El serrín cae sobre la mesa mientras un destornillador aprieta el último tornillo. Es el paso final para que unas tablas de madera se conviertan en una pequeña caja, con una abertura circular en uno de sus laterales. No parece gran cosa. Sin embargo, quienes la construyen saben que, dentro de unos meses, puede convertirse en el hogar de una de las aves más bellas y amenazadas del Bajo Aragón: la carraca europea (Coracias garrulus).

Cada primavera, esta ave de plumaje azul eléctrico y unos 15 centímetros, recorre miles de kilómetros desde el África subsahariana hasta la península ibérica. Un camino que viene haciendo durante siglos, pero cuyo destino hacia el Bajo Aragón había comenzado a cambiar hace unos años.

El abandono de espacios como granjas o casas de campo tradicionales, y la pérdida de chopos o almendros viejos, han ido dejando a las carracas sin cavidades y huecos naturales donde poner sus huevos. Por ese motivo, la migración a esta zona de Aragón estaba dejando de tener sentido para la carraca.

Consciente de esta realidad que las cifras avalan, el ornitólogo Luis Bolonio ha puesto en marcha en Aragón el proyecto 'CasaCarraca', una iniciativa que se sufraga con recursos propios y que está implicando a vecinos, escolares, voluntarios y amantes de la naturaleza participando en la construcción de 36 casetas refugio de madera con un objetivo común: que la carraca encuentre un lugar donde criar cuando regrese al Bajo Aragón de su largo viaje desde África.

La implicación de quienes conocen el territorio

El proyecto ha iniciado la instalación de 36 cajas nido repartidas por distintos enclaves del Bajo Aragón Histórico, especialmente en zonas próximas a las Saladas de Alcañiz y otros espacios donde todavía persisten algunas parejas reproductoras de carraca. Cada ubicación es el resultado de un estudio llevado a cabo previamente para aumentar las posibilidades de éxito, y forma parte de un plan mucho más amplio que incluye censos, seguimiento de ejemplares y acciones de divulgación. Y es que, como asegura el ornitólogo: “La que tenemos en la comarca es una población en una situación muy frágil, muy vulnerable y que en poco tiempo se podría extinguir”.

La carraca tiene una particularidad que comparte con otras aves: no construye su propio nido, por lo que depende de los agujeros abiertos por los pájaros carpinteros o de las cavidades en edificios para cobijarse. Cuando desaparecen los árboles viejos o se rehabilitan las masadas sellando todos sus huecos, la especie pierde automáticamente sus lugares de reproducción.

Por eso las cajas nido se han convertido en una herramienta tan eficaz. Están fabricadas en madera y diseñadas específicamente para la especie, reproduciendo las condiciones que antes ofrecía el propio paisaje. Los primeros resultados ya invitan al optimismo: buena parte de las primeras cajas instaladas antes de la llegada de las aves fueron ocupadas durante la misma temporada de cría.

Un proyecto sin premio ni financiación que sale adelante con recursos propios

'CasaCarraca' no pretende limitarse a colocar refugios artificiales. La iniciativa va más allá y pasa por implicar a agricultores, ganaderos, cazadores, propietarios de fincas, centros educativos y asociaciones locales. Porque la filosofía del proyecto entiende que la conservación solo es posible si nace desde el medio rural, contando con quienes más lo conocen, lo mantienen y lo habitan.

Este proyecto también pone de manifiesto otra realidad habitual en el medio rural: muchas iniciativas nacen antes de contar con financiación. 'CasaCarraca' es un buen ejemplo de ello. La idea no logró acceder a las ayudas a las que optó a través de un vídeo que los niños y niñas del CRA Alifara grabaron para presentar el proyecto y conseguir así salvar de la extinción a esta especie, como ha sucedido en Guadalajara.

“Después de que los programas de desarrollo local no contestaran a nuestros mensajes, decidimos seguir adelante con la iniciativa, pagándola nosotros”, explica el ornitólogo. La falta de recursos públicos no frenó la puesta en marcha de algo que muchos ya habían integrado en su lista de “debe al pueblo”. Y eso es, precisamente, lo que ha sacado adelante 'CasaCarraca', que el entorno más próximo ha hecho suyo el proyecto.

A pesar de la precariedad en los recursos, hay “algo bonito” en esta historia. “La gente ha empezado a preguntar cómo colaborar, así que ahora estamos pensando cómo poner en marcha algún mecanismo, por ejemplo, de micromecenazgo”, que permita la viabilidad de 'CasaCarraca', añade Bolonio. También “hay empresas interesadas en financiar el proyecto, al menos parcialmente”, apunta, y la asociación ecologista aragonesa ANSAR va a donar 10 cajas nido para instalar el próximo año. Casi sin buscarlo, a esta iniciativa se le abre una ventana con vistas al futuro, en un lugar donde no la había buscado. Y mientras estos futuros apoyos llegan, hay uno que es ya una realidad tangible y vital.

Se trata del impulso de los escolares del CRA, que están participado en la construcción y decoración de varias cajas nido, y también en su instalación. Mientas construyen las casas prenden cómo vive la carraca, por qué necesita estos refugios y qué papel desempeñan los paisajes agrícolas tradicionales en la conservación de la biodiversidad. Al mismo tiempo que unos sujetan los tornillos y otros pintan los listones, también descubren que proteger la naturaleza puede empezar con un gesto tan sencillo como lo es el construir un pequeño nido. Una caja de madera que puede llegar a salvar de la extinción a un ave que forma parte del paisaje y de la tradición del Bajo Aragón y el Bajo Martín.

Símbolo de un problema mucho mayor

El descenso de la población de carraca es el “símbolo de un problema mucho mayor”, asegura el ornitólogo Luis Bolonio. Cuando desaparecen los árboles viejos, las construcciones del campo quedan vacías, los barbechos se reducen y los insectos escasean, no solo se pierde una especie, el paisaje rural se empobrece. Por ello, fabricar una caja nido es mucho más que un trabajo de carpintería. Es una forma de devolver al paisaje un hogar que atrae vida.

Lejos de ser un investigador de laboratorio, Bolonio conoce el mundo rural desde dentro. Fue ganadero de cabras en extensivo en el Alto Tajo antes de especializarse en conservación de la biodiversidad. Más tarde trabajó durante años en África Occidental desarrollando proyectos de cooperación vinculados al desarrollo rural y la convivencia entre las personas y la fauna salvaje. Hoy preside la asociación CEBIME (Conservación y Estudio de la Biodiversidad en Medios Esteparios) y participa en diferentes investigaciones sobre aves esteparias y conservación del territorio.

Su historia con la carraca comenzó hace más de dos décadas en Guadalajara. Allí comprobó que apenas sobrevivían unas pocas parejas reproductoras y decidió actuar. La solución parecía sencilla: construir cajas nido que sustituyeran los huecos naturales desaparecidos, pero detrás de aquella idea había mucho más que carpintería.

Había censos, seguimiento científico, colaboración con agricultores y propietarios de fincas, restauración del hábitat y un convencimiento que Bolonio repite siempre que habla del proyecto: conservar una especie significa conservar también el paisaje que la hace posible. Los resultados terminaron dando la razón al equipo porque donde apenas quedaban unas pocas parejas reproductoras, la población comenzó a recuperarse hasta convertirse en uno de los principales ejemplos de conservación de la carraca en España; salvando a esta especie de la extinción en esa zona.

A las puertas de la extinción en el Bajo Aragón

El primer censo provincial de carraca europea realizado por CasaCarraca en la comarca del Bajo Aragón en 2025 dibujó un escenario preocupante. El estudio localizó cuatro subpoblaciones distribuidas en 12.169 hectáreas y censó un total de 17 parejas reproductoras en toda la provincia de Teruel. De ellas, 11 se concentran entre el Bajo Aragón y el Bajo Martín, donde se encuentra el 65 % de la población turolense, mientras que las seis restantes viven en el entorno de la Laguna del Cañizar. Además, el trabajo permitió identificar por primera vez dos subpoblaciones desconocidas hasta ahora, en la Huerta de Gaén y en los Llanos del Regallo-Vañimala.

Los datos recogidos por el equipo de Bolonio muestran también la rapidez con la que la especie está retrocediendo en esta zona. En los últimos años han desaparecido al menos seis parejas reproductoras en el Bajo Aragón, lo que supone un declive del 35 %. En cinco de esos antiguos nidos hoy crían cernícalos vulgares, una señal de que las cavidades siguen siendo útiles, pero ya no reúnen las condiciones que necesita la carraca. A ello se suma otro problema de fondo: la desaparición sinuosa, pero sin freno hasta ahora, del pito real ibérico; el pájaro carpintero que excava los huecos naturales de los que depende la carraca para reproducirse.

A día de hoy, solo dos parejas de carraca siguen utilizando este tipo de cavidades naturales; el resto ocupa edificios rurales muy deteriorados o intenta criar en construcciones modernas con orificios inadecuados que no garantizan el éxito de la reproducción para estas aves.

Con este diagnóstico sobre la mesa, CasaCarraca ya ha diseñado una hoja de ruta para los próximos años. El plan contempla instalar 60 nuevos nidales para consolidar las tres subpoblaciones del Bajo Aragón y el Bajo Martín, ampliar el censo hacia la ribera zaragozana del Ebro, conectar las distintas poblaciones mediante nuevos puntos de reproducción, estudiar con emisores GPS los hábitos de alimentación de la carraca y analizar la situación del pito real ibérico, considerado una especie clave para la supervivencia del primero. Todo ello acompañado del mantenimiento de los nidos y de un seguimiento continuado de la población.

Un trabajo ingente que, hasta ahora, ha sido posible poner en marcha gracias al alumnado y el profesorado del CRA Alifara, y al resto de vecinas y agricultores que han apostado por salvar a un pájaro azul turquesa y anaranjado construyendo nidos con el fin de que éste siga eligiendo surcar el cielo de Teruel para ver nacer a sus crías.

Un trabajo manual con madera, tornillos y alambre que va más allá de fabricar un nido. Lo que los vecinos del Bajo Aragón están intentando es demostrar que con colaboración y un buen guía, pueden llegar a conseguir que una parte de la memoria natural de la zona, vuelva a encontrar razones para regresar a su comarca cada primavera.

La Zaragoza más crítica, rebelde y libre despide a uno de sus nombres propios. Este sábado se ha conocido el fallecimiento de Dionisio Sánchez Rodríguez, una figura indispensable para comprender la ebullición cultural y las corrientes de libertad que transformaron la capital aragonesa desde los años finales del franquismo. Tenía 75 años.

Aunque nació en la localidad gerundense de Ribas de Fresser en 1951 y se formó inicialmente en Magisterio, Sánchez encaminó muy pronto su vida hacia el activismo cultural. Su primera iniciativa editorial relevante llegó en 1967 con la revista 'Ágora', preludio del proyecto que terminaría por consolidarlo como una referencia del periodismo independiente en la comunidad.

En marzo de 1977 vio la luz 'El Pollo Urbano', una publicación satírica que irrumpió con fuerza en la escena local en plena apertura democrática. La revista nació con la vocación de romper moldes, cuestionar al poder y ofrecer un altavoz sin ataduras a una juventud deseosa de aire fresco y cambios sociales.

La trayectoria de Dionisio Sánchez estuvo estrechamente ligada también al mundo del espectáculo. Como director y actor al frente del grupo de teatro Grifo, trasladó el espíritu crítico de sus publicaciones a las tablas, combinando el lenguaje dramático con la irreverencia. Además, extendió su labor creativa al ámbito audiovisual como guionista y director de documentales, programas de televisión y espacios radiofónicos.

Con el tiempo, la fórmula del Pollo Urbano dio el salto a las páginas del diario Heraldo de Aragón a través de la sección dominical 'Plumas de pollo'. En ese espacio de sátira política y social colaboraron destacados dibujantes en sus inicios, como Luis Grañena, dentro de una etapa en la que la crítica mordaz y la ironía hacia la clase política formaban parte del debate público cotidiano.

Quienes compartieron proyectos y vivencias con él destacan su capacidad constante para señalar las contradicciones de la sociedad aragonesa, respaldado siempre por un marcado descaro intelectual y un sentido del humor provocador y libre.

Fiel a su espíritu heterodoxo, Sánchez también tuvo una incursión en el ámbito político. En las elecciones municipales del año 2003 formó parte de la candidatura de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Jaca. Bajo una propuesta singular centrada en la defensa de los pequeños núcleos rurales, utilizó su plataforma para reclamar infraestructuras básicas, accesos a redes de comunicación y mejores servicios para los pueblos y pedanías de la zona.

Con la pérdida de Dionisio Sánchez, Aragón dice adiós a uno de sus cronistas más agudos e incómodos; un hombre que utilizó el teatro, la prensa y la ironía como herramientas fundamentales para oxigenar la vida pública de la región.

Hay edificios que llaman la atención por su arquitectura y otros por las historias que esconden. El chalé Bergua, en el paseo Ruiseñores de Zaragoza, reúne ambas cosas. A simple vista parece una casa más. Sin embargo, pocos edificios de la ciudad han tenido tantas vidas con el paso del tiempo como este. En poco más de 90 años ha sido una residencia familiar, un centro de detención durante la Guerra Civil, una clínica y la sede de Televisión Española en Aragón.

Más que un edificio, podemos decir que el chalé Bergua es un reflejo de cómo ha cambiado Zaragoza en los últimos años. Recorrer sus distintas etapas es también recorrer casi un siglo de la historia de la ciudad. No es casualidad que las rutas de memoria histórica organizadas por ARMHA comiencen precisamente ante este edificio. “Empezamos siempre en el chalé Bergua”, explica su presidente, Enrique Gómez, por el papel que desempeñó durante la represión franquista.

La casa que trajo la modernidad a Zaragoza

Todo empieza en el año 1933, cuando finalizó la construcción del chalé que el médico Matías Bergua encargó a los arquitectos Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler, dos de los principales representantes del racionalismo español.

La vivienda rompía con la arquitectura que dominaba Zaragoza en aquella época. Frente a los estilos más tradicionales, el proyecto apostaba por grandes ventanales, terrazas y una distribución inspirada en la arquitectura europea moderna de antes. Se puede decir que no era una casa cualquiera. El proyecto acabó convirtiéndose en uno de los ejemplos más destacados de arquitectura racionalista construidos en la ciudad.

“Es un chalé desde el punto de vista arquitectónico muy interesante, porque responde a un estilo racionalista que era muy avanzado en los años treinta”, explica Enrique Gómez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).

Cuando la guerra llamó a la puerta

El golpe militar del 18 de julio de 1936 lo cambió todo.

El chalé fue confiscado por los sublevados y fue utilizado como centro de detención e interrogatorios. Según explica Enrique Gómez, desde este inmueble se organizaban detenciones de personas consideradas afines a la República, que posteriormente eran trasladadas al chalet para ser interrogadas y torturadas. “Los llevaban allí y los torturaban para sacarles información”, resume el presidente de ARMHA, que recuerda que las víctimas permanecían retenidas “en unas condiciones totalmente insalubres”.

Entre ellas estuvieron el gobernador civil de Zaragoza, Ángel Vera Coronel, y el presidente de la Diputación Provincial, Manuel Pérez-Lizano, que fueron secuestrados y torturados, y posteriormente, ejecutados.

A diferencia de otros edificios vinculados a la memoria democrática, el chalé apenas conserva elementos visibles que recuerdan aquel pasado, pese a haber sido escenario de algunos de los episodios más oscuros vividos en la ciudad durante el inicio de la guerra.

Una nueva vida al inmueble: de clínica a plató de televisión

Finalizado el conflicto, el edificio volvió a reinventarse.

El chalé dejó atrás su uso militar y pasó a convertirse en una clínica especializada en enfermedades del aparato respiratorio. Años después también acogió las oficinas de una empresa petrolífera francesa. “Posteriormente a la guerra, aquello fue utilizado por un par de empresas, una de ellas francesa, que se dedicaba, creo, a temas de petróleos y demás”, recuerda Enrique Gómez.

Más adelante, el inmueble pasó a ser propiedad de Ibercaja, que posteriormente lo vendió a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), actual propietaria del edificio.

El 6 de julio de 1979, el chalé Bergua volvió a cambiar de vida. Ese día se comenzó el Centro Territorial de TVE en Aragón desde el edificio del paseo Ruiseñores. La primera emisión tuvo bastante improvisación. El primer informativo se realizó desde el jardín porque buena parte de las instalaciones aún no estaban terminadas. El centro no tenía entonces estudio, sala de montaje, control central o laboratorio de imágenes, por lo que el programa se emitió desde una unidad móvil desplazada desde Sevilla y con medios técnicos muy limitados.

Durante muchos años, miles de aragoneses vieron informativos y programas que se elaboraban entre aquellas paredes sin conocer la historia que escondía el edificio. En noviembre de 2017, RTVE trasladó su sede al recinto Expo y el chalé volvió a quedarse vacío.

Un próximo futuro

En los últimos años se han planteado distintas posibilidades para su futuro. Desde ARMHA defienden que el edificio debería convertirse en un espacio dedicado a la memoria democrática. “Pedimos que fuera un lugar de memoria y que se pudiera instalar allí un museo, pero nunca nos hicieron caso”, lamenta Enrique Gómez.

Noventa años después de su construcción, el chalé Bergua continúa sin uso. Su historia, marcada por los distintos usos que ha tenido a lo largo de casi un siglo, lo convierte en uno de los edificios más singulares de Zaragoza.

La Comisaría Provincial de Huesca de la Policía Nacional ha alertado este viernes de una campaña de estafas que suplantan la imagen de la cadena de supermercados Lidl con anuncios fraudulentos en Internet. En los últimos tres días la Comisaría Provincial de Huesca ha recibido cuatro denuncias por este tipo de estafa. Los ciberdelincuentes crean anuncios en Internet con promociones muy atractivas que aparentan corresponder a campañas oficiales de esta conocida cadena de supermercados.

El objetivo es captar la atención del consumidor y generar una sensación de oportunidad única para que acceda al anuncio. Al pulsar sobre él, el usuario es redirigido a una página web fraudulenta que reproduce con gran fidelidad la imagen corporativa de la tienda oficial, utilizando logotipos, colores, fotografías y un diseño prácticamente idéntico al original, con el fin de transmitir confianza y hacer creer a la víctima que se encuentra realizando una compra en un sitio legítimo.

Una vez en esa falsa tienda online, la víctima selecciona el producto y completa el proceso de compra creyendo que está adquiriéndolo a través de la página web oficial.

Durante ese proceso facilita sus datos personales, de contacto y bancarios, que pasan a manos de los ciberdelincuentes. Sin embargo, el artículo adquirido nunca llega a entregarse.

Para retrasar las sospechas y dificultar que la víctima detecte el fraude de inmediato, los estafadores incluso llegan a enviar un correo electrónico informando falsamente de que el pedido ha sido entregado, indicando en ocasiones que ha sido recogido por un vecino o depositado en un lugar seguro.

Este tipo de comunicaciones buscan transmitir una apariencia de normalidad y ganar tiempo antes de que la víctima descubra que ha sido objeto de una estafa, ha informado la Policía Nacional.

La Policía Nacional recomienda comprobar cuidadosamente la dirección completa de la página web (URL), ya que suele contener variaciones respecto a la oficial; desconfiar de precios excesivamente bajos o promociones que parezcan demasiado buenas para ser ciertas y no realizar compras accediendo directamente desde anuncios, sino acceder siempre desde la página oficial.

También, no dejarse llevar por mensajes que transmitan urgencia, como 'últimas unidades' u 'oferta disponible solo hoy'. Por último, recomiendan utilizar métodos de pago seguros y activar la verificación en dos pasos para proteger tus cuentas bancarias frente a accesos no autorizados.

Tres de cada cuatro edificios inspeccionados hasta ahora en el entorno de El Tubo de Zaragoza presentan algún tipo de desperfecto. Es el principal resultado de la segunda fase del Plan Especial de Inspección de Edificios impulsado por el Ayuntamiento, que ha revisado ya 16 inmuebles y tres solares, el 45,95% de las 42 fincas incluidas finalmente en este ámbito del Casco Histórico.

Los trabajos, iniciados el pasado 16 de junio, han permitido comprobar que doce de los dieciséis edificios inspeccionados presentan deficiencias de distinta consideración. De ellos, diez registran deterioros leves asociados al paso del tiempo y al uso, como humedades, desconchados o filtraciones superficiales; uno requiere reparaciones de grado medio y otro presenta deficiencias estructurales graves que obligarán a acometer obras prioritarias de consolidación, aunque sin riesgo inminente de colapso ni necesidad de desalojo.

Los cuatro edificios restantes se encuentran en buen estado de conservación y cumplen los estándares de habitabilidad y ornato, según los datos facilitados este viernes por el Ayuntamiento.

En cuanto a la seguridad de la vía pública, únicamente uno de los inmuebles inspeccionados ha obligado al Consistorio a dictar medidas cautelares para asegurar su fachada y evitar posibles desprendimientos.

Las humedades y los problemas en balcones y voladizos son las patologías más frecuentes detectadas por los técnicos municipales, presentes en once de los edificios inspeccionados. Les siguen las deficiencias de conservación general, localizadas en nueve inmuebles, y los problemas estructurales, que afectan a ocho. Además, en seis edificios se han detectado daños en cubiertas y presencia de insectos xilófagos, habituales en construcciones históricas con elementos de madera.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha atribuido la elevada presencia de humedades a las características del entorno de El Tubo, donde abundan las antiguas bodegas en sótanos y subsuelos y existen solares vacíos que favorecen la filtración del agua hacia las medianeras de los edificios colindantes.

Las inspecciones también han puesto de manifiesto un cumplimiento desigual de la normativa sobre conservación de edificios. Solo ocho de los dieciséis inmuebles visitados cuentan con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable y registrada, mientras que la otra mitad no tiene regularizada esta obligación.

Estas inspecciones se producen después de que, en los últimos meses, varios incidentes hayan reabierto el debate sobre el estado del patrimonio edificado del Casco Histórico de Zaragoza. El más reciente ocurrió en la calle Las Arcadas, en La Magdalena, donde el hundimiento de dos plantas de un edificio obligó a desalojar a sus vecinos y el inmueble acabó siendo declarado en ruina por el Ayuntamiento. Meses antes, el derribo de la histórica casa de Estébanes 12-14, con origen en el siglo XVI, generó una fuerte controversia entre el Consistorio y expertos en patrimonio sobre si era posible conservar parte del edificio.

Todo Aragón continúa este viernes en alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales por segundo día consecutivo. Las 26 zonas en las que se divide la comunidad se mantienen en el máximo nivel de alerta, según el mapa elaborado por la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.

El Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) refleja la situación diaria del riesgo de incendio en Aragón mediante una clasificación de cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, representados por los colores verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente. Dentro del nivel rojo se contempla, además, la situación Rojo Plus (Rojo +), reservada para episodios excepcionales que presentan un peligro extremo.

Para este viernes existe probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes, principalmente en el este de la comunidad, que podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes asociadas a estos fenómenos.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recuerda que la alerta roja por peligro de incendios forestales implica una serie de prohibiciones y limitaciones con el objetivo de extremar la prevención y evitar la generación de incendios. En primer lugar, queda prohibido encender fuego en espacios abiertos y se suspenden temporalmente todas las autorizaciones para el uso del fuego, incluidas las quemas y los usos culturales y recreativos.

Asimismo, no está permitido encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras ni zonas de acampada, incluidas las habilitadas para ello. También queda prohibida la introducción y el uso de material pirotécnico en entornos forestales, así como arrojar o abandonar objetos en combustión.

La declaración de alerta roja conlleva igualmente la suspensión de las autorizaciones para la celebración de pruebas deportivas y actos públicos en entornos forestales, siempre que la resolución que los autorice no haya previsto expresamente las condiciones concretas para su desarrollo en este nivel de alerta.

Del mismo modo, en los montes y en las áreas situadas a menos de 400 metros de estos queda prohibido el uso de equipos y maquinaria que puedan producir deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.

Excepciones

Como excepción, se permite el uso de ahumadores en la actividad apícola fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Por su parte, las labores de cosecha y empacado de cereal que se desarrollen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada o arbustiva superior a las 100 hectáreas deberán realizarse fuera de la franja comprendida entre las 14.00 y las 18.00 horas. Además, será obligatorio adoptar las medidas de precaución que se estimen necesarias y garantizar, en todo caso, el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto de un apero de labranza tipo grada o similar que permita abordar la extinción en caso de incendio.

También quedan exceptuadas la utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas de las contempladas en el apartado anterior. Del mismo modo, podrán realizarse actuaciones de reparación urgente destinadas al restablecimiento de servicios básicos.

Las acampadas ilegales en el Pirineo aragonés continúan bajo la vigilancia de las autoridades. Tras las ocho denuncias interpuestas esta semana en los Ibones de Anayet, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha recordado que “todos los años interpone cientos de denuncias relacionadas con las acampadas ilegales” y mantiene un operativo específico durante todo el verano para controlar estas prácticas en los espacios naturales protegidos de Aragón.

El comandante Arturo Notivoli, jefe del Seprona de la Zona de Aragón, ha advertido de que el incremento de visitantes al Pirineo obliga a extremar las precauciones. “Toda la gente que viene a hacer senderismo, montaña o simplemente a pasear tiene que ser consciente de que todas esas actividades pueden atentar muy gravemente al espacio natural, a los ecosistemas y a la fragilidad de las especies”, ha afirmado. Por ello, ha insistido en que los visitantes deben acudir “con una mentalidad totalmente conservacionista”.

El responsable del Seprona ha recordado que “la acampada libre está prohibida en todo el territorio de la comunidad autónoma de Aragón”. La única excepción es el vivac, que, según ha explicado, “solamente está permitido durante una noche”, en determinados lugares y cotas y con una infraestructura que “en ningún momento puede superar el metro y medio de altura”.

Notivoli también ha puesto el foco en otra práctica cada vez más habitual en verano: el baño en los ibones. “Se ha puesto de moda esta modalidad de bañarse y de acampar a pie de los ibones, lo cual está completamente prohibido”, ha señalado. Además, ha advertido de que introducirse en estos lagos alpinos “provoca la remoción de los lechos y los suelos”, altera los hábitats y las especies que los habitan y conlleva “su degradación sistemática”.

Las declaraciones llegan un día después de que la Unidad de Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón denunciara a ocho personas por realizar acampadas ilegales en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en Sallent de Gállego. Los agentes localizaron cinco tiendas de campaña durante una inspección.

El Gobierno de Aragón reforzó este año la protección de este enclave tras detectar un incremento de las acampadas ilegales durante el verano de 2025. La Orden MAT/221/2026 delimitó el perímetro protegido del humedal y prohibió expresamente el baño durante todo el año, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre.

Sobre la labor de vigilancia, Notivoli ha explicado que el Seprona denuncia todas aquellas conductas que vulneran la normativa de los espacios naturales protegidos y que, en muchas ocasiones, cuenta con el apoyo de la Unidad Aérea de la Guardia Civil para acceder a zonas de difícil acceso. “El Seprona de la Guardia Civil de Aragón, como todos los años, mantiene un operativo activo para controlar y fiscalizar todas las actividades de montaña y todas las acampadas ilegales”, ha concluido.

“Estas cantidades no constituyen una ayuda asistencial ni un privilegio. Su función es eminentemente educativa”. Con este argumento, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) ha cuestionado la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados. En un comunicado, la entidad defiende que el dinero de bolsillo forma parte de la intervención socioeducativa que se desarrolla en los centros de protección y permite trabajar aspectos como la gestión responsable del dinero, la planificación, la toma de decisiones o la adquisición de hábitos de consumo: “Es una herramienta pedagógica”.

Suprimirlo, añaden, “dificulta la consecución de objetivos educativos y limita las herramientas con las que cuentan los profesionales para desarrollar su labor”. Además, advierten que reducir las asignaciones a una cuestión económica supone “desconocer el trabajo técnico y educativo que se realiza a diario en los recursos residenciales” y que dificulta los procesos de inclusión y autonomía de los menores.

El CEES Aragón también cuestiona que una decisión de este alcance se haya adoptado “sin escuchar a los profesionales especializados” en infancia y adolescencia y reclama que las políticas públicas dirigidas a estos menores se apoyen en criterios educativos y de protección de derechos. Por ello, pide al Gobierno de Aragón que reconsidere la medida, abra un espacio de diálogo con el sector y garantice que las actuaciones dirigidas a la infancia vulnerable respondan a criterios técnicos y no comprometan sus procesos de integración y emancipación.

UGT Servicios Públicos Aragón coincide en rechazar la medida y considera que retirar la asignación únicamente a los menores extranjeros introduce “una discriminación por origen y nacionalidad” entre jóvenes que se encuentran bajo la misma tutela pública. El sindicato insiste en que el dinero de bolsillo “no es una propina”, sino una herramienta que permite a los adolescentes cubrir pequeños gastos cotidianos, ganar autonomía y avanzar en su inclusión social y educativa. A su juicio, eliminar esta asignación “genera menores de primera y de segunda categoría” y estigmatiza a un colectivo especialmente vulnerable.

Además, UGT rechaza el principal argumento utilizado por la Consejería para justificar la decisión. Si el Gobierno sostiene que eliminar el dinero de bolsillo contribuirá a reducir la violencia en los centros, el sindicato responde que el problema no está en los 17 euros semanales, sino en la falta crónica de personal y en unas ratios de educadores que considera insuficientes. Por ello, reclama reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y aumentar los recursos destinados al sistema de protección de menores, al entender que solo así podrán garantizarse tanto la seguridad de los trabajadores como una atención educativa adecuada.

La explicación del Gobierno

La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha precisado que la retirada de la asignación no se aplicará a todos los menores extranjeros no acompañados, sino únicamente a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y los Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de Alcofea, Torrero y Movera.

El departamento asegura que recibe de forma constante partes de incidencias de estos centros y afirma disponer de informes que reflejan un elevado número de “asaltos, reyertas, robos y delincuencia”. Según sostiene, la circulación de dinero en efectivo incrementa las agresiones y los robos entre los propios menores y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Por ese motivo, defiende que la nueva instrucción elimina las pagas en estos recursos y niega que el criterio sea la nacionalidad. “El motivo no es que sean extranjeros, sino que esos son los centros donde la violencia está más extendida”, sostiene la Consejería, que añade que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y forma parte del endurecimiento del régimen interno previsto en el pacto de gobierno entre PP y Vox.

La decisión ha abierto varios frentes para el Gobierno de Aragón y también para el Partido Popular, al que la oposición reclama que se pronuncie sobre la iniciativa impulsada por su socio de gobierno. En los últimos días, el Ministerio de Juventud llevó el caso ante la Fiscalía, el Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio, Amnistía Internacional ha pedido a Jorge Azcón que revoque la medida por considerarla “discriminatoria” y el PSOE ha solicitado las comparecencias de Nolasco, la gerente del IASS y el director general de Desregulación en las Cortes.

Además, la Orden y los conciertos vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que las entidades recibieron instrucciones para dejar de abonarlo con efecto inmediato antes de que se modificaran esos conciertos.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha calificado de “totalmente decepcionante” el borrador de orden reguladora de actividades extraescolares presentado por el Gobierno de Aragón, y ha asegurado que estas actividades “seguirán suspendidas”.

Según ha denunciado, el texto “es poco más que un corta y pega de regulaciones parciales dispersas, sin ninguna coherencia interna y sin abordar la cuestión de fondo de aportar una mayor seguridad jurídica a alumnado, profesorado y familias cuando se realizan actividades fuera de los centros educativos”.

Por ello, han señalado que “los centros van a seguir renunciando a organizar estas actividades el próximo curso”. La acusación a dos profesores del IES Ítaca de Zaragoza por el fallecimiento de un alumno durante un viaje de estudios a Bélgica ha motivado este año la suspensión de las actividades complementarias en más de 80 centros y la reclamación de que se establezcan con claridad en una norma autonómica los límites de la responsabilidad docente, los protocolos de actuación, las condiciones organizativas exigibles y las garantías jurídicas del personal docente.

STEA ha manifestado que en la primera mesa de negociación sobre el tema, el 4 de junio, “la Consejería de Educación no entregó ningún documento a los sindicatos y se limitó a recoger las propuestas entregadas y emplazar a continuar negociando”.

Este jueves, en una nueva reunión, se ha presentado el borrador de una orden para “la organización y desarrollo de las actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudios, intercambios escolares y movilidades educativas que se desarrollen fuera del recinto escolar”, que el sindicato ha calificado de “decepción total, al no aportar nada nuevo”.

A juicio de STEA, esta nueva orden “exige una mayor responsabilidad del profesorado aragonés sin ir acompañada de un mayor respaldo ni de más medios por parte de la Administración, mantiene la inseguridad jurídica e incrementa la burocratización. El actual vacío legal pretende llenarse mediante una desregulación elevada a norma”.

Por ello, ha exigido a la Administración “que reconsidere su propuesta, abra un verdadero proceso de diálogo con los representantes sindicales y construya una regulación que garantice la seguridad, la calidad educativa y unas condiciones laborales dignas”.

Más riesgos

Una de las principales críticas del sindicato es que la orden “no establece unos protocolos de actuación, similares a los de la profesión médica, que eximan, si se siguen, de cualquier responsabilidad individual, por lo que la situación jurídica real del profesorado que participa en estas actividades continúa igual que antes”.

Para STEA es especialmente grave que no se hayan tomado en consideración su propuesta de clasificar las actividades en tres niveles de riesgo –leve, medio y alto– ni las medidas asociadas a cada uno de ellos –más o menos alumnado por docente y protocolos más o menos estrictos–.

Por el contrario, el borrador recoge unas “ratios orientativas” por encima de las que se aplicaban habitualmente en los centros en este tipo de actividades. “La propuesta no responde a la realidad que vivimos cada día en los centros educativos y propone ratios de hasta 30 alumnos por docente que en muchas actividades comprometen la seguridad, la calidad educativa y la adecuada atención”, han concluido.

También se denuncia que el Departamento de Educación “no asume su función estableciendo unos protocolos claros y comunes, e incluso recomienda a los centros asumir la contratación de seguros adicionales de responsabilidad civil con cargo a sus presupuestos, mermados por el traspaso de fondos a la enseñanza concertada”.

Las reclamaciones de STEA inciden en que “el actual vacío normativo se quiere llenar con riadas de burocracia con super autorizaciones grandilocuentes pero huecas desde la óptica legal que supondrán para el profesorado y los equipos directivos, de salir adelante el borrador, papeleo completamente inútil”.

Otro de los aspectos criticados son las autorizaciones “a la carta” en las salidas, por las que si una familia se opone a que su hija o hijo tenga tiempo libre el profesorado tendrá que custodiarlos, “lo que es un sinsentido organizativamente”.

De esta manera, el sindicato ha subrayado la “pérdida de poder de los departamentos pedagógicos a la hora de planificar este tipo de salidas”, que, a la vez, va acompañada de la falta de compensaciones y de cualquier reconocimiento profesional o económico para los docentes que participan en estas salidas por las funciones y responsabilidades que asumen.

No desarrolla la vigilancia nocturna

Así, el borrador de la orden “no establece una jornada de trabajo máxima ni desarrolla nada sobre la vigilancia nocturna y sigue sin contemplar aspectos esenciales como las responsabilidades asumidas por los docentes fuera del aula, los tiempos mínimos de descanso o la carga organizativa que implican estas actividades”.

“En resumen, la nueva regulación no tiene nada de nueva. Simplemente aglutina en un texto normativa dispersa y claramente insuficiente para evitar situaciones como la vivida por la compañera y el compañero que han sido acusados de homicidio imprudente y cuyo juicio en la Audiencia Nacional está previsto para enero, por lo que el profesorado aragonés también puede verse en la misma situación en el futuro”, han manifestado desde STEA.

Para este sindicato, “el Gobierno de Azcón, al implementar sus políticas en la educación aragonesa, solamente tiene una prioridad, y esta es beneficiar a la enseñanza privada concertada, y en este contexto no le preocupa una buena regulación de las actividades extraescolares en la enseñanza pública”.

De esta manera, la orden presentada “se enmarca en el intento de concertar el bachillerato, la formación profesional o la educación de cero a tres años. O en otro ejemplo más reciente, en la pretensión de hacer uso de los siete millones de euros del Ministerio de Educación que corresponden a Aragón para climatizar las aulas, no para mejorar la situación del alumnado de los centros públicos, sino la de los concertados”.

Por otra parte, han criticado que la Administración hizo llegar el texto a los sindicatos menos de 48 horas antes de la reunión para debatirlo, “lo que muestra también su falta real de voluntad de negociarlo”. STEA ha resaltado que ha estado presente en la reunión de “para intentar pactar y poner cordura a una situación que convendría tener cerrada al comienzo de curso, para garantizar el máximo nivel de seguridad jurídica tanto del alumnado como del profesorado, y asegurar una educación integral y de calidad”.

Rebaja de ratios orientativas

STEA ha señalado que la reunión solo ha dejado como aspectos positivos la posibilidad de rebajar las señaladas ratios orientativas de alumnado contempladas en el borrador de la orden “ante la crítica generalizada de los sindicatos presentes”.

Igualmente, los protocolos específicos desarrollados para cada actividad, así como los documentos firmados por las familias –o en su caso la no aportación de información ante problemáticas concretas de sus hijos e hijas– facilitarán un grado de protección un poco más elevado en determinadas actividades.

Ante esta situación, para STEA “la mejor noticia, ante un borrador base tan alejado de las posiciones del profesorado aragonés, es que el proceso de negociación continúa abierto”. Como principal punto, reclama que se hagan más concretas las responsabilidades asumidas por el profesorado, “que siguen quedando en el aire y generando inseguridad jurídica y suman otro motivo más a las reivindicaciones para la movilización del profesorado el próximo curso si no se subsana la situación”.

Un incendio forestal declarado este jueves por la tarde en Nachá, núcleo perteneciente al municipio oscense de Baélls (la Litera), ha obligado a desalojar la localidad, con 24 habitantes censados. En torno a las 19:00 se ha dado por estabilizado.

El Gobierno de Aragón ha activado la situación operativa 1, nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO). Por el momento no han trascendido las causas del fuego ni una estimación de la superficie afectada.

En las labores de extinción han trabajado medios del operativo INFOAR, entre ellos tres helicópteros, un helicóptero de coordinación, tres brigadas helitransportadas, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

Jesús Martínez de la Fuente, profesor de investigación del CSIC en el INMA (CSIC-Unizar) ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, en la modalidad de Transferencia de Conocimiento, uno de los máximos reconocimientos científicos que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El galardón reconoce su destacada trayectoria en la transferencia del conocimiento en el ámbito de la nanobiotecnología.

Profesor de Investigación del CSIC y fundador del grupo BIONANOSURF del INMA, desarrolla su investigación en el diseño de nanomateriales para aplicaciones biomédicas, especialmente dirigidas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Su trabajo ha dado lugar al desarrollo de nanopartículas funcionalizadas capaces de interactuar con procesos biológicos complejos, nuevas estrategias para dirigir fármacos hacia células específicas y biosensores basados en nanopartículas para la detección de biomoléculas. Una investigación de frontera que ha ido acompañada de una intensa actividad de colaboración con empresas y de protección y transferencia de resultados, favoreciendo que el conocimiento generado pueda convertirse en nuevas tecnologías con aplicaciones reales.

El Premio Nacional Juan de la Cierva distingue precisamente a investigadores que han demostrado una trayectoria sobresaliente convirtiendo el conocimiento científico en innovación útil para la sociedad y el tejido productivo. En esta edición, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha querido reconocer la contribución de Jesús Martínez de la Fuente al desarrollo de la nanobiotecnología y su capacidad para impulsar la transferencia de resultados de investigación.

Este reconocimiento supone también un respaldo al modelo científico del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que combina investigación de excelencia con una clara vocación de transferencia. Como Centro de Excelencia Severo Ochoa, el INMA sitúa la colaboración con empresas, instituciones y agentes sociales entre sus prioridades para acelerar la llegada de nuevas tecnologías a la sociedad y contribuir a afrontar retos en ámbitos como la salud, la energía o las tecnologías avanzadas.

Un hombre de 52 años, vecino de la provincia de Castellón, ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico con la furgoneta que conducía en la autovía A-23, a la altura del término municipal de Almudévar (Huesca). El siniestro ha tenido lugar sobre las 06:30 en el punto kilométrico 347,500 de la vía, en la calzada en sentido Francia.

Según ha informado la Guardia Civil, el vehículo sufrió una salida de vía por el margen izquierdo, impactó contra la bionda metálica de protección y, posteriormente, cruzó hacia el margen derecho de la calzada, donde volvió a salirse de la vía y volcó en la cuneta.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, localizaron al conductor debajo de la furgoneta, con signos incompatibles con la vida. El fallecido, de 52 años, fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Huesca, con base en Barbastro, además de efectivos de Bomberos y una ambulancia.

El Equipo de Siniestros Viales de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón ha denunciado a ocho personas por realizar acampadas libres en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca).

Durante una inspección, los agentes localizaron cinco acampadas ilegales, cada una compuesta por una tienda de campaña, y levantaron cinco actas de infracción este miércoles.

El Ejecutivo autonómico reforzó este año la protección de este enclave natural tras detectar durante el verano de 2025 un importante incremento de acampadas ilegales. La creciente presión sobre este espacio motivó la aprobación de la Orden MAT/221/2026, publicada el pasado 17 de febrero, que regula de manera específica la acampada y el baño en los Ibones de Anayet.

La normativa delimita con precisión el perímetro del humedal y su Zona Periférica de Protección, además de prohibir el baño durante todo el año y de cualquier actividad que pueda alterar el régimen hidrológico o la morfología del humedal, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre.

Las denuncias formuladas se fundamentan en las infracciones recogidas en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (Decreto 1/2015) y en el artículo 119.c del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón (Decreto 1/2017). De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 1.000 euros por persona denunciada.

El primer texto con el que el Gobierno de Aragón pretende regular las actividades complementarias y extraescolares ha abierto un nuevo frente con los sindicatos docentes. CCOO y CGT consideran que las instrucciones, que se debatirán este jueves en una mesa técnica, no responden al problema que motivó su elaboración —la falta de protección jurídica del profesorado tras la muerte de un alumno durante un viaje escolar en Bélgica— y, por el contrario, dejan en manos de los centros nuevas decisiones organizativas e incrementan la carga burocrática.

El borrador, remitido esta semana a los agentes implicados en el proceso participativo, establece un marco común para la organización de las actividades fuera del aula. Entre otras cuestiones, atribuye a las direcciones de los centros la valoración individual de aquellos alumnos que requieran medidas específicas para participar en una actividad, la elaboración de protocolos para viajes con pernocta o intercambios, la designación del profesorado responsable y la adopción de medidas organizativas cuando concurran circunstancias especiales. También contempla la posibilidad de contratar seguros complementarios de accidentes o asistencia en viaje cuando el centro lo considere conveniente.

Para CCOO, el texto supone una “coerción involutiva” y no resuelve el problema que dio origen al conflicto. El sindicato sostiene que, en lugar de reforzar la protección jurídica del profesorado, “incrementa el control sobre el profesorado, la burocracia y la carga de trabajo de los centros”. Además, critica que la responsabilidad de las actividades “recae en última instancia sobre la dirección de los centros educativos”, que se atribuyan nuevas funciones a los equipos docentes y que todas esas obligaciones se planteen “sin delimitar ratios adecuadas” ni asumir el coste económico y el personal necesario para desarrollarlas.

CGT ha ido un paso más allá y ha anunciado que no acudirá a la mesa técnica convocada para este jueves al considerar que se trata de un “simulacro de negociación”. El sindicato califica el documento de “tomadura de pelo al profesorado aragonés” y asegura que es “una mezcla de recopilatorio de normativa ya existente, de un documento que anima a privatizar estas actividades con empresas colaboradoras y seguros privados y una nueva muestra de dejación de funciones de esta administración”.

Según su portavoz, José Luis Ruiz, el texto “no mejora las condiciones en las que el profesorado participa en estas actividades, ni en cuanto a su seguridad jurídica, ni en cuanto a ratios, ni en cuanto a compensaciones por las horas extras realizadas”. También denuncia que aumenta la burocracia, amplía la responsabilidad de los docentes y recomienda la contratación de seguros, lo que, a su juicio, podría incrementar el coste para las familias y dificultar el acceso del alumnado a estas actividades.

Entre las novedades que recoge el documento figura también que todas las actividades fuera del recinto escolar deberán contar, como mínimo, con dos docentes responsables. A partir de ahí, se fijan ratios orientativas de un responsable por cada 15 alumnos en Infantil, 23 en Primaria y 30 en Secundaria, aunque el texto insiste en que los centros podrán reforzar el acompañamiento en función de las características de la actividad o del alumnado. Asimismo, prevé que las familias puedan excluir a sus hijos de los tiempos libres programados durante un viaje, en cuyo caso el alumnado deberá permanecer bajo la supervisión del profesorado.

Las instrucciones también contemplan que, cuando no sea posible garantizar mediante medidas organizativas la seguridad de un alumno o del resto de participantes, la dirección del centro pueda acordar motivadamente su no participación en la actividad, previa comunicación a la familia siempre que las circunstancias lo permitan. Además, incluyen modelos de autorizaciones, protocolos de actuación, planes específicos para alumnado con necesidades organizativas concretas y orientaciones sobre seguros y responsabilidad civil.

Desde el Departamento de Educación defienden, sin embargo, que se trata de un documento de carácter transitorio elaborado tras un proceso participativo en el que han intervenido sindicatos, FAPAR, la Inspección Educativa, los Servicios Provinciales y las asociaciones de directores. Sostienen que las instrucciones permitirán que los centros dispongan desde septiembre de “un marco común de actuación” que aporte “seguridad, homogeneidad y respaldo organizativo” mientras se continúa trabajando en la regulación definitiva.

Fuentes del Departamento subrayan, además, que el texto no está cerrado. Todos los agentes implicados recibieron el martes el borrador y pueden trasladar sus observaciones antes y durante la mesa técnica prevista para este jueves, en la que los sindicatos tendrán ocasión de plantear sus propuestas.

A las críticas sindicales se ha sumado también Chunta Aragonesista (CHA), que ha reclamado la retirada del borrador y la apertura de una negociación “real” con la comunidad educativa para consensuar un protocolo que garantice la protección jurídica del profesorado. La formación considera que el texto “elude los problemas estructurales de la educación pública” y mantiene la “indefensión jurídica” de los docentes, al tiempo que incrementa la carga burocrática sobre los claustros y equipos directivos.

La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Isabel Lasobras, ha anunciado el registro de preguntas parlamentarias para que el Gobierno de Aragón explique el contenido de la propuesta. Además, ha advertido de que la posibilidad de que los centros recurran a seguros privados o empresas externas para organizar estas actividades puede aumentar los costes para las familias y “acentuar la brecha social”, al tiempo que ha criticado que el borrador no contemple mejoras en las condiciones laborales ni compensaciones para el profesorado que participa en viajes y actividades fuera del horario lectivo.

La regulación de las actividades extraescolares se convirtió en una de las principales reivindicaciones del profesorado aragonés después de que decenas de centros suspendieran viajes y salidas escolares tras la imputación de dos docentes por la muerte de un alumno durante un intercambio en Bélgica. Desde entonces, sindicatos y docentes han reclamado al Ejecutivo autonómico un marco que refuerce su protección jurídica y les dé garantías para organizar este tipo de actividades.

La Audiencia Nacional condenó en abril a dos años de prisión y al pago de una multa doce meses con seis euros de cuota diaria, a un hombre afincado en Zaragoza por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA cometido de forma continuada a través de una red social.

La investigación se inició en junio de 2024, cuando la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Navarra tuvo conocimiento de la existencia de varios perfiles en una conocida red social en los que el usuario estaría cometiendo de forma indiciaria y mantenida en el tiempo un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas, así como realizando amenazas de carácter grave a diversas personalidades públicas.

Desde ese momento, se procedió a realizar un seguimiento continuado de los mismos y se observó que tras el cierre de alguno de estos perfiles, presumiblemente por denuncias a la red social de otros usuarios de la red, aparecían casi de forma simultánea otros perfiles similares con el mismo nombre, imágenes y vídeos publicados.

Los datos fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional dando lugar a una investigación por un presunto delito de enaltecimiento basado en terrorismo, humillación a sus víctimas y difusión de mensajes terroristas a través de internet.

Tras varios meses de investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Aragón se llevó a cabo la detención de un ciudadano afincado en la provincia de Zaragoza al cual se le intervinieron varios dispositivos. Tras el análisis de estos quedan debidamente acreditados los delitos antes mencionados, así como otro de pornografía infantil.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles un decreto ley de medidas urgentes para reforzar el dispositivo diseñado con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La norma, que aspira a dotar a la administraciones local y autonómica de instrumentos jurídicos para actuar con mayor rapidez con el objetivo de garantizar la seguridad en esos días, incluye sanciones de hasta 100.000 euros.

Así lo ha detallado la portavoz y vicepresidenta Mar Vaquero, que ha recordado que “cientos de miles de personas” que van a pasar entre el 10 y 13 de agosto por la comunidad, por lo que es “muy importante llevar a cabo esa planificación”.

El decreto –que se publicará de inmediato en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y será después remitido a las Cortes de Aragón para su convalidación– estará vigente precisamente en esos cuatro días y será de aplicación en todo el territorio aragonés. Su aprobación responde, según el propio texto, a la “extraordinaria y urgente necesidad” de que estas medidas estén plenamente vigentes antes de los días centrales del fenómeno astronómico.

Aragón será uno de los territorios de Europa con mejores condiciones para contemplar el eclipse. Esa oportunidad para la divulgación científica, el turismo astronómico y la proyección de la comunidad exige, según el Gobierno autonómico, adoptar medidas excepcionales ante el incremento de la movilidad, la concentración de personas y el elevado riesgo de incendios forestales.

Actuación ante concentraciones no autorizadas

Uno de los principales bloques del decreto modifica la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón para reforzar la actuación frente a reuniones, fiestas o acontecimientos que se celebren sin la correspondiente autorización administrativa.

El cambio incorpora como espectáculo prohibido este tipo de eventos cuando carezcan del preceptivo título habilitante, dota a las administraciones públicas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuevas herramientas para intervenir con rapidez. De este modo, será posible actuar desde la fase de organización y preparación de estos eventos, antes de que puedan generar riesgos para las personas, los bienes, el orden público o el medio ambiente.

El texto incorpora medidas extraordinarias para reforzar la prevención de incendios forestales durante los días de mayor afluencia de visitantes. Así, en ese periodo quedará prohibido encender fuego en áreas de descanso de la red de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada, incluidas aquellas donde habitualmente está permitido. También se prohíbe arrojar objetos en combustión o cualquier material susceptible de originar un incendio, así como introducir o utilizar material pirotécnico en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor.

Asimismo, se limita el acceso a los montes mediante vehículos a motor por parte de personas ajenas a las labores de vigilancia, extinción y gestión forestal. La norma mantiene las excepciones necesarias para acceder a propiedades particulares, aparcamientos habilitados, alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería, núcleos urbanos, actividades profesionales y actuaciones de emergencia o interés general.

El incumplimiento de estas prohibiciones tendrá la consideración de infracción grave y podrá ser sancionado con multas de entre 1.001 y 100.000 euros, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón.

Cuatro puntos oficiales de observación

El decreto ley da además cobertura jurídica a la planificación específica diseñada por el Gobierno de Aragón para gestionar la observación del eclipse en condiciones de seguridad. La norma ampara la organización de los cuatro Puntos Oficiales de Observación –Javalambre, Épila, Calamocha y MotorLand–, concebidos para canalizar parte de la afluencia prevista hacia espacios previamente planificados, con aparcamiento, servicios básicos y medidas de seguridad, reduciendo la presión sobre espacios naturales sensibles y evitando concentraciones improvisadas.

Junto a estos puntos, los ayuntamientos podrán habilitar puntos locales de observación siguiendo las directrices de la Dirección General de Interior. Ariza y Cariñena ya están previstos como espacios locales y podrán sumarse otros municipios que organicen estos espacios conforme a los criterios de seguridad, accesibilidad, prevención de incendios y coordinación con los servicios públicos establecidos por el Ejecutivo autonómico.

“El éxito no va a depender solo de la afluencia”

La vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que el éxito de la observación del eclipse “no va a depender solo de la afluencia de personas, sino también de que se celebre con seguridad”.

Vaquero ha explicado que el decreto ley pretende “planificar bien todo lo que va a ocurrir en esos días, donde se prevén desplazamientos por la zona en la que mejor va a verse el eclipse”, si bien ha recordado que el Departamento de Interior está trabajando “desde hace ya meses” en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Turismo. “Hablamos de cientos de miles de personas que van a venir a nuestra Comunidad Autónoma, en torno a 400.000 personas, y donde es muy importante llevar a cabo esa planificación”, ha subrayado la vicepresidenta.

Vaquero ha sido rotunda al vincular la repercusión del fenómeno con su correcta organización: “El éxito del eclipse y la visibilidad que va a tener Aragón y especialmente la provincia de Teruel tiene que ir acompañado también del éxito en el desarrollo de la visualización del eclipse y de todas y cada una de las acciones que se van a llevar a cabo”.

Investigadores del grupo EXER-GENUD (Exercise, Growth, Nutrition and Development) de la Universidad de Zaragoza han liderado una exhaustiva revisión sistemática que revela una tendencia preocupante: los componentes de la condición física relacionados con la salud en niños y adolescentes europeos han sufrido un declive persistente durante las últimas seis décadas.

El estudio, publicado en la revista científica Sports Medicine - Open, ha analizado una muestra masiva de 417.362 participantes de entre 6 y 16 años procedentes de 20 países europeos. El trabajo no solo actualiza las tendencias hasta el año 2023, sino que incluye por primera vez el impacto del periodo de la pandemia de COVID-19 en la salud física juvenil.

La investigación forma parte de la tesis doctoral de Daniel Domingo del Val (primer autor) personal investigador en formación del Gobierno de Aragón, dirigida por el catedrático José Antonio Casajús y el profesor titular Ángel Matute-Llorente.

El trabajo pone en evidencia que durante la infancia y la adolescencia no se alcanzan los niveles adecuados de condición física, en fuerza, flexibilidad y composición corporal, y declive en la condición cardiorrespiratoria. Estos componentes, son determinantes para la salud actual y futura de esta población, por lo que “estamos perdiendo una magnífica oportunidad que será difícil recuperar”, coinciden los autores.

Resultados clave del estudio

La investigación detalla la evolución de los principales marcadores de salud física en cuatro aspectos: fuerza muscular, flexibilidad, composición corporal y resistencia cardiorrespiratoria. La fuerza del tren superior ha mostrado un descenso general desde los años 70, con un breve periodo de estabilidad entre 1980 y 2000 antes de volver a caer. Por su parte, la fuerza del tren inferior (medida mediante saltos) aumentó hasta los años 80, pero desde entonces ha sufrido un descenso constante hasta la actualidad.

Por otro lado, la flexibilidad es el componente con la tendencia más negativa, que muestra un descenso continuo que se ha acelerado notablemente desde el año 2000. En cuanto a la composición corporal, se observa un empeoramiento lineal constante (aumento de la adiposidad), una tendencia que el Índice de Masa Corporal (IMC) por sí solo suele subestimar.

Finalmente, la resistencia cardiorrespiratoria, tras un declive histórico, muestra una cierta estabilización o ralentización de la caída entre 2015 y 2023, aunque los investigadores advierten de que sus niveles siguen siendo inferiores a los registrados en décadas anteriores.

Un llamado a la acción pública

“Estos hallazgos refuerzan la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover la actividad física desde las instituciones públicas”, señalan los investigadores aragoneses. El estudio hace especial hincapié en la importancia de cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, incluyendo actividades de fortalecimiento muscular y óseo al menos tres veces por semana.

El estudio ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón y diversas redes de investigación nacionales como CIBEROBN y EXERNET, y el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, mixto UNIZAR-CITA).

El SEPRONA de la Guardia Civil de Mora de Rubielos ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal tras esclarecer la muerte de varios gatos abatidos con un rifle en La Puebla de Valverde.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre y se ha prolongado durante nueve meses debido a su complejidad. La falta de testigos directos y la escasez de pruebas obligaron a los agentes a reconstruir los hechos mediante la inspección del lugar y el análisis científico de los indicios hallados.

La minuciosa inspección ocular, permitió localizar y preservar diversos vestigios balísticos que fueron remitidos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, donde se realizaron los correspondientes estudios periciales que permitieron determinar la correspondencia entre los indicios balísticos y el rifle propiedad del investigado.

Según informa la Guardia Civil, la coordinación entre los investigadores del SEPRONA y el Servicio de Criminalística ha permitido esclarecer los hechos y poner al presunto responsable a disposición de la autoridad judicial.

Tanto las diligencias instruidas como la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel Plaza 3.

Los vecinos del bloque 3 de la plaza de Santa Clara de Huesca han accedido a sus casas desde primera hora de la mañana. Para ello, las brigadas municipales se han dedicado a limpiar y acondicionar la zona retirando el vallado perimetral del portal.

El desalojo de los más de 200 vecinos de los cuatros bloques de la plaza de Santa Clara de Huesca se produjo en el pasado mes de noviembre, cuando se detectaron fallos en su estructura.

Los primeros vecinos que contaron con autorización para volver a sus casas fueron los del bloque 1, en el que no fue necesario actuar y pudieron regresar para Navidad. Por su parte, los del bloque 4 han retornado recientemente y hoy lo hacen los del bloque 3.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha afirmado: “Hoy es un gran día para seguir avanzando en el realojo de los vecinos de Santa Clara, esta vez en el número 3, cuyos vecinos acceden desde primera de la mañana” y “el Ayuntamiento hace lo mismo que hizo en el bloque 4 y es limpiar la zona y retirar el vallado perimetral, para permitir que todo el mundo pueda acceder a sus casas”.

Los vecinos cuentan con los permisos que autorizan su regreso tras las obras de refuerzo de su estructura. En este punto, la alcaldesa ha agradecido la celeridad en los trámites, para que el realojo concluya lo antes posible.

Así, ha felicitado a la empresa y a la dirección facultativa por “la celeridad en todo momento a la hora de presentar la documentación y finalizar las obras, así como al Ayuntamiento, al área de Urbanismo y Secretaria que en tiempo récord ha actuado, ya que en 24 horas se ha organizado toda la documentación para que pudieran entrar los vecinos, así como al resto de equipos del Ayuntamiento, brigadas y medio ambiente y es que todos han contribuido en el proceso”.

Los únicos vecinos que faltan por regresar a su casa, desde el desalojo, son los del bloque 2.

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a un hombre a nueve años y un día de prisión como responsable de un delito de lesiones con la agravante de parentesco al ser la víctima su esposa. Para resarcir a la víctima, que ha quedado tetraplejica, el tribunal fija para el acusado la responsabilidad civil en 810.760,20 euros por perjuicios físicos, psicológicos y morales, cantidad que se verá incrementada por los intereses legales.

Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar de la localidad oscense de Ontiñena, el 21 de enero de 2024 sobre las 20.15 horas, cuando el acusado, según las pruebas aportadas, propinó dos golpes en la cabeza a su esposa y, como resultado de ello, la mujer cayó de espaldas golpeándose con una mesita auxiliar.

Una vez valorados los informes y las declaraciones, los magistrados han expresado en su sentencia que “la Sala no alberga duda racional alguna de que la versión emitida por los forenses es la que se ajusta a la realidad, atendiendo asimismo al testimonio de sanitarios y agentes de la Guardia Civil”.

En los informes se afirma que la mujer, de 69 años de edad, como resultado de las lesiones ha quedado con una tetraplejia total permanente, con perjuicios estéticos “muy importantes”, con la imposibilidad de movilizar las cuatro extremidades y con un perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial muy grave.

Los magistrados han indicado en su resolución que el que el acusado no colaboró “en nada, ni aportó datos útiles para el esclarecimiento de los hechos” por lo que no se aplica la atenuante de confesión. Tampoco la agravante de género al entender que no quedó acreditado en el juicio que el acusado golpeara a su esposa por una necesidad de control y dominio sobre ella.

Además, se le ha impuesto al acusado una medida de libertada vigilada de 5 años y la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella, a menos de 500 metros, durante 8 años después de que haya cumplido la pena de prisión.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.