Aragón despide la primavera más cálida de la historia, respecto al promedio del periodo de referencia (1991-2020) y se prepara para afrontar un verano que apunta a seguir la misma tendencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha presentado este miércoles el balance climático de la estación primaveral y las previsiones para los próximos meses del periodo estival, unas conclusiones que dejan un dato contundente: la primavera de 2026 ha sido la más cálida registrada en la comunidad autónoma desde que existen datos, igualada únicamente con la de 2023.

El delegado territorial de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco, ha explicado que la temperatura media de la primavera se situó en 13,1 grados, lo que supone una anomalía positiva de 1,7 grados respecto al periodo de referencia antes mencionado. Un valor que convierte a esta estación en “extremadamente cálida” y que consolida una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años.

La primavera meteorológica, comprendida entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, estuvo marcada por fuertes contrastes. Marzo presentó temperaturas normales y fue un mes húmedo gracias al paso de varias borrascas atlánticas. Sin embargo, abril rompió todos los registros al convertirse en el más cálido de la serie histórica en Aragón, con una anomalía cercana a los cuatro grados sobre los valores habituales.

Mayo, por su parte, mantuvo también un comportamiento cálido, especialmente durante su segunda quincena, cuando comenzaron a registrarse los primeros episodios de altas temperaturas. El resultado global ha sido una primavera que se sitúa en lo más alto del ranking histórico de calor desde el incio de la serie, en 1961.

En cuanto a las precipitaciones, la estación ha tenido un carácter seco. Aragón registró una media de 139,8 litros por metro cuadrado, un 86% de la lluvia habitual para este periodo. El déficit se situó en torno a los 22 litros por metro cuadrado respecto a los valores normales, aunque la situación no puede calificarse de sequía meteorológica gracias a las lluvia acumuladas durante los últimos meses.

Un año agrícola cálido pero con lluvias

La AEMET ha ha analizado como está transcurriendo el año agrícola 2025-2026, que comprende el periodo entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. Según ha explicado Blasco, el comportamiento pluviométrico está siendo prácticamente normal, con un 99% de las precipitaciones habituales y un déficit insignificante de apenas cuatro litros por metro cuadrado.

Las temperaturas, sin embargo, vuelven a marcar la diferencia. El año agrícola acumula una anomlía térmica de +1,3 grados y se sitúa ya como uno de los más cálidos de toda la serie histórica. El otoño, el invierno y la primavera han registrado valores superiores a los normales, contribuyendo a este balance excepcionalmente cálido.

El delegado de la AEMET ha recordado además que el índice SPI, utilizado para evaluar situaciones de sequía meteorológica, sitúa actualmente a Aragón fuera de escenarios de sequía significativa, una circunstancia favorecida por las precipitaciones registradas durante los meses de otoño e invierno.

A pesar de ello, Blasco ha insistido en la necesidad de mantener la vigilancia sobre la evolución climática y los recursos hídricos, especialmente en una comunidad donde la actividad agrícola tiene un peso determinante en la economía.

La tendencia observada durante los últimos años refuerza la evidencia de un aumento progresivo de las temperaturas. No en vano, nueve de los diez veranos más cálidos registrados en Aragón se han producido en el siglo XXI.

Un verano con 60% de probabilidades de ser más cálido de lo normal

Las previsiones para los próximos meses apuntan precisamente a que esta dinámica continuará. Los modelos de predicción estacional manejados por la AEMET otorgan una probabilidad del 60% a que el trimestre formado por junio, julio y agosto registre temperaturas superiores a las habituales en Aragón.

Blasco ha matizado que una predicción estacional no implica calor constante todos los días. “Puede haber jornadas frescas o episodios más suaves, pero el balance global del trimestre apunta a temperaturas por encima de los normal”, ha explicado durante la rueda de prensa.

La señal cálida se mantiene también para septiembre. Los modelos europeos elevan incluso por encima del 70% la probabilidad de que el inicio del otoño meteorológico continúe registrando temperaturas superiores a las habituales.

Respecto a las precipitaciones, la previsión introduce un elemento llamativo. Frente a la incertidumbre habitual de este tipo de pronósticos, los modelos muestran una tendencia hacia un verano algo más húmedo de lo normal. La probabilidad de situarse en el tercil superior de precipitaciones ronda el 50%.

Según la AEMET, esta circunstancia podría traducirse en una mayor frecuencia de tormentas y episodios convectivos, especialmente en zonas montañosas como el Pirineo y el Sistema Ibérico, con fenómenos asociados como granizo, aparato eléctrico, fuertes rachas de viento y precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo.

Calor intenso a las puertas del verano astronómico

La previsión a corto plazo confirma además la llegada de un importante ascenso térmico coincidiendo con el inicio del verano astronómico, que comenzará oficialmente el próximo domingo 21 de junio a las 9.24 horas.

Actualmente ya permanecen activados avisos amarillos por altas temperaturas en distintos puntos de Aragón, una situación que podría intensificarse durante el fin de semana. Las máximas alcanzarán entre 38 y 39 grados el sábado en el valle del Ebro y podrían acercarse o incluso superar los 40 grados el domingo.

Las tormentas seguirán apareciendo de forma puntual durante los próximos días en áreas del Pirineo y del Sistema Ibérico, aunque el protagonismo recaerá claramente en el calor.

Blasco ha reconocido que existe la posibilidad de que Aragón y buena parte de la Península afronten la primera ola de calor del año, aunque insistió en que todavía es necesario esperar a la evolución de las próximas jornadas para confirmar si se cumplen los criterios técnicos establecidos por la AEMET.

Lo que sí parece claro es que Aragón inicia el verano bajo el mismo patrón con el que ha despedido la primavera: temperaturas excepcionalmente elevadas y una tendencia climática que sigue consolidando el protagonismo del calor extremo en la comunidad autónoma.

Nueve mujeres han sufrido agresiones sexuales mientras trabajaban para una red criminal desarticulada por la Guardia Civil en Caspe por delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Según la investigación, las víctimas fueron sometidas a episodios de carácter sexual sin su consentimiento y recibieron propuestas reiteradas para mantener relaciones sexuales bajo amenazas y coacciones. Estos hechos se producían siempre en momentos y lugares en los que no había terceras personas presentes. Los presuntos autores habrían aprovechado su posición de superioridad respecto a las trabajadoras y la situación de vulnerabilidad en la que estas se encontraban.

Gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y a la coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y otras instituciones, se ha prestado asistencia a las víctimas para mejorar su situación personal y facilitarles la obtención de la documentación laboral temporal necesaria para desarrollar una actividad profesional dentro de la legalidad.

Esta investigación se desarrolló de forma paralela a la operación contra una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en la que están implicados dos de los detenidos —el presunto cabecilla y otro miembro del grupo—. En el marco de dicha operación se han localizado más de 50 víctimas.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero tras el análisis de varias denuncias presentadas por trabajadores del sector de la recogida de fruta, quienes alertaron sobre las condiciones laborales y las situaciones personales sufridas durante sus jornadas de trabajo.

A medida que avanzó la investigación, los agentes localizaron a varias víctimas contratadas por las mismas personas. Estas, además de soportar largas jornadas laborales, carecer en algunos casos de contrato de trabajo o sufrir irregularidades en su contratación, el impago total o parcial de la cantidad económica acordada por su jornada, también habrían sido amenazadas con tener problemas si ponían en conocimiento estos hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Una vez identificadas las cuatro personas que, presuntamente y de forma coordinada, desarrollaban esta actividad ilícita, y tras reunir los indicios necesarios para sustentar la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 10 de junio un registro en el domicilio de uno de los integrantes de la organización, ubicado en Caspe. Durante la actuación se intervino abundante documentación y diversos dispositivos electrónicos con información relevante para la causa.

Ese mismo día fueron detenidas cuatro personas, todas ellas de origen pakistaní y con edades comprendidas entre los 23 y los 41 años, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y delitos contra los derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores extranjeros.

Al supuesto cabecilla de la organización también se le atribuyen delitos de amenazas, coacciones y falsedad documental. Según la investigación, los detenidos tenían funciones claramente diferenciadas dentro de la red. El líder se encargaba de organizar las jornadas laborales y asignar a los trabajadores a distintas explotaciones agrícolas, así como de gestionar los traslados, alojamientos, documentación y puntos de recogida. Otro de los integrantes se ocupaba de captar a las personas que posteriormente eran contratadas, mientras que los otros dos realizaban las labores de transporte de los trabajadores hasta las fincas asignadas

La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a una mujer víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a tres personas —dos mujeres y un hombre— como presuntas responsables de los delitos de trata y pertenencia a grupo criminal. La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre una mujer que podría estar siendo explotada sexualmente tras ser captada en su país de origen mediante una falsa oferta laboral. Según la Policía, llegó a España el pasado mes de marzo junto a su hijo menor, aunque tuvo que separarse de él al ser convencida de que no podía permanecer con ella en el lugar donde iba a residir.

Una vez trasladada a Zaragoza, la mujer descubrió que el supuesto empleo prometido no existía. En su lugar, fue obligada a ejercer la prostitución y a gestionar varios teléfonos y páginas web utilizadas para anunciar servicios sexuales. La víctima intentó rechazar esta situación, pero su vulnerabilidad económica y social, la deuda contraída con quienes facilitaron su viaje y el hecho de encontrarse sola en un país desconocido la empujaron a permanecer bajo el control de la organización.

Según la investigación, las personas detenidas se quedaban con la mitad del dinero obtenido de la explotación sexual de la mujer y aumentaban constantemente la deuda con cargos por desplazamientos, alojamiento, manutención o material. Además, estaba sometida a jornadas de hasta veinte horas diarias y debía permanecer disponible para atender a los demandantes de prostitución a cualquier hora.

La mujer logró contactar con un teléfono de ayuda especializado en la atención a víctimas de explotación sexual y trata. Pese a las amenazas recibidas, que incluían la posibilidad de ser denunciada ante las autoridades y expulsada del país, consiguió escapar aprovechando un descuido de sus captores y acudió a una entidad de apoyo, donde fue atendida y asesorada.

Tras presentar denuncia, la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) inició las pesquisas que culminaron el pasado 3 de junio con la detención de las tres personas investigadas. Todos ellos quedaron en libertad tras declarar ante la autoridad judicial. La Policía recuerda que la trata con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y anima a las víctimas o a cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos a denunciarlos.

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza ha respondido con dureza a la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la financiación pública que venía recibiendo desde hace años. En un comunicado firmado por 14 integrantes de su equipo de trabajo, la comunidad educativa vinculada a esta iniciativa expresa su “absoluto rechazo” a una medida que considera un nuevo golpe a las políticas de cooperación y que, a su juicio, “reduce de manera significativa las oportunidades formativas y profesionales del alumnado de la universidad pública”.

Los docentes han reaccionado una semana después de que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), anunciara la supresión de la aportación anual de 30.000 euros destinada a la cátedra. El dirigente justificó la decisión asegurando que esos recursos se destinarán a políticas dirigidas a personas mayores y con discapacidad en Aragón, dentro de la estrategia de “prioridad nacional” que defiende su departamento. En un comunicado han manifestado su preocupación por el “menosprecio” de los logros académicos y la contribución social de la Cátedra: “Lamentamos que el primer ataque de la Vicepresidencia haya sido contra una cátedra universitaria, en otra embestida a las maltratadas políticas públicas de cooperación al desarrollo”.

En el comunicado también han recordado los recortes que ha sufrido la Cooperación al Desarrollo desde 2023, cuando llegó al PP al Gobierno de Aragón: “Dichas políticas representan tan solo el 0,02% del presupuesto del Gobierno de Aragón, una cifra escuálida, muy alejada de las aspiraciones históricas asumidas por todas las instituciones comprometidas de verdad con la justicia social”.  El anuncio provocó malestar en la Universidad de Zaragoza. Fuentes de la institución señalaron entonces que habían conocido la decisión a través de los medios de comunicación y defendieron la continuidad de las actividades vinculadas a la cooperación al desarrollo, aunque fuera mediante otras vías de financiación.

Una trayectoria de casi dos décadas y más de 150 estudiantes de prácticas

En el comunicado difundido este miércoles, los responsables de la cátedra recuerdan que este proyecto nació en 2008 fruto de la colaboración entre la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad. Destacan además que durante estos años ha contado con el respaldo de ejecutivos autonómicos de distinto signo político, rectorados y organizaciones sociales. “Durante más de 18 años hemos defendido una cooperación comprometida con el análisis y la transformación de las condiciones que causan la pobreza, la desigualdad, la violencia y la injusticia”, señalan en el texto.

Los firmantes reivindican el trabajo desarrollado en tres ámbitos principales: la sensibilización, la investigación y la formación. Entre las actividades impulsadas citan las Semanas de la Cooperación, conferencias, exposiciones, encuentros con ONG y distintas iniciativas dirigidas a acercar la cooperación internacional a la comunidad universitaria. También recuerdan la creación de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, así como la organización de congresos, jornadas y foros especializados. En el ámbito académico, destacan igualmente las becas y premios concedidos para trabajos de fin de grado y de máster relacionados con el desarrollo y la cooperación.

Uno de los proyectos más relevantes impulsados desde la cátedra ha sido el Máster de Cooperación para el Desarrollo, surgido a partir de los diplomas de especialización que comenzaron a impartirse hace una década. Según los datos aportados por sus responsables, más de 150 estudiantes de una docena de países y procedentes de disciplinas tan diversas como Periodismo, Derecho, Medicina, Enfermería, Educación, Trabajo Social o distintas ingenierías han pasado por sus aulas en las nueve ediciones celebradas hasta la fecha.

La cátedra también ha promovido prácticas internacionales y estancias formativas en países del Sur global, además de cursos de iniciación para estudiantes interesados en participar en proyectos de cooperación. Para sus responsables, la retirada de la financiación autonómica pone en riesgo parte de este trabajo y “reduce de manera significativa las oportunidades formativas y profesionales del alumnado de la universidad pública”, aunque aseguran que seguirán buscando fórmulas para minimizar las consecuencias de la decisión.

Pese a la retirada de la financiación, los responsables de la cátedra aseguran que mantendrán su compromiso con la cooperación internacional y con los principios recogidos en el Código Ético de la Universidad de Zaragoza. “Entendemos que es imprescindible seguir fortaleciendo y explorando nuevas vías para una cooperación transformadora”, concluyen.

“Los vecinos están enfadadísimos y tienen miedo. Merecemos explicaciones y mayor seguridad”, afirma el alcalde pedáneo del barrio zaragozano de La Cartuja, José María Lasaosa, tras la decena de incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, el último de los cuales continúa activo. En lo que va de año se han producido ya tres fuegos, que se suman a los ocho registrados en 2025, uno de ellos con el confinamiento preventivo de la población en el mes de agosto. Todos ellos han sido descritos en una denuncia presentada por un ciudadano ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que mantiene abiertas las diligencias de investigación.

Para canalizar el malestar vecinal y reclamar medidas, este miércoles se ha convocado una concentración ciudadana a las 19.00 horas en el parque del centro cívico del barrio.

La Junta Vecinal, el grupo municipal de Medio Ambiente, el tejido asociativo y distintas organizaciones ecologistas han intensificado sus acciones para exigir información sobre las afecciones al aire, al subsuelo y, en definitiva, a la salud de la población. También reclaman una investigación que permita esclarecer el origen y la trazabilidad de los incendios, conocer si se han impuesto sanciones a las empresas responsables, reforzar los recursos de inspección y supervisar las licencias de actividad clasificada.

Con ese objetivo, han remitido escritos al Ayuntamiento de Zaragoza, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), al Seprona y a las empresas instaladas en el PTR. “No les vamos a hacer cómodo que no haya repercusiones”, advierte Lasaosa, quien teme que el número de siniestros acabe superando este año al de 2025, especialmente ante la llegada de las altas temperaturas y el elevado volumen de material almacenado en las instalaciones.

En la misma línea, Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción, alerta de la creciente frecuencia de estos episodios. “Vamos a un incendio por mes en lo que va de año y se está convirtiendo en recurrente lo que debiera ser excepcional y que cada vez va en aumento y gravedad, como el confinamiento al que se sometió el año pasado a los vecinos”. A su juicio, “algo está fallando y deben dar explicaciones sobre la composición de las nubes tóxicas que afectan a la salud de los vecinos. Deben dar información y solución”.

El incendio de esta semana se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo se declaró otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada. Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo.

La extinción de este tipo de siniestros suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia y obliga a mantener tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones. “No se trata de extinción, sino de prevención”, insiste el alcalde pedáneo.

Las consecuencias, además, trascienden el entorno inmediato del PTR. El humo y los olores alcanzan habitualmente otros puntos de la ciudad, como los barrios de Torrero y La Paz, mientras que los trabajadores del parque conviven a escasos metros de los focos de incendio.

Una normativa más exigente

Lasaosa considera que la legislación española presenta carencias respecto a otros países europeos en materia de gestión y almacenamiento de residuos. “Quizá sea necesario reducir los acopios, reforzar la compartimentación contra incendios mediante sectores independientes de almacenamiento, instalar cámaras térmicas y dotar a las instalaciones de equipos de primera y segunda intervención”, plantea.

También cuestiona las diferencias económicas que convierten a España en un destino atractivo para residuos procedentes del extranjero. Según explica, para muchas empresas francesas o italianas resulta más barato asumir el transporte hasta España que afrontar las tasas de tratamiento en sus países de origen, donde la regulación ambiental y los impuestos al vertido son mucho más elevados: hasta 300 euros por tonelada frente a los alrededor de 50 euros que se pagan en España. Esta situación habría permitido a empresas francesas obtener beneficios millonarios trasladando residuos al PTR de Zaragoza.

“El rigor estricto en países de nuestro entorno choca con la práctica tercermundista de España y no existe trazabilidad de las empresas que vierten residuos en nuestro país de manera más barata, mientras los vecinos del entorno sufrimos las consecuencias. Nos merecemos más respeto”, sostiene José María Lasaosa.

El alcalde pedáneo también expresa su preocupación por el proyecto para instalar una fábrica de baterías en el recinto, una iniciativa sobre la que ya se habían planteado advertencias por el posible incremento del riesgo de incendios.

Denuncia ante la fiscalía

Un ciudadano particular presentó el pasado año una denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente de Zaragoza por la presunta comisión de hechos que pudieran ser típicos por su posible afección a la salud pública y al medio ambiente. En dicha denuncia desglosa la existencia de ocho incendios entre abril y septiembre de 2025, a los que ha ido incorporando los de abril, mayo y junio de 2026, en diversos polígonos industriales en los que se hallan ubicadas actividades dedicadas al almacenamiento, gestión y reciclaje de residuos, o que manejan materiales y sustancias peligrosas. Ecoactiva de Medio Ambiente SA, Residuos Industriales de Zaragoza RINZA, Polígono Tecnológico del Reciclado PTR López Soriano, Empresarium, Polígono Industrial La Cartuja Baja, son algunas de las firmas allí instaladas.

Los incendios que denuncia el ciudadano, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, conllevarían procesos de combustión asimilados a las incineradoras cuyos efectos han sido estudiados y detallados en varios informes de Greepace y la Universidad de Granada.

Entre otros apartados, como la elevada siniestralidad e incendios o los efectos de la combustión que provoca episodios de contaminación atmosférica por las numerosas sustancias que se originan, incluye el de los efectos acumulativos, donde expone que en los procesos de evaluación ambiental se habla de los causados repetidamente por un mismo agente a lo largo del tiempo. “Hay que tener en cuenta aquí la magnitud de los incendios en cuanto a volumen y duración ya que una de las técnicas de extinción que aplican los bomberos en estos casos es dejar que el fuego consuma todo el material y actuar sólo evitando que se propague, por lo que la combustión dura horas e incluso días, con las consiguientes emisiones a la atmósfera. En el caso que refiero es evidente que la repetición de los incendios a lo largo de los años conlleva que los impactos negativos sobre la salud y la biosfera se reiteran y superponen impidiendo la recuperación de un estado saludable ya que los daños se convierten en persistentes y/o irreversibles”.

Cita numerosos estudios sobre la afección de los distintos metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y persistentes y otros contaminantes secundarios, todos ellos capces de generar complicaciones en enfermedades respiratorias, circulatorias, mentales, y afecciones a diversos órganos.

Dada la frecuencia y reiteración de los incendios en los últimos años y, especialmente desde 2025, el denunciante entiende que el origen pudiera superar lo accidental y pudiera deberse a una mala gestión de los materiales por parte de las empresas y/o a una deficiente supervisión y vigilancia por parte de la administración, que correspondería al Gobierno de Aragón y/o al Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, propone a la fiscalía  investigar los hechos solicitando informe a los bomberos de Zaragoza, al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) adscrito al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, al Instituto de Salud Global, al Seprona de la Guardia Civil, a las demás entidades y organismos con competencias en la materia, así como a las estaciones meteorológicas y de medición de calidad del aire oficiales o particulares referidos a las fechas en torno a los siniestros por si pudieran reflejar los picos y extensión de las emisiones.

Además, recuerda en su denuncia la existencia de sentencias contra la empresa López Soriano por fraude en el reciclaje de frigoríficos y aparatos de frío, tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo desestimando el recurso interpuesto por la empresa en 2016.

Quejas políticas y sociales

Desde Ecologistas en Acción Zaragoza han mostrado su preocupación por unos incendios cada vez más frecuentes que requieren la intervención de los bomberos y que, en algunos casos, han obligado incluso al confinamiento de vecinos de La Cartuja y su entorno.

La organización denuncia la falta de información y transparencia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y reclama mayores medidas de prevención y fiscalización de estas instalaciones. Además, advierte de los riesgos derivados de la emisión de gases y partículas potencialmente peligrosas durante la combustión de residuos como plásticos, aparatos electrónicos o productos químicos.

“Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que extreme las medidas necesarias para que estos incendios no vuelvan a repetirse, se busquen a los culpables, por acción directa o por dejación de funciones, y se adapten las necesarias medidas correctoras”.

Por su parte, CHA Zaragoza ha reclamado una revisión de los mecanismos de prevención, control e inspección tras el nuevo incendio registrado en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano. La coordinadora de CHA Zaragoza, Ana Lasierra, ha advertido de que “cuando los incendios se repiten una y otra vez en un mismo entorno industrial ya no estamos ante una simple sucesión de accidentes, sino ante una situación que exige una revisión profunda de los mecanismos de prevención, control e inspección”.

Lasierra ha pedido al Gobierno de Aragón que informe sobre las causas de los incendios y refuerce la vigilancia de las instalaciones, además de reclamar al Ayuntamiento de Zaragoza una mayor implicación en materia de protección civil y seguridad. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y qué medidas se están adoptando para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse. No podemos normalizar que cada pocos meses se produzcan incendios de grandes dimensiones que generan alarma social y movilizan importantes recursos públicos”, ha afirmado.

Asimismo, Izquierda Unida de Aragón y Zaragoza en Común han exigido más información y controles tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza tras el último incendio declarado en el PTR. Ambas formaciones consideran que la reiteración de estos episodios obliga a extremar la transparencia y la supervisión de las actividades vinculadas al tratamiento y almacenamiento de residuos.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha reclamado conocer qué controles e inspecciones se están realizando en las instalaciones afectadas y cuáles han sido sus resultados. Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha lamentado la “falta de información y transparencia” por parte del Ayuntamiento y ha asegurado que siguen sin obtener respuestas claras sobre las medidas preventivas adoptadas ni sobre las consecuencias de estos incendios para la población.

Tanto IU como ZeC reclaman además que el Gobierno de Aragón refuerce los controles sobre las actividades de reciclaje de la zona y aclare si ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para investigar las causas de la elevada concentración de incendios en estas instalaciones.

Desde el Ayuntamiento no ofrecen valoraciones sobre las causas de los incendios ni hay información sobre medidas adoptadas al respecto.

El calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet ). Esto tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

En concreto, los avisos por altas temperaturas se darán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; Lugo y Ourense. Por su parte, León, Palencia y Zamora estarán en aviso sólo por tormentas.

La Aemet ha indicado que la estabilidad predominará mañana en buena parte de la península por la influencia de las altas presiones. En líneas generales, habrá cielos poco nubosos o despejados en Baleares, el sur y el tercio este. En los litorales norte y de Cataluña serán probables los cielos con nubes bajas, aunque con tendencia a abrirse claros durante la tarde.

Asimismo, el pronóstico recoge abundante nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, el sistema Ibérico, Extremadura, el oeste de la meseta sur, los Pirineos y los sistemas Béticos. Durante esta jornada, se prevén chubascos y tormentas fuertes, en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica, zonas donde pondrán ser incluso muy fuertes e ir acompañadas de granizo.

De manera puntual, podrían darse también chubascos en otros puntos de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Asimismo, sobre probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las máximas subirán de forma generalizada. Así se podrán superar los 35-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste. los 36-38ºC en el valle del Ebro y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en este último se podría llegar a los 40ºC.

Por otro lado, las mínimas bajarán en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto del territorio. Se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios térmicos.

Por último, Aemet ha indicado que predominará el viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, moderado en el litoral del sureste. Soplará flojo, del norte en el Cantábrico y Galicia y variable en las mesetas. En el Estrecho, el levante será moderado, con algún intervalo de fuerte, y en el suroeste, predominará la componente oeste. En Canarias el alisio será flojo o moderado.

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha comentado que los primeros días en los que se cierran arterias tan principales de la ciudad como es la zona del Portillo por obras en la calzada “son complicados, como no pueden ser de otra manera, pero dentro de la normalidad”. “Creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Estamos cerca ya del periodo de vacaciones”, ha apostillado.

De esta forma se ha referido al tráfico intenso registrado este lunes en el paseo de María Agustín y las calles aledañas por la instalación de un nuevo colector de saneamiento en esta zona de la ciudad.

“Hemos tratado de concentrar las obras en el periodo de vacaciones porque es cuando la ciudad más se vacía y, por lo tanto, puede afectar o amortiguar el efecto en nuestro día a día”, ha expresado Gaudes.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, sobre todo, consulte las páginas webs del Ayuntamiento de Zaragoza y del transporte público de Avanza para conocer los desvíos de las líneas y saber si les afecta tanto las líneas como la supresión de las paradas.

De esta forma podrán planificar con tiempo y también ha pedido, dentro de lo posible, evitar pasar por las zonas en las que hay más obras como es la zona del Coso, del Portillo, avenida Valencia y la zona de las riberas del Huerva que está en plenas obras de renaturalización.

“Todo esto esperamos que se cierre durante el periodo de verano que amortigua más el daño sufrido y poder, dentro de poco, beneficiarnos de esas calles y esas avenidas nuevas. Al final, para que una ciudad se transforme tiene que pasar ese periodo de obras tan complicado para todos”, ha razonado.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) contra los servicios mínimos fijados en la primera semana de huelga, el pasado diciembre, y replicados en las posteriores convocatorias, hasta la actual. El Comité de Huelga ya ha solicitado al Servicio Aragonés de Salud una reunión urgente para “acordar unos nuevos mínimos adecuados a derecho”. Además, también han recordado que todavía no se les ha convocado para negociar las demandas de ámbito autonómico y que volverán las movilizaciones solo en Aragón si no se cumple el acuerdo por el que se suspendieron.

La sentencia del TSJA llega cuando los médicos y facultativos de Aragón celebran la quinta huelga de este año contra el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. En todos los paros, una semana al mes desde febrero, el Salud ha mantenido los mismos servicios mínimos que en diciembre. Los sindicatos recurrieron contra la orden original, que fijaba unos números superiores a los de momentos como los festivos, y ahora los magistrados han fallado que son abusivos y vulneran el derecho a la huelga, porque no están motivados de forma suficiente.

La sentencia condena a la Administración a pagar una indemnización de 1.500 euros, pero los Sindicatos Médicos de Aragón subrayan que la principal consecuencia es que los mínimos deben ser modificados de forma inmediata, para la huelga de esta semana, y para las convocatorias que se anuncian para después del verano si no se alcanzan acuerdos, tanto con el Ministerio de Sanidad, como con el Gobierno de Aragón.

La huelga autonómica puede volver

Los médicos y facultativos han recordado que la huelga de esta semana se dirige contra el Estatuto Marco, presentado por el Ministerio de Sanidad, pero que siguen pendientes también cuestiones competencia del Gobierno de Aragón para equiparar las condiciones laborales y retributivas de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025. 

Estas reclamaciones ya dieron lugar a una semana de huelga solo en la Comunidad el pasado mes de abril, que pueden regresar si el Gobierno de Aragón no cumple su compromiso. “Es urgente que el consejero de Sanidad llame al Comité de Huelga, pues dejamos en suspenso la huelga autonómica, porque se nos prometió que nos llamarían para iniciar las negociaciones en un mes, y el plazo ya ha pasado”, han señalado los sindicatos.

La huelga nacional de esta semana pide un Estatuto Marco propio, sustituyendo una propuesta “que prolonga la situación de semiesclavitud médica sin horario máximo definido”. El paro está teniendo un seguimiento del 80% en hospitales y 50% en Atención Primaria.

El Gobierno de Aragón ha organizado el acceso y la permanencia en los Puntos de Observación (POGA) con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, y los vehículos y autocaravanas que hayan formalizado su inscripción a través de la web de Turismo de Aragón podrán acceder a los espacios reservados para estacionamiento y acampada a partir de las 10.00 horas del lunes, 10 de agosto.

El objetivo de la habilitación de estos puntos es facilitar una llegada escalonada y evitar problemas de movilidad, ha informado el Gobierno autonómico. Estarán abiertos y con control de acceso hasta las 20.00 horas del jueves, 13 de agosto.

Este amplio margen temporal responde a criterios de seguridad y gestión del tráfico, ya que permite distribuir de forma escalonada tanto las llegadas como los desplazamientos de regreso, reduciendo el riesgo de atascos y la saturación de las infraestructuras viarias.

Los POGA son espacios seleccionados y organizados por el Gobierno de Aragón para facilitar una observación segura, ordenada y cómoda, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

En esta primera fase se han habilitado cuatro puntos oficiales en Javalambre (Teruel), Calamocha (Teruel), MotorLand (Alcañiz, Teruel) y Épila (Zaragoza). En una segunda, si es necesario, se habilitarán otros tres en Cariñena (Zaragoza), Ariza (Zaragoza) y Javalambre (Teruel).

Esta iniciativa forma parte del dispositivo impulsado por el Ejecutivo autonómico para anticipar y gestionar el impacto del eclipse total de Sol, un acontecimiento que situará a Aragón como uno de los principales destinos de observación en Europa.

La promotora que resultó adjudicataria de tres promociones de viviendas para alquiler asequible en Zaragoza, Brial, ha habilitado la página web en la que los interesados pueden inscribirse. En total son 78 viviendas que tienen entre 47 y 90 metros cuadrados, ubicadas en los barrios de Valdefierro y Las Fuentes. El alquiler oscila entre los 345 euros los pisos más asequibles hasta 750 euros los más caros.

El portal www.alquilerasequiblezaragoza.com es el canal digital único a través del cual los ciudadanos podrán inscribirse para optar al sorteo ante notario de las primeras viviendas de alquiler asequible impulsadas por el Consistorio mediante la captación de fondos europeos, ya está activa. Para registrarse, eso sí, habrá que esperar al próximo 23 de junio.

Tal y como adelantó la alcaldesa, Natalia Chueca, la puesta en marcha de esta plataforma, gestionada por Brial en cumplimiento de los pliegos de la normativa europea, marca el inicio del proceso de publicidad y adjudicación de estos primeros pisos, que llegarán a ser un total 361.

Esta primera promoción contempla dos sorteos independientes que abrirán el camino al resto de promociones de la ciudad: uno conjunto para los 59 pisos ubicados en Valdefierro (en la calle de Argos, 8, y calle de Saturno/Mercurio, 24-26) y otro para las 19 viviendas de San José (en la calle de Miguel Servet, 202).

Todo el procedimiento cuenta con una comisión mixta de seguimiento con presencia de las administraciones públicas, garantizando un desarrollo transparente, publicitado y en estricta igualdad de condiciones, culminando en sorteos públicos con certificación notarial.

El objetivo municipal es que estas primeras viviendas, si no surgen contratiempos con la conexión de servicios y suministros por parte de terceros, puedan entregarse entre los meses de agosto y octubre de este mismo año.

Habitaciones y precios

Esta iniciativa municipal destaca por su adaptabilidad a la diversidad de los hogares zaragozanos. El proyecto de 361 pisos, del cual forman parte estas primeras 78 viviendas, ha sido diseñado bajo la premisa de no infrautilizar recursos, asignando pisos de mayor capacidad a unidades familiares más grandes y reservando espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

En los edificios de Argos y Mercurio/Saturno (Valdefierro) se ofrecen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros, contando con tres viviendas adaptadas para movilidad reducida y una para familias numerosas. El precio fijado es de 7euros/m2 en vivienda y 4,20 euros/m2 en anexos, lo que supone una horquilla mensual de entre 437,56 y 846,85 euros euros para Argos, y de 414,33 a 599,76 euros para Mercurio, excluyendo gastos de comunidad.

En Miguel Servet 202 (San José), se ofertan pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con una vivienda adaptada, a un precio de 6,80 euros/m2 en pisos y 4,08 euros/m2 en trasteros, resultando en rentas mensuales de entre 365 y 673 euros.

Requisitos y calendario

La nueva plataforma digital ya ofrece a los ciudadanos toda la información necesaria para conocer a fondo las promociones disponibles y resolver cualquier duda antes de presentar su solicitud. El sitio web está diseñado para ser una herramienta integral, que alberga en su interior secciones de preguntas frecuentes, mapas con planos de situación y del entorno de los barrios, planos de planta tipo de los edificios, así como listados exhaustivos donde se detalla el estado, los dormitorios, la superficie útil y la renta exacta de cada piso.

Para poder participar en el proceso, los interesados deberán cumplir con unos requisitos básicos detallados en las bases. Entre ellos destaca la obligación de ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, así como tener la necesidad real de una vivienda, lo que implica no tener otra propiedad ni estar arrendando actualmente una vivienda protegida, salvo excepciones muy concretas.

Asimismo, la vivienda adjudicada deberá destinarse a domicilio habitual y permanente, los solicitantes deben estar empadronados en Aragón y no pueden haber incumplido obligaciones de pago anteriores ni con la Hacienda estatal, autonómica o local, ni con la Seguridad Social.

En el aspecto económico, las viviendas de alquiler asequible están pensadas para adaptarse al esfuerzo financiero de los hogares, garantizando que el coste del alquiler y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superen el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia. De este modo, y para asegurar que el fin social se cumple, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 4,5 veces el IPREM ponderado. En la actualidad, este límite se traduce en unos 42.000 euros para hogares de un solo miembro y de 54.000 euros para familias de dos o más personas.

El calendario del proceso ya está fijado y estructurado en varias etapas. Tras la actual fase de anuncio e información técnica, se abrirá el periodo de inscripción mediante formulario web, que comenzará el próximo 23 de junio a las 09.00 horas y finalizará el 7 de julio a las 23.59 horas. Posteriormente se procederá al sorteo público ante notario, seguido por el envío y validación de la documentación de los seleccionados, la elección presencial de la vivienda, y finalmente, la firma del contrato de arrendamiento y entrega de llaves.

Una investigación desarrollada en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza, está explorando una nueva estrategia para combatir el cáncer mediante la combinación de nanopartículas magnéticas y vesículas extracelulares obtenidas de plantas. El proyecto, denominado EMERGE (Engineered plant-derived extracellular vesicles tagged with magnetic nanoparticles as novel antitumoral agents), pretende desarrollar nuevas herramientas de nanomedicina capaces de actuar de forma más precisa sobre las células tumorales. La iniciativa está liderada por la investigadora del CSIC Marisa Conte, que obtuvo una prestigiosa beca Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship en la convocatoria Horizon Europe 2024 de la Unión Europea para impulsar esta línea de trabajo.

La investigación comenzó oficialmente el 1 de julio de 2025 y se extenderá durante dos años. Su principal novedad radica en la utilización conjunta de vesículas extracelulares derivadas de plantas y nanopartículas magnéticas como potenciales agentes terapéuticos. Las vesículas extracelulares son nanopartículas naturales que las células emplean para comunicarse entre sí y transportar información. En los últimos años han despertado un creciente interés científico por su capacidad para actuar como vehículos seguros y eficaces en la administración de tratamientos.

El equipo del INMA trabaja ahora en combinar estas propiedades naturales con nanopartículas magnéticas para crear sistemas más selectivos y biocompatibles frente a los tumores. Entre las aplicaciones que estudia el proyecto destaca la hipertermia magnética, una técnica que utiliza campos magnéticos externos para generar calor de forma localizada y destruir células cancerosas de manera controlada, reduciendo al mismo tiempo los posibles daños sobre los tejidos sanos.

Ensayos con modelos tumorales de pacientes

El proyecto incorpora además una importante vertiente internacional y clínica. Durante una estancia de seis meses en el Hospital Santobono-Pausilipon de Nápoles (Italia), Conte trabajará con modelos tumorales tridimensionales obtenidos directamente de pacientes oncológicos.

Estos modelos permiten reproducir con mayor fidelidad la complejidad de los tumores humanos y facilitan la evaluación de nuevas terapias en condiciones más cercanas a la práctica clínica. Gracias a ellos, los investigadores podrán analizar la eficacia de los nanocomplejos desarrollados en EMERGE y estudiar la respuesta de los tumores a los tratamientos propuestos.

La investigación también recurrirá a organoides derivados de pacientes, pequeñas reproducciones en laboratorio de los tumores originales. Al conservar muchas de las características biológicas y moleculares del cáncer de cada persona, estos modelos permiten avanzar hacia terapias más personalizadas y adaptadas a cada caso.

Según destacan desde el INMA, este enfoque podría contribuir a acelerar la transferencia de conocimiento desde el laboratorio hasta futuras aplicaciones biomédicas.

Refuerzo de la investigación de excelencia

Con el desarrollo de EMERGE, el INMA refuerza su posición en los ámbitos de la nanomedicina y la investigación biomédica avanzada, al tiempo que consolida su capacidad para atraer talento internacional y financiación europea competitiva.

El instituto obtuvo recientemente la acreditación de excelencia Severo Ochoa, concedida por la Agencia Estatal de Investigación, convirtiéndose en el primer centro de Aragón en lograr este reconocimiento. La distinción lleva asociada una financiación de 4,5 millones de euros y cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028.

Creado hace tres años mediante la fusión de dos centros de investigación del CSIC y la Universidad de Zaragoza, el INMA cuenta actualmente con alrededor de 300 miembros, más de 40 proyectos europeos en marcha y una producción anual cercana a las 300 publicaciones científicas. Además, capta unos siete millones de euros al año en convocatorias públicas competitivas y mantiene una estrecha colaboración con la industria a través de contratos y regalías.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha visitado este martes el Colegio de Educación Infantil y Primaria Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, con motivo del próximo inicio de las obras que permitirán transformar su comedor de servicio de línea fría en una cocina propia.

Los trabajos comenzarán el próximo 23 de junio, una vez finalizado el curso escolar, con el objetivo de que el centro pueda disponer de la nueva instalación de cara al curso 2026/27. La actuación cuenta con una inversión estimada de alrededor de 200.000 euros y permitirá que los alumnos del colegio dispongan de menús elaborados en el propio centro, con todas las ventajas que ello supone en términos de calidad, cercanía y adaptación del servicio.

La actuación en el CEIP Josefa Amar y Borbón, que incluye albañilería, cajas de extracción y campanas y apertura del forjado entre otros trabajos, se enmarca en el compromiso del Gobierno de Aragón por ampliar progresivamente la red de colegios públicos con cocina propia, una línea de trabajo impulsada en esta legislatura para mejorar un servicio que se considera esencial dentro de la jornada escolar.

Durante la visita, la consejera Carmen Susín ha destacado que “la mejora de los comedores escolares es una prioridad para este Gobierno porque hablamos de un servicio esencial para miles de familias aragonesas. Estamos haciendo una inversión sin precedentes para que cada vez más alumnos puedan disfrutar de menús elaborados en sus propios centros, con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales”.

Por su parte, el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, ha subrayado que “estas actuaciones son fruto de una planificación rigurosa que nos permite aprovechar los periodos no lectivos para ejecutar las obras y seguir ampliando progresivamente la red de cocinas escolares en todo Aragón. Es un proyecto de mejora de las infraestructuras educativas que tiene continuidad y una clara visión de futuro”.

Para el curso 2026/2027, el Departamento de Educación destinará aproximadamente 1,8 millones de euros a nuevas actuaciones en cocinas escolares, una inversión que permitirá dar servicio a cerca de 1.600 alumnos y elaborar más de 280.000 menús a lo largo del curso en Aragón. En este curso entrarán en funcionamiento 11 nuevas cocinas in situ en las tres provincias aragonesas, que se suman a las 9 del pasado.

En la provincia de Zaragoza, además del CEIP Josefa Amar y Borbón (1), se pondrán en marcha nuevas actuaciones en los colegios de Alfajarín (2) –en este caso, las ejecuta el Ayuntamiento y posteriormente el Gobierno de Aragón dará el servicio–, Peñaflor de Gállego (3), Catalina de Aragón (4) y Galo Ponte (5), además de Valdespartera III (6).

Por su parte, en la provincia de Huesca, será el CEIP Monzón 3 (7) el que el próximo curso contará con cocina in situ, mientras que en la provincia de Teruel se impulsará una nueva cocina central en el colegio El Ensanche (8),desde la que se suministrará comida caliente a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, de la capital turolense, así como al colegio de Cella.

Además, en Teruel, se implantará una cocina in situ en el colegio de Monreal del Campo (9) y los colegios de Calamocha (10) y Alcorisa (11) recibirán comida caliente desde los CRIE de estas dos localidades, que ya cuentan con instalaciones propias.

Estas intervenciones dan continuidad al plan iniciado por el Gobierno de Aragón en el curso 2024/2025 para incrementar el número de centros con cocina propia y avanzar hacia un modelo de comedor con mayor capacidad de elaboración en los propios colegios. Además de la cocina, la visita junto al equipo directivo y varios representantes del AMPA ha incluido el aula de 2 años, que se puso en funcionamiento durante el curso 2024/2025: este año ha tenido una veintena de alumnos y la previsión es volver a alcanzarlas en 2026/2027.

La intervención integral para adaptar los espacios a las necesidades de los niños y niñas de 2 años superó los 11.800 euros: se destinaron a acondicionar los baños, a equipar el espacio con el mobiliario adecuado, a los trabajos en la zona de patio –con la instalación de una valle para separarlos del rsto de alumnos de Infantil y un toldo para dar sombra– y a la climatización del aula mediante un aparato de aire acondicionado.

En la guerra abierta por Vox en Aragón contra la acogida de menores migrantes, el PP de Jorge Azcón está poniendo mucho de su parte. El Ejecutivo autonómico ha cerrado hasta tres centros de protección y ha eliminado 70 plazas tuteladas en los últimos dos años, sin la extrema derecha en el Gobierno y con la ahora consejera de Educación, Carmen Susín, al frente de Servicios Sociales. Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han solicitado una reunión urgente con la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para abordar la situación que atraviesa el sistema en la comunidad, agravado por años de falta de planificación y una progresiva reducción de recursos.

El primero en desaparecer fue el centro Juan de Lanuza, especializado en autonomía para jóvenes de entre 14 y 18 años y considerado la última fase antes de abandonar el sistema de protección. En agosto de 2024 cesó también la actividad del centro de Ateca tras el escándalo por las denuncias por presuntos abusos y agresiones. Aunque el servicio volvió a licitarse, ninguna entidad presentó oferta. Posteriormente, en julio de 2025, cerró un piso tutelado en Teruel después de que uno de los menores provocara un incendio en el centro de acogida para menores migrantes no acompañados. El autor fue detenido y trasladado al centro de reforma de Juslibol pero no se ha vuelto a abrir.

A esta situación se suma, según los sindicatos, la escasez de plazas en recursos terapéuticos especializados para menores con problemas de salud mental o conductuales. Actualmente funcionan los centros en La Almunia y Peralta de la Sal, además de dos dispositivos abiertos tras la llegada de menores procedentes de Canarias, pero consideran que siguen siendo insuficientes.

“Ahora mismo no existen recursos especializados suficientes para atender determinadas conductas relacionadas con la salud mental”, advierten los representantes de los trabajadores.

El sector está externalizado en un 95% y emplea a unas 600 personas entre educadores, psicólogos, psiquiatras, maestros, personal de mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los sindicatos aseguran que las plantillas son insuficientes y que no se cumplen las ratios recomendadas de un trabajador por cada cuatro menores.

La situación es especialmente compleja en los recursos de reforma. Según denuncian, en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol un único profesional puede llegar a atender entre 12 y 16 menores en determinados turnos.

Aunque la situación es cambiante, actualmente hay alrededor de 350 menores en acogimiento residencial en Aragón. Algunos presentan discapacidad y son atendidos en recursos específicos adaptados a sus necesidades. En el caso del CEIMJ Juslibol, permanecen ocupadas unas 30 de las 50 plazas disponibles.

Los sindicatos defienden un cambio de modelo basado en centros más pequeños y especializados, con mayor número de educadores por turno y una atención más individualizada. Aseguran que los conflictos son más frecuentes en recursos con un elevado número de residentes y que las consecuencias las sufren también aquellos menores que no participan en los altercados.

“Los chicos que no están implicados también padecen las consecuencias de esta situación y acaban sufriendo una especie de maltrato institucional”, sostienen.

Por esta razón y tras los recientes incidentes registrados en un centro de Movera gestionado por la Fundación Ozanam, los sindicatos se han reunido hoy y han solicitado una reunión urgente con la nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), conocedora de la situación, ya que procede de servicio de menores de la administración autonómica.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha atribuido los recientes incidentes al comportamiento de algunos menores y rechazó relacionarlos con una falta de atención. “No es porque estén bien atendidos o no. Hay personas que son agresivas, que vienen con una cultura de la violencia desde fuera y algunos de ellos mezclan eso con sustancias y consumos”, ha resuelto. Y por ello, ha anunciado más medidas de seguridad, en concreto, reforzar la vigilancia privada, toda vez que tuvo que descartar llevarla a cabo con la Policía Nacional porque el cuerpo solo puede intervenir en estos recursos en situaciones graves y excepcionales.

Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran insuficiente la propuesta anunciada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Para UGT, CCOO y CGT, el Ejecutivo autonómico debe centrar el debate en el refuerzo de los recursos educativos, humanos y materiales y en dar salida a los pliegos caducados para la gestión de algunos centros.

Años de deterioro del sistema

La Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores en Aragón ha mostrado también su preocupación por los graves incidentes ocurridos a comienzos de este mes de junio en el centro de Movera pero sostiene que los robos, agresiones, amenazas, peleas multitudinarias e intervenciones policiales registrados son consecuencia del progresivo deterioro del sistema de protección. “Lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar a los menores”, afirma la plataforma, que vincula los problemas actuales a años de recortes y pérdida de recursos.

Según sus representantes, el cierre de centros ha provocado la saturación de los recursos existentes y dificulta ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de los menores tutelados. Cuando faltan plazas, sostienen, los criterios educativos pasan a un segundo plano frente a la simple disponibilidad de espacio.

La plataforma asegura haber advertido durante años de esta situación mediante reuniones, escritos y movilizaciones, sin obtener una respuesta suficiente por parte de las administraciones. También llevaron a cabo una huelga el pasado mes de marzo, que calificaron de “inédita” en España.

Por ello reclama al Gobierno de Aragón y al IASS la recuperación de las plazas perdidas, la apertura de nuevos recursos especializados y una planificación estable que garantice una atención adecuada. También insiste en la necesidad de aprobar un convenio autonómico específico para el sector que contribuya a mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención prestada.

El vicepresidente Nolasco, sin embargo, mantiene una visión distinta sobre el origen de los problemas. A su juicio, las conductas violentas no obedecen a una falta de recursos, sino a la actitud de algunos menores. Como respuesta inmediata, ha anunciado la incorporación de seguridad privada, aunque ha avanzado que el Gobierno trabaja en nuevas medidas “ legales y judiciales” para garantizar la seguridad de los educadores.

El también líder regional de Vox, defiende la necesidad de priorizar la seguridad “porque contra una persona que mide dos metros, que llega bajo los efectos de las drogas y con antecedentes violentos, primero hay que impedir que pueda agredir a nadie”, argumenta y aunque reconoce que los problemas de convivencia no afectan únicamente a menores extranjeros, ha insistido en que la Administración no debería asumir el coste de atender a delincuentes procedentes de otros países. También reclama una mayor financiación por parte del Gobierno central para hacer frente al incremento de usuarios en el sistema de protección: “ni hay que hacerse cargo de los servicios sociales de toda África, que nos den cien mil millones de euros e igual lo podemos hacer. Pero, atender sin fronteras y sin límite, el presupuesto no da para eso”, ha zanjado.

Cancelación de proyectos, un concurso de acreedores y trabajadores sin cobrar. El estado de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC) no deja de empeorar desde hace meses, y ahora se enfrenta a un nuevo reto: la posible devolución de más de 700.000 euros de fondos europeos. Ese dinero fue concedido para desarrollar proyectos y actividades impulsados desde este centro de arte, tecnología e innovación cultural pero, al paralizar la fundación y su actividad, la Unión Europea podría reclamar su reintegro, según un informe elaborado por CCOO.

El análisis del sindicato estima que el abandono de seis proyectos europeos e internacionales tras el desmantelamiento de la fundación podría obligar a devolver hasta 628.193 euros en ayudas recibidas y elevar la factura hasta los 718.653 euros si se añaden las posibles sanciones e intereses previstos en la normativa comunitaria.

La advertencia llega en plena polémica por el cierre de la FZC. El Gobierno de Natalia Chueca ha defendido en varias ocasiones la liquidación de la entidad alegando problemas económicos y de viabilidad, mientras trabajadores y grupos de la oposición han denunciado que la decisión se tomó sin garantizar la continuidad de proyectos financiados con fondos europeos y con socios internacionales.

La controversia se ha intensificado en las últimas semanas. Primero, tras conocerse que varios de esos programas habían sido abandonados antes de finalizarse. Después, a raíz de una sentencia que cuestionó parte de los argumentos empleados por el Ayuntamiento para acelerar el cierre de la entidad, al concluir que el Consistorio aseguró ante la justicia que la fundación carecía de plantilla pese a mantener seis trabajadores.

Seis iniciativas y 628.193 euros

A partir de la documentación de los proyectos paralizados, CCOO ha elaborado un análisis sobre las posibles consecuencias económicas derivadas de estos abandonos. El informe estudia seis iniciativas —EU Horizon Response, EU Horizon DISCO, EU Horizon Green Turn, EU Horizon Innovate EU, EU CERV fAIr Media y Marte II— y concluye que las ayudas comprometidas alcanzan los 628.193 euros.

Según los cálculos realizados por el sindicato a partir de la normativa financiera europea, las subvenciones concedidas podrían ser reclamadas por las autoridades comunitarias en caso de considerarse que se ha producido un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria. A ello podría sumarse una sanción administrativa adicional de hasta el 10% de la financiación recibida, lo que elevaría la exposición económica hasta los 691.013 euros.

El informe añade además una estimación de intereses de demora durante seis meses, calculados a partir del tipo de referencia del Banco Central Europeo más un recargo de 3,5 puntos porcentuales. Con este escenario, la cantidad total ascendería a 718.653 euros.

Uno de los proyectos señalados en el análisis es fAIr Media, financiado por el programa europeo CERV y coordinado por la propia fundación zaragozana. CCOO recuerda que, en aquellos programas en los que la FZC ejercía como coordinadora, su responsabilidad frente a los organismos financiadores sería mayor al actuar como interlocutora principal con las instituciones europeas.

Sin embargo, el sindicato sostiene que la principal preocupación va más allá de las posibles devoluciones económicas. En una nota remitida este lunes, advierte de que el abandono de proyectos financiados con fondos europeos puede afectar a la credibilidad de Zaragoza ante las instituciones comunitarias y comprometer el acceso futuro de la ciudad a convocatorias vinculadas a innovación, digitalización, investigación, sostenibilidad o desarrollo económico.

“Resulta especialmente grave que esta situación no derive de una falta de financiación o de una imposibilidad sobrevenida, sino de una decisión política consciente que ha desembocado en el cierre de la fundación, el abandono de proyectos internacionales y una situación en la que sus trabajadores llevan meses sin percibir sus salarios”, asegura Juan Tamarit, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El informe también apunta a otras posibles consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento grave de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, como la exclusión temporal de futuras convocatorias comunitarias o la apertura de procedimientos de recuperación de fondos. Asimismo, plantea escenarios de responsabilidad para los miembros del patronato en el supuesto de que la fundación acabara inmersa en un concurso declarado culpable, aunque cualquier medida en este sentido dependería de procedimientos administrativos y judiciales posteriores.

Por el momento no consta ninguna reclamación formal por parte de las instituciones europeas. Las cantidades recogidas en el informe corresponden a una estimación realizada por el sindicato a partir de los importes concedidos a los proyectos abandonados y de las penalizaciones previstas en la normativa comunitaria para los casos de incumplimiento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta implicación en el homicidio de un hombre que resultó gravemente herido tras sufrir una brutal agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 31 de mayo en la avenida América de Zaragoza. Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:30 en las inmediaciones de un conocido establecimiento hostelero de la zona, si bien las investigaciones determinaron que el conflicto se habría iniciado previamente en otro punto cercano de la vía pública.

Según las pesquisas realizadas, la víctima fue objeto de una agresión extremadamente violenta por parte de dos varones que actuaron de forma coordinada, anulando cualquier capacidad de defensa o reacción. Tras la agresión, ambos abandonaron rápidamente el lugar a la carrera por la propia avenida América.

La colaboración ciudadana resultó fundamental para la investigación, ya que aportaron una descripción muy detallada tanto de las características físicas de los presuntos autores como de la ropa que vestían en el momento de los hechos.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Finalmente falleció el pasado 11 de junio.

Desde el primer momento, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumió la investigación, desarrollando numerosas gestiones que permitieron reconstruir los movimientos de los implicados e identificar plenamente a los dos presuntos autores materiales de la agresión.

Fruto de estas investigaciones, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una entrada y registro, con la colaboración de los GOES, en el domicilio donde se ocultaban los sospechosos, procediéndose a la detención de ambos como presuntos responsables de un delito de homicidio.

Durante el registro, donde también participaron agentes de Policía Científica, localizaron diversas prendas de vestir que coincidían plenamente con las descritas por los testigos y observadas durante la investigación, reforzando así los indicios existentes contra los arrestados.

Asimismo, se procedió a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de encubrimiento. Según la investigación, esta persona tenía pleno conocimiento de los hechos y de la ubicación donde se ocultaban los presuntos autores. Aunque inicialmente manifestó a los investigadores que desconocía su paradero y que actuaba por miedo, las posteriores averiguaciones policiales permitieron concluir que su participación habría sido más activa de lo declarado inicialmente.

Los investigadores determinaron igualmente que los dos principales detenidos adoptaban importantes medidas de seguridad para dificultar su localización, siendo personas especialmente cautelosas para evitar la acción policial. Ambos tenían además diversas reclamaciones judiciales en vigor por amenazas, hurtos, robos con fuerza y atentado a agente de la autoridad. Los tres detenidos han pasado esta mañana a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

Los Bomberos de Zaragoza continúan trabajando este lunes en la extinción de un incendio declarado de madrugada en el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, en el barrio rural de La Cartuja Baja, que ya se encuentra perimetrado. El aviso se ha recibido en torno a las 02:00 y el fuego se ha originado en una campa exterior de las instalaciones. Hasta el lugar se han desplazado tres vehículos nodriza, tres tanques, un brazo articulado, dos coches de mando y una ambulancia. Además, se ha solicitado apoyo a los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que han aportado una nodriza y un tanque adicionales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, no hay riesgo de que se propague al resto de instalaciones, pero los trabajos de extinción continuarán durante todo el día de hoy y probablemente mañana martes. Se trata de un incendio de metales, en el que están ardiendo compactados de vehículos y electrodomésticos, y que está provocando una gran humareda, visible desde distintos puntos de la ciudad. En el caso de que el viento cambie en las próximas horas y el humo, ya muy disgregado, llegue a la ciudad, la concejal delegada de Bomberos, Ruth Bravo, quien se ha desplazado hasta el lugar, ha aconsejado cerrar ventanas para evitar las molestias, sin que exista riesgo para la salud.

Durante las primeras horas, las llamas han alcanzado una importante altura y han generado una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de Zaragoza. Con el avance de las labores de extinción, el humo se ha ido aclarando y dispersando, aunque todavía podía observarse durante la mañana. El jefe de mando, Quique Mur, ha explicado que “son incendios de metales diversos que proceden de esta fragmentación y compactación, tienen sus dificultades, pero si los conseguimos sectorizar tenemos que esperar y sacar poco a poco la zona afectada. Su particularidad es que tiene mucha carga calórica, a la vez que por la zona exterior vemos llamas por la zona interior está la fundición de los materiales, hay que proceder poco a poco cuando está ya perimetrado como ahora”.

Este incendio se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo ya se produjo otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada. Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo.

La extinción de este tipo de fuegos suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados en la planta. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las tareas de los equipos de emergencia y obliga a mantener labores de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones. Los incendios en el complejo de reciclaje se han repetido con cierta frecuencia en los últimos años. Entre mayo y septiembre de 2025 se registraron siete fuegos en las instalaciones, a los que se suman al menos otros dos durante 2024. Desde 2018, la planta ha sido escenario de más de una decena de incendios de consideración.

El movimiento vecinal del barrio de Torrero cierra filas con el Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur sobre el que pesa una orden de desalojo para construir un centro de mayores. “La imposición del proyecto municipal para cerrar definitivamente el centro está generando una contestación muy fuerte en el barrio, como nunca se ha visto”, advierten desde la Asociación Montes de Torrero-barrio de Venecia y la Asociación Cultural ‘El Cantero’.

Para ambas entidades, la iniciativa es una excusa para acabar con uno de los últimos bastiones de autogestión, solidaridad y memoria democrática de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento dispone de otros espacios municipales vacíos, situados frente a la antigua cárcel, donde podría ubicar ese equipamiento. Por ello, acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gobernar de espaldas al barrio y alertan de una “tormenta perfecta” de conflictos provocada por una sucesión de decisiones adoptadas sin diálogo con los vecinos. En este contexto, sostienen que “si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”.

Ángela Ezquerro, Miguel Guíu y Javier Grasa son representantes de la Asociación Vecinal Montes de Torrero-barrio de Venecia. Josan Pérez y Chema Gregorio lo son de la Asociación Cultural ‘El Cantero’. Todos ellos representan a los jóvenes del CSO, que renuncian a ser sus propios portavoces en una charla con este diario y delegan su voz en los históricos representantes de un barrio históricamente combativo y de arraigada identidad obrera en Zaragoza. Todos ellos rechazan la imagen de conflictividad que se proyecta sobre el espacio y reivindican su papel como uno de los últimos referentes de la autogestión en la ciudad, además de un enclave fundamental para la memoria democrática del barrio.

Las entidades consideran que el Kike Mur se ha convertido durante los últimos quince años en un espacio abierto a la participación ciudadana: aquí se desarrollan actividades vinculadas al feminismo, el antiespecismo, los derechos LGTBIQ+, la memoria histórica, la solidaridad con las personas presas, la cultura alternativa y numerosas iniciativas comunitarias. También acoge conciertos, debates, talleres, encuentros sociales y propuestas que, según sostienen, difícilmente encontrarían cabida en equipamientos institucionales.

Lejos de competir con la programación de otras entidades, aseguran que el centro social “es una joya para el barrio, impulsada por jóvenes que aportan una mirada diferente y complementaria, enriqueciendo la vida cultural, fortaleciendo las relaciones vecinales y contribuyendo a construir comunidad”, resumen.

“Aporta inquietudes, perspectivas y actividades que no existen en otros espacios”, señalan. Entre los ejemplos recientes de esa implicación destacan la campaña solidaria organizada tras la dana de Valencia, cuando integrantes del Kike Mur recogieron y trasladaron gratuitamente varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a las zonas afectadas. Aquella iniciativa sirvió además para que muchos vecinos accedieran por primera vez al recinto y conocieran de cerca la labor que se desarrolla en su interior.

“Lo que tenemos que entender es que el CSO Kike Mur es un espacio autogestionado, que se sale del sistema convencional”, explica Ángela Ezquerro. “Es algo que tiene mucho valor porque son gente joven, organizada, que aporta al barrio desde un montón de aspectos y no encuentra rechazo ni queja alguna por parte de los vecinos”, explica Javier Grasa.

“Lo que no podemos hacer es criminalizar esa actividad. Lejos de ello, lo que intentamos hacer es darle valor, porque es una suerte contar con algo tan genuino en la sociedad en la que vivimos”, añade Chema Gregorio.

Para el movimiento vecinal, el valor del Kike Mur va más allá de su programación. Recuerdan que la antigua cárcel de Torrero ocupa un lugar central en la memoria democrática de Zaragoza, en lo que Miguel Guíu ve una suerte de “justicia poética”, que hoy sean los nietos de aquellos que fueron encarcelados y represaliados, desde anarquistas, opositores políticos, homosexuales o miembros de la comunidad gitana, los que conviertan esta antigua prisión en un espacio gestionado por jóvenes comprometidos con causas sociales y comunitarias. “Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva”, resume.

Las asociaciones recuerdan además que el actual proyecto no nació al margen del barrio. Subrayan que, tras un intento de desalojo producido en los primeros años de ocupación, una multitudinaria movilización vecinal permitió reabrir el espacio y consolidar su actividad. Desde entonces, sostienen, la relación entre el centro social y el tejido asociativo se ha fortalecido a través de campañas solidarias, movilizaciones, actividades culturales y proyectos compartidos.

Frente a esta realidad, las entidades cuestionan los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar el cierre. Consideran que el anuncio de un nuevo centro para mayores responde más a una estrategia política que a una necesidad detectada por los vecinos. Recuerdan que actualmente Torrero dispone ya de dos centros de jubilados y de otros recursos donde se ofrecen servicios de restauración para personas mayores a precios asequibles. Nadie discute la conveniencia de reforzar este tipo de equipamientos, aseguran, pero consideran que la propuesta municipal se ha presentado sin ningún proceso previo de consulta con el barrio.

Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva

Miguel Guíu

La crítica más dura se dirige hacia lo que califican como un “ejercicio de hipocresía” por parte del Ayuntamiento. Según explica Josan Pérez, justo enfrente de la antigua cárcel existen dos locales municipales de aproximadamente 600 metros cuadrados cada uno, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que permanecen vacíos desde hace unos quince años. A su juicio, esos espacios podrían albergar perfectamente el equipamiento para mayores anunciado por la alcaldesa sin necesidad de desalojar el Kike Mur. Añaden que el movimiento vecinal lleva años reclamando locales para desarrollar actividades comunitarias y que, pese a ello, numerosos inmuebles públicos continúan cerrados, sin uso y deteriorándose.

También recuerdan que otros espacios municipales del barrio, como un local situado en el parque Emilio Lacambra, han sido reclamados reiteradamente para usos vecinales sin éxito mientras permanecen abandonados y sufren un progresivo deterioro. Por ello consideran que la ofensiva contra el Kike Mur no responde a una falta de espacios, sino a una voluntad política de acabar con un modelo de organización social que escapa al control institucional.

Las asociaciones sostienen que el verdadero problema para el gobierno municipal es la existencia de redes vecinales autónomas y experiencias de autogestión. Señalan que el Kike Mur mantiene relaciones de colaboración con otros proyectos comunitarios de la ciudad y representa una forma de participación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización horizontal. “Lo que molesta no es el edificio, sino lo que simboliza”, afirman.

“Chueca, la gran desconocida. Hipocresía y victimización”

Las críticas alcanzan directamente a la alcaldesa Natalia Chueca, a quien describen como “la gran desconocida” en Torrero. Denuncian la falta de interlocución con el tejido asociativo y aseguran que resulta extremadamente difícil mantener reuniones o trasladar reivindicaciones al Ayuntamiento. Según explican, muchas de las decisiones que afectan al barrio se adoptan sin información previa ni procesos de participación ciudadana.

Como ejemplo citan el proyecto del jardín japonés impulsado en una parcela próxima al Parque de La Paz. Los colectivos recuerdan que históricamente habían reivindicado ese espacio para desarrollar huertos comunitarios y lamentan que la actuación municipal se anunciara sin contar con las entidades vecinales. Consideran aquel proyecto, que tachan de “feo” y “extraño”, un símbolo de una forma de gobernar basada en la imposición y alejada de las prioridades reales del barrio.

También han reclamado sin éxito reuniones con el ayuntamiento para abordar proyectos relacionados con la memoria democrática, como la dignificación de las tapias del cementerio donde fueron fusilados centenares de represaliados franquistas o la señalización de la ruta que seguían los milicianos de la CNT para intentar rescatar presos y perseguidos por la represión. Aseguran que, pese a existir financiación de la Diputación de Zaragoza para algunas de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha evitado implicarse y ni siquiera ha accedido a mantener encuentros con las asociaciones promotoras.

Los representantes de las asociaciones no eluden la polémica generada por la pancarta exhibida por jóvenes vinculados al centro social tras el anuncio del futuro desalojo en la que rezaba el siguiente mensaje: 'Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras'. Aunque admiten que el mensaje pudo ser un error desde el punto de vista comunicativo, rechazan que pueda interpretarse como una amenaza personal y consideran que el Ayuntamiento ha utilizado el episodio para construir un relato de victimización. A su juicio, la controversia ha servido para desplazar el debate de fondo sobre el futuro del Kike Mur y reforzar una estrategia de criminalización del movimiento okupa. “Primero se les demoniza, se habla de drogas, delincuencia o inseguridad y después se presenta cualquier respuesta como una amenaza”, sostienen.

Josan Pérez replica: “La violencia no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento físico o una alteración del orden público. También constituye una forma de violencia impulsar proyectos como los centros de datos que puedan aumentar la temperatura del barrio entre dos y cinco grados, incrementar el consumo energético, encarecer las facturas o deteriorar las condiciones ambientales sin escuchar previamente a los vecinos. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de agresiones al territorio y a la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, sostiene.

La “tormenta perfecta”

Por ello advierten de que en Torrero se está configurando una auténtica “tormenta perfecta”. La suma de conflictos abiertos, la ausencia de diálogo institucional y la percepción de que las decisiones se toman de espaldas al barrio están generando un malestar creciente.

Repasan varias polémicas referidas al barrio como lo que consideran una agresión a los pinares de Venecia vinculada al parque de atracciones, que consideran un “fiasco absoluto y total despropósito”, por lo que ya han solicitado la dimisión de la alcaldesa, su concejal de presidencia, Ángel Lorén y del ‘concejal en la sombra’, José María Ruiz de Temiño. Igualmente, recuerdan su oposición al proyecto de implantación de centros de datos en el entorno.

En ese contexto sitúan el posible desalojo del Kike Mur. Las entidades aseguran que cualquier tensión que pudiera producirse no sería consecuencia de la actividad del centro social, sino de una decisión política que pretende expulsar un proyecto plenamente integrado en la vida comunitaria.

“Si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”, concluyen. A su juicio, el Ayuntamiento está construyendo un relato de victimización que criminaliza a los ocupantes mientras ignora el arraigo social del proyecto y el apoyo que recibe desde amplios sectores del movimiento vecinal. Lejos de ser un problema para Torrero, defienden, el Kike Mur constituye uno de los últimos bastiones de la autogestión en Zaragoza y una de las principales referencias de la memoria democrática en un barrio que lleva décadas reivindicando su historia y su capacidad de organización colectiva. “Esto no tiene nada que ver con el Buñuel –último centro centrado–. Aquí hay muchos años de trabajo común, solidaridad, y mucho apoyo mutuo”, advierten.

Los orígenes del Kike Mur están ligados a la tradición antimilitarista de Zaragoza, una ciudad marcada durante décadas por la presencia de instalaciones militares como la Academia General Militar, la Base Aérea estadounidense o el campo de tiro de las Bardenas. Como reacción a ese contexto surgió en los años ochenta un potente movimiento pacifista que, tras las movilizaciones contra la OTAN, protagonizó una de las principales campañas de insumisión al servicio militar obligatorio.

El CSO toma su nombre de Kike Mur Zubillaga, un joven insumiso de 25 años fallecido en 1997 mientras cumplía condena en la prisión de Torrero. Su muerte provocó una fuerte conmoción en Zaragoza y convirtió su figura en uno de los símbolos del movimiento antimilitarista que contribuyó a la desaparición definitiva de la mili obligatoria en España.

“No vayas donde te lleve el camino, ve donde no hay camino y deja un rastro”. Lo dijo Ralph Waldo Emerson, filósofo que se convirtió en un símbolo del espíritu emprendedor porque a finales del siglo XIX ya hablaba de crear oportunidades donde antes no existían, de la self-reliance —autosuficiencia o confianza en uno mismo—, un término que acuñó y con el que animó a las personas a confiar en su criterio incluso cuando toman decisiones poco convencionales.

La historia de Jara Escudero tiene mucho que ver con Ralph Waldo Emerson, porque cuando la mayoría de los itinerarios empresariales parecen conducir inevitablemente hacia las grandes ciudades, esta emprendedora oscense eligió la dirección contraria. Decidió quedarse en el pueblo donde nació y demostrar que la innovación no entiende de códigos postales. Desde Peralta de Alcofea, un pueblo de apenas 400 habitantes, esta naturópata y cosmetóloga ha impulsado un proyecto que cuestiona viejas certezas sobre el emprendimiento y abre nuevas posibilidades para quienes quieren desarrollar su futuro sin renunciar a sus raíces.

Se trata de CistusLab, una iniciativa que plantea la creación de un laboratorio cosmético compartido destinado a pequeñas marcas y productores. El proyecto ha sido reconocido con el segundo premio Rural Emprende Aragón 2026, un galardón que distingue iniciativas innovadoras capaces de generar actividad económica y oportunidades en municipios rurales.

En los pueblos también caben los microscopios

Lo llamativo no es únicamente el proyecto en sí, sino el lugar donde ha surgido. Porque la pregunta aparece de manera inevitable: ¿Por qué un laboratorio cosmético innovador nace en un pequeño pueblo del Somontano y no en una gran ciudad?

La respuesta tiene mucho que ver con la trayectoria personal de la mujer que está detrás de esta idea. Jara Escudero creció en Peralta de Alcofea y, tras formarse en naturopatía, dermofarmacia y cosmética natural, decidió regresar a su pueblo para desarrollar allí su actividad profesional. “Siempre he tenido claro que quería emprender desde el territorio donde nací”, asegura esta joven que ha tomado una decisión poco habitual en un contexto en el que la apuesta por las ciudades de jóvenes cualificados nacidos y criados en las provincias, sigue siendo una realidad constante; con menos seguidores, pero constante. 

Lo que comenzó como una pequeña empresa de cosmética natural ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que hoy es; una marca con reconocimiento dentro del sector. Durante su andadura CistusLab ha recibido varios premios a nivel nacional relacionados con la cosmética ecológica y natural. Hitos que han ayudado a esta emprendedora rural a consolidar una trayectoria empresarial que demuestra que la especialización y la innovación no son patrimonio exclusivo de los entornos urbanos.

Cuando vivir en tu pueblo, compensa

Sin embargo, emprender desde un pueblo también implica asumir algunas dificultades que rara vez aparecen en los discursos idealizados sobre el medio rural. La menor visibilidad empresarial, unas conexiones digitales todavía mejorables, los plazos más largos en los envíos o la necesidad de disponer de vehículo propio para cualquier desplazamiento forman parte de la realidad cotidiana con la que conviven quienes deciden desarrollar su actividad profesional lejos de las grandes ciudades. Jara Escudero conoce bien esas limitaciones, pero considera que las ventajas compensan ampliamente los inconvenientes. “Vivir en mi pueblo me aporta calma y felicidad. Me gusta la naturaleza, la tranquilidad y poder desarrollar aquí mi vida personal y profesional. He vivido varios años en la ciudad y no cambio por nada la vida en el pueblo”, explica.

Esa convicción personal también está en el origen de CistusLab. Antes de impulsar este proyecto, Jara trabajó en un laboratorio compartido que le permitió dar sus primeros pasos en el sector. Aquella experiencia fue positiva, pero con el tiempo comprendió que las necesidades de su marca requerían otro tipo de espacio. Tenía apenas 23 años cuando comenzó a plantearse un modelo más flexible, capaz de adaptarse a las distintas etapas de crecimiento que atraviesan los pequeños proyectos. 

Fue precisamente durante ese proceso de crecimiento cuando Jara Escudero detectó que había apareció una dificultad que era compartida por numerosos emprendedores del sector. Desarrollar y fabricar cosméticos exige cumplir una normativa estricta, disponer de instalaciones homologadas y asumir inversiones que resultan inalcanzables para muchas pequeñas marcas. “No podemos hacer una inversión tan fuerte para empezar cuando no sabes cómo te va a ir”, subraya Jara Escudero. 

De esa reflexión nació la idea de crear un laboratorio propio que incorporara diferentes modalidades de uso, además de una pequeña tienda y una oficina que le permitieran separar la vida profesional de la personal. “No quise crear un laboratorio para que los emprendedores se adaptaran al espacio; quise crear un espacio que se adaptara a los emprendedores”, resume. Una filosofía que ha acabado convirtiendo una necesidad individual en una herramienta colectiva para quienes buscan abrirse camino en el sector de la cosmética natural desde cualquier lugar, también desde un pueblo de apenas 400 habitantes.

Las dificultades compartidas encuentran soluciones comunes

Este laboratorio es un espacio compartido donde diferentes emprendedores pueden formular y fabricar sus productos utilizando instalaciones profesionales sin tener que hacer frente de manera individual al elevado coste que supone poner en marcha un centro propio. CistusLab es un modelo inspirado en los obradores compartidos que ya funcionan en otros sectores, especialmente en el ámbito agroalimentario, pero todavía poco habitual en el mundo de la cosmética.

Más allá de la actividad concreta que desarrolla, la idea resulta interesante porque refleja una transformación más profunda que está comenzando a producirse en algunos territorios rurales. Durante décadas existió una división casi automática entre las actividades económicas asociadas a las ciudades y aquellas consideradas propias de los pueblos. Los servicios avanzados, la investigación o las industrias especializadas parecían pertenecer exclusivamente al ámbito urbano. Sin embargo, hoy esa frontera comienza a difuminarse.

La expansión de la conectividad digital, la comercialización online y la búsqueda constante de nuevos modelos de empresa que sean más sostenibles y equilibrados en el tiempo, el territorio, y con la calidad de vida, están permitiendo que determinados proyectos encuentren ventajas unos kilómetros más allá de las ciudades, donde los costes son menores, existe una relación más directa con determinadas materias primas y, además, muchas empresas descubren que el pueblo en el que eligen asentarse, puede convertirse en parte de su propia identidad de marca.

El vínculo entre la identidad de la marca y la materia prima

En el caso de CistusLab, esa conexión es especial y forma parte de la esencia del proyecto. La empresa trabaja con ingredientes naturales y mantiene un vínculo muy estrecho con el entorno, algo fundamental para Jara Escudero que no ve su pueblo únicamente como escenario de producción, sino como un elemento esencial y diferenciador que aporta valor al producto final que la joven ofrece a los consumidores. 

“Para mí era importante que el proyecto tuviera identidad y estuviera ligado al territorio”, confiesa. Un ejemplo es el oleato de tomate de Caspe que está presente en algunos productos que saca al mercado y su intención es seguir incorporando más ingredientes vinculados al entorno. “Siempre que es posible, priorizo materias primas y proveedores locales o nacionales, no solo por reducir la huella ambiental, sino también por poner en valor los recursos que tenemos cerca”, asegura Jara Escudero. 

Lo que está ocurriendo en Peralta de Alcofea trasciende el ámbito de la cosmética y conecta con una tendencia más amplia: cómo están cambiando las expectativas sobre el futuro de los pueblos. “Mi objetivo es demostrar que no hace falta irse de un pueblo para emprender, también se puede innovar, crear oportunidades y desarrollar proyectos con impacto desde el medio rural”, apunta.

Y así es como Jara Escudero, como emprendedora, ha demostrado que un laboratorio cosmético puede instalarse en un municipio de apenas 400 habitantes. Un hecho que sugiere que la innovación rural del futuro quizá no dependa tanto de atraer proyectos externos como de crear las condiciones necesarias para que las ideas nacidas de quienes viven o quieren volver a los pueblos puedan desarrollarse en ellos.

En un momento en que buena parte del medio rural busca nuevas formas de construir su futuro, historias como la de CistusLab invitan a replantear una vieja pregunta: ¿Qué actividades pueden sobrevivir en los pueblos? Para reconocer que, cada vez más, los pueblos también pueden ser lugares donde nacen actividades que nadie esperaba encontrar allí.

La aragonesa Sofía Gracia aprendió lengua de signos antes incluso que muchas palabras habladas. Como hija de padres sordos, la lengua de signos española forma parte de su vida desde que tiene memoria. De hecho, es su lengua materna, la forma en la que aprendió a comunicarse y también la herramienta que hoy utiliza para divulgar una realidad poco visible.

“Toda mi vida he hablado de las maravillas y de lo bonita que es la lengua, de las curiosidades y de sus características. La gente siempre se queda como muy sorprenda y con ganas de saber más. Y eso me encanta porque es súper interesante”, reconoce en una entrevista a elDiario.es en Aragón.

Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra este 14 de junio, Gracia reconoce que, aunque “nunca se había hablado tanto de lengua de signos, las personas sordas siguen encontrándose con obstáculos que limitan su autonomía” en ámbitos tan básicos como la sanidad, la educación o la atención pública.

“Hay más visibilidad, sí, pero la accesibilidad no ha avanzado al mismo ritmo”, afirma, al mismo tiempo que añade que “los derechos de las personas sordas siguen vulnerándose porque siguen faltando intérpretes de lengua de signos en muchos servicios esenciales”.

Su mirada combina la experiencia personal con la profesional. Intérprete de lengua de signos y guía intérprete para personas sordociegas, Gracia se ha convertido además en una divulgadora de referencia a través de sus formaciones y de sus redes sociales (@HablaBebe.es), donde acerca la lengua de signos a familias, docentes y profesionales de distintos ámbitos.

Una lengua que también llega a los bebés

Su labor de divulgación nació en el momento en el que se quedó embarazada, cuando decidió formarse en comunicación temprana con bebés y comenzó a impartir cursos dirigidos a familias. Su objetivo era mostrar cómo los signos pueden convertirse en una herramienta de comunicación mucho antes de que aparezca el lenguaje oral.

“Mi hija con un año tenía alrededor de cincuenta signos de vocabulario”, recuerda y, a pesar de que “muchas personas se sorprenden cuando les dices que un bebé puede comunicarse antes de hablar”, los signos permiten expresar necesidades cuando todavía no existe capacidad para hacerlo oralmente.

Gracia insiste en que esos signos proceden de la lengua de signos española, una cuestión que considera relevante porque, en estos momentos, proliferan métodos inspirados en sistemas extranjeros. “La lengua de signos no es universal. En España tenemos nuestra propia lengua y es importante ponerla en valor”, subraya.

Lo que comenzó como una formación dirigida a familias ha terminado extendiéndose a escuelas infantiles, centros educativos y profesionales especializados en atención temprana.

Aunque la presencia de la lengua de signos en el sistema educativo sigue siendo limitada, Gracia sí percibe avances en algunos ámbitos concretos, sobre todo en la etapa de 0 a 3 años.

Gran parte de ese crecimiento se está produciendo a través del sistema bimodal, una herramienta que combina el habla con signos procedentes de la lengua de signos española.

“Yo no enseño lengua de signos completa en las escuelas porque tiene una estructura gramatical propia y compleja. Lo que enseño es vocabulario mediante sistema bimodal, manteniendo la estructura del lenguaje oral”, afirma.

Esta metodología está demostrando ser especialmente útil para alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), trastornos del lenguaje, síndrome de Down, retrasos madurativos o dificultades en la comunicación. “Se ha comprobado que es una herramienta muy potente para niños que todavía no pueden expresarse oralmente. Les permite comunicarse y reducir muchísima frustración”, señala.

Sin embargo, considera que la incorporación de estas herramientas sigue dependiendo en gran medida de iniciativas concretas de centros o profesionales sensibilizados, más que de una apuesta estructural del sistema educativo. En este sentido, lamenta que, desde que se empieza el colegio hasta que se termina la universidad, “no recibimos prácticamente ninguna formación sobre lengua de signos o comunidad sorda”, lo que “explica muchas de las barreras que siguen existiendo después”.

La accesibilidad pendiente

Para Gracia, el principal problema continúa estando fuera de las aulas. Al respecto, esta divulgadora comparte que su padre, usuario de la sanidad pública, necesita solicitar con antelación la presencia de un intérprete para acudir a determinadas consultas. Sin embargo, su madre, usuaria de la sanidad privada, debe costear ese servicio por su cuenta. 

“No se trata de comodidad. Se trata de autonomía. Muchas personas sordas siguen dependiendo de familiares o personas cercanas para acudir al médico porque no tienen garantizada una comunicación accesible”, denuncia. A su juicio, la sociedad todavía contempla la accesibilidad como una excepción en lugar de asumirla como un derecho.

Además, cree que persisten numerosos prejuicios sobre la lengua de signos, como la falsa idea de que utilizar signos puede retrasar la adquisición del lenguaje oral. “Es justo al contrario. Los signos estimulan áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y facilitan la comunicación. No sustituyen al habla, la complementan”, subraya.

La divulgadora recuerda haber conocido familias cuyos hijos pasaron años sin disponer de herramientas comunicativas adecuadas porque algunos profesionales desaconsejaron el uso de signos. “Hay niños que podrían haberse beneficiado enormemente de esta herramienta y no la tuvieron. El problema no es la lengua de signos. El problema es la falta de comunicación”, sostiene.

No como un recurso excepcional, sino como una formación habitual

El éxito reciente de producciones audiovisuales como ‘Sorda’ o la creciente presencia de contenidos divulgativos en redes sociales han contribuido a despertar interés por la lengua de signos.

No obstante, Gracia considera que la verdadera transformación llegará cuando deje de verse como un recurso excepcional y pase a formar parte de la formación habitual de profesionales y ciudadanos. “Me gustaría que dentro de diez años la lengua de signos estuviera presente en colegios, universidades, facultades de Medicina, Enfermería o Periodismo”, apunta.

En este último ámbito cree que todavía queda trabajo por hacer: “La manera en la que hablamos de las personas sordas también importa. Hay términos que siguen utilizándose incorrectamente y que contribuyen a mantener estereotipos”.

A pesar de las dificultades, mantiene una visión optimista, ya que, a pesar de que España suele llegar más tarde a muchos cambios incorporados en otros países, “estoy convencida de que acabarán pasando”.

Mientras tanto, sigue impartiendo formaciones para familias, docentes y profesionales sanitarios, uno de los ámbitos donde considera más urgente mejorar la comunicación. A su vez, crea contenido de manera diaria en su cuenta Habla Bebe, donde también se pueden aprender nociones básicas y avanzadas sobre esta lengua.

Asimismo, recomienda acudir a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), donde las propias personas sordas imparten formación y transmiten la riqueza cultural de una lengua que, más allá de las manos, representa una forma diferente de entender la comunicación.

“Siempre digo que la lengua de signos es un nivel más de comunicación”, concluye, por lo que, “cuando la descubres, entiendes que no es solo una herramienta para hablar sino otra manera de expresar emociones, de relacionarte con los demás y de mirar el mundo”.

Más de un centenar de personas migrantes en situación irregular fueron presuntamente utilizadas por una red asentada en la comarca del Cinca Medio que les cobraba por gestionar empadronamientos en viviendas donde ni vivían ni podían hacerlo. La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras tres por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y pertenencia a grupo criminal.

La investigación arrancó el pasado febrero tras detectarse un aumento inusual de empadronamientos de ciudadanos extranjeros en dos inmuebles de una localidad de la comarca. Las pesquisas revelaron que una de las viviendas carecía de las mínimas condiciones para ser habitada: no tenía tejado, contaba con puertas y ventanas tapiadas y carecía de suministro de agua y electricidad. A pesar de ello, llegó a acumular hasta 57 personas empadronadas.

Según la Guardia Civil, los migrantes eran trasladados desde distintos puntos de España hasta el municipio para completar el trámite administrativo. Después, abandonaban la localidad y no volvían a ser vistos en ella. Los investigadores sostienen que el objetivo era obtener un empadronamiento a cambio de dinero, un documento fundamental para iniciar determinados procedimientos administrativos.

La red habría cobrado entre 150 y 400 euros por persona por realizar estas gestiones. En total, los agentes han identificado a 105 ciudadanos extranjeros en situación irregular que habrían sido captados por el grupo.

La organización actuaba de forma coordinada. Mientras unos integrantes se encargaban del transporte de los migrantes, otros realizaban los trámites necesarios para formalizar los empadronamientos ante la administración. El dinero recaudado terminaba, presuntamente, en manos del líder del grupo.

La Guardia Civil considera que los afectados fueron víctimas de una trama que se aprovechaba de su situación de necesidad y vulnerabilidad para obtener un beneficio económico. La investigación culminó el pasado 2 de junio con la detención de dos personas y la investigación de otras tres, todas ellas vecinas de la comarca del Cinca Medio y de la provincia de Lleida.

Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Monzón.