En los pueblos pequeños, bajar al bar no solo es tomarse un café sino encontrarse con los vecinos, compartir una conversación, echar una partida de cartas o tener un lugar al que acudir cuando termina una actividad. Por eso, cuando un establecimiento cierra, no desaparece solo un negocio, ya que también se apaga una parte de la vida cotidiana del municipio. En Peracense, una localidad turolense de alrededor de 70 habitantes, lo saben bien. Desde hace una semana, el bar permanece prácticamente cerrado y el Ayuntamiento busca a quienes quieran hacerse cargo de su gestión para devolverle la actividad.

El Consistorio ha abierto una convocatoria para encontrar nuevos gerentes del Multiservicio Rural, que incluye el bar y el servicio de comidas. La familia que lo gestionaba hasta ahora ha decidido no continuar después de dos años, por lo que ahora, tal y como explica el alcalde Manuel Bugeda (PAR), se ven en la obligación de sacarlo a licitación “corriendo para intentar mantener el servicio”.

La importancia del establecimiento se nota sobre todo durante los meses de invierno, cuando la población disminuye y las oportunidades para reunirse son más escasas. “Contar con este espacio significa poder disfrutar de un rato de charrada con los amigos, con los cuatro que estamos en el pueblo”, resume Bugeda, quien afirma que ahora llevan una semana que está “prácticamente cerrado”.

El bar también cumple una función para las personas mayores. Después de las actividades que se organizan en el municipio, algunas relacionadas con la salud y el bienestar, es habitual que los participantes se acerquen a tomar un café. Los fines de semana, además, se mantienen las partidas de cartas que ya forman parte de la rutina de algunos vecinos. “Es muy importante para todos que siga en pie, que haya gente que quiera cogerlo y darle vida”, insiste el alcalde.

Un negocio y una oportunidad para empezar de nuevo

La convocatoria no busca solo cubrir una vacante, sino que el Ayuntamiento quiere encontrar a personas dispuestas a implicarse en el municipio y dar continuidad al servicio. El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable hasta cuatro, y el consistorio dispone de una vivienda municipal acondicionada y amueblada para quienes asuman la gestión.

Como sostiene el alcalde, la respuesta inicial ha sido positiva, con más de 20 personas de fuera de Peracense que han mostrado interés y han solicitado información sobre las condiciones. Para Bugeda, que llegue gente nueva puede ser una oportunidad, aunque considera importante que quienes se presenten tengan intención de establecerse. WLo que buscamos es principalmente una pareja, dos personas, para que puedan hacerse cargo cuando hay una mayor demanda y sea más fácil empezar de cero en un sitio“, explica. El negocio requiere atender tanto la actividad cotidiana de los vecinos como los periodos de mayor afluencia, como son los fines de semana, los puentes, las vacaciones y el verano.

“La idea no es conseguir a dos personas que no tengan otra cosa y lo vean como algo temporal porque la vivienda en las capitales está imposible. Eso, luego, no cuaja y no se da la continuidad que buscamos. Queremos que sea una oportunidad para quien quiera tener un proyecto de vida vinculado al pueblo y al mundo rural”, advierte.

La hostelería, reconoce, exige esfuerzo y dedicación, pero Peracense cuenta con un atractivo que puede ayudar a sostener la actividad. Su castillo recibe entre 20.000 y 22.000 visitantes al año, aunque en algunos ejercicios la cifra ha llegado a superar los 23.000 o 24.000. Muchos turistas se acercan después al núcleo urbano, visitan sus alrededores y consumen en el bar. “Es una cantidad muy importante. Esas personas van a pasar el día en el castillo, pero también se acercan al pueblo y hacen un gasto en el municipio”, señala.

A esa afluencia se suma el turismo vinculado a la vía verde de Ojos Negros, que pasa junto a la localidad. Sin embargo, todavía queda por completar un tramo de unos diez o doce kilómetros entre Almohaja y Santa Eulalia. El Ayuntamiento espera que pueda ejecutarse el próximo año, después de que, según explica el alcalde, se haya avanzado en la dotación presupuestaria y la futura licitación.

Las barreras para quedarse

El turismo y la llegada de nuevos emprendedores ofrecen posibilidades, pero no resuelven por sí solos las dificultades que afrontan los pueblos pequeños. Una de las principales reivindicaciones de Peracense es disponer de fibra óptica porque, aunque la infraestructura llegó hasta el municipio hace aproximadamente dos años, todavía no se ha distribuido para que los vecinos puedan contratar el servicio en sus viviendas.

“Está instalada, pero no se ha distribuido por el municipio. Los vecinos no pueden acogerse al servicio de tener fibra en casa para poder trabajar”, lamenta Bugeda, quien reconoce que “esta situación no ayuda para nada a que la gente venga y se quede”. El alcalde asegura que ha trasladado la situación a distintas administraciones sin obtener una respuesta clara sobre quién debe resolverla. De hecho, según la información que ha recibido el consistorio, la empresa adjudicataria habría dejado la actuación paralizada al “no resultarle rentable”

La falta de conexión dificulta tanto el trabajo diario del Ayuntamiento como la posibilidad de atraer a personas que puedan desarrollar su actividad profesional a distancia. “Ahora que se habla tanto del teletrabajo, es importante. Hay jóvenes que han comentado que, si se pudiera trabajar así, igual se lo plantearían, pero al final eso no cuaja”, explica.

Los problemas de conectividad también tienen consecuencias prácticas, ya que, como recuerda el alcalde, el servicio de internet del Ayuntamiento estuvo siete días interrumpido por una avería en un repetidor y la falta de conexión retrasó gestiones administrativas en un municipio que, como tantos otros, cuenta con recursos humanos limitados.

A esta dificultad se suma la evolución demográfica. Tal y como admite Bugeda, la población está “muy envejecida” y “no llegan familias ni personas suficientes que quieran construir su proyecta de vida aquí”.  La agricultura y la ganadería, actividades que tradicionalmente sostenían la economía local, tampoco atraviesan un buen momento. “Hay un par de jóvenes que trabajan la tierra e intentan sobrevivir, porque la agricultura está fatal también”, apunta Bugeda.

Por eso, encontrar personas que se establezcan en el municipio y puedan desarrollar allí su actividad va más allá de mantener abierto un establecimiento. Mientras tanto, el Ayuntamiento cuenta con dos viviendas, una alquilada y otra que se destinaría a quienes gestionen el multiservicio. Además, estudia construir otras dos para facilitar la llegada de nuevos vecinos.

Que el relevo no sea pasajero

La convocatoria de Peracense refleja uno de los retos de los municipios pequeños, basado en conseguir que los servicios esenciales tengan continuidad y que quienes llegan encuentren condiciones para quedarse. El bar puede convertirse en el primer paso de ese proyecto, pero necesita ir acompañado de actividad, infraestructuras, vivienda y una comunidad dispuesta a acompañar a quienes deciden empezar allí una nueva etapa.

Bugeda asegura que los nuevos gestores encontrarán una buena acogida. Los vecinos, explica, “siempre están dispuestos a consumir en el establecimiento y a echar una mano en lo que sea necesario”. También hay población vinculada al municipio que regresa los fines de semana y puede contribuir a mantener el negocio: “La gente del pueblo es muy cordial, muy amable, y van a ser acogidos con los brazos abiertos. Nos volcamos a ir al bar y a ayudar”.

El alcalde no oculta que habrá épocas de mucho trabajo y otras más tranquilas, pero anima a quienes quieran cambiar de ritmo y apostar por otro estilo de vida. “Con ganas, dedicación y esfuerzo se puede vivir y salir adelante, y estar a gusto en Peracense”, afirma.

Las personas interesadas en gestionar el Multiservicio Rural pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre y solicitar las bases en el Ayuntamiento, a través del teléfono 978 865 827 o del correo electrónico aytoperacense@gmail.com. La atención presencial se realiza los lunes y jueves, de 9.30 a 15.00 horas.

Asimismo, en Peracense esperan que el próximo relevo no sea solo una solución para volver a abrir el bar, sino el comienzo de una nueva etapa en la que “seguir haciendo pueblo”.

Un escalador, de 30 años de edad, vecino de la Comarca de La Ribargorza, ha muerto este sábado tras electrocutarse con un cable, cuando se dirigía a realizar una actividad en la zona del desfiladero de La Inclusa, en el término municipal de Plan.

Sobre las 09.30 horas,, la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, ha recibido un aviso del 112 SOS Aragón de que, un escalador, que iba con otros tres, se había electrocutado con un cable

De inmediato, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha activado el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña se trasladaron a la zona en vehículo oficial. Localizaron al escalador herido, que se encontraba inconsciente y en parada cardio respiratoria, mientras sus compañeros le estaban realizando maniobras de RCP, continuando las mismas los efectivos de GREIM.

A la llegada de la Unidad Aérea con el médico del 061, el herido ha sido evacuado a la aeronave, siéndole practicado continuamente maniobras RCP, hasta que ha dejado de presentar signos compatibles con la vida. Posteriormente, ha sido trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde los servicios funerarios lo han llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. Se investigan las causas del accidente.

El alcalde de San Juan de Plan ha denunciado en varias ocasiones la falta de mantenimiento de las líneas eléctricas de la zona. El pasado mes de mayo, Roberto Serrano denunciaba la falta de mantenimiento de las líneas y advertía de que los problemas de suministro eléctrico dejan también sin conexión telefónica y de internet a los municipios de Chistau. “Con una red cuidada, esos cortes se habrían minimizado”, señalaba entonces, tras explicar que había observado ramas de pinos apoyadas sobre tendidos eléctricos.

El banco arcoíris de la Fuente Torán, en Teruel, ha vuelto a aparecer vandalizado, y el colectivo que lo repintó el año pasado se niega a que el ataque se archive como una gamberrada. Alguien ha escrito 'guarros' en letras de gran tamaño sobre el asiento, situado a la salida del viaducto de Fernando Hué. La asociación Teruel con Orgullo sostiene que llamar a estos hechos delito de odio “no es exagerar”, sino “negarse a normalizarlos”. Recuerda además que la pintada aparece a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un momento en que muchas personas LGTBIQ+ temen que sus derechos se conviertan en “moneda de cambio”. El colectivo rechaza que el insulto pueda desligarse del clima social y político en que se produce.

En su comunicado, titulado 'No es un banco cualquiera' y hecho público en redes sociales, la asociación rechaza que lo ocurrido sea una gamberrada más o que pudiera haber pasado en cualquier otro banco. Ocurrió precisamente en ese, pintado para reivindicar que Teruel es una ciudad para todas las personas. La asociación admite que desconoce quién está detrás de la pintada y con qué motivación, pero insiste en que “los símbolos importan”.

A su juicio, despachar estos hechos como vandalismo menor hace “un flaco favor” a la sociedad. Pide al Ayuntamiento que borre la pintada sin demora, que el mensaje no siga en el espacio público “ni un día más de lo necesario”, que no permita que quienes recurren “al insulto y la intimidación” para señalar a una parte de la ciudadanía “se salgan con la suya” y que “se ponga del lado de las personas, de la convivencia, de la diversidad y de los derechos”.

Para Teruel con Orgullo, el banco simboliza una ciudad en la que “nadie tenga que esconderse para sentirse a salvo”. El colectivo anuncia que volverá a pintarlo y que seguirá ocupando el espacio público. “No era un banco cualquiera”, concluye, y no va a permitir “que el odio se convierta en paisaje”.

En enero de 2025, tras la aparición de una esvástica en el respaldo y de un insulto pintado en el suelo, el Ayuntamiento de Teruel condenó los hechos y calificó el escrito como un delito de “odio”.

Atacado desde su primer mes

El banco nació de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la asociación de familias de menores trans Chrysallis. La alcaldesa, Emma Buj, lo anunció el 22 de noviembre de 2024 como una iniciativa para dar visibilidad a los derechos LGTBIQ+ y mostrar que Teruel es una ciudad libre de LGTBIQ+fobia. El artista Sergio Tomás terminó de pintarlo el 29 de noviembre, aunque las vallas no se retiraron hasta días después.

Apenas duró intacto unas semanas. En la madrugada del 21 al 22 de diciembre apareció cubierto de manchas de pintura amarilla y blanca. Chunta Aragonesista lo denunció públicamente el 23 de diciembre. La condena municipal no llegó hasta el 9 de enero, más de dos semanas después, cuando ya se habían sumado la esvástica en el respaldo y, tras el fin de semana de Reyes, el insulto en rojo a los pies del banco. El Ayuntamiento ordenó borrar las pintadas y se comprometió a repintar el banco en cuanto las temperaturas mínimas dejaran de ser negativas. Chrysallis denunció los hechos ante la Policía Nacional como un posible delito de odio.

La reparación, sin embargo, se demoró. A mediados de enero, CHA reclamó a la alcaldesa que cumpliera su compromiso, porque el banco seguía en mal estado. En mayo de 2025, la formación volvió a condenar un nuevo ataque contra la misma pieza.

Un segundo banco con cámara, vandalizado en dos días

La respuesta municipal fue instalar un banco en otro lugar. El Ayuntamiento anunció que pintaría uno nuevo en una zona con videovigilancia y lo ubicó junto a la iglesia de los Paúles, donde antes estaba el quiosco de la Patro. La cámara no lo protegió: apareció con una gran equis roja pintada la misma semana de su instalación, en vísperas del Orgullo de 2025. El PSOE se sumó a la denuncia de Chrysallis y su portavoz municipal, José Guillén, sostuvo que esos actos iban más allá del simple vandalismo y podían constituir un delito de odio.

El banco original, mientras tanto, se había convertido en emblema. El cartel del Orgullo de 2025 se construyó con una fotografía del banco aún intacto, entrelazada con motivos del arte mudéjar. La víspera del 28 de junio, el Ayuntamiento lo reparó y el colectivo se encargó de pintarlo. Es esa restauración la que ahora ha quedado tapada por la pintada.

Este año, el banco volvió a ser escenario institucional. La Semana del Orgullo 2026 se presentó junto a él, con el concejal de Cultura, Carlos Méndez, la diputada provincial de Igualdad, Beatriz Redón, la presidenta de Chrysallis Aragón, Sandra Bayón, y Alba Bardají en representación de Teruel con Orgullo.

Cuantos menos vecinos tiene un pueblo, más dinero necesita presupuestar por habitante. Los municipios aragoneses de menos de 200 habitantes, más de la mitad del total, prevén un gasto medio de 3.132 euros por persona en 2026, un 68% más que los de entre 500 y 1.000 habitantes, donde la cifra se queda en 1.862 euros. La diferencia reside sobre todo en el coste de los servicios y en el peso de las inversiones.

La explicación empieza por una cuestión práctica: el agua debe llegar a las casas, las calles necesitan mantenimiento, las farolas consumen electricidad y los residuos tienen que recogerse tanto si viven 90 personas en un pueblo como si lo hacen 600. En los municipios pequeños, esos gastos se reparten entre muchos menos vecinos.

El gasto corriente, el que sostiene el funcionamiento habitual del ayuntamiento, alcanza una media de 1.986 euros por habitante en las localidades de menos de 200 vecinos. En las de entre 500 y 1.000, baja a 1.301 euros. La distancia se concentra en los bienes y servicios: 1.298 euros por persona en el grupo más pequeño, frente a 700 en el mediano. En personal, la diferencia es mucho menor, 568 euros frente a 482.

El tamaño también condiciona la capacidad para afrontar obras. Los municipios de menos de 200 habitantes presupuestan una mediana de 962 euros por vecino para inversiones reales, casi el triple que los de entre 500 y 1.000, donde son 327 euros. Una actuación puntual puede elevar considerablemente el gasto anual de un pueblo y distorsionar la comparación si se toma como medida del coste habitual de mantenerlo.

Los impuestos directos e indirectos aportan alrededor de 440 euros por habitante en ambos grupos. La diferencia es que los municipios más pequeños necesitan más recursos para cubrir sus gastos y dependen en mayor medida de las transferencias de otras administraciones.

Las transferencias corrientes y de capital representan el 59% de los ingresos del municipio mediano de menos de 200 habitantes, frente al 41% en el grupo de entre 500 y 1.000. Son aportaciones que permiten sostener los presupuestos locales y financiar actuaciones que difícilmente podrían afrontarse solo con los ingresos propios.

La dependencia de estas ayudas no significa que todos los pueblos pequeños tengan la misma situación económica. Dentro del grupo de menos de 200 habitantes, el 10% con menor gasto presupuestado ronda los 1.840 euros por vecino, mientras que el 10% con mayor gasto se acerca a los 7.760. En el gasto corriente, la horquilla va de unos 1.260 a 3.910 euros por habitante.

También hay diferencias entre provincias. La mediana del gasto corriente por vecino en los municipios de menos de 200 habitantes se sitúa en 1.479 euros en Huesca, 2.014 en Zaragoza y 2.185 en Teruel. Entre las localidades de 500 a 1.000 habitantes, las cantidades son de 1.280, 1.155 y 1.488 euros, respectivamente.

Una obra puede disparar la factura anual

Las liquidaciones de 2024 ayudan a entender por qué conviene distinguir entre los gastos de cada año y las inversiones puntuales. Los datos consolidados extraídos de 604 municipios aragoneses suman más de 2.069 millones de euros de gasto liquidado. La mediana por ayuntamiento fue de 482.219 euros; 309 municipios gastaron menos de 500.000 euros y 182 no llegaron a los 300.000.

Fago, en la Jacetania, tenía 25 habitantes a 1 de enero de 2024 y liquidó 219.709 euros de gasto durante ese ejercicio. De ellos, 143.437 euros correspondieron a inversiones reales, el 65% del total. El gasto por habitante alcanzó los 8.788 euros, pero esa cantidad no refleja lo que cuesta mantener los servicios cada año: está condicionada por las inversiones ejecutadas en ese ejercicio.

En Monesma y Cajigar, en la Ribagorza, con 69 habitantes, el gasto liquidado fue de 108.966 euros. Las inversiones sumaron 24.857 euros y el gasto corriente rondó los 84.100. El desembolso total fue de unos 1.579 euros por vecino, de los que aproximadamente 1.219 correspondieron a gastos corrientes.

Los ejemplos muestran que dividir todo el presupuesto entre el número de habitantes puede dar una imagen engañosa. Una obra importante dispara el gasto por vecino durante un año, aunque no vuelva a repetirse en los siguientes. Para comparar el coste de mantener los servicios, hay que separar esas inversiones de los gastos cotidianos.

Servicios que no dependen solo del padrón

La legislación obliga a los municipios a prestar servicios básicos como el alumbrado público, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, el alcantarillado y la pavimentación de las vías públicas. La Ley de Bases del Régimen Local también prevé la coordinación de determinados servicios por parte de las diputaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Pero el número de vecinos no es el único factor. La extensión del término municipal, la existencia de varios núcleos habitados, el estado de las infraestructuras y la población estacional también influyen en los recursos necesarios. Un municipio disperso puede tener que mantener más kilómetros de caminos y redes que otro con la misma población concentrada en un solo núcleo.

Los presupuestos muestran que los pueblos más pequeños necesitan gastar más por habitante y recurren en mayor medida a las transferencias para financiarse. No bastan, sin embargo, para determinar cuánto cuesta cada servicio ni para atribuir todas las diferencias a la despoblación. Para precisar ese efecto habría que tener en cuenta, además de la población, la superficie, los núcleos habitados y los servicios que presta cada ayuntamiento.

Zaragoza tenía la noche del pasado 27 de octubre 382 personas durmiendo en la calle. Son 116 más que las 266 contabilizadas en noviembre de 2025, un incremento del 43,6% en apenas un año, y 216 más que las 166 registradas en 2023: la cifra se ha multiplicado por 2,3 en tres años. Así lo refleja el recuento nocturno que el Ayuntamiento de Zaragoza realiza en colaboración con Cruz Roja, cuyos resultados han presentado este viernes la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, y la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo.

Desde la entidad aseguran que el aumento no les ha sorprendido, porque ya venían detectando un crecimiento de las personas atendidas. “Lo importante ante esta situación es trabajar en las causas para poder frenarla y cubrir las necesidades básicas de las personas que ya están en la calle”, ha señalado Royo, que ha subrayado la utilidad de estos recuentos para evaluar tanto la situación como los recursos que ponen a disposición las administraciones y las entidades sociales.

El trabajo de campo permitió además realizar 164 entrevistas a personas que aceptaron participar, algo menos de la mitad de las localizadas.

Nueve de cada diez, hombres

En 320 de los 382 casos pudo determinarse el sexo: 285 eran hombres (el 89%) y 35, mujeres (el 11%). En los 62 restantes, el 16,2% del total, no fue posible identificarlo. La proporción se mantiene prácticamente igual que en los recuentos anteriores.

Una de cada tres personas localizadas, 131, no manifestó su nacionalidad. De las 251 que sí lo hicieron, 78 eran españolas y 173 extranjeras, el 68,9%. Por áreas de procedencia, el Magreb suma 102 personas, el 40,6% de las que declararon su nacionalidad; le siguen el África subsahariana, con 36 (14,3%); el resto de Europa, con 24 (9,6%), y Latinoamérica, con 7 (2,8%).

Por países, destacan Argelia, con 60 personas, y Marruecos, con 42, seguidos de Rumanía (16) y Mali (10). El recuento identificó también a 6 personas de Ghana, 6 de Senegal, 5 de Nigeria, 4 de Guinea, 3 de Ucrania, 2 de Costa de Marfil y 2 de Portugal, además de una persona de cada uno de otros 17 países.

Orós apunta a la inmigración y a otras ciudades

La consejera ha vinculado la evolución de las cifras a las crisis de la vivienda y de la inmigración que, a su juicio, afectan al conjunto de España. Orós ha sostenido que la mayoría de las personas que duermen en la calle son extranjeras “principalmente en situación irregular” y que llegan a España “sin control de fronteras” para desplazarse después a Zaragoza.

La responsable municipal ha apuntado también a la llegada diaria de personas procedentes de otros municipios, que según su versión acuden a la capital aragonesa porque en ella se les atiende bien y se amplían los recursos. Orós ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con más recursos y plazas de alojamiento que nunca, aunque en la presentación no se han aportado cifras sobre esas plazas ni sobre su ocupación.

Como solución, la consejera ha reclamado actuar sobre las causas con medidas de empleo, salarios y vivienda: “Inmigración ligada al empleo, sueldos dignos, no salarios mínimos, y construcción de vivienda”. Ha afirmado que en España el 15% de los trabajadores son pobres y que más de la mitad de los inmigrantes extracomunitarios también lo son.

Orós ha concluido que el Ayuntamiento seguirá incorporando recursos, pero que estos solo sirven para paliar las consecuencias, ya que los consistorios carecen de capacidad para actuar sobre lo que considera el origen del problema: “La inmigración sin control, el empobrecimiento de las personas y la falta de vivienda”.

El Parque de Atracciones de Zaragoza volverá a abrir el 5 de marzo de 2027. Lo hará con un nuevo dueño, el grupo argentino Fénix Entertainment, después de que el empresario Jesús Morte saliera este jueves de la propiedad tras más de medio siglo al frente del recinto. Con la autorización del juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores de Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), la sociedad de Morte que está en liquidación, el administrador concursal firmó la venta de las instalaciones a Moncayo Leisure, la adjudicataria de la concesión. Fénix controla ya el 100% de esa sociedad.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha anunciado este viernes la fecha de reapertura desde el cementerio de Torrero. Según ha explicado, con el cierre del acuerdo se recibió también la transferencia de 1.440.000 euros con la que se han comprado al anterior propietario todas las instalaciones. Chueca ha calificado el acuerdo de “muy positivo” porque “se han subrogado la mayor parte de los trabajadores, más de 60, que era una de las cuestiones importantes también para que estas personas no perdiesen su trabajo”. Solo quedan fuera los puestos directivos, que eran, en palabras de la alcaldesa, “las personas de más confianza o más cercanas al anterior propietario”.

El precio se reparte en tres partidas. Unos 700.000 euros pagan los activos de Morte, como las atracciones y el mobiliario, además de la participación que PAZ tenía en Moncayo Leisure. En torno a 343.000 euros se destinan a la puesta a punto inicial del recinto. Los cerca de 400.000 restantes cubren la subrogación de la plantilla.

Chueca ha lamentado que la adjudicación se haya retrasado por “una cuestión que no debería haberse producido” entre los propios socios que se presentaron al concurso. Ese retraso ha costado una temporada entera: el parque no abre al público desde el 6 de junio, cuando celebró, con limitaciones, las últimas comuniones que tenía contratadas. Desde entonces, la plantilla ha estado en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La venta tampoco llegó a tiempo para recuperar la Oktoberfest de las Fiestas del Pilar.

A partir de ahora, Fénix empezará a adecuar las instalaciones y a elaborar su proyecto, que tendrá que presentar al Ayuntamiento antes de que acabe el año. La reapertura de marzo será con el parque “en la versión actual”, ha precisado la alcaldesa. En paralelo, la empresa deberá acometer las inversiones comprometidas: 15 millones de euros en los primeros cinco años de una concesión de 50.

Un proyecto que aprobó por los pelos

La concesión se adjudicó en otoño de 2025 a la única candidatura presentada, que entonces se llamaba Noriland. La Comisión de Selección le dio 36,5 puntos de 65. En diseño e inversiones obtuvo 17 de 36, y en el plan de ejecución de obra, 1 de 6. El informe técnico lo calificó de “poco ambicioso”, con un diseño “sin homogeneidad ni temática concreta”, y vio “poco realista” el calendario de obras hasta 2027.

En aquella oferta, la familia Morte no salía del parque: era socia de Fénix en la nueva etapa. Además, la propuesta preveía pagarle más de 2,7 millones de euros por las atracciones. Un año después, Morte queda fuera de la sociedad y el precio de la venta se ha quedado en algo más de la mitad. Fénix Entertainment está presidido por Marcelo Fígoli, que también es propietario del Burgos CF.

Los profesores aragoneses que quieran ponerse al día en nuevas tecnologías, aprender a utilizar robots en clase o descubrir cómo aplicar la programación y la inteligencia artificial a la enseñanza tienen una nueva oportunidad para formarse sin salir de casa.

El Gobierno de Aragón ha abierto una convocatoria de 2.885 plazas en 77 cursos online, a través de la plataforma Aularagón, gestionada por el Centro Aragonés de Tecnologías Educativas (CATEDU). Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo lunes 2 de noviembre, a través de DOCEO.

Una parte destacada de la oferta se dedica a las nuevas tecnologías. En concreto, 610 plazas corresponden a 17 cursos de robótica, programación y disciplinas STEAM, un modelo educativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Entre las materias que podrán estudiar los docentes figuran el pensamiento computacional, la robótica aplicada a Educación Infantil, la programación, la domótica y la agricultura inteligente. Se trata de herramientas que permiten introducir la tecnología en las aulas de forma práctica y fomentar entre los alumnos la creatividad, el razonamiento lógico y la resolución de problemas.

De estos 17 cursos, trece pertenecen al programa Código Escuela 4.0, con 520 plazas, mientras que los cuatro restantes, con 90 plazas, se centran en la metodología STEAM.

El despliegue del programa Código Escuela 4.0 contempla una inversión superior a los 9 millones de euros en Aragón. De ellos, más de 6 millones se destinan a dotar de robots y materiales de programación a los centros educativos, desde Infantil hasta Secundaria, y cerca de 3 millones a la formación y acompañamiento del profesorado. El objetivo es que los equipos no terminen guardados en un armario, sino que se conviertan en herramientas habituales de aprendizaje. De hecho, más de 450 docentes aragoneses participaron el pasado 15 de octubre en una jornada específica sobre estas tecnologías.

Aprender a utilizar la tecnología

Uno de los objetivos de esta convocatoria es que los profesores sepan sacar partido a los equipos tecnológicos que se están incorporando a los centros educativos. No se trata únicamente de disponer de ordenadores, robots u otros dispositivos, sino de aprender a utilizarlos como herramientas de enseñanza.

Para ello, el Departamento de Educación mantiene la colaboración con los coordinadores de formación en tecnologías para el aprendizaje (COFOTAP), que participan en seminarios organizados por los Centros de Profesorado de Aragón.

La nueva oferta también introduce cambios para facilitar la formación. Los cursos destinados a acreditar el nivel B2 de competencia digital docente seguirán teniendo una duración de 70 horas, pero los participantes dispondrán ahora de un semestre para completarlos, lo que permitirá compatibilizarlos mejor con su actividad profesional.

Además, CATEDU estudia incorporar en algunos cursos tutorías online en directo, de carácter voluntario, para resolver dudas y compartir experiencias entre profesores.

La convocatoria forma parte del III Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado. Según Educación, este año se han revisado y reorganizado los contenidos para concentrar la oferta en aquellos cursos que resulten más útiles y puedan aplicarse directamente en las aulas.

El Gobierno central ha incrementado en más de tres millones de euros los fondos destinados a programas de interés social en Aragón con cargo al 0,7% del IRPF y del impuesto sobre sociedades, hasta alcanzar los 13,1 millones de euros en 2026. La ampliación, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), deberá ser gestionada por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por el vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, formación que ha defendido retirar subvenciones a determinadas ONG vinculadas con la inmigración y ha eliminado una línea específica de ayudas al colectivo LGTBI.

La Orden DBF/1577/2026 modifica la dotación inicial de 9.612.607,18 euros para adaptarla a la nueva asignación estatal. A estos recursos se añaden cantidades procedentes de reintegros de convocatorias anteriores y de recursos administrativos. La ampliación no requiere abrir una nueva convocatoria.

La resolución correspondiente a 2025, publicada el pasado 24 de diciembre, concedió 11,45 millones de euros a programas sociales de distinta naturaleza, destinados a personas con discapacidad, mayores, infancia, familias vulnerables, mujeres, población inmigrante y personas en riesgo de exclusión.

Entre los proyectos relacionados expresamente con la inmigración figuran programas de integración de inmigrantes de Cruz Roja, atención a jóvenes extranjeros no acompañados de Accem, orientación jurídica en extranjería y protección internacional de Fundación Cepaim, formación para el arraigo de Kairós e inserción social a través del aprendizaje del español de YMCA.

Una selección de seis programas de integración, formación y atención a población migrante suma 104.042,90 euros en subvenciones concedidas, aunque no representa la totalidad de los proyectos relacionados con la inmigración financiados por el fondo.

Estas ayudas contrastan con las posiciones expresadas por Vox. En julio de 2025, el diputado David Arranz manifestó su «oposición rotunda» a otra convocatoria autonómica de un millón de euros destinada a favorecer la integración de personas de origen extranjero. En aquella ocasión cuestionó la financiación de organizaciones como Accem y Apip-Acam.

El propio Nolasco ha defendido revisar las subvenciones a organizaciones como Cruz Roja y Cáritas cuando considere que sus actividades pueden favorecer lo que denomina «efecto llamada», aunque ha señalado la necesidad de diferenciar entre las actuaciones de atención a inmigrantes y otros servicios sociales prestados por estas entidades.

Eliminación de ayudas al colectivo LGTBI

La posición de Vox se ha traducido ya en una modificación concreta de las subvenciones autonómicas. El pasado 2 de octubre, el departamento de Nolasco publicó una convocatoria que eliminaba la línea específica de apoyo a personas LGTBI y sus familias, dotada con 161.000 euros en 2025, y concentraba los 516.000 euros disponibles en proyectos dirigidos a personas con discapacidad.

La decisión fue defendida en las Cortes por David Arranz, quien aseguró que «no vamos a financiar el lobby LGTBIQ», mientras Nolasco rechazó destinar dinero público a asociaciones que considera próximas a la izquierda.

Precisamente, la resolución del fondo del 0,7% correspondiente a 2025 concedió 15.823,03 euros a la Asociación Magenta, Colectivo LGTB de Aragón, para desarrollar un programa de prevención de la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans.

Se trata de convocatorias distintas, por lo que la eliminación de la línea específica de ayudas LGTBI no implica automáticamente la exclusión de estas entidades del fondo del 0,7%.

La ampliación aprobada ahora tampoco determina qué organizaciones recibirán financiación en 2026. Ese reparto deberá concretarse en la correspondiente resolución de concesión, que permitirá comprobar si se mantiene el apoyo a los programas de integración de migrantes y de atención a la diversidad sexual financiados en ejercicios anteriores.

Las localidades altoaragonesas de Barbastro, Monzón y Binéfar volverán a tener autobús directo a Zaragoza a partir de este domingo, 1 de noviembre. Lo harán casi seis meses después de que la entrada en funcionamiento del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, el pasado 20 de abril, obligara a sus usuarios a bajarse en Huesca y hacer transbordo para llegar a la capital aragonesa. Durante más de seis meses, tres de las principales ciudades del este de la provincia de Huesca han carecido de una conexión directa por carretera con Zaragoza, mientras mantenían hasta ocho servicios diarios por sentido con Barcelona.

La Dirección General de Transportes, dependiente del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial que dirige Octavio López, ha resuelto el problema solapando expediciones de dos lotes del mapa concesional. Hasta ahora, los viajeros procedentes de Barbastro que utilizaban las líneas del lote 3 debían llegar hasta Huesca y continuar allí en una ruta del lote 1. Desde el domingo podrán hacer todo el trayecto en el mismo autobús y con un único billete.

El servicio contará con 12 expediciones diarias de lunes a viernes, seis en cada sentido, con parada intermedia en Huesca y otras localidades. Los sábados habrá seis, tres por sentido. Los domingos y festivos se ofrecerán dos servicios hacia Zaragoza y cuatro desde Zaragoza hacia Barbastro, Monzón y Binéfar. Según el Ejecutivo autonómico, la medida beneficiará a más de 40 localidades a lo largo del recorrido, entre ellas Tamarite de Litera, Valcarca, Binaced, Castejón del Puente, El Pueyo, Peraltilla, Ponzano, Lascellas, Velillas, Liesa, Siétamo, Quicena y Tierz.

Una solución que ya existía

El arreglo que el Gobierno de Aragón presenta ahora como una mejora del mapa concesional reproduce, en la práctica, el esquema que funcionaba antes de abril. Antes de la implantación del nuevo mapa sí había un autobús de Barbastro a Zaragoza: fueentes del Gobierno de Aragón explicaron en junio a este periódico que esa línea, en apariencia directa, era en realidad una combinación de dos concesiones, una del Ministerio y otra del Ejecutivo autonómico, “pero el usuario no se enteraba, ya que no cambiaba de autobús”. El nuevo mapa concesional rompió ese enlace y el Departamento de Fomento ha tardado más de seis meses en restablecerlo.

En junio, el Ejecutivo reconocía que no existía un servicio directo y se limitaba a confiar en que la empresa pudiera plantearlo. Avanza, que opera los lotes 1 y 3, atribuía la ausencia de la línea a la configuración de las concesiones y aseguraba que estudiaría nuevas conexiones con Zaragoza una vez estabilizados los horarios, todavía en fase de ajuste por las reclamaciones de ayuntamientos y usuarios.

La puesta en marcha de esos dos lotes supuso la incorporación de 93 nuevas líneas, operadas por Avanza, que conectan 12 comarcas y 130 municipios de la provincia de Huesca. En su presentación, el consejero Octavio López defendió que Aragón era la primera comunidad autónoma en implantar un sistema que daba servicio a más personas, llegaba a más núcleos y ofrecía tarifas más baratas. Sin embargo, el nuevo diseño dejó fuera la conexión directa entre la capital aragonesa y el eje Barbastro-Monzón-Binéfar.

Más autobuses a Barcelona que a Zaragoza

El contraste con Barcelona, sin embargo, persiste incluso con el nuevo servicio. Según los horarios de Avanza recogidos en junio por este diario, Barbastro y Monzón cuentan con cinco servicios diarios por sentido hacia la capital catalana entre semana y los sábados, y ocho los viernes y domingos. Binéfar tiene cuatro servicios por sentido entre semana y los sábados, y cinco los viernes y domingos.

Frente a eso, la nueva conexión con Zaragoza ofrecerá seis expediciones por sentido de lunes a viernes, tres los sábados y, los domingos, solo dos en dirección a la capital aragonesa. Es decir, un vecino de Barbastro o de Monzón que quiera viajar un domingo tendrá cuatro veces más autobuses para ir a Barcelona que para ir a Zaragoza.

La Dirección General de Transportes asegura que seguirá trabajando en la mejora del nuevo mapa concesional para atender las propuestas de los usuarios y avanzar hacia un transporte público más conectado.

La Policía Nacional ha remitido al juzgado las diligencias sobre la muerte del jabalí que recorrió el centro de Zaragoza la madrugada del domingo 18 de octubre, última noche de las Fiestas del Pilar, y que terminó sacrificado en la parte trasera de un bar de la calle del Temple. Según ha informado el cuerpo, el propietario del local, El Jardín del Temple, manifestó a los agentes que mató al animal con un cuchillo del propio establecimiento –de hoja de sierra de unos 20 centímetros y mango de plástico negro– ante el riesgo de que embistiera a más clientes. El arma fue entregada a la Policía y las actuaciones están ya en manos de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción de Zaragoza, que deberá valorar los hechos.

Los agentes han tomado declaración a testigos, perjudicados y personas implicadas para reconstruir lo ocurrido. El relato policial sitúa el inicio del episodio sobre las 00.40 horas, cuando varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron a las inmediaciones de las calles de Asalto y de Jorge Cocci tras recibir un aviso por la presencia de un jabalí en la vía pública.

El animal, “visiblemente asustado” según la Policía, echó a correr por la ciudad. Los agentes montaron un dispositivo coordinado con la Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA) de los bomberos para seguir sus movimientos, intentar cercarlo y evitar daños a peatones y conductores. No lo lograron: el jabalí atravesó Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, el paseo de la Mina, la plaza de los Sitios, el paseo de la Independencia, el Coso y Alfonso I, y dañó por el camino la puerta de un bar de la calle de San Clemente.

Finalmente entró en el bar El Jardín del Temple, se metió en los aseos y embistió a una mujer, que fue trasladada al Hospital Universitario Miguel Servet. Según las manifestaciones recogidas por los agentes, el propietario, ayudado por varios clientes, consiguió sujetar al animal por la cola y llevarlo a la parte trasera del local. Como el jabalí seguía intentando zafarse, el dueño declaró haber utilizado el cuchillo para sacrificarlo.

La Policía Local se hizo cargo de la retirada del cadáver, que personal de FCC trasladó y dejó a disposición del servicio correspondiente del Gobierno de Aragón.

Denuncia de Amnistía Animal

Amnistía Animal denunció el 19 de octubre la muerte del animal a manos de particulares y anunció acciones legales contra el establecimiento, contra las personas que lo mataron y contra el Ayuntamiento de Zaragoza, al que acusó de “ineptitud ante el caso”. “El pobre animal fue asesinado a sangre fría”, sostuvo la organización, que pidió revisar las cámaras de vigilancia para averiguar quién había soltado al jabalí y reclamó testigos, imágenes e información sobre las patrullas presentes aquella noche.

La organización llevó también los hechos ante el Seprona de la Guardia Civil, que, según publicaron otros medios, abrió una investigación sobre la muerte del animal a raíz de esa denuncia. La nota de la Policía Nacional no hace referencia a esas pesquisas.

La entidad exige además un protocolo específico para la fauna salvaje en zonas urbanas, con intervención de profesionales especializados, sedación del animal y su liberación en el medio natural cuando sea posible. Con ese lema convocó una concentración el sábado 24 de octubre en la plaza de España, con marcha hasta el bar de la calle Temple, un rincón para ofrendas y la propuesta de instaurar un “Día Mundial del Jabalí”.

PACMA describió al animal como “desorientado y aterrorizado” y advirtió de que matar fauna silvestre sin autorización puede tener consecuencias penales. “Deben ser los agentes especializados quienes practiquen una sedación al animal para trasladarlo de nuevo a su hábitat”, defendió el partido animalista.

Por su parte, los Bomberos de Zaragoza, que cuentan con una unidad de rescate animal, indicaron que preparan una instrucción operativa para actuar en futuros incidentes de este tipo.

El caso ha llevado también a la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza) a ofrecerse al Ayuntamiento, según informó Aragón Digital el 27 de octubre, para colaborar en un protocolo municipal sobre emergencias con especies como el jabalí en el casco urbano, los parques y las zonas periurbanas. La federación, que dice reunir a cerca de 28.000 cazadores federados, pone a disposición del Consistorio a su equipo técnico para la evaluación de riesgos y el asesoramiento sobre captura, contención y control de estos animales.

Será ahora el juzgado quien determine si la muerte del jabalí en la trastienda de El Jardín del Temple tiene relevancia penal.

La expansión de los centros de datos en Aragón ha llegado a la radio pública de Estados Unidos. NPR.org, uno de los principales medios del país en audiencia digital, ha publicado un reportaje que retrata a un Gobierno autonómico volcado en atraer a las tecnológicas mientras vecinos, agricultores y ecologistas denuncian expropiaciones, plazos de alegaciones recortados, opacidad sobre el agua y una mortandad de aves que las protecciones vigentes no frenan.

Según explica NPR, AWS promete invertir “casi 40.000 millones de dólares” –33.700 millones de euros– en varios complejos, y Microsoft y el fondo Blackstone han firmado acuerdos para seguirle. Frente a otros países que ya regulan estas instalaciones, Aragón se presenta como “la Virginia del sur de Europa”. La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, defiende ante el portal estadounidense que se trata de una economía nueva cuyas derivadas aún son difíciles de prever.

Desde la localidad de Botorrita, próxima a Zaragoza, Silvia Baselga cuenta que su familia supo del proyecto al ver las estacas de replanteo tras la tapia del jardín, y que en el Ayuntamiento les dijeron que no tenían información. El perímetro quedará a unos 90 metros de la casa y el complejo será mayor que el pueblo. El promotor del campus, que NPR no identifica, es Merlin Properties.

Baselga teme un muro de unos seis metros contra el ruido y unas luces encendidas las 24 horas que acabarán con el cielo nocturno. “Va a ser como vivir al lado de una prisión”, resume.

Hasta 27 centros de datos

El reportaje de la radio pública estadounidense, firmado por la corresponsal Ruth Sherlock, cita documentos oficiales para concluir que en Aragón se proyectan 27 centros, la mayoría de empresas estadounidenses, sobre unos 18,1 kilómetros cuadrados. AWS asegura que creará 6.200 empleos permanentes.

NPR explica que los proyectos se tramitan como unas figuras de interés general (DIGA y PIGA) que permiten expropiar, dejan a los alcaldes sin capacidad de veto y limitan a 23 días hábiles las alegaciones. En la última ampliación de AWS, ese plazo coincidió con la Navidad, algo que los opositores ven deliberado y que el Gobierno niega. El reportaje muestra también las obras de AWS en Cuarte, junto a Huesca capital.

En Villanueva de Gállego, el agricultor Julio Enfedaque recuerda que este año apenas llovió en cuatro meses y que la dotación de riego se recortó en dos tercios. “Estoy seguro de que se volverá muy complicado cultivar la tierra tal como lo hacían mis antepasados”, lamenta.

AWS sostiene que solo usará agua para refrigerar por encima de 30 grados, pero David Blázquez, su responsable de políticas públicas en España y Portugal, admite que la empresa no publica el consumo por instalación. Según datos autonómicos que recoge NPR, sus tres centros actuales consumieron 68 millones de litros, un 48% más de lo comunicado a la Administración.

Peligro para la avifauna

Las empresas prometen funcionar sobre todo con renovables –AWS dice tener un centenar de proyectos en España, 17 en Aragón–, aunque con generadores diésel de respaldo. En Rueda de Jalón, el ornitólogo José Antonio Pinzolas explica que los buitres chocan con los molinos al buscar las corrientes térmicas.

El reportaje recuerda que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Inaga, ha alertado del riesgo de colisión para el milano real, y el agente de protección de la naturaleza Juan Ballesteros relata haber recogido águilas, cernícalos y buitres negros. Blázquez asegura que AWS comparte esa preocupación; Pinzolas replica que las protecciones actuales no funcionan.

Varias organizaciones han financiado de forma colectiva un recurso contra las aprobaciones aceleradas de AWS. Luis García, de Ecologistas en Acción, sostiene que los beneficios económicos no compensan “el enorme daño al medioambiente” que causan las granjas de servidores.

El Gobierno de Jorge Azcón (PP) ha vuelto a aplazar el control de acceso a las tragaperras de los bares para impedir que jueguen menores y personas autoprohibidas. El nuevo Reglamento General del Juego de Aragón, que desarrolla la ley aprobada en marzo de 2023 –durante el Ejecutivo de Javier Lambán–, deja esos sistemas en manos de una orden del consejero que, tres años y medio después, sigue sin dictarse. Mientras, la única barrera será una pregunta en la pantalla de la máquina: '¿Es usted mayor de edad?'. Durante la tramitación, el Ejecutivo rechazó además una medida intermedia: que el personal del bar tuviera que activar las máquinas, como ocurre con las de tabaco. Todo ello cuando el juego presencial entre los menores aragoneses ha crecido un 16,2% en solo dos años.

Así consta en el proyecto de decreto que el Gobierno ha notificado a la Comisión Europea, un texto de 407 páginas. Su disposición final primera habilita al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, para fijar las condiciones técnicas de las máquinas B1 de la hostelería. Esas condiciones deben garantizar “la efectividad de no acceso al juego” de los menores y de los inscritos en el Registro del Juego de Prohibidos. La legislación ahora en vigor ya remitía a una orden el control de los autoprohibidos, pero el Ejecutivo de Azcón no la ha desarrollado.

Lo que sí recoge el reglamento, en su anexo técnico, son obligaciones que la ley ya imponía desde 2023. Antes de cada sesión, la máquina preguntará al usuario si es mayor de edad y si conoce los riesgos del juego. Solo habilitará la entrada de monedas y billetes si contesta que sí, para lo que basta un toque en la pantalla o en un botón. Cuando no se usen, las máquinas no podrán emitir estímulos sonoros ni luminosos y deberán mostrar avisos de prohibición a menores y autoprohibidos.

Esto último, según denuncia la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar (Azajer), no se cumple. “Siguen emitiéndose estímulos sonoros y visuales, han tenido tiempo para cumplir con la normativa”, apunta su presidenta, Miriam Gañán. Desde su punto de vista, “en ningún bar debería haber ninguna máquina, tendrían que estar en salones con control de acceso”. También denuncia que sigue habiendo menores jugando en bares.

Rechazo a que el bar active las máquinas

El informe de alegaciones lo firmó hace casi un año el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero. En él se rechazó la propuesta de que fuera el personal del establecimiento quien activara las tragaperras, porque el sistema de control queda “pendiente de desarrollo” en esa orden. Tampoco se admitió que las pantallas se apagaran cuando no hay nadie jugando. El texto remitido a Bruselas permite mostrar contenido en movimiento por razones técnicas de conservación del panel.

La tramitación del reglamento arrancó en septiembre de 2024 y el texto salió a información pública a finales de 2025. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón emitió en mayo un informe a petición de Interior, y después el texto se remitió a Bruselas. Aún no se ha publicado en el BOA y el propio Gobierno admite que “sigue en tramitación”.

El borrador fija un máximo de tres puestos de juego de máquinas B1 –conocidas como tragaperras– por bar. También limita a 5.600 las autorizaciones de explotación de estos puestos en la hostelería, un tope que el consejero podrá modificar mediante una orden “si las necesidades del mercado lo aconsejaran”. Según el último Informe sobre el Juego en Aragón, a cierre de 2025 había en Aragón 5.566 máquinas B1, tras tres años de crecimiento. Los bares con máquinas eran 2.936, un 1,17% más que en 2024, mientras que los que tenían tres tragaperras pasaron de 558 a 640 en un solo año.

Diez expedientes en un año

El control tampoco se traduce en sanciones. En 2025 se iniciaron diez expedientes sancionadores en materia de juego, por 68.920 euros, y se cerraron ocho, por 20.820 euros. Son muy pocos frente a las 1.453 inspecciones que el Gobierno dice haber realizado. Hay que recordar que solo las máquinas recreativas generaron 24,7 millones de euros en tributos para la comunidad en 2024. Y que entre 2023 y 2024 solo hubo cinco multas por menores jugando con dinero.

Los datos que el Gobierno de Aragón ha difundido este jueves, Día Sin Juegos de Azar, muestran el alcance del problema. Según la encuesta Estudes, el juego presencial entre los estudiantes de 14 a 18 años pasó del 21,6% hace tres años al 25,1% en 2025 –la última edición del Estudes disponible–, más de cuatro puntos por encima de la media española (20,9%). La prevalencia de posible juego problemático sube cinco décimas, del 4% al 4,5%, con mayor intensidad entre los chicos que entre las chicas. A cierre de 2025, 5.330 personas estaban inscritas en el Registro del Juego de Prohibidos de Aragón, un 5,8% más que un año antes, y 151 iniciaron tratamiento por adicciones comportamentales.

Agentes de la Policía Nacional en Teruel han procedido a la identificación de cinco personas como presuntos autores de un delito de suplantación o usurpación de estado civil, que formaban parte de una red de obtención de ganancias mediante el uso fraudulento de identidades ajenas.

La investigación se inició tras recibir la denuncia de una persona que había detectado beneficios procedentes de plataformas de juego online atribuidos a su identidad en su declaración de la renta, pese a no reconocer dichas ganancias como propias. A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones, que permitieron identificar a cinco presuntos implicados. Cuatro de ellos serían jóvenes de edades similares, mientras que una quinta persona presuntamente desempeñaría funciones de dirección y coordinación dentro del grupo.

Según las pesquisas policiales, este tipo de redes capta habitualmente a jóvenes con la promesa de obtener dinero fácil. Para ello, se les ofrece participar en grupos y canales de plataformas de mensajería como Telegram, donde se intercambian datos personales obtenidos ilícitamente (leaks), credenciales de acceso y procedimientos destinados a facilitar actividades fraudulentas. La utilización de identidades ajenas permite realizar operaciones por internet o solicitar productos y servicios en nombre de terceras personas, dificultando la identificación de los verdaderos responsables.

En este caso, el objetivo sería atribuir a otras personas los beneficios económicos obtenidos a través del juego online y evitar que los presuntos autores asumieran las correspondientes obligaciones tributarias. Estas estructuras pueden funcionar de manera jerárquica, con integrantes encargados de obtener y utilizar datos identificativos sustraídos, ejecutar operaciones fraudulentas, captar titulares de cuentas bancarias o recibir y redistribuir los beneficios obtenidos.

La suplantación de identidad puede conllevar importantes consecuencias legales. Según las circunstancias de los hechos, los implicados podrían enfrentarse a penas por delitos de usurpación del estado civil, falsedad documental o estafa, entre otros que pudieran resultar acreditados durante la investigación.

Protocolo de actuación

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier uso no autorizado de la identidad personal y de revisar las declaraciones tributarias para detectar posibles ingresos o ganancias que no correspondan al contribuyente.

En estos casos, los afectados pueden recurrir al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), una guía destinada a orientar a las personas cuya identidad haya sido utilizada por terceros para eludir la tributación de incrementos patrimoniales procedentes del juego.

Las diligencias practicadas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de la ciudad de Teruel.

La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta responsable de un delito de conducción temeraria, por circular durante siete kilómetros en sentido contrario por la autovía A-23, una vía con alta densidad de circulación en el momento de producirse esta acción.

Los hechos ocurrieron el día 22 de octubre, sobre las 08.15 horas, entre los puntos kilométricos 301 y 308 de la A-23, accediendo a la citada vía por la salida de la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego, dirección Huesca, pero haciéndolo por los carriles en sentido contrario, hacia Zaragoza.

Durante esos siete kilómetros la conductora circuló en contradirección en un momento de gran densidad de tráfico en la autovía. La mujer fue interceptada por especialistas de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, que procedieron a su investigación como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

El artículo 380 del Código Penal establece que “el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta seis años”. Se trata de un delito de peligro, por lo que no es necesario que llegue a producirse un siniestro ni lesiones para que la conducta sea constitutiva de delito.

Cómo actuar

La Guardia Civil recuerda cómo actuar en esta situación. Si un conductor advierte que circula en sentido contrario por error, se deben encender las luces de emergencia, detenerse cuanto antes en el arcén, no intentar cambiar de sentido ni dar marcha atrás y avisar al 062 o 112, indicando la ubicación exacta y esperar ayuda en un lugar seguro, fuera de la calzada.

Si, por el contrario, se observa un vehículo circulando en sentido contrario, conviene reducir la velocidad, encender las luces de emergencia, apartarse con precaución hacia el arcén si es necesario y llamar de inmediato al 062 o 112, aportando la localización, el sentido de la marcha y las características del vehículo.

Este tipo de situaciones tiene en muchas ocasiones relación con conducir con las condiciones psicofísicas disminuidas. Ya sea por ingesta de alcohol, drogas, medicamentos o por motivos de fatiga o enfermedad, estas circunstancias conllevan una reducción de la atención, capacidad de reacción y percepción del riesgo. Ante cualquier duda sobre el propio estado, la recomendación es no ponerse al volante y recurrir a otro medio de transporte.

Agentes de la Policía Nacional de Zaragoza detuvieron a un hombre como presunto responsable de tres delitos de hurto, robo con fuerza y robo con violencia, cometidos contra un sacerdote al que habría sustraído sus pertenencias y al que posteriormente agredió y amenazó en su propio domicilio para exigirle dinero.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de septiembre, cuando la víctima denunció la sustracción de una bandolera que contenía su cartera con documentación personal, las llaves de su domicilio y otros efectos personales.

Posteriormente, al regresar a su vivienda, descubrió que alguien había accedido a su interior y le había sustraído 180 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. La puerta y la cerradura no presentaban signos de forzamiento, por lo que los investigadores sospecharon que el autor podría haber utilizado las llaves que se encontraban en la bandolera sustraída.

Tras estos hechos, el denunciante aportó nuevos datos sobre un posible sospechoso, un hombre conocido por frecuentar la parroquia en la que ejercía como sacerdote y que había sido visto en las inmediaciones de la sacristía cuando se produjo la desaparición de sus pertenencias.

El pasado 5 de octubre, sobre las 18:00 horas, el sospechoso acudió nuevamente a la parroquia para exigir dinero al sacerdote, como presuntamente venía haciendo de manera habitual y con una actitud agresiva.

Durante el encuentro, el párroco le preguntó por la desaparición de su bandolera y por el robo cometido en su vivienda, lo que provocó una discusión tras la cual el hombre abandonó el lugar.

Sin embargo, apenas tres horas después, sobre las 21:00 horas, el sospechoso se presentó en el domicilio del sacerdote y llamó al timbre mientras tapaba la mirilla de la puerta para evitar ser reconocido. Cuando la víctima abrió, el hombre se abalanzó sobre ella, la agarró del cuello y comenzó a amenazarla mientras le exigía dinero, llegando a retenerla en una de las habitaciones de la vivienda hasta conseguir que le entregase la cantidad exigida.

Los agentes del Grupo de Robos con Fuerza en domicilios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación y, gracias a las gestiones practicadas y a los datos facilitados por la víctima, lograron identificar al presunto autor, estableciendo una orden policial de búsqueda y detención. Finalmente, el pasado 22 de octubre, una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó al sospechoso y procedió a su detención.

El arrestado, al que le constaban cerca de medio centenar de antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia el día 23 de octubre, que decretó su ingreso en prisión.

Aragón ocupa la quinta posición del Estado por PIB por habitante, pero según CCOO mantiene a sus docentes en el último lugar en retribuciones. Es la contradicción que la Federación de Enseñanza del sindicato ha llevado este miércoles a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. Sus representantes, Andrés Mingueza y Alfonso Alegre, han reclamado al Gobierno autonómico que la capacidad económica de la comunidad se traduzca en mejores condiciones para el profesorado de la enseñanza pública. Piden una negociación con medidas, financiación y plazos concretos.

Mingueza ha calificado las condiciones laborales del profesorado aragonés de “las peores de España” y ha advertido de que siguen empeorando. Según el informe de 2026 de la organización, los docentes aragoneses han perdido un 25% de poder adquisitivo desde el año 2000. Para el sindicato, la mejora salarial es además una necesidad del sistema: sueldos inferiores a los de las comunidades vecinas dificultan atraer y retener profesorado, sobre todo cuando se suman a la inestabilidad, la sobrecarga de tareas y la falta de respaldo institucional.

El informe que CCOO presentó en marzo concreta esa brecha. Según la central sindical, un maestro aragonés cobra 184 euros al mes menos que la media estatal, 2.576 euros al año, y un profesor de Secundaria, 192 euros al mes menos, 2.688 euros anuales. La pérdida de poder adquisitivo se explica porque el IPC subió un 83,4% entre 2000 y 2026, mientras los salarios docentes solo aumentaron un 43,2%. El sindicato habla también de un “efecto frontera”: un docente de Benasque cobra 150,02 euros al mes menos que uno de Vielha, y uno de Tarazona, 144,09 euros menos que uno de Tudela.

Datos del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón rebatió entonces el diagnóstico con su propio análisis de las tablas salariales de 2026 de cada comunidad. Según esos datos, Aragón ocupa el puesto 11 de 19 en Primaria, con 2.581,86 euros brutos mensuales, y el 13 en Secundaria, con 2.922,60 euros. Por debajo quedarían, entre otras, Asturias en Primaria y Cataluña en Secundaria. La diferencia entre ambos diagnósticos está en el método: CCOO compara con la media estatal y con las comunidades limítrofes, y el Ejecutivo ordena las tablas comunidad por comunidad.

En mayo de 2024, Educación firmó con CSIF, UGT y CCOO un acuerdo de subida de hasta el 4,5%, repartido en dos tramos del 2,25%. El primero se aplicó en la nómina de enero de 2026, con un coste de más de 18 millones de euros, y el segundo está previsto para enero de 2027. El acuerdo incluyó también un aumento del 7% para los equipos directivos y el pago de las tutorías.

CCOO ha denunciado además que la tasa de interinidad docente en Aragón ronda el 40%. Eso es cinco veces el 8% de temporalidad estructural que fija como límite la Ley 20/2021 y, según el sindicato, el doble de la media estatal. Su informe de marzo la cifraba en el 38,74%, frente a una media del 24,75%. Otras organizaciones van más allá: CSIF situó en julio la interinidad aragonesa por encima del 44%, aunque en sus datos Navarra la superaba con un 48,9%. CCOO ha advertido también de que este curso unos cien docentes ejercen sin la titulación requerida.

Según la Federación, la temporalidad obliga a muchos profesionales a cambiar de centro y de localidad, dificulta la conciliación y les supone gastos de desplazamiento y alojamiento. También perjudica a los centros, que no pueden consolidar equipos ni dar continuidad a sus proyectos, algo que el sindicato considera especialmente grave en el medio rural. En la última oposición quedó sin cubrir el 30% de las plazas, 299 de 1.018.

Agresiones, denuncias y burocracia

Alegre ha expuesto casos de docentes inmersos en procedimientos judiciales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, sin el respaldo jurídico de la Administración. También ha denunciado la falta de asistencia jurídica y psicológica para el profesorado agredido mientras trabajaba. “Una agresión a un profesor mientras ejerce su trabajo no es un problema privado. Es un problema laboral. Es un problema de seguridad. Y exige una respuesta institucional”, ha defendido.

El sindicato ha criticado además una burocracia que resta tiempo a la preparación de clases y a la atención al alumnado. Ha cuestionado que la Administración envíe formularios sobre cómo reducir las cargas administrativas mientras los trámites siguen aumentando. CCOO ha calificado de desproporcionadas algunas actuaciones de la Inspección Educativa en Huesca, aunque ha precisado que su crítica no se dirige al conjunto del servicio, cuyos profesionales también sufren sobrecarga y falta de medios. Es el mismo conflicto que mantiene a los sindicatos oscenses concentrándose cada martes ante el Servicio Provincial: desde el curso 2023-2024 se han abierto 48 expedientes a docentes en Huesca, frente a 32 en Zaragoza y Teruel juntas.

Los grupos

La diputada del PP María José Vicente ha respondido que el presupuesto de Educación para 2027 pasará de 1.565 millones, los del presupuesto prorrogado de 2026, a más de 1.900 millones. También ha recordado el acuerdo con los sindicatos para convocar 900 plazas docentes en 2027. La socialista Carmen Soler ha subrayado que la estabilidad y el reconocimiento son esenciales para la enseñanza pública, y ha atribuido a las políticas del Gobierno central una financiación histórica que, a su juicio, permite atender estas reivindicaciones. Marta Fernández, de Vox, ha recordado que su grupo ha defendido mejoras salariales y menos interinidad, y que el profesorado debería poder centrarse en las clases y no en el papeleo.

Mascún Ariste (CHA) ha señalado que CCOO ya presentó un informe similar en 2022 y que, cuatro años después, el diagnóstico apenas ha cambiado. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha considerado urgente cambiar las retribuciones y las condiciones laborales del profesorado, y ha reprochado que el Gobierno lleve tres años asegurando que Aragón ha dejado de ser la comunidad que peor paga a sus docentes, cuando el sindicato sostiene lo contrario.

El técnico de emergencias José Villa ha denunciado este miércoles ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón el “deterioro” de los medios con los que trabaja el transporte sanitario urgente y la “situación de riesgo inminente a nivel físico y psicológico” que, según ha expuesto, padecen sus profesionales. Su intervención llega a siete meses de que expire el contrato que el Servicio Aragonés de Salud adjudicó en 2023 y que el Gobierno de Aragón presentó entonces como la mayor apuesta económica de su historia en este servicio.

Según Villa, ese deterioro “quedó constatado cuando en abril los responsables del mantenimiento de los vehículos dejaron constancia al comité de empresa del estado en el que se encuentra la flota de todo Aragón”. “Desde que se hizo cargo del servicio la última empresa hemos tenido incidencias de todo tipo en 2023, en 2024, en 2025 y en 2026, no contamos con un protocolo de agresiones, ni con el apoyo de fuerzas de seguridad en servicios peligrosos y carecemos de condiciones de seguridad y habitabilidad en las bases”, ha detallado. La respuesta de la empresa, ha relatado, es siempre la misma: “que lo estudiará, mientras la situación solo empeora”.

El compareciente ya acudió a esta misma comisión el año pasado para advertir de los problemas de mantenimiento de las ambulancias. Lejos de corregirse, ha sostenido, el escenario ha ido a peor: “Ahora la situación ha empeorado notablemente y sucederá alguna tragedia que luego tendremos que lamentar todos”. Villa ha admitido desconocer el número total de incidencias registradas en la Comunidad, pero ha concluido que “parece que la empresa no está para gastar dinero ni en mantenimiento ni en los sueldos de los empleados”.

Un contrato de 141,7 millones

La empresa a la que alude Villa es Ambulancias Tenorio e Hijos. El Salud formalizó con ella el contrato de transporte sanitario urgente por 126,5 millones de euros para el periodo 2023-2027, y la adjudicataria comenzó a prestar el servicio el 1 de junio de 2023. El Ejecutivo autonómico destacó entonces que la asignación anual pasaba de 19 a 31,6 millones de euros. Meses después, en noviembre de 2023, el Gobierno de Jorge Azcón firmó una modificación para ampliar de 12 a 24 horas la activación de las 23 bases que dan cobertura al medio rural, lo que elevó el importe de 126,5 a 141,7 millones de euros hasta el final del contrato, el 31 de mayo de 2027.

Más dinero no se ha traducido, sin embargo, en mejores sueldos. Villa ha lamentado que los profesionales “tienen los mismos sueldos desde 2018”, una queja que los comités de empresa ya habían llevado antes a las Cortes: denunciaron que los trabajadores están sin subida salarial desde 2018 y que la última propuesta de las empresas era mejorar los salarios en 2027. El técnico ha añadido que “se están usando vehículos muy anteriores a este concurso”. “Parece que tenemos un servicio súper avanzado y es al revés, pero en su mano está establecer mejoras, hacerlas cumplir y controlar que haya unos mínimos de seguridad en las empresas públicas, porque si no lo pagaremos todos”, ha advertido a los diputados.

Las denuncias de la plantilla tampoco son nuevas. Apenas tres meses después del arranque del contrato, los tres comités de empresa del transporte sanitario urgente, uno por provincia, presentaron ante la Fiscalía una denuncia que recogía hasta 83 incidencias, entre ellas una treintena de ambulancias desactivadas en verano por falta de conductor y medio centenar de turnos sin cubrir. La empresa replicó entonces que se trataba de incidencias y no de incumplimientos.

El PP anuncia un pliego distinto

En el turno de los grupos, la diputada del PP Susana Gaspar ha defendido que “hay unas reuniones periódicas entre la empresa y la gerencia del 061 en las que se analizan todos los incumplimientos y se imponen sanciones”, y ha avanzado que “el Departamento de Sanidad no va a continuar con el mismo pliego y el mismo contrato”.

La socialista Carmen Soler ha recordado que su grupo “siempre ha defendido un modelo de transporte sanitario urgente público, con unas condiciones dignas y que atienda a la dispersión territorial”, y ha reclamado que el Gobierno de Aragón esté “vigilante en aras a mejorar el pliego de condiciones futuro”.

Por Vox, Marta Fernández ha reconocido “la importante labor que desempeñan los técnicos de emergencias” y ha recordado que su formación defiende que las mejoras económicas del servicio “deben trasladarse obligatoriamente a los trabajadores”.

Mascún Ariste (CHA) ha subrayado la “responsabilidad enorme” que asumen a diario los profesionales y ha defendido garantizarles “unas condiciones dignas” y “una sanidad que llegue a todo el territorio aragonés”. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha ido más allá: “Este servicio solo empezará a funcionar cuando lo gestione directamente el Salud, es decir, cuando se internalice”. Su formación ya impulsó en 2023 una iniciativa legislativa popular que planteaba crear una empresa pública de transporte sanitario urgente dirigida por el Salud e integrar en ella a la plantilla de la concesionaria.

El Gobierno de Aragón ha ofrecido los helicópteros sanitarios a Castilla-La Mancha para colaborar en las labores de rescate y asistencia a las personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

El suceso se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles tras la colisión de un tren AVE con otro de la compañía Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la estación de la localidad toledana de Urda.

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha informado de que, tras conocer los hechos, se ha contactado con el centro de emergencias 112 de Toledo para ofrecer los dos helicópteros sanitarios del Ejecutivo autonómico y colaborar así en las labores de traslado de heridos a los centros sanitarios.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que sigue “con preocupación” las noticias del accidente ferroviario ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo y ha informado de que desde el Ejecutivo autonómico “ya hemos puesto todos nuestros medios” a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Desde el @GobAragon ya hemos puesto todos nuestros medios a disposición del @gobjccm para colaborar en las labores de rescate y asistencia”, ha escrito el presidente aragonés en un mensaje en la red social 'X'. Ha añadido: “Todo mi apoyo a los equipos de emergencias y a las familias y seres queridos de los pasajeros”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado, por el momento, al menos treinta fallecidos.

Aragón cerró septiembre con 9.301 pacientes pendientes de una operación desde hace más de seis meses, según los últimos datos del Departamento de Sanidad, publicados el 9 de octubre. La cifra supone un incremento del 51,7% respecto a agosto de 2023, cuando Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón y había 6.149 personas en esta situación. En términos absolutos, son 3.152 pacientes más.

La evolución resulta especialmente significativa si se observa lo ocurrido durante los últimos siete meses. En febrero de 2026 había 5.453 pacientes con demoras superiores a seis meses, frente a los 9.301 de septiembre. El incremento alcanza el 70,6%, con 3.848 personas más esperando una intervención quirúrgica.

La comparación interanual tampoco ofrece mejores resultados, ya que respecto a septiembre de 2025, cuando había 5.640 pacientes, las listas han crecido un 64,9%, con 3.661 afectados más.

Los datos recuperan además el debate político sobre la gestión sanitaria. En noviembre de 2022, cuando el PP estaba en la oposición, calificaba de “colapso sanitario” la existencia de más de 7.300 pacientes esperando una operación durante más de seis meses y exigía responsabilidades al anterior Gobierno autonómico.

Entonces también criticaba que un plan dotado con 20 millones de euros hubiera conseguido reducir las listas únicamente en 64 personas.

Cuatro años después, con el PP al frente del Ejecutivo aragonés, la cifra asciende a 9.301 pacientes, aproximadamente 2.000 más que cuando los populares denunciaban aquel colapso.

La evolución contrasta igualmente con los anuncios presupuestarios de Azcón, que ha avanzado que Sanidad contará con unos 3.100 millones de euros en 2027, frente a los aproximadamente 2.500 millones de 2023. Son 600 millones más en términos nominales, aunque se trata de una previsión presupuestaria que no puede equipararse todavía al gasto ejecutado.

Cirugía vascular cuadruplica sus pacientes en espera

El deterioro no afecta por igual a todas las especialidades. Angiología y Cirugía Vascular presenta uno de los incrementos más acusados desde agosto de 2023: ha pasado de 304 a 1.348 pacientes, un aumento del 343,4%.

En Cirugía General y Digestiva, las personas con demoras superiores a seis meses han aumentado más del doble, de 632 a 1.408, un 122,8%. Igualmente, duplican la lista de Otorrinolaringología, que ha pasado de 427 a 1.090 pacientes, un 155,3% más, así como Urología, que ha crecido de 296 a 745, un 151,7%.

Traumatología concentra el mayor número de pacientes afectados, con 2.806 personas, frente a las 2.321 registradas al comienzo de la legislatura.

No todas las especialidades presentan una evolución negativa. Oftalmología ha reducido su lista de 957 a 515 pacientes, un descenso del 46,2%, que constituye la principal mejora respecto a agosto de 2023.

Salvo Oftalmología, en el conjunto del resto de las especialidades se produce un aumento de 3.594 pacientes, un 69,2 %.

La evolución interanual refleja un empeoramiento generalizado de las listas de espera quirúrgicas superiores a seis meses, con 3.661 pacientes más que en septiembre de 2025, un incremento del 64,9%, al pasar de 5.640 a 9.301. Prácticamente todas las especialidades registran aumentos, con la única excepción de Ginecología. El caso más llamativo es el de Angiología y Cirugía Vascular, donde los pacientes se han multiplicado por siete en apenas un año, al pasar de 188 a 1.348, un incremento del 617%. También destaca Cirugía General y Digestiva, que casi triplica sus cifras, de 511 a 1.408 pacientes (un 175,5% más), mientras que Traumatología suma otros 813 afectados, hasta alcanzar los 2.806, un 40,8% más que hace un año.

Los últimos datos reflejan una reducción de 48 pacientes respecto a agosto, equivalente al 0,5%. Sin embargo, este descenso llega después de varios meses consecutivos de fuertes incrementos, especialmente agosto, cuando las listas aumentaron en 1.232 personas.

La situación contrasta con las declaraciones del propio Azcón, que el pasado 16 de junio aseguró en sus redes sociales que su Gobierno había reducido las listas quirúrgicas un 27% en dos años. Pero las cifras de septiembre muestran, en cambio, un incremento considerable de los pacientes que llevan más de seis meses esperando una operación, casi un 65% en el último año.

De cantar con una guitarra a un repartidor 'panchito' a enfrentarse a una posible condena de cuatro años de prisión. La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza al polémico instagramer conocido como ‘Paracetamol’, un hombre de 46 años residente en el barrio de Torrero, investigado por un presunto delito de incitación al odio a través de las canciones que difundía en sus redes sociales.

La detención, que ha sido avanzada por 'Heraldo de Aragón', se produjo el pasado 2 de julio, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional tanto en Madrid como en Zaragoza. Fue el resultado de una investigación iniciada semanas antes la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, después de que varios de sus vídeos comenzaran a hacerse virales. Los agentes llevaban meses intentando identificar al autor de unas composiciones que, bajo una aparente intención humorística, incluían expresiones vejatorias contra inmigrantes, personas homosexuales, enfermos y otros colectivos.

El arresto se produjo en concreto por delitos de odio y discriminación por motivos raciales, ideológicos o religiosos.

El creador de contenido había conseguido reunir cerca de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, pese a que algunas de sus cuentas habían sido cerradas por el contenido de sus publicaciones. Varias canciones superaron el medio millón de reproducciones e incluso llegaron a aparecer en retransmisiones de conocidos influencers, como Auronplay.

Entre sus temas más populares figura el dedicado a un repartidor de comida a domicilio, titulado 'Panchito, panchito, repartidor', surgido a raíz de una incidencia con un pedido que no llegaba a su destino. La melodía terminó convirtiéndose en una especie de marca personal que el instagramer reutilizaba para abordar asuntos políticos y sociales.

Uno de sus últimos vídeos estaba dedicado a la situación de Ceuta, con críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusaba de haber abandonado la ciudad autónoma. En la canción le dirigía graves insultos y afirmaba que Marruecos le pagaba por su actuación.

Componente ideológico

Las investigaciones también recogen una composición dirigida contra la exministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, a la que deseaba que “un camión la mate” junto a su “cuadrilla de depravados y depravadas”. Los agentes consideran que estas expresiones presentan una “evidente carga vejatoria” y apuntan, de forma indiciaria, a un posible componente ideológico.

El propio ‘Paracetamol’ defendía sus publicaciones como una forma de humor. “Es todo broma, primitos. Acuérdate de Cruz y Raya como ponían a los gitanicos”, explicaba en uno de sus vídeos, antes de reivindicar su condición de gitano para justificar sus parodias sobre otros colectivos.

Una vez identificado, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a Zaragoza para detenerlo e interrogarlo. El investigado se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad provisional.

Sin embargo, el procedimiento judicial continúa. El instagramer ha recibido una citación de los juzgados de Zaragoza para comparecer ante una jueza el próximo mes de enero, según 'Heraldo'. Si no acude, podría dictarse una orden de busca y captura. El investigado podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión si finalmente fuera condenado por un delito de incitación al odio.