nuevo bloque en la parte posterior.

De clínica y residencia a edificio vacío

Para entender por qué el edificio despierta tanto interés hay que remontarse a comienzos del siglo XX. La antigua Clínica del Doctor Lozano fue construida en 1903 por el arquitecto Felix Navarro y se construyó para albergar tanto la propia clínica del doctor Ricardo Lozano Monzón como la residencia de su familia.

El edificio fue diseñado para combinar ambas funciones y contaba con instalaciones médicas muy modernas para la época. La clínica disponía de habitaciones para pacientes, consultorio y quirófano, mientras que en la parte posterior se encontraban algunos de los elementos más singulares de la construcción. Por ejemplo, hay dos cuerpos semicilíndricos que correspondían al quirófano y la capilla.

Finalmente, la clínica cerró en 1977. Desde entonces el edificio dejó de tener actividad y comenzó un largo periodo de espera. En 2009 fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, reconociendo así su valor arquitectónico.

Un edificio que no seguirá vacío

El futuro del inmueble comenzó a concretarse con el Plan Especial para las parcelas de Lagasca 2-4, promovido por Inmo Criteria Caixa. El Ayuntamiento aprobó inicialmente la propuesta en 2023 y, tras el periodo de alegaciones, la aprobó definitivamente en julio de 2024.

El proyecto mantiene la antigua clínica, pero cambia su uso. Según la licencia solicitada por la propiedad, el edificio histórico será rehabilitado íntegramente para acoger diez viviendas. En el jardín y la parte de atrás se plantea además un nuevo edificio de siete plantas con 44 viviendas. En total, el proyecto contempla 54 viviendas.

Y es precisamente ahí donde entra la propuesta que ha vuelto a circular por redes sociales.

Una biblioteca entre las paredes de una antigua clínica

Los comentarios publicados imaginan un futuro completamente diferente para el inmueble. Una biblioteca como una de las ideas que más se repite, aunque no es la única.

También hay quien pone el foco en el propio edificio y no tanto en el uso concreto. “Se podría hacer cualquier cosa excepto demolerlo”, apunta uno de los comentarios. Otro resume su propuesta de manera sencilla: “Sería una biblioteca preciosa”.

El proyecto previsto conserva el edificio protegido, pero lo integra en un nuevo conjunto de viviendas. Mientras tanto, en redes sociales algunos zaragozanos plantean otra opción, recuperar sus antiguas salas y convertirlas en espacios con libros, actividades culturales y lugares abiertos para todos.

Los trabajos de la carretera A-132 en Las Peñas de Riglos, donde se originó este verano uno de los peores incendios forestales que ha sufrido Aragón desde que hay registros, vuelven a afectar desde este lunes a la circulación. El Gobierno de Aragón ha iniciado un nuevo corte de la vía que se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre.

Las obras ya habían provocado meses de protestas y críticas en la zona antes de que comenzara el fuego. La Asociación Reino de los Mallos, integrada por los municipios de Ayerbe, Agüero, Biscarrués, Las Peñas de Riglos, La Sotonera, Loarre, Lupiñén, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, había advertido de los problemas que estaban generando los trabajos y los cortes de tráfico y había reclamado una mayor planificación.

Los alcaldes y vecinos ponían en duda especialmente que algunos de los cortes se produjeran durante los meses de verano, cuando aumenta la llegada de visitantes y también el riesgo de incendios. También habían advertido de las dificultades que podía generar el cierre de esta carretera para la entrada y salida de los pueblos y para el acceso de los servicios de emergencia. En concreto, rechazaron el cierre total que estaba previsto entre el 27 de julio y el 7 de agosto, en plena temporada turística y en un periodo de elevado riesgo de incendios.

Los afectados también cuestionaban que la carretera alternativa, la A-1205, pudiera asumir todo el tráfico desviado, ya que es una vía estrecha, sin arcenes y con curvas cerradas.

Un punto clave

Las quejas se habían trasladado al Gobierno de Aragón y a la empresa encargada de los trabajos meses antes del incendio. Los municipios y el sector turístico reclamaron cambios en la planificación y una mayor comunicación sobre los cortes. El problema, según habían señalado, no era la necesidad de mejorar la carretera, sino la forma y el momento en que se estaban desarrollando las actuaciones.

Tras el incendio, el lugar donde se almacenaban los materiales de la obra quedó señalado como uno de los puntos clave para investigar cómo se inició el fuego. La investigación judicial deberá determinar ahora las causas y posibles responsabilidades.

El tráfico permanece interrumpido entre los puntos kilométricos 46,120 y 64,600 de la A-132. El corte comenzó este lunes, 14 de septiembre, y se mantendrá hasta las 19.00 horas del día 30. Durante este periodo se permitirá el acceso a Villalangua, Salinas de Jaca y a las fincas privadas desde el cruce de Santa María de la Peña.

Esta es la decisión que se tomó a finales del mes de agosto, entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, alcaldes y sector turístico, en la reunión que mantuvieron para acordar un calendario para los cortes de la A-132.

El acuerdo establece además que los siguientes cortes totales se consensuarán y planificarán antes del 1 de marzo, con el objetivo de evitar que las principales actuaciones coincidan con el inicio de la temporada alta turística. En ese periodo está prevista la intervención en los viaductos 1 y 2, situados junto al embalse de La Peña.

Además, se acordaba la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la A-132, que permita al territorio disponer de información actualizada sobre los trabajos y participar en la planificación de los próximos cortes de la carretera. La comisión de seguimiento permitirá realizar un seguimiento de la evolución de los trabajos y mantener una comunicación directa entre las administraciones y el territorio, especialmente de cara a la planificación de las próximas fases de la actuación.

La Asociación Long COVID Aragón ha criticado este lunes que los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox votaran en contra de la proposición no de ley (PNL) ciudadana registrada por la asociación, durante el primer pleno de las Cortes de Aragón de la legislatura, celebrado el pasado jueves. La iniciativa tenía como objetivo reforzar la atención sanitaria, la investigación y la coordinación institucional en materia de covid persistente. El PSOE, CHA, IU y Aragón Existe dieron su apoyo a la medida, que decayó por falta de respaldo.

La propuesta reclamaba medidas concretas para garantizar una atención continuada, multidisciplinar y adecuada a las personas afectadas por una enfermedad crónica, multisistémica y potencialmente incapacitante, como la creación de un grupo de trabajo sobre cronicidad y covid persistente, un informe público sobre el funcionamiento de la consulta monográfica, la cobertura urgente de la plaza de medicina interna, la ampliación de la atención a especialidades como neurología y cardiología, partidas específicas para investigación, formación continuada para profesionales sanitarios y capacitación sobre covid persistente en el ámbito judicial. Unas medidas que, según recuerda la asociación, están en buena parte contempladas en el reconocimiento de la covid persistente como enfermedad crónica prioritaria y en el Plan Estratégico de Cronicidad 2025-2028.

Durante el debate, “el Partido Popular pretendió enmendar íntegramente la PNL ciudadana y sustituirla por un único párrafo, sin compromisos presupuestarios concretos para garantizar el futuro de la consulta monográfica”, ha lamentado este lunes la entidad en un comunicado.

La propuesta se consideró “inaceptable e insuficiente” al “no garantizar la continuidad de la consulta, la cobertura de la plaza médica, la atención multidisciplinar, la financiación de la investigación ni mecanismos de transparencia y seguimiento”, o al sustituir las demandas concretas de las personas afectadas por un párrafo genérico que “suponía vaciar de contenido la iniciativa ciudadana y despreciar años de trabajo de los pacientes y sus familias”, ha incidido. El PP también rechazó la negociación de varios puntos ya respaldados en anteriores PNL, que incluían la exclusión de la formación en covid persistente para el personal funcionario del ámbito de la Justicia, a la que se oponía frontalmente, lo que evidencia, a juicio de la asociación, “su falta de voluntad para alcanzar siquiera un acuerdo de mínimos sobre medidas previamente avaladas por las Cortes”.

La asociación recuerda que las iniciativas ciudadanas relacionadas con la salud deben abordarse desde la responsabilidad y el consenso transversal. “La PNL no respondía a intereses partidistas ni pretendía convertirse en un instrumento de confrontación política, sino atender las necesidades concretas de las personas con covid persistente”, han criticado desde Long COVID Aragón.

Vox se situó del lado de su socio de Gobierno y defendió que la continuidad de la consulta debería valorarse atendiendo a su “prioridad nacional”. La asociación queda pendiente de que se aclare este criterio con más detalles.

Casi un año de espera y una consulta sin continuidad

Tras la votación, y ante el manifiesto descontento de los miembros de la asociación, se anunció que el consejero de Sanidad recibirá próximamente a la entidad, tras casi un año de espera. “Long COVID Aragón desea que la reunión no sea una formalidad, sino el inicio de una respuesta sólida, verificable y con plazos concretos”, señala la orbanización.

La asociación recuerda que la médica internista de la consulta dejó su puesto en marzo de 2026 por falta de estabilidad manifiesta. Meses después fue sustituida por un médico residente, que también dejó la consulta a finales de julio. Desde entonces, la plaza no ha sido cubierta y la consulta permanece sin una figura médica internista estable.

Esta sucesión de soluciones temporales confirma la falta de continuidad y de apuesta institucional por la salud de las personas con covid persistente, apuntan desde la asociacion. Long COVID Aragón reclama al Gobierno de Aragón que dote de presupuesto a la consulta y garantice una estructura estable, multidisciplinar y accesible para toda la Comunidad Autónoma. “Una consulta de referencia no puede depender de sustituciones provisionales ni de decisiones presupuestarias coyunturales”, destacan.

“Pedimos a las instituciones que no abandonen a los afectados de la pandemia ni a sus familias. El COVID-19 mató a millones de personas y dejó enfermos y discapacitados a otros tantos. No puede ser ignorado como si no hubiera ocurrido, ni pueden borrarse quienes siguen sufriendo sus consecuencias. Necesitamos atención médica especializada adaptada a esta nueva enfermedad”, constatan en la mencionada nota.

Long COVID Aragón ha querido asimismo “agradecer” a los grupos PSOE, CHA, IU y Aragón Existe su voto favorable y su apoyo a las personas con covid persistente y a la sanidad pública, a la vez que reclama al Gobierno de Aragón presupuesto y continuidad para la consulta monográfica.

Ir a trabajar en bicicleta desde La Cartuja Baja ya es una posibilidad real. Este barrio rural de Zaragoza ha apostado por una movilidad más sostenible e inclusiva para facilitar el acceso de los trabajadores a los polígonos industriales de su entorno y ofrecer una alternativa al vehículo privado.

La iniciativa, desarrollada con la participación del Consorcio de Transportes, fondos europeos y la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zaragoza, permite combinar transporte público y bicicleta para llegar al puesto de trabajo sin necesidad de disponer de coche.

“Queremos que venir a trabajar a La Cartuja Baja no obligue a tener coche. Ir a trabajar en bicicleta es posible y, además, es una opción saludable, sostenible y accesible para muchas personas”, señala el alcalde del barrio, José María Lasaosa.

El sistema facilita el acceso a los polígonos de la carretera de Castellón, La Cartuja, Tecnum, Prides, Empresarium y PTR, donde se concentran más de 300 empresas que dan empleo a alrededor de 7.000 personas, según las estimaciones disponibles sobre actividad empresarial y empleo. El potencial de crecimiento es considerable, ya que Empresarium mantiene una ocupación próxima al 50% y el PTR López Soriano ronda el 35%.

Los trabajadores pueden utilizar la línea 25 del autobús urbano, que conecta Zaragoza con La Cartuja Baja con una frecuencia aproximada de 12 minutos. Una vez en el barrio, pueden acceder al aparcamiento seguro de bicicletas BIZIA instalado por el Consorcio de Transportes en el IDE Ana Belén Fernández Trasobares, junto al campo de fútbol, y cuyo acceso se realiza mediante la tarjeta LAZO.

Desde allí pueden continuar en bicicleta hasta su puesto de trabajo utilizando el carril bici que conecta La Cartuja Baja con las áreas industriales. Al finalizar la jornada, pueden depositar de nuevo la bicicleta en el aparcamiento y regresar a Zaragoza en autobús.

El nuevo tramo ciclista que conecta La Cartuja Baja con los polígonos de Tecnum y La Cartuja tiene 700 metros, enlaza además con el Anillo Verde de Zaragoza y ha supuesto una inversión de 90.000 euros.

“Esta solución demuestra que no siempre es necesario disponer de un vehículo privado para acceder a un puesto de trabajo. Si ponemos a disposición de las personas equipamientos seguros y recursos públicos estamos colaborando con las empresas que desarrollan su actividad en el entorno”, destaca Lasaosa.

La iniciativa responde también a una necesidad detectada entre las propias empresas, que encuentran dificultades para contratar trabajadores que dispongan de vehículo propio, mientras los empleados demandan alternativas para acceder a sus puestos sin depender exclusivamente del automóvil.

La movilidad constituye uno de los principales retos de un entorno que dispone de 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial repartidos en 11 polígonos. Cada día se desplazan por la zona más de 12.000 personas y entre 4.000 y 4.500 vehículos acceden diariamente por la rotonda de La Cartuja.

“No se trata solamente de una cuestión medioambiental. Hablamos también de empleo, seguridad vial, accesibilidad y capacidad para que nuestras empresas puedan seguir creciendo y contratando”, subraya el alcalde.

Precisamente para mejorar las comunicaciones, La Cartuja Baja ha solicitado iniciar los trámites para ejecutar la modificación aislada número 8 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, que contempla una vía alternativa de acceso a las áreas industriales de PTR y Empresarium.

“La Cartuja Baja quiere ser parte de la solución. Apostar por la bicicleta y por la conexión con el transporte público significa apostar por un barrio más accesible, por unas empresas mejor conectadas y por una movilidad preparada para el futuro”, concluye Lasaosa.

La provincia de Huesca ha puesto el foco en el estado de sus carreteras con el primer ‘Martes Negro Provincial’, una movilización coordinada que ha reunido esta semana a vecinos y plataformas de distintos puntos del territorio para reclamar mejoras en unas vías que consideran esenciales para garantizar la seguridad, la movilidad y la supervivencia de los pequeños municipios. Las concentraciones han tenido lugar de forma simultánea en Albalate de Cinca, Estiche, Sariñena y Biscarrués, dentro de una iniciativa que las plataformas promotoras pretenden mantener el primer martes de cada mes.

La protesta, celebrada el pasado martes, ha puesto en común reivindicaciones que hasta ahora se habían planteado de manera separada y que afectan a carreteras como la A-1239, A-130, A-131, A-125, A-2605, A-2609, A-2214 y la carretera del valle de Vió. Para los colectivos, el problema no se limita al firme: el deterioro de estas vías condiciona el acceso a servicios públicos, encarece el transporte, dificulta la actividad agrícola y ganadera y supone un obstáculo añadido para fijar población en unos territorios especialmente dependientes de unas buenas comunicaciones.

En la Hoya de Huesca y el entorno de las Cinco Villas, una de las carreteras que mejor resume esta situación es la A-125 entre Ayerbe y Ardisa. La Justicia de Aragón reclamó en junio al Gobierno autonómico que ejecutara cuanto antes las actuaciones previstas, especialmente en los aproximadamente diez kilómetros entre ambas localidades, después de recibir numerosas quejas por el mal estado de la vía y el elevado tráfico que soporta, incluido el de vehículos pesados y maquinaria agrícola.

El proyecto para acondicionar este tramo fue aprobado en 2025 con una inversión prevista de 7,6 millones de euros, pero a mediados de 2026 continuaba pendiente de licitación por cuestiones presupuestarias. Los vecinos y responsables municipales han denunciado durante años la presencia de baches y socavones y la peligrosidad de una carretera que conecta la Hoya de Huesca con las Cinco Villas y que soporta un volumen de tráfico importante para sus características. En mayo de este año, además, se produjo un accidente que volvió a situar el estado de la carretera en el centro de las reclamaciones.

Una reivindicación histórica

En los Monegros, la A-131, que comunica Huesca con Fraga, concentra igualmente una reivindicación histórica. El tramo entre Novales, Sesa y Huerto, aproximadamente entre los kilómetros 71 y 89, ha sido señalado por distintas iniciativas políticas y vecinales como prioritario para una actuación integral. En julio, Chunta Aragonesista reclamó que estos 18 kilómetros se incorporaran al Plan de Actuaciones Preferentes y recordó que el objetivo debería ser la modernización completa de una carretera que supera los cien kilómetros.

En abril, una edición del ‘Martes Negro’ se desarrolló precisamente en esta vía, con una marcha entre Huerto y Huesca de unos 32 kilómetros, mientras la Administración defendía que la carretera había quedado fuera del anterior plan de conservación y que parte de Los Monegros sí estaba contemplada en el nuevo programa. El Ejecutivo autonómico ha situado además la mejora de las carreteras con peor estado y mayor tráfico entre las prioridades del futuro Plan General de Carreteras 2025-2040, que todavía se encontraba en elaboración.

La reivindicación monegrina alcanza también a la A-129, otra de las carreteras incluidas por las plataformas en el mapa de vías que consideran necesitadas de actuaciones. Su inclusión en el ‘Martes Negro Provincial’ responde a esa voluntad de reunir en una misma protesta problemas que afectan a diferentes territorios y que, según los colectivos, tienen un denominador común: firmes deteriorados, falta de mantenimiento, trazados que consideran inseguros y actuaciones que se anuncian o se reclaman durante años sin que las obras lleguen a materializarse. La protesta provincial pretende precisamente que estas reivindicaciones dejen de funcionar como conflictos aislados y que las administraciones afronten el estado de la red viaria como un problema de conjunto.

En el Cinca Medio y el Bajo Cinca, la A-130 entre Alcolea de Cinca y Monzón concentra otra de las reclamaciones. Son unos 26 kilómetros por los que circulan alrededor de 2.900 vehículos diarios, según los datos manejados por la plataforma Alegría de Monzón, con una presencia especialmente elevada de tráfico pesado. El colectivo sostiene que existe desde 2023 un proyecto para actuar sobre la carretera, con un presupuesto aproximado de cinco millones de euros, pero denuncia que las obras no se han ejecutado.

Los usuarios han descrito la vía como prácticamente impracticable en algunos puntos y han advertido de problemas derivados de su estrechez, especialmente en el tramo entre Alcolea y Santalecina, donde el cruce de camiones resulta complicado y también circulan autobuses escolares. El Gobierno de Aragón sí ha impulsado actuaciones específicas en los tramos urbanos de Alcolea, pero estas obras no equivalen a la reforma integral de los 26 kilómetros de la carretera.

También en este ámbito territorial se encuentra la A-1239, entre Albalate de Cinca y Esplús, en el eje hacia Binéfar, uno de los puntos que más tiempo lleva reclamando una solución. Vecinos y usuarios llevan más de dos décadas reclamando una actuación sobre una carretera caracterizada por los baches, los parches, la irregularidad del firme, la ausencia de arcenes y las deficiencias en la señalización. La presión social se ha traducido también en movilizaciones: en octubre de 2025 más de un centenar de personas participaron en una marcha de unos cinco kilómetros entre Esplús y Albalate para reclamar la mejora de la vía. En las Cortes de Aragón se han aprobado iniciativas para impulsar su acondicionamiento y el Gobierno autonómico ha asegurado que había dado pasos para poder actuar, a la espera de la disponibilidad presupuestaria.

De Candasnos a Ontiñena

El mapa del Bajo Cinca se completa con la A-2214, que conecta Candasnos con Ontiñena a lo largo de algo más de 23 kilómetros. La vía soporta tráfico vinculado a explotaciones agrícolas y ganaderas y a actividades industriales de la zona y presenta, según los usuarios y responsables municipales, un firme muy deteriorado, ausencia de arcenes y problemas para el tránsito de vehículos pesados. El alcalde de Candasnos, Santiago Guayarte, calificó en junio la situación de “penosa” y advirtió de que la futura salida de la autovía podría incrementar todavía más la circulación.

En el Pirineo, las reclamaciones tienen además un componente añadido: en muchos casos se trata de las únicas vías de acceso a valles y localidades de montaña. La A-2605, entre Jaca y el entorno de Aísa, es otro ejemplo. La A-2609, entre Salinas de Sin y Plan, plantea otro problema para los habitantes del valle de Chistau. Sus algo más de doce kilómetros constituyen el principal acceso por carretera a Plan, San Juan de Plan y Gistaín y discurren por una infraestructura muy antigua, con túneles estrechos y dificultades para el cruce de vehículos de grandes dimensiones. Las reclamaciones han señalado durante años el deterioro del firme, la falta de iluminación y los problemas de humedad, hielo y seguridad en algunos de los túneles.

A este mapa pirenaico se suma la carretera del valle de Vió, entre Sarvisé, Fanlo y Escalona, incluida por las plataformas en la movilización provincial como otro ejemplo de las dificultades que afectan a los accesos de los valles pirenaicos y a pequeños núcleos de población. Se trata de una vía que articula las comunicaciones entre el valle del Cinca, Vió y el entorno de Broto y que tiene una importancia especial para localidades con una población reducida y una fuerte dependencia de sus comunicaciones por carretera. La reivindicación del ‘Martes Negro Provincial’ pretende precisamente superar la suma de problemas locales para convertirlos en una reclamación común ante las administraciones.

Más de 5.000 personas mayores utilizan ya Maximiliana, un teléfono móvil desarrollado en Zaragoza que simplifica el uso de un smartphone y facilita funciones como las llamadas, las videollamadas o WhatsApp. El proyecto nació hace cinco años a partir de una necesidad familiar y ha ido incorporando nuevas funciones para adaptar el dispositivo a las necesidades de sus usuarios.

Jorge Terreu, fundador de Maximiliana, comenzó a trabajar en la idea mientras estudiaba Ingeniería Informática en Francia. Durante su estancia de Erasmus se encontró con las dificultades que tenía su abuela para utilizar el teléfono y decidió buscar una alternativa. “Me sorprende que no veo nada que pueda encajar con lo que yo noto que pasa con mi abuela”, explica.

Ante la falta de un dispositivo que respondiera a esas necesidades, Jorge Terreu compró un teléfono y lo adaptó para que pudiera utilizarse con el mínimo contacto posible. La idea era que su abuela pudiera llamar a sus familiares pulsando sobre una fotografía y que ellos pudieran hacerle llamadas y videollamadas sin que ella tuviera que configurar el dispositivo.

Cuando regresó a España comprobó que su abuela había dejado de utilizar su antiguo móvil y manejaba el nuevo con normalidad. Fue entonces cuando decidió convertir aquella solución familiar en un proyecto dirigido a otras personas mayores. “Mi abuela no es una excepción, al revés, mi abuela es lo más habitual en la gente de esa edad”, señala.

El perfil de los usuarios refleja precisamente las dificultades que encuentran algunas personas mayores con los teléfonos convencionales. Según los datos de Maximiliana, alrededor del 60% procede de teléfonos de teclas o de concha y otro 25% utilizaba anteriormente un smartphone que les resultaba demasiado complejo. El 15% restante no tenía móvil.

El objetivo del dispositivo es ofrecer las funciones de un smartphone sin trasladar al usuario la complejidad de sus menús y configuraciones. “Tratamos de que cualquier persona mayor lo pueda utilizar sin ningún límite, da igual que haya utilizado o no un teléfono antes”, explica el fundador.

Las llamadas y las videollamadas son las funciones más utilizadas. Alrededor de un tercio de los usuarios utiliza además WhatsApp, aunque no siempre para escribir mensajes. En muchos casos lo emplean para consultar fotografías enviadas por sus familiares.

La empresa ha incorporado también nuevas herramientas como Galería Gloria y Cámara Carmina, pensadas para simplificar la visualización y realización de fotografías. El teléfono se actualiza automáticamente para incorporar nuevas funciones sin que el usuario tenga que realizar el proceso.

Para Jorge Terreu, una de las claves del dispositivo está en eliminar el temor a equivocarse al manejarlo. “Al no tener ese miedo se lanzan mucho más a hacer las llamadas”, afirma.

El siguiente paso que plantea el proyecto pasa por ampliar las posibilidades de entretenimiento para las personas mayores, más allá de la comunicación con sus familiares. “El siguiente paso grande que yo veo en Maximiliana es abordar el área del entretenimiento”, explica Jorge Terreu. Entre las opciones que estudian está facilitar el acceso a contenidos como misas, programas o información relacionada con los intereses de cada usuario.

Cinco años después de aquel primer teléfono adaptado para su abuela, el proyecto ha superado las previsiones iniciales de su fundador. “El objetivo se ha visto muy superado por la realidad”, reconoce.

Una de esas usuarias tiene 90 años

Entre las personas que utilizan Maximiliana se encuentra María Cintora, una mujer de 90 años que lleva alrededor de cinco utilizando el dispositivo. En su caso, el motivo para buscar un teléfono diferente fue poder comunicarse con su sobrina, que vive en Irlanda.

“Deseaba tener videollamadas con ella”, explica. Encontró información sobre Maximiliana en una revista mientras estaba en Panticosa y, después, acudió para pedir un teléfono que le permitiera hablar con su sobrina. Desde entonces, las videollamadas forman parte de su día a día. “Me llama todos los días por videollamada y cuando no, me manda el mensaje por voz y le contesto”, cuenta.

Con el tiempo también ha aprendido a utilizar WhatsApp y otras funciones del teléfono. Además, reconoce que todavía hay una tarea que se le resiste: “Lo que más me cuesta y todavía no lo sé hacer es mandar mensajes”.

María Cintora valora especialmente haber aprendido a manejar el dispositivo a su edad. “Con los 90 años ya, la verdad, cada vez que aprendes es mejor, me defiendo con esto y soy feliz”, afirma. Su uso se concentra en las llamadas, WhatsApp y los mensajes que recibe. Después de cinco años con el dispositivo, resume su experiencia con una frase: “Para mí esto me ha dado la vida”.

Huesca cuenta con casi 20.000 árboles de más de 20 especies. Sin embargo, solo ocho de ellos aparecen en la propuesta municipal para dotar de algún tipo de protección jurídica a los ejemplares singulares de la ciudad. La cifra de ejemplares protegidos representa el 0,042% del censo y resulta insuficiente para la plataforma Árboles Vivos Huesca, que reclama ampliar el catálogo y pone de ejemplo de la gestión municipal, en materia ambiental, la tala de más de 40 árboles que, aseguran, se ha producido durante las obras de urbanización del polígono Harineras.

El Ayuntamiento ha abierto una consulta ciudadana previa a la aprobación de la Ordenanza Reguladora del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Huesca. El procedimiento recupera una propuesta iniciada en 2016, que confiesan que nunca llegó a completarse. Por lo que los ejemplares seleccionados han permanecido durante una década sin cobertura jurídica ni capacidad sancionadora.

Árboles Vivos valora positivamente que el Consistorio invite a la ciudadanía a participar, pero considera que el alcance de la consulta se queda corto. Las cuatro preguntas planteadas se refieren a los problemas que debería resolver la ordenanza, su necesidad, sus objetivos y alternativas de regulación. Desde la plataforma se quejan de que no preguntan expresamente por los árboles que deberían incorporarse al catálogo.

Para la plataforma esto funciona como “un lavado de cara”. Su principal objeción está en las cifras y la “falta de ambición” de la propuesta. El colectivo cuestiona que una ciudad presentada por el Ayuntamiento como una de las más verdes de España, reserve una protección especial para solo ocho de sus más de 19.000 árboles.

Entre los incluidos figuran el fresno de la calle del Doctor Artero, el pino del Isuela, el alcornoque del parque Miguel Servet, varios cedros del Himalaya de la avenida Martínez de Velasco y un plátano de la calle de Cavia. Por ello, desde la plataforma creen que “es absolutamente necesario ampliar el número de árboles a incluir en el catálogo”.

Otros 56 ejemplares quedaron pendientes de evaluación

El documento elaborado en 2016 dejó otros 56 ejemplares pendientes de evaluación o de mejoras en su entorno. En él incluía los restantes plátanos de Martínez de Velasco, una secuoya de Comena, un pino piñonero del parque de Miguel Servet, cinco plátanos de la calle de Cavia, una veintena de cedros del paseo de Ramón y Cajal y ocho encinas de la catedral, entre otros.

Y es que, diez años después, al menos dos de los plátanos de Martínez de Velasco ya han sido talados y la plataforma advierte que también han desaparecido cedros del paseo de Ramón y Cajal. Por ello, reclaman que no se limiten a validar la lista inicial y que incorporen los ejemplares maduros que siguen sin una protección.

Árboles Vivos insiste en que el valor de un árbol urbano no puede medirse únicamente por su presencia en un inventario. El tamaño, la edad y la extensión de la copa determinan su capacidad de dar sombra y reducir la temperatura. Así que, según el colectivo, la plantación de un ejemplar joven no sustituye de forma inmediata las funciones de un árbol maduro.

Harineras como ejemplo de la gestión ambiental

La falta de protección que denuncian tiene su principal ejemplo en las obras del polígono Harineras. La plataforma asegura haber contabilizado más de 40 talas desde el comienzo del desarrollo urbanístico, tanto en nuevos viales como en interior de parcelas. De hecho, dos de los árboles cortados habían sido propuestos en 2016 para formar parte del catálogo de ejemplares singulares, según el colectivo.

El último episodio se ha producido en la rotonda de la estación, en la esquina de las calles Antonio Angulo y José Gil Cavez. La plataforma denuncia que durante los trabajos se ha arrancado un platanero maduro por el simple hecho de que “pasaba una canalización por debajo y no tenían permiso para cortar el agua”.

El colectivo asegura que otro ejemplar próximo, de unos quince años, corre la misma suerte y “aguarda su turno”. También afirman que en el entorno se han encontrado “raíces cortadas y expuestas”, además de “troncos desprovistos de cualquier protección municipal” y utilizados como apoyo para materiales de obra.

“Estos hechos evidencian que no está controlando suficiente la aplicación de la Ordenanza de protección del arbolado”, indican desde Árboles Vivos. Sostienen que no son incidentes aislados, sino la consecuencia de una protección insuficiente durante toda la urbanización de Harineras.

Una ordenanza que no se cumple

La denuncia se apoya en varios artículos de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano. La norma atribuye al Ayuntamiento la vigilancia de su cumplimiento y prevé medidas correctoras, inspecciones y sanciones. También dice que cuando una obra dañe o haga necesaria la eliminación de una planta, el servicio municipal competente “valorará dicho árbol en todo o en parte, según las normas citadas en el Método de Valoración de la Norma Granada”.

La plataforma afirma que no le consta que ese procedimiento se haya aplicado en el transcurso de las obras del polígono de las Harineras. También se pregunta si el Área de Medio Ambiente emitió el informe previo para los proyectos de urbanización que afectan a espacios libres, si sus técnicos supervisaron los trabajos y si se ha calculado alguna indemnización o sanción. Según el colectivo, la respuesta municipal fue negativa.

La ordenanza obliga a cubrir los troncos cuando las obras o el paso de vehículos puedan dañarlos y fija distancias mínimas para abrir zanjas junto a ellos. El colectivo denuncia que buena parte del arbolado carece de estas premisas y aportan imágenes que corroboran estos hechos. El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado la apertura de un expediente tras los dos últimos ejemplares eliminados de la zona: uno talado después de ser golpeado por un camión y otro arrancado durante los trabajos de la rotonda.

Un conflicto iniciado en verano de 2025

La oposición vecinal a la afección de las obras de Harineras al arbolado comenzó meses antes. A finales de agosto de 2025, numerosos vecinos se concentraron en la avenida Martínez de Velasco para impedir la tala de dos árboles centenarios. La protesta se desplazó hasta la zona de las obras, llegó a cortar el tráfico y obligó a desplegar un amplio dispositivo policial, pero terminó sin poder salvar a dos ejemplares.

Sin embargo, aquella movilización logró que el futuro del cedro del Himalaya situado en la avenida Martínez de Velasco adquiriera protagonismo. El árbol figuraba en la propuesta de catálogo de 2016 y podía verse afectado por las obras. El Ayuntamiento aseguró entonces que se conservaría. En febrero de 2026, la plataforma volvió a concentrarse y ya reclamaban conocer una evaluación del impacto, cifrando en 35 los árboles talados. Con los últimos ejemplares talados, su recuento supera los 40.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, defiende la urbanización como una actuación clave para desarrollar alrededor de 1.500 viviendas. En ese sentido, recordaba que el proyecto se aprobó en 2023 por unanimidad de todos los partidos políticos que, por entonces, formaban la corporación municipal, y donde además se informó del arbolado que se iba a mantener y cuál no.

Por ello, mostraba su sorpresa ante las protestas varias formaciones, como Con Huesca-Podemos Equo, que participaban en las manifestaciones de esos días. Orduna aseguraba que a nadie le gusta que se talen árboles, pero avanzaba que en ese espacio urbanístico se iban a plantar “más de 400”.

La plataforma considera que esas nuevas plantaciones no resuelven la pérdida de árboles maduros ni las dudas sobre el cumplimiento de las normas durante las obras. Reclaman al Ayuntamiento la publicación de los informes ambientales, el seguimiento realizado y las medidas correctores y sanciones que se van a aplicar.

El nuevo curso escolar ha arrancado en Aragón con los institutos plantándose ante la nueva regulación de las actividades extraescolares en la comunidad. Al menos 15 centros de Zaragoza han decidido suspender total o parcialmente excursiones, viajes de estudios y otras salidas educativas, mientras sus claustros valoran cómo aplicar la nueva regulación impulsada por el Gobierno de Aragón. La respuesta de los centros, que comenzó a tomar forma antes incluso del inicio de las clases, ya se ve en cancelaciones de actividades y amenaza también a campañas como la Semana Blanca.

El conflicto viene de meses atrás y está relacionado con la preocupación de los docentes por la responsabilidad que asumen cuando acompañan a los alumnos fuera del centro. El debate aumentó después de la muerte de un estudiante zaragozano durante un viaje escolar a Bélgica en 2022, un caso por el que dos docentes se enfrentan a un procedimiento judicial. A raíz de aquel episodio, varios centros reclamaron un entorno que estableciera las responsabilidades del profesorado en este tipo de actividades.

La preocupación de los profesores y profesoras no se ha quedado en una simple reclamación. Con el inicio del curso, los propios centros aragoneses están tomando posiciones y decidiendo hasta dónde quieren llegar con las salidas escolares. La Asociación de Directores de Institutos de Zaragoza (Adizar) considera que la nueva normativa no resuelve los problemas planteados por los equipos directivos y reclama más diálogo y participación en el desarrollo de la regulación. 

Su presidente, Guillermo Sánchez, señala que los directores siguen teniendo dudas sobre las responsabilidades que asumen al organizar actividades fuera de los centros y cuestiona que tengan que interpretar cuestiones jurídicas para las que no cuentan con formación específica. “No somos expertos en leyes”, apunta Sánchez, que explica que los equipos directivos tienen que enfrentarse a un lenguaje jurídico-administrativo que puede generar dudas sobre cómo aplicar la normativa.

Sobre la responsabilidad penal, asegura que la petición de los directores no busca una exención, sino protección mientras no exista una resolución judicial. “Pedimos una protección civil y penal hasta el momento en el que una sentencia judicial diga que realmente se ha cometido una negligencia”, indica. Adizar reclama así que se concrete mejor el marco de actuación de los equipos directivos para que puedan organizar excursiones, viajes y otras actividades sin la incertidumbre que, según sostienen, mantiene la normativa actual.

Una norma que no ha cerrado el conflicto

El Gobierno de Aragón publicó el pasado 25 de agosto una regulación específica para las actividades complementarias y extraescolares, donde se establecen criterios para su organización, entre ellos la planificación dentro de la programación del centro, la evaluación de riesgos, medidas ante posibles incidentes, ratios de acompañamiento y actuaciones para atender a alumnos con necesidades específicas. Además, incluye un periodo mínimo de descanso para los docentes tras determinadas actividades.

Algunos centros han optado por suspender todas las salidas, mientras otros han decidido mantener aquellas que consideran más fáciles de gestionar, como actividades cercanas, realizadas durante el horario lectivo o sin pernoctar.

Según un listado publicado por 'El Periódico de Aragón', más de una veintena de centros de Zaragoza ya habían comunicado la suspensión de actividades extraescolares o bien limitado su aplicación, aunque no es un listado oficial y la situación puede seguir cambiando.

El conflicto amenaza la campaña de nieve

La reacción de los institutos empieza a tener un efecto que va más allá de las propias comunidades educativas. Las cancelaciones afectan a actividades que necesitan organizarse con meses de antelación, como la Semana Blanca, y ponen en dificultades a empresas que trabajan cada curso con los grupos de estudiantes.

Empresas del Pirineo aragonés vinculadas al alojamiento, el alquiler de material o la organización de actividades de nieve ya están recibiendo anulaciones de reservas de institutos, según 'Heraldo de Aragón'. La incertidumbre resulta especialmente relevante para una campaña que necesita cerrar con antelación tanto las plazas como los servicios necesarios.

Algunas empresas temen que, si el conflicto continúa, los centros de otras comunidades terminen ocupando las plazas que ahora quedan libres.

Desde el Gobierno de Aragón, la consejera de Educación, Carmen Susín, ha defendido la regulación y ha insistido en que el texto publicado en agosto no constituye todavía la norma definitiva. Según explicó, se trata de una orden de inicio del procedimiento y está previsto que la regulación definitiva llegue en 2027, ya que ha defendido que este curso debe servir para conocer cómo funciona el modelo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 36 años como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de agredir con un arma blanca a un menor de edad y causarle un total de 18 lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de septiembre, en torno a las 20:00 horas, cuando la víctima se encontraba sola en la vía pública, concretamente en la calle de Las Armas de Zaragoza.

En un momento determinado, un hombre se acercó al menor y le pidió un mechero. Ante la negativa de este a facilitárselo, el individuo habría comenzado a proferir expresiones de carácter despectivo para, seguidamente, extraer un arma blanca e iniciar una persecución tras él, alcanzándolo y agrediéndolo en diferentes partes del cuerpo.

Después del ataque, el hombre abandonó rápidamente el lugar mientras que la víctima se dirigió al Hospital Universitario Miguel Servet, donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.

El parte médico aportado posteriormente durante la denuncia reflejaba la entidad de la agresión: el menor presentaba un total de 18 lesiones, mayoritariamente incisas, distribuidas por diferentes zonas del cuerpo como cara, cuello, cuero cabelludo, nuca, brazo derecho, tórax y espalda.

La investigación llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Centro, consiguieron identificar rápidamente al presunto autor, un hombre de 36 años con más de una decena de antecedentes policiales por hechos similares.

Finalmente fue detenido el pasado día 10 de septiembre, pasando al día siguiente a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

El concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha informado este viernes de la planificación municipal para la próxima semana, que contempla la reapertura la recuperación del giro entre el paseo del María Agustín y la calle de Escrivá de Balaguer; además del comienzo de la reforma integral de la calle del Doctor Iranzo el lunes, 14 de septiembre.

Rodrigo ha explicado en una rueda de prensa que la próxima semana permitirá “recuperar parte de la normalidad” en dos puntos especialmente sensibles de la ciudad: el entorno del Portillo, por su conexión entre Centro, Delicias y La Almozara, y el acceso al barrio rural de San Gregorio. A estas actuaciones se suma la continuidad de los trabajos en el túnel del paseo de Isabel la Católica, que permanecerá cerrado durante los próximos días por una avería en una tubería.

La primera mejora ya se ha producido este viernes con la reapertura del Camino de los Molinos, uno de los principales accesos a San Gregorio y una de las conexiones con el entorno del Hospital Royo Villanova. Las brigadas de Conservación de Infraestructuras han concluido la renovación de la tubería que sufrió una rotura durante el verano y han podido devolver el tráfico a la vía varios días antes de la fecha inicialmente prevista.

En total, la actuación ha supuesto la sustitución de más de 140 metros lineales de tubería. El Ayuntamiento ha aprovechado además la intervención para mejorar el asfaltado y el firme de la zona, de modo que la reparación de la avería ha permitido acometer también trabajos de acondicionamiento del acceso.

El segundo punto donde el Consistorio prevé recuperar movilidad será el Portillo. Rodrigo ha detallado que durante el comienzo de la próxima semana se completarán los trabajos de finalización de la intersección, señalización, pintura y reprogramación semafórica necesarios para restablecer el giro.

La previsión municipal es que entre el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre vuelva a ser posible girar entre el paseo de María Agustín y la calle de Escrivá de Balaguer. Rodrigo ha confiado en que esta apertura aporte mayor agilidad a uno de los puntos más sensibles de la red viaria, situado en la confluencia de Centro, Delicias y La Almozara, y facilite también el transporte urbano.

Doctor Iranzo

La principal novedad en materia de nuevas obras llegará este lunes con el inicio de la reforma integral de la calle del Doctor Iranzo, en el distrito de Las Fuentes. Los trabajos comenzarán con la primer fase, correspondiente al tramo comprendido entre Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe.

Rodrigo ha insistido en que la movilidad quedará garantizada por las principales vías del distrito durante esta primera fase y que la afección al transporte público será limitada. Todas las líneas de autobús urbano mantendrán sus recorridos, salvo la línea 44, que en dirección hacia la estación de Miraflores dejará de cruzar Doctor Iranzo y atravesará el barrio por Fray Luis Urbano.

La ejecución de esta fase sí obligará a modificar la circulación en el entorno inmediato de los trabajos. La calle del Cardenal Cisneros pasará a terminar en fondo de saco y funcionará en doble sentido, mientras que Batalla de Lepanto quedará cortada en la intersección con Doctor Iranzo y no podrá recorrerse en toda su longitud.

Túnel de urgencias del Servet

En paralelo, continúa la intervención en el túnel situado bajo el paseo de Isabel la Católica, uno de los accesos a la zona hospitalaria del Miguel Servet. Los trabajos se iniciaron después de la rotura de una tubería de fibrocemento y obligarán a mantener el túnel cerrado durante los próximos días.

Rodrigo ha avanzado que no existe todavía una fecha concreta de reapertura, debido a la complejidad de la actuación. Es necesario levantar el tramo afectado de la calzada, retirar los elementos dañados, reparar la avería, sanear la zona, reponer los materiales y completar posteriormente el asfaltado. A ello se suma la dificultad añadida de trabajar en un túnel condicionado por su altura.

El Ayuntamiento ha reforzado los equipos destinados a la reaparición para tratar de agilizar los trabajos. Según ha indicado Rodrigo, se han trasladado a este punto efectivos de Conservación de Infraestructuras que estaban interviniendo en otras actuaciones, con el objetivo de acortar en lo posible un corte cuya duración está condicionada por las características de la obra.

Pese a la avería, no ha sido necesario interrumpir el suministro de agua potable, ni a los abonados, ni al Hospital Miguel Servet. El centro hospitalario mantiene garantizado el abastecimiento a través de distintas tomas, por lo que los trabajos se han podido desarrollar sin afectar a este servicio.

Además de solucionar la incidencia, el Consistorio está aprovechando la actuación para instalar una nueva válvula de conexión entre el paseo Isabel la Católica y la calle Gonzalo Calamita. Esta infraestructura permitirá contar con mayor flexibilidad en la red y reforzar la garantía del suministro de agua al hospital ante posibles incidencias futuras en alguna de sus tomas.

Recorridos alternativos

La movilidad hacia el entorno hospitalario se mantiene, aunque con recorridos alternativos. Los vehículos privados y los taxis que se dirijan a Consultas Externas o a la zona general de Urgencias podrán acceder si circulan en sentido centro. En cambio, quienes lleguen desde el centro en dirección de salida de la ciudad deberán continuar hasta la rotonda de la Z-30, conocida como rotonda de Toulouse, y regresar después para acceder a la zona hospitalaria.

Los vehículos de emergencia dispondrán de acceso garantizado mediante el giro sobre las vías del tranvía. El Ayuntamiento ha trasladado la situación a los servicios de Movilidad y a la Policía Local para facilitar el tránsito en la intersección y reducir las dificultades derivadas del cierre del túnel.

El concejal ha reconocido las molestias que generan estas actuaciones, pero ha defendido que responden a intervenciones necesarias de conservación y transformación de las infraestructuras urbanas. En este sentido, ha vuelto a reclamar comprensión y colaboración a los vecinos y usuarios de las vías afectadas mientras se mantienen los cortes y desvíos.

El supuesto autor del asesinato y descuartizamiento del ciudadano francés cuyos restos aparecieron el pasado 4 de agosto en el embalse de Yesa compró días antes de los hechos una sierra de sable en un supermercado próximo a su domicilio de Pamplona. La herramienta, que no ha sido localizada pese a los registros y búsquedas realizados, podría ser compatible con los cortes practicados en el cuerpo de la víctima, según han determinado los forenses.

Este es uno de los nuevos detalles de la investigación que la Guardia Civil ha dado a conocer este viernes después de que el juez haya levantado el secreto de las actuaciones. El sospechoso, detenido el pasado martes en Pamplona, ingresó este jueves en prisión provisional sin fianza por orden del Juzgado de Ejea de los Caballeros que dirige la investigación.

El análisis del teléfono móvil del detenido ha aportado además otros indicios relevantes. Los investigadores han descubierto búsquedas relacionadas con el seccionamiento de carne mediante herramientas cortantes y con el estrangulamiento utilizando bridas. También había consultado información sobre el crimen cometido en Tailandia por Daniel Sancho contra Edwin Arrieta. Días antes de los hechos investigados, una cadena de televisión española había emitido un documental sobre este caso.

La investigación atribuye al detenido los delitos de asesinato, profanación y ocultación de cadáver, sabotaje de equipos informáticos y abandono de animales.

Sangre en el techo y una vivienda recién limpiada

Víctima y sospechoso convivían en una vivienda del barrio pamplonés de La Milagrosa. El detenido alquilaba una habitación al fallecido y entre ambos existía una relación conflictiva. En los últimos meses habían presentado denuncias cruzadas y la Policía había tenido que intervenir en varias ocasiones por discusiones en el domicilio. Los investigadores también han constatado supuestos impagos de la víctima y antecedentes del sospechoso por amenazas a vecinos del barrio.

El registro de la vivienda, practicado el 8 de agosto, permitió encontrar indicios que reforzaron las sospechas. Los agentes apreciaron evidentes signos de una limpieza reciente, especialmente en el baño, y localizaron varios botes de lejía aparentemente utilizados.

También comprobaron que las cámaras instaladas en el interior de la casa habían sido desconectadas de forma abrupta. Los especialistas encontraron además pequeñas gotas de sangre en lugares poco habituales, entre ellos el techo y una pared. Las muestras fueron remitidas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y el análisis confirmó que correspondían al mismo perfil genético que los restos humanos encontrados en Yesa.

La reconstrucción realizada a partir de las cámaras y del resto de evidencias, junto con la fecha de la muerte establecida por los forenses, ha permitido situar los acontecimientos. La víctima salió a pasear con su perro durante la tarde del sábado 1 de agosto y, según los investigadores, ya no volvió a abandonar la vivienda por su propio pie.

Bultos trasladados al coche antes de viajar a Yesa

Las pesquisas han permitido determinar asimismo que el sospechoso trasladó varios bultos desde su vivienda hasta el vehículo que tenía estacionado en la calle. Al día siguiente, 2 de agosto, estuvo en las inmediaciones del embalse de Yesa. Los especialistas han recogido también muestras de su vehículo para someterlas a análisis.

Dos días después, el 4 de agosto, un bañista alertó al 112 tras descubrir en una playa del embalse, dentro del término municipal de Sigüés (Zaragoza), restos que parecían corresponder a una persona.

La Guardia Civil desplegó entonces un dispositivo en el que participaron especialistas del GEAS, el Servicio Cinológico y el Equipo de Drones. Las búsquedas no permitieron encontrar más restos humanos ni vehículos o materiales abandonados que pudieran estar relacionados con el crimen.

La ausencia de coincidencias en la base de datos española de personas desaparecidas y dos elementos encontrados en el cadáver —la proximidad de Yesa con Francia y un tatuaje de la Legión Extranjera francesa en uno de sus antebrazos— llevaron a los investigadores a sospechar que podía tratarse de un ciudadano francés y a solicitar colaboración policial internacional.

El perro de la víctima condujo hasta su identidad

Un episodio aparentemente ajeno al hallazgo resultó decisivo para identificar al fallecido. El 7 de agosto, la Policía Municipal de Beriáin encontró al perro de la víctima merodeando sin dueño en las inmediaciones de la balsa de Morea, en Navarra.

La lectura del microchip permitió identificar a su propietario, aunque los primeros intentos de localizarlo resultaron infructuosos. Los agentes contactaron finalmente con su expareja, que al día siguiente presentó una denuncia por desaparición ante la Policía Foral.

La coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Foral permitió relacionar entonces al desaparecido con los restos encontrados cuatro días antes en Yesa. Ese mismo 8 de agosto se solicitó autorización judicial para registrar la vivienda que compartía con el ahora detenido.

Tras un mes de investigación y el análisis de las evidencias recabadas, el sospechoso fue arrestado el 8 de septiembre cuando salía de su domicilio de Pamplona para pasear a sus perros. Dos días después fue puesto a disposición del titular de la Sección Civil y de Instrucción de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, que acordó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Hay nombres que aparecen en los archivos y otros que apenas dejan una huella. Antonio Pardo Tris tiene una ficha propia en el Portal de Archivos Españoles. Nació en Farasdués en 1913, era agricultor y arboricultor, militante del PSOE y de la UGT y combatió durante la Guerra Civil en el Ejército Popular de la República. Tras la derrota republicana pasó por el campo francés de Argelès-sur-Mer y el 24 de mayo de 1939 embarcó en el Sinaia rumbo a México. Llegó a Veracruz el 13 de junio. Después trabajó en Puebla y Chihuahua.

Su historia está documentada. La de su mujer aparece de otra manera. Se llamaba Gabriela Carrillo Sánchez. Nació en 1920 y estaba casada con Antonio Pardo. Su nombre aparece en la misma ficha de PARES, pero no como protagonista de una trayectoria propia. Aparece vinculada al expediente de su marido. La documentación de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles recoge que Antonio Pardo recibió ayuda para él y para su esposa Gabriela.

Es una frase aparentemente administrativa, pero también puede leerse como el reflejo de una forma de contar la historia. Él tiene nombre, profesión, militancia, itinerario político, campo de internamiento, barco y destino. Ella aparece como su esposa. Y ahí empieza esta historia. No porque Gabriela sea necesariamente un caso excepcional, sino porque su nombre permite hacerse una pregunta mucho más amplia que invita a reflexionar sobre cuántas mujeres participaron en el exilio republicano y quedaron registradas, cuando lo hicieron, a la sombra de un hombre.

Las mujeres no fueron acompañantes de la historia

El exilio republicano afectó a más de medio millón de personas tras la victoria franquista. Entre ellas había miles de mujeres. La Fundación 14 de Abril ha construido precisamente la exposición Mujeres en el Exilio: Represión y Olvido para recuperar esa parte de la historia. La muestra señala que las mujeres sufrieron el exilio exterior, pero también distintas formas de exilio interior, y reivindica el papel de los miles de mujeres anónimas cuya presencia ha quedado silenciada.

La localidad cincovillesa de Luesia ha acogido en agosto la muestra Mujeres en el Exilio: Represión y Olvido, formada por 13 paneles a través de los que pretende precisamente recuperar a las mujeres anónimas junto a aquellas que tuvieron una trayectoria destacada como maestras, escritoras, científicas, artistas, políticas o deportistas.

La Fundación 14 de Abril ha concebido esta exposición también como material educativo para llevarla hasta las aulas de los centros educativos de Aragón que la soliciten, acompañada de actividades y material de libre descarga en la web de la entidad. “El objetivo de todas nuestras propuestas es ayudar a que la memoria democrática esté presente en los centros escolares porque consideramos que está olvidada en los currículos y creemos que esta es la asignatura pendiente de nuestra democracia”, explica Adolfo Barrena, comisario de esta exposición que hasta ahora ha recorrido ocho municipios de las tres provincias aragonesas.

“En los centros de enseñanza se valora positivamente y hay que reseñar que ya está solicitada para el próximo curso en varios puntos de Aragón”, explica Barrena. Sobre su paso por las localidades aragonesas, como Luesia, el responsable asegura que “se detecta mucha emotividad en quienes asisten” y que “agradecen tanto los materiales como la charla-debate posterior” porque “tienen oportunidad de dar detalles de la experiencia vivida en relación al exilio”.

Desde la fundación insisten en que no se trata de sustituir una historia masculina por otra femenina, sino que se trata de completar una historia incompleta. “De mirar los mismos acontecimientos desde otro lugar”, a través de los ojos de aquellas mujeres que abandonaron sus casas y sus pueblos, atravesaron la frontera, llegaron a Francia y otros lugares y tuvieron que sobrevivir en un país desconocido. Mujeres que pasaron por campos de refugiados, cuidaron de sus hijos, trabajaron y participaron en redes de solidaridad y resistencia manteniendo sus vínculos políticos. Mujeres que, sencillamente, intentaron reconstruir una vida después de haberlo perdido casi todo.

Cinco Villas: antes del exilio estuvo la represión

En las Cinco Villas, lugar en el que ha recalado la exposición este verano, la historia tiene además una particularidad. La comarca tenía un fuerte arraigo republicano y socialista y quedó desde el inicio de la Guerra Civil en manos de los sublevados. La investigadora Cristina Sánchez ha estudiado la represión desde una perspectiva feminista y ha documentado cómo las mujeres sufrieron formas de violencia específicamente sexuadas: cortes de pelo, humillaciones públicas, violaciones, detenciones y asesinatos.

La violencia alcanzó localidades como Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico, Tauste, Farasdués y Uncastillo. No se trataba únicamente de castigar una determinada actividad política sino que el cuerpo de las mujeres se convirtió también en un lienzo para representar ese castigo: Raparlas, exhibirlas, humillarlas, señalarlas. Una violencia que tenía una “dimensión pública y ejemplarizante”.

Mientras algunos hombres huyeron y acabaron formando parte de las comunidades del exilio, muchas mujeres se quedaron en la comarca, soportaron una represión que también se dirigía contra ellas por sus propias ideas, por sus vínculos familiares o por el papel que habían desempeñado durante la República. Algunas fueron encarceladas, otras asesinadas y todas fueron obligadas a callar.

La relación con un varón como billete de entrada

Un camino que no fue fácil para las que se quedaron, y tampoco para las que decidieron huir. En este sentido, la historiadora Alba Martínez Martínez, en uno de sus artículos publicados en Historia Contemporánea en 2019, apunta a que el procedimiento administrativo de reconocimiento del refugiado político estaba construido sobre una imagen “masculinizada de lo que significaba ser perseguido políticamente”, los expedientes de mujeres que solicitaron ser reconocidas como refugiadas políticas en Francia con los que Martínez ha trabajado, conservados en el fondo de Solidaridad Democrática Española de la Fundación Francisco Largo Caballero, constatan que las mujeres tuvieron dificultades para demostrar mediante “pruebas materiales” una persecución que, en la mayoría de los casos, había sido distinta de la sufrida por los hombres y, por lo tanto, no se contemplaba como tal.

La historiadora Alicia Alted Vigil ya señalaba en 1997 que la historiografía había prestado una atención insuficiente a la experiencia femenina del exilio republicano. Su investigación defendía la necesidad de estudiar la presencia de las mujeres no solo como acompañantes, sino también por su participación en la vida política, pública y en la supervivencia cotidiana del exilio.

Estudios posteriores han profundizado en esa misma idea: que la vinculación con un varón fue determinante incluso para su consideración administrativa como refugiadas: el hombre podía aparecer como el “auténtico” refugiado mientras la trayectoria política o represiva de la mujer quedaba relegada. Así, y tal y como añade Alba Martínez Martínez, finalmente muchas mujeres terminaron consiguiendo el reconocimiento o el aval “por su relación con familiares varones” represaliados, independientemente de que sus propias actividades políticas y experiencias represivas fueran suficientemente reconocidas.

Esta información revela que la invisibilidad no se produjo solamente después, cuando los historiadores escribieron los libros, sino que también podía producirse en el propio momento del exilio. Una mujer podía ser una refugiada, una represaliada, una militante, una trabajadora o una madre que había cruzado la frontera. Pero en un expediente, podía acabar siendo, sencillamente, la esposa de un refugiado. Así han llegado hasta nuestros días y Gabriela Carrillo Sánchez permite poner nombre y rostro a esa paradoja.

Acabar con el doble olvido. Ponerlas en el centro

Este enfoque refuerza la teoría de la doble invisibilización que sufrieron estas mujeres: primero, por ser mujeres y, después, por ser exiliadas. La expresión a la que aluden investigadores e historiadoras es el doble olvido.

El género ha condicionado cómo fueron reconocidas, documentadas y recordadas las mujeres en la historia del exilio republicano en España durante décadas, y la historiografía reciente está intentando corregir ese desequilibrio. La investigación histórica lleva tiempo en la tarea de reconstruir esas vidas de las mujeres refugiadas cuestionando el relato tradicional del exilio basado en la lucha, la militancia y el heroísmo masculino.

Si se cuenta el exilio únicamente desde la perspectiva de quienes combatieron, dirigieron organizaciones o escribieron libros, solo se está contando una parte de lo ocurrido. Por eso, los testimonios de las mujeres introducen otras experiencias a la historia tal y como ha llegado hasta la actualidad; contempla el cuidado, la familia, el trabajo, el desarraigo y la vida cotidiana.

En este sentido, el Ministerio de la Presidencia ha publicado una extensa obra colectiva dedicada a las mujeres del exilio republicano de 1939 y a la recuperación de unas trayectorias que durante mucho tiempo quedaron fuera de los grandes relatos sobre la guerra, la posguerra y el exilio. El volumen, titulado Mujeres en el exilio republicano de 1939, publicado en 2021, incorpora a las intelectuales y militantes, y recupera la experiencia de aquellas que no tuvieron una trayectoria pública y que quedaron reducidas a menudo a su condición de esposas, madres o acompañantes.

La penalización por ser mujer rural

Tanto para las exiliadas, como para las que permanecieron en sus casas, el territorio al que pertenecieron también ha sido un elemento limitante, y por eso la historia se cuenta de manera muy diferente cuando descendemos al ámbito rural. Una mujer como Gabriela Carrillo Sánchez no procede de Madrid, Barcelona o Valencia. Su historia comienza en Farasdués, una localidad de la comarca de las Cinco Villas y continúa, al menos según la documentación localizada, ligada al destino de un hombre que terminó en México.

Una perspectiva que está empezando a ser tomada en cuenta tal y como demuestra la tesis doctoral de 2022 de Alba Martínez Martínez, titulada Las refugiadas del exilio republicano español en Francia. Género, identidades y experiencias (1939-1978). Este trabajo no se centra en las grandes figuras femeninas del exilio, sino en las mujeres “corrientes” que llegaron a Francia, y plantea que el género fue un elemento constitutivo de su identidad como refugiadas, el llamado “paradigma de la acompañante”, que las colocó en una posición de subordinación administrativa, política y social respecto a los hombres.

La historia de Gabriela es ejemplo de ese paradigma y abre una vía para mirar el exilio desde la experiencia de las mujeres del mundo rural, las que no ocuparon cargos ni quedaron reflejadas en sus obras. Las mujeres en el exilio que aparecen como “esposa de” en los documentos oficiales no lo hacen solo por una cuestión de catalogación, detrás hay un fenómeno social que reduce la experiencia de todas ellas a una mera relación familiar, sin identidad propia, aseguran las expertas.

Este hecho produce un hueco en la Historia. Las decisiones de estas mujeres, sus trabajos, sus pérdidas, sus redes y su forma de sobrevivir desaparecen, relegando al olvido la experiencia particular de miles de personas, con nombres desconocidos de mujer, que también escribieron la Historia del Exilio.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido este martes en Pamplona como principal sospechoso de la muerte del vecino francés cuyos restos aparecieron descuartizados el pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa. El auto, dictado este jueves, ordena además su ingreso en la cárcel de Zuera.

Según el auto, el instructor considera al detenido “presunto autor de los hechos objeto de la investigación judicial abierta por delito de homicidio”, tras valorar los indicios razonables aportados durante la instrucción. La decisión de enviarlo a prisión sin fianza se ha adoptado, según el mismo documento, por apreciarse riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas.

El detenido, de nacionalidad española, fue arrestado este martes por la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra. La víctima era un ciudadano francés residente en Pamplona con el que el detenido compartía piso.

La investigación se inició el propio 4 de agosto, cuando la Guardia Civil en Zaragoza abrió diligencias tras el hallazgo de los restos en el embalse de Yesa. Días después, la Policía Foral recibió una denuncia de desaparición de un varón, y la coordinación entre ambos cuerpos permitió conectar esa denuncia con los restos hallados en el pantano, según informaron la Guardia Civil y la Policía Foral en una nota conjunta.

Las pesquisas continuaron con una entrada y registro, el pasado 8 de agosto, en el domicilio de la víctima, situado en el barrio de La Milagrosa de Pamplona, donde convivía con el ahora detenido. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.

El Tribunal de Instancia de Calatayud ha tumbado tres inscripciones que el Ayuntamiento había practicado a su propio nombre, condena al Consistorio a pagar todas las costas –incluidas las del Gobierno de Aragón, al que el propio alcalde arrastró al pleito– y desmonta el argumento de los montes de utilidad pública con el que el primer edil, José Gracia (PP), ha justificado durante tres años el registro de más de 200 fincas ajenas

El juez titular de la plaza nº 1 del Tribunal de Instancia de Calatayud, Álvaro Sáez Sanz, ha dado la razón a nueve vecinos de Monterde frente al alcalde en la primera batalla judicial de la guerra que libran desde 2023 por las inmatriculaciones de fincas particulares a nombre del Ayuntamiento. En tres sentencias con idéntica fundamentación, el togado anula las inscripciones registrales practicadas por el Consistorio en el Registro de la Propiedad de Ateca, reconoce a los demandantes como propietarios legítimos de sus casas y tierras y condena al Ayuntamiento a abonar todas las costas del proceso, incluidas las generadas por la comparecencia forzosa del Gobierno de Aragón.

Los fallos son la primera respuesta judicial a un conflicto que arrastra a Monterde desde que, hace tres años, la familia de la vecina fallecida Marcelina Ramón descubrió al tramitar su herencia que la vivienda figuraba inscrita a nombre del Ayuntamiento. La investigación posterior de los afectados destapó que el Consistorio había inmatriculado a su favor más de 200 inmuebles del término municipal –viviendas, campos, almacenes y bodegas–, publicados en el Boletín Oficial del Estado sin que, según los perjudicados, sus propietarios llegaran a enterarse.

Desde entonces los vecinos, organizados en la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, se han concentrado de forma repetida en Monterde, Calatayud y Zaragoza y han reclamado sin éxito la intervención de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón. Y el tribunal les ha dado la razón.

El argumento del monte público

El Ayuntamiento justificó las inmatriculaciones con el argumento que las fincas están dentro del monte de utilidad pública (MUP) y que, por tanto, los vecinos nunca tuvieron más que simples concesiones administrativas para aprovechamientos comunales de siembra y pastos. Sin embargo, el juez desmonta esa tesis con el propio testimonio del funcionario del Gobierno de Aragón, que compareció como testigo: el catálogo de montes de 1928 incluyó inicialmente estas fincas dentro del MUP, pero ya en 1968 se rectificó –con audiencia previa al Ayuntamiento, que entonces no formuló alegación alguna– para excluir expresamente de sus límites las “propiedades particulares en la vega del río Piedra”, justo la zona donde se ubican las fincas litigiosas.

Desde esa fecha, subraya tajante la sentencia, “todos y cada uno de los informes del Gobierno de Aragón o de la previa administración forestal competente han mantenido que dichas fincas se encuentran fuera del MUP, de modo que no parece ni remotamente probable que un deslinde posterior vaya a traer como consecuencia su inclusión definitiva”.

Es decir: el Ayuntamiento litigó durante tres años sobre un límite administrativo que la propia Administración forestal había fijado, sin ambigüedad, 58 años antes. Y precisamente por depender la legitimación pasiva del Gobierno de Aragón de esa afección a montes públicos, el juez desestima las pretensiones dirigidas contra la administración autonómica: acreditado que las fincas están fuera del MUP, no cabe pronunciamiento alguno contra ella.

La sentencia concluye que la posesión de las fincas por los demandantes y sus causantes ha sido pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño desde principios del siglo XX, lo que permite declarar el dominio tanto por el tracto sucesivo acreditado documentalmente como, subsidiariamente, por prescripción adquisitiva de más de treinta años conforme al artículo 1959 del Código Civil.

El Ayuntamiento paga las costas

El fallo no se limita a condenar en costas al Ayuntamiento: le hace pagar también las generadas por la intervención del Gobierno de Aragón, al que el propio Consistorio metió en el pleito. Fue el Ayuntamiento el que forzó la ampliación de la demanda contra la administración autonómica, pese a que la parte actora ya se había opuesto a esa comparecencia, convencida de que no se veían afectados montes de utilidad pública.

El juez no descarta que detrás de esa maniobra hubiera algo más que cautela procesal: el llamamiento al Gobierno de Aragón “podía tener por finalidad, quizá, la dilación del procedimiento o incrementar su complejidad”, apunta la sentencia, dado que el Ayuntamiento sabía desde 1968 que las fincas quedaban fuera del monte público.

Hay problemas que empiezan con una apuesta, pero que terminan ocupando mucho más espacio que el de una pantalla o una casa de apuestas. Se meten en la economía familiar, alteran las relaciones, generan desconfianza, culpa, discusiones y silencios y, poco a poco, pueden convertir el hogar en un lugar de tensión permanente. De hecho, cuando el juego se convierte en una adicción, la partida ya no la juega solo quien apuesta sino toda la familia.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio de la Universidad de Zaragoza que pone el foco en su impacto sobre el conjunto del hogar y su relación con las conductas suicidas. Los datos analizados muestran que, mientras alrededor del 1% de los hogares sin problemas de adicción al juego reportan conductas suicidas, el porcentaje asciende hasta el 34% cuando algún miembro de la familia presenta un trastorno por juego.

La investigación, realizada por Rosa Aísa, Patricia Gascón y Gemma Larramona, profesoras del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, analiza datos representativos de la Encuesta nacional FOESSA, que recoge información de más de 18.000 hogares españoles.

El trabajo, titulado 'Trastorno por juego, contexto familiar y riesgo de suicidio: evidencia a partir de una encuesta de hogares españoles' (Gambling Disorder, Family Context, and Suicide Risk: Evidence from a Spanish Household Survey), intenta no estudiar únicamente a la persona que juega o a la persona que presenta una conducta suicida, sino observar qué ocurre dentro del hogar en el que ambas realidades pueden convivir.

“La investigación plantea que el juego problemático puede afectar a toda la familia y que las características de ese hogar importan. De hecho, incluso en hogares que no tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes la convivencia con una persona con adicción al juego se asocia con una mayor probabilidad de que se produzcan conductas suicidas en el seno de la familia”, explican las autoras.

La presentación de este trabajo coincide con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves 10 de septiembre, con una tasa de mortalidad por suicidio en España de ocho de cada 100.000 personas y un total de 3.808 suicidios en 2025. Sin embargo, detrás de las cifras individuales, hay también hogares que conviven con intentos de suicidio, sufrimiento psicológico y situaciones de vulnerabilidad. Es más, en torno al 1% de los hogares de la muestra había experimentado alguna tentativa de suicidio en su entorno familiar.

Cuando el problema deja de ser solo dinero

La relación entre el trastorno por juego y dificultades económicas parece evidente, ya que las deudas o la pérdida de ingresos pueden convertirse en una fuente constante de angustia. No obstante, el estudio señala que reducir el problema del juego a sus consecuencias económicas sería quedarse en la superficie.

“Las adicciones al juego en la familia ocasionan un deterioro y estrés financiero, pero también afectan al bienestar psicológico y a las relaciones interpersonales que se producen dentro de la familia”, explica Gemma Larramona, una de sus autoras. Es decir, la deuda es solo una parte del problema y la otra, quizá menos visible, se instala en la convivencia.

En este sentido, la investigadora añade que esta situación puede generar “algunas dinámicas, tensiones y vulnerabilidades dentro de la propia convivencia familiar”, lo que puede ocasionar heridas irreparables en algunos casos.

De hecho, uno de los resultados que más cuestiona la idea de que el trastorno por juego es sobre todo un problema económico aparece al observar los hogares que, pese a no tener dificultades para llegar a fin de mes, también presentan una mayor asociación entre trastorno por juego y conductas suicidas.

“En nuestro trabajo hemos encontrado que el principal efecto de la adicción al juego sobre las conductas suicidas no se explica únicamente por el deterioro económico”, apunta Larramona, quien reconoce que una parte sí está relacionada con el estrés financiero, pero que “la mayoría procede del propio estrés que provoca dentro de la familia”. De esta forma, la casa se convierte en el escenario donde confluyen no solo factores económicos, sino también psicológicos y relacionales.

La deuda como una correa de transmisión

Las dificultades económicas sí desempeñan un papel importante. Las familias que manifiestan dificultades para llegar a fin de mes presentan aproximadamente tres veces más probabilidad de reportar conductas suicidas que aquellas que se encuentran en una situación neutra o positiva.

Sin embargo, la presión económica no aparece aislada, ya que puede actuar como una especie de cadena que conecta otras situaciones de vulnerabilidad con el sufrimiento psicológico.

“Esa presión funciona un poco, en realidad, como un canal, una correa de transmisión”, explica Larramona, al mismo tiempo que indica que “lo que hace es transmitir distintas condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser bajos niveles educativos o precariedad laboral, pues se transmiten a través de ese estrés financiero que terminan transformándose en un aumento real del riesgo de conductas suicidas”.

Una deuda, por tanto, puede ser mucho más que una cifra pendiente de pago y condicionar decisiones, relaciones y expectativas, convirtiendo la incertidumbre económica en una fuente de estrés para toda la familia.

Asimismo, la inseguridad residencial constituye otro ejemplo. “Casi el 20% de los hogares donde se produjo una tentativa de suicidio había tenido algún miembro durmiendo en el albergue o en la calle”, señala la profesora.

Los datos del estudio dibujan así un mapa de vulnerabilidades en el que aparecen también los trastornos del estado de ánimo, los problemas de alcohol y drogas, los abusos psicológicos, la discriminación, los antecedentes penales o determinadas estructuras familiares.

“Por tanto, el mensaje no debería ser 'juego = suicidio', sino que el juego problemático se inserta en un conjunto de vulnerabilidades familiares, psicológicas, sociales y económicas”, recalcan las investigadoras, quien comparten que un 40% de los hogares con tentativas de suicidio han sufrido abusos psicológicos, discriminación o tienen algún miembro con problemas de salud mental.

El sufrimiento de quienes están alrededor

La psicología ayuda a explicar qué ocurre cuando una adicción empieza a afectar a todos los que rodean a quien juega. Para Jesús Padilla, psicólogo especializado en niños, adolescentes y adultos y orientado desde el enfoque cognitivo-conductual, la adicción deja una huella que no desaparece en la puerta de casa.

“Básicamente porque al final lo que es una adicción, sea un trastorno por juego o incluso una adicción a sustancias, siempre genera lo que es una huella a nivel familiar”, explica, y “toda esa huella a nivel familiar son emociones, son problemas, son situaciones conflictivas en el propio entorno del paciente”.

Ese desgaste puede terminar afectando a la salud mental de quienes conviven con la persona adicta. “Esto es lo que nos arrastraría quizás a veces a sintomatologías depresivas o ansioso-depresivas que desencadenarían, en el peor de los casos, en lo que es una conducta suicida”, apunta.

Es un sufrimiento que, además, puede permanecer oculto durante mucho tiempo y, bajo el punto de vista de Padilla, “las familias del paciente pueden llegar a tener ese sufrimiento en silencio”. En este sentido, afirma que la gestión emocional de lo que ocurre en el día a día, la resistencia al cambio, el endeudamiento o las dificultades para recuperar la confianza generan un desgaste progresivo.

“Hay un desgaste emocional en el entorno familiar. Ese desgaste emocional nos podría llevar a unos cuadros depresivos y esa depresión nos podría llevar a una conducta suicida”, reconoce. La familia puede convertirse de esta forma, paradójicamente, en una de las principales afectadas y al mismo tiempo en uno de los espacios fundamentales para detectar que algo está ocurriendo.

Además, sostiene que “no hace falta ser especialista en salud mental para detectar que algo ha cambiado”, por lo que Padilla señala que el entorno cercano puede prestar atención a transformaciones en la gestión del dinero, las rutinas, los hábitos o las actividades de ocio. “Simplemente es un plano para observar si ha habido algún cambio significativo en las últimas semanas o meses”, explica.

En el caso de una posible conducta suicida, también pueden aparecer señales relacionadas con los hábitos nocturnos, el sueño, la alimentación, la higiene o el estado emocional. Por todo ello, subraya que, “ante cualquier cambio significativo, habría que ir a manos de un especialista de la salud mental, un psiquiatra, un médico o, en su caso, un psicólogo o una psicóloga”.

Sin embargo, la detección no siempre es fácil, sobre todo en el caso del juego, porque la persona que presenta la adicción puede tardar en reconocer que existe un problema. “La conciencia del problema es la parte del punto de salida. La persona tiene que saber que está habiendo un problema, lo tiene que identificar y tiene que dar voluntad de cambio”, añade.

Por eso, el papel de la familia no debería ser solo el de vigilar, sino también el de acompañar: “El primer punto es que la familia arrope por completo a la persona y que la acompañe en ese cambio de conducta, en ese cambio de pensamiento, y que intente hacer ver de la existencia de un problema y de la necesidad de un cambio”.

No todo es deuda, también se pierde confianza

El deterioro económico suele ser uno de los primeros impactos visibles, pero a medida que la adicción avanza aparecen otras consecuencias como la pérdida de confianza, los problemas de autoestima, los conflictos y las dificultades para gestionar las relaciones. “Al final, todas las consecuencias que vemos tocan varias áreas a nivel socio-familiar, más allá del aspecto económico, personal o laboral”, admite Padilla.

La dinámica puede convertirse en una “bola de nieve” porque la necesidad de conseguir dinero, el endeudamiento y las estrategias utilizadas para continuar jugando pueden agravar progresivamente la situación. “Las personas con ciertas adicciones al juego tienden a manipular para conseguir dinero, porque entran en una rueda que es bastante negativa, un ciclo en el cual al final engrosan. En efecto bola de nieve van engrosando todo lo que es la parte de gastos y de dinero”, agrega el profesional, quien remarca que, con cada vuelta de esa rueda, la familia también queda “atrapada”.

Por otro lado, una de las cuestiones más complejas para las familias es decidir hasta dónde ayudar, ya que pagar deudas, controlar el dinero o intentar evitar que la persona vuelva a jugar puede parecer la respuesta más inmediata, pero el acompañamiento también necesita límites. De hecho, tal y como explica Padilla, al principio es “normal” que se les intente hacer una gestión supervisada del dinero, pero “no podemos estar 10 años así para evitar que juegue”. El objetivo, en última instancia, es que la persona pueda recuperar progresivamente su autonomía y asumir el control de su comportamiento dentro de un proceso terapéutico.

La familia también necesita terapia

Si el problema afecta a todo el hogar, la respuesta tampoco puede centrarse solo en quien juega. El estudio de la Universidad de Zaragoza plantea también la necesidad de pasar de una mirada individual a otra familiar y sistémica. Mientras, desde la psicología, Padilla coincide en que quienes rodean al paciente deben formar parte de la intervención. “No solo en la parte nuclear del paciente, sino también en la parte periférica del entorno familiar. Hay que hacer parte de esa terapia, tanto en consulta como fuera de consulta”, reconoce.

La razón tiene que ver, sobre todo, con la gestión emocional. Los familiares necesitan herramientas para afrontar los conflictos y también un espacio donde expresar lo que están viviendo. “Es necesario que tengan una acogida, una validación emocional. Que la gente, los familiares, se sientan comprendidos que cualquier emoción que surja se valide”, señala. Tristeza, enfado, ira, hastío o incluso la sensación de no poder aguantar más forman parte de una realidad que, según el psicólogo, también necesita ser atendida. “Todas esas emociones se tienen que dar por válidas”, suma.

Asimismo, el estudio identifica factores que pueden actuar como escudo. El acceso a pensiones, prestaciones sociales y el reconocimiento oficial de situaciones de dependencia aparecen asociados a una menor probabilidad de conductas suicidas.

La protección social, por tanto, no es solo una herramienta para aliviar una situación económica, sino que puede convertirse en “una herramienta de prevención”. “Creo que hay veces que no se asocian todos los problemas económicos con el riesgo a que se presenten estas conductas en un hogar”, apunta Larramona. Por eso, considera necesario “coordinar las políticas, tratarlo como un problema de salud pública, como lo que es”.

La respuesta debería conectar los servicios de salud mental con la atención a las adicciones y con los recursos destinados a afrontar la exclusión, la inseguridad habitacional y los problemas económicos. Además, según cuenta, una familia que está atravesando una adicción al juego puede necesitar ayuda psicológica, pero también puede necesitar apoyo social, económico o habitacional.

Una prevención que llegue antes

La investigación reflexiona también sobre qué ocurre si se interviene cuando el problema ya ha provocado deudas, conflictos familiares o sufrimiento psicológico. Ante esto, sus investigadoras apuntan hacia la prevención y, sobre todo, hacia una mayor coordinación entre los recursos. “El artículo propone tratar el juego como un problema de salud pública y coordinar los servicios de salud mental, atención a los problemas de juego y apoyo frente a la exclusión o la inseguridad habitacional”, señalan.

A juicio de Larramona, uno de los posibles puntos débiles se encuentra precisamente en la conexión entre los distintos organismos: “Quizá el apoyo psicológico está dentro de unos centros y el apoyo más desde trabajo social está en otros centros, por lo que no sé bien en qué medida puede fluir la comunicación”.

A su vez, añade que hay que prestar atención a cómo se puede detectar la adicción antes de que se convierta en un problema mayor. “El juego es un tema que últimamente se están presentando muchísimas formas de juego, muy alternativas a través de las redes, físicamente, y es un tema en el que no hay una conciencia de en qué momento pasa de ser un juego que no presenta problemas a ser un juego con adicción”, advierte.

Padilla reclama también una mayor intervención institucional, sobre todo ante la facilidad de acceso al juego y su presencia en distintos espacios y dispositivos. Al respecto, defiende que “se debería hacer mucho más por parte de las instituciones públicas”: bajo su punto de vista, deberían existir mayores restricciones tanto para menores como para adultos, eliminar las máquinas tragaperras y reforzarse las campañas de prevención.

Mirar la casa para entender el problema

El estudio de la Universidad de Zaragoza no establece una relación automática entre trastorno por juego y suicidio, sino que recuerda cómo las conductas suicidas no aparecen en el vacío. Hay hogares donde coinciden problemas económicos, precariedad laboral, inseguridad residencial, problemas de salud mental, discriminación, abusos, adicciones y conflictos familiares. Y dentro de ese entramado, el trastorno por juego aparece como uno de los factores con una asociación más intensa con las conductas suicidas.

Por eso, las investigadoras defienden que la prevención debe mirar también a quienes están alrededor: “Queríamos poner de relieve que no nos hemos centrado en las conductas suicidas del individuo, sino en la familia, porque se ve imbuida de muchísimos factores”. La conclusión, en definitiva, no es que una apuesta conduzca inevitablemente al suicidio, sino que una adicción puede abrir una grieta que termine afectando a todo el hogar si no se detecta y se aborda a tiempo.

La prevención, por tanto, no pasa solo por decirle a una persona que deje de jugar, sino por detectar las señales, evitar que la deuda se convierta en una condena, proteger a quienes conviven con el problema y conseguir que los recursos de salud mental, adicciones y servicios sociales dejen de funcionar como compartimentos separados. Porque cuando el problema entra en casa, la respuesta también tiene que entrar en casa.

Si detecta alguna situación de este tipo, recordarle que los servicios sanitarios y de urgencias están disponibles las 24 horas del día para ayudar a las personas a fortalecer su salud mental. Para prevenir situaciones de riesgo o para solicitar ayuda, llama al 112 o 024, líneas gratuitas y confidenciales.