Sacarse el carné de conducir en Aragón en abril de 2026 ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en una carrera de fondo. Lo que hace unos años podía resolverse en pocos meses, hoy exige planificación, paciencia y, en muchos casos, una notable capacidad de adaptación tanto por parte de los alumnos como de las autoescuelas.

Aragón roza ya las decenas de miles de exámenes de conducir al año, pero el sistema no logra absorber la demanda creciente. Según los datos más recientes, en 2025 se realizaron 32.938 exámenes teóricos en la comunidad, frente a los 21.536 registrados en 2022, lo que supone un incremento del 53 % en apenas tres años. La evolución ha sido progresiva: 23.789 pruebas en 2023 y 27.035 en 2024, consolidando una tendencia al alza.

Sin embargo, este aumento de actividad no se traduce en una mayor fluidez del sistema porque el porcentaje de aspirantes no aptos también ha crecido, pasando del 44,28% en 2021 al 48,85% en 2025, lo que incrementa el número de repetidores y presiona aún más la capacidad disponible. De hecho, la queja procede incluso de las propias autoescuelas, que ven una mayor exigencia en las pruebas que años atrás no se registraba.

En cuanto a datos más desagregados, en 2025 se contabilizaron 23.310 exámenes teóricos con un 52,9% de aptos, y 24.540 pruebas de circulación, en las que solo el 46,9% de los aspirantes logró superar la evaluación. La estadística del primer trimestre de 2026 todavía no está cerrada, aunque el volumen de actividad se mantiene elevado.

A los exámenes teóricos anuales se suman decenas de miles de pruebas prácticas, aunque estas últimas en menor número debido a las limitaciones del sistema.

Los exámenes, el verdadero cuello de botella

El problema no está en la falta de actividad, sino en la capacidad de respuesta. El sistema continúa realizando un alto volumen de pruebas, pero insuficiente para atender el ritmo de nuevos aspirantes.

Las tres Jefaturas Provinciales de Tráfico de Aragón cuentan con una plantilla de 32 examinadores, de los cuales solo 26 están actualmente en activo (18 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel), con seis vacantes pendientes de cubrir. Esta escasez se traduce en una operativa diaria limitada y en un incremento de las listas de espera.

La asignación de citas de examen práctico se realiza mediante el sistema automatizado CAPA, que distribuye las pruebas en ciclos de entre 10 y 15 días conforme a lo establecido en el Reglamento General de Conductores. Este sistema garantiza un reparto equitativo entre autoescuelas, pero también introduce un techo operativo: el número de pruebas depende directamente de los examinadores disponibles en cada periodo.

Para reforzar la plantilla, se han puesto en marcha varias vías: concursos de provisión de puestos, una nueva oposición del Cuerpo General Administrativo (especialidad tráfico) —cuyo examen teórico ya se ha celebrado— y la creación de bolsas de interinos con los aspirantes que no superen el proceso selectivo, que podrán cubrir vacantes de forma temporal.

Meses de espera y estrategias alternativas

El resultado es un retraso generalizado que sitúa la espera para el examen práctico entre dos y cuatro meses en las principales zonas urbanas, e incluso más en áreas rurales.

Ante esta situación, algunos alumnos optan por lo que ya se conoce como “turismo de examen”, o lo que es lo mismo, desplazarse a otras provincias en busca de fechas más próximas. Zaragoza, sin embargo, suele ser lugar de acogida, sobre todo de estudiantes procedentes de Cataluña que se desplazan durante uno o dos días de forma intensiva, con el fin de volverse con la prueba realizada.

Pese a las dificultades, Aragón mantiene una red de formación vial profesionalizada y bien implantada. Sin embargo, el sistema público de evaluación atraviesa un momento de fuerte tensión que impacta directamente en la movilidad, especialmente en el medio rural, donde el carné de conducir no es solo una comodidad, sino una necesidad básica.

A nivel nacional, el problema adquiere una dimensión estructural. Aunque actualmente hay 855 examinadores en activo —la cifra más alta desde 2012—, la reducción del número de pruebas diarias por examinador (de 16 en 2011 a 12 en la actualidad) ha recortado la capacidad operativa del sistema. En paralelo, el crecimiento de la población ha provocado una caída cercana al 29 % en la capacidad de examen por habitante. Según el sector, serían necesarios más de 1.200 examinadores para recuperar los niveles de servicio de hace una década.

Un problema común en toda España

La comunidad de Aragón cuenta con una red consolidada de centros de formación vial, aunque su distribución refleja cierto desequilibrio territorial. Solo en la provincia de Zaragoza existen 151 autoescuelas, a las que se suman 17 centros de formación en transporte de mercancías peligrosas y 30 centros de reeducación y sensibilización para la recuperación de puntos. Frente a la concentración urbana, en Huesca y Teruel predominan estructuras más pequeñas y dispersas, muchas de ellas con fuerte arraigo local y carácter familiar.

A pesar de las dificultades que atraviesa el sector en las tres provincias aragonesas, la situación de la comunidad se sitúa en una posición intermedia si se compara con los puntos negros que actualmente asfixian el mapa de la Dirección General de Tráfico en España. Mientras que un alumno aragonés afronta una espera media de entre ocho y doce semanas para el examen práctico, la situación no ha llegado a los extremos de parálisis total que se observan en el noroeste o en el Mediterráneo. La comunidad se beneficia de una mayor estabilidad en sus plantillas de examinadores en comparación con las zonas donde el alto coste de la vida ahuyenta a los funcionarios, aunque el déficit en las zonas rurales de Huesca y Teruel sigue siendo el principal talón de Aquiles del sistema regional.

El caso más sangrante se vive en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, donde provincias como Barcelona o las Islas Baleares registran demoras que superan el medio año, o incluso el año en la comunidad valenciana. En estos puntos, el altísimo coste de la vida provoca que los examinadores recién titulados rechacen las plazas asignadas, dejando las plantillas en un déficit crónico que Aragón, afortunadamente, solo sufre de manera puntual por jubilaciones o bajas no cubiertas.

El caso de León representa hoy el escenario más sangrante de España. Con una lista de espera que supera los 3.300 alumnos y una plantilla reducida a la mínima expresión por bajas y vacantes, la provincia castellanoleonesa sufre retrasos que ya alcanzan los seis meses. La falta de personal operativo ha llegado a paralizar por completo los exámenes en varias cabeceras de comarca, dejando a miles de jóvenes sin opción de obtener un permiso esencial para la movilidad laboral en una provincia castigada por la despoblación.

También el archipiélago canario presenta dificultades, especialmente en la provincia de Las Palmas, donde el problema no es solo la falta de fechas, sino una dureza en la evaluación que no tiene parangón en la península. Con una tasa de aprobados que apenas roza el 37%, el sistema genera un cuello de botella circular porque los alumnos suspenden masivamente y vuelven a engrosar unas listas ya saturadas.

Entras al hospital con una de las experiencias más importantes de tu vida por delante, pero sin saber muy bien qué te espera. Por dónde se entra, quién te atiende, cómo es la sala en la que vas a dar a luz o qué ocurre si algo se complica. Para muchas mujeres, el parto sigue siendo un salto a lo desconocido dentro de un entorno altamente medicalizado.

Frente a esa incertidumbre, el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas al paritorio. Una iniciativa que busca algo más que enseñar instalaciones, ya que se apuesta por reducir el miedo, generar confianza y avanzar en la llamada “humanización del parto”.

“Yo creo que llevamos muchos años intentando trabajar en esa línea”, explica la doctora Purificación Mateo Alcalá, jefa del servicio. Tal y como apunta, “el parto es un proceso natural, fisiológico, pero el medio hospitalario es un entorno hostil para quien no está habituado”. “Se trataba de hacerlo lo más amigable posible”, añade.

El objetivo, según afirma, es equilibrar dos elementos que a menudo chocan: la seguridad clínica y la experiencia emocional. “Intentamos mezclar la asistencia hospitalaria con un entorno más familiar. Desde la decoración hasta la posibilidad de realizar parte de la dilatación fuera del paritorio tradicional, siempre que todo esté controlado”, agrega.

Un hospital menos “quirófano” y más experiencia vital

Esa transformación no es nueva, pero sí progresiva. El equipo lleva años adaptando espacios y protocolos para que el parto deje de vivirse como un procedimiento exclusivamente médico.

“Cuando la paciente está cómoda, todos estamos más cómodos”, resume la doctora, quien reconoce que también ocurre al revés porque, cuando el equipo trabaja en un entorno seguro, “la paciente también se siente más tranquila”.

La evidencia científica respalda ese enfoque. De hecho, el contacto piel con piel tras el nacimiento mejora la lactancia materna, favorece la adaptación del recién nacido y reduce ingresos neonatales. También se ha demostrado que conocer previamente el entorno donde se va a dar a luz disminuye la ansiedad, igual que ocurre en otros ámbitos sanitarios como la oncología.

“Hay estudios con pacientes oncológicas que visitan el quirófano antes de una intervención y su nivel de ansiedad baja claramente. Aquí ocurre lo mismo”, explica Mateo Alcalá.

Visitar el paritorio antes de parir

Las visitas guiadas se realizan en grupos reducidos y permiten recorrer urgencias obstétricas, salas de dilatación y paritorios. El objetivo es que las mujeres y sus acompañantes reconozcan el espacio antes del ingreso.

La acogida, asegura la doctora, ha sido inmediata y las plazas se cubren con rapidez: “No hemos inventado nada. No somos pioneros. Pero la respuesta ha sido excepcional”.

El acceso se gestiona a través de las consultas y de las matronas de Atención Primaria. A partir de la semana 30 de gestación, se informa a las pacientes, que pueden solicitar cita por teléfono y acudir entre las semanas 34 y 36.

“El boca a boca funciona mucho. Comparten sala de espera, hablan entre ellas y eso genera aún más demanda”, subraya.

El programa se realiza actualmente varias tardes al mes, aunque el equipo ya estudia ampliarlo. “Si hace falta, hablaremos con la dirección del hospital para aumentar los días porque la respuesta está siendo muy buena”, remarca.

“El miedo se combate con información”

Para las matronas, el problema no es solo clínico, sino emocional. “Muchas mujeres llegan con dolor, pero sobre todo con miedo a lo desconocido”, resume Teresa Palanca Arias, una de las impulsoras del programa. Del mismo modo, admite que “el dolor es fisiológico, pero el miedo se combate con información y cercanía”.

Durante las visitas se explican también los métodos de alivio del dolor, como las pelotas de pilates, las duchas calientes, el óxido nitroso o TENS, y se recorre el circuito completo del parto. El enfoque es práctico, pero también emocional porque saber qué ocurrirá reduce la tensión y cambia la experiencia.

“Muchas dudas son muy básicas: por dónde entran, si pueden estar acompañadas, quién las va a atender. Y resolver eso ya cambia completamente su percepción”, señala la matrona.

La iniciativa también responde a un cambio social más amplio, ya que, hoy en día, las mujeres quieren participar activamente en su parto y tomar decisiones informadas.

“Es un avance conjunto. La sociedad lo demanda y las pacientes se implican cada vez más”, explica la doctora Mateo Alcalá, quien asegura que “no solo es su salud, sino también la del bebé porque estás atendiendo a dos personas a la vez”.

Al mismo tiempo, bajo su punto de vista, la implicación de las parejas o familias también ha crecido. “Antes venían más como acompañantes pasivos. Ahora preguntan, quieren saber, quieren estar”, añade.

Incluso detalles logísticos que pueden parecer menores, como dónde esperar o cuándo volver a la habitación, se comparten durante las visitas. “Un padre me preguntó una vez dónde dejaba a su mujer si iba a aparcar el coche y dónde la iba a encontrar una vez pudiera entrar. Son dudas muy simples, pero que generan mucha ansiedad”, recuerda la doctora.

1.800 partos al año y un modelo en transformación

El hospital registra alrededor de 1.800 partos al año. Tras varios ejercicios de descenso, el último año ha mostrado un leve repunte en la natalidad.

El centro cuenta con cuatro salas de dilatación y tres paritorios, además de un sistema mixto que permite que parte del proceso se realice en la misma habitación. En casos de bajo riesgo, las mujeres pueden dar a luz sin necesidad de trasladarse.

“Buscamos que la mujer no tenga que moverse si no es necesario, que esté acompañada y en un entorno controlado”, explica el equipo.

Para el personal sanitario, la humanización no implica reducir la complejidad médica, sino integrarla en una experiencia más respetuosa. “Humanizar es devolver el protagonismo a la mujer”, destaca Teresa Palanca, quien hace hincapié en la importancia de “escuchar sin juzgar, pedir permiso, respetar tiempos y garantizar intimidad”.

También admite que se debe implicar al acompañante porque “no son espectadores”. “Pueden ayudar, acompañar y participar en el proceso. Eso cambia también su vivencia”, indica.

El futuro del servicio pasa por consolidar este modelo y ampliarlo. Entre los objetivos están aumentar el número de salas de dilatación-paritorio y extender el uso de técnicas que permitan mayor movilidad durante el parto.

“Lo importante es que la mujer esté a gusto”, resume la doctora Mateo Alcalá, ya que “el parto es un momento único en la vida y hay que intentar que sea lo más gratificante posible”.

Mientras tanto, las visitas guiadas siguen llenando tardes en el hospital. Y, con ellas, la idea de que conocer el lugar donde se da a luz también forma parte de cuidar el nacimiento y a las personas.

El anunciado corte de la carretera en Bielsa por obras, que iba a restringir completamente el paso durante gran parte del día, ha sido finalmente revertido tras las quejas de alcaldes y vecinos de la zona. El Gobierno de Aragón ha paralizado la medida, que los alcaldes consideraban “inviable”. Según explica el regidor de Bielsa, Miguel Ángel Noguero, la propuesta inicial contemplaba cerrar la vía desde las 09:00 hasta las 21:00, permitiendo únicamente dos horas de circulación por la tarde. “Nadie podía venir ni se podía ir. El transporte quedaba afectado y los médicos no podían subir en el día a día”, ha señalado. La comunicación del corte se produjo, además, con escaso margen: “La empresa lo notificó por correo electrónico a las seis de la tarde a los ayuntamientos y organismos oficiales”.

El corte previsto afectaba a la carretera A-138, a la altura del congosto de las Devotas, entre los puntos kilométricos 68 y 69, en el acceso al túnel, y estaba programado entre el 4 y el 13 de mayo. Se trataba además de la única vía de acceso por carretera a Bielsa, sin itinerarios alternativos —la única salida posible sería a través de Francia—, lo que incrementaba el impacto de la medida también en el valle de Chistau y en la conexión hacia el túnel internacional Bielsa-Aragnouet.

Los horarios planteados, con cierres prolongados durante el día —de 09:00 a 21:00— y ventanas de paso muy limitadas —de 15:30 a 17:30—, generaban un “problema significativo” para la actividad diaria, desde los desplazamientos laborales hasta la atención sanitaria, el transporte escolar o el abastecimiento. Los alcaldes han criticado además la “falta de coordinación”, ya que aseguran que la comunicación se realizó a través de la empresa adjudicataria y sin un proceso previo de consulta con las instituciones locales ni con los servicios afectados.

Precisamente la falta de comunicación oficial es lo que más han criticado desde el territorio, ya que ha impedido que los horarios de apetura se consensuen con el territorio. Desde la comarca de Sobrarbe, su presidente, José Manuel Bielsa Manzano, coincide en que la propuesta trasladada era “inviable”: “Mandaron unos horarios con muchas horas de cierre seguidas y muy pocas de apertura, lo que generaba un problema significativo tanto para los vecinos como para los visitantes”, ha explicado. Según ha añadido, la comunicación oficial llegó el día anterior, tras un primer contacto telefónico de la empresa adjudicataria.

La reacción de los municipios afectados fue inmediata. Tras las protestas, el Ejecutivo autonómico ha rectificado. “Esta mañana nos han dicho que se revierte el cierre y que se hará mejor”, indica Noguero, quien ha avanzado que el proyecto se retomará más adelante, pero con una planificación consensuada. “Se hablará con el territorio, se tendrán en cuenta a los alcaldes y se buscará una solución viable. Nos convocarán la semana que viene”.

En la misma línea, el alcalde de Plan, José Serveto, advierte del fuerte impacto que habría tenido la medida en la vida diaria de la comarca. “Nos habría hecho polvo. La gente va a trabajar y no habría podido volver a casa hasta las diez de la noche”, afirma. También subraya que las limitaciones previstas impedían acudir a citas médicas y alteraban gravemente la movilidad. “Nos avisaron hace unos días de forma muy general, pero ayer por la tarde se concretó y nos movilizamos”.

Las instituciones locales insisten ahora en la necesidad de redefinir el plan. Reclaman que se establezcan horarios compatibles con la actividad diaria y los servicios esenciales, y que se acuerden de forma conjunta. “Entendemos que las obras son necesarias, pero aquí hay vida, hay gente”, ha resumido Serveto.

El nuevo calendario y las condiciones del corte quedan pendientes de una próxima reunión entre el Gobierno de Aragón, la empresa y los representantes municipales.

El Subsector de Tráfico de Teruel, ha investigado al conductor de un turismo por la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a una velocidad superior al doble del máximo permitido. Además, los agentes apreciaron síntomas externos en el conductor, el cual circulaba presuntamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 17 de abril, cuando agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, tras instalar un control de velocidad en la carretera nacional N-211, próximo a la localidad de Monreal del Campo, detectaron a un turismo circulando a 181 km/h en una vía cuyo límite de velocidad genérico está establecido en 90 km/h.

Al interactuar el conductor con los agentes de la Agrupación de Tráfico, éstos apreciaron una clara sintomatología externa de encontrarse bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas por lo que procedieron a investigarle también por éste hecho.

El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia arrojando resultado negativo.

El conductor ha sido investigado por la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial, contemplados en el Art. 379 apartados 1 y 2 del Código Penal, enfrentándose a penas por cada uno de los delitos, que conllevar desde prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde uno hasta cuatro años. Las correspondientes diligencias, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1.

La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad es un factor determinante en el 30% de los accidentes mortales en nuestro país, siendo una de las principales causas de siniestralidad según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico al estar presente en 1 de cada 5 accidentes con víctimas.

La contaminación atmosférica no conoce fronteras. Bajo esta premisa, científicos de España y Francia han participado hoy en la primera reunión del proyecto europeo ECOAIR (ECOsistemas y AIRe limpio), liderado por la Universidad de Zaragoza para evaluar la calidad del aire a ambos lados del Pirineo. Esta ambiciosa iniciativa de investigación, centrada en analizar la contaminación atmosférica por material particulado y sus efectos en los seres vivos y el entorno natural, contempla el muestreo durante tres años en 13 puntos estratégicos. Estos abarcan desde ciudades con tráfico hasta zonas remotas del Pirineo, incluyendo Zaragoza, Toulouse, Perpiñán, Ordesa, Monte Perdido y el Pic du Midi, así como áreas de elevada carga agroganadera como Bujaraloz, entre otras.

“La contaminación del aire es un problema que va mucho más allá de lo que respiramos; partículas invisibles, gases como el amoníaco y diminutos microplásticos viajan largas distancias y terminan ”cayendo“ sobre nuestros bosques y lagos, alterando su equilibrio natural y dañando la biodiversidad”, ha destacado el investigador principal del proyecto, el físico Miguel Escudero, del Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza. Al analizar cómo estos contaminantes afectan especialmente a los lagos de alta montaña —que actúan como espejos de la calidad del aire—, el equipo científico busca comprender el recorrido de la polución y proponer soluciones reales para conservar estos paisajes especialmente vulnerables.

La vicerrectora de Política Científica, Pilar Pina, que ha dado la bienvenida a los asistentes del consorcio, ha subrayado por su parte que este esfuerzo transfronterizo no solo generará conocimiento científico, sino que “servirá de guía para que los gobiernos puedan adaptarse a las nuevas y exigentes normativas de calidad del aire de la Unión Europea”. Pilar Pina ha añadido que este trabajo también contribuye a “concienciar a la sociedad sobre el impacto de nuestras actividades en el aire que compartimos”. En definitiva, ha destacado que se trata de convertir la investigación en una herramienta de gestión eficaz que garantice “un entorno más limpio y saludable para las personas y los ecosistemas, demostrando que la cooperación internacional es la única vía para proteger una naturaleza que no entiende de fronteras”.

La investigación se centrará en la monitorización de partículas finas (PM2.5), otros gases relevantes como el amoníaco y la deposición atmosférica —incluida la de microplásticos— en 13 puntos de muestreo estratégicos. El objetivo final es proponer medidas de gestión que contribuyan a reducir la contaminación y mejorar el seguimiento científico en áreas de alta vulnerabilidad ecológica, como los lagos de alta montaña.

Además del campus público aragonés, el consorcio está integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto Pirenaico de Ecología en España y, en Francia, la Université de Perpignan Via Domitia junto a dos centros del Centre National de la Recherche Scientifique: el Géosciences Environnement Toulouse y el Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement. Por parte de la Universidad de Zaragoza participan Nati Miguel (Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente); Enrique Samperio e Iñaki Gil (Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación); y Rocío López (Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural), además del propio Miguel Escudero como investigador principal, adscrito al Departamento de Física Aplicada.

La relevancia de este estudio es máxima en el actual contexto de salud pública y conservación ambiental. La exposición a partículas finas (PM2.5) constituye una de las principales causas de mortalidad prematura y enfermedades respiratorias en humanos, mientras que la deposición de estos aerosoles —cargados de metales pesados y nutrientes en exceso— provoca la acidificación de suelos y fenómenos de eutrofización en lagos de alta montaña.

El trabajo de ECOAIR cobra además especial importancia ante la reciente entrada en vigor de la nueva Directiva de Calidad del Aire de la Unión Europea (2024/2881), que establece límites mucho más estrictos para proteger la biodiversidad y la salud ciudadana.

Al generar datos inéditos sobre contaminantes emergentes y proponer planes de acción conjuntos, el proyecto servirá de referencia para que los gestores ambientales adapten sus políticas a los nuevos requerimientos normativos europeos, reforzando la resiliencia de los ecosistemas pirenaicos frente a las amenazas atmosféricas.

Con un presupuesto total de 1.559.578,34 euros —cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)—, el estudio se enmarca en la convocatoria Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027) y tendrá una duración de 36 meses, desde enero de 2026 hasta enero de 2029.

La periodista Lara Escudero ha sido reconocida con el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2025, otorgado por la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, por su trabajo como freelance en Ucrania, donde ha desarrollado una cobertura continuada del conflicto a lo largo de 2025.

El jurado ha estado compuesto por los profesionales Genoveva Crespo, Miguel Remiro, Toño Ruesta, Javier Cebollada e Isabel Poncela. Todos ellos han destacado la labor de Escudero como un ejercicio de periodismo riguroso, valiente y necesario, realizado desde el terreno y en un contexto de especial dificultad tanto profesional como personal.

A través de crónicas, piezas audiovisuales y testimonios directos, Lara Escudero ha contribuido a acercar al público aragonés y español las consecuencias humanas, sociales y políticas de un conflicto decisivo para Europa, con una mirada centrada en la vida cotidiana de quienes lo sufren.

Su trabajo combina reporterismo, contexto y sensibilidad narrativa, alejándose de simplificaciones y apostando por una observación directa y un contraste constante de fuentes. En un entorno marcado por la desinformación, la propaganda y la fatiga informativa, el jurado ha subrayado que su presencia continuada en el terreno representa un ejercicio de responsabilidad pública.

Escudero ha desarrollado su trayectoria reciente en algunos de los escenarios bélicos más relevantes del panorama internacional. Desde marzo de 2023 ha trabajado en Ucrania, donde firmó la serie de reportajes ‘Ucrania, en resistencia’, y posteriormente en Israel, como reportera en Jerusalén para el canal Cuatro. En la actualidad, continúa informando desde territorio ucraniano.

Accésit a la memoria y la investigación periodística

Además, el jurado ha decidido conceder un accésit a la periodista Beatriz Alquézar y a las documentalistas Mari Carmen Ayala y Mapi Rodríguez por su trabajo sobre Alicia Mullor.

La propuesta ha sido reconocida por su valor como ejercicio de memoria periodística, investigación documental y recuperación de una figura aragonesa pionera. A partir de documentos familiares, hemeroteca, fotografías y testimonios, el trabajo recupera una historia prácticamente olvidada y la sitúa de nuevo en el presente.

El jurado ha puesto en valor su capacidad para unir rigor, sensibilidad narrativa y perspectiva de género, convirtiendo una biografía individual en una reflexión más amplia sobre talento, memoria y reconocimiento.

Premios honoríficos a la trayectoria y el compromiso con el periodismo

La Junta de Periodistas de Aragón ha otorgado, por su parte, los galardones honoríficos de esta edición a distintos profesionales por su contribución al sector, reconociendo trayectorias consolidadas, talento emergente y el compromiso con la información de calidad en distintos ámbitos del periodismo y la comunicación.

El Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Marta Garú Cisneros, referente en la crónica de sucesos y tribunales en Heraldo de Aragón, con una carrera marcada por el rigor informativo y su compromiso con la visibilización de la violencia de género.

El Premio a la Proyección Profesional distingue a Sergio Marín Lafuente, por una trayectoria versátil desarrollada en la Agencia EFE, tanto en la Delegación de Aragón como en Montevideo (Uruguay). También ha trabajado en el ámbito institucional, dentro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y como Técnico de Comunicación en INFOAR (Incendios Forestales de Aragón). Actualmente trabaja en 20Minutos.

En el ámbito de la proximidad, el Premio de Información Local y Comarcal ha sido para Jorge Juan Zorraquín Catalán, corresponsal de Heraldo de Aragón en las comarcas de Calatayud, Daroca, Valdejalón y Campo de Cariñena, por su compromiso con el territorio y la información cercana.

Por último, el Premio de Comunicación Corporativa reconoce la trayectoria de Manuel Lorenzo Pina, jefe de prensa de las Cortes de Aragón, por su contribución a la comunicación institucional y su labor al servicio de la información pública.

Una jornada para celebrar el periodismo

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 7 de mayo en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en el marco de la Fiesta de los Periodistas de Aragón, que este año se celebra bajo el lema “Periodismo y Justicia Social”, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo).

El evento, que comenzará a partir de las 19.00 horas, reunirá a profesionales del sector en una jornada que busca no solo reconocer el trabajo periodístico, sino también reivindicar el papel del periodismo como herramienta fundamental para la democracia y la cohesión social.

La Atención Primaria de Aragón ha participado este 29 de abril en Bruselas en el segundo encuentro internacional del proyecto europeo DigiCare4You, centrado en la detección precoz de personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y en la aplicación de intervenciones preventivas personalizadas. La representación aragonesa ha estado integrada por profesionales del Servicio Aragonés de Salud, entre ellos la subdirectora de Organización Asistencial y Formación, Marcela Amestoy Chiesa.

El encuentro, en formato de workshop, ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios e investigadores de distintos países europeos con el objetivo de compartir resultados y avanzar en el desarrollo de una hoja de ruta común que permita aplicar este tipo de modelos preventivos a mayor escala. Este proyecto europeo combina el cribado comunitario mediante cuestionarios validados, la confirmación clínica en Atención Primaria y el seguimiento estructurado de las personas con riesgo, incorporando además herramientas digitales de apoyo.

Su objetivo es mejorar la prevención, optimizar la eficiencia del sistema sanitario y avanzar hacia un modelo de atención más centrado en la persona.

La participación en DigiCare4You se enmarca en el impulso de la investigación en la Atención Primaria aragonesa, que en los últimos años se ha consolidado como un ámbito clave en la generación de conocimiento científico aplicado a la práctica clínica. Actualmente, la Unidad de Investigación de Atención Primaria cuenta con 57 profesionales acreditados y ha desarrollado, en el periodo 2023-2026, un total de 27 ensayos clínicos, 42 estudios observacionales y 62 proyectos de investigación biomédica. Además, se han impulsado 30 proyectos competitivos, entre ellos iniciativas europeas orientadas a la transformación de los sistemas sanitarios.

Este avance se sustenta en una red investigadora extendida por centros urbanos y rurales, que permite generar evidencia basada en datos de la vida real y trasladarla directamente a la mejora de la atención sanitaria. En el caso de Aragón, el proyecto DigiCare4You ha permitido informar a más de 15.000 familias y realizar un cribado inicial a 2.334 personas, de las cuales 807 han sido identificadas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y derivadas a una segunda fase clínica en Atención Primaria.

Los resultados obtenidos han permitido detectar casos de prediabetes previamente desconocidos, así como identificar personas con diabetes no diagnosticada o mejorar el control de quienes ya presentaban la enfermedad. Además, el 91% de las personas diagnosticadas ha aceptado participar en las intervenciones posteriores, lo que refleja un alto grado de adherencia al programa.

Durante el workshop, la delegación aragonesa ha participado en mesas de trabajo junto a representantes de otros países para analizar los resultados obtenidos y definir líneas de actuación futuras. El objetivo es establecer una estrategia conjunta que permita trasladar este modelo a la población general mediante medidas preventivas coordinadas, así como desarrollar publicaciones científicas con los resultados comparativos entre los distintos países participantes.

El modelo desarrollado en DigiCare4You se basa en la identificación precoz del riesgo mediante herramientas accesibles a la población, la derivación al sistema sanitario cuando es necesario y la aplicación de intervenciones adaptadas a cada paciente.

Estas intervenciones incluyen el seguimiento clínico en Atención Primaria y recomendaciones personalizadas sobre estilos de vida, apoyadas en herramientas digitales que facilitan la continuidad asistencial y el autocuidado.

Tras este encuentro internacional, Aragón prevé continuar trabajando en la aplicación de este tipo de modelos preventivos en el sistema sanitario, así como en la difusión de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas en el marco del proyecto.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves la vista previa del juicio contra un padre y un abuelo acusados de secuestrar al hijo del primero en octubre de 2022 en el Monasterio de Piedra (Nuévalos, Zaragoza), así como contra un tercer procesado por facilitarles un domicilio en el que ocultarse.

La Fiscalía solicita para el padre una pena de siete años de prisión como supuesto autor de delitos de detención ilegal y maltrato, además de la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años. Para el abuelo pide cinco años de cárcel y una multa, mientras que el tercer acusado —un amigo del progenitor— se enfrenta a dos años de prisión por un delito de encubrimiento.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2022, sobre las 18:40, en el aparcamiento del Monasterio de Piedra. El padre y el abuelo abordaron a la madre del menor —expareja del primero—, que se encontraba embarazada, con la intención de llevarse al bebé, de un año de edad.

Ante la negativa de la mujer a que le arrebataran al niño del carrito, el padre la empujó, la tiró al suelo y le propinó varias patadas, mientras que el abuelo la agarró del cuello y del pelo y golpeó su cabeza contra el suelo en varias ocasiones. También resultaron agredidas familiares que la acompañaban. Finalmente, el progenitor tiró del brazo del bebé para arrebatárselo y ambos huyeron en un vehículo.

Tras la sustracción, los acusados se trasladaron a una vivienda en la localidad madrileña de Parla, donde permanecieron ocultos con el menor gracias a la colaboración del tercer procesado, que les facilitó un teléfono móvil, un coche y un domicilio en el que esconderse con el objetivo de dificultar su localización.

La Guardia Civil logró localizar al bebé al día siguiente y detuvo a los implicados. El menor fue devuelto a su familia materna y presentaba erosiones en la cabeza, el abdomen y el muslo, así como un hematoma en un brazo, lesiones que requirieron 15 días de perjuicio básico.

El Ministerio Público considera que los hechos fueron premeditados y atribuye al padre un delito de detención ilegal y dos de maltrato, al abuelo un delito de detención ilegal y dos de lesiones leves, y al tercer acusado un delito de encubrimiento.

17 días de espera para acudir a su médico de cabecera. Este es el tiempo que le salía a Julio Planas al ir a pedir cita el 17 de abril: el sistema le daba consulta el 4 de mayo. Este vecino del barrio zaragozano de La Jota denuncia retrasos en torno a los 20 días para conseguir cita con el médico de familia y esperas “que superan el año” para algunas especialidades en el centro de especialidades Grande Covián. Ha presentado ya tres reclamaciones ante la Justicia de Aragón exponiendo la situación del barrio. Desde el Departamento de Sanidad explican que las demoras “no son la tónica general de este centro”.

Según explica este vecino, estos problemas no son puntuales ni estacionales. “No es algo del verano, lo llevamos sufriendo desde hace años”, asegura. De hecho, relata dificultades recientes para acceder a consulta incluso en situaciones que consideraba urgentes. “Fui a primera hora y ya no había citas. Tuve que buscarme la vida para que me atendieran una enfermera y una doctora que no era la mía”, apunta.

El vecino también critica la “falta de respuesta efectiva” por parte del Justicia de Aragón. En sus anteriores reclamaciones, señala que recibió respuestas en las que se atribuían las demoras a periodos concretos o se alegaba falta de capacidad ejecutiva para intervenir. La última queja, registrada el pasado 4 de marzo de 2026, fue contestada el 14 de abril. La Justicia le comunicó que remitían sus quejas a la Consejería responsable y exponiendo que, el informe solicitado anteriormente a Sanidad, todavía no había recibido respuesta.

Más allá del ámbito sanitario, Planas denuncia un “deterioro general del barrio”. En concreto, señala el estado de la calle Manuel Viola, donde residen alrededor de 1.000 vecinos, “con jardines sin mantener, zonas infantiles sin terminar y abundancia de vallas deterioradas”. También advierte de “problemas de urbanización derivados de nuevas construcciones que, al elevar el terreno, provocan acumulaciones de agua en garajes durante lluvias intensas”.

Asimismo, alerta de posibles riesgos en materia de accesibilidad: “Hay un edificio de diez plantas al que los bomberos difícilmente podrían acceder”, afirma. A su juicio, esta situación refleja un “agravio comparativo” respecto a otras zonas más céntricas de Zaragoza, pese a que los vecinos “también pagan impuestos”.

Por su parte, el Departamento de Sanidad sostiene que las demoras descritas no representan la situación habitual del centro de salud. “Puede haber algún momento puntual en que se alcance esa demora, pero no es la tónica general”, señalan fuentes del Ejecutivo autonómico, que subrayan que los médicos de familia reservan diariamente huecos para atender casos urgentes.

En relación con la atención especializada, el departamento indica que en el sector Zaragoza I, al que pertenece el centro Grande Covián, la demora media en algunas especialidades no alcanza el mes y no supera los siete meses en ninguna de las consultas garantizadas. Además, destacan que en los últimos cinco años el número de consultas con especialistas en el Servicio Aragonés de Salud ha aumentado un 18,69%, pasando de 1,8 millones en 2020 a 2,2 millones en 2025.

Hay territorios donde el futuro pasa por recuperar el pasado. En Los Monegros, ese pasado tiene forma de felino y mirada ámbar: el lince ibérico. Aunque Aragón ha dado ya sus primeros pasos en la reintroducción de esta especie en la cuenca del Huerva, la Sierra de Alcubierre sigue esperando.

No es por falta de condiciones, ni tampoco de apoyo social. El freno, según denuncian desde el territorio, tiene más que ver con decisiones políticas que con criterios ambientales.

“Participamos en los acuerdos de 2017 en las Cortes que impulsaban la reintroducción. Fue una iniciativa aprobada por unanimidad, pero estos procesos llevan un ritmo lento”, explica Héctor Azara, uno de los impulsores de la plataforma ‘Monegros por el Lince’ y alcalde de la localidad zaragozana de Farlete.

Como comparte en una entrevista a elDiario.es, aquella moción fue un punto de partida “importante” porque ponía “negro sobre blanco” la voluntad de avanzar hacia la reintroducción del lince en Aragón. Sin embargo, con el tiempo, se ha visto que los acuerdos políticos “no siempre se traducen en hechos con la misma rapidez”,

Un hábitat listo, pero sin lince

La Sierra de Alcubierre no parte de cero, ya que el lince habitó este territorio hasta bien entrado el siglo XX. “Hasta 1960-1980 había vestigios aquí. Es decir, esto es hace cuatro días”, subraya Azara.

Baja densidad de población, amplias zonas sin carreteras y, sobre todo, una elevada presencia de conejo —su principal alimento— convierten la zona en un espacio óptimo. “En Farlete hay densidades de más de 120 conejos por hectárea. Es una barbaridad”, señala.

Esa sobrepoblación, además, genera daños agrícolas: “El lince también ayudaría a reequilibrar ese desequilibrio porque aquí no hay depredadores”.

“No estamos hablando de un territorio que haya que preparar desde cero. Técnicamente, el informe es claro: el hábitat es idóneo. Otra cosa es la voluntad política para hacerlo posible”, sostiene Azara.

Mientras tanto, en otras zonas del país, el modelo ya funciona. Desde 2011, más de 400 linces han sido reintroducidos en España y Portugal dentro de programas como LIFE Lynxconnect, contribuyendo a elevar la población total hasta más de 2.400 ejemplares. Aragón se ha sumado recientemente con la liberación de ejemplares en la cuenca del Huerva, donde el proceso sigue su curso con inversión pública y apoyo europeo.

El bloqueo en Monegros

Pese a ese contexto favorable, en Los Monegros el proyecto se ha estancado. En 2025, las Cortes de Aragón respaldaron una iniciativa para descartar la reintroducción en esta comarca, alegando falta de consenso social y posibles riesgos para la ganadería.

Desde la plataforma lo cuestionan. “Empezamos a detectar reticencias políticas que no existen en otras zonas. En Andalucía, Extremadura o Portugal no hay este problema. Aquí sí”, afirma Azara.

“Lo que vemos es que el debate aquí no es tanto técnico como político. En otros territorios con condiciones similares o incluso más complejas, el lince ha salido adelante. Aquí, sin embargo, se ha generado un clima de bloqueo que no responde a criterios ambientales”, denuncia.

A su juicio, el rechazo no responde tanto a argumentos técnicos como a inercias políticas: “Hay personas a las que no les gustan los cambios porque pueden afectar a su ‘status quo’”.

También insiste en que parte del debate se ha construido sobre percepciones erróneas, ya que, tal y como explica, “estamos hablando de un depredador poco más que un gato, que puede causar los mismos daños que un zorro”.

“Y hay un dato importante que a veces se olvida: si se producen daños, el sistema de compensaciones del Gobierno de Aragón cubre esas pérdidas. Es decir, no estamos hablando de un riesgo sin red”, añade.

Una oportunidad para el territorio

La defensa del lince en Monegros no es solo ambiental, sino una apuesta por el futuro del medio rural.

“Cada vez hay menos agricultura, menos ganadería y menos gente. O cambiamos o desapareceremos”, advierte el alcalde de Farlete. Frente a ese escenario, la biodiversidad se plantea como motor económico.

Al mismo tiempo, subraya que el problema de fondo es que “si no generamos actividad económica, los pueblos se vacían”, por lo que “el lince puede ser una herramienta más dentro de un modelo de desarrollo rural que ya funciona en otros sitios”.

En este sentido, destaca que, en otras localidades, “hay gente que viene desde Londres, Alemania u Holanda y paga 150 o 300 euros por ver fauna salvaje. Eso genera una economía que antes no existía”.

“No se trata solo de biodiversidad. Se trata de turismo, de hostelería, de empleo indirecto. Allí donde se ha reintroducido el lince, ha habido movimiento económico. Eso es un hecho”, insiste.

El propio documental ‘El Retorno del Guardián’, estrenado en CaixaForum Zaragoza ante más de 200 personas, recoge esas experiencias. El filme conecta casos de éxito en enclaves como Doñana o Sierra de Andújar con el potencial de Los Monegros, subrayando el impacto positivo en empleo, turismo y tejido local.

“Tenemos que ver las amenazas como oportunidades”, insiste Azara, quien además advierte que “no podemos limitarnos a quejarnos mientras el territorio se vacía”.

Un futuro aún por decidir

El proceso de reintroducción no ha estado exento de participación. Reuniones con ayuntamientos, ganaderos, cazadores y colectivos sociales formaron parte de la fase inicial. Sin embargo, desde la plataforma denuncian que la información no siempre ha llegado a todos.

“Hay gente que ni siquiera se ha enterado de que ha habido reuniones en su pueblo”, lamenta, al mismo tiempo que insiste en que la idea es divulgar para que “la gente pueda conocer el proyecto y no haya un debate sin información completa”.

Por eso, ahora el foco está en la divulgación. La plataforma recorre municipios con proyecciones del documental y debates abiertos: “Queremos invitar a ganaderos, agricultores, asociaciones… que haya diálogo real y que la gente conozca antes de posicionarse”.

Mientras tanto, el contraste con otras zonas es evidente. En la cuenca del Huerva, los primeros ejemplares ya se adaptan al terreno en cercados y el proyecto ya tiene el foco puesto en generar empleo, inversión y expectativas. En Monegros, en cambio, el lince sigue siendo una posibilidad suspendida.

“Para mí, recuperar el lince también tiene un valor simbólico”, reflexiona Azara, quien añade que “nuestros antepasados cobraban por matarlo y ahora nosotros luchamos por devolverlo”. “Es una cuestión de justicia ecológica, pero también de identidad. Aquí hubo linces y ahora tenemos la oportunidad de que vuelvan”, concluye.

La pregunta que sobrevuela la estepa es si Aragón apostará por extender ese modelo de recuperación o si dejará fuera a uno de los territorios mejor preparados para acogerlo. Porque, más allá del animal, lo que está en juego es el equilibrio entre conservación, desarrollo y futuro rural.

Un senderista de 66 años, vecino de Zaragoza, ha fallecido este martes tras sufrir un desvanecimiento mientras realizaba una ruta en las inmediaciones de la sierra del Gabardón, en el término municipal de Fiscal (Huesca).

El aviso se ha recibido sobre las 11:30 en la Central Operativa (COS-062) de la Guardia Civil de Huesca, a través del 112 SOS Aragón, que alertaba de que uno de los integrantes de un grupo de cuatro senderistas se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar al afectado, los servicios de emergencia le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente no han podido revertir la situación y el hombre ha fallecido en el lugar.

El cuerpo ha sido evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Boltaña, donde ha sido transferido a los servicios funerarios.

El histórico Palacio de Fuenclara, construido en el siglo XVI, podría convertirse en un hotel. Varias cadenas hoteleras han mostrado su interés por visitar este inmueble, situado en el centro de la ciudad y que lleva años sin un uso definido. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha enseñado el estado actual del edificio a varias empresas que se han puesto en contacto con el Consistorio.

La posibilidad ha sido criticada por Zaragoza en Común (ZeC). Suso Domínguez ha manifestado la oposición frontal de su formación: “Simplemente pensar en la posibilidad de ceder el Palacio Fuenclara para un nuevo pelotazo de una empresa privada nos enseña dónde están las prioridades de este Gobierno de Natalia Chueca: no en salvaguardar el patrimonio, no en defender los intereses municipales, sino directamente en poner los bienes públicos al servicio del beneficio privado”, ha señalado.

El concejal ha asegurado entender “muchas cosas” al conocer esta opción: “Como la supresión de cualquier partida presupuestaria destinada a la rehabilitación de este espacio, o la negativa a instalar allí el Museo de la Semana Santa, echando de su espacio al Centro de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal. Utilizar la fórmula de la cesión de superficie para instalar un hotel puede además ser directamente contrario a la legalidad y pondremos todas las medidas para evitarlo”, ha concluido.

Lola Ranera, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, también ha criticado en redes sociales que considera un “escándalo” que, con el presupuesto más alto de la historia, “Chueca decida vender nuestro patrimonio y lo convierta en un producto de consumo en vez de un bien cultural vivo para la ciudad”.

Por su parte, el Ayuntamiento ha asegurado que, pese a haber mostrado el edificio a grupos hoteleros interesados, “no hay ninguna intención especial ni un plan para convertirlo en hotel”. Fuentes municipales recuerdan que se trata de un inmueble en el que no ha fructificado ningún proyecto en los últimos 30 años y cuya adecuación es “altamente costosa”.

La posible reconversión también ha generado críticas en redes sociales. El historiador Daniel Aquilué ha expresado su desacuerdo: “Zaragoza parece empeñada en seguir maltratando su patrimonio histórico renacentista. Ahora enajenando patrimonio municipal, público, común, en vez de los mil usos para todos que podría tener el palacio de Fuenclara”. Otros usuarios, por su parte, han planteado alternativas como ubicar en el edificio el Archivo Histórico Provincial.

Alto valor patrimonial

Desde Apudepa consideran esta propuesta “incompatible” con los valores histórico artísticos de la declaración de un Bien de Interés Cultural (BIC): “El patrimonio excepcional, más relevante, como es el caso de este palacio, tiene que ponerse al servicio de todos los ciudadanos y un hotel de lujo no lo es a todos los efectos, es incompatible con preservar sus valores fundamentales”.

Consideran que el edificio sufriría una transformación que “daría al traste con sus valores históricos acumulados a lo largo de los siglos” y que el Ayuntamiento de Zaragoza está “haciendo una dejación de sus deberes con el patrimonio y desoyendo a los vecinos de algo que nos pertenece a todo, todo ello a favor de un turismo de élite”.

El Palacio de Fuenclara cuenta con un notable valor patrimonial. El edificio, erigido en el siglo XVI en pleno casco histórico —a escasos metros de la calle Alfonso I y de la plaza de San Felipe—, formaba parte de uno de los principales enclaves aristocráticos de la ciudad.

De estilo renacentista, presenta una fachada de ladrillo cara vista con marcada horizontalidad y cuatro alturas —aunque originalmente fueron tres—, rematada por un alero de madera de tradición goticista. La planta baja, hoy ocupada por locales comerciales, habría ocultado el acceso original en arco de medio punto. En el interior, muy transformado por los distintos usos a lo largo de los siglos, se articula en torno a un patio central con cuatro columnas toscanas de fuste liso y un destacado arrimadero de cerámica de Muel. La escalera monumental, cerrada en altura a modo de cimborrio, es uno de los elementos más singulares del conjunto.

El inmueble tiene además una larga trayectoria histórica. Fue propiedad en el siglo XVI de la familia Agustín —en cuyo seno nació el humanista Antonio Agustín— y, posteriormente, pasó a manos de los condes de Fuenclara tras diversas reformas en el siglo XVII. Ya en el siglo XIX cambió su uso residencial para convertirse en sede de iniciativas sociales vinculadas al Arzobispado de Zaragoza.

Declarado Bien de Interés Cultural en 2002, el palacio pasó a ser de titularidad municipal en 2003. Desde entonces ha sido objeto de intervenciones de consolidación, aunque sin llegar a culminar un proyecto estable de uso. Esta falta de definición durante décadas es uno de los argumentos que esgrime el Ayuntamiento para abrir la puerta a nuevas propuestas, mientras que sus detractores insisten en la necesidad de preservar su carácter público y patrimonial.

“El patrimonio no es rentabilidad a corto plazo para unos pocos, es cultura, la de todos, y por ello este palacio es una oportunidad para ponerlo al servicio de toda la ciudad”, concluyen desde Apudepa.

Ya hace años que el Casademont femenino se ha convertido en un fenómeno de masas en Zaragoza. Alcazó un hito histórico en 2023, cuando en la Final de la Copa de la Reina acudieron al Pabellón Principe Felipe 10.800 espectadores —lo que, hasta 2025, fue el récord de asistencia en un partido de baloncesto femenino— y continúa con el éxito durante la temporada 2025-2026, al acabar la liga como líder. Ahora, su entrenador Carlos Cantero es noticia por tomar una decisión poco frecuente en el ámbito deportivo: acogerse a la baja por paternidad tras el nacimiento de su hijo.

El técnico ejercerá su derecho a la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado del menor, lo que implica su ausencia durante, al menos, las próximas semanas. En su lugar, será su segundo, Arnau Ferreres, quien asuma las funciones de primer entrenador, acompañado por el resto del cuerpo técnico.

La decisión se produce justo después de que el conjunto aragonés haya completado una de las mejores temporadas de su historia reciente. El Casademont cerró la fase regular como líder destacado, con 27 victorias en 30 jornadas, y consolidado como uno de los grandes aspirantes al título. A ello se suma su papel en Europa, donde logró un tercer puesto en la Euroliga tras disputar la Final Six en Zaragoza.

En este contexto, la ausencia de Cantero es significativa. No es frecuente que en el deporte de élite —y menos en plena lucha por el campeonato— un entrenador se aparte temporalmente por paternidad, a pesar de que se trata de un derecho reconocido por la legislación laboral.

Lejos de generar incertidumbre, el mensaje del técnico ha sido de plena confianza en el grupo. Antes de iniciar su permiso, trasladó su apoyo a la plantilla y al cuerpo técnico, convencido de que el equipo está preparado para afrontar el reto del 'playoff' con garantías.

El primer escollo será el cruce de cuartos de final ante el Estepona, en una eliminatoria a doble partido que abrirá el camino hacia el título, para el que las zaragozanas parten como favoritas.

La imputación de dos profesores por la muerte de un alumno durante un viaje escolar ha desencadenado un efecto dominó en los centros educativos de Zaragoza. En cuestión de días, varios institutos han decidido suspender actividades extraescolares, especialmente aquellas que implican desplazamientos, ante el temor creciente del profesorado a asumir responsabilidades legales sin un marco claro.

El caso se remonta a 2022, cuando un estudiante falleció en un viaje en Bélgica. La reciente decisión judicial de imputar a dos docentes por presunto homicidio por imprudencia profesional ha cambiado por completo la percepción del riesgo en el ámbito educativo. Lo que hasta ahora se consideraba una parte habitual de la labor docente —organizar viajes, excursiones o intercambios— se percibe hoy como una actividad con posibles consecuencias penales.

La reacción en los centros no se ha hecho esperar. Equipos directivos y claustros han optado por la prudencia: cancelar o replantear actividades que, en muchos casos, dependen de la voluntariedad del profesorado. Esta retirada responde a un contexto de inseguridad jurídica que los sindicatos llevan tiempo denunciando.

Varios institutos han optado por suspender total o parcialmente las actividades extraescolares, especialmente aquellas que implican desplazamientos fuera del centro. Entre los primeros casos confirmados se encuentra el IES Ítaca, directamente vinculado al suceso, que ha decidido cancelar las salidas. A esta decisión se han sumado también el IES Ramón y Cajal y el IES Benjamín Jarnés, donde los claustros han acordado suspender este tipo de actividades como medida preventiva. Según informa 'Heraldo de Aragón', el alcance del fenómeno, además, ha crecido en cuestión de días hasta 15 centros educativos en Aragón —14 de ellos en Zaragoza— que han suspendido ya estas actividades o los viajes fuera del centro, en un goteo constante de decisiones adoptadas en claustros. Según la Asociación de Directores de Instituto de Zaragoza (Adizar), se han unido los institutos Valdespartera (Zaragoza), Cierzo (La Muela), Sabina Albar (Bujaraloz) y Rodanas (Épila). TAmbién hay más centros que tienen programados claustros extraordinarios para tratar el tema en los próximos días. 

Reacción sindical

En este escenario, las organizaciones sindicales han mostrado una coincidencia en el diagnóstico, aunque con matices en sus estrategias. CGT Enseñanza Aragón considera que la imputación evidencia la falta de cobertura legal del profesorado y advierte de que, si no se establecen garantías claras, la negativa a realizar actividades extraescolares puede generalizarse. Además, ha reclamado medidas concretas como protocolos oficiales, ratios definidas, compensación por horas extra y asistencia jurídica para los docentes.

Por su parte, CCOO ha optado por trasladar el conflicto al terreno público e institucional. Ha impulsado una campaña de recogida de firmas para exigir la regulación de estas actividades, subrayando que actualmente dependen en exceso de la buena voluntad del profesorado. Su estrategia busca generar presión social y política para forzar una respuesta normativa.

Desde CSIF han recordado que ya había advertido previamente de esta situación. El sindicato había solicitado a la Administración una regulación específica y ahora insiste en la necesidad urgente de establecer protocolos y reforzar la protección jurídica de los docentes. Su discurso se centra en la prevención y en la responsabilidad de la Administración.

Otras organizaciones, como ANPE, coinciden en el diagnóstico y hablan abiertamente de “vacío legal”, mientras alertan de que están recibiendo avisos de centros que se plantean suspender actividades.

UGT se alinea con el resto de organizaciones en el diagnóstico general sobre la falta de recursos y de normativa clara está deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y poniendo en riesgo actividades complementarias clave para la formación del alumnado.

Los sindicatos coinciden en que el actual modelo no es sostenible porque las actividades extraescolares implican una responsabilidad elevada, una dedicación que excede el horario laboral y, en el contexto actual, un riesgo legal que muchos docentes no están dispuestos a asumir. El fenómeno se extiende de forma desigual, con decisiones que van desde la suspensión total hasta la renuncia individual de docentes a participar en viajes o salidas. La presión se dirige ahora al Gobierno de Aragón, que se enfrenta a la necesidad de clarificar las reglas del juego.

Una ganadera de Villafranca de Ebro ha presentado un recurso de alzada contra la última resolución sanitaria del Gobierno de Aragón en materia de festejos taurinos, al considerar que le exige condiciones “de imposible cumplimiento”. La normativa autonómica, asegura, le obliga a vacunar a sus reses para poder desplazarse y, al mismo tiempo, le prohíbe acceder a las vacunas por encontrarse en zona libre, lo que deja su actividad en un “callejón sin salida legal”.

La titular de una explotación de ganado de lidia en Zaragoza, Natalia Moreno, ha iniciado acciones administrativas solicitando la nulidad de la reciente resolución publicada el 21 de abril en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), al entender que vulnera sus derechos y bloquea su actividad económica, lo que resume “es una ruina absoluta”. La ganadera sostiene que la nueva normativa endurece de forma “arbitraria” las condiciones sanitarias justo en el momento en que solicitó autorización para participar en festejos taurinos en la provincia de Huesca.

Según su relato, el conflicto se origina tras varias reuniones mantenidas con responsables autonómicos en las que se le trasladó verbalmente la imposibilidad de realizar estos desplazamientos durante meses, pese a que la normativa vigente en ese momento contemplaba un horizonte más flexible. Ante esta situación, registró formalmente una solicitud de movimiento de ganado y vacunación voluntaria el 15 de abril.

Sin embargo, ese mismo día —según denuncia— la Administración firmó una nueva resolución que introduce la obligatoriedad de vacunar a los animales para permitir su traslado. El problema, argumenta, es que dicha exigencia resulta imposible de cumplir, ya que la propia Administración le niega el acceso a las dosis al encontrarse su explotación en una zona considerada libre de la enfermedad.

La ganadera considera que esta actuación constituye un caso de “mala fe administrativa” y una vulneración del principio de confianza legítima, al modificarse las reglas sin responder previamente a su solicitud. Además, denuncia un agravio comparativo con otras comunidades autónomas como La Rioja o la Comunidad Valenciana, donde sí se permiten desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día bajo estrictas medidas de bioseguridad.

En su recurso, también apela al protocolo nacional del Ministerio de Agricultura, que contempla excepciones para explotaciones no vacunadas mediante evaluaciones de riesgo, controles veterinarios y medidas como la desinsectación. A su juicio, Aragón estaría ignorando este marco estatal y aplicando restricciones más severas sin justificación técnica.

La situación, advierte, no solo afecta a su explotación, sino que supone un perjuicio económico directo al impedirle cumplir más de veinte contratos ya previstos. Por ello, ha solicitado una autorización excepcional urgente para poder continuar con su actividad y, de no obtener respuesta, anuncia acciones legales y reclamaciones por daños y perjuicios.

Asimismo, ha pedido la suspensión cautelar de la resolución recurrida, al considerar que provoca un perjuicio irreparable basado en requisitos que califica de inviables. La ganadera, propietaria de 250 reses, insiste en que no solicita privilegios, sino la aplicación de soluciones técnicas ya utilizadas en otras regiones y avaladas por el propio Ministerio.

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación han explicado que se trata de una normativa de la Unión Europea que impide que las ganaderías de zonas limpias de Dermatosis Nuclear Contagiosa (DNC) puedan entrar en zonas de vacunación como es Huesca sin la necesidad de vacunación ni los 28 días hasta alcanzar la inmunidad. Además, alegan que se ha atendido en diversas ocasiones a dicha ganadería y se les ha explicado que nos es decisión del Gobierno de Aragón “sino que nos limitamos a cumplir con el reglamento europeo de sanidad animal”.Con respecto a la flexibilidad de protocolos en otras comunidades autónomas, el Departamento diferencian los casos de La Rioja y Valencia porque su situación es diferente, “donde no han sufrido casos de de DNC ni están limitados por la zona de vacunación”.

La polémica por la instalación de una valla que separa los patios de dos colegios públicos de Zaragoza se ha reactivado tras conocerse su coste. Las familias solicitaron esta información a través del Portal de Transparencia, que ha respondido que la obra asciende a 48.101,90 euros (IVA incluido) y se ha financiado con fondos del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza, como órgano de contratación.

Desde el AMPA del CEIP Cesáreo Alierta aseguran que el Gobierno de Aragón “mintió” al afirmar que la intervención se financiaría con fondos de funcionamiento de los propios centros. “Es una barbaridad de dinero; con esa cantidad se podrían haber instalado sistemas de climatización o ventiladores en las aulas para evitar que nuestros niños pasen calor en verano”, lamentan. Este diario ha consultado por esta cuestión al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y, por el momento, no ha recibido respuesta.

La petición se ha repetido en varias solicitudes registradas por familias de ambos centros, que reclamaban conocer tanto el presupuesto total de la actuación como la administración responsable de asumirlo. Los dos colegios han tenido el patio unido desde su inauguración, hace 60 años.

Las familias del Cesáreo Alierta han hecho una estimación de “lo que se podría haber hecho con esos 48.000 euros”. Plantean que se podría mejorar la temperatura de muchas aulas, con un coste total de 41.000 euros. Contemplan el gasto de ventiladores de techo para 30 aulas, lo que supondría unos 13.500 €, estores térmicos por 10.500 €, aire acondicionado eficiente en el comedor y la zona de psicomotricidad con un coste aproximado de 12.000 €, y pintura reflectante para aislar determinadas zonas por 5.000 €.

Con los 7.100 euros restantes plantean comprar material escolar. “Hay varias opciones: pizarras digitales, proyectores nuevos, renovar la biblioteca escolar o tablets educativas. Pero desde arriba prefieren malgastar el dinero en una valla que nadie quiere ni se necesita”, añaden.

La oposición de las familias no es nueva. Ambos centros —CEIP Cesáreo Alierta y CEIP Doctor Azúa— ya emitieron comunicados en los que rechazaban la medida. Desde el AMPA del Cesáreo Alierta defendieron “mantener la unidad física de los patios escolares”, al considerar que favorece la cercanía entre centros y las relaciones dentro de la comunidad educativa. “Llevamos más de sesenta años compartiendo este espacio”, subrayaron, y criticaron que la decisión no se trasladara previamente a las familias ni se explicara su finalidad.

En la misma línea, el AMPA del Doctor Azúa expresó su “rechazo absoluto” a la instalación de la valla, al considerar que rompe “una convivencia histórica de más de 60 años”. Además, alertaron de posibles consecuencias negativas para el alumnado, como riesgos en materia de seguridad y emergencias —ya que anteriormente los accesos permitían el paso de ambulancias—, dificultades para la conciliación familiar en casos de hermanos escolarizados en ambos centros y el impacto en actividades compartidas fuera del horario lectivo. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) también calificó la decisión como “inexplicable2: ”Asistimos con profunda tristeza a una decisión inexplicable del Servicio Provincial y del Departamento de Educación, que lejos de trabajar por reconstruir la maltrecha convivencia en el centro Cesáreo Alierta, se empeña en levantar muros, separando espacios y dividiendo voluntades“.

Las familias también cuestionan la gestión de los recursos públicos. Consideran “indignante” destinar fondos a una actuación que, a su juicio, genera división, mientras persisten deficiencias estructurales en los centros. Los patios permanecen unidos desde su construcción en la década de 1960, una situación que las AMPAs defienden preservar.

Casi la mitad de los accidentes laborales, en concreto el 49,32%, se deben a factores relacionados con la organización del trabajo, una responsabilidad “única y exclusiva” de las empresas. Así lo ha señalado la técnica de prevención de UGT Aragón, María José Salvo, durante un receso de la jornada celebrada este martes, 28 de abril, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada por CCOO y UGT en Zaragoza.

Salvo ha explicado que, históricamente, la prevención de riesgos laborales se ha tratado en muchas empresas como un mero trámite burocrático, centrado en cumplir con la documentación sin realizar evaluaciones que identifiquen de forma real los riesgos. “No hay una evaluación que recoja todos los riesgos”, ha subrayado.

Junto a la organización del trabajo, la gestión de la prevención, el uso de maquinaria y las condiciones laborales figuran como los principales factores de siniestralidad, mientras que las circunstancias individuales tienen un peso menor. En este sentido, ha rechazado que se responsabilice a los trabajadores de los accidentes. “Ya vale de culpabilizar a los trabajadores con frases como que estaba despistado o no tenía formación”, ha afirmado. Estas conclusiones se apoyan en los informes del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), organismo del Gobierno de Aragón especializado en prevención.

Uno de los aspectos destacados es el peso de las pequeñas empresas en la siniestralidad. Casi el 50% de los accidentes laborales en Aragón se producen en compañías de menos de 50 trabajadores, donde no existe la obligación de contar con un comité de seguridad y salud. Según Salvo, esta ausencia de representación dificulta la detección de riesgos y la adopción de medidas preventivas.

En los tres primeros meses de 2026 se han registrado en Aragón 4.774 accidentes laborales, de los que 12 han sido mortales in itinere o durante la jornada laboral.

Bajas por incapacidad temporal

La jornada también ha abordado el incremento de las bajas por incapacidad temporal. Los procesos de corta duración (menos de 15 días) han aumentado en torno a un 32%, mientras que los de larga duración crecieron un 92% en 2025, especialmente vinculados a trastornos musculoesqueléticos y problemas de salud mental, como la ansiedad.

UGT relaciona este aumento con las listas de espera sanitarias. Como ejemplo, Salvo ha señalado que en 2024 el tiempo medio para acceder a traumatología era de 169 días, mientras que en neurocirugía alcanzaba los 396 días, lo que prolonga los procesos de recuperación. A ello se suman factores como el envejecimiento de la población trabajadora, el estrés laboral y la reincorporación prematura al puesto de trabajo.

Por ello, el sindicato reclama más inversión en el sistema sanitario y que determinadas bajas derivadas del trabajo se consideren contingencias profesionales y sean asumidas por las mutuas, con el objetivo de reducir la presión sobre la sanidad pública y acortar los tiempos de recuperación.

Según Salvo, el otro 50% de los accidentes está relacionado con los ritmos de trabajo y la falta de sustitución de bajas, lo que incrementa la carga laboral sobre el resto de la plantilla y repercute negativamente en su salud.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado sectores especialmente afectados como el sociosanitario, caracterizado por la precariedad y la sobrecarga de trabajo. Ha denunciado situaciones en las que “dos personas hacen el trabajo de cinco”, lo que deriva en problemas físicos y de salud mental y en enfermedades profesionales que no siempre se reconocen.

Clarimón también ha advertido contra el uso del término absentismo para referirse a las bajas médicas, defendiendo que se trata de un derecho vinculado a la recuperación de la salud. “No se puede criminalizar a las personas trabajadoras por enfermar”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que, pese al aumento de las bajas, los datos reflejan un crecimiento de la productividad empresarial, los beneficios y las horas extra no remuneradas, lo que, a su juicio, contradice el discurso que responsabiliza a los trabajadores.

Ambos sindicatos han coincidido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y han reclamado el objetivo de reducir la siniestralidad laboral hasta alcanzar la mortalidad cero.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como la anorexia o la bulimia nerviosa, son enfermedades complejas que suponen un alto riesgo para la integridad física y mental de las personas y afectan también a su entorno cercano. En Aragón, la atención hospitalaria dispone de recursos limitados —cuatro camas de hospitalización completa y seis plazas en hospital de día— en un contexto en el que, según alertan los profesionales, la presión estética influye en su desarrollo y los casos se detectan a edades cada vez más tempranas, incluso en menores de nueve o diez años, mientras aumentan también los diagnósticos de bulimia en adultos.

El doctor Pedro Manuel Ruiz ha sido durante años responsable de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) para menores del Hospital Clínico de Zaragoza. Junto a otros profesionales, en 2022 participó en la elaboración de la guía de detección temprana de TCA, el programa Zarima, dirigida a pacientes menores de edad. Este recurso, accesible online, está orientado a la prevención en el ámbito escolar y a la formación de otros profesionales, como monitores de tiempo libre, educadores sociales o personal formativo.

Ruiz explica la evolución de los casos atendidos en los últimos años: “Tras la pandemia aumentaron las personas afectadas, y de los 70 casos en 2019 se pasó a 140 en 2021, un registro histórico en nuestra UTCA de referencia para menores de todo Aragón. Los casos atendidos por la unidad se duplicaron en los meses de aislamiento por el COVID, aunque ahora en 2025 han vuelto a bajar a menos de 100. El problema es que también ha bajado la edad de inicio de estas enfermedades, antes aparecían sobre los 16 y ahora es a los 12 o 13 años”.

Respecto a la evolución de los pacientes, alrededor del 65% logra superar el trastorno a los cinco años del inicio del tratamiento. Los indicadores de recuperación incluyen “un peso dentro de normalidad, el índice de masa corporal entre 18 y 24,9 Kg/M2, una conducta alimentaria sin patología, con dieta variada y en compañía disfrutando de los alimentos y el momento relacional, eutimia (estabilidad emocional) y una buena aceptación corporal y desarrollo emocional y relacional.”

Detonantes multifactoriales y comorbilidad

Tanto Ruiz como el psicólogo Juan Novel coinciden en que los TCA tienen causas múltiples, que pueden agruparse en factores individuales, sociales y familiares. Entre los detonantes más frecuentes señalan el acoso, el bullying, acontecimientos vitales estresantes, duelos o traumas previos. Además, es habitual la comorbilidad con otros problemas de salud mental. Ambos profesionales explican que “van aparejados con depresión, ansiedad, autolesiones no suicidas, trastornos de déficit de atención, de conductas obsesivas, del espectro autista (TOC, TDAH, TEA) o de neurodesarrollo, y los de personalidad”.

Para el psicólogo Juan Novel, que trabaja con pacientes adolescentes y adultos, la presión estética actual influye de forma directa en la aparición de estos trastornos: “Encontramos pacientes cada vez más jóvenes, con una media de edad de doce años pero hemos tenido incluso casos de diez y realizamos intervenciones para que los pacientes reconozcan que tienen un problema”.

En este sentido, señala que influye “el modelo de belleza actual, que ejerce presión social especialmente en las mujeres y adolescentes con referentes sociales muy jóvenes, músicos, actrices, cantantes, o campañas publicitarias con modelos con delgadez extrema o intervenciones quirúrgicas que generan un ideal de belleza inalcanzable”. También apunta a la recuperación de “ideales de belleza de épocas pasadas”, como la “delgadez extrema de los años noventa”.

El psicólogo añade que esta presión también afecta a los adultos, con “imposiciones del ”cuerpo fit“ o estar en forma y hacer mucho deporte pensando en ejercitarse para luego poder comer. Relata que los psicólogos encuentran conductas de ”ortorexia, o adicción al deporte; contabilizar las calorías u obsesión por comer sano. La presión estética en nuestra sociedad es muy potente: por eso hablamos de gordofobia o encontramos estos casos de adicción al deporte“.”

Por su parte, Ruiz recuerda que los TCA son enfermedades psicosomáticas relacionadas con “el manejo de emociones negativas, el control y la identidad. Suelen ser más frecuentes en personalidades perfeccionistas obsesivas-evitativas en anorexia restrictiva, o con inestabilidad emocional e impulsividad en cuadros compulsivos y o purgativos”.

El abordaje de estos trastornos es multidisciplinar, con equipos integrados por psicología, psiquiatría, nutrición, enfermería y trabajo social, y terapias de carácter motivacional y cognitivo-conductual, muchas de ellas basadas en la familia. Pese a su complejidad, los profesionales coinciden en que se trata de un trabajo “muy gratificante”, con dos de cada tres pacientes recuperados.

Ruiz subraya además la importancia de la prevención y destaca que el programa Zarima, impulsado junto al Instituto Aragonés de la Juventud, ha sido pionero en España. Su aplicación en Aragón, Cantabria, Galicia y Canarias ha demostrado su eficacia mediante un ensayo clínico aleatorizado, con una disminución de casos en el grupo de intervención al año de seguimiento.

Falta de medios y continuidad asistencial

El psiquiatra Daniel Pérez describe una evolución similar en adultos, con “casos disparados durante la pandemia por el estrés añadido a los pacientes en tratamiento, y muchos más casos nuevos”. Actualmente, los nuevos diagnósticos han vuelto a niveles “similares a los de 2019, pero la suma total es mayor y también se están dando más en adultos, por trastorno por atracón y en hombres”.

En Aragón, el tratamiento hospitalario de los TCA cuenta con cuatro camas de hospitalización completa y seis plazas en hospital de día, con horario de 09:00 a 14:30. En el caso de pacientes mayores de edad, Pérez añade que “uno de los traumas detonantes puede ser una agresión sexual en todas sus variantes”, una situación que podría afectar a entre el 30% y el 60% de las mujeres con TCA.

El especialista recuerda que “son enfermedades muy peligrosas a nivel físico y mental con un alto grado de mortalidad, y también asociadas a lesiones (cortes)”. Asimismo, advierte de los efectos de la falta de continuidad asistencial: las pacientes no mantienen el mismo psiquiatra durante su tratamiento y “asisten a un continuo desfile de profesionales, con periodos donde suelen quedar plazas sin sustituir durante varios meses, y recortes en verano”.

El periodo estival, añade, es “una época especialmente sensible para estos trastornos y donde perdemos porque se cierra el Hospital de Día al no sustituir al personal en vacaciones.” Aunque coincide en que se trata de un trabajo enriquecedor cuando los pacientes se recuperan, señala que uno de los principales retos es que logren reconstruir un proyecto vital, ya que la enfermedad “afecta a todas las partes de la vida, parejas, familia, carrera laboral. Es una carrera de fondo”. También apunta a la falta de recursos adicionales, como “pisos asistidos donde residir o nutricionista”.

Señales de alerta y detección temprana

Los signos de alerta pueden ser variados. Ruiz recomienda vigilar “cambios de peso; prolongación del tiempo de comidas; saltarse comidas; evitar grasas o hidratos de carbono; comer solo alimentos diet, light o saludables; ir al baño siempre tras comer; cortar alimentos en trozos pequeños y removerlos en el plato”.

Pérez advierte de que estas conductas pueden pasar desapercibidas en fases iniciales: “obvias y muy fáciles, pero es una trampa. Cuando se descubre un TCA normalmente ya es antiguo y casi siempre lleva meses instaurado. Al principio es sutil, comer sano, mejorar la alimentación y cosas similares”.

Insiste en que la “trampa” reside en que los pacientes “se obsesionan con la alimentación, y el deseo de control se convierte en otra cosa. Se pasa a considerar que no comer está bien y comer está mal. No comer es sinónimo de controlar.”

Además de la guía del programa Zarima, la Fundación APE y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón encargaron en 2023 a la empresa zaragozana Imascono el desarrollo de una aplicación para adaptar el test SCOFF de detección temprana a un formato más accesible e intuitivo. ApeTest es un proyecto piloto gamificado en el que los estudiantes responden a las preguntas del cuestionario SCOFF —acrónimo en inglés de Sick, Control, One, Fat y Food—, que evalúan aspectos como los vómitos, el control de la ingesta, la pérdida de peso, la percepción corporal o la preocupación por la comida. Dos respuestas afirmativas constituyen una señal de alerta. La herramienta se ha utilizado ya en pruebas de detección en varios centros educativos, con la participación de alrededor de 800 estudiantes de secundaria.

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Nebraska', ha detenido a una persona por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición en la provincia de Zaragoza. La investigación se inició el pasado mes de septiembre de 2025 cuando, a través de cooperación policial internacional, se alertó de que una persona había intentado adquirir un arma corta, a través de una página de compra online de una armería de República Checa, sin llegar a formalizarse debido a la carencia de autorización por parte de las autoridades correspondientes y la licencia de armas necesaria para ello.

Fruto de las informaciones obtenidas se pudo determinar que el sospechoso podría haber adquirido armas denominadas “de alarma o señales”, comúnmente conocidas como armas de fogueo, con la intención de modificarlas para permitir el disparo con munición real, además de no haberlas regularizado en nuestro país declarando su compra e introducción, ni haberlas registrado a su nombre en el Registro Nacional de Armas. Asimismo, se constató la adquisición de diverso material destinado a la fabricación de munición, como rodamientos y proyectiles, o dianas para poder practicar tiro.

Como resultado de las gestiones practicadas, el pasado 14 de abril se llevó a cabo un registro en el domicilio del detenido, en Zaragoza, en el que se intervinieron, entre otros efectos, dos armas modificadas en condiciones de uso con munición real, cartuchos transformados, cartuchos detonadores, dianas de tiro, parches de tiro, rodamientos, proyectiles y fundas de porte de arma. Asimismo, en una de las estancias del domicilio, una zona a modo taller rudimentario donde tenía diversa herramienta que utilizaba para la modificación de las armas.

Por todo ello, se procedió a la detención de este varón, de 61 años de edad y vecino de Zaragoza, como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición. La Guardia Civil recuerda que la manipulación o transformación de armas de fogueo para su uso como arma de fuego real constituye un delito grave, además de suponer un importante riesgo para la seguridad pública. Asimismo, insiste en la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de armas y colaborar con las autoridades para prevenir su uso ilícito.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción defender en el pleno de esta semana unas condiciones “dignas” para los trabajadores de limpieza de edificios, un sector “esencial” que durante la pandemia sostuvo un servicio básico para la ciudadanía.

La iniciativa la ha presentado la portavoz de ZeC, Elena Tomás, junto a representantes de CCOO, UGT y OSTA, y ha subrayado que la responsabilidad política no recae solo en las patronales del sector, sino también en las administraciones que contratan, licitan y supervisan estos servicios.

En este sentido, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón “tienen la obligación de garantizar” que la prestación del servicio “no se haga a costa de empeorar las condiciones laborales ni de rebajar los estándares de calidad”, ha instado.

La moción pone el foco en dos cuestiones concretas. Por un lado, reclama instar a las patronales ASPEL y ASOAL a actualizar las condiciones laborales y salariales del sector, después de que los trabajadores lleven negociando desde enero sin avances reales, y sin trasladar a las plantillas la presión por maximizar beneficios empresariales ni utilizar el absentismo como excusa para recortar derechos vinculados a la incapacidad temporal.

Por otro, exige al Gobierno de la ciudad que entregue a los grupos municipales la documentación del primer trimestre de 2026 prevista en el pliego técnico, para poder comprobar si se están cumpliendo los controles de personal, calidad, incidencias, medios materiales e idoneidad del servicio.

Elena Tomás también ha explicado que, además, el último pliego “ha eliminado” mecanismos de control del servicio, ha reducido la capacidad de supervisión pública y ha priorizado criterios de metros cuadrados frente a las necesidades reales de personal. Esta forma de contratar deriva en “sobrecarga” de trabajo, pérdidas de empleos con jornadas completas y deterioro del servicio.

La portavoz municipal de Zec ha considerado “imprescindible” que el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico “asuman su parte de responsabilidad” y actúen para proteger a una plantilla “feminizada, precarizada y esencial” para el funcionamiento de los servicios públicos.

El sector emplea a 10.000 trabajadoras

En Zaragoza hay 10.000 trabajadoras del sector de la limpieza que reclaman un convenio digno, ya que sus salarios muchas veces no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los socialistas han anunciado que van a presentar iniciativas para mejorar el convenio y por ende sus condiciones laborales tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tras una reunión con las afectadas de las portavoces de las Cortes y del Ayuuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría y Lola Ranera, respectivamente, anunciaron que el PSOE seguirá acompañándoles tanto en la negociación del convenio como solidarizándose en sus movilizaciones para evitar su “invisibilidad” y dignificar su profesión. También los socialistas aragoneses trabajarán en la mediación con las empresas que las contratan.