La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado públicamente que la Reserva Marina de les Illes Columbretes ha permanecido sin personal de vigilancia durante 30 de los últimos 45 días. Según la organización anarcosindicalista, esta situación es consecuencia directa de los recortes que el Ministerio de Agricultura y Pesca ha aplicado en el presupuesto destinado a la empresa pública TRAGSATEC, lo que ha impedido la sustitución de un trabajador durante su periodo vacacional.

David Molina, trabajador de la reserva y delegado de CGT en TRAGSATEC, ha calificado la falta de cobertura como una “negligencia flagrante” que pone en peligro la conservación del ecosistema. La ausencia de efectivos ha tenido consecuencias inmediatas, ya que el personal de la Reserva Natural asegura haber avistado una embarcación de pesca profesional faenando en el interior del espacio protegido sin que hubiera personal de marina disponible para controlar sus actividades.

El sindicato también ha puesto de manifiesto lo que consideran una gestión ineficiente de los recursos públicos. Denuncian que, durante una de las quincenas en las que la reserva carecía de personal especializado, el Ministerio envió a dos inspectores de pesca que permanecieron tres días en el faro de la isla. Esta expedición se realizó a pesar de que no había flota activa en la zona y existía un parte meteorológico que anunciaba vientos de 100 km/h y olas de cuatro metros, condiciones que imposibilitaban cualquier labor de vigilancia.

Finalmente, CGT ha criticado la falta de medios materiales, recordando que la isla se encuentra sin embarcación propia desde el pasado mes de octubre. Desde la organización sostienen que la sostenibilidad medioambiental no debe defenderse únicamente con discursos institucionales, sino mediante la dotación de recursos reales en el mar, señalando que actualmente se está fallando en las labores de protección más básicas.

La industria cerámica de Castellón ha trasladado su batalla por la supervivencia al corazón de la Unión Europea en una jornada marcada por la unidad institucional y política. La reciente escalada bélica y la crisis derivada de la guerra de Irán han terminado por agravar un escenario ya de por sí crítico, caracterizado por la asfixia de los costes energéticos y una presión normativa que amenaza la viabilidad del clúster. Ante esta situación límite, el Gobierno de la Generalitat, a través de la consellera de Industria, Marián Cano, ha sellado una alianza estratégica con el vicepresidente de la región italiana de Emilia-Romaña, Vincenzo Colla, para exigir a Bruselas una rectificación inmediata en sus políticas de descarbonización.

La firma de este manifiesto conjunto, realizada en el Parlamento Europeo, supone un desafío a la rigidez del actual sistema de comercio de derechos de emisión (RCDE). La consellera Marián Cano ha defendido la competitividad de un sector que representa el 80% de la producción europea de baldosas y que sostiene más de 38.000 puestos de trabajo directos. Durante el acto, Cano ha alertado de que la industria se enfrenta a normativas que no se ajustan a las capacidades tecnológicas actuales, beneficiando únicamente a la especulación financiera en detrimento de la producción real. Por ello, la Generalitat y el gobierno regional italiano han solicitado formalmente la suspensión temporal del régimen de emisiones hasta que se desarrolle una reforma más equilibrada y eficaz que no destruya el tejido industrial que pretende transformar.

Esta alianza, que cuenta con el respaldo de las patronales ASCER y Confindustria Ceramica, plantea medidas de emergencia para salvaguardar la capacidad de inversión de las empresas. Entre las peticiones concretas remitidas a la Comisión Europea figuran la congelación de los derechos de emisión gratuitos actuales y la suspensión de la revisión de los valores de referencia para el periodo 2026-2030, especialmente en lo relativo a los combustibles. El objetivo es evitar una mayor distorsión del mercado y garantizar una competencia leal frente a productores extracomunitarios que operan con estándares medioambientales y sociales considerablemente menos estrictos, para lo cual también se reclama la implementación de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono realmente eficaz.

Unidad política frente a la amenaza geopolítica

La urgencia de estas medidas se ha visto acentuada por la inestabilidad internacional derivada del conflicto en Irán, un factor que ha unido a todas las formaciones políticas de Castelló en una defensa sin fisuras del sector. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha recordado que la cerámica es el corazón de dieciocho municipios de la provincia y ha insistido en que aumentar los costes a los productores más eficientes del mundo no reduce las emisiones globales, sino que solo debilita a quienes están liderando la innovación.

En la misma línea, el portavoz socialista castellonense Samuel Falomir ha advertido sobre el riesgo real de deslocalización, señalando que endurecer las exigencias sin alternativas tecnológicas viables acabará empujando la producción fuera de Europa, destruyendo la estabilidad de miles de familias.

Por su parte, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha puesto el foco en cómo la situación en Irán está agravando la incertidumbre de los mercados, exigiendo que la transición industrial sea justa y vaya acompañada de un refuerzo decidido de la financiación europea a través del Banco Europeo de Inversiones.

Todas las voces presentes en Bruselas coinciden en que el sector cerámico necesita un programa estratégico específico que acelere el desarrollo de tecnologías de descarbonización y captura de CO2. Sin este apoyo y sin la reciprocidad comercial exigida, los representantes castellonenses y valencianos han advertido que la transición ecológica corre el riesgo de resultar inalcanzable, dejando a la industria europea desarmada ante una competencia mundial desleal.

Los grupos municipales del PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Castelló han informado este lunes de que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre los contratos del Patronato Municipal de Turismo correspondientes al ejercicio 2024, un órgano presidido por la concejala Arantxa Miralles y bajo la responsabilidad del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Begoña Carrasco.

La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha explicado que esta decisión llega tras las denuncias presentadas por socialistas y Compromís, y supone “un paso más” respecto a las advertencias que ya había realizado la Intervención municipal en un informe técnico.

“Lo que hasta ahora eran advertencias técnicas, hoy pasan a estar bajo investigación”, ha señalado Puerta, quien ha remarcado que la Fiscalía ha visto “indicios suficientes” para analizar la gestión de los contratos.

Según ha detallado, durante 2024 más del 70% del gasto del Patronato de Turismo, más de 680.000 euros, se tramitó mediante contratos menores, evitando procedimientos ordinarios de concurrencia. “El problema no es solo la cifra, es el patrón: actividades previsibles y recurrentes se han adjudicado año tras año como contratos menores en lugar de planificarse”, ha denunciado.

En este sentido, ha advertido de que el informe de la Intervención General Municipal apunta que esta práctica podría implicar un posible fraccionamiento de contratos, prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público. “El contrato menor ha dejado de ser una excepción para convertirse en norma”, ha insistido.

Puerta ha defendido la prudencia mientras duran las investigaciones, pero ha afirmado que “la gestión del gobierno de Begoña Carrasco vuelve a quedar en entredicho” y ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas. “Castelló merece una gestión transparente, rigurosa y a la altura de lo que exige la ciudadanía”, ha concluido.

Graves irregularidades

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha recordado que el informe de Intervención del pasado mes de enero ya advertía de graves irregularidades en la tramitación de los contratos menores, incluyendo el incumplimiento de la normativa municipal, la falta de justificación en la adjudicación a determinadas empresas y la no comprobación de sus obligaciones con la administración.

Garcia ha señalado que estos hechos apuntan a un modelo de gestión basado en la adjudicación “a dedo” en lugar de licitaciones abiertas y plurianuales que garantizarían mejor calidad y precio para la ciudad.

Ante esta situación, Compromís solicitó la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos y determinar si se trata de una mala praxis o si se ha beneficiado injustamente a determinadas empresas. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox.

“El hecho de que ahora la Fiscalía haya abierto diligencias debería hacer entender al gobierno municipal que hace falta una investigación política”, ha afirmado Garcia, quien ha criticado la falta de transparencia del ejecutivo local. “Lo que hemos visto hasta ahora es un intento de ocultar la realidad, y ahora son otras instancias las que investigan lo que el Ayuntamiento no ha querido aclarar”.

Finalmente, Compromís ha cuestionado la coherencia de Vox, partido al que pertenece la concejala de Turismo, recordando que ha rechazado todas las comisiones de investigación propuestas mientras públicamente reclama transparencia y colaboración con la justicia.

El Patronato Municipal de Turismo de Castelló ha designado a su nueva gerente en un proceso marcado por la participación de la propia seleccionada en el órgano encargado de elegirla y también en el proceso de rebaja de exigencias. Esther Labaig formaba parte del Consejo Rector del Patronato como vocal en representación de la Generalitat en el momento en que se impulsó el proceso de elección para la plaza de gerente, una posición desde la que se presentó como aspirante, suspendió el proceso inicialmente por no alcanzar el nivel de inglés exigido, y posteriormente votó a favor de rebajar este nivel de idioma, para así, finalmente, poder reincorporarse al proceso selectivo y resultar ganadora de la plaza de gerencia.

Labaig ejerció como Directora General de Turismo durante los primeros meses del gobierno de Carlos Mazón (PP), entre agosto y diciembre de 2023. Fue precisamente durante ese periodo en el Ejecutivo autonómico cuando fue nombrada vocal del Patronato en representación de la Generalitat. Posteriormente mantuvo su condición de vocal como representante de la administración valenciana, como directora del Centro de Turismo (CdT), cargo que ocupaba desde 2008 excepto el paréntesis como Directora General, y que posteriormente abandonó tras no consolidar su plaza.

La secuencia de los hechos queda reflejada en las actas de las sesiones del Consejo Rector de 2025. El 7 de octubre de ese año, la plaza se declaró desierta tras confirmarse que dos de los aspirantes no cumplían con el nivel C1 de inglés original, uno de ellos Esther Labaig. En esa misma reunión, Labaig participó en la votación para “iniciar las actuaciones para una nueva convocatoria revisando los criterios de idoneidad incluidos en las bases, en especial, el criterio del requisito del conocimiento del nivel C1 de lengua inglesa”.

Apenas una semana después, el 14 de octubre de 2025, el Consejo Rector volvió a reunirse con la presencia de Labaig para elevar a la Junta de Gobierno las nuevas bases que fijaban el nivel B2 como suficiente. Una vez modificado el listón idiomático, Labaig volvió a concurrir al proceso. En la resolución final del 27 de febrero de 2026, la propuesta de la Presidencia se inclinó a su favor frente a otros perfiles que sí poseían titulaciones superiores (como el nivel C1 que acreditaba otro aspirante), justificando la decisión en su “conocimiento profundo del sector turístico de Castellón” y su experiencia previa en la dirección del CdT.

El proceso concluyó con la propuesta de “nombrar a doña María Esther Labaig Gallardo (...) para ocupar el puesto de trabajo de Gerente”, con una retribución de 55.237,71 euros anuales. El nombramiento se formalizó destacando que la candidata posee una “visión integral del sistema de gobernanza turística” y una trayectoria adecuada para la implementación del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad.

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado el la elección afirmando que “no es aceptable primera la reducción del nivel de inglés por un lugar de gerente de patronato de turismo y mucho menos que las bases y la reducción de la exigencia la haya votado la propia candidata que después ya sido gerente”. Garcia, que ha recordado también el caso del concejal de Informática del PP que ha ganado una plaza de funcionario en el área que dirige tras evaluarlo subordinados, ha señalado que el de Begoña Carrasco es “un gobierno de mangoneo”.

elDiario.es ha intentado contactar con Esther Labaig para recabar su postura, pero la gerente todavía no ha respondido.

Una situación de ética como mínimo cuestionable, así se considera el nombramiento definitivo de Francisco Cabañero, actual concejal de Modernización e Informática con el PP en Castelló de la Plana, como funcionario de carrera en el mismo departamento que él dirige. El proceso, aunque legalmente válido, ha despertado duras críticas por la falta de estética ética al haber sido evaluado por personal que depende jerárquicamente de su gestión.

El origen de esta situación se remonta al anterior ejecutivo progresista, que redactó las bases de estabilización para reducir la temporalidad en la administración. Sin embargo, la convocatoria oficial se produjo en junio de 2023, momento en el que Cabañero ya conocía su condición de concejal electo y su inminente entrada en el Gobierno municipal. A pesar de su nueva responsabilidad política, el edil decidió continuar con el proceso para consolidar su plaza técnica en la casa.

El conflicto del tribunal evaluador

Uno de los puntos más críticos de la convocatoria ocurrió en octubre de 2024. Inicialmente, el tribunal encargado de calificar las pruebas estaba compuesto por subordinados directos de su propio departamento de Informática. Tras las protestas de la oposición y las dudas sobre la imparcialidad del proceso, se procedió a una modificación del órgano evaluador.

Finalmente, el tribunal fue sustituido por una funcionaria informática de la Diputación de Castelló y tres funcionarios municipales ajenos al área de Modernización. No obstante, las críticas persisten, ya que estos últimos no dejan de ser subordinados indirectos de Cabañero en su calidad de miembro del Gobierno local.

Críticas de la oposición: “Legal, pero no ético”

Desde Compromís, el concejal Ignasi Garcia ha denunciado la oportunidad del anuncio, señalando que el nombramiento debería haberse hecho público en enero, pero se ha demorado hasta mediados de marzo, coincidiendo con las fiestas de la Magdalena.

“Es un nombramiento legal, pero carece totalmente de ética”, afirma Garcia. “El concejal debería haber dimitido en el momento en que decidió presentarse a una plaza de su propio departamento, pero si no lo hizo entonces, al menos debe hacerlo ahora que el proceso ha concluido”.

Para la formación valencianista, el hecho de que el Gobierno municipal cambiara el tribunal original es la prueba de que “sabían que era un proceso estéticamente inaceptable”. Por el momento, Cabañero mantiene su acta de concejal mientras consolida su futuro como funcionario en la misma administración que hoy lidera políticamente.

La Plaza Mayor de Castellón se convirtió la noche de este martes en el escenario principal de las fiestas fundacionales con la esperada entrega de los premios a los mejores monumentos y llibrets de la Magdalena 2026. En una velada marcada por la emoción y el reconocimiento al patrimonio artístico de la ciudad, la Gaiata 15, Sequiol, se alzó con el máximo galardón en la categoría de mejor Gaiata, mientras que la Gaiata 6, Farola-Ravalet, obtuvo el primer premio a la mejor Gaiata Infantil. Estos reconocimientos ponen en valor el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que las 19 comisiones de sector realizan durante todo el año para dar vida a los emblemáticos monumentos de luz.

El acto oficial contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quien estuvo acompañada por las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, sus respectivas Damas de la Ciudad y varios concejales del equipo de gobierno. Durante su intervención, Selma destacó la intensidad emocional de la noche y aprovechó para felicitar no solo a las comisiones ganadoras, sino al conjunto de los 19 sectores gaiateros por su labor constante para engrandecer las fiestas. Según la edil, este esfuerzo colectivo es el que permite que Castellón luzca cada año sus mejores monumentos de luz, consolidando la identidad de la Magdalena.

En lo que respecta a la competición de los monumentos mayores, la propuesta de Sequiol logró el primer puesto gracias a una ejecución que destacó por su alto nivel artístico y creativo. El podio de esta categoría se completó con la Gaiata 6, Farola-Ravalet, en segunda posición, y la Gaiata 7, Cor de la Ciutat, que obtuvo el tercer premio. Por su parte, el apartado infantil también dejó grandes momentos de alegría, especialmente para la comisión de Farola-Ravalet, que se llevó la victoria absoluta. En esta categoría, el segundo premio recayó en la Gaiata 13, Sensal, mientras que la Gaiata 15, Sequiol, redondeó su exitosa noche consiguiendo la tercera posición infantil.

Finalmente, la creatividad y la labor documental de las comisiones también fueron recompensadas a través de los premios a los llibrets. En este ámbito, la Gaiata 18, Crèmor, se hizo con el primer premio, seguida por la Gaiata 13, Sensal, y la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en segundo y tercer lugar respectivamente. Además, el valor artístico de las publicaciones se vio reconocido con el premio a la mejor portada de llibret, que fue otorgado a la Gaiata 5, Hort dels Corders, cerrando así una noche de gala que premia la esencia artesanal y cultural de las fiestas de Castellón.

La ciudad de Castelló ha vivido una de las citas más señaladas de su calendario festivo con la celebración de la Encesa de les Gaiates 2026. Este acto central de las fiestas fundacionales ha congregado a una multitud de ciudadanos en la avenida Rei en Jaume para presenciar el encendido de los 38 monumentos que representan a los 19 sectores de la capital de la Plana, desglosados en 19 gaiatas grandes y 19 infantiles. El evento ha destacado por una puesta en escena que ha combinado la luz secuencial con un espectáculo piromusical al ritmo de la Marcha de la Ciudad, poniendo en valor el trabajo artesanal realizado por las comisiones durante todo el año.

La edición de este año ha tenido una carga emocional significativa al estar dedicada a la memoria de Jorge Martí Obiol, miembro de la Gaiata 15 y jurado del concurso de mascletás, fallecido recientemente. Durante el acto se ha rendido un tributo público a su figura, definiéndolo como una estrella que desde ahora acompaña y guía la luz de los monumentos castellonenses. Este homenaje ha precedido al momento culminante de la noche, en el que los juegos de luces y la música han dado paso al encendido conjunto de todas las estructuras, creando una imagen de gran simbolismo para la identidad de la ciudad.

En el plano institucional, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido el evento acompañada por el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, quien asistía por primera vez a esta celebración. También han estado presentes la presidenta de les Corts, Llanos Masó, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y diversos miembros del Consell y de la corporación municipal. La alcaldesa ha manifestado su orgullo por el esfuerzo de los sectores gaiateros, mientras que el president de la Generalitat ha destacado la magnitud del espectáculo y el ambiente de hermandad que se ha respirado en las calles de la capital provincial durante toda la jornada.

La ceremonia ha concluido con un cierre pirotécnico que ha puesto el broche final a un despliegue técnico y artístico en el que han participado zancudos y locuciones narrativas. Con la iluminación total de la avenida, Castelló reafirma la relevancia de la Gaiata como su emblema festivo más querido. Las autoridades han coincidido en señalar que este acto no solo es una muestra de arte y tradición, sino también un punto de encuentro masivo que refleja el sentimiento colectivo de un pueblo orgulloso de sus raíces y de su capacidad para proyectar su historia a través de la luz.

Miles de castellonenses han desafiado al mal tiempo y han empuñado la caña coronada con la cinta verde para recorrer los 8 kilómetros que separan el núcleo urbano de la ermita de la Magdalena en la tradicional Romeria de les Canyes y conmemorar los orígenes de la ciudad.

El Ayuntamiento ha repartido a primera hora de la mañana 25.000 cañas, entre ellas algunas de talla infantil con el objetivo de implicar en la fiesta a las futuras generaciones de castellonenses.

Unas cañas coronadas con la tradicional cinta verde -este año se han repartido 200.000- y también muchas que también lucían una cinta morada (2.000) en conmemoración del Día de la Mujer y repartidas por la Coordinadora Feminista de Castellón. La presidenta de la Coordinadora, Mariví Garrido, ha explicado a EFE que no se quería restar protagonismo a la jornada festival, pero sí querían dar visibilidad a una fecha tan destacada para la lucha feminista.

Poco después del amanecer, la Plaza Mayor ha comenzado a llenarse de gente que acudía al tradicional reparto de las cañas y también a degustar el peculiar tentempié romero, la “barretxa” (mezcla de cazalla con vino dulce) y la “figa albardà” (un buñuelo de higo), que se toma en los diferentes puestos que habilitan los locales de hostelería en las inmediaciones.

Así, como cada tercer domingo de Cuaresma, la ciudad de Castelló se convierte en el punto de partida de la Romeria de les Canyes. Desde lo alto de la torre del Fadrí, la campana Vicente llamaba a la fiesta tañendo con fuerza para animar iniciar el viaje fundacional.

Preparados para empezar el camino de 8 kilómetros, a la peregrinación se han ido uniendo las miles de personas que han recuperado la tradición de empezar ya ese camino histórico desde el distrito marítimo y emprenden la marcha desde el Grao.

Tras la misa de romeros, la comitiva oficial ha dejado la Plaza Mayor encabezados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, seguidos por representantes de entidades festivas, gaiatas y otros invitados, y las reinas de las fiestas.

Después han partido también los representantes políticos, con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, los consellers Miguel Barrachina, Vicente Martínez Mus y Marián Cano, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina y la subelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García.

También han participado otros políticos como el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz o la presidenta de Les Corts, Llanos Massó.

Todos han partido hacia Sant Roc de Canet para almorzar alguna de los bocadillos típicos de la Romeria como el 'ximo' de Castelló, la tortilla de habas, la 'coca de tomata', y el tradicional 'figa y doset' y continuar luego hacia la ermita.

Con la vista puesta en el cielo, los romeros han ido llegando al ermitorio, done muchos se animan a tocar la campana, cuyo tañido pone banda sonora a toda la jornada.

Tras la misa y la comida, cada año más castellonenses se animan a realizar el camino de vuelta a pie, conocido como la 'tornà' ya que, en realidad, es la verdadera esencia de la fundación de la ciudad, y se dirigen por la antigua vía romana del Caminás hasta la basílica de la Virgen del Lledó porque, como manda la tradición: “Si vas a la Magdalena y no paras en Lledó, no puedes decir con la boca llena que eres hijo de Castellón”.

Durante la 'tornà' se efectúan varias paradas en las que se cantan antiguos gozos, y posteriormente la jornada festiva de hoy, conocida como 'Magdalena, festa plena', culmina por la noche con el desfile de las 'gaiatas'.

El proceso judicial en torno a las multas de la zona azul presuntamente impagadas por el ya exconcejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, del PP, ha tomado un nuevo impulso tras la notificación del Juzgado de Instrucción número 5. El magistrado ha comunicado formalmente a las partes la reapertura del caso atendiendo al mandato de la Audiencia Provincial, lo que supone un giro significativo en el calendario judicial de la ciudad. A través de un auto reciente, el juez subraya que es necesario continuar con la instrucción para esclarecer la participación de Ramírez en los hechos denunciados, dejando claro que su reciente salida del gobierno de Begoña Carrasco no exime de la necesidad de investigar si existió relevancia penal en su actuación.

La reapertura de estas diligencias se fundamenta en la extrañeza expresada por la Audiencia Provincial ante la caducidad sistemática de decenas de sanciones. Los magistrados superiores consideraron altamente sorprendente que un volumen tan elevado de multas pudiera prescribir sin llegar a notificarse nunca a una persona que resultaba perfectamente localizable para la administración por su relevancia pública. Por ello, la investigación se centrará ahora en determinar si detrás de esta prescripción masiva de sanciones, ocurridas principalmente entre enero de 2023 y enero de 2024, se esconde un presunto delito de tráfico de influencias o cualquier otra irregularidad administrativa que haya podido beneficiar al entonces responsable de Movilidad.

En esta nueva fase del procedimiento, el juzgado requerirá al Ayuntamiento de Castelló un informe detallado y exhaustivo sobre el historial de sanciones vinculadas al vehículo de Cristian Ramírez durante el periodo investigado. El juez quiere conocer con precisión el recorrido administrativo que siguió cada multa y esclarecer por qué muchas de ellas nunca llegaron a la fase de recaudación ejecutiva. Se analizarán minuciosamente los trámites realizados por los diferentes departamentos municipales para verificar si hubo algún tipo de instrucción interna o negligencia deliberada que permitiera que las sanciones caducaran antes de ser abonadas.

La presión sobre el exconcejal se ve reforzada por los datos aportados por el grupo municipal del PSPV, que constan en la documentación judicial. Según estas cifras, Ramírez pudo recibir hasta 167 sanciones en un solo año, de las cuales 88 habrían sido impuestas cuando ya ocupaba su cargo como concejal de Movilidad. El hecho de que al menos 70 de estas multas no figuren como pagadas y hayan terminado prescribiendo es el núcleo del conflicto que ahora la Justicia, con el apoyo de la Fiscalía, busca desentrañar para asegurar que no se ha producido un quebranto de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, la prohibición de acceder a las dependencias municipales con prendas que oculten el rostro, como el burka o el niqab. La medida, presentada por la formación de extrema derecha, ha salido adelante en un clima de confrontación política, donde la oposición ha acusado al equipo de gobierno de fabricar un problema inexistente para alimentar un relato de exclusión.

Esta decisión en la capital de la Plana se produce en un contexto de ofensiva coordinada de la derecha y la ultraderecha en distintas instituciones del país. Recientemente, el Congreso de los Diputados ya debatió una propuesta análoga de la extrema derecha que también contó con el apoyo del Partido Popular. Sin embargo, en aquella ocasión, la mayoría parlamentaria bloqueó la iniciativa al considerarla una vulneración de derechos fundamentales y una medida que carece de encaje constitucional, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido la prohibición apelando a la “seguridad jurídica” y a la protección de la “dignidad de la mujer”, definiendo estas prendas como una “autèntica cárcel de tela”. El Partido Popular ha respaldado íntegramente estos argumentos, afirmando a través de su portavoz, Vicent Sales, que el burka representa la “institucionalización de la invisibilidad femenina” y un “desafío a la convivencia” que debe regularse sin miedo a la “incorrepción política”.

Desde el PSPV, se ha denunciado que esta es una “estrategia política que busca señalar una minoría, crear alarma social y vincular inmigración e ideología”. Los socialistas sostienen que no existe un problema real en Castelló y que se está utilizando el cuerpo de las mujeres como “arma política para alimentar el racismo”. En términos similares se ha pronunciado Compromís, calificando la moción como una “operación política paré generar polèmica política donde no la hay” y criticando que el PP haya decidido comprar el “marco discursivo de los ultras”.

Vox vota en contra del Plan de Igualdad del PP

A pesar de la sintonía para vetar el velo integral, Vox ha votado en contra del IV Plan de Igualdad elaborado por el propio Partido Popular. La concejal Arantxa Miralles ha justificado el rechazo al considerar que el documento hace “seguidismo de las políticas fallidas de izquierdas” e impone una “perspectiva de género ideologizada”.

Vox critica especialmente la obligatoriedad de incluir informes de impacto de género en la gestión municipal, calificándolo como un aumento de la “burocracia” y la “carga de trabajo para los funcionarios”.

Tras varios días de silencio en las plataformas digitales, la canción oficial de la Magdalena 2026, Castelló està llesta, ha vuelto a estar disponible para el público. Sin embargo, no lo hace en su versión original: el tema ha tenido que pasar por el estudio de edición para recibir un “tijeretazo” que elimina cualquier rastro de Magdalena festa plena, la emblemática composición cuyo uso sin autorización desató una crisis reputacional y política en el consistorio.

El proyecto, un encargo del Ayuntamiento de Castelló al artista Tacho para promocionar las fiestas fundacionales, se ha visto envuelto en la polémica después de que el autor de la obra original denunciara el uso de su letra y música. Tras el fracaso de las negociaciones —donde se llegó a ofrecer al compositor el 100% de los derechos de autor para mantener la canción intacta—, la única salida legal ha sido el recorte del tema.

La inversión municipal de 17.000 euros en esta pieza publicitaria ha sido el principal dardo de la oposición. El grupo municipal del PSPV ha criticado con dureza lo que consideran una “pésima gestión del dinero público”, señalando que se ha pagado por un producto que finalmente ha tenido que ser mutilado por falta de previsión legal. Por su parte Compromís señalaba que utilizar sin permiso referencias de un himno que es parte fundamental de la identidad castellonense demuestra un profundo “desconocimiento de la cultura propia” y una preocupante falta de rigor administrativo.

El Ayuntamiento defiende el “recorte” por respeto

Desde el equipo de Gobierno, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha defendido la decisión de adaptar el tema pagado por la ciudad. Según la edil, en cuanto fueron conocedores del “malestar” del compositor de Magdalena festa plena, se pusieron en contacto con los productores para realizar los cambios necesarios.

Selma ha insistido en que el Ayuntamiento respeta “al máximo” la voluntad del autor original de desvincularse totalmente del nuevo proyecto. “Hemos trabajado en una solución para que siga habiendo esa canción de Magdalena”, ha señalado, recalcando que el objetivo del encargo era ofrecer un tema moderno para “disfrutar en la calle” y no sustituir ningún himno oficial.

Regreso a las plataformas

Con este recorte técnico, la canción —que sigue el estilo de cumbia-pasodoble que Tacho ya aplicó en València y Alicante— vuelve a Spotify y Apple Music. El consistorio espera que, una vez eliminado el conflicto de derechos de autor, la música recupere el protagonismo frente a la controversia sobre la gestión del contrato y el uso de los símbolos musicales de la ciudad.

El Ayuntamiento de Castelló se ha visto obligado a retirar de las principales plataformas digitales, incluyendo Spotify y YouTube, la canción promocional de las fiestas de la Magdalena titulada 'Castelló està llesta'. La decisión se ha tomado de forma urgente tras la denuncia por falta de permisos y presunto plagio realizada por Pedro Guzmán Grau, autor de la letra del emblemático himno 'Magdalena, festa plena'. La polémica es especialmente grave debido a que el consistorio adjudicó un contrato de 16.940 euros para la creación de esta pieza, bajo la condición explícita de que la composición debía ser una obra original e inédita.

El PSPV, a través de su portavoz adjunto José Luis López, ha denunciado una “pésima gestión del dinero público” y un grave daño a la reputación institucional. Los socialistas han presentado un escrito ante el Patronato Municipal de Fiestas exigiendo que se aclare quién supervisó la composición a cargo del artista Tacho (Sergi Aragó) y si se ha previsto la recuperación de los fondos invertidos en un contrato que parece haberse incumplido. Para el PSPV, el uso sin autorización de la obra popularizada por Els Llauradors supone una “falta de respeto” tanto al autor como a la imagen de la ciudad.

En la misma línea, Compromís per Castelló ha pedido explicaciones inmediatas al gobierno de Begoña Carrasco por lo que consideran un “nuevo despropósito” pagado por la ciudadanía. El portavoz de la formación, Ignasi Garcia, ha criticado que la canción fuera presentada a “bombo y platillo” como la gran apuesta musical de las fiestas para acabar siendo retirada por no respetar la legalidad vigente. Garcia ha subrayado que utilizar sin permiso referencias de un himno que es parte fundamental de la identidad castellonense demuestra un profundo “desconocimiento de la cultura propia” y una preocupante falta de rigor administrativo.

Ambas formaciones de la oposición han coincidido en señalar que alguien debe asumir responsabilidades por este fiasco económico y cultural. Mientras el PSPV pone el foco en la supervisión técnica y artística del contrato, Compromís ya ha preguntado en comisión por los detalles de la adjudicación, lamentando que la “canción magdalenera” no pueda reproducirse en ninguna plataforma digital justo cuando debía servir de vehículo emocional para proyectar la imagen de las fiestas.

El hasta ahora concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Cristian Ramírez, investigado por la Audiencia de Castelló sobre el impago de multas de estacionamiento en la zona azul, ha anunciado que renuncia al acta de edil y a todas sus responsabilidades.

En un comunicado remitido por el Ayuntamiento de Castelló, Ramírez (PP) anuncia su decisión “personal, voluntaria e inamovible” y señala que no se trata de una medida “impulsiva” sino “tomada a conciencia”.

El pasado 20 de enero, la Sección Segunda de la Audiencia revocaba el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción número 5 y ordenaba la práctica de diligencias de investigación para esclarecer qué ocurrió con las denuncias de la zona ORA impuestas al vehículo utilizado por Ramírez entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de enero de 2024, una parte de las cuales habría prescrito.

El tribunal señalaba que, dada la condición del denunciado como concejal de Movilidad y responsable del servicio de estacionamiento regulado, resulta necesario comprobar si la prescripción de un número elevado de sanciones pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u “otra actuación ilícita con relevancia penal”.

La Audiencia consideraba “llamativo” el volumen de denuncias prescritas y calificaba de “sorprendente” que no se lograra notificar al infractor al tratarse de una persona “perfectamente localizable”.

En su comunicado de este miércoles, ha lamentado la “desmedida y rastrera campaña de persecución” que asegura haber sufrido desde hace más de dos años, una situación que le ha perjudicado en lo personal, a su familia y a su entorno personal.

“Necesito priorizar mi salud mental, ya que el clima y determinadas situaciones provocadas por los partidos de la oposición me han generado un nivel de ansiedad inasumible”, según Ramírez, para quien la política “no es esto”.

Tras repasar su labor de concejal desde 2023, recuerda que ya asumió el “error” que cometió con esas multas denunciadas e investigadas y pidió disculpas por él, y critica que se haya seguido “haciendo una campaña desmedida que no respeta ni la vida de las personas ni ámbitos privados ni derechos que como persona o ciudadano” tiene.

“Viven en su estrategia permanente de desgastar al contrario, sin importarles lo más mínimo ni la condición humana ni el respeto a la decisión de los votantes. Viven en una campaña de descrédito permanente y de judicialización de la política”, denuncia el político popular en alusión a los partidos de la oposición.

También ha lamentado que se hayan despreciado “documentos oficiales que acreditan” que ha cumplido con sus obligaciones derivadas de sus actos y ha añadido: “Tantas veces me han llevado al juzgado, tantas veces han perdido las causas que impulsaban, porque están basadas en mentiras, en odio, en descrédito”.

“Ya no puedo soportar ningún ataque más ni voy a servir de diana para facilitar los golpes a mis compañeros de bancada”, añade Ramírez, quien agradece a la alcaldesa, Begoña Carrasco, haber confiado en él, pide disculpas “de nuevo por los errores que haya podido cometer”, e insiste en que se marcha para proteger su salud y “recuperar el equilibro” que esta situación le ha hecho perder.

La alcaldesa: “decisión valiente y comprometida”

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (PP), ha aceptado formalmente la renuncia de Ramírez, manifestando su respeto a la decisión y afirmando que esta es “valiente y comprometida”. Por otro lado ha querido reconocer públicamente la labor desempeñada en sus distintas áreas de gestión para cumplir con los objetivos marcados para la ciudad.

Será Gonzalo Romero Casaña quien sustituirá en el pleno muncipal al edil dimitido, estando previsto que tome posesión de su cargo de manera oficial durante la celebración del próximo pleno ordinario del mes de febrero.

Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos por vientos fuertes en Valencia y Alicante durante el sábado 14 de febrero que tiene a intensificarse: “Evite desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112”.

La Comunitat Valenciana afronta un temporal de viento que este sábado activará la alerta roja (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.

Prudencia máxima, no salir de casa si no es imprescindible y evitar desplazamientos por carretera innecesarios son algunas de las recomendaciones de Emergencias de la Generalitat, que ha emitido un aviso especial y ha pedido a los ayuntamientos de las tres provincias y a los distintos organismos reforzar las medidas de prevención y activar protocolos.

Numerosos ayuntamientos han reunido a sus Centros de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), que han activado los planes municipales de emergencias y han acordado medidas como cerrar parques y cementerios, suspender actividades deportivas y aplazar mercados o celebraciones como las relacionadas con el Carnaval.

Aplazamiento de Carnavales y Año Nuevo Chino

En la provincia de Castellón, donde las rachas de viento del noroeste huracanadas pueden superar los 140 kilómetros por hora en el interior y los 130 en el litoral, en la capital se han suspendido todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, como los carnavales del sábado en el Grao, y todas las actividades deportivas al aire libre y de interior.

En la localidad castellonense de Almassora se ha aplazado la Feria del libro, se ha anulado el riego de los árboles situados de la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento, y el domingo habrá dispositivo especial de limpieza viaria.

Los carnavales también se han aplazado en Villar del Arzobispo (Valencia), en el barrio valenciano de Russafa, en Elche, Torrevieja y El Campello y en Alicante, donde además se ha cerrado el castillo de Santa Bárbara, se han suspendido los entrenamientos vespertinos de deporte escolar y se ha clausurado un circo instalado en una avenida.

La ciudad de València ha suspendido la tradicional celebración del Año Nuevo Chino, ha ordenado el cierre de parques y jardines, incluido el Jardín del Túria, y ha recomendado a las comisiones falleras que no realicen montaje de las estructuras de iluminación.

Además, se han suspendido los mercados de los sábados de Alicante, Gandia o Torrent.

Incidencias por el viento

El temporal de viento ha dejado ya alguna incidencia, pues ha afectado a una línea aérea de media tensión de Ibedrola en Monte Picayo (Sagunto, Valencia) que ha dejado sin luz a unos 125 clientes desde las 14:30 horas, según fuentes de esta empresa, que han precisado que se intenta localizar el punto exacto de la avería para repararla.

Durante esta jornada, en la que el viento ha alcanzado rachas de 71 kilómetros por hora en Utiel (Valencia), de 69 en Alcoy (Alicante) y de 66 en Xàtiva (Valencia), los bomberos han atendido varios servicios relacionados con el viento, como la retirada de árboles o la caída de un cable de telefonía.

Mientras llegan las peores horas del temporal, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de la capital valenciana a las entradas y salidas de barcos por condiciones meteorológicas adversas, después de que a las 14 horas se haya activado el aviso amarillo por fenómenos costeros por vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

PP y Vox ha escenificado este martes una victoria en Castelló de la plana en la 'guerra de los símbolos', esta vez con el escenario del callejero de la ciudad. Los portavoces de ambas formaciones, Sergio Toledo y Antonio Ortolá, han visitado la recién bautizada plaza del Nou d’Octubre para celebrar la eliminación definitiva del nombre “País Valencià”, una exigencia impuesta por la extrema derecha al gobierno de la popular Begoña Carrasco tras casi 50 años en el callejero local con gobiernos de izquierdas y de derechas.

Según el ejecutivo municipal, esta medida no solo responde a una “demanda vecinal histórica”, sino que tiene como objetivo principal restablecer la legalidad vigente, amparándose en resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que cuestionan el uso de la anterior denominación en documentos oficiales.

Para el PP, el cambio supone “normalizar” una situación que consideraban anómala, ya que la ciudad no contaba con un vial dedicado a la fecha más representativa de la autonomía. Por su parte, Vox ha reivindicado este movimiento como una exigencia directa de su formación dentro del pacto de gobierno, con el fin de acabar con un nombre que califican de “erróneo” y con marcadas “connotaciones catalanistas”. Ambas formaciones han coincidido en señalar que el anterior rótulo no se ajustaba al Estatut d’Autonomia, defendiendo que la nueva nomenclatura es un ejercicio de coherencia con la identidad valenciana y española.

En este proceso ha jugado un papel fundamental la sociedad civil organizada a través de la Asociación Cultural Cardona Vives, cuyos representantes han acompañado a los concejales durante la visita. Esta entidad se caracteriza por una tendencia política conservadora y regionalista, alineada con el secessionismo lingüístico que rechaza la unidad de la lengua. La asociación es conocida en Castelló por su firme oposición a lo que denominan “pancatalanismo” y por la defensa de un tradicionalismo católico, posicionamientos que el actual gobierno municipal ha ensalzado como una “magnífica labor en defensa de las señas de identidad”.

Sin embargo, la eliminación de la plaza del País Valencià ha profundizado la brecha con la oposición de izquierdas. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han denunciado con dureza este cambio, calificándolo de “ataque a la historia” y de “sectarismo ideológico”. Desde la izquierda recuerdan que el término “País Valencià” es una denominación legal reconocida en el preámbulo del Estatut d’Autonomia, por lo que acusan a PP y Vox de utilizar las instituciones para imponer una visión sesgada de la realidad valenciana y de plegarse a los intereses de entidades radicales para borrar la pluralidad del callejero castellonense.

La plataforma Castelló per la Justícia i contra la Corrupció trae a Castelló este miércoles, 11 de febrero, uno de los títulos más destacados sobre la peor tragedia en la actual sociedad valenciana: '29-O. Les hores del caos. La DANA: Crònica d'una tragèdia'. El encuentro, que tendrá lugar a las 18:30 horas en la librería Argot, permitirá a los asistentes debatir directamente con el autor, Sergi Pitarch, sobre una investigación que ya se ha convertido en un documento de referencia para entender la dimensión política y humana de la tragedia que afectó a 80 municipios y costó la vida a 230 personas.

Desde su publicación por las editoriales Bromera y Península, este trabajo de Sergi Pitarch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, ha destacado por su rigor al reconstruir las fatídicas horas de la riada. La obra es ya conocida por su contundente conclusión, basada en el análisis de informes meteorológicos y registros del 112, según la cual las autoridades contaban con datos suficientes para haber garantizado la salvaguarda de la población mediante alertas tempranas. El texto ha sido fundamental para señalar las responsabilidades de la Generalitat bajo el marco de la Ley de Emergencias, un factor que resultó clave en la posterior caída del president un año después del desastre.

El libro ha logrado trascender la mera recopilación de datos para instalarse en el centro del debate sobre la memoria colectiva valenciana. A través de sus páginas, Pitarch expone con firmeza el choque entre las versiones oficiales y los testimonios reales, denunciando los errores y silencios institucionales que marcaron la jornada. Esta voluntad de reivindicar la verdad ha consolidado a la obra no solo como una investigación periodística, sino como un grito de justicia que busca evitar que el relato de lo sucedido sea distorsionado por el paso del tiempo.

La presentación en Castelló contará con la participación del viñetista y cronista Joan Montañés, 'Xipell', y será moderada por Lluïsa Pérez. Juntos analizarán junto al autor el impacto que este libro ha tenido en la opinión pública y las lecciones que, según la investigación de Pitarch, la sociedad valenciana debe aprender de cara al futuro. La cita se presenta como una oportunidad indispensable para reflexionar sobre la situación política actual partiendo de los hechos que el periodista valenciano ha documentado con tal precisión.

La Audiencia Provincial de Castelló ha dictado un auto contundente que devuelve al primer plano judicial el escándalo de las 134 multas de la zona azul vinculadas al actual responsable de Movilidad, Cristian Ramírez, del PP. Tras el archivo inicial de la causa, el tribunal ha estimado el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista y ha ordenado la reapertura inmediata de la investigación. La justicia considera que el hecho de que más de un centenar de sanciones quedaran sin pagar y acabaran prescribiendo de forma sistemática no puede despacharse como un simple error, apuntando a posibles indicios de relevancia penal.

El núcleo de la investigación se centra en la gestión de las multas que el vehículo utilizado por Cristian Ramírez acumuló presuntamente entre enero de 2023 y enero de 2024. Según la denuncia original presentada por el edil del PSPV, Jorge Ribes, el concejal popular sumó un total de 167 infracciones por aparcar de forma irregular en la zona ORA. De estas, solo abonó 33 en tiempo y forma, dejando una bolsa de 134 sanciones en el aire. La sospecha de la Audiencia radica en la “mágica” caducidad de estos expedientes, ya que, mientras a cualquier ciudadano ordinario se le aplican recargos y embargos, en este caso las sanciones prescribieron sin ser notificadas ni ejecutadas.

El tribunal subraya la necesidad de indagar si esta situación fue fruto de un delito de tráfico de influencias, dada la condición de Cristian Ramírez como máximo responsable del área que supervisa, precisamente, el servicio de estacionamiento regulado. La justicia cuestiona si el cargo público pudo ser utilizado para frenar el proceso recaudatorio. En este sentido, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha recordado que el propio portavoz del PP, Vicent Sales, admitió que el edil acudió a pagar 29 multas acumuladas solo después de que el escándalo estallara en el pleno municipal de enero de 2024.

Este escenario judicial sitúa a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (PP), en una posición política muy comprometida. Hasta la fecha, Carrasco ha mantenido su apoyo firme a Cristian Ramírez, llegando a afirmar que el concejal ya había pagado por su error al pedir perdón públicamente. Sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial establece un punto de inflexión al elevar el caso a una investigación penal por hechos relacionados directamente con la gestión del gobierno municipal.

Desde el Grupo Municipal Socialista, tanto Patricia Puerta como Jorge Ribes han exigido la dimisión inmediata o el cese de Cristian Ramírez, advirtiendo a Begoña Carrasco de que, si no actúa, será ella quien asuma la responsabilidad política de mantener en su equipo a un concejal bajo sospecha de tráfico de influencias. La investigación judicial deberá determinar ahora si existió una instrucción interna o una omisión deliberada para que el responsable de Movilidad eludiera las sanciones que cualquier vecino de la ciudad está obligado a pagar.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castelló de la Plana ha dictado una sentencia que pone fin al conflicto por el impago de los servicios de lesAlqueriespèdia, un proyecto de archivo digital de memoria popular en les Alqueries. La resolución judicial condena al consistorio a abonar las cantidades adeudadas a los profesionales que mantuvieron vivo el proyecto, tras determinar que la administración incurrió en un enriquecimiento injusto al beneficiarse de un trabajo que decidió no pagar amparándose en irregularidades administrativas.

La iniciativa, nacida en 2017 y muy valorada por los vecinos de les Alqueries, funcionó mediante un contrato menor adjudicado en 2018 por el anterior equipo de gobierno del PSPV por un importe anual de 6.300 euros. Sin embargo, al finalizar dicho contrato en julio de 2019, los impulsores continuaron con su labor —que incluía investigación de campo, producción de materiales y entrevistas— sin que el Ayuntamiento formalizara una nueva licitación, una situación de irregularidad que se prolongó durante años. Según denuncian los profesionales, esta labor se realizaba por “militancia”, con retribuciones que apenas alcanzaban los 120 euros semanales pese a su alta cualificación académica.

El escenario se tensó tras el cambio de gobierno en mayo de 2023 y la entrada al ejecutivo local del PP de Antonio Gil. Ante la incertidumbre, los responsables del archivo contactaron por escrito con el nuevo equipo municipal para aclarar su situación. En una reunión posterior con el alcalde y la concejala de Cultura, María José Capellá, se les instó verbalmente a continuar con el trabajo mientras se legalizaba la contratación, acordando incluso una subida del honorario anual a 7.000 euros. No obstante, al presentar la factura del segundo cuatrimestre, el Ayuntamiento la rechazó alegando que no existía un contrato válido que autorizara el pago.

La sentencia: reconocimiento del enriquecimiento injusto

Ante la falta de soluciones y tras meses de promesas incumplidas, los afectados decidieron acudir a la vía judicial. El Ayuntamiento de les Alqueries se opuso a la demanda argumentando que no se daban las condiciones para un reconocimiento extrajudicial de créditos. Sin embargo, la magistrada de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Castelló de la Plana ha sido contundente al señalar que los servicios fueron efectivamente prestados y que la administración no puede eludir su responsabilidad de pago, ya que de lo contrario se produciría un beneficio ilícito para el municipio a costa de los demandantes.

La justicia ha validado como prueba crucial el correo electrónico enviado por los profesionales el 20 de junio de 2023, que demostraba su intención de clarificar la situación antes de seguir trabajando. Aunque el tribunal ha desestimado el aumento verbal a 7.000 euros por falta de prueba documental, sí obliga al consistorio a pagar 1.575 euros más los intereses de demora, correspondientes al precio fijado en el último contrato formalizado.

Críticas a la gestión política

Los impulsores de lesAlqueriespèdia lamentan haber tenido que llegar a los tribunales por una cantidad económica tan pequeña y denuncian una gestión “inepta” por parte de los actuales responsables políticos. Critican que, a pesar de haber entregado todo el material en discos duros y haber realizado un trabajo cuyo valor real superaba en un 150% lo presupuestado, el equipo de gobierno prefirió verter acusaciones falsas sobre su labor en lugar de resolver la situación de forma humana y profesional. La sentencia es firme y no admite recurso ordinario alguno.

La provincia de Castelló se encuentra hoy bajo la influencia directa de la borrasca Harry, un fenómeno meteorológico que ha activado múltiples avisos de emergencia debido a su doble impacto en el territorio. En las comarcas del interior, la nieve ha hecho acto de presencia con fuerza, especialmente en las zonas altas dels Ports y l'Alt Maestrat, donde la cota se sitúa en una horquilla de entre 1.000 y 1.400 metros.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló mantiene activos sus equipos de respuesta y las máquinas quitanieves en puntos críticos como la CV-124, ante la previsión de acumulaciones que podrían alcanzar los 20 centímetros en las cimas. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias GVA112 se ha hecho un llamamiento a la prudencia, recomendando evitar cualquier desplazamiento innecesario por las carreteras de montaña debido al riesgo de placas de hielo y visibilidad reducida.

Mientras el interior se tiñe de blanco, la situación en el litoral es de máxima vigilancia debido a un virulento temporal marítimo que ha obligado a la Aemet a decretar la alerta naranja. La fuerza de la borrasca Harry está generando vientos de componente norte con rachas que alcanzan los 70 kilómetros por hora, lo que se traduce en un estado del mar extremadamente violento. Se esperan olas de 5 metros de altura significativa en toda la costa de Castelló, València y norte de Alicante, aunque las autoridades advierten de que en zonas expuestas podrían registrarse picos de oleaje mucho mayores.

Esta situación ha llevado a diversos ayuntamientos costeros a cerrar el acceso a paseos marítimos y espigones para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras que en localidades como Cullera se trabaja en el refuerzo de defensas de arena para proteger la primera línea de costa frente al embate del agua.

A la nieve y el oleaje se suma un aviso amarillo por lluvias persistentes que afecta a gran parte de la provincia, con acumulaciones que podrían llegar a los 60 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas. La interacción del aire frío con la humedad del Mediterráneo mantiene la inestabilidad en niveles muy altos durante toda la jornada de este martes.

Los canales oficiales de Emergencias GVA y Bombers Castelló permanecen en actualización constante, monitorizando tanto el estado de los cauces como la evolución de las carreteras. Se espera que estas condiciones adversas se mantengan durante las próximas horas, por lo que se insta a la población a seguir la evolución del temporal a través de fuentes oficiales y a respetar escrupulosamente los cortes de vías o accesos que puedan producirse por seguridad.

El clúster cerámico de Castelló ha trasladado su batalla por la supervivencia al corazón de la Unión Europea. Eurodiputados valencianos de PSPV y Compromís han iniciado una ofensiva ante la Comisión Europea para blindar a la industria azulejera frente a lo que consideran una “tormenta perfecta”: el endurecimiento de la normativa climática y la amenaza de competencia desleal desde mercados externos como India.

Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han dado el primer paso al exigir por escrito a la Comisión mecanismos de protección inmediata para el sector. El foco de la protesta es la actualización de las asignaciones gratuitas de CO2, que contempla recortes de hasta el 50%. Según Pajín y Gómez, esta reducción es “especialmente ambiciosa” y peligrosa para un sector que no dispone de alternativas tecnológicas reales ni de infraestructuras eléctricas suficientes en Castelló para electrificar su producción a corto plazo.

“La retirada de la asignación gratuita condena la competitividad y retira cualquier incentivo para permanecer en Europa”, han advertido las eurodiputadas, subrayando que están en juego los empleos de 200.000 familias europeas. Denuncian que, sin estas ayudas, la industria se verá empujada irremediablemente a la deslocalización.

El pulso por el acuerdo con India: no al azulejo como moneda de cambio

Por otro lado, el eurodiputado de Compromís-Sumar, Vicent Marzà, ha abierto un segundo frente de batalla centrado en la política comercial. Marzà mantendrá una reunión crucial el próximo 15 de enero con el negociador del acuerdo comercial entre la Unión Europea e India. Su objetivo es tajante: excluir las baldosas cerámicas del tratado.

Marzà alerta de que el acuerdo, tal y como se plantea, abriría la puerta a una competencia desleal masiva. El eurodiputado sostiene que no se puede permitir la entrada de productos indios que no cumplen con los estrictos estándares ambientales, laborales y de descarbonización que Europa sí exige a sus propias fábricas. “Defender la industria local es defender el empleo y una transición ecológica justa”, ha afirmado Marzà, insistiendo en que Castelló no puede pagar el precio de los acuerdos internacionales de la UE.

Un sector estratégico en pie de guerra

La postura de los representantes valencianos en Bruselas es unánime en el diagnóstico: la industria de Castelló está sufriendo una presión insostenible. Mientras países terceros compiten sin restricciones ni controles de emisiones, las azulejeras locales afrontan costes disparados y una regulación ambiental que, de no ir acompañada de salvaguardas, podría suponer el desmantelamiento del tejido industrial de la provincia.

Con la reunión del 15 de enero y la presión sobre el Ejecutivo comunitario, los eurodiputados buscan forzar a Bruselas a reconocer la excepcionalidad del sector cerámico y a garantizar que la descarbonización no se traduzca en el fin de la hegemonía mundial del azulejo de Castelló.